JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-23/2010

ACTOR: JOSE ENRIQUE DOGER GUERRERO

RESPONSABLE: COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN PUEBLA

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIO: ENRIQUE AGUIRRE SALDIVAR

México, Distrito Federal, a veinte de febrero de dos mil diez. VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por José Enrique Doger Guerrero, quien se ostenta como militante, cuadro, dirigente y aspirante a participar en el proceso interno de selección de candidato del Partido Revolucionario Institucional al cargo de Gobernador del Estado de Puebla, en contra del dictamen emitido el primero de febrero de dos mil diez por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, por el cual declaró la no aceptación de la solicitud de registro del actor como precandidato de ese instituto político al indicado cargo de elección para el período 2011-2017, y

R E S U L T A N D O

Primero. Antecedentes. De lo expuesto por el ocursante y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

I. El veinte de enero de dos mil diez, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional expidió “Convocatoria a los integrantes del Consejo Político Nacional que radiquen en el territorio del Estado de Puebla, a los integrantes del Consejo Político Estatal, a los Sectores, Organizaciones y Movimiento del Partido, así como a los militantes del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Puebla, para que participen en el proceso interno para postular candidato a Gobernador del Estado de Puebla para el período constitucional 2011-2017”.

II. El veintiuno de enero de dos mil diez, el actor solicitó al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, la expedición de copia auténtica del “Padrón de afiliados inscritos en el Registro Partidario”, a efecto de estar en posibilidad de cumplimentar lo establecido en la Base Quinta, inciso d), de la referida convocatoria.

En lo atinente, en dicho punto se previó que los aspirantes a ser registrados como precandidatos debían acreditar el apoyo del diez por ciento (10%) de afiliados inscritos en el Registro Partidario en el Estado.

III. El veintidós de enero de dos mil diez, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Puebla respondió al actor que dicha instancia partidaria no era la facultada para otorgar la información requerida, siendo la Comisión Estatal de Procesos Internos el órgano especializado responsable de organizar, conducir y validar el proceso interno para postular candidato a Gobernador, así como el encargado de validar la información correspondiente a los requisitos exigidos en la convocatoria de mérito.

IV. El veinticinco de enero de dos mil diez, el actor solicitó al Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, la expedición de copia auténtica de los siguientes documentos: a) “El Padrón de la Estructura Territorial en el Estado de Puebla”, b) “El Directorio con la totalidad de los Consejeros Políticos Estatales”, y c) “El Padrón de afiliados inscritos en el Registro Partidario”.

V. En la fecha antes señalada, persona autorizada por el actor recibió del Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, impresión (sic) de la documentación precisada en el punto anterior.

VI. El treinta y uno de enero de dos mil diez, el actor presentó su solicitud de registro como precandidato de ese instituto político al cargo de Gobernador del Estado de Puebla ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad federativa.

VII. El primero de febrero de dos mil diez, el multicitado órgano partidista emitió el “DICTAMEN DE LA COMISION ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA SI SE ACEPTA O SE NIEGA, EL REGISTRO DEL CIUDADANO DOCTOR JOSE ENRIQUE DOGER GUERRERO, COMO PRECANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2011-2017”.

En lo conducente, la parte conclusiva de dicho dictamen fue del tenor siguiente:

…

PRIMERO.- Se declara la NO ACEPTACION de la solicitud de registro como Precandidato a Gobernador del Estado, para el período 2011-2017, presentada por el C. DR. JOSE ENRIQUE DOGER GUERRERO.

…

Tal resolución fue notificada al interesado a las veintiuna horas con quince minutos de esa misma fecha, mediante publicación en los estrados de la propia comisión estatal.

Segundo. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

A las veinte horas con treinta y dos minutos del tres de febrero de dos mil diez, José Enrique Doger Guerrero promovió, per saltum, ante el órgano partidario responsable, el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a efecto de impugnar el dictamen precisado en el punto VII del apartado precedente.

Tercero. Trámite y sustanciación

I. El ocho de febrero de dos mil diez, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente SUP-JDC-23/2010 y turnarlo al Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; acuerdo cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-288/10, de la misma fecha, emitido por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

II. El diez de febrero de dos mil diez se dictó auto de admisión en el presente juicio.

III. El doce de febrero de dos mil diez, el referido Magistrado instructor formuló al actor, a la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla y al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral o funcionario presente que lo sustituyera conforme a la normativa aplicable, sendos requerimientos relacionados con información y envío del padrón de afiliados inscritos en el registro partidario de dicho partido político en esa entidad federativa. Tales requerimientos fueron desahogados por sus destinatarios mediante sendos ocursos de quince y dieciséis de febrero del año en curso, según el caso. 

IV. El diecisiete de febrero de dos mil diez, en virtud de que no existía trámite alguno pendiente de realizar, el mencionado Magistrado Electoral acordó declarar cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4; 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso g), y 83, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, donde el actor aduce presuntas violaciones a derechos de esa índole con motivo de determinaciones emitidas por un partido político en el proceso interno de selección de candidato al cargo de Gobernador en una entidad federativa.

SEGUNDO. Procedencia

El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79, párrafo 1, y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a) Oportunidad. El juicio fue promovido oportunamente, toda vez que, según afirma el actor, admite expresamente el órgano responsable y consta en la respectiva razón de publicación, el dictamen combatido le fue notificado al impetrante a las veintiuna horas con quince minutos del primero de febrero de dos mil diez, en tanto que el escrito de demanda fue presentado a las veinte horas con treinta y dos minutos del tres de febrero siguiente, esto es, dentro del plazo legal de cuatro días previsto para tal efecto.

Sobre el particular, es importante destacar que no obstante haberse promovido per saltum, el presente medio de impugnación resulta igualmente oportuno, pues el medio de defensa que en su caso hubiese correspondido interponer, consistente en el recurso de inconformidad previsto en los artículos 5, fracción I, inciso b), y 62 a 65 del Reglamento de Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional, debía presentarse dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación o toma de conocimiento del acto impugnado (artículo 16 del propio reglamento), lo que en la especie se surte en forma evidente conforme a las fechas y horarios precisados en el apartado anterior. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro “PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICION DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL”.[1]

b) Forma. Dicho medio de impugnación se presentó por escrito ante el órgano responsable, haciéndose constar el nombre del actor y su domicilio para oír y recibir notificaciones. En el referido ocurso también se identifican el acto impugnado y el responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que causan perjuicio; se ofrecen pruebas y se hacen constar tanto el nombre como la firma autógrafa del promovente. 

c) Legitimación. El presente juicio es promovido por quien se ostenta como militante, cuadro, dirigente y aspirante a participar en el proceso interno de selección de candidato de un partido político a un cargo de elección, haciendo valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales relacionadas con el referido proceso interno.

Cabe destacar que la condición con que se ostenta el promovente no es objeto de controversia u objeción alguna, toda vez que el órgano responsable, al rendir su informe circunstanciado, reconoció expresamente tener por acreditada dicha calidad del impetrante.

d) Definitividad. No obstante existir en la especie medios de defensa intrapartidarios e, incluso, medio de impugnación local, a través de los cuales el enjuiciante pudo combatir el acto reclamado, esta Sala Superior estima que en la especie se surte excepcionalmente el presente requisito de procedencia, conforme a los razonamientos que se expresan en el subapartado siguiente (Causas de improcedencia). Por tanto se concluye que, en el caso concreto, el actor está en aptitud jurídica de promover este juicio ciudadano.

Causas de improcedencia

En su informe circunstanciado, el órgano partidario responsable manifiesta que se actualizan dos causas de improcedencia:

A) La prevista en los artículos 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10, párrafo 1, inciso d) y 80 párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que el impetrante no agotó previamente las instancias de solución de conflictos previstas tanto en su normativa interna (artículo 5, fracciones I, inciso b), y III, del Reglamento de Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional) como en la base trigésima primera de la convocatoria de veinte de enero de dos mil diez, consistentes en los recursos de inconformidad y apelación, y 

B) La establecida en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la citada ley general, concerniente a haber consentido el acto impugnado, toda vez que, de acuerdo con el principio de unicidad (sic), el padrón de afiliados inscritos en el registro partidario forma parte integral de la convocatoria de veinte de enero de dos mil diez, misma que no fue recurrida en momento alguno. En consecuencia, a decir del órgano responsable, tales actos deben entenderse como convalidados por los solicitantes, al no haber impugnado la convocatoria de mérito.    

Esta Sala Superior considera infundadas las referidas causas de improcedencia, con base en las razones que se exponen a continuación.

1. En relación con la causa de improcedencia sintetizada bajo el precedente inciso A), no pasa inadvertido que, en efecto, tanto en el capítulo alusivo a las reglas comunes aplicables a todos los medios de impugnación [artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral], como en el capítulo referente a las reglas particulares del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (artículo 80, párrafos 2 y 3, de la citada ley general), se prevé como requisito de procedencia que, antes de acudir al mismo, se deberán agotar las instancias previas establecidas en las respectivas normas legales e internas de los partidos políticos para combatir los actos cuestionados.

Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, en tanto que la ley establecerá las reglas y plazos aplicables.

No obstante, también se tiene presente que en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de rubro: “MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD”[2], se condiciona dicho gravamen procesal a la coexistencia de los siguientes requisitos: 1) Los órganos partidistas competentes estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos; 2) Se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de sus integrantes; 3) Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente, y 4) Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos político-electorales transgredidos.

De tal manera que, cuando falte alguna de esas exigencias o se presenten inconvenientes a que su inexistencia dé lugar, no existe para los justiciables dicha obligación, sino que tales instancias internas quedan como optativas, por lo que el afectado podrá acudir ante las autoridades jurisdiccionales, per saltum.    

Sobre el particular, este órgano resolutor advierte que en la especie se actualiza un aspecto vinculado con el requisito mencionado bajo el inciso 4) precedente.

Del análisis del los medios de defensa intrapartidaria mencionados con antelación, es decir, los recursos de inconformidad y apelación, esta Sala Superior estima que si bien se prevén plazos breves para su promoción, tramitación, sustanciación y resolución, en el caso concreto los mismos resultan no idóneos para que, en caso de asistir la razón al enjuiciante, estar en posibilidad de resarcirle en el pleno goce de sus derechos político-electorales presuntamente violados, motivo por el cual dichos medios de defensa resultarían materialmente ineficaces para alcanzar tal objetivo.

De lo previsto en las bases octava, novena y décima séptima de la convocatoria emitida el veinte de enero de dos mil diez con motivo del proceso interno de selección de candidato del Partido Revolucionario Institucional al cargo de Gobernador del Estado de Puebla para el período 2011-2017, se desprende lo siguiente:

i) La Comisión Estatal de Procesos Internos deberá emitir el primero de febrero de dos mil diez el dictamen por el cual se acepte o niegue el registro de precandidatos al cargo de Gobernador del Estado;

ii) A partir del día siguiente, es decir, del dos de febrero, inicia el período de precampañas de los precandidatos aceptados, y

iii) Dicho lapso de precampaña concluirá el veinte de febrero siguiente, en la inteligencia de que el día veintiuno tendrá verificativo la Convención de Delegados donde se elegirá formalmente al candidato del referido instituto político al cargo de Gobernador.

Con base en lo anterior, es notorio que desde el día dos de febrero del año en curso se actualizaría una afectación al ahora actor, pues de asistirle la razón y otorgarle el registro que le fue negado, al no existir suspensión del acto reclamado (artículo 11 del Reglamento de Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional), es patente que el tiempo transcurrido limitaría aún más, en su perjuicio, el lapso de diecinueve días destinado para la realización de precampaña.       

Al respecto, resulta aplicable en su ratio essendi la tesis de jurisprudencia de rubro “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCION DE LA PRETENSION DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO”.[3]   

En contraste con lo anterior, de rechazar la promoción per saltum del presente juicio ciudadano, resulta notorio que la cadena impugnativa que el impetrante tendría que agotar previamente a efecto de cumplimentar el principio de definitividad, implicaría un lapso que, incluso, podría rebasar la fecha del veintiuno de febrero de dos mil diez, la cual fue establecida en la convocatoria para el efecto de llevar a cabo la mencionada Convención de Delegados.

En efecto, del diseño procedimental previsto en el Reglamento de Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional (artículos 5, fracciones I y III; 8; 15; 16; 17; 62; 64; 75, y 77) se obtiene que:

a. El recurso de inconformidad, del que conocería la correspondiente Comisión Estatal de Justicia Partidaria, deberá promoverse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación o toma de conocimiento del acto impugnado; el órgano responsable deberá publicarlo por un término de cuarenta y ocho horas y, transcurrido el mismo, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá remitirlo a la comisión competente, la cual, una vez admitido en forma inmediata el medio de defensa, deberá resolver dentro de las setenta y dos horas siguientes. En consecuencia, en el mejor de los casos, dicho medio de defensa ocuparía en su promoción y resolución, aproximadamente ocho días naturales, y

b. El recurso de apelación, del que conocería la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, deberá promoverse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación o toma de conocimiento del acto impugnado; el órgano responsable deberá publicarlo por un término de cuarenta y ocho horas y, transcurrido el mismo, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá remitirlo a la comisión competente, la cual, una vez admitido en forma inmediata el medio de defensa, deberá resolver dentro de las setenta y dos horas siguientes. En consecuencia, en el mejor de los casos, dicho medio de defensa ocuparía en su promoción y resolución, aproximadamente ocho días naturales.

De lo expuesto con antelación, es inconcuso que el agotamiento de los referidos medios de defensa intrapartidarios (en su conjunto, dieciséis días naturales aproximadamente) ocuparía prácticamente la totalidad del lapso establecido para la realización de precampañas (diecinueve días), ocasionando al impetrante una importante afectación o merma en su esfera de derechos político-electorales.

Lo anterior, incluso, sin tomar en consideración que en el artículo 350, fracción V, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla se prevé, a su vez, el recurso de apelación, destinado a impugnar, entre otros, los actos vinculados con la selección de precandidatos y candidatos de un partido político a cargos de elección popular.

Por tal razón, de exigir en la especie la aplicación del principio de definitividad, el agotamiento de la referida cadena impugnativa, incluido el referido medio de impugnación local, rebasaría indudablemente el citado plazo fijado en la convocatoria para el efecto de que los precandidatos realicen precampaña y, además, la fecha programada para la celebración de la convención electiva de delegados.

Por tanto, los medios de defensa previstos en la normativa partidista, si bien son breves, en el caso concreto resultarían materialmente ineficaces para obsequiar al actor, de asistirle la razón, el cumplimiento de su pretensión y restituirle en el uso y goce de los derechos político-electorales que estima transgredidos.

En consecuencia, es innecesario exigirle el previo agotamiento de tales instancias, pues de tener que agotar la referida cadena impugnativa, esos medios de defensa resultarían no aptos ni idóneos para modificar, revocar o nulificar oportunamente las presuntas irregularidades combatidas, actualizándose en el caso concreto la ausencia del requisito identificado bajo el inciso 4) de las condiciones indispensables para estar en posibilidad de exigir el previo agotamiento de las instancias internas de solución.

Es decir, en la observación de las referidas excepciones al principio de definitividad se debe tener presente el criterio contenido en la citada tesis de jurisprudencia, en cuanto a que, para poder exigir el agotamiento de los medios de defensa intrapartidarios, éstos deben satisfacer, entre otros requisitos, la restitución oportuna y eficaz al enjuiciante de los derechos político-electorales presuntamente transgredidos.

Cabe agregar que, derivado del artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que, a través de lo establecido en dicho precepto constitucional, se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la impartición de justicia.

En consecuencia, con el fin de garantizar certeza, definitividad y expeditez al aludido proceso interno de selección de candidato y evitar que la promoción de los indicados medios de defensa e impugnación ante las instancias respectivas, pudiera ocasionar un perjuicio al actor e incluso a terceros, por ver disminuido el tiempo para agotar cabalmente las actividades señaladas, esta Sala Superior considera necesario en el presente caso, de manera excepcional, tener por satisfecho el referido requisito procesal de definitividad.

2. Por otra parte, también se desestima la causa de improcedencia sintetizada bajo el precedente inciso B), donde el órgano responsable aduce el consentimiento o convalidación del acto impugnado en virtud de que, por el principio de unicidad (sic), el padrón de afiliados inscritos en el registro partidario forma parte integral de la convocatoria de veinte de enero de dos mil diez, misma que no fue recurrida en momento alguno.

La conclusión anterior obedece a que, aún en los supuestos de aceptar el denominado principio de unicidad (sic), e incluso, aún en la hipótesis de considerar que el acto impugnado en el presente juicio es el padrón de afiliados inscritos en el Registro Partidario del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Puebla, es el caso que no se advierte de autos elemento alguno del cual pudiera desprenderse que, con la publicación de la convocatoria al multicitado proceso interno de selección de candidato a Gobernador, se hubiese difundido igualmente el referido padrón de afiliados, razón suficiente para concluir que el actor se encontraba formal y materialmente imposibilitado para combatir un acto hasta ese momento desconocido y distinto a la convocatoria. 

Tan es así que, según se precisó en los puntos II a V del apartado primero de los resultandos de esta sentencia, el ahora actor solicitó en dos ocasiones, con posterioridad a la publicación de la convocatoria de mérito, la expedición de copia auténtica del padrón de afiliados inscritos en el Registro Partidario, y fue hasta el veinticinco de enero de dos mil diez cuando se le entregó una “impresión” de tal documento, cuyos posibles efectos se actualizaron, presuntamente, con la emisión del acto ahora impugnado, es decir, con el dictamen de primero de febrero del año en curso, que negó al impetrante su registro como precandidato del Partido Revolucionario Institucional al cargo de Gobernador del Estado de Puebla.

Esto es, resulta inadmisible desprender el consentimiento o convalidación del acto impugnado, es decir, del dictamen de primero de febrero de dos mil diez, a partir de no haberse impugnado previamente un acto distinto, consistente en la convocatoria de veinte de enero del mismo año, como pretende el órgano responsable. 

Por lo tanto, toda vez que no se acreditan en la especie la presunta falta de definitividad ni el consentimiento del acto reclamado, se desestiman las causas de improcedencia invocadas por el órgano partidario responsable.

En tal sentido, al no advertir, de oficio, que se actualice causa de improcedencia alguna, procede realizar el estudio de fondo del asunto planteado.

TERCERO. Estudio de fondo

Síntesis de agravios

De la lectura integral del escrito inicial de demanda, esta Sala Superior advierte que el actor se duele de la ilegalidad del dictamen impugnado, por el cual, el órgano responsable determinó que el impetrante no había cumplido con el requisito previsto en la Base Quinta, inciso d), de la convocatoria de mérito, consistente en acreditar el apoyo del 10% de afiliados inscritos en el Registro Partidario en el Estado (requisito reflejado, a su vez, en la Base Sexta, inciso m), de la propia convocatoria, consistente en que los aspirantes a participar en el referido proceso interno deberían acompañar a su solicitud diversa documentación, en particular, la correspondiente a: “m) Documento en el que consten los apoyos a los que se refiere la Base Quinta de esta Convocatoria, en el formato expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos, debidamente requisitado; …”).

Al efecto, el actor formula los siguientes puntos de agravio:

1) Según el ocursante, carece de sustento lo manifestado por el órgano responsable al considerar que de la documentación exhibida a efecto de acreditar los apoyos a su precandidatura, sólo podía validar veintiún (21) nombres de militantes, pues para cumplimentar el citado requisito exhibió 7 carpetas conteniendo un total de ocho mil ciento ochenta y tres (8,183) nombres y firmas de afiliados que le brindaron su apoyo, a partir del padrón o listado de afiliados que le fue entregado el veinticinco de enero del año en curso por el Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla.

En tal sentido, el actor aduce que el órgano partidario responsable manejó indebidamente la información que le fue solicitada sobre el padrón o listado de afiliados registrados, generando inconsistencias e incertidumbre que desembocaron en el dictamen impugnado, pues presuntamente entregó al enjuiciante un padrón distinto a aquél que ocupó al momento de llevar a cabo la verificación o compulsa de los nombres y firmas aportados para satisfacer el requisito señalado.

El impetrante agrega que dicha información sobre el padrón de afiliados le fue negada en principio por el Presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido político, cuando en términos de lo previsto en el artículo 122, fracción IV, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional se establece que los presidentes de los comités directivos estatales deben mantener actualizado el padrón correspondiente en la entidad federativa y que, además, según el actor, en términos de lo previsto en el artículo 42 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicho registro debe considerarse información pública.

Asimismo, el actor señala que no obstante haber solicitado copia auténtica del multicitado padrón de afiliados a fin de dar certidumbre a dicho registro, el Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos únicamente le entregó una impresión de tal documento, que fue el mismo que, una vez recabados los apoyos requeridos, el impetrante presentó ante dicho órgano partidista para su confrontación y acreditación del cumplimiento del multicitado apoyo del 10% del padrón de afiliados inscritos en el Padrón Partidario.

Sostiene el enjuiciante que, al entregarle tan sólo una impresión del padrón de afiliados, se dio lugar a la posible manipulación de los datos contenidos en el mismo, pues la información que se le proporcionó al respecto contrasta notoriamente con el padrón que presuntamente utilizó el órgano responsable para verificar las listas de apoyo exhibidos por el actor, ya que en tal padrón, según el dictamen impugnado, se registra un total de seis mil ciento noventa y nueve (6,199) afiliados.

2) Por otra parte, el actor aduce que sí cumplió con el requisito bajo análisis, pues del total de 8,183 nombres y firmas que presentó ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, al menos seiscientas cuarenta y seis (646) personas sí cumplen necesariamente con la calidad de afiliadas al partido, pues de la copia certificada de credenciales, reconocimientos y nombramientos de tales ciudadanos se desprende que los mismos reúnen la calidad de militantes y, por ende, de afiliados al Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, según el impetrante, el órgano responsable debió revisar y determinar la categoría de las personas que apoyaron su precandidatura, desprendiendo que, en todo caso, el indicado porcentaje de afiliados debía aparecer en el correspondiente Registro Partidario.    

3) En otro aspecto, el actor manifiesta que el titular del Ejecutivo Estatal ha expresado públicamente sus apreciaciones respecto del citado proceso interno de selección de candidato, pues incluso de manera abierta y pública ha impulsado la precandidatura de Javier López Zavala quien hasta el veinte de enero de dos mil diez se desempeñó como Secretario de Desarrollo Social y que, casualmente (sic), es la única persona a quien se ha otorgado el registro correspondiente. Al efecto, el enjuiciante acompaña diversos ejemplares de periódicos.

Análisis de agravios

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estima que los agravios expresados por el actor resultan inoperantes e infundados, según cada caso, con base en las razones y puntos de derecho que se exponen a continuación.

A. En relación con el punto de agravio sintetizado bajo el inciso 1) del apartado anterior, se considera que deviene inoperante.

Del contenido del escrito de demanda se desprende que el acto impugnado en el presente juicio es, formal y materialmente, el dictamen emitido el primero de febrero de dos mil diez por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, por el cual dicho órgano responsable declaró la no aceptación de la solicitud de registro del ahora enjuiciante como precandidato de ese instituto político al cargo de Gobernador del Estado de Puebla para el período 2011-2017.

El acto impugnado, es decir, el mencionado dictamen de primero de febrero del año en curso, se fundó y motivó en que, en lo atinente, el actor no había satisfecho el requisito previsto en la Base Quinta, inciso d), de la convocatoria de veinte de enero de dos mil diez, consistente en acreditar el apoyo del 10% de afiliados inscritos en el Registro Partidario del Estado.

De manera específica, el órgano partidista responsable argumentó que de los ocho mil ciento ochenta y tres (8,183) nombres y firmas que en siete (7) carpetas exhibió el interesado para cumplimentar tal requisito, llegaba a la conclusión de que sólo veintiún (21) personas aparecían en el documento fuente, es decir, en el Padrón de Afiliados inscritos en el Registro Partidario, precisando al efecto el nombre y municipio de las 21 personas aludidas.

No obstante lo anterior, el actor se limita a externar aseveraciones genéricas y subjetivas que no combaten lo expuesto por el órgano responsable, pues lejos de controvertir en sus propios méritos el dictamen señalado como acto impugnado y argumentar, por ejemplo, una insuficiente o indebida motivación de la resolución impugnada donde el responsable afirmó que sólo reconocía a 21 personas de un universo de 8,183, el impetrante destina sus conceptos de violación a especular sobre la presunta manipulación indebida del padrón de afiliados y a cuestionar probables vicios ocurridos con antelación a la emisión del dictamen controvertido, relacionados con la entrega/recepción del referido padrón.

Es decir, el actor no enfrenta la afirmación del órgano partidista responsable consistente en que 8,162 nombres y firmas (cifra resultante de restar a los 8,183 presentados, los 21 que el responsable reconoció) no estaban incorporadas en el registro correspondiente; no se encarga de acreditar ante este órgano jurisdiccional federal la validez que, desde su perspectiva, se debía otorgar a los 8,162 nombres y firmas que el órgano responsable rechazó; no alega que la negativa de la responsable lo dejó en estado de indefensión al no especificar ni exhibir al enjuiciante el padrón fuente con base en el cual descalificó a los referidos nombres y firmas presentados; no invoca y menos aún demuestra la identidad entre el padrón de afiliados que dice haber ocupado para reunir sus apoyos y los multicitados listados que para tal efecto presentó en 7 carpetas, ni menciona en ese sentido qué personas, desde su perspectiva y conforme al padrón que dice haber utilizado para recabar sus firmas de apoyo, se encontraban registradas en el mismo y, por ende, debían ser consideradas para tener por acreditado el requisito de mérito.   

Contrario a ello, el actor se constriñe a aducir de manera subjetiva y genérica que el órgano responsable generó inconsistencias y un estado de incertidumbre con el manejo indebido de la información relacionada con el padrón de afiliados, relatando: a) que el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Puebla le negó en principio la entrega del referido padrón, no obstante que, por disposición legal y estatutaria, dicha información es pública y tal funcionario partidista debía tenerla actualizada; b) que no obstante haber solicitado copia auténtica del padrón de afiliados, el Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos únicamente le entregó una impresión de tal documento, y c) que dicho padrón, una vez ocupado para reunir sus firmas de apoyo, es el mismo que entregó al órgano responsable para su confrontación y acreditación del cumplimiento del multicitado apoyo del 10% del padrón de afiliados inscritos en el registro partidario.

Al respecto, si bien en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece que el Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, dicha suplencia se encuentra condicionada a que tales agravios puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, lo que en la especie no ocurre, toda vez que, como se ha expuesto con antelación, el actor no se ocupa de atender y aportar elementos relacionados con el dictamen impugnado, limitándose a externar apreciaciones personales sobre presuntas irregularidades ocurridas con motivo de la entrega del padrón de afiliados, circunstancia esta última que, de haberlo estimado así el impetrante, debió ser impugnada en su oportunidad.  

Sobre el particular, no escapa a este resolutor que el documento destinado a los interesados en obtener su registro a partir del cumplimiento del 10% de afiliados, tenía como propósito identificar plenamente a los ciudadanos que efectivamente estuvieran inscritos en el Registro Partidario, por lo que siendo ésta la opción que voluntariamente eligió el actor, resultaba ineludible que este último atendiera detalladamente el contenido de tal instrumento, siendo que el propio enjuiciante no se inconformó sobre el documento que en su oportunidad le entregó dicha comisión, pues incluso lo recibió de conformidad.

En tal sentido, es decir, en cuanto al conocimiento que el actor tuvo sobre el padrón de afiliados y presuntas irregularidades concernientes al mismo, que no objetó en su momento, se advierte que: a) el actor se manifiesta sabedor de la emisión de la convocatoria de mérito, sin que hubiese cuestionado una supuesta falta de padrón de afiliados al momento de expedirse dicha convocatoria; b) relata la primera solicitud que formuló para que se le expidiera copia auténtica del padrón de afiliados y la negativa a obsequiarle dicha petición, sin impugnar tampoco tal acto, y c) el enjuiciante describe cómo se le entregó una impresión y no copia auténtica del padrón de afiliados, situación que, no obstante estar relacionada con el carácter fidedigno, cierto, objetivo y accesible de tal documento, el promovente tampoco controvirtió en su oportunidad.

Aunado a lo anterior, se advierte en autos [Cuaderno Accesorio número 2)] la existencia de razón de publicación en los estrados del órgano responsable del listado de afiliados inscritos en el registro partidario, emitida por el Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla de fecha veintitrés de enero de dos mil diez y un padrón anexo, constancias que tampoco fueron combatidas oportunamente por el actor.

B. Este órgano jurisdiccional federal considera inoperante el concepto de violación sintetizado bajo el inciso 2) del apartado precedente, donde el impetrante aduce que sí cumplió con el requisito bajo análisis, pues del total de 8,183 nombres y firmas que presentó ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, al menos seiscientas cuarenta y seis (646) personas sí cumplen necesariamente con la calidad de afiliadas al partido, pues de la copia certificada de credenciales, reconocimientos y nombramientos de tales ciudadanos se desprende que los mismos reúnen la calidad de militantes y, por ende, de afiliados al Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior, en virtud de que aún en el supuesto de admitir la autenticidad y validez de las credenciales, reconocimientos y nombramientos a que alude el actor, el requisito de apoyo que éste debía acreditar en términos de la convocatoria a que él mismo se sometió, al no impugnarla oportunamente, se hizo consistir en que las personas firmantes se encontraran inscritas en el registro partidario y no en que dichas personas contaran con tales credenciales, nombramientos o reconocimientos partidistas para, a partir de ahí, desprender obligadamente su inclusión en el referido padrón.

En efecto, en la Base Quinta, inciso d), de la multicitada convocatoria de veinte de enero de dos mil diez, se estableció lo siguiente:

…

De los requisitos para solicitar el registro

Quinta.- Los aspirantes que deseen registrarse como precandidatos deberán cumplir con los requisitos previstos por los artículos 116, fracción, párrafo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción II y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 166, fracciones de la I a la X, XII y XVI, 187 y 188 de los Estatutos del Partido, y deberán contar indistintamente con alguno de los siguientes apoyos:

…

d) 10% de afiliados inscritos en el Registro Partidario del Estado.

...

(Subrayado de la sentencia)

Por tanto, del supuesto que plantea el ocursante, consistente en que determinadas personas contaran con credencial, nombramiento o reconocimiento del partido político, no se podría acreditar necesariamente que las mismas se encontraran inscritas en el registro partidario, en términos de lo exigido en la referida base de la multicitada convocatoria y, menos aún, que con tal documentación el enjuiciante demostrara el apoyo de afiliados requerido.

Es relevante destacar también que el citado argumento y la propia presentación de los referidos documentos (credenciales, reconocimientos y nombramientos) constituyen hechos novedosos que el actor no planteó previamente ante la instancia partidista, pues no obra en autos constancia alguna de la cual se pudiera desprender que las referidas constancias  hubiesen sido exhibidas al momento de solicitar su registro ante el órgano responsable, a fin de que este último estuviera en aptitud de tomarlas en consideración al realizar la verificación de la documentación atinente.

Es por las razones anteriores que se desestima el presente concepto de violación.  

No obstante, a mayor abundamiento se expone a continuación el ejercicio atinente a demostrar que el actor no colmó el requisito de mérito, ni con el padrón de afiliados que en el caso se debe tomar en consideración, correspondiente al exhibido por el partido político, ni respecto al listado o relación de nombres presentado por el impetrante:

Lo anterior, se insiste, en el entendido de que el actor no desvirtúa los elementos que obran en autos que en el caso permiten considerar como válido el registro partidario en el Estado de Puebla.

I. Medios de prueba que obran en autos

Las pruebas aportadas por el actor junto con su demanda, a fin de demostrar el cumplimiento del requisito de apoyo para ser registrado como precandidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla, previsto en la Base Quinta, inciso d), de la convocatoria, son los siguientes:

a) Siete (7) carpetas (Anexo del presente expediente) donde presuntamente se recogen los nombres y firmas de militantes afiliados inscritos en el registro partidario, a las que hace referencia el actor en su escrito inicial de demanda y que, según el órgano responsable, no son válidas y no corresponden al padrón que en su momento entregó al enjuiciante.

Tales carpetas corresponden a los títulos y contenidos que se detallan a continuación:

Carpeta 1) DOGER. FIRMAS DE AFILIADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PARTIDARIO. DISTRITOS 1 AL 6. PUEBLA.

Carpeta 2) DOGER. FIRMAS DE AFILIADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PARTIDARIO. DISTRITOS 1 AL 6. PUEBLA.

Carpeta 3) DOGER. FIRMAS DE AFILIADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PARTIDARIO. DISTRITOS 7, 8, 9, 10 Y 11. SAN MARTIN TEXMELUCAN. SAN PEDRO CHOLULA. ATLIXCO. IZUCAR DE MATAMOROS. CHIAUTLA DE TAPIA.

Carpeta 4) DOGER. FIRMAS DE AFILIADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PARTIDARIO. DISTRITOS 14 Y 15. TEHUACAN. AJALPAN.

Carpeta 5) DOGER. FIRMAS DE AFILIADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PARTIDARIO. DISTRITOS 16, 17, 18 Y 19. TEPEACA. TECAMACHALCO. ACATZINGO. CIUDAD SERDAN.

Carpeta 6) DOGER. FIRMAS DE AFILIADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PARTIDARIO. DISTRITO 22. ZACAPOAXTLA.

Carpeta 7) DOGER. FIRMAS DE AFILIADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PARTIDARIO. DISTRITOS 23, 24, 25 Y 26. TETELA DE OCAMPO. ZACATLAN. HUAUCHINANGO. XICOTEPEC DE JUAREZ.

b) Carpeta con quince documentos:

1. Acuse de recibo del escrito de veintiuno de enero de dos mil diez, suscrito por Enrique Doger Guerrero, en el cual nombra a José Manuel Treviño López como su representante propietario ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla.

2. Acuse de recibo del escrito de veintiuno de enero de dos mil diez, firmado por el actor, por el que solicita se ponga a su disposición los formatos necesarios para exhibir los documentos que deben acompañarse a la solicitud de registro, conforme con la convocatoria.

3. Escrito de veinticinco de enero de dos mil diez, signado por el demandante, por el que, con el fin de poder cumplir los requisitos previstos en la base quinta de la convocatoria, solicita al Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos copia auténtica del padrón de afiliados inscritos en el registro partidario, entre otros documentos.

Dicho escrito tiene estampado un sello con la leyenda “PRI PUEBLA Comisión Estatal de Procesos Internos” y el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, debajo del cual se observa en letra manuscrita: “Recibí 25/enero/10 13:30”, y un signo ilegible.

4. Recibo de los documentos solicitados en el escrito precisado anteriormente, entre ellos, del padrón de afiliados inscritos en el registro partidario, signado por el representante del actor ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, con fecha veinticinco de enero de dos mil diez.

5. Recibo del disco compacto e impresión testigo de los formatos previstos en la base sexta, último párrafo, de la convocatoria, firmado por el representante del actor ante la Comisión Estatal de Procesos Internos.

6. Acuse de recibo del escrito de veinticinco de enero de dos mil diez, por el cual el actor comunica al Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, el horario en que presentará su solicitud de registro.

7. Acuse de recibo del escrito de veintiocho de enero de dos mil diez, por el que el enjuiciante manifiesta al Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, su intención de presentar su solicitud de registro en la sede del Comité Directivo Estatal.

8. Escrito de treinta de enero de dos mil diez, mediante el cual el Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos informa al actor la habilitación de la sede alterna de dicha comisión.

9. Acuse de recibo del escrito de treinta de enero de dos mil diez, a través del cual el actor solicita al Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, un ejemplar del Manual de Organización, previsto en la base tercera de la convocatoria.

10. Acuse de recibo del escrito de treinta de enero de dos mil diez, por el que el demandante solicita al Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, copia certificada de todas las actas de sesión de dicha comisión.

11. Recibo de la documentación presentada por el actor, junto con su solicitud de registro como precandidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla, suscrito por el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Procesos Internos.

12. Recibo de la documentación adicional presentada por el actor, en cuyo cuadro denominado “descripción del documento” se lee: “7 carpetas con firmas originales de militantes. Constancias de ICADEP. Padrón de Afiliados inscritos en el Registro Partidario que le fue entregado por la Comisión Estatal de Procesos Internos”, firmado por el Presidente y el Secretario Técnico de dicha comisión.

13. Razón de publicación en estrados del dictamen de no aceptación de solicitud de registro de la precandidatura del actor.

14. Escrito de veintiuno de enero de dos mil diez, por el cual el Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos solicita al Presidente del Consejo Político Estatal, informe los nombres de los afiliados inscritos en el Registro Partidario, debidamente actualizados y certificados, con el fin de ponerlos a disposición de los interesados.

15. Escrito de veintidós de enero de dos mil diez, por el cual el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Puebla remite al Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, entre otros documentos, el padrón de afiliados del partido en la entidad, en forma magnética e impresa.

c) Carpeta con los documentos presentados por el actor, junto con su solicitud de registro de precandidatura a Gobernador del Estado, no relacionados con el cumplimiento del requisito de apoyo a dicha precandidatura, tales como el acta de nacimiento del enjuiciante, copia certificada de su credencial de elector, constancia de domicilio, copia certificada de la credencial de militante del Partido Revolucionario Institucional, constancias enderezadas a acreditar el carácter de dirigente partidario y programa de trabajo presentado por el enjuiciante, entre otros.

d) 643 copias certificadas por notario público de distintas credenciales, de las cuales 617 corresponden a credenciales denominadas de “identidad priísta” y a documentos en los que se hace constar la membresía partidaria de sus portadores, expedidas por el Partido Revolucionario Institucional. Las restantes 26 credenciales son expedidas por sujetos distintos al partido político, tales como la Dirección General de Gobierno del Estado de Puebla, la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Puebla.

e) 183 copias certificadas por notario público de credenciales relativas a la afiliación al Partido Revolucionario Institucional, exhibidas por el demandante con el carácter de prueba superveniente, mediante escrito presentado ante esta Sala Superior el quince de febrero de dos mil diez.

f) Tres carpetas con 263 documentos con la leyenda “reconocimiento por trayectoria priísta” y 207 documentos que contienen nombramientos de distintos cargos partidarios.

g) Treinta y un ejemplares de periódicos de circulación local denominados “Cambio”, “La Opinión”, “El Columnista”, “El Sol de Puebla” y “Puntual”.

Además, obran en el expediente:

i) Copia certificada del padrón de afiliados exhibido por el Partido Revolucionario Institucional con motivo del requerimiento formulado por el Magistrado instructor mediante proveído de doce de febrero de dos mil diez.

ii) Copia certificada de una lista de nombres presentada por el demandante en cumplimiento al requerimiento realizado por el Magistrado instructor en auto de doce de febrero de dos mil diez.

II. Copias certificadas de registro partidario del Estado y de listado, exhibidos, respectivamente, por el órgano responsable y por el actor

En cumplimiento a los requerimientos formulados por el magistrado instructor el doce de febrero de dos mil diez, tanto la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Puebla como el actor, exhibieron sendos documentos que contienen la relación de nombres que cada uno tomó como referencia para evaluar el cumplimiento del requisito previsto en la Base Quinta, inciso d), de la convocatoria al proceso de selección interna del candidato a Gobernador del Estado.

a. Copia certificada de padrón exhibido por el órgano responsable

Este documento consta en doscientas ochenta y dos (282) fojas, y está dividido en los veintiséis (26) distritos electorales locales que conforman el Estado de Puebla. En él se enumeran seis mil ciento ochenta y un (6,181) nombres.

b. Copia certificada del listado presentado por el actor

El documento contiene doscientas sesenta y cinco (265) fojas, y se divide también en veintiséis (26) distritos. En él se mencionan cinco mil doscientos tres (5,203) nombres.

Sobre este particular, como se anotó en párrafos precedentes, este órgano jurisdiccional federal estima que el padrón de afiliados que debe tomarse en consideración en el presente caso para definir el porcentaje de apoyo exigido al actor es el presentado por el órgano responsable, pues fue tal instrumento fue expedido por el partido político en su calidad de entidad de interés público, en cumplimiento a su normativa interna y ejercicio de su libertad de decisión política y derecho de autoorganización, además de haber sido publicado en estrados y no impugnado ni desvirtuado, aunado a que dicho padrón de afiliados fue exactamente coincidente en los dos momentos en que lo exhibió el órgano responsable, es decir, cuando lo presentó con su informe circunstanciado y en la oportunidad de desahogar el requerimiento que se le formuló al respecto.  

III. Determinación del número de afiliados necesario para cumplir con el requisito previsto en la base V, inciso d), de la convocatoria

De acuerdo con las cifras que constan en el padrón partidario y la lista del actor, para cumplir con el requisito de acreditar el apoyo del 10% de afiliados inscritos en el registro partidario del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, según el padrón exhibido por el partido político, el demandante debió exhibir 618 firmas, mientras que, según el listado aportado por el actor, dicha cifra es de 520 firmas.

Con la finalidad de acreditar el requisito exigido en la convocatoria, el actor exhibió junto con su solicitud de registro, siete carpetas que dice contienen 8,183 nombres con firmas de afiliados. Sin embargo, el análisis del contenido de las carpetas realizado por esta Sala Superior permite advertir que, en realidad, dichas carpetas contienen 8,149 nombres, de los cuales sólo 7,723 están acompañados de firma.

Primer ejercicio. Enseguida se coteja cada uno de los 7,723 nombres y firmas contenidos en estas carpetas con el padrón aportado por el partido político, con objeto de constatar si se trata de afiliados inscritos en ese documento.

El resultado se refleja en el siguiente cuadro, en el cual se incluyen sólo los nombres que se encuentran en el padrón exhibido por el órgano responsable.