JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

 

EXPEDIENTE: SUP-JDC-021/99

 

ACTOR: ASOCIACIÓN DENOMINADA “PARTIDO SOCIALDEMOCRATA”

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

 

MAGISTRADO: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

 

SECRETARIO: CARLOS VARGAS BACA

 

México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS para resolver los autos del expediente SUP-JDC-021/99, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la asociación denominada "Partido Socialdemócrata", en contra de “la resolución contenida en la notificación ... por medio de la cual ese Instituto le niega indebidamente al Partido Socialdemócrata el registro para contender en las elecciones federales del año próximo”, y

 

R E S U L T A N D O

 

I. El veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el instructivo que deberán observar las asociaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional.

 

II. El veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve, la asociación denominada "Partido Socialdemócrata" presentó ante el Instituto Federal Electoral un escrito en los siguientes términos:

 

Este instituto se constituyó como partido político nacional, y obtuvo registro para participar en las elecciones federales de 1982, el 11 de junio de 1981. La constitución referida del partido Socialdemócrata está vigente a la fecha, como se demuestra con los documentos que se remiten. En cambio dicho registro no continuó su vigencia en elecciones posteriores. Por lo anterior, el Partido Socialdemócrata, en virtud de estar ya constituido como partido político nacional, solicita, en tiempo y forma a ese Instituto, solamente el registro para participar en las próximas elecciones federales. Al efecto, adjuntamos los documentos básicos, en un ejemplar de la notaría 134 del Distrito Federal, de la declaración de principios, del programa de acción y de los estatutos aprobados por los miembros del partido socialdemócrata, y uno del poder del suscrito, cumpliendo así cabalmente, los requisitos legales con relación a dicha solicitud. Señalando nuestro domicilio en Darwin 65, Col. Anzures, en esta ciudad, aprovechamos la oportunidad para reiterarles la seguridad de nuestra más alta consideración.

 

 

III. El quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, se le notificó a la organización ahora actora el oficio número DEPPP/DPPF/748/99, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, que en la parte conducente sostiene:

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en atención a su escrito a través del cual manifiesta ciertas consideraciones en relación con su deseo de participar en las próximas elecciones federales del año 2000.

 

Sobre el particular, el diverso numeral 28, párrafo 1 del Código invocado a la letra señala: “Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1º de enero y el 31 de julio del año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumplen con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:...” La fecha señalada corresponde, en este caso, al año de 1998.

 

 

IV. El veintiuno de junio del año en curso, el C. Lic. Ernesto Sánchez Aguilar, en representación de la organización denominada "Partido Socialdemócrata ", promovió juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano en contra del oficio precisado en el Resultando anterior, expresando los siguientes:

 

I. Hechos en que se basa la presente impugnación:

 

1. Constitución del partido Socialdemócrata (PSD). Este partido político nacional se constituyó y obtuvo registro como tal el 11 de junio de 1981 de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, vigente en este momento. Como consta en la página 35, punto D de la escritura número 70,096 de la notaría 134, de esta ciudad que se anexó a la solicitud de Registro a la letra dice: “Certificación... secretario técnico de la Comisión Federal Electoral el partido Socialdemócrata se encuentra debidamente registrado como partido político nacional... en consecuencia goza... de la personalidad jurídica que le otorga la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos electorales”.

 

2. Pérdida del Registro del partido socialdemócrata para competir en elecciones federales.

El 12 de noviembre de 1982 la Comisión Federal Electoral declaró la pérdida del registro mencionado. Dicha declaratoria, por ilegal, fue combatida en su oportunidad por el PSD.

 

3. La Constitución del PSD no fue ni ha sido cancelada.

Ninguna ley del país le da derecho a autoridad alguna a cancelar la constitución de una sociedad o asociación de personas y, mucho menos la de un partido político, operando legalmente. La facultad de cancelar la constitución de un partido es exclusiva de sus integrantes.

 

4. Constitución y Registro Diferentes. Por lo anterior es un hecho claro que la constitución y el registro de cualquier organización son conceptos distintos y sujetos a procedimientos diferentes, aún cuando la legislación en la materia por falta de técnica legal los confunde. Es evidente que el primer paso siempre es y será la constitución y después el registro, no se puede registrar lo no constituido, pero sí se puede constituir lo no registrado, constituir es sustantivo, registrar es adjetivo. Tan es así que la cancelación señalada en el punto 2 se refiere exclusivamente al registro del PSD y no a su constitución. Esta es una facultad que compete exclusivamente al ciudadano, apegado por supuesto a la ley y el registro es facultad exclusiva de la autoridad que se debe sujetar también al marco legal.

 

5. Constitución vigente del partido Socialdemócrata. Los ciudadanos Socialdemócratas ejercieron su derecho pleno de constituir el partido Socialdemócrata cumpliendo todos los requisitos de Ley. Como es facultad exclusiva de los ciudadanos constituir partidos políticos también es su facultad exclusiva la de disolverlos. A la fecha, el partido Socialdemócrata continúa vigente pues sigue constituido como tal en virtud de la decisión de los ciudadanos socialdemócratas que lo integran.

 

6. El IFE inhibe la participación política. Para los próximos comicios el IFE nunca convocó a los ciudadanos a constituir nuevos partidos políticos, ni a que éstos y los partidos ya constituidos se registraran para competir en ellos. Mucho menos promovió a través de la Prensa, Radio y Televisión la participación de los mexicanos en dichos actos. En consonancia con lo anterior, tampoco realizó una difusión de la ley electoral en materia de constitución de partidos y su registro en la contienda comicial.

 

Al contrario, lo único que hizo fue publicar en el Diario Oficial el “Instructivo que deberán observar las asociaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político Nacional”. ¿Cuántos mexicanos leen el Diario Oficial? ¿Cuántos ciudadanos conocen los requisitos y trámites para participar como grupo en una elección federal? Unos cuantos. Al parecer la autoridad no quiere que el pueblo participe en las decisiones políticas y, al menos objetivamente, le estorba y le pone trabas.

 

7. Instructivo del IFE para obtener el registro como Partido Político Nacional para las elecciones federales del año 2000. El 26 de diciembre de 1997 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo del Instituto Federal Electoral por el que se expide el instructivo que deberán observar las asociaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político nacional, para las elecciones federales del próximo año. Este acuerdo, e igualmente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (COFIPE), establecen con claridad la diferencia, en el tiempo, entre Constitución y registro. Por lo que toca a la constitución, el Artículo 28 del código citado y el considerando noveno de dicho instructivo señalan lo siguiente: “Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el primero de enero y el 31 de julio del año siguiente a la elección...” Respecto del registro el Artículo 29 del código en mención y el considerando décimo del instructivo referido establecen lo siguiente: “Una vez realizados los actos correspondientes al procedimiento de constitución, la solicitud de registro como partido político nacional deberá ser presentada en el mes de enero del año anterior a la elección...”. Como se puede apreciar de las normas anteriores, por temporalidad primero es la constitución y después el registro, y por naturaleza son actos jurídicos diferentes sujetos a requisitos distintos. Esto es, en diferentes fechas, los que pretendan constituirse como partido político deben cumplir unos requisitos de ley para dicha constitución y otros distintos para quienes pretendan obtener el registro. No pueden ser los mismos requisitos, ni al mismo tiempo, para ambas cosas. Obvio que un requisito indispensable para registrar a un partido es acreditar que está constituido.

 

8. El PSD solicitó el registro para contender en las elecciones del año 2000. El 20 de enero de 1999 el PSD solicitó ante el IFE el registro para participar en las próximas elecciones federales, como partido político nacional que es, como quedó demostrado con la escritura notarial que contiene los Estatutos, declaración de principios y programa de acción, anexa a dicha solicitud, donde se acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios para el registro solicitado. Asimismo, con dicha escritura certificada se demuestra que el partido Socialdemócrata está constituido a la fecha, de acuerdo a las leyes mexicanas por lo que únicamente solicitó el registro como partido político nacional para contender en las elecciones federales del año próximo. El PSD no solicitó al IFE constituir un partido. Por lo tanto no tenía que notificarle ese propósito entre el 1º. De enero al 31 de julio de 1998. El PSD solicitó sólo el registro multicitado, en tiempo y forma ya que como se señaló en el punto 7 anterior la ley y el Instructivo del IFE establecen textualmente y con claridad que... “La solicitud de registro como partido político nacional deberá ser presentada en el mes de enero del año anterior de la elección”. Más aún, el acuerdo del consejo general del IFE por el que se define la metodología sobre esta materia publicado en el Diario Oficial el 28 de diciembre de 1998 en su acuerdo segundo párrafo primero establece: “...el plazo para que las organizaciones políticas interesadas presenten su solicitud de registro como partido político nacional, abarca del 1º. Hasta el 31 de enero de 199, inclusive”.

 

El PSD solicitó el registro citado el 20 de enero de 1999. Es decir cumplió perfectamente con la forma y plazos fijados por la ley para tal efecto, y con ello agotó las instancias previas y realizó las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político-electoral de contender en los próximos comicios federales.

 

9. El Consejo General del IFE violó la ley y sus propios acuerdos en perjuicio del PSD. El acuerdo del Consejo General del IFE señalado en el punto anterior establece lo siguiente en su acuerdo tercero: “El Consejo General, al conocer la solicitud de la organización o de la agrupación política nacional que pretenda obtener el registro como partido político nacional, remitirá a la comisión de prerrogativas, partidos políticos y radiodifusión la documentación presentada, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos...

1... Si la solicitud no se encuentra debidamente integrada se reportará a la Comisión para que ésta a su vez lo comunique a la solicitante a fin de que exprese lo que a su derecho convenga en cinco días naturales a partir de la fecha y hora de la notificación respectiva.

2... La Dirección Ejecutiva de prerrogativas y Partidos Políticos constatará si la organización de que se trate ha sido legalmente constituida...

3... Analizará la declaración de principios, programa de acción y los estatutos, a efecto de comprobar que dichos documentos básicos, cumplen con los extremos a que se refieren los artículos 25, 26, 27 respectivamente del código de la materia...”

 

El COFIPE en su artículo 31 párrafo 1 establece que: “El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro resolverá lo conducente”. Y en el párrafo 2: “cuando proceda expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan  y lo comunicará a los interesados.

 

El Consejo del IFE violó su propio acuerdo anteriormente citado ya que no obstante que conoció la solicitud de registro del PSD, nunca la remitió a la comisión de prerrogativas mencionada para los efectos citados. Por otra parte dicho consejo también violó la ley de la materia referida, pues pasados ciento veinte días a partir de la presentación de la solicitud de registro del PSD, el consejo no resolvió, ni le contestó al PSD sobre el particular.

 

10. Amparo al PSD. En virtud de lo anterior, el 21 de mayo de 1999 el PSD solicitó el amparo de la justicia federal para conminar al Consejo General del IFE a responder a la solicitud de registro del PSD. Esto sería para expedir el certificado correspondiente haciendo constar el registro o en caso de negativa fundamentar las causas que la motivan, y comunicarlo al PSD.

 

11. El IFE niega dolosamente, ante el Poder Judicial, no haber recibido la solicitud de Registro del PSD. En el informe justificado presentado por Fernando Zertuche Muñoz, Secretario General del IFE ante el Juez Décimo de Distrito en materia administrativa de esta ciudad el día 8 de junio pasado, niega el acto reclamado aduciendo que: “en la fecha referida por el quejoso, 20 de enero del año en curso no se presentó petición alguna de organización con esa denominación (Partido Socialdemócrata)...”. Esto es falso. Ante el propio juez señalado el PSD acreditó con documento certificado notarialmente que el 20 de enero de 1999, el PSD presentó petición de registro para las elecciones del 2000.

 

12. El IFE negó indebidamente el registro al PSD. El IFE, 7 días después de haberle mentido al Juez en el informe justificado en cita, reconoce que el PSD solicitó el registro al responder negativamente y en forma indebida dicha solicitud, mediante resolución comunicada a este partido el 15 del presente mes, y que hoy se combate con la presente impugnación.

 

En efecto, es indebida dicha resolución porque, como ya se señaló anteriormente, es el Consejo General el único facultado para resolver y contestar sobre una solicitud de registro como partido político nacional, y el que firma la resolución cuestionada es el Sr. Arturo Sánchez Gutiérrez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y partidos Políticos del IFE que no tiene facultad jurídica para contestar en esa materia. Además es indebida porque la ley electoral establece en el artículo 31, párrafo 2 que la resolución sobre el registro en caso de ser negativa se deben fundamentar las causas que la motivan y resulta que el Sr. Sánchez Gutiérrez, en referencia a nuestra solicitud de registro, usando el método Olendorf, no se refiere a dicha solicitud sino que se refiere a algo que no solicitó el PSD al IFE que es el procedimiento de constitución de un partido, puesto que como quedó demostrado el PSD ya está constituido. Por otro lado, no fundamenta en lo absoluto la negativa de registro. Esto es claro, pues el artículo 31 citado establece que el Consejo General del IFE sobre “La solicitud de registro resolverá lo conducente” y que “Cuando proceda expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro”. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan. En consecuencia, es obvio que la respuesta del IFE sobre la solicitud de registro del PSD, por una parte sólo tiene dos opciones de acuerdo a la ley: o expide certificado de registro o niega el registro. La respuesta del IFE contenida en la resolución que se impugna no expide certificado alguno de registro a favor del PSD luego es inequívoco que niega el registro y además sin fundamento alguno. Por otra parte, dicha respuesta para que legalmente sea debida la tiene que comunicar el Consejo General del IFE. En resumen, el IFE indebidamente niega el registro al PSD.

 

II. Agravios

 

La resolución impugnada, al negar indebidamente al partido socialdemócrata el registro para contender en las elecciones del año próximo, le causa los siguientes agravios al PSD, que consisten en violaciones a los derechos constitucionales de sus militantes de:

 

1. Votar y ser votados en las elecciones populares.

 

a) Conceptos del Agravio.- Las argumentaciones contenidas en la notificación del 15 de junio de 1999, violan sistemáticamente los preceptos constitucionales y reglamentarios, pues nuestra solicitud de registro no debió ser desestimada por el Instituto Federal Electoral, por las siguientes consideraciones:

 

El auto impugnado inhibe el derecho de los socialdemócratas para votar por sí mismos o por sus colegas de partido. Es decir los militantes del PSD quieren votar obviamente por miembros del partido Socialdemócrata a cargos de elección popular, así como ser votados en elecciones periódicas auténticas para dichos cargos, sin embargo estos derechos se conculcan por el acto impugnado que es una resolución que no examina si el PSD cumple los requisitos del registro para participar en la elección, sino que simplemente, sin fundamento legal, niega la solicitud de registro. Dado que el COFIPE establece que sólo los partidos registrados pueden postular candidatos de elección popular, la autoridad responsable viola el derecho de votar y ser votados de los socialdemócratas, a menos que fundamente legalmente su dicho.

 

En efecto, los numerales 35 fracciones I y II, establecen como garantía individual para todo ciudadano, el poder votar y ser votado para todos los cargos de elección popular...”, así también como obligación, de acuerdo con el Artículo 36 fracción III, “votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley”; así como lo corrobora la ley reglamentaria (COFIPE) al señalar en el Artículo 4º. Párrafo 1, que el “votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano que se ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular”.

 

De conformidad con lo fundamentado, la comunicación enviada por el IFE a este instituto político produce una restricción en los derechos y obligaciones de los ciudadanos socialdemócratas que quieran votar y ser votados en elecciones populares, al negarnos indebidamente el registro para participar en las próximas elecciones federales del año 2000.

 

Sobre el particular, podemos agregar que nuestra carta magna es muy clara en señalar que las garantías aludidas no contienen ninguna restricción que no sean referentes a la calidad de ciudadanos mexicanos, que desde luego, los socialdemócratas cumplimos a cabalidad.

 

Por lo tanto, deberá repararse el agravio en el sentido de tener al partido socialdemócrata como presentado, demandando debida respuesta a su solicitud de registro para participar en las elecciones del año 2000.

 

b) Preceptos Violados.- Artículo 35 fracciones I y II y 36 fracción III de la Constitución General de la República, en relación con el 4º. Párrafo 1 y 6º. Del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

2. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos.

 

a) Conceptos del Agravio.- Los razonamientos descritos en la resolución impugnada, violan sistemáticamente los preceptos constitucionales y reglamentarios, pues la solicitud presentada por el partido socialdemócrata, no debió haber sido desestimada por el IFE, con base en los siguientes razonamientos:

 

Los numerales violados en este agravio, corresponden a la garantía individual, relativa a la asociación política con que cuentan los ciudadanos en este país, preceptos normativos que se violan al impedir que los ciudadanos con filiación socialdemócrata puedan asociarse libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, cuestión que sólo podría restringirse en caso de no tener las calidades de ciudadano de la República, no siendo el caso para los miembros del partido socialdemócrata. Sin embargo, el acto impugnado al no tener base jurídica viola el derecho de asociación política libre de los socialdemócratas porque restringe dicha libertad, ya que se les fuerza indebidamente a asociarse con otro partido registrado que no es de su preferencia ideológica para poder ser electos a cargos públicos.

 

b) Preceptos Violados.- Artículo 9º. Párrafo primero y 35 fracción III de la Constitución General de la República, en relación con el 5º. Párrafo 1 del COFIPE.

 

3. Afiliarse libre e individualmente a este partido.

 

a) Conceptos del Agravio.- Las argumentaciones señaladas en el acto impugnado, violan numerales de nuestra carta magna, pues nuestra solicitud no debió haber sido desestimada por el IFE, por las siguientes razones:

 

El precepto constitucional indica que “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público... SOLO LOS CIUDADANOS PODRAN AFILIARSE LIBRE E INDIVIDUALMENTE A LOS PARTIDOS POLITICOS”.

 

En efecto, el precepto constitucional abajo citado, indica como garantía ciudadana el “afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos”; derecho público que es restringido por el acto impugnado del IFE, al limitar la libertad de los militantes socialdemócratas para permanecer afiliados libremente en el partido socialdemócrata y poder participar con plenas facultades en los asuntos político-electorales del país.

 

Se restringe a los militantes del PSD participar en la opción partidista que han escogido en forma libre e individual, al no contestar en forma fundada a la petición presentada el pasado 20 de enero del año en curso, respecto a la solicitud de registro para participar en las elecciones federales del año 2000.

 

Por lo tanto, no es posible invocar, como lo hace la responsable, el Artículo 28, párrafo 1 del COFIPE, que señala los requisitos para CONSTITUIR un partido político, siendo que el partido socialdemócrata, está constituido desde 1981 y la solicitud que presentó a la consideración del IFE, es relativa al REGISTRO para participar en las elecciones del año 2000, siendo necesario que esa Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, sentencie, en el sentido de que la autoridad a través del Consejo General del IFE resuelva lo conducente respecto a la solicitud de registro presentada por el PSD en el sentido de expedir el certificado correspondiente de registro ó en caso de negativa, fundamentar las causas que la motivan, comunicando al PSD la resolución que fuere (Artículo 31 párrafos 1 y 2 del COFIPE).

 

b) Preceptos violados.- Artículo 41 fracción I párrafo segundo de la Constitución General de la República.

 

V. El treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el oficio número SE/554/99, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, por el que remite, entre otros documentos: A. Original del escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano; B. Documentos aportados por el promovente consistentes en: 1. Copia certificada de la escritura número setenta mil ochenta y uno, del dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, pasada ante la fe del Notario número ciento treinta y cuatro en el Distrito Federal; 2. Copia certificada del escrito del veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por el C. Ernesto Sánchez Aguilar, y 3. Copia certificada del oficio número DEPPP/DPPF/748/99, del once de junio de mil novecientos noventa y nueve, signado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos; C. Acuerdo de recepción del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; D. Cédula de publicitación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y de la razón de fijación del mismo, en los estrados del Instituto Federal electoral; E. Razón de retiro de los estrados del Instituto Federal Electoral de la cédula de publicitación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; F. Copia certificada con acuse de recibo de oficio número DEPPP/DPPF/748/99; G. Copia certificada de la cédula de notificación de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, por la cual se hace entrega del oficio número DEPPP/DPPF/748/99; H. Copia del Diario Oficial de la Federación, en su parte conducente, del doce de junio de mil novecientos ochenta y uno, en donde se publicó el Acuerdo de la Comisión Federal Electoral que otorga el registro condicionado al resultado de las elecciones federales de 1982, en favor de la organización denominada Partido Social Demócrata; I. Copia del Diario Oficial de la Federación, en su parte conducente, del doce de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, en la que se publicó el Acuerdo mediante el cual se declara la pérdida de los derechos y prerrogativas del Partido Socialdemócrata como Partido Político con Registro Condicionado; J. Copia del Diario Oficial de la Federación, en su parte conducente, del veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en donde se publicó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el instructivo que deberán observar las asociaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional; K. El informe circunstanciado de ley, y L. Original del acuerdo que ordena remitir a esta Sala Superior el expediente integrado con motivo de la demanda presentada por la asociación denominada “Partido Socialdemócrata”.

 

VI. El primero de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó turnar el presente expediente al Magistrado Electoral José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. A dicho acuerdo se dio cumplimiento mediante oficio TEPJF-SGA-521/99 de la misma fecha suscrito por el Secretario General de Acuerdos de la citada Sala.

 

VII. El veinte de agosto del presente año, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia acordó tener por recibido el expediente y radicarlo para su sustanciación; reconocer la personería del promovente; admitir a trámite la demanda, así como las pruebas ofrecidas y, estando debidamente integrado el expediente, declarar cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, y

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 80, párrafo 1, inciso e), y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por una organización de ciudadanos en contra de una “resolución” del Instituto Federal Electoral que “les niega su registro como partido político nacional”.

 

SEGUNDO. Del análisis integral del escrito inicial de demanda de la organización denominada “Partido Socialdemócrata”, se advierte que el apelante argumenta que la resolución que combate es violatoria de los artículos 9°; 35, fracciones I, II y III; 36, y 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 4°, párrafo 1; 5°, párrafo 1; 6°; 28, y 31, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que:

 

 

A. El Consejo General del Instituto Federal Electoral es el único facultado para resolver y contestar sobre una solicitud de registro como partido político, y no el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del propio Instituto, como ocurrió en el presente asunto.

 

B. El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, a través del oficio que se precisa en el Resultando II de esta sentencia, no dio respuesta a su solicitud de registro como partido político nacional, sino que hizo referencia a “algo que no solicitó el PSD al IFE que es el procedimiento de constitución de un partido”, por lo que carece de la debida fundamentación y motivación.

 

C. La autoridad responsable no tomó en cuenta que el “Partido Socialdemócrata” ahora actor no solicitó la constitución de un partido político sino el mero registro de uno previamente constituido, por lo que la fecha para la presentación de dicha solicitud no era entre el primero de enero y el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho como sostiene dicha responsable, sino entre el primero y el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y nueve por ser éste el año anterior al de la elección, tal como efectivamente lo hizo el propio actor.

 

D. El Instituto Federal Electoral inhibe la participación política, en virtud de que nunca convocó a los ciudadanos a constituir nuevos partidos políticos, ni a que éstos y los partidos ya constituidos se registraran para competir en los próximos comicios, además de que tampoco promovió a través de la prensa, radio y televisión la participación de los mexicanos en dichos actos. De igual forma, considera que no realizó una difusión de la ley electoral en materia de constitución de partidos y su registro.

 

E. La resolución impugnada, al negarle el registro como partido político, de manera infundada, viola el derecho de sus militantes de votar y ser votados en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, y de afiliarse libre e individualmente a dicho “partido”.

 

F. En la resolución impugnada no se examina si la asociación denominada “Partido Socialdemócrata” cumple con los requisitos para obtener el registro para participar en el próximo proceso electoral federal, a fin de que se expida o niegue el mismo.

 

A continuación se hace el estudio de los agravios en los siguientes términos:

 

I.  Respecto del agravio precisado en el apartado A, esta Sala Superior considera que el mismo es infundado, en atención a los siguientes razonamientos:

 

En primer término, es necesario tener presentes las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales relativas a la constitución y registro de los partidos políticos nacionales:

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 

ARTÍCULO 41

 

...

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

 

LIBRO SEGUNDO

De los Partidos Políticos

 

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Preliminares

 

ARTÍCULO 22

1. La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral.

 

2. La denominación de "partido político nacional" se reserva, para los efectos de este Código, a las organizaciones políticas que obtengan su registro como tal.

 

3. Los partidos políticos nacionales, tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y este Código.

 

ARTÍCULO 23

1. Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el presente Código.

 

2. El Instituto Federal Electoral vigilará que las actividades de los

 partidos políticos se desarrollen con apego a la ley.

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO

De la Constitución, Registro, Derechos y Obligaciones

 

CAPÍTULO PRIMERO

Del Procedimiento de Registro Definitivo

 

ARTÍCULO 24

1. Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos:

 

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades, y

 

b) Contar con 3,000 afiliados en por lo menos 10 entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, en por lo menos 100 distritos electorales uninominales; en ningún caso, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.13% del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

 

...

 

ARTÍCULO 28

1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio del año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:

 

a) Celebrar por lo menos en diez entidades federativas o en cien distritos electorales, una asamblea en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, notario público o funcionario acreditado para tal efecto por el propio Instituto, quien certificará:

 

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación, y

II. Que con las personas mencionadas en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la Credencial para Votar.

 

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:

 

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales;

 

II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo;

 

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su Credencial para Votar u otro documento fehaciente;

 

IV. Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos, y

 

V. Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido por este Código. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.

 

2. El costo de las certificaciones requeridas en este artículo, será con cargo al presupuesto del Instituto Federal Electoral. Los funcionarios autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.

 

3. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en el párrafo 1 del artículo 29 de este Código, dejará de tener efecto la notificación formulada.

 

ARTÍCULO 29

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitu­ción de un partido político nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:

 

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus miembros en los términos del artículo anterior;

 

b) Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, a que se refieren las fracciones II del inciso a) y V del inciso b) del artículo anterior, y

 

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva.

 

ARTÍCULO 30

1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una comisión para examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en este Código. La comisión formulará el proyecto de dictamen de registro.

 

ARTÍCULO 31

1. El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.

 

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.

 

3. El registro de los partidos políticos, cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.

 

 

 

ARTÍCULO 32

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el 2% de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código.

 

2. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

 

3. El partido político que hubiese perdido su registro no podrá solicitarlo de nueva cuenta, sino hasta después de transcurrido un proceso electoral federal ordinario.

 

ARTÍCULO 93

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

 

a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos nacionales o como agrupaciones políticas y realizar las actividades pertinentes;

 

b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido los requisitos establecidos en este Código para constituirse como partido político o como agrupación política, e integrar el expediente respectivo para que el Secretario Ejecutivo lo someta a la consideración del Consejo General;

...

 

De la interpretación sistemática y funcional de las disposiciones transcritas, particularmente de los artículos 28, párrafo 1; 29, párrafo 1; 30, y 93, párrafo 1, incisos a) y b), del código invocado, se desprende que, si bien es cierto que es competencia del Consejo General resolver sobre las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido con los requisitos legales establecidos para constituirse como partido político nacional, también lo es que un presupuesto para tal efecto es que previamente y en forma oportuna la organización interesada haya notificado al Instituto Federal Electoral su propósito de constituirse como partido político nacional y realizado los actos relativos al procedimiento previsto con tal propósito en el código de la materia, por lo que si en el caso específico resulta notorio o evidente que no se encuentra satisfecho dicho presupuesto, es atribución del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos advertir al promovente sobre la necesidad de realizar en tiempo y forma dicho presupuesto, con el objeto de que una vez  que la organización interesada cumpla con lo anterior se esté en aptitud de integrar el expediente respectivo y someter a la consideración del Consejo General, a través del Secretario Ejecutivo y previo dictamen de la comisión correspondiente, la solicitud de registro de que se trate.

 

En este sentido, contrariamente a lo sostenido por el actor, en el caso bajo análisis no se estaba en el supuesto de someter a la consideración del Consejo General su solicitud de registro como partido político nacional, ya que para estar en presencia de esta última hipótesis era indispensable que, previamente (entre el primero de enero y el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, según el artículo 28, párrafo 1, del propio código), tal como se establece en la resolución impugnada, la organización política interesada hubiera notificado al Instituto Federal Electoral su propósito de constituirse como partido político nacional y satisfecho los requisitos correspondientes, lo cual nunca ocurrió.

 

En efecto, contrariamente a lo argumentado por la parte actora, no  existe la negativa a la que se refiere en su escrito de demanda, toda vez que la citada documental no puede ser interpretada como la resolución que le niega el registro como partido político, sino que se trata de una respuesta en la que se hace del conocimiento del promovente el presupuesto consistente en hacer saber a la autoridad electoral dentro de cierto plazo la intención de constituirse como partido político nacional, mismo que en el caso en estudio efectivamente feneció el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, por lo que cualquier actuación después de esa fecha debe considerarse extemporánea, como ocurrió con el escrito del veinte de enero del año en curso presentado por la organización ahora actora y en el cual manifiesta su intención de participar en las elecciones federales del año dos mil.

 

La estrecha vinculación entre la solicitud de registro como partido político nacional (en el mes de enero del año anterior al de la elección) y la previa e indispensable notificación de la organización política interesada de su propósito para constituirse como partido político nacional (como presupuesto que debe realizarse entre el primero de enero y el treinta y uno de julio del segundo año anterior al de la elección), se corrobora con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 28 del propio código, que establece que en el caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en párrafo 1 del artículo 29 del mismo código, dejará de tener efecto la notificación formulada. Por tanto, sólo puede estarse en presencia de una solicitud de registro como partido político nacional si previamente existió la notificación del propósito de constituirse como tal en el año inmediato anterior, en el entendido de que la misma debió presentarse dentro del plazo legal previsto para darle el trámite pertinente, por lo que en el caso concreto no se satisfizo el presupuesto de referencia, debe entenderse que es atribución del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos hacer del conocimiento lo anterior a la organización política interesada, con fundamento en el artículo 93, párrafo 1, inciso a), del código invocado, razones por las cuales debe desestimarse lo aducido por el actor en el agravio que se analiza.

 

No escapa a este órgano jurisdiccional, sin embargo, que la parte actora insiste en que ella presentó una solicitud de registro como partido político nacional y no la notificación de su propósito de constituirse como tal, en virtud de que, según la propia actora, con anterioridad ya había estado constituida como partido político e, incluso, llegó a contar con el respectivo registro, lo cual es objeto de estudio en el apartado III.

 

II. El agravio que se resume en el apartado B precedente es inoperante de acuerdo con las siguientes consideraciones:

 

Efectivamente, si bien es cierto que a la organización política hoy actora le asiste la razón en cuanto a que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos no hizo referencia exacta al contenido de su solicitud de registro como partido político nacional, lo cual se corrobora con la simple lectura de dicha solicitud -cuyo texto se reproduce en el Resultando II- y el oficio de respuesta que se precisa en el Resultando III del presente fallo, no menos cierto es que, como ya se expuso al analizar el agravio resumido en el apartado A, una solicitud de registro como partido político nacional, como es la que aquí se estudia, procederá su trámite y resolución por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, si previamente la organización política interesada notifica su propósito de constituirse como tal, entre el primero de enero y el treinta y uno de julio del año siguiente al de la elección, esto es, en el caso específico, mil novecientos noventa y ocho; por tanto, al no satisfacerse el presupuesto de referencia, tocaba al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el ejercicio de sus atribuciones comprendidas en el artículo 93 del código electoral federal, notificar a la organización política interesada que no se estaba en posibilidad de darle trámite a su solicitud por no cumplirse el multicitado presupuesto para el otorgamiento del registro como partido político nacional.

 

Ahora bien, para esta Sala Superior resulta relevante destacar que todo acto de autoridad y especialmente cuando se da respuesta a alguna solicitud de los partidos políticos, agrupaciones políticas y, en general, los ciudadanos, debe precisar con claridad las disposiciones jurídicas que resulten exactamente aplicables al caso sobre el que deba decidir, se someta a su conocimiento o deba dar respuesta, así como las causas, motivos o circunstancias particulares por las que considere que el supuesto normativo se adecua al hecho o acto concreto por el que se deba pronunciar, ya que así se hace imperativo en observancia de los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad, en términos de lo prescrito en los artículos 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución federal, y 69, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como dando vigencia a uno de los objetivos del establecimiento del servicio profesional electoral; por tanto, debe la autoridad evitar las decisiones o respuestas vagas, imprecisas o incongruentes -como aquellas en que se limita a la mera reproducción de artículos-, así sea para negar en sus justos términos la solicitud, planteamiento o propuesta que le haga un ciudadano, organización o partido político, como debió suceder en la especie.

 

En este orden de ideas, no obstante que le asiste la razón al actor en lo que antecede, debe advertirse que su agravio deviene finalmente en inoperante, como se apuntó, en virtud de que al no satisfacer la organización política interesada el presupuesto consistente en notificar previamente su propósito de constituirse como partido político nacional, la misma no tenía derecho a que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos le diera trámite a su solicitud de registro como tal.

 

III. Respecto del agravio precisado en el apartado C, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estima que es infundado, en atención a los siguientes razonamientos:

 

Es evidente que la organización denominada “Partido Socialdemócrata” parte de la premisa falsa de que se encuentra constituida como “partido político” y, por ello, únicamente presentó su solicitud de registro. Lo anterior, en razón de que de una interpretación sistemática y funcional del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los preceptos antes transcritos, se desprende que el registro que como partido político obtienen las organizaciones o agrupaciones interesadas, por parte de la autoridad electoral federal, tiene claros efectos constitutivos, como se razona más adelante.

 

Previamente es necesario tomar en cuenta que, como el propio actor y la autoridad electoral señalan, es cierto que por acuerdo de la entonces Comisión Federal Electoral, del once de junio de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce del mismo mes y año, la organización de ciudadanos denominada “Partido Socialdemócrata” obtuvo el registro condicionado como partido político, por haberse ajustado a las bases de la convocatoria relativa y reunir los requisitos previstos en la entonces vigente Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.

 

No obstante lo anterior, la propia Comisión Federal Electoral, mediante acuerdo del once de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce del mismo mes y año, declaró la pérdida de los derechos y prerrogativas del Partido Socialdemócrata como partido político con registro condicionado, ya que en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, vigente en ese momento, los partidos políticos con registro condicionado al resultado de las elecciones, que no obtuvieran el 1.5% del total en alguna de las votaciones de la elección para la cual se le había otorgado el registro condicionado, perderían todos los derechos y prerrogativas que establecía la propia ley. Dicho supuesto se actualizó respecto de la organización denominada “Partido Socialdemócrata” porque, como lo expone el dictamen en que se basó el acuerdo citado y que forma parte de este último, en ninguna de las elecciones federales celebradas en mil novecientos ochenta y dos el ahora actor llegó a obtener más del 0.23% de la votación, por lo que evidentemente procedía que perdiera el registro condicionado, con fundamento en la ley electoral vigente en ese tiempo.

 

Cabe aclarar que también es errónea la afirmación del ahora actor en el sentido de que ninguna ley del país da derecho a autoridad alguna a cancelar una sociedad o asociación de personas, y mucho menos la de un partido político, toda vez que, como ha quedado precisado, el ahora actor había obtenido su registro condicionado al resultado de las elecciones, y como no logró obtener el 1.5% de la votación procedió que perdiera el mismo, con fundamento en la entonces vigente Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, de manera similar a lo que se prevé en el artículo 32, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor respecto de los partidos políticos que no hayan obtenido, por lo menos, el 2% de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias. De tal forma, para efectos político-electorales, dicha organización de ciudadanos, desde entonces, ya no podía contar con el carácter de partido político.

 

Ahora bien, aun cuando pudiera llegar a considerarse que la asociación de ciudadanos como tal no hubiese dejado de existir, en términos del artículo 25, fracción VI, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, es claro que la misma no tiene reconocido el carácter de partido político para efectos electorales, ni constitucional ni legalmente, y mucho menos puede dárselo por sí misma.

 

En efecto, es necesario advertir que desde mil novecientos setenta y siete, cuando se dieron las reformas constitucionales al artículo 41 que implicaron la llamada constitucionalización de los partidos políticos, se definió la naturaleza de los mismos, señalando que se trata de entidades de interés público, además de que se precisó su principal fin que es el promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre secreto y directo.

 

Si bien a la fecha se han dado distintas reformas al citado precepto constitucional, los aspectos destacados no han cambiado y, por el contrario, se han ampliado las referencias a los derechos y prerrogativas de que gozan los partidos políticos. Es por esta razón que independientemente de la prerrogativa que tienen los ciudadanos de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, como lo establece el artículo 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no cualquier organización o asociación de ciudadanos puede tener la categoría de partido político, sino como lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 22, párrafo 2, la denominación de “partido político nacional”, para los efectos del propio código, se reserva a las organizaciones que obtengan su registro como tal.

 

En efecto, dado el papel que tienen los partidos políticos dentro de la estructura del Estado, como cuerpos intermedios de la sociedad que coadyuvan a integrar la representación nacional y a la formación del poder público, no es concebible que cualquier organización o asociación de ciudadanos con fines políticos pueda tener la categoría de partido político, sobre todo porque el carácter de interés publico que tienen reconocido los partidos políticos implica que el Estado tenga la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar los elementos que estos requieren en su acción destinada a recabar la adhesión ciudadana.

 

Es por ello que el legislador ordinario estableció un procedimiento claro y preciso para que las organizaciones de ciudadanos o las agrupaciones políticas que pretendan constituirse como partidos políticos para participar en las elecciones federales obtengan su registro ante el Instituto Federal Electoral, y que es el que se dispone en las disposiciones que han quedado ya transcritas.

 

Por otra parte, como ya ha quedado precisado, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos legales antes transcritos, la organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para participar en las elecciones federales debe obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral, siendo importante destacar que dicho registro, dadas sus características particulares, tiene efectos constitutivos, toda vez que los derechos y obligaciones correlativos al carácter de partido político provienen precisamente del acto de autoridad consistente en otorgar el registro correspondiente como tal.

 

En efecto, el que la denominación de "partido político nacional" se reserve, para los efectos del propio código, a las organizaciones políticas que obtengan su registro como tal, es porque se ha cumplido con los requisitos y procedimientos que el código de la materia establece sobre el particular, lo que se traduce en que quienes se constituyan como partidos políticos nacionales, obteniendo el referido registro, adquieren la correspondiente personalidad jurídica que además les permite gozar de los derechos y prerrogativas electorales, a la vez que quedan sujetos a las obligaciones que establecen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Ahora bien, a contrario sensu del carácter constitutivo del registro como partido político nacional, cuando la autoridad electoral se pronuncia sobre la cancelación o pérdida de registro de un partido político, al actualizarse alguno de los supuestos previstos en los artículos 32 ó 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicho acto tiene como efecto no sólo el retiro del citado registro, sino que jurídicamente la correspondiente organización ya no pueda considerarse constituida como partido político nacional, precisamente en razón de que ya no tendrá la personalidad jurídica como tal para efectos electorales y consecuentemente tampoco gozará de los derechos y prerrogativas establecidos en la Constitución federal y el código de la materia.

 

Es decir, si una organización de ciudadanos pierde el registro como partido político, jurídicamente la misma ya no se encuentra constituida como tal para efectos político-electorales en el ámbito federal, a partir de la correspondiente resolución, sin que ello sea óbice para que tenga que cumplir con las obligaciones y consecuencias derivadas del tiempo durante el cual actuó como partido político, como es el caso de la presentación de sus informes anuales de ingresos y egresos por tratarse, en su mayoría, de financiamiento proveniente del erario público. Asimismo, cabe apuntar que ello tampoco implica que dicha organización se encuentre impedida de continuar existiendo como persona moral, pero su regulación quedaría comprendida exclusivamente, como se apuntó, dentro del campo del derecho civil.

 

Inclusive, es necesario precisar que si la organización pretende obtener nuevamente el registro como partido político con posterioridad, deberá cumplir una vez más  con todos y cada uno de los requisitos y trámites previstos en la legislación electoral, es decir, deberá notificar su propósito de constituirse nuevamente como partido político nacional y, en su oportunidad, previa satisfacción de los requisitos correspondientes, solicitar su registro como partido político nacional.

 

En el caso bajo análisis, la organización denominada “Partido Socialdemócrata” pretende sostener que se encuentra constituida como partido político y que sólo requiere del registro como tal, lo cual evidentemente resulta incorrecto, en atención a los razonamientos expuestos y a que, de los elementos que obran en autos, se desprende que dicha organización de ciudadanos no cumplió con los requisitos y el procedimiento establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que de ninguna manera puede ser acogida su solicitud.

 

Efectivamente, del análisis de los elementos aportados por el actor, así como de los hechos expuestos en su escrito de demanda, claramente se desprende que la organización denominada “Partido Socialdemócrata”, en primer lugar, no cumplió con el presupuesto previsto en el artículo 28, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de que si estaba interesada en constituir un partido político, debió notificar ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el primero de enero y el treinta y uno de julio del año siguiente al de la elección, es decir, de mil novecientos noventa y ocho. Dicho término obedece a que, además de dar dicho aviso, deben realizarse una serie de actos tendentes a acreditar, algunos de ellos ante la presencia de funcionarios del Instituto Federal Electoral, que se cumplen con los requisitos consistentes en formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades, así como contar con 3,000 afiliados en por lo menos diez entidades federativas, o bien, tener 300 afiliados, en por lo menos cien distritos electorales uninominales, en el entendido de que en ningún caso el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.13% del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

 

De tal forma, las organizaciones o agrupaciones políticas deben celebrar por lo menos en diez entidades federativas o cien distritos electorales, una asamblea en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, notario público o funcionario acreditado para tal efecto por el propio Instituto, quien debe certificar el número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; además, debe señalarse que los concurrentes conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; asimismo, debe acreditarse que con las personas que concurrieron quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de su credencial para votar con fotografía.

 

Posteriormente, debe celebrarse una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto Federal Electoral, quien debe certificar que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales; además, que acreditaron por medio de las actas correspondientes que las asambleas se celebraron de conformidad con lo antes señalado; asimismo, que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su credencial para votar con fotografía u otro documento fehaciente; que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos; finalmente, que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido en el propio código de la materia. Cabe precisar que las listas deben contener el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la credencial para votar con fotografía.

 

En el caso concreto, de los elementos aportados por las partes y de las manifestaciones realizadas por el actor, claramente se desprende que la organización denominada “Partido Socialdemócrata” no cumplió con requisito alguno de los antes reseñados, bajo el argumento erróneo de que ya se encontraba constituida como partido político, como ya ha quedado analizado.

 

Por otra parte, una vez que se han realizado los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, como se mencionó, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, debe presentar ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos: a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus miembros en los términos antes precisados; b) Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, y c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva.

 

Cabe señalar que por disposición del mismo código de la materia, en caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo antes señalado (en el mes de enero del año anterior al de la elección, como se mencionó), dejará de tener efecto la notificación formulada y, en caso de volver a tener interés en constituirse como partido político nacional, iniciar nuevamente el procedimiento desde dicha notificación, pues lo que se pretende es asegurar la vigencia de las afiliaciones y satisfacción de los demás requisitos.

 

En el presente caso, aun cuando la asociación actora pretendió cumplir este último procedimiento, es evidente que lo hizo deficientemente, toda vez que no incluyó las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, ni las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva, ni mucho menos acreditó que las mismas se hubiesen celebrado en presencia de algún funcionario designado por el Instituto Federal Electoral. Ahora bien, cabe aclarar que el testimonio de la escritura pública número setenta mil ochenta y uno, levantada ante la fe del notario público número 134 en el Distrito Federal, el dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el cual consta que “comparece: el ‘PARTIDO SOCIALDEMOCRATA’, representado por el ingeniero LUIS SANCHEZ AGUILAR, a otorgar mandato”, solamente sirve para acreditar la personería con la que se ostenta el representante de la actora, y no como pretende hacerlo valer, que dicha asociación se encuentra constituida como partido político.

 

Ahora bien, el artículo 30 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que el Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una comisión para examinar los documentos a que ya se ha hecho referencia anteriormente, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en el código de la materia. Posteriormente, la comisión debe formular el proyecto de dictamen de registro, con base en el cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, debe resolver lo conducente.

 

Sin embargo, como ya ha quedado señalado en el caso en estudio, la organización denominada “Partido Socialdemócrata” incumplió con el presupuesto consistente en los trámites y requisitos previos a que el Consejo General tuviera conocimiento de su solicitud de registro, por lo que no existieron elementos para que la comisión antes referida elaborara un dictamen sobre el particular, ni para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinara la procedencia del registro, ni mucho menos para que éste ordenara la expedición del certificado correspondiente, en el que se hiciera constar el registro.

 

Por lo antes expuesto, y toda vez que el razonamiento a partir del cual se estructuran los demás agravios esgrimidos por el actor parte también de la premisa falsa de que dicho actor ya estaba constituido como partido político y que sólo debía presentar solicitud de registro como partido político nacional al cual supuestamente tenía derecho, lo cual ha quedado desvirtuado al resultar infundados los anteriores agravios, devienen también infundados los restantes por ser una consecuencia lógica y jurídica de los ya estudiados; por tanto, debe quedar firme el acto impugnado por el cual el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos comunicó al ahora actor que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo 1, inciso a), en relación con el 28, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se refiere a su deseo de participar en las próximas elecciones federales del año dos mil, el propósito de la organización interesada para constituirse como partido político nacional debió notificarse al Instituto Federal Electoral entre el primero de enero y el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho.

 

Por las razones que anteceden y con fundamento, además, en los artículos 2; 6; 23; 24; 25; 26, párrafo 3; 79; 80; párrafo 1, inciso e), y 84 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, se

 

R E S U E L V E

 

UNICO: Se confirma el oficio número DEPPP/DPPF/748/99, suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta sentencia.

 

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora en el inmueble señalado con el número 65 de la Calle Darwin de la Colonia Anzures, en esta Ciudad de México, y por oficio, acompañando copia certificada de la presente sentencia, al Instituto Federal Electoral. En su oportunidad, remítase el expediente al archivo jurisdiccional, como asunto total y definitivamente concluido.

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los magistrados electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

 

 

MAGISTRADO

 

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

 

MAGISTRADO

 

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

 

MAGISTRADO

 

 

J. FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA