JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: SUP-JDC-076/2002
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MAGISTRADO PONENTE: JOSE DE JESUS OROZCO HENRIQUEZ
SECRETARIO: HUGO DOMÍNGUEZ BALBOA
México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil dos. VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado, integrado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Juan Pérez González, en contra de la resolución CG110/2002 del Consejo General del Instituto Federal Electoral emitida el diecisiete de abril de dos mil dos en el expediente JGE/QJIOC/CG/025/2001 y acumulados, mediante la cual resolvió, entre otros puntos, declarar parcialmente fundada la queja presentada por el hoy actor en contra del Partido de la Revolución Democrática, y
I. El veintiocho de diciembre de dos mil uno, Juan Pérez González presentó escrito de queja ante la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que señaló, en síntesis, que el Partido de la Revolución Democrática habría violentado disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al omitir publicar la convocatoria interna para seleccionar candidatos a diputados locales prevista en el Reglamento General de Elecciones Internas de dicho partido político, a efecto de participar en la elección de diecisiete de febrero de dos mil dos en el Estado de Hidalgo. El entonces inconforme argumentó centralmente que con tal omisión el partido de referencia violentaba diversas disposiciones legales y estatutarias, solicitó que fuera respetada la normativa y se inhabilitara a los candidatos a diputados que habían sido registrados por el mencionado instituto político.
II. El diecisiete de abril de dos mil dos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió en sesión ordinaria la resolución CG110/2002, a través de la cual resolvió, junto con otras, la queja antes mencionada (expedientes JGE/QJIOC/CG/025/2001 y acumulados), en términos de los siguientes puntos resolutivos:
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PRIMERO.- Se declara fundada la queja presentada por los CC. Ignacio Olvera Caballero, José Isabel García Sánchez, Aloys Aguilar Villeda, Rogelio Cruz Escamilla, Francisca Olvera Caballero, Ana Brisa Ramos Ramírez y Catalina Martínez Mayor, en contra del Partido de la Revolución Democrática.
SEGUNDO.- Se declaran parcialmente fundadas las quejas presentadas por los CC. Juan Pérez González, Martha Guerrero Trejo, Angel Eleazar Sosa Beiza, Juan Ortiz Simón, Angela Millán León, María Teresa Samperio León, Alfonso Navarrete Villa, José Guadalupe Ordaz Calva, Heladio Pérez Peña y José Cuauhtémoc Fernández Hernández, en contra del Partido de la Revolución Democrática.
TERCERO.- Se sanciona al Partido de la Revolución Democrática con una multa consistente en cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en términos del artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
CUARTO.- La multa deberá ser pagada en la Dirección Ejecutiva de Administración del propio Instituto en términos de lo dispuesto por el artículo 270, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
QUINTO.- En su oportunidad archívese del presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.
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III. El siete de mayo de dos mil dos, Juan Pérez González promovió por su propio derecho, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la resolución indicada en el resultando inmediato anterior.
IV. El veinte de mayo de dos mil dos, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio número SCG/230/2002, de la misma fecha, por el cual el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, remitió el expediente JTG-038/2002, integrado con: A) El escrito inicial de demanda relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, suscrito por Juan Pérez González; B) Acuerdo de recepción del propio medio de impugnación de diez de mayo de dos mil dos; C) Cédula de publicitación del mismo y razón de su fijación en estrados de catorce de mayo de dos mil dos, y D) Informe circunstanciado de ley.
V. El veinte de mayo de dos mil dos, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó turnar el presente expediente al Magistrado Electoral José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, acuerdo cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-631/02, de la misma fecha, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.
VI. Al advertir que en la especie se actualiza una causa de improcedencia, el magistrado instructor propuso el desechamiento de plano de la demanda relativa al presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo establecido en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4° y 83, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
SEGUNDO. Por ser su examen de carácter preferente y de orden público, se analizará en principio si en el caso bajo estudio se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento de plano de la demanda, al existir un obstáculo que impide la válida constitución del proceso y, con ello, imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre la controversia planteada.
Esta Sala Superior considera que debe desecharse de plano el presente medio de impugnación según los motivos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación:
En esencia, y con apoyo en lo establecido en la tesis de jurisprudencia emitida por esta Sala Superior, consultable bajo el rubro “MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCION DEL ACTOR”, en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento número 3, Año 2000, página 17, se advierte que la pretensión del ahora enjuiciante se hace consistir en que, como reparación del acto reclamado, se le restituya en su derecho ciudadano de ser votado, mediante la inhabilitación de los candidatos que en su momento fueron registrados por el Partido de la Revolución Democrática y, en su lugar, se registre al hoy actor como candidato de dicho instituto político a diputado de representación proporcional en el Estado de Hidalgo. En tal sentido, argumenta el ahora enjuiciante, estaría en posibilidad de ser votado en las elecciones locales que tuvieron verificativo el diecisiete de febrero de dos mil dos.
Al respecto, existe razón evidente que lleva a concluir que el presente medio de impugnación es improcedente, en tanto que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los artículos 36 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y 17, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se actualiza la causa de improcedencia consistente en que, aun en el supuesto de ser fundados los agravios esgrimidos, la reparación solicitada no es factible antes de la fecha constitucional y legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, por lo que, en consecuencia, debe decretarse el desechamiento de plano del mismo.
En efecto, el artículo 99, párrafo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena expresamente:
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Artículo 99
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Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:
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IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes;
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A su vez, los artículos 36 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y 17, fracción I, de la ley electoral local, prevén respectivamente:
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Artículo 36
El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión de su cargo los integrantes de la nueva legislatura el día primero de abril del año respectivo.
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Artículo 17
Las elecciones ordinarias en el Estado se llevarán a cabo:
I. Para Diputados y Gobernador se realizarán cada tres y seis años respectivamente, el tercer domingo del mes de febrero; tanto los Diputados, como el Gobernador tomarán posesión de sus cargos el día primero de abril del año de la elección; y
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En ese orden de ideas, si la fecha en que se promovió el medio de impugnación bajo estudio (siete de mayo de dos mil dos), es evidentemente posterior a la fecha prevista en las disposiciones de orden constitucional y legal precisadas para que los candidatos electos tomaran posesión de sus cargos y se instalara el órgano legislativo estatal (primero de abril de dos mil dos), resulta obvio que el presente medio de impugnación es improcedente al no ser factible la reparación solicitada, aun en el supuesto de ser fundados sus agravios.
Es decir, con fundamento en el mencionado artículo 99, párrafo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere para la procedencia de la presente vía: a) Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y b) Que ello sea factible antes de la fecha constitucional y legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos.
Por tanto, si bien la autoridad responsable desestimó la pretensión del entonces quejoso argumentando centralmente que con base en el principio de definitividad se hacía jurídica y materialmente imposible la reparación solicitada, toda vez que el registro reclamado se había llevado a cabo dentro de la etapa de preparación de la elección que ya había concluido (causa relacionada sustancialmente con la primera de las condiciones mencionadas en el párrafo anterior), es de considerar que en el presente caso se actualiza, además, en forma fehaciente e indubitable, la segunda y distinta condición prevista constitucionalmente, sobre la cual no emitió pronunciamiento alguno la ahora responsable.
En efecto, según se desprende del texto de la resolución impugnada, cuyo contenido en lo conducente transcribe el propio actor en su escrito inicial de demanda, la ahora autoridad responsable externó que el acto reclamado resultaba material y jurídicamente imposible de reparar en virtud del principio de definitividad, rector del desarrollo de un proceso electoral, por el cual los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales adquieren firmeza a la conclusión de cada una de las etapas del proceso, tal y como ocurría con el registro de candidatos impugnado, celebrado, precisamente, en la etapa de preparación de la elección que para entonces ya había concluido.
En tal sentido, la autoridad responsable consideró en lo conducente que:
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10. Los ciudadanos mencionados en el considerando anterior también solicitan que, en virtud de las violaciones a sus derechos político electorales cometidas por el Partido de la Revolución Democrática, este Instituto Federal Electoral inhabilite a los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, registrados por dicho partido ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y en su lugar sean registrados los quejosos, en la forma y términos que quedaron asentados previamente.
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En virtud de lo anterior, y atendiendo al criterio reiterado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que las resoluciones y los actos emitidos por las autoridades electorales, en relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, se genera la imposibilidad jurídica de hacer la reparación correspondiente, ya que de lo contrario se dejaría de observar el principio mencionado, pues se pretendería regresar a las etapas concluidas y que han adquirido firmeza.
En el caso que nos ocupa, los CC. Juan Pérez González, Martha Guerrero Trejo, Angel Eleazar Sosa Beiza, Juan Ortiz Simón, Angela Millán León, María Teresa Samperio León, Alfonso Navarrete Villa, José Guadalupe Ordaz Calva, Heladio Pérez Peña y José Cuauhtémoc Fernández Hernández, presentaron las quejas de mérito una vez que había concluido la etapa de registro de candidatos llevada a cabo por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En consecuencia, resulta jurídica y materialmente imposible reponer el procedimiento interno de selección de candidatos del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que, como ya se señaló, las etapas de los distintos procesos electorales, una vez superadas, adquieren definitividad y firmeza.
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Sirven de apoyo a las consideraciones anteriores las siguientes tesis de jurisprudencia, emitidas por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
“PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES). Transcripción.
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“REGISTRO DE CANDIDATOS. MOMENTO EN QUE ADQUIERE DEFINITIVIDAD” (Legislación del Estado de Chihuahua). Transcripción.
De las tesis anteriores es posible concluir que, con la finalidad de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos, las constituciones, tanto de la República como locales, prevén el principio de definitividad, que se traduce en la imposibilidad de regresar a etapas agotadas de un proceso electoral. Tal principio tiene repercusión en algunos actos que llevan a cabo los partidos políticos, como los relativos a la selección interna de sus candidatos, pues la etapa de registro de candidatos ante las autoridades electorales debe realizarse dentro de las fechas marcadas en la ley.
En consecuencia, si la presente denuncia por violaciones legales en el procedimiento interno para elegir a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática a contender en el proceso electoral celebrado en el Estado de Hidalgo se presentó incluso después de haber concluido la etapa de registro de candidatos, resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación que, en su caso, se hubiese cometido.
Por lo tanto, tampoco es posible acceder a la petición de que este Instituto inhabilite a los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, registrados por el Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y en su lugar sean registrados los promoventes de las presentes quejas.
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De lo que antecede se hace patente que el presente medio de impugnación es improcedente y se debe desechar de plano por una causa de orden constitucional, no invocada por la autoridad responsable al desestimar, en la resolución de mérito, la misma pretensión que ahora sostiene el impetrante.
El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones y que esta vía impugnativa procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos.
En la disposición constitucional invocada se contempla la posibilidad jurídica de impugnar ante este órgano jurisdiccional federal ciertos actos o resoluciones administrativo-electorales o jurisdiccionales de las autoridades competentes de las entidades federativas y para ello se exige necesariamente la satisfacción de ciertos requisitos que esta Sala Superior ha determinado que constituyen presupuestos o requisitos de procedibilidad de carácter general, entre ellos, no sólo (i) que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales sino también (ii) que la reparación solicitada sea posible antes de la fecha constitucional o legalmente establecida para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos.
Si bien en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, constitucional los requisitos de procedibilidad indicados se relacionan con la posibilidad jurídica de impugnar ciertos actos o resoluciones que se emitan por las autoridades competentes de las entidades federativas, la Constitución General de la República no establece en forma alguna que esos requisitos sólo sean exigibles cuando la impugnación de tales actos o resoluciones se realice mediante algún medio específico de los que establece la ley reglamentaria. Por lo tanto, tales requisitos de procedibilidad no son privativos de algún medio impugnativo comicial específico de los que establece la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral sino que son exigibles, entre otros, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
No obsta a la anterior conclusión que dichos requisitos de procedibilidad no estén previstos expresamente en la ley ordinaria, toda vez que dichos presupuestos, por estar previstos en una norma de rango constitucional, constituyen requisitos de carácter constitucional, razón por la cual el legislador ordinario no está en posibilidad de variarlos, de conformidad con el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Similar criterio fue sustentado por esta Sala Superior en la ejecutoria recaída en el expediente SUP-JDC-009/2002, fallado el trece de febrero de dos mil dos.
Tales requisitos de procedibilidad constituyen verdaderos presupuestos procesales, toda vez que son condiciones o antecedentes necesarios para la válida integración y desarrollo de la relación procesal. En el caso particular, el requisito constitucional de procedencia consistente en que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos se establece como un presupuesto procesal, porque si la reparación solicitada no es factible antes de la fecha señalada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, entonces no se da una condición necesaria para constituir una relación jurídica procesal válida, es decir, existe un obstáculo que impide la válida constitución del proceso y, con ello, se imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre la controversia planteada.
Asimismo, es importante dejar establecido que el surtimiento del requisito de procedencia señalado debe determinarse en función de la correlación que se establezca, por una parte, entre el momento en que surja la sentencia estimatoria, que, en su caso, pudiera llegar a emitirse en el juicio, lo que tiene verificativo en la sesión de resolución con la votación del asunto y la declaración de los puntos resolutivos que formula el presidente de este órgano jurisdiccional, conforme con lo establecido en el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por otra, con las fechas de la instalación o de la toma de posesión, señaladas en los preceptos citados, y únicamente habrá lugar a darlo por satisfecho si se determina que la sentencia estimatoria que se llegare a pronunciar, pudiera emitirse antes de que ocurrieran los actos indicados, toda vez que cuando en el fallo se resuelve acoger la pretensión del actor, el efecto que se produce, en términos de lo dispuesto en el artículo de 84, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es el de revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir al promovente en el uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado.
Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia sostenida por esta Sala Superior bajo el rubro: “REPARABILIDAD, COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL. DEBE DETERMINARSE EN FUNCION DEL MOMENTO EN QUE SURGE LA SENTENCIA Y NO SOBRE LA BASE DE ALGUN OTRO ACTO PROCESAL”, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento número 2, Año 1998, páginas 23 y 24.
Asimismo, debe dejarse establecido que la instalación de los órganos y toma de posesión de los funcionarios electos sólo determinan la improcedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano si tales sucesos tienen un carácter definitivo.
En efecto, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción V del mismo precepto constitucional, el presente medio de impugnación sólo procederá, conforme con lo razonado, cuando la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos. Ahora bien, si entre los valores tutelados por la norma constitucional invocada destacan la seguridad y la certeza debida a los ciudadanos en cuanto a la actuación de los órganos instalados y los funcionarios que los integran, en el ejercicio de la función pública que constitucionalmente y legalmente les corresponde, tales valores podrían ser vulnerados si no se garantizan la permanencia y continuidad de su actuación, al ser posible que, posteriormente a que ocurran tales actos de orden constitucional y legal, se pudiese declarar la ineficacia de la instalación definitiva del órgano, o de la toma de posesión definitiva de los funcionarios electos. Por esta razón, atendiendo a los valores involucrados, destacadamente la importancia fundamental concedida por el órgano revisor de la Constitución a los principios de constitucionalidad y legalidad respecto de los actos y resoluciones electorales y al sistema de garantías constitucionales establecido para su protección, y ante la necesidad de evitar en ciertas condiciones la ineficacia de un órgano estatal con la consecuente incertidumbre en la atención de las funciones estatales y los servicios públicos, se estableció en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, constitucional el aludido requisito de procedibilidad. Por consiguiente, dado que uno de los valores tutelados por el órgano revisor de la Constitución en la norma constitucional invocada es la certidumbre de la ciudadanía, en cuanto al funcionamiento regular de los órganos instalados y la actuación de los servidores públicos que los integran, es incuestionable que el sentido de las expresiones “instalación de los órganos” y “toma de posesión de los funcionarios elegidos” debe entenderse no únicamente en su aspecto formal sino en su contenido material, consistente en la entrada efectiva en el ejercicio de la función, mediante la realización de las actividades competentes del órgano o funcionario en uso de sus atribuciones legales, es decir, que se esté en presencia de una instalación de los órganos o de una toma de posesión previstas constitucional y legalmente, que hayan ocurrido en forma real, plena, verdadera y, por ende, definitiva, ya que sólo en estas condiciones podría verse afectado el valor constitucionalmente tutelado.
La existencia del referido valor protegido por el órgano revisor de la Constitución, consistente en la seguridad de los gobernados en lo concerniente a la estabilidad en las funciones de los órganos o de los funcionarios públicos, ha sido reconocido por esta Sala Superior en la tesis relevante de rubro: “INSTALACION DE LOS ORGANOS Y TOMA DE POSESION DE LOS FUNCIONARIOS ELEGIDOS. SOLO DETERMINAN LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SI SON DEFINITIVOS”, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento número 2, Año 1998, páginas 55 y 56.
Esta Sala Superior no pasa por alto que la tesis relevante invocada anteriormente se refiere en forma expresa a un requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, pero no obstante ello, en atención al fin perseguido, debe entenderse que se trata, como se ha razonado, de un requisito de procedencia de carácter constitucional aplicable, entre otros, al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, lo que se traduce en la imposibilidad jurídica de emitir una resolución de fondo sobre las cuestiones debatidas, al faltar un requisito necesario para establecer una relación procesal válida; en particular, la falta de tal presupuesto procesal implica la imposibilidad jurídica de dictar una sentencia sustancial respecto de posibles irregularidades en un registro de candidatos o de una elección si el órgano respectivo se ha instalado definitivamente con los funcionarios que resultaron elegidos con motivo de la celebración de un proceso electoral y éstos han tomado posesión constitucional, legal y material de sus cargos, ya que no existe razón jurídica alguna para sostener que la seguridad debida a los ciudadanos respecto de las autoridades instaladas y su funcionamiento correcto y adecuado sólo opera excepcionalmente en un tipo específico de medio impugnativo sino que se trata de un valor que informa el sistema de medios de impugnación en materia electoral en su conjunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la especie, como ya se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, en relación con la fracción V del propio precepto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente establecida para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, toda vez que, como también se ha analizado con antelación, la reparación solicitada consistente en la restitución del derecho político-electoral presuntamente violado, no es en modo alguno factible, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en relación con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, los diputados integrantes de la nueva legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo tomaron posesión definitiva de su cargo el primero de abril del año en curso, lo que, además, constituye un hecho notorio para esta Sala Superior, que se invoca en términos de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Por consiguiente, resulta evidente que la reparación solicitada no es posible antes de la fecha constitucional y legalmente fijada para la toma de posesión definitiva de los funcionarios electos, toda vez que la toma de posesión definitiva de los diputados electos, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, tuvo verificativo el pasado primero de abril de dos mil dos.
En consecuencia, aun en el caso supuesto de que se llegaran a estimar fundados los agravios del ahora actor, la sentencia estimatoria carecería de todo efecto, toda vez que la restitución solicitada sería imposible, desde un punto de vista fáctico, antes de la fecha constitucional y legalmente establecida para la toma de posesión de los funcionarios electos.
Aunado a lo anterior, esta Sala Superior advierte un diverso motivo que impide el pronunciamiento de fondo en la controversia planteada, el cual deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentra contenido en los artículos 35, fracciones I y II, y 41, segundo párrafo, fracción I, en los que se establecen los principios fundamentales para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mismos que en un régimen democrático como lo es el Estado Mexicano, en términos del artículo 40 del invocado ordenamiento federal, el cual dispone que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal, deben acatarse para que un ciudadano acceda válida y legalmente al ejercicio del poder público, legitimando de esta manera su actuar.
Con relación a la controversia que se examina, los que interesan son los siguientes:
a) Que una de las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos la constituye el derecho de voto;
b) Que, otra, la de poder ser votado para todos los cargos de elección popular, siempre y cuando se tengan las calidades que establezca la ley, y
c) Que los partidos políticos como entidades de interés público tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Estos principios son recogidos en similares términos, en los artículos 17, fracciones I y II, y 24, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por lo que al igual que en la legislación federal, para que un ciudadano pueda acceder a un cargo de representación popular en el mencionado Estado, necesariamente debe ser elegido en las urnas, a través del voto de los electores.
De lo anterior se puede concluir, válidamente, que tanto la Constitución federal como la local otorgan a las personas consideradas como ciudadanos, por un lado, el derecho de participar mediante la emisión de su voluntad en la elección de sus gobernantes y, por otro, la de figurar como candidatos en tal designación, cumpliéndose con los requisitos que al efecto prevea la ley correspondiente.
En estos términos, para que un ciudadano esté en posibilidad de ejercer el derecho político-electoral de ser votado antes mencionado, es necesario que, además de cumplir con las calidades que establezca la ley, dentro de las cuales se encuentran, la relativa a ser postulado por un partido político a un cargo de elección popular, acceda a dicho puesto, mediante el sufragio, así como cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en la legislación atinente.
Esto es, el voto dentro de una democracia representativa es fundamental para la formación de los órganos del Estado. En el caso de nuestro país, en la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya sean federales o locales, así como para la elección de los miembros de los ayuntamientos. De esta manera, corresponde a los ciudadanos, en ejercicio de su derecho político-electoral de voto activo, elegir a las personas que los han de representar en los órganos de elección popular, requisito sine qua non para poder ocupar dicho cargo, pues en términos de los artículos 35, fracción I, y 36, fracción III, constitucionales y 17, fracción I, y 18, fracción IV, del ordenamiento constitucional local, es una prerrogativa y una obligación de los ciudadanos de la República y de los ciudadanos del Estado de Hidalgo, votar en las elecciones populares, disposición que se materializa al acudir a las urnas a elegir al candidato de su preferencia, siempre y cuando el elector esté incluido en la lista nominal de electores y cuente con su credencial para votar con fotografía, quedando a cargo de la autoridad administrativa electoral cuidar la satisfacción plena de las características como debe emitirse el sufragio, no previéndose legalmente ni existiendo alguna otra vía para lograr tal propósito.
Tomando en cuenta lo anterior, es evidente que aun en el supuesto de que este órgano jurisdiccional estimara que resultaran fundados los agravios esgrimidos por el enjuiciante y suficientes para revocar la resolución cuestionada, la eventual reparación de la violación constitucional solicitada en su escrito de demanda no sería apta para poner fin a la situación impugnada, toda vez que el actor ya no podría estar sujeto al voto popular. Así, al no estar sujeta la candidatura al sufragio de los electores, impediría que, aun en el supuesto de emitirse resolución estimatoria, se ordenara extender una constancia de candidato electo o se le otorgara la calidad de diputado, si éste no participó en las elecciones populares y, como consecuencia, no habría estado en posibilidad de ser votado para ser electo en el cargo de elección popular en la mencionada entidad federativa.
De estimarse lo contrario, se violentaría gravemente la voluntad popular, así como lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, relativa a que el Congreso se integrará con diputados de mayoría relativa y representación proporcional electos por votación directa y secreta, toda vez que la ciudadanía no habría votado por el hoy actor.
Debe puntualizarse que no pasa inadvertido para esta Sala Superior el hecho de que el actor pretendiera contender a una diputación por el principio de representación proporcional, y que su eventual asignación quedara sujeta a los resultados de la votación obtenida por el partido político y que, dada la naturaleza de la elección de representantes por el referido principio, no es la persona del candidato lo determinante para la emisión del voto de los electores, sino la representatividad del partido político que alcanza determinada votación, pues en cualquiera de los casos es requisito indispensable que previamente haya participado en la elección correspondiente.
Similar criterio sostuvo este órgano jurisdiccional federal al resolver el diecinueve de julio y veinticinco de agosto de dos mil, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados, respectivamente, con las claves SUP-JDC-142/2000 y SUP-JDC-149/2000.
Lo anterior se sustenta además en lo dispuesto en el artículo 84, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el que se establece que las sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, podrán tener como efecto revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir al promovente en el uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado.
Por lo tanto, al actualizarse en el caso bajo estudio los motivos de improcedencia invocados, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye que debe desecharse de plano la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentada por Juan Pérez González, en contra de la resolución CG110/2002 del Consejo General del Instituto Federal Electoral emitida el diecisiete de abril de dos mil dos en el expediente JGE/QJIOC/CG/025/2001 y acumulados, mediante la cual resolvió, entre otros puntos, declarar parcialmente fundada la queja presentada por Juan Pérez González en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 1°, fracción II; 184; 185; 187 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1°; 2°; 3°, párrafo 2, inciso c); 6°, párrafo 1; 8°; 22, 24, 25, 26 y 84, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
R E S U E L V E
UNICO. Se desecha de plano la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentada por Juan Pérez González, en contra de la resolución CG110/2002 del Consejo General del Instituto Federal Electoral emitida el diecisiete de abril de dos mil dos en el expediente JGE/QJIOC/CG/025/2001 y acumulados, mediante la cual resolvió, entre otros puntos, declarar parcialmente fundada la queja presentada por Juan Pérez González en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Notifíquese personalmente al actor, en el domicilio ubicado en calle Eligio Ancona, número 67, Santa María la Rivera, Código Postal 064000, Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Distrito Federal; por oficio a la autoridad responsable, acompañando copia certificada de la presente sentencia, así como por estrados a los demás interesados. Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ Y MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Se disiente del criterio sostenido por la mayoría, porque, una de las pretensiones de los denunciantes consistió en que se les anotara en la lista de candidatos para contender en la elección de diputados por el principio de representación proporcional en el Estado de Hidalgo, en sustitución de los candidatos registrados por el Partido de la Revolución Democrática.
La razón fundamental que dio la autoridad responsable para desestimar dicha pretensión consistió, en la imposibilidad jurídica de acogerla, porque la supuesta conculcación alegada se refería a un acto de procedimiento. En concepto de la autoridad responsable; la manera de reparar una violación de procedimiento consiste en reponer tal procedimiento a partir del momento en que la conculcación se haya producido. Sobre la base de un criterio de esta sala superior, la autoridad responsable estimó que en materia electoral, no era posible jurídicamente una reposición de procedimiento.
En la demanda que dio origen al presente juicio, el actor impugna el referido razonamiento de la autoridad responsable. A este respecto, los demandantes sostienen que sobre la base de la doctrina de las nulidades civiles es posible anular actos ilícitos como los denunciados y retrotraer los efectos de la nulidad al momento en que se esos actos se produjeron.
El criterio de la mayoría se orienta por desechar la demanda, sobre la base de que hay imposibilidad jurídica para que a través del presente proceso se reparen las pretendidas conculcaciones. Sin embargo, este punto de vista se traduce en realidad en dar un argumento de fondo para sustentar el desechamiento de la demanda o, en su caso, el sobreseimiento en los juicios, con la agravante de que se afirma imposibilidad jurídica de acoger la pretensión, pero sin ocuparse de las razones dadas por la parte actora para demostrar que sí es posible legalmente el acogimiento de su pretensión.
Por estas razones, la actitud de la mayoría se traduce en una petición de principio.
Se disiente también del criterio sostenido por la mayoría, porque en él se inobserva el principio de congruencia que debe regir en el dictado de las resoluciones, se aprecian incorrectamente los hechos controvertidos y se invoca indebidamente en el caso concreto un precepto legal inaplicable.
El criterio de la mayoría sostiene que debe desecharse la demanda del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sobre la base de los dos siguientes argumentos:
1. Existe imposibilidad jurídica para emitir una sentencia de fondo sobre la litis planteada, al no ser factible la restitución en el goce de los derechos político-electorales solicitada en la demanda, en virtud de que la fecha constitucional y legalmente fijada para la instalación de los diputados por el principio de representación proporcional del Congreso del Estado de Hidalgo, ha transcurrido y la toma de posesión de tales cargos ya ha sido efectuada.
2. En caso de que se acogiera la pretensión del actor, no sería legal ni constitucionalmente posible restituirlo en el goce de su pretendido derecho político-electoral conculcado, el cual se traduciría en ser diputado del Congreso del Estado de Hidalgo, porque el actor no obtuvo el voto popular en las elecciones correspondientes.
El criterio que sirve de base al argumento indicado en primer término no se comparte.
En el caso, los magistrados que integran la mayoría fijan en principio correctamente la premisa consistente, en que el actor pretende que se le registre como candidato propietario a la quinta fórmula propuesta por el Partido de la Revolución Democrática para el cargo de diputado por el principio de representación proporcional del Congreso del Estado de Hidalgo. Sin embargo, más adelante concluyen que la demanda debe ser desechada, porque no es factible la restitución solicitada en tanto que, la toma de posesión de los diputados electos ya ha sido efectuada. Es claro que tal apreciación se sustenta en la premisa implícita de que el actor ha expresado en la denuncia y en la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales, que su pretensión es la de ocupar el cargo de diputado por el principio de representación proporcional en el Congreso del Estado de Hidalgo. la conclusión sustentada en tal premisa es conculcatoria del principio de congruencia mencionado, porque en el escrito de denuncia y en la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el actor no menciona que su pretensión sea la de ocupar un escaño en el Congreso del estado de Hidalgo. La realidad es que la pretensión del actor se circunscribió a ocupar el quinto lugar como propietario en la lista de candidatos postulada por el Partido de la Revolución Democrática, para contender en las elecciones de diputados al Congreso del Estado de Hidalgo.
En la resolución impugnada la autoridad administrativa electoral se refirió precisamente a esta pretensión y no a otra.
Por tanto, partir de una base diferente para desechar la demanda, implica proceder en contra del mencionado principio de congruencia.
Sobre la base de la pretensión indicada, uno de los argumentos fundamentales de la demanda consiste en que, en el caso tiene aplicación la teoría de las nulidades en materia civil, y conforme a esa teoría, según el actor, cuando se declare la nulidad del registro de candidatos del Partido de la Revolución Democrática ante la autoridad electoral, por haber sido ilegal el proceso de selección interna, el efecto inmediato de esa declaración será que las cosas se retrotraigan al estado en que se encontraban antes de la emisión de dichos actos.
Es decir, el actor estima que una vez demostrada la ilicitud del acto, los efectos de la declaración de ilicitud deberán ser regulados en conformidad con la teoría de las nulidades civiles y, por tanto, en concepto del denunciante, los efectos de la declaración de nulidad que se haga ahora deberán retrotraerse al momento del registro de candidatos del Partido de la Revolución Democrática ante la autoridad electoral.
Con lo hasta aquí expuesto, es claro que si la pretensión del actor consiste en que se le incluya en la lista de candidatos del Partido de la Revolución Democrática para el cargo de diputado del Congreso del Estado de Hidalgo y el razonamiento de la mayoría consiste en que la restitución del derecho político-electoral cuya violación se reclama es imposible jurídicamente, sobre la base de que los diputados electos que integran el Congreso del Estado de Hidalgo ya han tomado posesión, dicho razonamiento conculca el principio de congruencia.
En relación con el primer punto en examen, en concepto de la mayoría no sería posible restituir al actor en el goce de sus derechos político-electorales, en virtud de que la fecha constitucional y legalmente fijada para la instalación de los diputados por el principio de representación proporcional del Congreso del Estado de Hidalgo, ha transcurrido y la toma de posesión de tales cargos ha sido efectuada.
Sobre esta base, la mayoría sostiene categóricamente, que en virtud de lo anterior, aun en el supuesto de ser fundados los agravios, no sería posible la reparación solicitada en el goce del pretendido derecho conculcado.
Este punto de vista es inexacto.
Para apreciar la veracidad de lo afirmado por la mayoría hay que atender a la pretensión del denunciante. La pretensión en el escrito de denuncia y en la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano consiste en ser incluido en la lista de candidatos postulada por el Partido de la Revolución Democrática para el cargo de diputado por el principio de representación proporcional del Congreso del Estado de Hidalgo.
Si se es congruente con esa pretensión, en caso de que se acogieran los agravios basados en la teoría de las nulidades de los actos jurídicos, en tal hipótesis, sí sería posible restituir al actor en el goce de su derecho político-electoral cuya conculcación alega, porque el efecto de la nulidad que ahora se decretara consistiría en que al actor se le incluyera en la lista de candidatos postulada por el Partido de la Revolución Democrática.
Una cuestión diferente implicaría la utilidad que para el actor pudiera representar el estar incluido en la lista de candidatos del Partido de la Revolución Democrática para la elección de diputados por el principio de representación proporcional del Congreso del Estado de Hidalgo, pero ese aspecto se relaciona con lo que se dirá a continuación, respecto al punto 2 mencionado en la parte inicial de este voto particular, en tanto que se trata de un punto que atañe al fondo del asunto.
Respecto al razonamiento sostenido por la mayoría, destacado en el punto 2 de la parte inicial de este voto particular, éste no se relaciona con alguna causa de improcedencia en concreto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, lo cual pone en evidencia que en realidad se aduce una razón de fondo para desechar la demanda.
En materia electoral, el desechamiento de una demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se justifica solamente, cuando se actualiza de manera notoria alguna de las causas de improcedencia previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 3 y 19, párrafo 1, inciso b), de la citada ley.
No es válido aducir argumentos sobre el fondo, útiles para negar la pretensión, como fundamento para desechar una demanda.
Sobre este tema en particular los tribunales federales se han pronunciado en el sentido de que cuando en una causal de improcedencia se involucren argumentaciones que tienen íntima relación con el fondo del negocio, debe declararse la procedencia y examinar el fondo de los agravios hechos valer, como se advierte en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente:
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia del juicio deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una causal donde se involucre una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, si no se surte otra causal, y hacer el estudio de los conceptos de violación relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXVII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
Nota: Al resolver el amparo en revisión 2639/96, el Tribunal Pleno acordó que se publicara la parte considerativa de la ejecutoria”.
En ese contexto, en concepto de quienes suscriben este voto, en el caso debió resolverse en el fondo de la litis planteada.
MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSÉ FERNANDO OJESTO
MARTÍNEZ PORCAYO
MAGISTRADO
LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ | MAGISTRADO
JOSÉ LUIS DE LA PEZA |
MAGISTRADO
ELOY FUENTES CERDA
|
MAGISTRADA
ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO |
MAGISTRADO
JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ |
MAGISTRADO
MAURO MIGUEL REYES ZAPATA |
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS