JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SUP-JDC-50/2005.

ACTOR: GONZALO PEDRO BÁRBARO ROJAS ARRÉOLA.

RESPONSABLES: COMISIONES, NACIONAL Y DEL DISTRITO FEDERAL,  DE GARANTÍAS Y VIGILANCIA, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: JOEL REYES MARTÍNEZ.

 

México, Distrito Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

 

V I S T O S, para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-50/2005, promovido por Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arréola, por la falta de contestación de las comisiones,  nacional y del Distrito Federal, de Garantías y Vigilancia, del Partido de la Revolución Democrática, a sendas solicitudes del actor, presentadas el veintitrés y veinticuatro de noviembre, respectivamente.

 

R E S U L T A N D O:

 

PRIMERO. Antecedentes. El dieciséis de febrero de dos mil cuatro, la Comisión de Garantías y Vigilancia del Distrito Federal, del Partido de la Revolución Democrática, resolvió la queja interpuesta por el Comité Ejecutivo del partido en el Distrito Federal, del partido, en contra del actor, y lo sancionó con la cancelación de su afiliación.

 

Inconforme, el actor interpuso recurso de apelación ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, en el cual se revocó la sanción indicada y se ordenó a la Comisión de Garantías y Vigilancia del Distrito Federal, la reposición del procedimiento, desde la admisión del escrito de queja y la remisión de los autos a la Mesa Directiva del V Consejo Estatal en el Distrito Federal, para el trámite correspondiente.

 

SEGUNDO. El veintitrés de noviembre, el actor solicitó a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia: a. Declarar la extinción del derecho del Comité Ejecutivo Estatal y de alguna otra instancia o militante del partido, de interponer queja en su contra, con base en los hechos por los cuales se canceló su afiliación y, por tanto, la firmeza de la resolución en la cual se revocó dicha cancelación, y b. La expedición de una constancia de vigencia plena de sus derechos, como militante y Consejero Estatal del partido, en el Distrito Federal.

 

El veinticuatro siguiente, el actor solicitó a la Comisión de Garantías y Vigilancia del Distrito Federal la expedición de su constancia de afiliación al partido.

 

TERCERO. Juicio para la protección de los derechos político-electorales. El veinte de enero de dos mil cinco, el actor promovió el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, en el cual alega, esencialmente, la falta de respuesta de los órganos intrapartidistas citados.

 

El veintiocho de enero, se recibió en este tribunal la demanda y sus anexos, el informe circunstanciado de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática y las constancias de publicitación y trámite.

 

El Magistrado Presidente de esta Sala Superior ordenó formar el expediente, y turnó los autos al Magistrado Leonel Castillo González, para su sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia.

 

Por acuerdo del día treinta y uno siguiente, se radicó el asunto y se ordenó comunicar la demanda a la responsable Comisión de Garantías y Vigilancia del Distrito Federal, para el cumplimiento de su obligación de tramitar y publicitar la demanda, y de rendir informe circunstanciado y remitir las constancias atinentes. Lo cual se cumplió el nueve de febrero.

 

Por auto de veintitrés de febrero, el magistrado instructor admitió la demanda y declaró cerrada la instrucción.

 

C O N S I D E R A N D O:

 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186 fracción III inciso c), y 189 fracción I inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 83, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

 

SEGUNDO. Improcedencia. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia invoca, como causa de improcedencia, la falta de definitividad y firmeza del acto reclamado, proviene de un procedimiento inconcluso, pues la petición del demandante, consistente en la declaración de extinción del derecho de interponer quejas en su contra, se funda en una resolución donde se revocó la cancelación de suspensión de sus derechos y se ordenó a la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia del Distrito Federal la reposición del procedimiento seguido en su contra, lo cual generó de nueva cuenta la vigencia de sus derechos como militante, por lo cual, actualmente, no existe afectación a su esfera jurídica, pues sólo podrá afectarse hasta el dictado de una nueva resolución sancionatoria definitiva.

 

Es infundada la alegación, porque el acto impugnado consiste en la omisión de respuesta a la petición referida, y tal omisión puede constituir, por sí sola, una infracción al derecho fundamental de petición, exigible a los órganos de los partidos políticos por sus militantes, respecto de su relación societaria, regida por la ley y por la normatividad interna de estas específicas asociaciones políticas.

 

Así pues, la reclamación del actor consiste en la conculcación de un derecho sustantivo.

 

TERCERO. El actor expresó los hechos y agravios siguientes:

 

UNO. Con fecha dieciséis de febrero del año dos mil cuatro, la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal resolvió en el expediente 055/2003, sancionarme con la cancelación de la afiliación.

 

DOS. En tiempo y forma, con fecha 22 de marzo del año 2004, recurrí ante la Comisión Nacional de Garantías, y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática (CNGyV del PRD) apelando dicha resolución.

 

TRES. En el expediente 56/DF/04 y ACUMULADOS, con fecha 20 de agosto el año 2004, rebasados con mucho los tiempos legales para emitir resolución, la CNGyV del PRD resuelve:

 

“SÉPTIMO. Se revoca y se deja sin efectos la cancelación de la membresía de los CC. MARIA DEL CARMEN PACHECO GAMIÑO, GONZALO PEDRO BARBARO ROJAS ARREOLA, y se ordena a la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia en el Distrito Federal, reponga el procedimiento, desde la admisión del escrito inicial de queja remita los autos a la mesa directiva del V Consejo Estatal en el Distrito Federal, para el trámite correspondiente, de conformidad con lo que se señala en el considerando QUINTO de la presente resolución, así mismo se ordena a la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia en el Distrito Federal, que notifique a este órgano superior, dentro de los diez días naturales posteriores a que emita la resolución correspondiente con respecto a estos consejeros estatales.”

 

CUARTO. En virtud de la resolución de la CNGyV en la que se revoca la cancelación de mi afiliación y se instruye a la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia la reposición del procedimiento, acudí a la Sesión del XII Pleno del V Consejo Estatal del PRD, realizada el 13 de octubre del 2004 en el Salón Covadonga; sin embargo, por instrucciones del C. Carlos Arturo Salazar Alvarado, Presidente de dicho Consejo me fue negado el registro y la participación como miembro que soy del Consejo Estatal, argumentando que no había sido notificado de la resolución de la CNGyV en la que se restituyen mis derechos partidarios y se ordena la reposición del juicio en contra mía, resolutivo que hasta la fecha, no ha sido acatado.

 

A mayor abundamiento, el C. Presidente del Consejo Estatal del PRD en el D.F., en respuesta a la pregunta que de manera verbal le formulé el 19 de enero del año en curso sobre la notificación de la CNGyV, me respondió que aún no ha sido notificado del resolutivo del 20 de agosto del 2004 ya referido, esto a pesar de que dicho resolutivo, en su numeral ocho, establece lo siguiente: “Notifíquese a ... la mesa directiva del V Consejo Estatal en el Distrito Federal en sus domicilios oficiales, los cuales deberán notificar a este órgano juzgador en un plazo no mayor a diez días hábiles, sobre el cumplimiento correspondiente de la presente resolución.”

 

CINCO. Una vez revocada, por la CNGyV, la sanción que me impuso la CEGyV del D.F. y rebasado el plazo de 60 (sesenta) días hábiles que marca el reglamento de la Comisión para que se inicie queja contra de algún miembro del PRD que se considere haya trasgredido los estatutos partidarios, con fecha 23 de noviembre del 2004, recurrí ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia solicitando lo siguiente:

 

UNO: se sirvan, previo análisis del caso, resolver que ha precluído el derecho del Comité Ejecutivo Estatal y/o de alguna otra instancia o militante del Partido de la Revolución Democrática de interponer queja alguna en contra del suscrito por los hechos que dieron lugar a la cancelación de mi afiliación y que por lo tanto queda firme la revocación de la sanción determinada por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática y, consecuentemente, que están a salvo mis derechos como militante y dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática.

 

DOS. Se me expida constancia de plena vigencia de mis derechos como Militante y Consejero Estatal del PRD en el Distrito Federal. Es de justicia y así procede.”

 

SEIS. De igual forma, con fecha 24 de noviembre del 2004, solicité por escrito a la Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD en el D.F., se me expidiera constancia de afiliación al PRD.

 

Han transcurrido más de cincuenta días de que las Comisiones Nacionales y Estatal de Garantías y Vigilancia recibieran mi escrito solicitando, tanto la declaratoria de preclusión de los derechos del CEE del PRD para reiniciar proceso alguno en contra mía por los hechos que dieran lugar a la cancelación de mi afiliación, como la expedición a mi favor de la respectiva constancia de afiliación y de vigencia de derechos partidarios, sin que a la fecha hayan dado la respuesta de la ley.

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, considero que tanto las Comisiones Nacionales y del Distrito Federal de Garantías y Vigilancia como el Comité Ejecutivo y la Mesa Directiva del Consejo Estatal del D.F., del Partido de la Revolución Democrática pretenden, de manera ilegal y por la vía de los hechos, mantenerme fuera del Partido de la Revolución Democrática a pesar de la resolución en contrario emitida por la misma Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD.

 

En consecuencia de lo anterior. Las Comisiones Nacional y Estatal de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática están violando, en mi perjuicio, las garantías de legalidad, imparcialidad, equidad y transparencia a que debe sujetarse el juzgado dejándome en la indefensión y causándome agravios de imposible reparación.”

 

CUARTO. La pretensión del actor es obtener respuesta de las comisiones de garantías y vigilancia, nacional y del Distrito Federal, del Partido de la Revolución Democrática, a  las solicitudes formuladas el veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro y, como causa de pedir, afirma la presentación de los escritos citados, sin obtener contestación hasta el momento de la promoción del presente juicio.

 

Son fundados los motivos de inconformidad.

 

Los artículos 8° y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén el derecho de petición en materia política para los ciudadanos de la república, al establecer, esencialmente, el deber de los funcionarios y empleados públicos de respetarlo, cuando sea ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

 

Para observar ese derecho, a toda petición formulada conforme con la constitución, deberá dictarse un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido la solicitud, y comunicarla al peticionario, en un término breve.

 

Los dirigentes de los partidos políticos también deben respetar ese derecho a sus militantes, por ser de carácter fundamental, para cumplir con su obligación de ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático de derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Esto es, para cumplir con el derecho de petición, los dirigentes de los órganos partidistas, al igual que las autoridades, deben realizar lo siguiente:

 

1. Expresar una respuesta por escrito, en un término breve, con independencia del sentido de la respuesta.

 

2. Comunicarla al peticionario.

 

En cuanto a la omisión atribuida a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, consta lo siguiente.

 

El veintitrés de noviembre del dos mil cuatro, el promovente solicitó por escrito lo siguiente: a. Declarar la extinción del derecho del Comité Ejecutivo Estatal y de alguna otra instancia o militante del partido, de interponer queja en su contra, con base en los hechos por los cuales se canceló su afiliación y, por tanto, la firmeza de la resolución en la cual se revocó dicha cancelación y la vigencia de sus derechos, y b. La expedición de una constancia de vigencia plena de sus derechos como militante y Consejero Estatal del partido, en el Distrito Federal.

 

Esa solicitud se formuló por escrito, respetuosa y pacíficamente, al no advertirse la expresión de insultos, ofensas, ni amenazas, al órgano al cual se dirige.

 

En atención a esa petición, el órgano partidista responsable emitió el acuerdo siguiente:

 

“… visto el escrito de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil cuatro, que presentó el C. GONZALO PEDRO BÁRBARO ROJAS ARREOLA, a través del cual solicita a este Órgano Jurisdiccional, resuelva con respecto a la resolución que emitió esta Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia en fecha veinte de agosto del año dos mil cuatro, que ha precluído el derecho del Comité Ejecutivo Estatal en el Distrito Federal y/o de alguna otra instancia de dirección o militante del Partido de la Revolución Democrática de interponer queja alguna en contra del actor por los hechos que dieron lugar a la cancelación de su afiliación dentro del expediente 055/2003, radicada en la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia del Distrito Federal, en razón de esto, se emite el siguiente:

 

AUTO

 

PRIMERO. En fecha veinte de agosto del año dos mil cuatro, esta Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia emitió resolución al expediente 56/DF/04 Y ACUMULADOS, dentro del cual derivado de la violación al procedimiento que se efectúo en contra del C. GONZALO PEDRO BARBARO ROJAS ARREOLA, quien ostenta el cargo de consejero estatal, se indicó en el punto resolutivo séptimo lo siguiente.

 

“... Se revoca y se deja sin efectos la cancelación de la membresía de los C.C MARÍA DEL CARMEN PACHECO GAMIÑO, GONZALO PEDRO BÁRBARO ROJAS ARREOLA y se ordena a la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia en el Distrito Federal, reponga el procedimiento desde la admisión del escrito inicial de queja y remita los autos a la mesa directiva del V Consejo Estatal en el Distrito Federal, para el trámite correspondiente, de conformidad con lo que se señala en el considerando QUINTO de la presente resolución, así mismo se ordena a la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia en el Distrito Federal, que notifique a este órgano superior, dentro de los diez días naturales posterior a que emita la resolución correspondiente con respecto a estos consejeros estatales.” SEGUNDO. En el punto resolutivo octavo se ordena se notifique a la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia, a la Mesa Directiva del V Consejo Estatal en el Distrito Federal, y a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Distrito Federal en sus domicilios oficiales, los cuales deberán notificar a este órgano juzgador en un plazo no mayor a diez días hábiles, sobre el cumplimiento correspondiente de la presente resolución.

 

TERCERO. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 23 numeral 6 inciso d) del Estatuto, se le requiere a la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia en el Distrito Federal, informe sobre el estado que guarda el procedimiento que debió reponer y el estado procesal del recurso inicial que presentó ante ese Órgano Jurisdiccional el Comité Ejecutivo Estatal del Distrito Federal y que fue radicado ante esa instancia bajo el expediente 055/2003, en un plazo no mayor de veinticuatro horas a partir de su notificación legal.

 

CUARTO. Se le requiere a la Mesa Directiva del Consejo Estatal en el Distrito Federal, informe sobre el cumplimiento a la resolución emitida por esta Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, en un plazo no mayor de veinticuatro horas a partir de su notificación legal.

 

Notifíquese el presente auto a la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia en el Distrito Federal y a la Mesa Directiva del Consejo Estatal en el Distrito Federal en sus domicilios legales.”

 

Ese acuerdo se notificó a los órganos requeridos el veintiuno y veintisiete siguientes y, por tanto, en principio, podría considerarse un acto tendente a dar contestación a lo solicitado, pues se hizo con la finalidad de allegarse de los elementos necesarios a fin de estar en condiciones de atenderla. Sin embargo, a la fecha no existe constancia o dato alguno del cual se advierta la continuidad dada por la responsable a ese requerimiento, aun cuando expresamente señaló un plazo de veinticuatro horas, a las órganos requeridos para emitir su respuesta.

 

Esto es, la responsable asumió una actitud pasiva en relación con la petición del promovente, después de pedir el informe mencionado, sin persistir ante la falta de respuesta, aun cuando tiene el deber de contestar en un plazo breve.

 

A lo anterior se suma la omisión de la responsable de comunicar tal acto.

 

Por tanto, como han transcurrido tres meses, a partir de la presentación de la solicitud ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, lo cual se estima un plazo razonable para que ésta la hubiera atendido, se vulnera el derecho de petición de Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arréola, y la transgresión se incrementa con la falta de comunicación al actor de los trámites realizados al respecto.

 

En consecuencia, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de Revolución Democrática deberá contestar las peticiones formuladas por el actor, en el escrito de veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, en un plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a la notificación del presente fallo, y comunicar las respuestas atinentes al interesado, debiendo informar sobre el cumplimiento dentro de los tres días siguientes.

 

También es fundado el motivo de inconformidad relacionado con la omisión reclamada a la Comisión de Garantías y Vigilancia del Distrito Federal, por lo siguiente:

 

El veinticuatro de noviembre del dos mil cuatro, el actor solicitó a dicha comisión la expedición de una constancia de afiliación al partido.

 

En contestación a esa petición, el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, la responsable dictó un acuerdo en los términos siguientes:

 

“1. La Comisión de Garantías y Vigilancia sólo expide constancia de vigencia de derechos, por lo tanto no se le puede expedir la constancia de afiliación, por no ser el órgano competente para solicitarla.

 

2. Se le hace saber al solicitante C. Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arréola, que por acuerdo del pleno de fecha diez de noviembre de dos mil cuatro, esta comisión determinó que las constancias de vigencia de derechos se expedirían a partir del primero de diciembre del año en curso.

 

3. Por lo anterior, deberá presentar la solicitud de vigencia de derechos por escrito, acompañando copia de la credencial de elector y constancia de afiliación a partir de la fecha citada.”

 

El acuerdo no se hizo del conocimiento del actor, según se advierte del informe circunstanciado rendido por la responsable.

 

Por tanto, aun cuando se haya emitido la respuesta a la petición formulada por Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arréola, la falta de comunicación vulnera su derecho de petición.

 

El órgano de justicia partidaria local responsable defiende su posición, con el argumento de que su obligación consiste, únicamente, en notificar la respuesta al interesado, cuando comparezca a la sede de la comisión, y no personalmente en lugar distinto.

 

No asiste la razón al órgano responsable, por lo siguiente.

 

El artículo 8º constitucional omite establecer la forma en la cual deben comunicarse las contestaciones dadas a las solicitudes formuladas por lo ciudadanos, en ejercicio de su derecho de petición.

 

La legislación electoral tampoco impone a la organización y funcionamiento de los partidos políticos, alguna forma determinada para la validez de las comunicaciones o notificaciones de los actos de sus órganos a los demás entes internos o a los militantes, en cuya situación se encuentran los actos y resoluciones de las comisiones de justicia partidaria.

 

Los conocimientos aportados, en los dos párrafos precedentes, conducen a la determinación de que los partidos políticos gozan de plena libertad para establecer la forma de comunicar válidamente los actos y resoluciones de sus órganos, por no existir alguna disposición donde se exija imperativamente la adopción de forma determinada, ni la prohibición jurídica de asumir alguna de ellas. Esto, con la condición natural de que las formas elegidas sean aptas para el cumplimiento real y eficaz de los fines perseguidos con las actuaciones de esa índole, en cada situación peculiar.

 

La elección de las formas debe hacerse mediante previsiones generales, abstractas e impersonales, destinadas a regir todos los casos con características semejantes, como garantía de certeza y seguridad de quienes se involucren en los actos o procedimientos objeto de las comunicaciones, al ponerlos en aptitud de conocer las previsiones anticipadamente, y de actuar como les corresponda en ellas, pues, de lo contrario, se podría dar lugar a un acto excesivo o abusivo por parte de la autoridad.

 

En esas previsiones, se podrán imponer ciertas cargas a los sujetos involucrados, para dar operatividad a la actuación de las autoridades u órganos obligados a hacer las notificaciones, con fundamento en el deber cívico de los integrantes de la organización, de colaborar para la consecución de los fines societarios (acogido por el artículo 4, apartado 2, incisos a), c), d), e i), de los estatutos, del Partido de la Revolución Democrática), siempre y cuando tales cargas se puedan satisfacer con facilidad, sin alterar en lo esencial las formas de vida ordinarias de la generalidad de las personas, tomando como referente el medio social determinado correspondiente, y no resulten excesivas para el actuar cotidiano de los destinatarios. Esto es, debe existir una relación de proporcionalidad entre las cargas correspondientes y el desarrollo ordinario del peticionario, así como su capacidad para soportarlas.

 

Un ejemplo de este tipo de cargas se actualiza, entre otros supuestos, con la exigencia al peticionario de señalar domicilio para recibir notificaciones.

 

En la normatividad del partido, atinente al derecho de petición, no se advierte la existencia de alguna regulación específica sobre la forma de notificar la respuesta al peticionario, pues sólo se aprecia un artículo en el cual se fija un plazo para dar contestación a las solicitudes planteadas por los militantes, pero sin elementos para desprender una forma específica de notificación (artículo 4, apartado 1, inciso l), del estatuto).

 

La falta de disposición específica conduce, como siguiente paso, a la búsqueda de una solución, basada en los principios informadores de esta materia en la organización interna del partido político, relacionados con la forma de comunicar los actos de sus órganos, con especial atención en los procedimientos de la competencia de las comisiones locales de justicia partidaria.

 

En el Reglamento de la Comisión de Garantías y Vigilancia del Distrito Federal, se establece:

 

1. La carga de los promoventes de un medio de impugnación, de proporcionar su domicilio y número telefónico, para recibir notificaciones (artículo 15).

 

2. El deber de la autoridad de notificar, a la brevedad, las resoluciones a las partes de un procedimiento, y a cualquier otro órgano o ente partidista, en el órgano oficial del partido o por cualquier otro medio eficaz (artículo 33).

 

3. Las formas de notificación personal, por estrados, por oficio, por correo certificado, por fax, por telegrama y por teléfono (artículo 43).

 

4. La presunción de tener por notificados los acuerdos y resoluciones a las partes, cuando se actualice alguno de los casos siguientes (artículo 44):

 

a) Si el interesado se da por enterado, personalmente ante la comisión, o cuando de sus actos se desprenda el conocimiento del asunto.

 

b) Si recibe, en su domicilio, por mensajería o correo certificado, el acuerdo o resolución correspondiente.

 

c) Si se le entrega, por cualquier medio electrónico, que con garantía suficiente del acuse de recibo inmediato, el acuerdo o resolución correspondiente.

 

d) La publicación de la resolución o acuerdo, por estrados o por boletín, si así procede.

 

En el Reglamento de Garantías y Disciplina Interna, se reitera:

 

1. La carga de los promoventes, de señalar un domicilio para recibir notificaciones, un número de fax o una dirección electrónica (artículo 26).

 

2. La atribución de la autoridad, de practicar las notificaciones por fax, por medios electrónicos, por estrados o por correo, si se recaba constancia de tal notificación, suficiente para acreditar la eficacia de la comunicación de los actos o resoluciones objeto de ésta (artículo 35).

 

3. La determinación validez de la notificación, la indicación de notificar por estrados, cuando las partes omitan señalar domicilio o cualquier otro medio de los previstos, para recibir la notificación (artículo 35).

 

De estas disposiciones se pueden extraer algunos principios informativos, relacionados con la forma de comunicar los actos en la organización y funcionamiento del Partido de la Revolución Democrática, enunciados a continuación.

 

I. Quien haga alguna petición o se vea sujeto a un procedimiento ante las comisiones locales de justicia partidaria, tienen la carga de citar en su escrito inicial domicilio para recibir notificaciones, o un número telefónico, un número de fax o una dirección de correo electrónico.

 

II. La obligación de la autoridad de notificar al actor, en los términos siguientes:

 

a) Cuando el actor incumpla con la carga de proporcionar domicilio o algún otro de los datos autorizados por el reglamento para la recepción de notificaciones, éstas se practicarán válidamente por estrados.

 

b) Cuando se señale, sólo una de las formas previstas para recibir notificaciones, la actuación se llevará a cabo por el medio indicado.

 

c) Cuando se proporcionen los datos concernientes a dos o más formas establecidas (domicilio y fax; teléfono y correo electrónico, etc.) el órgano se encuentra en aptitud de elegir, entre los señalados, el idóneo para la comunicación, pero deberá recabar, como en los demás casos, el medio de prueba de la eficacia de la actuación, es decir la recepción por el interesado.

 

Por tanto, ante la ausencia de normas específicas sobre la forma de comunicar las respuestas dadas a los miembros del partido en respeto al derecho de petición, la responsable debe ajustarse a los principios citados para comunicar la respuesta.

 

En el caso, en el documento donde consta la petición presentada por el actor, el veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, se precisa solamente domicilio para recibir notificaciones.

 

Ante ese hecho, la comisión responsable quedó obligada a notificarle la respuesta dada a la petición, en el domicilio señalado para ese efecto por el actor, así como a recabar la prueba conducente.

 

Por tanto, no asiste razón a la Comisión de Garantías y Vigilancia del Distrito Federal, respecto a que su obligación radica únicamente a notificar la respuesta dada al actor en la sede de dicho órgano, cuando el peticionario se presente, sino que debe notificar la contestación recaída al escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, en el domicilio señalado para este objeto por Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arréola.

 

En consecuencia, al no haberlo hecho así, procede condenarlo al cumplimiento de su obligación, para lo cual se le concede un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la recepción de la notificación de esta ejecutoria, debiendo informar sobre el cumplimiento dentro de los tres días siguientes.

 

Cabe aclarar que lo considerado anteriormente no excluye la posibilidad de practicar la notificación personalmente con el interesado en la sede del órgano partidista, en el caso de que el peticionario acuda voluntariamente, porque lo único estimado contrario a la normativa interna radica en la exigencia de tal comparecencia como único medio para recibir la notificación.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

 

R E S U E L V E

 

PRIMERO. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, del Partido de la Revolución Democrática, deberá responder la solicitud formulada por el actor, el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta sentencia, y comunicar las respuestas atinentes al interesado, en los términos previstos por su normatividad interna, debiendo informar sobre el cumplimiento dado dentro de los tres días siguientes.

 

SEGUNDO. La Comisión de Garantías y Vigilancia en el Distrito Federal, del Partido de la Revolución Democrática, deberá notificar a Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arréola la respuesta recaída a la solicitud precisada en este fallo, en la forma indicada en la parte considerativa, dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta ejecutoria, debiendo informar sobre el cumplimiento dentro de los tres días siguientes.

 

Notifíquese. Personalmente al actor, en el domicilio señalado al efecto; por oficio, acompañándole copia certificada de esta sentencia, a las comisiones de garantías y vigilancia, nacional y del Distrito Federal, del Partido de la Revolución Democrática y, por estrados, a los demás interesados.

 

Devuélvase la documentación correspondiente y remítase el expediente al archivo jurisdiccional como asunto concluido.

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Conste.

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

 

ELOY FUENTES CERDA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADA

 

 

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA