JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

 

EXPEDIENTE: SUP-JDC-485/2014

 

ACTOR: FERNANDO GARZA MARTÍNEZ

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

 

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

SECRETARIO: ALEJANDRO PONCE DE LEÓN PRIETO

México, Distrito Federal, a dos de julio de dos mil catorce.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-485/2014, promovido por Fernando Garza Martínez, en contra de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, a fin de controvertir la omisión de cumplir lo ordenado en el artículo tercero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la responsable no ha expedido la legislación secundaria para implementar las candidaturas independientes en esa entidad federativa, y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el actor hace en su escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1.                Decreto de reforma al artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución federal. El trece de noviembre de dos mil siete, entre otros, se reformó el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar el derecho exclusivo de los partidos políticos de postular candidatos, para participar en los procedimientos electorales populares en la entidad.

2.                Decreto de reforma al artículo 35, fracción II, de la Constitución federal. El nueve de agosto de dos mil doce se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, entre las cuales es la fracción II del artículo 35, para reconocer el derecho de los ciudadanos a participar como candidatos, en los procedimientos de elección popular, de manera independiente de los partidos políticos.

3.                Decreto 24457/LX/13 de reforma a la Constitución de Jalisco. El diecisiete de diciembre de dos mil trece se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el Decreto de reforma a la fracción II, del artículo 8° la Constitución Política del Estado de Jalisco, para establecer como prerrogativa del ciudadano jalisciense la solicitud de registro como candidato independiente, a fin de participar en las elecciones populares.

4.                Decreto que reforma y adiciona el artículo 116, de la Constitución federal. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil trece, se modificó el artículo 116, fracción IV, en su inciso e), y se adicionó el inciso o), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el deber de las legislaturas locales de fijar las bases y requisitos para que los ciudadanos puedan solicitar su registro como candidatos independientes, a fin de participar en los procedimientos de elección popular en los Estados de la República.

5.                Decreto de reforma al artículo 116, fracción IV, inciso k), de la Constitución federal. El diez de febrero de dos mil catorce se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre éstos el numeral 116, fracción IV, inciso k), para que en las Constituciones y leyes de los Estados se fijen las bases y requisitos a fin de que, en las elecciones populares locales, los ciudadanos puedan solicitar su registro como candidatos, para poder ser votados, para todos los cargos de representación popular, en forma independiente a los partidos políticos, en términos del artículo 35 de la Constitución federal. Asimismo, el contenido del inciso o) se recorrió para pasar al inciso p), de la fracción IV, del aludido artículo 116.

6.                Decreto 24859/LX/14 de reforma a la Constitución de Jalisco. El diez de abril de dos mil catorce se publicó, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el Decreto de reformas a los artículos 6°, 7° y 8° la Constitución Política del Estado de Jalisco; entre estas reformas está la fracción II del artículo 8°, cuya disposición pasó a ser el inciso b) de la fracción II, del artículo 6° constitucional.

7.                Aprobación de leyes generales. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, sendos Decretos legislativos mediante los cuales se expidieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El diecinueve de junio de dos mil catorce, Fernando Garza Martínez, por propio derecho y ostentándose como aspirante a solicitar su registro ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para contender como candidato independiente al cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Guadalajara, presentó demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a fin de impugnar la omisión de expedir la legislación secundaria sobre candidaturas independientes en esa entidad federativa, lo cual considera que contraviene lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en materia de candidaturas independientes.

III. Recepción del expediente. El veintiséis de junio de dos mil catorce se recibió, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio por el cual la Presidenta y Secretarios de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Jalisco rindieron informe circunstanciado y remitieron el escrito de demanda, de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y demás documentación relacionada con el medio de impugnación en que se actúa.

IV. Turno a Ponencia. Mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil catorce, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente identificado con la clave SUP-JDC-485/2014, ordenando su turno a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación. Por auto de veintiséis de junio de dos mil catorce, el Magistrado Flavio Galván Rivera acordó radicar, en la Ponencia a su cargo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que motivó la integración del expediente identificado al rubro.

VI. Admisión. En proveído de primero de julio de dos mil catorce, el Magistrado Instructor, al considerar cumplidos los requisitos de procedibilidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, acordó admitir la demanda presentada por Fernando Garza Martínez. Asimismo,  se declaró cerrada la instrucción al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, por lo cual quedó en estado de resolución, motivo por el que ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia, y

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f), y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, incoado por un ciudadano, que aduce vulneración a su derecho político electoral de ser votado, en razón de la omisión imputada a la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, por no emitir la legislación secundaria para implementar las candidaturas independientes, en esa entidad federativa, a fin de participar en las elecciones populares.

Al respecto resulta aplicable, mutatis mutandi, el criterio sustentado por esta Sala Superior, que ha dado motivo a la tesis relevante identificada con la clave XXVI/2013, consultable a fojas noventa a noventa y una de la "Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral", año 6 (seis), número 13 (trece), 2013 (dos mil trece), publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente:

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL CONTRA LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN LA MATERIA.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso d), 195 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los numerales 86 y 87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales se estableció un sistema de medios de impugnación; que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer de las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos; y que la distribución de competencias establecida por el legislador, para las Salas del Tribunal Electoral, con el objeto de conocer de los juicios de revisión constitucional electoral, dejó de prever expresamente a cuál corresponde resolver sobre las impugnaciones en las que se aduzca una omisión legislativa de un Congreso local para legislar en materia político-electoral. En ese sentido, a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación en la materia, y en razón de que la competencia de las Salas Regionales en el juicio de revisión constitucional electoral está acotada por la ley, debe concluirse que la Sala Superior es la competente para conocer de aquellos juicios, cuando ello implique una inobservancia de los principios constitucionales que deben regir toda elección o cuando implique una conculcación a derechos político-electorales de los ciudadanos.

 

SEGUNDO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la litis planteada, en el juicio al rubro identificado, se debe analizar y resolver la causal de improcedencia  invocada por la autoridad responsable, al rendir el respectivo informe circunstanciado, por ser su examen preferente, ya que versa sobre aspectos de procedibilidad del medio de impugnación.

Al respecto, se aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que el actor carece de interés jurídico para promover el juicio al rubro indicado, toda vez que no ha transcurrido el plazo para adecuar las disposiciones en materia electoral, en las que se establezcan los requisitos y condiciones que deberán cumplir los ciudadanos para participar como candidatos independientes en el próximo procedimiento electoral popular.

A juicio de esta Sala Superior, la causal de improcedencia resulta inatendible, dado que los argumentos formulados guardan relación con el fondo de la litis planteada, porque los conceptos de agravio se vinculan al  derecho del actor de ser votado, precisamente porque no se han emitido las disposiciones legales sobre las candidaturas independientes, por lo que las consideraciones de la responsable no pueden ser materia de análisis para determinar la procedibilidad del juicio, ya que ello implicaría incurrir en el vicio lógico de petición de principio.

De ahí que no sea factible considerar que se actualiza la causal de notoria improcedencia invocada por la autoridad responsable, motivo por el cual su análisis se hará al estudiar el fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Conceptos de agravio. En su escrito de demanda, el actor expresó los conceptos de agravio que a continuación se reproducen:

XII. Conceptos de Impugnación.

PRIMERO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CERTEZA Y LEGALIDAD ELECTORAL. Me es violado y restringido mi derecho humano de participación política reconocido expresamente en los artículos 35, fracción II, de la Carta Magna, y en el 8º, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su vertiente a ejercer mi derecho a ser votado como candidato independiente en el estado de Jalisco en el próximo proceso electoral, debido al incumplimiento del H. Congreso del Estado de Jalisco al no expedir la legislación electoral que instrumentara las candidaturas independientes en el plazo establecido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 09 de agosto de 2012, violándose en mi perjuicio los principios constitucionales de certeza y legalidad electoral, principios rectores en el ejercicio de mi derecho humano de carácter político-electoral reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41 constitucional, segundo párrafo, fracción V, Apartado “A”, que a la letra indica:

Se transcribe.

Como ya acredite en el capítulo de interés jurídico, pretendo ejercer mi derecho humano de participación política para contender en el próximo proceso electoral local y poder ser votado como candidato independiente en el estado de Jalisco, derecho fundamental que tengo reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º y 35 fracción II, artículo 8 , fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y en tratados en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano: Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, inciso b) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 3, 6 y 7 de la Carta Democrática Interamericana, y los artículos 2 y 23, inciso b) de la Convención Americana de Derechos Humanos, mismos que han sido violados en mi perjuicio por parte de la autoridad responsable en el presente juicio.

El impedimento del que hoy soy objeto debido a la omisión de la autoridad responsable para poder ejercer a plenitud mi derecho humano de participación política en su vertiente pasiva-ser votado- que pretendo ejercer en el próximo proceso electoral local viola el artículo 1º de la Carta Magna y artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Jalisco en lo referente a que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, .investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En el presente caso, el H. Congreso del Estado de Jalisco actúa como autoridad electoral a la que se le ordeno expedir en determinado plazo la normatividad electoral para la materialización de mi derecho humano de participación política en su vertiente pasiva, mismo actuar que no atiende el artículo 1 constitucional federal ni 4º constitucional local ya que no se garantiza poder ejercer mi derecho a ser votado como candidato independiente en la próxima elección local al no haber cumplido con el artículo 3º transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012. Ya no se trata de una prerrogativa más, es un derecho humano, mismo que no se me ha otorgado sino que me ha sido reconocido tanto en el texto constitucional federal como en el local, que indica:

Artículo 8. Son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses:

II. Ser votado en toda elección popular, siempre que el individuo reúna los requisitos que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus respectivas leyes reglamentarias y no esté comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas por las mismas. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral correspondiente a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la ley;

A partir del 10 de agosto de 2012, fecha de entrada en vigor de la reforma política, yo ya cuento con el derecho humano reconocido expresamente en la Constitución para poder ser votado como candidato independiente a un cargo de elección popular y, a nivel local, a partir del 18 de diciembre de 2013 con la publicación del decreto que modificó el artículo 8º en su fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

A partir de ahí, mi expectativa a ejercer dicho derecho fue de la mano a esperar el cumplimiento al mandato constitucional señalado en el artículo 3º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 09 de agosto de 2012, mismo que le impuso el plazo de un año al Congreso del Estado de Jalisco para expedir la legislación en la que se iban a inscribir los requisitos, condiciones, y términos en que mi derecho iba ser materializado y reglamentado. Lo anterior no sucedió y no cuento con la certeza que eso vaya a suceder ni de las condiciones, requisitos y términos en que vayan a establecerse. Lo grave de la violación de la que hoy vengo demandando y acudiendo a que me sea resarcida, es que no se trata de la violación administrativa o de otra índole, sino que es contra mi derecho humano reconocido expresamente en los artículos constitucionales y en los artículos de los Tratados Internacionales que el estado mexicano ha suscrito, citados a lo largo del presente medio de impugnación.

No es suficiente con que hoy yo cuente con el derecho a ser votado como candidato independiente en el estado de Jalisco, no, requiero obligatoriamente y lo antes posible en términos del artículo 1º constitucional y del artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos a contar con la oportunidad real de poder ejercerlo, esto es, conocer con certeza los requisitos, condiciones y términos en que mi derecho humano va ser reglamentado, y luego, ver el cómo, si esta reglamentación se basó en los criterios de hermenéutica jurídica de los derechos humanos (principios pro homine, de progresividad y razonabilidad) o si fue materializado de forma que sea imposible su ejercicio, por lo que no basta con poseerlo, sino que su ejercicio sea posible y efectivo. Cito para reforzar lo anterior la sentencia de 1 de septiembre de 2011 de la Corte IDH en el Caso López Mendoza vs Venezuela, Serie C no 233, numeral 108, que a la letra indica:

“La Corte estima pertinente reiterar que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos.”

En cuanto a las medidas positivas que el Estado Mexicano debe adoptar, este se abunda en el voto particular formulado por el Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, ponente en los juicios SUP-JDC-1137/2013 y acumulado, la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa y el Magistrado Constancio Carrasco Daza, hace referencia a página 64 dice a la letra:

“De esta forma, si el Estado ha reconocido en su Constitución el derecho a ser electo mediante el sistema de candidaturas independientes, existe el deber correlativo de tomar las medidas necesarias para hacerlo efectivo, en los términos, condiciones y plazos que el propio ordenamiento interno establece”

La Corte Interamericana ha sostenido que la obligación de adecuar la legislación interna para garantizar los derechos humanos, por su propia naturaleza, es una obligación de resultado1, es decir, que se satisface hasta el momento en que se expidan las leyes que generen las condiciones y mecanismos óptimos para que puedan ser ejercidos de manera efectiva. Es un derecho humano de base constitucional y de configuración legal.

1 De acuerdo con la Corte IDH, el artículo 2 de la Convención Americana “obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la misma Convención. Es necesario reafirmar que la obligación de adaptar la legislación interna es, por su propia naturaleza, una de resultado. Corte IDH, entre otros. Caso Comunidad Indígena Yákye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr.100.

 

De acuerdo a la reforma en materia de derechos humanos en nuestro país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de 2011, las normas sobre derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia. En este sentido, solicito que en el análisis de este agravio, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación maximice mi derecho humano a ser votado como candidato independiente en la próxima elección local y que obligue a la autoridad responsable a que mi derecho sea restituido mediante la inmediata expedición de la legislación que permita la oportunidad real de ejercicio de mi derecho, misma que deberá tener como base el principio pro homine, el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad jurídica-electoral, lo anterior para garantizar certeza constitucional, convencional y legal en cuanto a la reglamentación de mi derecho a ser votado en el próximo proceso electoral que inicia en octubre de 2014.

El principio de certeza en materia electoral, tiene como función principal no solamente el que los participantes conozcan con bastante anticipación (artículo 3º transitorio estableció como fecha límite el 10 de agosto de 2013) las reglas fundamentales bajo las cuales se regirá la legalidad de los procedimientos en el que los ciudadanos podrán acceder a los cargos de elección popular-hoy por hoy solo los partidos políticos las conocen- sino también que dichas reglas sean expedidas con la suficiente anticipación para que en caso que las mismas puedan llegar a ser controvertidas en tiempo y forma puedan modificarse antes del inicio del proceso electoral en cuestión como lo ordena puntualmente el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo constitucional.

El Pleno de la Suprema Corte, en la jurisprudencia que se transcribe a continuación, señala las dos posibles excepciones al cumplimiento estricto al anterior artículo.

CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO. Se transcribe.

Ya ese H. Tribunal ha reiterado en diversas ocasiones que el derecho humano de participación política en su vertiente pasiva-ser votado- es un derecho humano de base constitucional y de configuración legal. Basado en esto, debió de haberse dado irrestricto cumplimiento en función del principio pro homine contenido tanto en base en el artículo 1º  constitucional federal y 4º de la constitución local y de sus principios (universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad) así como en función de los criterios de hermenéutica jurídica de los derechos humanos, mismos que establecen como base mínima para su debida materialización y posterior ejercicio, el cumplimiento al juicio de proporcionalidad, como lo sugiere el académico colombiano Carlos Bernal Pulido:

Dicho juicio2 comprende tres subelementos: la idoneidad del medio escogido para alcanzar el fin legítimo propuesto, la necesidad de su utilización para el logro del fin (esto es, que no exista otra forma que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios) y la proporcionalidad en sentido estricto entre medio y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique valores constitucionales más importantes.

2 Bernal Pulido, Carlos (2003), El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

 

Idoneidad, necesidad y proporcionalidad, subelementos básicos que el legislador ordinario en Jalisco podrá utilizar haciendo uso de la libertad de configuración legal que posee en aras de que la instrumentación de las candidaturas independientes en el Estado sean una realidad y que en la medida que sean establecidas atendiendo los principios constitucionales electorales sirvan para contribuir a los objetivos democráticos y de participación ciudadana en beneficio de la ciudadanía.

Por lo anterior, y en términos del artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es que el Estado Mexicano está obligado a adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivo y garantizar mi derecho humano de participación política ya reconocido expresamente a nivel constitucional federal y local, y que la hoy autoridad responsable lo mantiene restringido por su omisión legislativa absoluta de cumplir con un mandato expreso y concreto de la Constitución, por lo que esta H. Sala Superior en su investidura de Tribunal Constitucional cuenta con la obligación y facultad de ordenar de inmediato a la hoy autoridad demandada a que de irrestricto y constitucional cumplimiento a la omisión ya señalada en el transcurso del presente escrito.

SEGUNDO AGRAVIO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. Se viola mi derecho humano de participación política a ser votado como candidato independiente contenido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 8º, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, como candidato independiente a Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en la próxima elección debido a que la señalada autoridad responsable transgredió y violento el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 constitucional federal, al no dar cumplimiento al Decreto en materia de reforma política publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de agosto de 2012, misma omisión legislativa que hoy me imposibilita el contar con la oportunidad efectiva de conocer la instrumentación (requisitos, condiciones y términos) de las candidaturas independientes en el estado de Jalisco.

El principio de supremacía constitucional establecido en su numeral 133, indica:

Se transcribe.

La fuerza normativa de la Constitución debe prevalecer y garantizar los derechos humanos consagrados en la misma, con el objeto de hacer funcional el estado democrático al cual pertenecemos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma máxima y base fundamental de nuestro Estado Mexicano.

De lo anterior, le pertenecen características de origen que le facultan su fuerza vinculante como norma jurídica superior a las demás. Por esto, el principio de supremacía constitucional la coloca por encima de cualquier persona, autoridad o legislación secundaria. Nuestra Constitución contiene normas supremas y eficaces, cuya aplicabilidad depende de instrumentos que pueden restablecer el orden constitucional alterado, por tanto, es razonable estimar que uno de esos instrumentos es precisamente la restitución al goce de mi derecho humano a ser votado como candidato independiente en el próximo proceso electoral derivado del incumplimiento a un mandato constitucional por parte del H. Congreso del Estado de Jalisco, omisión contraria a la Carta Magna, misma que hoy me encuentra imposibilitado a poder ejercer mi derecho humano a ser votado en la próxima elección como candidato independiente. A continuación transcribo jurisprudencia de la Suprema Corte acerca de competencias o facultades de ejercicio obligatorio constitucionalmente conferidas:

J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Pág. 1533

PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS. Se transcribe.

 

La omisión legislativa absoluta en competencias de ejercicio obligatorio descrita con antelación, es el acto que viola y restringe actualmente mi oportunidad efectiva de poder ejercer a plenitud mi derecho humano de participación política a poder ser votado como candidato independiente en el estado de Jalisco. A lo largo de los últimos meses se han venido afectando valores constitucionales como los principios de certeza, de equidad y de legalidad de frente a los comicios a los que tengo derecho a ejercer a través de su instrumentación en la ley electoral local en el capítulo de candidaturas independientes. Los ciudadanos (militantes o no) que ya hoy pretenden participar en el próximo proceso electoral local a través del sistema de partidos políticos, cuentan con certeza, y hoy que aspiro a ser candidato independiente solo cuento con incertidumbre, hecho que afecta desde ya al desarrollo y resultado del proceso electivo.

La omisión de la autoridad responsable en el presente juicio se actualizo cuando no cumplió en el plazo ordenado por un mandato constitucional contenido en el artículo 3º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de agosto del año 2012, hecho que es notorio y del que no se tiene mayor información en cuanto a que se le haya dado cumplimiento, omisión que me afecta en virtud de que ahí se encuentra contenido mi derecho humano y la materialización del mismo. Para reforzar lo anterior, hago transcripción de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistente en los tipos de omisión legislativa que reconoce, así como de la que hoy es responsable la autoridad responsable en el presente juicio y que es el acto reclamado que hoy mantiene restringido e imposibilitado el desarrollo material y normativo de mi derecho humano a ser votado como candidato independiente en el próximo proceso electoral en el estado de Jalisco.

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Pág. 1527

OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. Se transcribe.

La SCJN se ha pronunciado respecto a los tipos de facultades de los órganos legislativos derivados del principio de división funcional de poderes. El máximo órgano jurisdiccional los ha dividido en dos: Facultades de ejercicio potestativo y facultades de ejercicio obligatorio.

La Corte determina que son aquellos a los que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso por parte de los órganos legislativos, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que si no se realizan, el incumplimiento trae aparejada una sanción. En este tipo de competencias el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe una obligación a su cargo de expedirla o crearla, que puede encontrarse expresa o implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales o en el de las disposiciones transitorias.

El silencio legislativo y el no actuar de parte de la hoy autoridad responsable afecta mi derecho fundamental reconocido expresamente por la Carta Magna y los Tratados Internacionales de contenido político-electoral que el Estado Mexicano ha suscrito con anterioridad a la presentación del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por lo que mi única y exclusiva pretensión en el presente juicio es que esa H. Sala Superior tome las medidas necesarias para que me sea restituido mi oportunidad efectiva para poder ejercer mi derecho humano de participación política a ser votado, en virtud que derivado del incumplimiento a un mandato constitucional por parte del H. Congreso del Estado de Jalisco, no cuento con la oportunidad real, material y efectiva de poder llegar a ejercerlo, de ahí que reitero respetuosamente mi solicitud a que se tomen las medidas necesarias para que eso suceda.

El impedimento por la omisión de la autoridad responsable para ejercer mi derecho humano a ser votado a un cargo de elección popular como candidato independiente en la próxima elección local carece de fundamento legal y de motivo o razón. No existe excepción o salvedad en la Constitución, en la ley, en el Decreto de 09 de agosto de 2012 o en sus transitorios, ni motivo alguno de carácter jurídico, democrático o social para no haber cumplido en el plazo establecido con la expedición de la legislación que permitiera conocer los requisitos, condiciones y términos para poder materializar mi pretensión política-electoral a ser votado como candidato independiente en la jornada electoral de 2015.

La autoridad responsable con su omisión transgrede, restringe e imposibilita mi pretensión política-electoral a la que tengo derecho en términos de la fracción II del artículo 35 de la Carta Magna y del artículo 8º de la Constitución Política del Estado de Jalisco, a poder ser votado como candidato independiente a diputado federal en el próximo proceso electoral. Dicha omisión es sin fundamento convencional, constitucional o legal ni motivo alguno, lo que constituye un acto arbitrario y en sentido contrario al estado democrático de derecho en constante evolución en nuestro país.

De esta forma, la omisión legislativa absoluta y concreta respecto de las candidaturas independientes en el estado de Jalisco, es violatoria del principio de supremacía constitucional y se configuro cuando el legislador no cumplió con el plazo de un año ordenado en el artículo 3º transitorio contenido en el Decreto de reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 09 de agosto de 2012, máxime cuando ello implica una inobservancia total a los principios constitucionales que deben regir obligatoriamente en todo proceso electivo como lo son el de certeza, seguridad jurídica y proporcionalidad, entre otros.

Por lo anterior, es que solicitó al Tribunal Constitucional al que hoy acudo a que me sea restituido el goce efectivo de mi derecho humano de participación política a poder ser votado como candidato independiente en los términos que determine la legislación y sean en base a los principios rectores constitucionales en material electoral establecidos en los artículos 41, párrafo segundo, fracción V, y 116, fracción IV, inciso B), de la Constitución General de la República.

 

CUARTO. Estudio del fondo de la litis. En esencia, el actor aduce que la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco transgrede su derecho político-electoral de participación política y, en especial, su derecho de ser votado, como candidato independiente, en el próximo procedimiento electoral para elegir presidente municipal en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

Al respecto, considera que la Legislatura responsable ha omitido hacer las adecuaciones normativas necesarias para implementar las candidaturas independientes en esa entidad federativa, a pesar del deber jurídico previsto en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce.

En ese contexto, la pretensión del actor consiste en que se ordene a la autoridad responsable que legisle en materia de candidaturas independientes, para estar en aptitud de ejercer su derecho de ser votado, con esa calidad jurídica-política, en la aludida elección municipal.

La causa de pedir la hace consistir en que la omisión en que ha incurrido la responsable lo deja en estado de indefensión, porque al no existir los mecanismos legales adecuados e idóneos que fijen los requisitos, condiciones y términos que son necesarios para que un ciudadano se pueda postular como candidato ciudadano o independiente a un cargo de representación popular, le genera imposibilidad jurídica para ejercer el derecho a ser votado, como candidato independiente, a pesar de que ese derecho ya existe y está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A juicio de esta Sala Superior, es sustancialmente fundado el concepto de agravio hecho valer por el ahora demandante, Fernando Garza Martínez.

Al efecto, es necesario precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del Estado Mexicano, con fuerza vinculante como norma jurídica.

Esto es, el conjunto de principios, valores, reglas y demás previsiones que contiene su texto, conforman un todo sistemático, dotado de fuerza jurídica vinculante. Este grado de vinculación no sólo radica en su estructura coactiva intrínseca, sino también del principio de supremacía constitucional.

De la relación entre fuerza vinculante y supremacía constitucional se genera la necesidad de que toda actuación de las autoridades y de los gobernados se someta a lo dispuesto en la Ley Fundamental; en otras palabras, la Constitución impone tal deber jurídico, a la totalidad de los sujetos de Derecho, incluidos los operadores jurídicos, públicos y privados.

Es claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene normas supremas que deben ser socialmente eficaces, cuya aplicabilidad depende, en ocasiones, de los instrumentos jurídicos que pueden restablecer el orden constitucional alterado; sin duda, uno de esos instrumentos es precisamente el control de las omisiones legislativas, cuando son contrarias a lo ordenado por la propia Constitución.

Señalada la importancia del principio de supremacía constitucional y de su fuerza vinculante, es necesario establecer parámetros respecto de la omisión legislativa, como fuente generadora de conductas no apegadas a la Constitución General de la República.

La inconstitucionalidad por omisión es una conducta en la que puede incurrir cualquier órgano de Poder Público, dentro de la estructura constitucional de la República, caso en el cual se deja de hacer o de practicar lo que constitucionalmente está exigido u ordenado.

Así, la omisión legislativa de carácter concreto se configura cuando el legislador no cumple, en un tiempo razonable o dentro del plazo determinado en la misma Constitución, un mandato concreto de legislar, impuesto expresa o implícitamente por la Ley Suprema.

La omisión del legislador ordinario se presenta cuando éste está constreñido a desarrollar en una ley un mandato constitucional y no lo hace. El legislador no dicta una ley o parte de ésta, que debería expedir para hacer real y efectivo el mandato constitucional, lo cual se torna más grave cuando las omisiones pueden afectar derechos fundamentales de los gobernados previstos en la Constitución federal o en los tratados internacionales vigentes en el contexto del sistema jurídico mexicano.

En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia identificada con la clave 14/2005, estableció directrices claras, a partir de temas particulares, a saber: a) Principio de división de poderes; b) Vinculación positiva y negativa de los poderes públicos al sistema competencial de la Constitución federal; c) Tipos de facultades de los órganos legislativos, y d) Tipos de omisiones a que da lugar el no ejercicio de las facultades otorgadas.

Estos temas sirvieron de base para la aprobación de diversas tesis de jurisprudencia, en los términos que a continuación se precisan.

La tesis identificada con la clave P./J. 9/2006, correspondiente a la novena época, establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006 (dos mil seis), página 1533 (mil quinientas treinta y tres), con texto y rubro siguientes:

PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS. El citado principio se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas conferidas a los órganos superiores del Estado; en ese sentido, el principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, este sistema competencial puede ser de diferentes formas, pues existen: a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; b) competencias o facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida; y, c) competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el órgano del Estado al que le fueron constitucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas.

En este criterio se establece que la vinculación de las autoridades genera un sistema competencial expresado en varias modalidades, como son:

a)                Prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercido de otras competencias concedidas.

b)                Competencias o facultades de ejercido potestativo, caso en el cual el órgano del Estado puede decidir, conforme a Derecho, si ejerce o no la atribución que tenga conferida.

c)                 Competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el órgano del Estado al que le fueron constitucionalmente conferidas tiene el deber jurídico de ejercerlas.

En cuanto a las facultades de ejercicio obligatorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son las que el orden jurídico prevé como mandato expreso, esto es, que existe un vínculo jurídico concreto de hacer. En consecuencia, si no se ejercen, es decir, si no se llevan a cabo las conductas constitucionalmente impuestas, es claro que se genera un incumplimiento constitucional.

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la tesis identificada con la clave P. / J. 10/2006, de la Novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006 (dos mil seis), página 1528 (mil quinientas veintiocho), que el deber de ejercer la facultad legislativa se puede encontrar expresa o implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales o en el de sus disposiciones transitorias, como se advierte a continuación:

 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. En atención al citado principio los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio. Las primeras son aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no y el momento en que lo harán; de manera que esta competencia en sentido estricto no implica una obligación, sino la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales, es decir, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir libremente si crean determinada norma jurídica y el momento en que lo harán. Por su parte, las segundas son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de hacer por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones; de ahí que si no se realizan, el incumplimiento trae aparejada una sanción; en este tipo de competencias el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedirla o crearla, que puede encontrarse expresa o implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales, o en el de sus disposiciones transitorias.

En lo atinente a los tipos de omisión legislativa, la Suprema Corte puntualizó que existen dos: absolutas y relativas. La absoluta, cuando el legislador simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes, ni ha externado normativamente voluntad alguna para hacerlo, y la relativa, cuando al haber ejercido su facultad el legislador lo hace de manera parcial o simplemente no la ejerce de manera integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes.

Lo expuesto es conforme a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis identificada con la clave P./J. 11/2006, correspondiente a la novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006 (dos mil seis), página 1527 (mil quinientas veintisiete), la cual se transcribe a continuación:

OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente.

Conforme a  lo anterior, se advierte la existencia de los siguientes tipos de omisión legislativa:

 

a) Absoluta, en caso de facultades de ejercicio obligatorio.

b) Relativa, en el supuesto de facultades de ejercicio obligatorio.

c) Absoluta, en la hipótesis de facultades de ejercicio potestativo.

d) Relativa, en la hipótesis de facultades de ejercicio potestativo.

 

En conclusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la facultad conferida a las legislaturas estatales, por disposición de un artículo transitorio de un decreto de reforma constitucional, en el cual se impone al legislador ordinario el deber jurídico de establecer las medidas legislativas necesarias, con objetivos concretos y determinados por la propia norma constitucional, constituye una facultad de ejercicio obligatorio, en tanto que deriva de un mandato expreso del órgano reformador de la Constitución federal y que la omisión en el cumplimiento merma la eficacia plena de la Ley Fundamental.

En este orden de ideas es factible concluir que las omisiones legislativas de facultades de ejercicio obligatorio pueden vulnerar los derechos humanos, así como los principios constitucionales que rigen las elecciones, como son los de certeza, imparcialidad, independencia, profesionalismo, legalidad, objetividad y máxima publicidad.

En otro aspecto cabe destacar que esta Sala Superior se ha pronunciado en diversas ocasiones para señalar que el principio de certeza, en una de sus acepciones, consiste en que  los sujetos de Derecho que participan en un procedimiento electoral estén en posibilidad jurídica de conocer previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las que se deben sujetar todos los actores que han de intervenir, ya sean autoridades o gobernados.

En contrapartida, la falta de normativa jurídica, por omisión del Poder Legislativo, federal o local de facultades de ejercicio obligatorio, puede vulnerar los derechos político-electorales de los ciudadanos, en la medida en que su expedición y vigencia sea en beneficio e interés de los ciudadanos, tomando en cuenta que el deber de legislar esté previsto en un mandato constitucional, precisamente en beneficio de los ciudadanos.

En un Estado Constitucional y Democrático, la Constitución general no puede ser tomada como una mera declaración política, sino que constituye la norma fundamental y suprema, a la que se debe ajustar todo ordenamiento jurídico, porque sus mandatos son primordiales e ineludibles para el adecuado funcionamiento del Estado.

Por cuanto hace a las candidaturas independientes, para participar en las elecciones populares, tal posibilidad o derecho de participación política de los ciudadanos es prevista en los artículos 35, fracción II, y 116, fracción IV, incisos k) y p), de la Carta Magna, al tenor siguiente:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I.

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

Artículo 116. …

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;

p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

Como se advierte, el derecho de votar y ser votado incluye la posibilidad de participar en las elecciones bajo la institución de la candidatura independiente. Este derecho político-electoral constituye simultáneamente un derecho humano de base constitucional y configuración legal, lo que significa que para su ejercicio necesariamente se requiere de una actividad reguladora del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados de la República, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues sólo así los ciudadanos pueden estar en posibilidad jurídica de conocer las modalidades, requisitos, derechos y obligaciones que conforman el contenido de la candidatura independiente en cada entidad federativa.

En estas circunstancias, esta Sala Superior considera que si las omisiones legislativas en materia electoral de facultades de ejercicio obligatorio, pueden conculcar derechos político-electorales, ello trae como consecuencia la necesaria intervención del órgano jurisdiccional encargado de garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y de legalidad; concluir lo contrario dejaría a la sola voluntad del legislador secundario la determinación de la eficacia del mandato constitucional, relativo al ejercicio de un derecho fundamental de naturaleza política-electoral.

En este caso se debe tener presente que por Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, se estableció en el artículo 116, fracción IV, inciso e), el derecho exclusivo de los partidos políticos de postular candidatos en los procedimientos electorales populares locales, al tenor siguiente:

Artículo 116:

[…]

De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

[…]

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

[…]

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.

[…]

Posteriormente, mediante Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Carta Magna, entre otros el artículo 35, fracción II, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto dos mil doce, se reconoció el derecho de los ciudadanos para participar, como candidatos, en los procedimientos electorales populares, de manera independiente a los partidos políticos, en los términos siguientes:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

[…]

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

[…]

En el citado Decreto de reformas constitucionales, en términos de su artículo tercero transitorio, se estableció lo siguiente:

ARTÍCULO TERCERO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor.

Sin embargo, el citado texto del artículo 116, fracción IV, inciso e), reformado en dos mil siete, quedó intocado en el decreto de reformas constitucionales publicado oficialmente el nueve de agosto dos mil doce, razón por la cual se generó, en la teoría y en la práctica, la discusión de si se mantenía vigente o no el derecho exclusivo de los partidos políticos, para postular candidatos a cargos de representación popular en las entidades federativas.

A fin de hacer congruente lo dispuesto en dos mil doce por el Poder Revisor Permanente de la Constitución, en el texto del mencionado artículo 35, fracción II, mediante Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil trece, se modificó nuevamente el artículo 116, de la Constitución federal, en su fracción IV, inciso e) y se adicionó el inciso o), motivo por el cual el numeral de la Carta Magna quedó como se transcribe a continuación:

Artículo 116:

[…]

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

[…]

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.

[…]

 o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

El diez de febrero de dos mil catorce se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, un nuevo Decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, el numeral 116, fracción IV, inciso k), el cual quedó en los siguientes términos:

Artículo 116. ...

[...]

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

[...]

k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;

[...]

Cabe aclarar que el contenido del inciso o), de la fracción IV, del artículo 116, en sus términos, se recorrió al inciso p) del mismo numeral. Asimismo, en los artículos transitorios primero, segundo y cuarto, del citado Decreto de reformas constitucionales de dos mil catorce, se estableció lo siguiente:

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:

[…]

II. La ley general que regule los procedimientos electorales:

[…]

III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

[…]

CUARTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 35; 41; 54; 55; 99; 105 fracción II inciso f); 110 y 111 por lo que hace a la denominación del Instituto Nacional Electoral, y 116, fracción IV, de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el transitorio Quinto siguiente.

La adición del cuarto párrafo a la base I del artículo 41 de esta Constitución, relativa al porcentaje de votación necesaria para que los partidos políticos conserven su registro, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto.

Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio, respecto de entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014, entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos.

[…]

De la normativa trasunta se advierte que el Poder Revisor Permanente de la Constitución determinó que, conforme a lo establecido en la misma Ley Suprema de la Federación y las Leyes Generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados de la República deben garantizar, entre otros aspectos, el régimen jurídico aplicable a los candidatos independientes a cargos de elección popular.

Asimismo, se estableció el deber del Congreso de la Unión de expedir:

a) La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales;

b) La ley general que regule los procedimientos electorales, y

c) La ley general que, en materia de delitos electorales, establezca los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

Con relación a lo anterior, también se determinó que las reformas, adiciones y derogaciones a los preceptos que se precisan en el artículo cuarto transitorio “entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo anterior”, es decir, al inicio de vigencia de las tres leyes generales mencionadas.

Al caso, se debe destacar que el veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, sendos Decretos mediante los cuales se expidieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, las cuales están vigentes desde el día siguiente de su publicación oficial.

En este orden de ideas, es conforme a Derecho concluir que, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción II, y 116, fracción IV, incisos k) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que ya están en vigor la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tienen el deber jurídico de expedir las leyes ordinarias relativas al derecho de los ciudadanos de participar como candidatos, de manera independiente de los partidos políticos, en los procedimientos electorales populares locales.

Por cuanto hace al Estado de Jalisco en particular, si bien es cierto que en su Constitución Política ya está previsto el derecho de los ciudadanos de participar en las elecciones populares de la entidad, conforme a la institución de las candidaturas independientes, también es verdad que el Congreso local no ha expedido aún la legislación local secundaria, necesaria para su implementación y ejercicio eficaz.

En efecto, desde el diecisiete de diciembre de dos mil trece, en la fracción II, de su artículo 8°, la Constitución Política del Estado de Jalisco establece lo siguiente:

Artículo 8.- Son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses:

I. […]

II. Ser votado en toda elección popular, siempre que el individuo reúna los requisitos que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus respectivas leyes reglamentarias y no esté comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas por las mismas. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral correspondiente (sic) a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la ley;

[…]

Asimismo, el diez de abril de dos mil catorce se reformó la consultada Constitución Política, motivo por el cual la disposición  aludida pasó a ser el inciso b), de la fracción II, del artículo 6°, en los términos siguientes:

Artículo 6º.- Corresponde exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, participar en la vida política del Estado, en la forma y términos que señalen las leyes

I. […]

II. Son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses:

a) […]

b) Ser votado en toda elección popular, siempre que el individuo reúna los requisitos que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus respectivas leyes reglamentarias y no esté comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas por las mismas. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral correspondiente (sic) a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la ley;

[…]

 

Para los efectos procedentes cabe destacar que a la fecha en que se resuelve el juicio al rubro indicado, en autos no existe constancia alguna para acreditar que la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco ha expedido la legislación ordinaria para hacer las adecuaciones necesarias en materia de candidaturas independientes, sin que lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de esa entidad federativa, pueda ser suficiente para dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en los artículos 35, fracción II y 116, fracción IV, incisos k) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a lo cual se debe agregar que la propia autoridad responsable, en su informe circunstanciado, acepta que “…la adecuación de la legislación secundaria que instrumente las candidaturas independientes se encuentra en vías de aprobarse y expedirse….

Sólo a mayor abundamiento, cabe señalar que el ejercicio del derecho constitucional del ciudadano, de naturaleza político-electoral, de ser votado, asumiendo la calidad de candidato a un cargo de representación popular, ya sea postulado por los partidos políticos o mediante candidatura independiente, requiere ser regulado en la normativa ordinaria que al efecto emita el Poder Legislativo competente, la cual se debe ajustar a las bases previstas en la propia Constitución federal, respetando cabalmente el contenido esencial del vigente sistema jurídico-político, armonizándolo con otros derechos fundamentales y salvaguardando los principios, valores y fines constitucionales involucrados, como pueden ser, la democracia representativa y los principios de certeza, objetividad, imparcialidad, legalidad, equidad, igualdad y competitividad, que deben regir el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y el ejercicio del derecho de los ciudadanos de participar en las elecciones populares, ya como electores o como candidatos a los cargos de representación popular.

Con el mismo fin se debe tener presente que el derecho humano a votar y ser votado también está previsto en los artículos 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, primer párrafo, incisos b) y c), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 21, párrafos 2 y 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los que literalmente se establece lo siguiente:

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

[]

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

[]

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

 

QUINTO. Efectos de la sentencia. Conforme a las consideraciones precedentes es claro que se debe ordenar a la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco que, de inmediato, expida la legislación ordinaria que contenga las adecuaciones a la vigente normativa jurídica electoral del Estado, en términos de lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de esa entidad federativa, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en los numerales 35, fracción II, y 116, fracción IV, incisos k) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración, en lo conducente, lo dispuesto en las vigentes Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en las demás normas aplicables.

Al respecto, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco debe tomar en cuenta que, en términos del artículo noveno transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por única ocasión, el procedimiento electoral local correspondiente a las elecciones que se llevarán a cabo el primer domingo de junio de dos mil quince iniciará en la primer semana del mes de octubre del año dos mil catorce, la cual comprende del lunes seis al domingo doce, de ese mes y año. Lo anterior, acorde a la definición gramatical del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que establece que la semana es la serie de siete días naturales consecutivos, del lunes al domingo.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E :

PRIMERO. Se ordena a la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco que, de inmediato, expida la legislación reglamentaria sobre candidaturas independientes, para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 35, fracción II, y 116, fracción IV, incisos k) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se dé cumplimiento a lo ordenado en esta ejecutoria, la Legislatura responsable deberá rendir el informe respectivo a esta Sala Superior.

Notifíquese: por correo certificado al actor, por correo electrónico a la Sala Regional Guadalajara de este órgano jurisdiccional, para que por su conducto se notifique por oficio, a la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, por fax a la aludida Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, los puntos resolutivos de esta ejecutoria y por estrados, a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 103, 105 y 117 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de los Magistrados Manuel González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

 

MAGISTRADA

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

MAGISTRADO

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

 

 

MAGISTRADO

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

 

MAGISTRADO

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FELIPE DE LA MATA PIZAÑA