JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA
EXPEDIENTE: SUP-JDC-20/2023
PARTE ACTORA: DAVID ESQUEDA VÁZQUEZ
RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA
MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO
SECRETARIADO: CARMELO MALDONADO HERNÁNDEZ Y JULIO CÉSAR PENAGOS RUIZ
COLABORARON: BLANCA IVONNE HERRERA ESPINOZA Y EDGAR BRAULIO RENDÓN TÉLLEZ
Ciudad de México, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés.
Acuerdo por el que la Sala Superior determina que: i) tiene competencia para conocer del juicio; ii) es improcedente el medio de impugnación promovido por la parte actora, al no haberse agotado previamente la instancia partidista, sin que se justifique su conocimiento “per saltum”; y iii) se reencauza a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.
De los hechos narrados en el escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:
1. Convocatoria. El treinta y uno de octubre de dos mil veintidós[1], el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la Convocatoria para la designación de la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación en el Estado de Coahuila de Zaragoza[2].
2. Designación de Coordinador. El doce de diciembre, la Comisión Nacional de Encuestas de MORENA emitió una resolución mediante la cual se eligió y designó a Santana Armando Guadiana Tijerina como Coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
3. Notificación respeto del método para la determinación sobre las candidaturas. El quince de diciembre, Jorge Alberto Leyva García, representante propietario de MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila[3], notificó al referido Instituto el método para la determinación sobre las candidaturas que postulará el citado partido para el proceso electoral local 2022-2023, en el que se renovaran Diputaciones y la Gubernatura de la mencionada entidad.
4. Convocatoria y registro de candidatura a la Gubernatura. A decir de la parte actora, el siete de enero de dos mil veintitrés[4], una comisión del Consejo Político Estatal de MORENA en Coahuila, encabezada por su Presidenta Laila Yamile Mtanus Castaño, acuden a entrevistarse con Mario Martin Delgado Carrillo, Presidente Nacional de MORENA y Francisco Alfonso Durazo Montaño, Presidente del Consejo Nacional del referido partido, y allí les notifican que la convocatoria para elegir a la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Coahuila, para el proceso electoral 2022-2023, fue emitida el primero de enero de dos mil veintitrés, y que el único candidato registrado fue Santana Armando Guadiana Tijerina.
5. Juicio de la ciudadanía. Inconforme, el diez de enero, la parte actora[5] promovió, per saltum, juicio de la ciudadanía, ante el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, quien lo remitió a esta Sala Superior.
6. Registro, turno y radicación. Recibidas las constancias, la Presidencia de este Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente SUP-JDC-20/2023 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, a fin de que determine lo que conforme a derecho proceda y, en su caso, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[6]; en su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó el expediente en la Ponencia a su cargo.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la presente determinación corresponde al conocimiento de la Sala Superior, mediante actuación colegiada, de conformidad a lo previsto en el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en la Jurisprudencia 11/99, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.
Lo anterior, porque en el caso se debe determinar el cauce que debe darse a la controversia planteada por la parte actora en relación con la supuesta omisión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de publicar la convocatoria para elegir a la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Coahuila, para el proceso electoral 2022-2023.
Por tanto, la decisión que al efecto se tome no es una cuestión de mero trámite y se aparta de las facultades de quien funge como ponente para la instrucción habitual del asunto, al estar implicada una modificación en la sustanciación ordinaria del procedimiento.
SEGUNDO. Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer del asunto toda vez que se controvierte la supuesta omisión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de publicar la convocatoria para elegir a la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Coahuila, para el proceso electoral 2022-2023, en este sentido, el acto impugnado es atribuido a órganos nacionales de un partido político de la misma naturaleza que está relacionado con la elección de una Gubernatura, materia de conocimiento de esta Sala Superior.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución general; 164; 166, fracción III, inciso c); 169, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 79; 80, numeral 1, inciso g), y 83, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley de Medios.
TERCERO. Improcedencia y reencauzamiento. Esta Sala Superior considera que es improcedente el medio de impugnación promovido por la parte actora, ya que no se cumple el principio de definitividad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios.
En efecto, los medios de impugnación sólo serán procedentes cuando se agoten todas las instancias previas y se realicen las gestiones necesarias para ejercer el derecho vulnerado, en la forma y en los plazos establecidos en las leyes respectivas.
Al respecto, en la Ley General de Partidos Políticos[7] se establece que una vez que la militancia agote los medios partidistas de defensa, estará en posibilidad de acudir ante la instancia jurisdiccional electoral competente[8].
Además, esta Sala Superior ha considerado[9] que los institutos políticos gozan de la libertad de auto organización y auto determinación, motivo por el cual emiten normas propias que regulan su vida interna, por lo que las autoridades electorales –administrativas y jurisdiccionales– solamente podrán intervenir en sus asuntos internos en los términos que establezcan la propia Constitución y la ley, privilegiando su derecho de autoorganización.
Así, en condiciones ordinarias, se presume que las instancias partidistas son instrumentos aptos para reparar adecuadamente las violaciones generadas por el acto o resolución cuestionada[10], e incluso regularmente permiten una mayor inmediatez entre la ciudadanía y el acceso a la justicia.
Únicamente, de manera excepcional, la ciudadanía queda relevada de cumplir con la carga de agotar las instancias partidistas y legales previas, para que, “per saltum”, la instancia federal tenga conocimiento directo de su medio de impugnación.
Sin embargo, para que se actualice dicha excepción, es necesario que las instancias previas no sean formal y materialmente eficaces o impliquen una afectación o amenaza seria para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos de manera adecuada y oportuna.
Ello, como sucede cuando el tiempo de tramitación y resolución de la impugnación partidista o legal, implique una merma considerable o la extinción de las pretensiones, efectos o consecuencias pedidas[11].
Caso concreto.
De la lectura de la demanda se advierte que la parte actora controvierte, en esencia, la supuesta omisión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de publicar la convocatoria para elegir a la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Coahuila, para el proceso electoral 2022-2023, de conformidad con las siguientes alegaciones:
1) Violación al principio de certeza, ya que en la convocatoria para elegir a coordinador de los comités de la transformación en Coahuila en ninguno de sus apartados se señala que el que quede en primer lugar de la encuesta será el candidato al gobierno de Coahuila por nuestro partido político Morena.
2) Que los ciudadanos MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO y FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, le comuniquen a la presidenta del consejo político estatal que la convocatoria se emitió el primero de enero del 2023, y que el único que se enteró y se registro es el C. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA.
3) La nula publicación en la página oficial de Morena www.morena.si y en los estrados de nuestro partido en la sede de morena Coahuila como lo señalan los estatutos de nuestro partido político.
4) Que el C. MARTIO MARTIN DELGADO CARILLO, anuncie en rueda de prensa en la ciudad de México que los próximos días catorce y quince de enero acompañara a GUADIANA TIJERINA en la ciudad de saltillo y torreón Coahuila respectivamente como precandidato único de morena en Coahuila al gobierno del estado.
5) Que el C. MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO, como presidente del CEN de Morena y como integrante de la comisión nacional de elecciones no emita la convocatoria respectiva para la elección interna para elegir al candidato a gobernador en el estado de Coahuila de acuerdo a la plataforma política presentada el pasado quince de diciembre del 2022, ante el instituto electoral de Coahuila por el representante de morena ante ese instituto.
6) La no convocatoria resulta violatoria de los derechos consagrados en el artículo 25 en relación a los 19,21 y 22 del pacto internacional de derechos civiles y políticos.
7) La no convocatoria para permitir que los militantes, afiliados, o aspirantes a coordinador de los comités de transformación puedan participar como aspirantes a la precandidatura a gobernador por nuestro partido político como lo establece la constitución general de la república la ley de partidos políticos, y los estatutos de morena.
En ese sentido, se tiene que la parte accionante debió acudir, en primera instancia a la justicia interna de MORENA, pues en sus estatutos se prevé un medio de impugnación idóneo para conocer y resolver de las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen su vida interna.
De ahí que, la controversia planteada deba ser analizada, -en principio- por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, porque del análisis de la normativa interna de ese instituto político se colige que dicha comisión es el órgano encargado de:
a) Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de Morena.
b) Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración.
c) Salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros.
d) Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna.
e) Conocer las controversias sobre la aplicación de las normas que rigen la vida interna de Morena.
De acuerdo con lo anterior, el acto materia de la controversia, es susceptible de ser analizado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y esta Sala Superior no advierte la existencia de algún impedimento para que conozca y resuelva la controversia planteada.
Sin que sea obstáculo a la anterior conclusión, que en la demanda se señale que se promueve “per saltum” para que esta Sala Superior conozca el medio de impugnación de manera directa, toda vez que no se expresan razones suficientes por las cuales se justifique la excepción al principio de definitividad.
Por tanto, este órgano jurisdiccional no advierte cómo el agotamiento de la instancia partidista pudiera generar una afectación irreparable en los derechos político-electorales que se aducen vulnerados.
Además, debe resaltarse que la irreparabilidad no opera en los actos y resoluciones emitidos por los institutos políticos, sino sólo en aquellos derivados de alguna disposición constitucional o legal, como puede ser, por ejemplo, la conclusión de las etapas de los procesos electorales previstos constitucionalmente, por lo que, de asistirle la razón a la promovente, se estaría en la aptitud jurídica y material de restituirlos en sus derechos que se aducen vulnerados[12].
Por lo anterior y al no haberse cumplido el principio de definitividad, el medio de impugnación es improcedente.
No obstante, la improcedencia del medio de impugnación no implica que la demanda que le dio origen deba desecharse, ya que la Sala Superior está obligada a reencauzar la demanda a la instancia partidista. Ello, acorde con las jurisprudencias 1/97 y 12/2004 de la Sala Superior de rubros MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA[13] y MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA[14].
Con base en lo expuesto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la parte actora, lo procedente es reencauzar la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que, a la brevedad, a partir de que se notifique el presente acuerdo y en plenitud de atribuciones, resuelva lo que en Derecho corresponda, en el entendido que la presente resolución no prejuzga sobre los requisitos de procedibilidad respectivos[15].
Por lo expuesto y fundado, se
A C U E R D A
PRIMERO. La Sala Superior es competente para conocer del asunto.
SEGUNDO. Es improcedente el medio de impugnación.
TERCERO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para los efectos precisados en el presente acuerdo.
NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda.
En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos lo acordaron la Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis y del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe que el presente acuerdo se firma de manera electrónica.
Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.