JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

 

EXPEDIENTE:SUP-JDC-027/2001.

 

ACTORA: SANTA BLANCA CHAIDEZ CASTILLO.

 

AUTORIDAD RESPONSABLE:

 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE GUADALUPE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

 

MAGISTRADO PONENTE: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.

 

SECRETARIA: B. CLAUDIA ZAVALA PÉREZ.

 

México, Distrito Federal, a diez de junio del año dos mil uno.

 

V I S T O S para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número SUP-JDC-027/2001, promovido por Santa Blanca Chaidez Castillo, en contra del acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, el primero de mayo del año dos mil uno, en donde se determina registrar la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, propuesta por el Partido de la Revolución Democrática; y

 

 

 

R E S U L T A N D O

 

I. El primero de mayo del año dos mil uno, el Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, celebró sesión en la que acordó, entre otras cosas, aprobar y declarar procedente el registro de las planillas de candidatos para ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos.

 

II. Con relación a la planilla propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, el consejo municipal referido determinó registrar la planilla integrada con los siguientes candidatos:

 

CARGO

P R O P I E T A R I O

S U P L E N T E

 

Presidente

Álvarez Calderón Manuel Felipe

Acuña González Martha

Síndico

Barragán Díaz Heberto

Guzmán Campos Federico

 

Regidor 1

Muñoz Delgado Enrique

Chaides (sic) Castillo Santa Blanca

Regidor 2

Dávila Olvera Juan

Escareño Hernández Bonifacio

Regidor 3

López Ramírez Erico de Jesús

Sánchez de Loera Zayra Roberta

Regidor 4

Flores Rodríguez Ma. Hortensia

Lozano Escobedo Oralia

Regidor 5

González Sánchez Urbano

de Ávila Román Luis

Regidor 6

Ledesma Bernal Heriberto

Ramírez Ruiz Salvador

Regidor 7

de Ávila Barrios Carlos Alberto

López Frías Hipólito

Regidor 8

Delgado Natera Leticia Guadalupe

Velásquez Medellín Victor Manuel

Regidor 9

De Luna Lamas Hermelinda

Reyes Gamboa José Pilar

Regidor 10

García Bañuelos Javier Alejandro

Martínez García Jeroham

Regidor 11

Marentez Sánchez Manuel

Sánchez García Juan Manuel

Regidor 12

Arellano de la Torre Ramón

Reyes Gallardo Doroteo

 

III. El veintitrés de mayo siguiente, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, entre otras, la manera como quedó registrada la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, postulada por el Partido de la Revolución Democrática.

 

IV. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo del dos mil uno, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Santa Blanca Chaidez Castillo promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para impugnar el acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, a través del cual, dicho órgano aprobó y declaró procedente el registro de las planillas de candidatos a ayuntamientos por el principio de mayoría relativa.

 

V. El treinta de mayo del dos mil uno, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas remitió al Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, el expediente formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para el efecto de que dicho órgano le diera el trámite previsto en el artículo 17, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

VI. Mediante oficio número IEEZ-CMEG-0730/01 de cuatro de junio del presente año, la presidenta del Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, remitió a esta sala superior, entre otras cosas, la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el informe de ley y el original del acuerdo impugnado. El referido juicio se radicó en esta sala con el número SUP-JDC-027/2001.

 

VII. Por acuerdo de seis de junio del año en curso, el presidente de este tribunal turnó el expediente en que se actúa al magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en el artículo 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

VIII. Por auto de ocho de junio del dos mil uno, el magistrado electoral Mauro Miguel Reyes Zapata acordó, entre otras cosas, requerir al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas, a través de la Secretaría de Asuntos Electorales, para que remitiera copia certificada de la declaratoria de validez de la elección interna municipal de la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas o, en su caso, para que manifestara, si de acuerdo con las elecciones internas, Santa Blanca Chaidez Castillo ocupó el cargo de primer regidor propietario.

 

Mediante escrito de ocho de junio del año en curso, recibido por fax en la Secretaría General de Acuerdos de esta sala a la once horas con cuarenta y siete minutos del nueve siguiente, el Secretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en cumplimiento al requerimiento formulado manifestó lo siguiente:

 

“En cumplimiento al fax recibido a las catorce horas (14:12) del día ocho del presente mes y año, en el que se notifica a esta Secretaría de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, SUP-JDC-027/2001, del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Santa Blanca Chaidez Castillo, como autoridad responsable, el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, recayó un auto en el que se requiere al Comité Ejecutivo Estatal del P. R. D. por medio de la secretaría de elecciones para que dentro del término de veinticuatro horas informe, si de acuerdo con el resultado de las elecciones internas, Santa Blanca Chaidez Castillo ocupó el cargo de primer regidor propietario, me permito manifestar lo siguiente:

 

Que en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil uno, el Comité Estatal del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas emitió una resolución declarando válida la elección en el Municipio de Guadalupe, Zac., de conformidad al resolutivo segundo, que a la letra dice:

 

‘Toda vez que se registraron DOS PLANILLAS en el municipio de GUADALUPE, para la elección de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, de conformidad con los considerandos 2, 3, 4 y 5, se DECLARA VÁLIDA la elección en el Municipio de referencia, integrándose las planillas de conformidad con la base 9.1 de la Convocatoria aprobada por la sección del 5° Pleno Extraordinario del IV Consejo Estatal, así como los numerales del Título Cuarto del Reglamento General de Elecciones Internas’, ocupando la C. Santa Blanca Chaidez Castillo el cargo de primer regidor propietario”.

 

IX. Por acuerdo de nueve de junio de este año, el magistrado electoral admitió a trámite la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, declaró abierta la instrucción, tuvo por rendido el informe circunstanciado, proveyó con relación a las pruebas ofrecidas por las partes.

 

X. Por proveído de diez de junio del dos mil uno, el magistrado electoral Mauro Miguel Reyes Zapata declaró cerrada la instrucción, por lo que el asunto quedó en estado de resolución, y

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido durante la etapa preparatoria de un proceso electoral local, por presuntas violaciones al derecho de la actora de ser votada en las elecciones populares.

 

SEGUNDO. Los hechos y agravios en que se sustenta la pretensión del actor son los siguientes:

 

“Primero. Atendiendo a la Convocatoria a la Elección de Candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores por ambos principios, por el Partido de la Revolución Democrática de fecha dieciséis de enero del presente año y cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos legales exigidos, fuí registrada en el lugar número uno, como precandidata a regidora propietaria por el principio de mayoría relativa, de la planilla uno del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, encabezada por el Ingeniero Felipe Álvarez Calderón, y con fundamento en el artículo 65 del Reglamento General de Elecciones Internas del Partido de la Revolución Democrática, el Comité Estatal del Servicio Electoral del mismo partido, emitió el resolutivo de la aceptación de registro el día siete de febrero del presente año, en el cual queda la relación en el orden de la prelación que anexo al presente.

 

Segundo. El día cuatro de marzo se llevaron a cabo las elecciones internas de acuerdo con la convocatoria a la cual ya hicimos referencia, cumpliendo con la base 2.5 de la misma, obteniendo el triunfo la planilla uno, de la cual formo parte como candidata a regidora en el lugar número uno, así trascendió ante la opinión pública dando cuenta de ello el periódico local (Sol de Zacatecas) de fecha cinco de marzo del presente año.

 

Tercero. El día de hoy veintinueve de mayo, al enterarme que ya había salido a la venta el periódico oficial y al verificar el registro de la planilla, me entero que en la página setenta, correspondiente a la lista de la planilla para la elección de ayuntamientos, en el Municipio de Guadalupe, por el Partido de la Revolución Democrática, fui relegada y sustituida sin mi autorización de propietaria a suplente en el lugar número uno de la lista de mayoría relativa, situación ilegal que afecta mis derechos político-electorales y que se aleja de la norma estatutaria interna de mi partido, ya que se incumple lo dispuesto por los artículos 1, fracción I; 2, fracciones I y III; 3; 7, fracción I; 10, fracción IX, y 11, fracción VII, del Estatuto y 53, inciso e), del Reglamento General de Elecciones Internas, irregularidad que fue avalada y aprobada por el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Guadalupe (artículo 102, fracciones I y IV del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas) en sesión celebrada el primero de mayo del presente año. Cabe destacar, que el día de hoy solicité copia del acta de dicha sesión y se me negó, diciendo que lo hiciera por escrito a través del representante de mi partido, situación que por los tiempos me es imposible hacerlo y, por tanto, le solicito a este Tribunal requiera un informe al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y, a su vez, al Consejo Municipal Electoral del Municipio de Guadalupe. Cuarto. Por lo señalado en el punto anterior, he de manifestar que solicité una constancia al C. Andrés Arce Pantoja, administrador del periódico oficial, en la cual se establece, que el suplemento número uno del periódico oficial de fecha veintitrés de mayo, fue puesto a la venta al público el día lunes veintiocho de mayo del año en curso.

 

Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas con anterioridad, el acuerdo del Consejo Municipal Electoral del Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas, que mediante la promoción de este juicio se combate, me causa los siguientes:

 

A G R A V I O S

 

I. Violación a los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Lo anterior en virtud de haber sido afectada de mis derechos políticos-electorales al modificar el orden de la prelación de la lista de regidores por el principio de mayoría relativa, al ver sido despojada del primer lugar de lista de regidores y de la titularidad de la misma, al haberme colocado indebidamente de suplente de dicho lugar.

 

II. Violación al artículo 102, fracción I, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. El Consejo Municipal Electoral del Municipio de Guadalupe incumplió su función de vigilar, y el artículo 178, párrafo tercero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece ‘los partidos políticos deben informar de que los candidatos que registra fueron los que participaron en los procesos internos de acuerdo a la normatividad interna de dicho instituto político’, tal como lo he relatado en los puntos de hecho del presente escrito.

 

III. Violación de los artículos 23, párrafos 1 y 2; 27, inciso d); 38, párrafo 1, inciso e), y 178, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos 38-B, fracción V; 137 y 147 del Código Electoral del Estado de Zacatecas, en virtud de que de manera fundamental dicho numeral dispone, que el órgano electoral vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley y, por su parte, el citado artículo 27 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales obliga a que los partidos políticos, en sus estatutos, establezcan las normas para la postulación democrática de sus candidatos.

 

IV. En la lista que aprueba el órgano electoral del Municipio de Guadalupe el día dos del mes y año en curso, el cual violenta el principio de legalidad, por modificar sin facultad jurídica alguna, presentándose exclusiones, modificaciones, cambios de lugar que alteran y modifican sustancialmente los resultados de las elecciones internas, incumpliendo la representación de género al no reunir el 30 por ciento mínimo que establece el Estatuto en su artículo 7, fracción I, que textualmente dice: ‘ningún género podrá contar con una representación mayor al setenta por ciento que el otro’.

 

Lo más grave aún es que se me asignó un lugar incorrecto y que no es el que me corresponde de acuerdo a la elección interna, toda vez que en la planilla número uno me asignó en el registro el lugar número uno, como suplente, irregularidad que prueba la violación del artículo 38, fracción I, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 38-B, fracción V. Dichos preceptos disponen, que son obligaciones de los partidos políticos nacionales, cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalan sus estatutos para la postulación de candidatos.

 

V. Resulta evidente que para la integración de la lista a la que nos hemos venido refiriendo, no se observaron los procedimientos señalados en los artículos 7 y 77 del Estatuto y 53, inciso e), del Reglamento General de Elecciones Internas, ambos del Partido de la Revolución Democrática, y al no ajustarse a tal normatividad, se conculca el artículo cuya violación reclamo; por lo que el registro de la candidatura a la que nos hemos venido refiriendo resulta ilegal en su conformación, por lo que debe modificarse, asignándonos (sic) el lugar número uno de titular en la lista de regidores por el principio de mayoría relativa.

 

VI. La violación al artículo 178, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En efecto, se violenta dicho precepto, por que el mismo dispone de manera categórica lo siguiente: ‘De igual manera el partido político postulante deberá manifestar, por escrito, que los candidatos cuyo registro solicita, fueron seleccionados de conformidad con las normas estatuarias del propio partidos políticos’.

 

VII. Por lo anteriormente expuesto, es procedente y así lo solicito, que al dictar la resolución que en derecho procede, sea en el sentido de mandatar al Consejo Municipal Electoral del Municipio de Guadalupe y, a su vez, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el sentido de modificar y/o corregir la multicitada lista, en los términos que se han motivado y fundado el presente juicio para la protección de los derechos electorales del ciudadano y aun así, en los tiempos que se tenga que hacer la designación de regidores para el Municipio de Guadalupe Zacatecas”.

 

TERCERO. En el informe circunstanciado, rendido por el Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, tal autoridad aduce, en esencia, que el presente juicio es improcedente, porque no se agotaron los recursos previstos en el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas antes de promover el presente juicio.

 

Lo aducido por el consejo responsable es inatendible.

 

Los antecedentes de trámite de este caso son los siguientes:

 

El acto reclamado es el acuerdo mediante el cual, el Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, declaró procedente, entre otras, el registro de la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe Zacatecas, propuesta por el Partido de la Revolución Democrática.

 

La causa de pedir se centra en una pretendida afectación de la promovente, Santa Blanca Chaidez Castillo, a su derecho político de ser votada, pues considera, que a pesar de tener derecho a que se le registrara como candidata propietaria para el cargo de primer regidor por el principio de mayoría relativa, en la planilla propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, se le registró como candidata suplente.

 

Este acuerdo reclamado fue dictado en la etapa de preparación del actual proceso electoral del Estado de Zacatecas.

 

Debe tenerse en cuenta, que en conformidad con los artículos 265; 266, párrafo 1, fracción I, incisos a) y b); 271, párrafo 1, fracción I; 272, párrafo 1, fracciones II y III, y 306, párrafo 1, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en la etapa de preparación de un proceso electoral, los medios de impugnación admisibles son la revocación y la revisión. La primera es un recurso administrativo, porque quien lo conoce y resuelve es el órgano del instituto electoral del Estado que haya dictado el acto o resolución que se impugna. En cambio, la segunda es un recurso jurisdiccional, porque su conocimiento y resolución corre a cargo de la sala de segunda instancia del tribunal estatal electoral.

 

Es de advertirse que la materia del recurso de revisión la constituye, la resolución que haya recaído al recurso de revocación.

 

Por otra parte, el legitimado para promover el recurso de revocación es, entre otros, el ciudadano por su propio derecho (sin que sea admisible representación alguna) que acredite tener un interés jurídico respecto al acto o resolución materia de impugnación.

 

En estas circunstancias, al relacionar los antecedentes narrados con los preceptos invocados se encuentra, que el acto reclamado en el presente juicio admitía ser impugnado mediante recurso de revocación.

 

En consecuencia, el conocimiento y resolución del medio de impugnación contenido en la demanda de mérito correspondía, en principio, al Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas. Contra la resolución que tal autoridad dictara al respecto, habría procedido el recurso de revisión ante la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas.

 

Agotados los anteriores medios ordinarios de impugnación es cuando, en su caso, podría proceder el juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, en términos del artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Sin embargo, en el presente caso concurren circunstancias excepcionales, que provocan que esta sala superior conozca y decida sobre el planteamiento formulado por la actora Santa Blanca Chaidez Castillo.

 

Si se presenta ante la sala superior un juicio extraordinario, sin agotar previamente los medios de impugnación ordinarios, para decidir la procedencia de tal juicio extraordinario se debe tener en cuenta las circunstancias siguientes: en primer lugar, que el tema de la impugnación admita la posibilidad de que el asunto pudiera llegar en el futuro a la citada sala superior, mediante la promoción de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o un juicio de revisión constitucional electoral, en segundo lugar, que el cuestionamiento tenga que ver con un derecho cuyo pleno ejercicio esté limitado en el tiempo, de manera que al pretenderse subsanar su conculcación o menoscabo mediante los medios de impugnación, la dilación en la solución de éstos tienda a tornar irreparable la restitución en el goce del derecho afectado. Cuando estas situaciones se presentan, en uso de la plenitud de jurisdicción que le confiere el artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la sala superior debe conocer y resolver el medio de impugnación, aun cuando, no estén agotados lo medios ordinarios de impugnación, previstos en la ley local, puesto que la finalidad de que éstos se interpongan previamente, es dar la oportunidad a que las presuntas conculcaciones alegadas queden reparadas por las propias autoridades locales, sin tener que acudir, de manera extraordinaria, a la instancia constitucional

(juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o juicio de revisión constitucional electoral), esto con independencia de que la inmediatez de las autoridades locales resolutoras provoca que, en su caso, de existir las conculcaciones aducidas, la reparación se realice de manera pronta, lo cual es sumamente importante en un proceso electoral, dado que los plazos que integran sus distintas fases son fatales.

 

Debe tenerse también en cuenta, que una de las finalidades fundamentales de los medios de impugnación es la de garantizar que todos los actos de las autoridades electorales se encuentren apegados a los principios de constitucionalidad y legalidad, según corresponda.

 

En consecuencia, si la naturaleza del derecho que se dice conculcado tiene un ámbito temporal limitado, lo que ocasiona que la reparación de su presunta conculcación a través de la interposición de un recurso ordinario deba lograrse en el menor tiempo, para dar oportunidad, en su caso, de que el titular del derecho esté en condiciones de ejercitarlo lo más plenamente posible, es válido pasar por alto el agotamiento de medios de impugnación ordinarios, previstos en una ley local, puesto que el lapso que dure su tramitación y resolución implicará disminución del tiempo de goce del derecho. Incluso, podría darse el caso, de que la reparación al derecho conculcado ya no pudiera realizarse por estar agotado el tiempo en el cual el derecho pudo haberse ejercitado, no obstante que se hubiera considerado que el acto o resolución que desconoció tal derecho fuera ilegal.

 

Al aplicar lo anterior a este caso, lo procedente es que esta sala superior conozca del juicio originado con la demanda de Santa Blanca Chaidez Castillo, porque, el tiempo que se necesita para la tramitación y resolución de los recursos ordinarios es tan prolongado, que su agotamiento implicaría, indudablemente, la disminución del tiempo de goce de su derecho, incluso, el referido agotamiento de los recurso ordinarios podría provocar, que la actora ya no pudiera gozar de su derecho por estar agotado el tiempo en el cual dicho derecho pudo ejercitarse, no obstante que se hubiera determinado que el acto reclamado era ilegal, pues debe recordarse que el tema de impugnación se relaciona con el derecho de ser votado, que la actora dice que le asiste, y la presunta conculcación tiene que ver con la falta de registro de la demandante, como candidata propietaria por el principio de mayoría relativa, para el cargo de primer regidor de la planilla propuesta por el Partido de la Revolución Democrática en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Es de estimarse que el derecho derivado del acto de registro, como es el de hacer campaña como candidato, se encuentra limitado temporalmente entre el momento de registro y tres días antes de la elección, la cual se realizará el primero de julio próximo, en términos del artículo 26, párrafo 1, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

 

Si se toma en cuenta que en el escrito de demanda la actora manifiesta, que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el veintiocho de mayo del año en curso (fecha en la que salió a la venta el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno) a través de la verificación que hizo en dicho periódico, es claro que a partir de esa fecha comenzaría a correr lo términos para la interposición de los recursos.

 

Según el procedimiento que debe seguirse en la tramitación de los recursos ordinarios de revocación y revisión, conforme a la legislación electoral del Estado, se ocuparían los siguientes tiempos:

1. Tres días para la interposición del recurso de revocación (artículo 273 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas). Considerando que la actora tuvo conocimiento del acto el día que salió a la venta el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado (veintiocho de mayo) ese término correría del veintinueve de mayo al primero de junio.

 

2. Cuarenta y ocho horas para la comparecencia de los representantes de partidos políticos terceros interesados

(artículo 294 del código referido). Este término ocuparía los días dos y tres de junio, si la publicitación se realiza de manera inmediata.

 

3. De acuerdo con el artículo 303 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, el recurso será resuelto en la primera sesión pública siguiente a su presentación.

 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del código mencionado, el Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas (autoridad a quien habría correspondido el conocimiento del recurso de revocación) debe sesionar por lo menos cada quince días, a partir de la segunda quincena de marzo del año de la elección ordinaria.

 

Si se toma en cuenta que el consejo municipal recibió el recurso hasta las veinte horas con treinta minutos del día treinta de mayo del año en curso, es claro que, cuando menos, la fecha más próxima de sesión ordinaria del consejo, culminado el término para la comparecencia de terceros, sería probablemente el quince de junio.

 

4. Tres días para interponer recurso de revisión (artículo 273 del código electoral del Estado). En el supuesto de que el interesado llegara a tener conocimiento de la resolución el mismo día en que se dicte (quince de junio) este plazo se agotaría el dieciocho de junio.

 

5. Si el consejo municipal electoral publicitara inmediatamente el recurso (en conformidad con lo dispuesto en el artículo 288, párrafo 1, fracción I, del código electoral local, los recursos se presentan ante la autoridad que dicta el acto) debe transcurrir también el término de cuarenta y ocho horas para la comparecencia de representantes de partidos políticos terceros interesados. Dicho término habría concluido hasta el veinte de junio (artículo 294 del Código Electoral del Estado).

 

6. Agotado el anterior término, la autoridad electoral cuenta con cuarenta y ocho horas para remitir el recurso de revisión a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal (artículo 295, apartado 3 del código en cita) esto es, este término abarcaría los días veintiuno y veintidós de junio.

 

7. Conforme a los artículos 38, 39, 40 y 41 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas, después de recibir un recurso, el Secretario debe hacer un informe preliminar del mismo y dar cuenta con la documentación al presidente de la sala, el cual dictará auto en que turne el asunto a un magistrado.

 

El magistrado procederá de inmediato a la revisión del mismo y dictará auto de admisión o proyecto de desechamiento, según sea el caso. Si lo admite, proveerá lo conducente para su substanciación, solicitando informes, pruebas o documentación necesaria para la instrucción.

 

Una vez que el Secretario certifica no haber pruebas o diligencias pendientes de desahogar, se decreta el cierre de instrucción y se procederá a la elaboración del proyecto, el cual se enviará al presidente de la sala para que lo distribuya entre los magistrados.

 

Tales actuaciones, aunque no tienen señalado un término específico de realización, puede considerarse, conforme a lo ordinario en la práctica judicial, que no podrían ser efectuadas en un término menor a veinticuatro horas; tomando en cuenta que por lo menos se deben pronunciar dos autos, el de recepción y turno por el Presidente y el de admisión por el magistrado instructor; por lo tanto, se habrían ocupado en esos trámites cuando menos el día veintitrés de junio.

 

8. El deber de la sala de resolver el recurso, previsto en el numeral 304 del Código Electoral del Estado, debe ejercerse, de acuerdo con el diverso 6, incisos a) y b), del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas, en sesión pública a la cual convocará su presidente con cuando menos, veinticuatro horas de anticipación. Así, la convocatoria tendría lugar el día veinticuatro de junio y la resolución, el veinticinco siguiente.

 

En esas condiciones, si la sala considera que los derechos de la demandante se conculcaron y decide restituirla en ellos, a la actora le quedarían tan sólo dos días para participar en la campaña, en el supuesto de que el registro se efectuara al mismo día que se emitió la resolución.

 

Sin embargo, si la sala determina que no se conculcó derecho alguno a la actora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dicha demandante podría aún promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En ese caso los tiempos empleados serían los siguientes:

 

1. Cuatro días para la interposición del juicio, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ante la autoridad responsable. En el supuesto de que la demandante hubiera tenido conocimiento de la resolución emitida en revisión, el citado veinticinco de junio, el término correría del veintiséis al veintinueve siguiente. En estas circunstancias, el derecho de hacer campaña de la actora sería irreparable, puesto que como antes se vio, los candidatos deben de cerrar su campaña tres días antes de la jornada electoral, es decir, si dicha etapa del proceso electoral es el primero de julio, los candidatos deben cerrar campaña a más tardar el veintisiete de julio.

 

2. Setenta y dos horas para la comparecencia de terceros interesados, previa publicitación, conforme al artículo 17, apartado 1, inciso a) de la citada ley de medios; el cual tendría lugar del treinta de junio al dos de julio.

 

3. Veinticuatro horas para que la autoridad responsable remita el juicio a este tribunal según el artículo 18, apartado 1, de la Ley de Medios en cita; ese término habría corrido durante el día tres de julio.

 

4. Conforme al artículo 19 de la citada ley, el presidente de la sala superior turnará, de inmediato, el expediente a un magistrado electoral, quien lo revisará y decidirá si se admite o si propone su desechamiento. Si se admite, y una vez cerrada la instrucción, el asunto pasará a sentencia, y se elaborará el proyecto de resolución correspondiente.

Tales actuaciones, aunque no tienen señalado un término específico para efectuarse, emplearían cuando menos veinticuatro horas si se tiene en cuenta que deben dictarse dos acuerdos, el de turno y el de admisión. Para ello, se emplearía el día cuatro de julio.

 

5. De conformidad con el artículo 24, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la resolución debe pronunciarse en sesión pública, previa publicación de la lista en que se contenga el asunto a tratar, en cuando menos veinticuatro horas de antelación. Ese término correría el día cinco de julio y, en consecuencia, la resolución debería pronunciarse el seis siguiente.

 

En esas condiciones, en este caso ya no sólo sería irreparable el derecho de hacer campaña, sino que, en caso de que le asistiera razón a la actora, ya no se le podría restituir en su derecho de ser votada, en virtud de que la jornada electoral ya se habría llevado a cabo.

 

Lo anterior implica, que el transcurso del tiempo sin que la controversia sea resuelta se traduce, en el agotamiento del tiempo en el que el actor se encuentra en condiciones de ejercitar su derecho y que, incluso, a medida que el tiempo transcurre, la reparación del presunto derecho conculcado se torna más difícil y hasta se podría llegar a una situación de irreparabilidad.

 

De ahí que, como se anunció anteriormente, lo procedente es que esta sala superior resuelva la controversia planteada.

 

CUARTO. La actora aduce en el presente juicio la conculcación a su derecho político de ser votada, porque, en su concepto, debió ser registrada, como primera regidora propietaria, en la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa postulada por el Partido de la Revolución Democrática para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; pero que de manera ilegal apareció registrada como candidata suplente, en la planilla que quedó finalmente registrada.

 

La pretensión de la actora se apoya en lo siguiente:

 

El derecho a formar parte integrante, como primera regidora propietaria, de la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, proviene del hecho de que la promovente obtuvo ese lugar en la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, la cual se dice celebrada con estricto apego a los estatutos y al Reglamento General de Elecciones Internas del propio instituto político.

 

La actora basa su pretensión en el hecho de que, en las elecciones internas realizadas el cuatro de marzo del año dos mil, ella obtuvo el cargo de primer regidor propietario.

 

Según la promovente, tal situación queda acreditada con la declaración de validez de la elección interna que emitió el Comité Estatal Electoral, pues afirma, en el punto resolutivo de dicha resolución, claramente se aprecia que quedó registrada como candidata propietaria del cargo correspondiente al primer regidor.

 

Para la actora, el registro de la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para integrar el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, postulada por el Partido de la Revolución Democrática es ilegal, en virtud de que el Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, incumplió con su función de vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley, pues si el Partido de la Revolución Democrática es un instituto nacional y se encuentra debidamente registrado en el Estado de Zacatecas, es claro que debe cumplir con los artículos 38, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 38-B, párrafo 1, fracción V, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, los cuales disponen, que los partidos políticos están obligados a cumplir con sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos, para la postulación de candidatos.

 

En consecuencia, afirma la demandante, si el Comité Estatal del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática declaró válida la elección en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, y en dicha elección ella obtuvo el lugar de candidata propietaria para la primera regiduría, es patente que en ese sitio la tenían que registrar ante el consejo municipal electoral, por lo que, al no haberlo hechos así, el acto de registro es ilegal.

 

En el informe circunstanciado, la autoridad electoral responsable aduce, que el registro de la planilla propuesta por el Partido de la Revolución Democrática se llevó a cabo en los términos señalados por el propio instituto, por lo que, si se registró a Santa Blanca Chaidez Castillo, en la posición de primera regidora suplente es porque así fue realizada la propuesta del Partido de la Revolución Democrática.

 

Obran en el expediente los siguientes documentos: a) copia simple de dos hojas que, según la actora, corresponden a la resolución que emitió el Comité Estatal del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas, en la cual declaró válida la elección interna del Municipio de Guadalupe, Zacatecas y, b) escrito de ocho de junio del año dos mil uno, recibido vía fax en la secretaria general de acuerdos de esta sala superior el nueve siguiente, mediante el cual, el Secretario de Asuntos Electorales del Comité Estatal Electoral del Partido de la Revolución Democrática hace constar, que el treinta y uno de marzo del años dos mil uno, el Comité Estatal del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas emitió una resolución en la que declaró válida la elección interna del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, en la cual, Santa Blanca Chaidez Castillo ocupó el cargo de primer regidor propietario.

 

Dichos instrumentos tienen el carácter de indicios, en virtud de que, en lo que interesa, coinciden en el contenido, puesto que en la copia ofrecida por la actora aparece el nombre de Santa Blanca Chaidez Castillo asentado en el cargo de primer regidor propietario, en tanto que en el escrito que remitió el Secretario de Asuntos Electorales del Comité Estatal Electoral del Partido de la Revolución Democrática se indicó, que de acuerdo con la resolución emitida por el Comité Estatal del Servicio Electoral de dicho partido político, Santa Blanca Chaidez Castillo ocupó el cargo de primer regidor propietario. La coincidencia referida permite arribar a la conclusión de que lo afirmado por la promovente en su demanda es cierto.

 

A pesar de que el escrito remitido por el Secretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Electoral del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas fue transmitido vía fax, dicho documento adminiculado con el instrumento descrito anteriormente en el inciso a), genera convicción a esta sala, de que lo asentado en él es suficiente para acreditar los hechos señalados por la actora, por lo siguiente.

 

El artículo 29 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a diferencia de otras leyes procesales prevé, que en casos urgentes o extraordinarios, las notificaciones que se ordenen en los medios de impugnación podrán hacerse a través de fax y surtirán efectos a partir de que se tenga constancia de la recepción.

 

En materia electoral, se justifica el uso de este medio de comunicación para la notificación de un proveído o de una decisión jurisdiccional, ya que, por su rapidez, facilita el conocimiento de la decisión emitida por el órgano jurisdiccional, que por su naturaleza no puede esperar a la tramitación de otro tipo de notificación.

 

La función que cumple la utilización del fax en la tramitación de los medios de impugnación previstos en la ley electoral, es la de agilizar la comunicación del órgano jurisdiccional con las partes o, en su caso, con los sujetos que cuenten con alguna información o documentación que puede servir para la resolución de una controversia.

 

Así, si para la solución de un asunto, el órgano jurisdiccional utiliza el fax como medio de comunicación para notificar a las partes o a quienes cuentan con alguna información o documentación, necesaria para resolver la controversia, es claro que tanto las partes como los sujetos referidos pueden utilizar el propio medio para transmitir al órgano judicial la información o documentación solicitada.

 

Ya se vio que la notificación realizada por medio de fax surte efectos jurídicos. Por tanto, es patente que la información o documentación remitida por el mismo medio debe ser tomada en cuenta y valorada para la solución del asunto, como si se tuviera el documento original o en copia certificada, ya que, conforme con las reglas de la lógica y la experiencia a que se refiere el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, sólo de esa manera se logra cumplir con el fin propuesto al permitir el uso del fax, que es el de resolver la controversia planteada, cuando no se cuenta con el tiempo suficiente para hacerlo (caso urgente).

 

En la especie, al analizar la procedencia del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedó asentado, que se trata de un caso urgente, en virtud de que el transcurso del tiempo sin que la controversia sea resuelta se traduce, en el agotamiento del tiempo en el que la actora puede ejercitar su derecho a hacer campaña o, incluso, dicho transcurso del tiempo puede implicar, que la reparación del presunto derecho conculcado se torne más difícil o irreparable.

 

Por este motivo, tal como se dejó asentado en los resultandos de este fallo, el magistrado instructor utilizó el fax para notificar al Partido de la Revolución Democrática información y documentación que se consideraba indispensable para resolver la controversia planteada. De dicha notificación existe constancia de las circunstancias ocurridas durante la transmisión, así como el acuse de recibo.

 

En atención a dicho requerimiento y, tomando en consideración la urgencia del caso, el Secretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática remitió, vía fax, la información solicitada. En el documento recibido se encuentra en la parte superior la impresión asentada por el aparato de fax remitente, en donde se lee: “DE: PRD ZAC; NO. DE FAX: 01 492 28664;

09 JUN 2001; 11:35 AM P2”.

 

El oficio remitido se encuentra en una hoja membretada del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas del Partido de la Revolución Democrática. En la parte inferior se encuentra la dirección y los teléfonos de dicho comité, se destaca que en tal hoja membretada aparece como número de fax el siguiente: 01 (4) 922 86 64. En la parte inferior aparecen los siguientes números 01/06 ‘SAB 11:35 (# TX/RX 5893). Además, por cuanto hace a los datos de recepción del fax se encuentra impreso un sello que dice: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SALA SUPERIOR, 2001 JUN-9 11:47. SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS, MÉXICO, D. F.”. También está asentada una leyenda manuscrita que dice: Recibí el presente oficio transmitido vía fax en dos fojas más carátula, total de fojas: tres. Firma.

 

Todos estos datos, de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia a que se refiere el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral son aptos para formar convicción sobre la autenticidad del documento, puesto que lo ordinario es que, los instrumentos que se transmiten vía fax tengan datos como los que presenta el documento en examen y que han sido descritos. Lo extraordinario sería, que a pesar de la existencia de los referidos datos, que dan autenticidad a los documentos que son enviados, vía fax, pueden ser falsificados.

 

Por tanto, es evidente que el contenido de dicho documento debe ser tomado en cuenta y valorado por este sala, como si se tuviera a la vista el original de tal escrito, pues sólo de esta manera se logra cumplir con el fin que se persiguió al notificar el proveído por fax, que es la de resolver una controversia en la que está en juego un derecho, en el que el paso del tiempo implica la disminución de su ejercicio.

 

Bajo esas premisas, si lo manifestado por el funcionario del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene a su cargo los asuntos electorales del propio partido en el Estado de Zacatecas, coincide plenamente con el contenido de la copia simple aportada por la actora, en el sentido de que de acuerdo con las elecciones internas (declaradas válidas por el Comité Estatal del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática) Santa Blanca Chaidez Castillo ocupó el cargo de primer regidor propietario, aunado al hecho de que en el expediente no existe constancia que se contraponga a la circunstancia señalada, es patente que dichos documentos son aptos para crear convicción de que lo afirmado por la actora es veraz.

 

A través de las referidas constancias está demostrado fehacientemente, que tal como lo afirma la actora, en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, el treinta de marzo del dos mil uno, el Comité Estatal del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática declaró válida la elección interna del Partido de la Revolución Democrática en el referido municipio. También está demostrado, que en la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, postulada por el referido partido, la actora ocupó el cargo de primer regidor propietario.

 

Al examinar los fundamentos en los cuales la actora sustenta su pretensión se encuentra, que la premisa toral en la que descansa la argumentación de dicha demandante consiste, en que tiene derecho a que se le registre ante el Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, como candidata propietaria al cargo de primer regidor, en virtud de que, de acuerdo con las elecciones internas, ella fue registrada como primera regidora propietaria por el principio de mayoría relativa, en la planilla de candidatos que ganó en el referido municipio.

 

Asiste razón a la promovente.

 

Por disposición expresa del artículo 3, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este sistema tiene como primer objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad.

 

De esta disposición se desprende la amplitud de la materia que se puede examinar en los medios de impugnación electorales, al estar compuesta por la totalidad de vicios o irregularidades en que se pueda incurrir en los actos o resoluciones que se reclamen; es decir, cualquier actuación u omisión de la autoridad electoral que se desvíe del cauce marcado por la Constitución o por la ley aplicable es objeto del control que se ejerce a través de los medios de impugnación. establecidos para ese efecto, sin limitación alguna.

 

Los vicios o irregularidades pueden ser imputables directamente a la autoridad o provenir de actos u omisiones de terceros, especialmente de los que intervienen de cualquier manera para la formación o creación del acto de autoridad o resolución de que se trate, y al margen de esa causalidad, si el acto o resolución resultan ilícitos, tal ilicitud debe ser objeto de estudio en los fallos que emitan las autoridades competentes al conocer de los juicios o recursos que se promuevan o interpongan, cuando se haga valer tal ilicitud en la forma y términos que precisa el ordenamiento aplicable.

 

Esto es, independientemente del agente que provoque irregularidades en los actos o resoluciones electorales, sea la conducta de la autoridad que lo emite o las actitudes asumidas por personas diversas, una vez invocada debidamente y demostrada, debe aplicarse la consecuencia jurídica que corresponda, y si ésta conduce a la invalidez o ineficacia, así se debe declarar y obrar en consecuencia.

 

En el presente caso se reclama, como ya se precisó, el acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas, mediante el cual aprobó el registro de la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, que postuló el Partido de la Revolución Democrática. Según la actora, estos actos son ilegales, porque en su concepto, la planilla presentada no corresponde al resultado de la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, realizada en conformidad con los estatutos y el Reglamento General de Elecciones Internas, cuyas normas deben ser acatadas por el propio partido político, por imperativo de los artículos 38, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 38-B, párrafo 1, fracción V, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en donde se establece como obligación de los partidos políticos nacionales, “cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos”.

 

Al respecto, se debe tener en cuenta, que uno de los elementos esenciales para la creación de los actos jurídicos administrativos, género al cual pertenecen los actos electorales, consiste en que los mismos sean producto de una voluntad administrativa libre y carente de vicios.

 

Un elemento reconocido unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia como vicio de la voluntad administrativa, está constituido por el error, que consiste en la falsa representación de la realidad, independientemente de que provenga de la propia autoridad o que sea provocada en ésta por otras personas.

 

Para que el registro de candidatos que realiza el respectivo Consejo Municipal Electoral del Estado de Zacatecas y ordena publicar el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas se lleve a cabo válidamente, resulta necesario que se satisfagan todos los requisitos que fija la ley para tal efecto, así como que concurran los elementos substanciales para que los candidatos que se presenten puedan contender en los comicios y, en su caso, asumir el cargo para el que se postulan.

 

Uno de estos requisitos consiste, en que los candidatos que postulen los partidos políticos hayan sido electos de conformidad con los procedimientos que establecen sus propios estatutos ( artículos 38, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 38-B, párrafo 1, fracción V, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano del Zacatecas).

 

Con el objeto de agilizar la actividad electoral, en la que el factor tiempo juega un papel fundamental, existe la tendencia a abreviar requisitos, sin poner en riesgo la seguridad y la certeza que deben revestir los actos electorales. Esto explica que el legislador no exija una detallada comprobación documental sobre la satisfacción de este requisito al formular la solicitud de registro de candidatos, sino que toma como punto de partida, el principio de buena fe con que se deben desarrollar las relaciones entre la autoridad electoral y los partidos políticos así como la máxima de experiencia relativa a que, ordinariamente, los representantes de los partidos políticos actúan de acuerdo con la voluntad general de la persona jurídica que representan y en beneficio de los intereses de ésta.

 

Incluso, a diferencia de lo reglamentado en materia federal, en el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas no se exige el requisito de que, al momento de solicitar el registro de candidaturas, el partido político postulante manifieste por escrito, que los candidatos cuyo registro se solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político. Sin embargo, la inexistencia en la legislación de Zacatecas de un precepto similar al artículo 178, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se traduce en que los partidos políticos estén exentos de acatar su normatividad estatutaria para la postulación de candidatos a puestos de elección popular, sino que la falta de un precepto semejante al indicado implica únicamente, que en aras de simplificar el trámite de registro, los partidos políticos ni siquiera deben manifestar el cumplimiento a las normas estatutarias para la selección del candidato. Esto es, simplemente se está ante la presencia de la liberación de una carga para los partidos políticos en el acto del registro de candidatos; pero debe tenerse presente que tales institutos se encuentran constreñidos a acatar las normas estatutarias para la selección de candidatos a puestos de elección popular, porque esta obligación se encuentra contemplada expresamente en los artículos 38, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 38-B, párrafo 1, fracción V, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y es indiscutible que tal precepto de ley debe ser observado siempre.

 

Sin embargo, cuando algún ciudadano con legitimación e interés jurídico impugna el acto de registro de uno o varios candidatos, y sostiene que éstos no fueron elegidos conforme a los procedimientos estatutarios del partido que los postuló, lo que está haciendo en realidad es argüir, que la voluntad administrativa del consejo que realizó el registro es producto de un error provocado por el representante del partido político, al haber propuesto para el registro a candidatos que no fueron electos conforme a los estatutos correspondientes, es decir, que la voluntad administrativa en cuestión se encuentra viciada por error, y que, por tanto, el acto electoral debe ser invalidado.

 

Consecuentemente, aunque los hechos que constituyen la causa de pedir de esta pretensión radiquen en que, al solicitar el registro de candidatos, el partido político no se ajustó a los estatutos, esto no implica que se estén impugnando destacadamente los actos del partido, sino que con ello se combate, en sí, el contenido del acto de la autoridad electoral, consistente en el otorgamiento del registro de candidatos, porque uno de sus elementos esenciales o primordiales, que es la voluntad administrativa, es producto del error.

 

Al aplicar los anteriores conceptos al presente caso se tiene en cuenta que, como antes se expresó, Santa Blanca Chaidez Castillo obtuvo el sitio de candidata propietaria al cargo de primer regidor, en la planilla triunfadora en las elecciones internas del partido de la Revolución Democrática, en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

 

Al registrar una fórmula en la cual no figuró la ahora actora como candidata propietaria al cargo de primer regidor, sino que apareció como candidata suplente, la autoridad electoral emitió un acto generado por el error en que la hizo incurrir, el representante del Partido de la Revolución Democrática que realizó la solicitud de registro de candidatos, puesto que en acatamiento a los artículos 38, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 38-B, párrafo 1, fracción V, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, debió ser acatada la normatividad interna del referido partido, para la postulación de candidatos. De ahí que en observancia a tal normatividad, en la planilla propuesta para candidatos a ayuntamiento por el principio de mayoría relativa, en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, debió figurar la actora como candidata propietaria en el cargo de primer regidor; pero como el representante del Partido de Revolución Democrática no procedió de manera indicada, esto hizo incurrir en error a la autoridad electoral encargada del registro, lo que trajo como resultado que la ilicitud en que incurrió el representante de dicho partido se trasladara al acto del registro.

 

Por otra parte, tal acto ilícito de registro se extendió a la publicación de la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para integrar el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por cuanto hace específicamente, al cargo de primer regidor de la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, con lo cual quedó conculcado el derecho político de ser votada, que asiste a la actora Santa Blanca Chaidez Castillo.

En consecuencia, al estar demostrada la conculcación aducida en la demanda, ha lugar a modificar el acto de registro reclamado a efecto de que, por cuanto hace a la solicitud de registro presentada por el Partido de la Revolución Democrática, en la planilla de candidatos a integrar el Ayuntamiento, por el principio de mayoría relativa del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, el consejo electoral de dicho municipio cambie de sitio al primer regidor propietario Enrique Muñoz Delgado, para colocarlo como primer regidor suplente y, en su lugar, quede registrada la actora Santa Blanca Chaidez Castillo, y hecho lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ordene la publicación correspondiente en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

 

Las autoridades mencionadas cuentan con setenta y dos horas para dar cumplimiento a esta ejecutoria, de lo cual deberán informar a este tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a su realización.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

 

R E S U E L V E

 

ÚNICO. Se modifica el registro de la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, exclusivamente por lo que hace al cargo de primer regidor, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, para los efectos precisados en la parte final del considerando CUARTO de la presente ejecutoria, lo cual deberá ser cumplido en el término de setenta y dos horas, contadas a partir del momento de la notificación de esta resolución, en el entendido que las autoridades responsables deberán informar sobre este cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberlo realizado.

 

Notifíquese, personalmente a la actora, en el domicilio ubicado en calle Chihuahua número 47, departamento 303, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad; por fax, con copia del punto resolutivo de este fallo y por oficio, al cual se acompañará copia certificada de la presente ejecutoria, al Consejo Municipal Electoral de Guadalupe, Zacatecas y al Consejo General del Instituto Electoral de esa entidad federativa, y por estrados, a los demás interesados.

 

Así por UNANIMIDAD de votos lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del la Federación. Autoriza y da fe el Secretario General de Acuerdos.

 

PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR

MAGISTRADO

 

 

 

MAGISTRADO

MAGISTRADO

 

 

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

 

 

 

 

MAGISTRADO

MAGISTRADA

 

 

 

ELOY FUENTES CERDA

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

 

 

MAGISTRADO

MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA