JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

 

EXPEDIENTE: SUP-JDC-1122/2013

 

ACTORA: GABRIELA VIVEROS GONZÁLEZ

 

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

 

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

 

SECRETARIOS: BERENICE GARCÍA HUANTE Y JORGE ALBERTO MEDELLÍN PINO

 

México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil trece.

 

VISTOS, para resolver los autos del juicio al rubro indicado, promovido por Gabriela Viveros González, en contra de su ilegal sustitución y exclusión de las listas emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, que contienen los nombres de los congresistas nacionales que participaran en el XIV Congreso Nacional de dicho partido político a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre del año en curso, y

 

R E S U L T A N D O

 

Primero. Antecedentes. De las constancias que obran en autos y de lo narrado por la actora en su demanda, se advierte lo siguiente.

I. Elección intrapartidaria de dirigentes nacionales. En octubre de dos mil once, se llevó a cabo la elección de los congresistas nacionales del Partido de la Revolución Democrática, en la cual, la actora fue designada como congresista nacional en la planilla 1, en orden de prelación número 1, por el Distrito 9, en dicha entidad federativa.

 

II. Primera lista de congresistas nacionales. El ocho de octubre de dos mil trece, la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática emitió la lista de congresistas nacionales para participar en el XIV Congreso Nacional de dicho partido político. En dicha lista no aparece la actora como congresista nacional por el distrito electoral 9 del Estado de Puebla.

 

III. Queja intrapartidaria. Inconforme con dicha lista, el once de octubre siguiente, la actora promovió escrito de queja ante la Comisión Nacional Electoral, toda vez que, a su juicio, fue indebidamente sustituida y excluida como congresista nacional.

 

IV. Listas posteriores. El veintiocho de octubre, cuatro y siete de noviembre siguientes, la Comisión Nacional Electoral emitió, respectivamente, las listas de congresistas nacionales para participar en el XIV Congreso Nacional, en las que la actora continuó sin ser reconocida con el carácter de congresista nacional.

 

V. Escrito de desistimiento. Ante la omisión de la Comisión Nacional Electoral de dar trámite al referido escrito de queja, el ocho de noviembre, la enjuiciante presentó ante la Comisión Nacional de Garantías, escrito de desistimiento de dicho medio de impugnación intrapartidario.

 

Segundo. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

 

El ocho de noviembre del año en curso, la actora promovió per saltum, el presente juicio ciudadano  ante la Comisión Nacional de Garantías, a efecto de controvertir su ilegal sustitución y exclusión de las listas emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por las cuales enlistó a los congresistas nacionales que participaran en el XIV Congreso Nacional de dicho partido político.

 

Tercero. Trámite y sustanciación

 

I. Cuaderno de antecedentes. El ocho de noviembre del año en curso, la Presidenta de la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática informó a este órgano jurisdiccional que la actora había promovido el presente juicio ciudadano.

 

II. Requerimiento. Mediante proveído de once de noviembre siguiente, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior ordenó formar el cuaderno de antecedentes 584/2013 y, requirió a la Presidenta de la Comisión Nacional de Garantías, para que en el plazo de veinticuatro horas remitiera el expediente correspondiente, incluyendo el informe circunstanciado, apercibida de que en caso de no cumplir en tiempo y forma, se le impondría la medida de apremió que se considerase procedente.

 

III. Desahogo de requerimiento y recepción del expediente en Sala Superior. El once de noviembre, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el escrito de la Presidenta de la Comisión Nacional de Garantías, mediante el cual remitió la demanda del presente juicio ciudadano, el informe circunstanciado correspondiente, y los demás documentos que estimó pertinentes para la debida sustanciación y resolución del mismo.

 

IV. Turno. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente SUP-JDC-1122/2013 y turnarlo al Magistrado Salvador Nava Gomar para los efectos conducentes. Dicho proveído fue cumplimentado mediante oficio suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

 

V. Radicación y requerimiento. El trece de noviembre, el Magistrado Instructor acordó radicar el expediente en la ponencia a su cargo, así como requerir a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática determinada documentación necesaria para emitir la resolución correspondiente. Dicho requerimiento fue desahogado en tiempo y forma por la citada Comisión.

 

VI. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió la demanda del presente juicio, y al considerar que no existía trámite alguno pendiente de desahogar, declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente, y

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. Competencia

 

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el juicio al rubro indicado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso g), y 83, párrafo 1, inciso a), fracciones II y III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por una ciudadana, por su propio derecho, en contra de las listas emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, mediante las cuales enlistó a los congresistas nacionales que participaran en el XIV Congreso Nacional de dicho partido político, lo cual considera violatorio de su derecho político-electoral de afiliación.

 

SEGUNDO. Precisión del acto impugnado

 

El artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone que la Sala competente del Tribunal Electoral, al resolver los medios de impugnación debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expresados, cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos por los promoventes.

 

Asimismo, esta Sala Superior ha establecido que al resolver cualquier medio de impugnación en materia electoral, el juzgador debe atender a la pretensión del actor.

 

Este criterio quedó establecido por este órgano jurisdiccional en la jurisprudencia cuyo rubro es MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.[1]

 

En el caso, se tiene como acto destacadamente impugnado la ilegal sustitución y exclusión de la actora de las listas (ocho y veintiocho de octubre, así como cuatro y siete de noviembre, todas de dos mil trece) emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, mediante las cuales enlistó a los congresistas nacionales que participaran en el XIV Congreso Nacional de dicho partido político.

 

Lo anterior es así, ya que la pretensión final de la actora es que este órgano jurisdiccional ordene a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática que la incluya en la lista definitiva de congresistas nacionales que participaran en el XIV Congreso Nacional.

 

TERCERO. Procedencia

 

El presente medio impugnativo reúne los requisitos de procedencia consistentes en la forma, oportunidad, legitimación e interés jurídico, así como definitividad y firmeza, previstos en los artículos 7; 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Respecto al requisito de definitividad, este órgano jurisdiccional considera que está justificada la promoción per saltum, del presente juicio ciudadano, ya que el agotamiento de la instancia intrapartista, podría implicar una merma en los derechos que la ahora demandante aduce vulnerados, pues están vinculados con la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que se llevará a cabo del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece.

 

Al respecto, se destaca que el once de octubre del presente año, la actora promovió escrito de queja, sin embargo, se desistió de dicha instancia intrapartidaria el once de noviembre siguiente, a efecto de no hacer irreparables sus derechos.

 

CUARTO. Resumen de agravios

 

La actora aduce que se vulneraron sus derechos partidarios como congresista nacional electa conforme con la normativa interna del partido, pues indebidamente, se le excluyó y sustituyó como congresista nacional por el distrito 9 del Estado de Puebla en la lista oficial de delegados y delegadas al XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática que se llevará a cabo del veintiuno a veinticuatro de noviembre de este año, no obstante que fue electa en el dos mil once como congresista nacional por el distrito 9 de Puebla postulada por la planilla 1.

 

Sin embargo, al publicarse la lista referida, el ocho de octubre del presente año por la Comisión Nacional Electoral, la actora advirtió que fue sustituida ilegalmente como congresista nacional por Indira Vizcaíno Silva sin que se actualizara alguna de las hipótesis previstas en el artículo 104 del Reglamento General de Elecciones y Consultas  para que fuera sustituida, como lo son muerte, renuncia o inhabilitación, actualizándose dicha irregularidad en listas posteriores que ha emitido la citada Comisión. En ese sentido, la promovente agrega que, en caso de que la responsable manifestara la existencia de una inhabilitación o renuncia, ella las desconoce, pues en el primer caso nunca se le ha otorgado garantía de audiencia y menos aún notificado el inicio de algún procedimiento y, en el segundo caso, jamás ha firmado o presentado personalmente o través de alguien una renuncia a su cargo de congresista nacional, por lo que, en su caso, desconoce cualquier firma y aduce la falsificación de las misma.

 

Por lo anterior, la actora considera que le causa agravio la vulneración a diverso preceptos de la normativa partidaria que cita en su demanda, toda vez que la Comisión Nacional Electoral, sin causa justificada,   determinó sustituirla por otra persona que no fue votada, ni pertenece a la planilla 1 del distrito 9 de Puebla, pues aun en el supuesto de que la actora hubiera renunciado, por prelación en la lista ese lugar le correspondería a Jorge Antonio Mota Jiménez.

 

QUINTO. Estudio de fondo.

 

De los agravios esgrimidos por la actora se advierte que su pretensión consiste en que se le integre, en su calidad de congresista nacional electa por el distrito electoral federal 9, del Estado de Puebla,  a la lista final de delgados que participaran en el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece.

 

Su causa de pedir la sustenta en que sin haber mediado renuncia de su parte, pues desconoce y objeta cualquier documento que se presente con ese carácter,  o sin actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 104 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, ilegalmente fue sustituida por Indira Vizcaíno Silva, quien no fue electa conforme la normativa partidaria para ocupar dicho cargo.

 

La litis en el presente asunto se centra en determinar si Gabriela Viveros González quien fue electa como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 9 del Estado de Puebla, postulada por la planilla número 1, en el primer lugar de prelación, renunció a dicho cargo y, en consecuencia, se actualizó el supuesto previsto en el artículo 104 del Reglamento General de Elecciones y Consultas.

 

Dado que las alegaciones del actor se encuentran estrechamente vinculadas, serán estudiadas de forma conjunta. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por esta Sala Superior en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.[2]

 

Esta Sala Superior estima fundado lo alegado por la actora en el sentido de que indebidamente fue sustituida de la lista de delegados y delegadas que participaran en el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece, toda vez que en autos no se encuentra plenamente acreditado que la promovente renunció a su cargo de congresista nacional por el distrito electoral federal 9 del Estado de Puebla, pues la documental aportada por la Comisión Nacional Electoral es insuficiente para tener por demostrada  dicha renuncia, razón por la cual no se actualizó la causa de sustitución establecida en el artículo 104 del Reglamento General de Elecciones y consultas del referido instituto político, como se demuestra a continuación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 116,  118 y 119 de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, el Congreso Nacional es la autoridad suprema del partido, sus acuerdos y resoluciones son inatacables y de cumplimiento obligatorio para todas las organizaciones y órganos partidarios.

Dicho congreso estará integrado por:

 

a) Las Presidencias y Secretarías Generales Nacional y de los Comités Ejecutivos Estatales;

 

b) Mil doscientas Delegadas y/o Delegados los cuales serán electos en los Distritos Federales Electorales de la siguiente manera:

 

1) Para garantizar que en el Congreso se encuentren representados los trescientos Distritos, éstos tendrán derecho a elegir al menos una o un delegado; y

 

2) El número total de delegadas y delegados a elegir por Distrito Electoral se determinará con base al número personas afiliadas por cada Distrito y a los resultados de la última votación constitucional federal obtenida por el Partido;

 

c) Los miembros del Consejo Nacional; y

 

d) Las y los Delegados del Exterior, cuyo número será definido por el Consejo Nacional de conformidad a lo que señale el presente Estatuto y los Reglamentos que de él emanen.

 

Los invitados del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales tendrán solamente derecho de voz y su número no podrá ser mayor de doscientos invitados. Para tal efecto cada Consejo Estatal designará cuatro invitados, dos externos y dos afiliados. El Consejo Nacional aprobará setenta y dos invitados, de esos la mitad deberán ser externos. En todos los casos deberá respetarse la paridad de género en los invitados.

 

De lo anterior se advierte que mil doscientos delegados y delegadas al congreso nacional son electos en los distritos electorales federales, quienes tienen  derecho a voz y voto a diferencia de los invitados del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales.

 

Por otra parte en el artículo 104 del Reglamento General de Elecciones y Consultas se establece que una vez electos, la sustitución de candidatos electos por renuncia, fallecimiento o inhabilitación procederá de la manera siguiente:

...

a)                      En caso de delegados a los congresos y consejeros de cualquier nivel, se recorrerá la lista de la planilla respectiva, cuidando lo referente a las acciones afirmativas, en caso de no poder hacerse la sustitución por falta de integrantes de la planilla o violación al artículo 2 del Estatuto, el espacio se declarará desierto;

...

 

En el caso concreto, de las constancias que obran en autos y de lo manifestado por la autoridad responsable y la actora se advierte que:

 

a)   Gabriela Viveros González fue electa como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 9 del Estado de Puebla, postulada por la planilla número 1, en el primer lugar de prelación, como lo reconoce la propia i responsable en su informe circunstanciado, por lo que tal hecho no será materia de prueba al no estar controvertido.

 

b)   Que en el listado oficial de los delegados al XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece, publicados los días ocho y veintiocho de octubre, así como 4 y 7 de noviembre, todos del año en curso, la actora no aparece como congresista nacional por el distrito electoral federal 9 del Estado de Puebla y en su lugar aparece Indira Vizcaínos Silva.

 

c)    La Comisión Nacional Electoral en su informe circunstanciado manifiesta que la actora no aparece en los referidos listados, dado que presentó renuncia con carácter de irrevocable  a su cargo como congresista, y para acreditar su dicho, acompaña un escrito fechado el treinta de septiembre del año en curso, supuestamente suscrito por Gabriela Viveros González, al cual se acompaña copia de su credencial de elector.

 

Dicho escrito aportado por la responsable es el siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, al actora en su escrito de demanda señala: no se dan ninguno de los supuestos del artículo 104 del Reglamento de Elecciones y Consultas de nuestro partido, pues no he fallecido ni estoy inhabilitada y mucho menos he renunciado, desconociendo si existe alguna presunta renuncia de mi parte al cargo de Congresista Nacional, misma que de ser así, nunca realice, es decir y bajo protesta de decir verdad, nunca, ni en ninguna forma renuncie a tal cargo, por escrito ni en cualquier otra forma, ni autorice a nadie para que a mi nombre y representación lo hiciera, presumiendo que en el supuesto de existir documento con tales características, es evidente una clara falsificación de mi firma, y como tal el medio impreso o electrónico por el cual se haya dado, y asimismo por haber causado por estas conductas graves, daño a mi derecho de votar y ser votada, así como de ejercer el cargo que obtuve a través del voto directo en el distrito 9 federal de Puebla por la planilla 1, señalando que la responsable ni siquiera se molestó en realizar las diligencias pertinentes y tomar las medidas necesarias para verificar si realmente había realizado de mi puño y letra tanto el contenido de la supuesta renuncia como la supuesta firma autógrafa estampada en el documento de que se basó para aprobar mi sustitución como Congresista Nacional por renuncia, lo cual pudo y debió realizar mediante la solicitud de mi comparecencia para obtener la certeza de mi supuesta renuncia, hecho que hoy reclamo…”

 

De lo anteriormente expuesto se advierte que la problemática jurídica consiste en determinar si el escrito de renuncia antes señalado, fechado el veinte de septiembre de dos mil trece, supuestamente presentado y suscrito por Gabriela Viveros González ante la Comisión responsable, aportado por ésta al presente juicio y objetado por la actora, es válido y, en consecuencia, fue correcto que se le excluyera y sustituyera de los listados que constituyen el acto impugnado.

 

En el caso concreto, como se mencionó, no se encuentra controvertido que Gabriela Viveros González fue electa como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 9 del Estado de Puebla, postulada por la planilla número 1, en el primer lugar de prelación.

 

Asimismo, de los listados que se encuentran en autos, se advierte que en dicha posición se encuentra Indira Vizcaínos Silva. De igual forma se advierte el nombre de la actora como delegada al congreso nacional referido, pero designada vía consejo nacional que de acuerdo a la normativa referida en dicha calidad sólo tiene derecho a voz, lo cual no es materia de la litis en el presente asunto, pues como quedó precisado, en el caso,  la pretensión de la promovente es  participar como congresista nacional por distrito electoral federal 9 del Estado de Puebla, en cuya calidad tiene derecho a voz y voto, y no como delegada en su calidad de consejera nacional.

 

Señalado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el escrito de renuncia es el documento privado que debe ser suscrito por el interesado, mediante el cual expresa, en este caso,  al órgano partidario competente su voluntad unilateral de dejar de ejercer determinados derechos y obligaciones inherentes al cargo que desempeña dentro del instituto político.

 

En ese sentido, esta Sala Superior considera que, cuando  quien ejerce un cargo de dirección partidista para el cual ha sido electo o designado objeta o desconoce aquellos documentos en que supuestamente consta su renuncia a dicho cargo partidista y el hecho mismo de la separación que indebidamente se le atribuye, no es suficiente para acreditar plenamente dicha renuncia la presentación de una documental supuestamente firmada y entregada por quien desempeña dicho cargo, aunque en ella consta una declaración de voluntad en el sentido de separarse o renunciar al cargo, además de su nombre y una rúbrica; es preciso que el órgano encargado de aprobar la renuncia presentada se cerciore plenamente que es la voluntad del funcionario partidista renunciar al cargo, mediante medios idóneos realizando el requerimiento específico de ratificación de la renuncia previa notificación, para el efecto de que acuda al propio órgano partidario, y sin que sea admisible la ratificación automática, debiéndose acompañar todas las constancias respectivas a efecto de tener plena certeza de la voluntad del ciudadano de renunciar a determinado cargo partidario.

 

Lo anterior, en virtud de que la renuncia de un funcionario partidista que resultó electo por determinados integrantes del instituto político, de conformidad con su normativa interna, trasciende los intereses estrictamente personales de dicho funcionario de dejar de ejercer el cargo, en tanto que representa intereses también del partido y de quienes participaron en su designación o elección, y por tanto el órgano partidista que aprueba o admite la respectiva renuncia debe cerciorarse plenamente que el acto de renuncia es auténtico en tanto resulta de una manifestación libre de la voluntad de quien lo presenta, con ello se garantiza el derecho de afiliación de quien ejerce el cargo, ante cualquier posible afectación al mismo, como el derecho de quienes, siendo militantes, participaron en su designación y pueden sentirse afectados también en sus derechos partidistas a ser debidamente representados por quien resultó electo en su oportunidad.

 

Ello es así, pues se considera que se debe tener certeza y seguridad jurídica de que el acto jurídico se da con la voluntad de quien renuncia a determinados derechos partidarios vinculados con su derecho de afiliación previsto en la Constitución y de que dicha voluntad no ha sido suplantada o viciada en modo alguno.

 

En virtud de lo anterior,  en el caso bajo estudio, dado que se trata de la supuesta renuncia de Gabriela Viveros González, quien fue electa congresista nacional y que representa a los militantes del distrito electoral federal 9 del Estado de Puebla, tal renuncia debe encontrarse plenamente acreditada.

 

Esta Sala Superior considera que de las constancias que obran en autos se concluye que dicha renuncia no se encuentra plenamente acreditada.

 

Lo anterior, ya que si bien, el partido político ofrece un documento en el cual aparece la supuesta renuncia de la actora al cargo de congresista nacional, lo cierto es que de conformidad con lo establecido en el artículo 16, numeral, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de una documental privada sólo tendrá valor probatorio pleno cuando de los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados en el mismo. 

 

Sin embargo, en el presente caso, a través de la demanda presentada tanto en la instancia partidaria como en el presente juicio, la actora manifiesta que nunca renunció a su cargo de congresista nacional y objeta cualquier documento que se presente manifestando dicha situación, por el contrario, aduce que su voluntad es participar el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, con el carácter de congresista nacional electa conforme la normativa del partido, en representación del distrito electoral federal 9 del Estado de Puebla.

 

Por lo anterior, en el caso concreto, la mera presentación por parte del partido político del supuesto escrito de renuncia, sin otro elemento fidedigno que otorgue la certeza y seguridad en la renuncia del derecho de la actora a ser congresista nacional  y participar en el próximo Congreso Nacional, es insuficiente para que esta Sala Superior tenga por realizada válidamente la sustitución de la actora a dicho cargo partidista, pues como se mencionó en párrafos precedentes, resulta necesario que el órgano encargado de aprobar la renuncia presentada se cerciore plenamente que es la voluntad del funcionario partidista renunciar al cargo, mediante medios idóneos realizando el requerimiento específico de ratificación de la renuncia previa notificación, para el efecto de que acuda al propio órgano partidario, y sin que sea admisible la ratificación automática, debiéndose acompañar todas las constancias respectivas a efecto de tener plena certeza de la voluntad del ciudadano de renunciar a determinado cargo partidario.

 

Sin que en el caso sea admisible que en el mismo escrito de supuesta renuncia aparezca la leyenda “ratifico” y se plasme una rúbrica o firma, pues ello no es suficiente para tener por acreditado que la actora fue requerida y notificada debidamente por la Comisión Nacional Electoral a efecto de que la congresista acudiera a ratificar el referido escrito.

 

Bajo esas circunstancias, ante la falta de certeza, de que haya sido voluntad de Gabriela Viveros González la de renunciar a sus derechos como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática, y toda vez que la Comisión Nacional Electoral  no aporta algún otro elemento que lo dote de certeza y seguridad jurídica y que por ende, permita a este órgano jurisdiccional concluir que la renuncia sea un acto indubitable de  manifestación de voluntad de la actora para renunciar al cargo, dicho escrito de renuncia es insuficiente para concederle valor probatorio pleno.

 

Por tanto, de acuerdo con los efectos dispuestos en el artículo 84, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tendentes a restituir al actor en el uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado, ha lugar a modificar las listas impugnadas en lo conducente a la sustitución de Gabriela Viveros González como congresista nacional por el distrito electoral federal 9 del Estado de Puebla, postulada por la planilla 1, en el número de prelación 1, emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, vinculando para tales efectos a dicha Comisión a que garantice la participación la actora en la referida calidad, al congreso nacional a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre del año en curso y, en consecuencia se deje sin efectos su sustitución por Indira Vizcaíno Silva o por cualquier otra persona.

 

En consecuencia, se ordena a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, para que de forma inmediata a la notificación de esta sentencia, realice las gestiones necesarias para permitir a Gabriela Viveros González participar como congresista nacional por el distrito electoral federal 9 del Estado de Puebla, en el XIV Congreso Nacional del referido instituto político a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece, debiendo informar a esta Sala Superior del cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

 

Por lo expuesto y fundado, se

 

RESUELVE

 

ÚNICO. Se modifican las listas impugnadas en lo conducente a la sustitución de Gabriela Viveros González como congresista nacional por el distrito electoral federal 9 del Estado de Puebla, postulada por la planilla 1, en el número de prelación 1, emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos precisados en la parte final de la presente ejecutoria.

 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora; por oficio a la Comisión Nacional Electoral y a la Comisión Nacional de Garantías, ambas del Partido de la Revolución Democrática, y por estrados, a los demás interesados.

 

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto concurrente del Magistrado Flavio Galván Rivera, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

 

 

 

MAGISTRADA

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

MAGISTRADO

 

 

 

CONSTANCIO CARRASCO

DAZA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

MAGISTRADO

 

 

 

SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

 

MAGISTRADO

 

 

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

FELIPE DE LA MATA PIZAÑA

 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-JDC-1122/2013.

No obstante que coincido con el punto resolutivo único de la sentencia emitida en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1122/2013, en el sentido de modificar las listas objeto de impugnación, en lo conducente a la sustitución de la ahora actora, Gabriela Viveros González, como Congresista Nacional por el distrito electoral federal 9 (nueve), del Estado de Puebla, al considerar, desde mi perspectiva, que no se agotó la instrucción del juicio en todas sus fases, formulo el presente VOTO CONCURRENTE.

Al respecto cabe precisar que, de conformidad con los principios que rigen al proceso o juicio electoral en general y a la etapa de instrucción en especial, resulta claro que en este particular, en mi concepto, no se agotó adecuadamente, para dejar el caso concreto controvertido con todos los elementos de juicio para resolver la litis, dado que no se dio oportunidad a la actora de ejercer su derecho de contradictorio, en cuanto a las pruebas aportadas por el órgano partidista responsable, al tiempo que a éste no se le dio oportunidad de ejercer su derecho de igualdad procesal, en materia probatoria, porque no obstante que aportó una prueba documental privada, de la autoría de la demandante, según afirmación de el mismo órgano partidista responsable, no se dio vista a la enjuiciante con ese documento para que manifestara lo que su derecho conviniera, es decir, para aceptarlo, rechazarlo u objetar su autenticidad y/o contenido.

Conforme a la Doctrina Jurídica y, en especial, en términos de la Teoría General del Proceso, se considera que todo juicio o proceso está dividido en dos grandes etapas, en las cuales se lleva a cabo toda la actividad procesal, así como la resolución de la litis, conforme a Derecho. Tales etapas son la instrucción y el juicio o sentencia.

Por lo que hace a la primera de las etapas mencionadas, se precisa que en la instrucción están comprendidos todos los actos y hechos procesales, tanto del órgano jurisdiccional, como de las partes y de los terceros, que tiene como finalidad determinar, con toda la precisión posible, de hecho y de Derecho, la materia de la controversia o litis existente entre las partes. De esta primera fase del juicio se considera que una etapa de suma importancia es la probatoria (ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de los elementos de convicción).

Así, es en la instrucción del proceso en la que se llevan a cabo todos los actos necesarios que permiten, al órgano juzgador, concentrar los datos, elementos, pruebas, afirmaciones, negativas y deducciones, que los sujetos litigantes aportan para dilucidar el objeto de la controversia, con lo cual se considera que el juzgador está en posibilidad jurídica de dictar sentencia, conforme a Derecho.

De igual forma, la doctrina procesal divide a la instrucción en distintas etapas, que son la postulatoria, la probatoria y la preconclusiva. Durante el desarrollo de estas subetapas o fases del juicio se deben cumplir, respetar y garantizar la vigencia plena de los principios de igualdad procesal y de contradictorio, entre otros.

Para Eduardo J. Couture, el principio de igualdad consiste en que, salvo situaciones excepcionales establecidas en la ley, toda petición o pretensión formulada por una de las partes, en el proceso, debe ser comunicada a la parte contraria, para que pueda ésta prestar a ella su aceptación o formular su oposición, según sea el caso. Entre las aplicaciones más importante de este principio destaca el de las pruebas, que deben ser comunicadas a la contraparte, para que tenga conocimiento de los elementos de convicción ofrecidos y aportados, en su caso, por la otra parte en litigio.

Lo anterior es así, porque es principio general del Derecho que toda prueba debe ser conocida por la contraparte, a efecto de que esté en posibilidad de aceptarla u objetarla, a fin de garantizar la vigencia plena del principio de contradictorio, consistente en que la parte contra la que se ofrece, admite y desahoga una prueba, debe gozar de la oportunidad procesal de conocerla y controvertirla, si así conviene a su interés, incluyendo con esto el ejercicio de su derecho a ofrecer pruebas en contra, esto es, de contraprobar.

En este orden de ideas resulta claro, para el suscrito, que se debe llevar a cabo la instrucción con conocimiento y audiencia de todas las partes, lo cual está relacionado con los principios de unidad y comunicación procesal y especialmente de comunicación y contradictorio de la prueba.

Ahora bien, en la especie, de las constancias que integran el expediente del juicio al rubro indicado, se advierte que, tal como se conoce y reconoce por todos los Magistrados integrantes de esta Sala Superior, obra como elemento de convicción el escrito privado que se reproduce a continuación:

 

T:\MARIBEL\COM NAL PRD.jpg

Del escrito que se reproduce, que el órgano partidista responsable afirma fue presentado por la ahora demandante, Gabriela Viveros González, se advierten claramente tres manifestaciones de voluntad una relativa a la renuncia al cargo de Congresista Nacional del Partido de la Revolución Democrática por el distrito electoral federal 9, en el Estado de Puebla; la otra, respecto a la aceptación del cargo de Consejera Nacional por la mencionada entidad federativa y, la tercera, la ratificación a las dos anteriores manifestaciones de voluntad.

Al respecto se debe precisar que si bien es cierto que la actora manifestó textualmente, en su escrito de demanda que:

“… pues no se dan ninguno de los supuestos del artículo 104 del Reglamento de Elecciones y Consultas de nuestro partido, pues no he fallecido ni estoy inhabilitada y mucho menos he renunciado, desconociendo si existe alguna presunta renuncia de mi parte al cargo de Congresista Nacional, misma que de ser así, nunca realicé, es decir bajo protesta de decir verdad, nunca, ni en ninguna forma renuncié a tal cargo, por escrito ni en cualquier forma, autoricé a nadie para que a mi nombre y representación  lo hiciera, presumiendo que en el supuesto de existir documento con tales características, es evidente una clara falsificación de mi firma, y como tal el medio impreso u electrónico  por el cual se haya dado…señalando que la responsable ni siquiera  se molestó en realizar las diligencias pertinente y tomar las medidas necesarias para verificar si realmente había realizado de mi puño y letra tanto el contenido de la supuesta renuncia como la supuesta firma autógrafa estampada en el documento en el que se basó para aprobar mi sustitución como Congresista Nacional…

Las manifestaciones de voluntad en el reproducido escrito de veinte de septiembre de dos mil trece, sólo se relacionan con su renuncia al cargo de Congresista Nacional, sin hacer alusión alguna a la aceptación de Gabriela Viveros González respecto del diverso cargo de Consejera Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

En este orden de ideas, a fin de precisar adecuadamente la litis y contar con los elementos de convicción necesarios y pertinentes para dictar sentencia conforme a Derecho, después de agotar debidamente la fase de instrucción, se debió dar vista a la actora con ese escrito de renuncia-aceptación-ratificación que, según afirma el órgano partidista responsable, fue presentado por la ahora demandante, Gabriela Viveros González.

Además, en su escrito de demanda, la actora, al negar haber presentado un escrito de renuncia al cargo de congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática, manifiesta que, en su caso, puede existir “falsificación de firmas”, lo cual, evidentemente, sería una conducta antijurídica que motivaría dar vista al Ministerio Público, para los efectos jurídicos que en Derecho resultaran procedentes.

Aunado a lo ya expuesto, se debe tener presente que, al rendir el respectivo informe circunstanciado, la Presidenta de la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática manifestó que “de la revisión del listado publicado el día siete de noviembre del año dos mil trece, en su portal electrónico que la C. GABRIELA VIVEROS GONZÁLEZ, se encuentra en la lista de Delegados Nacionales al XIV Congreso Nacional con, el número de identificación 1290…”  como se advierte de la impresión cuya imagen que se inserta a continuación:

Al caso se debe señalar que la actora aportó como prueba, en su escrito de demanda, copia simple de esa lista de cuatro de noviembre de dos mil trece, en la que aparece su nombre como Consejera Nacional; en su escrito de demanda, la enjuiciante señaló que solicitó copia certificada de la mencionada lista, a la Comisión Nacional Electoral, la cual no había sido entregada a la fecha de promoción del juicio que se resuelve.

Al caso cabe citar textualmente la parte conducente del apartado 11 (once) del capítulo de “Pruebas”, de la demanda, al tenor siguiente:.

“Lista oficial de los Delegados al Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática del pasado cuatro de noviembre del año dos mil trece realizada por la Comisión Nacional Electoral. Ofrecidos en copia simple a la responsable y solicitado por escrito a la misma vía oficio, documentales que ya obran en su poder. Adjunto en copia simple y ya fue solicitado en copia certificada”

...

“Adjunto acuses de solicitud de copias certificada de las pruebas supervenientes mencionadas y que relaciono con todos y cada uno de los hechos, consideraciones de derecho, y agravios de este recurso de queja electoral contra órgano, para su estudio, análisis y valoración en el expediente que se forme con respecto a los actos ilícitos y graves por la presunta responsable  y sus integrantes que son tendentes a demostrar mi dicho”.

En este sentido, para el suscrito, en tanto que la actora nada aduce respecto de la aceptación del cargo de Consejera Nacional y niega haber presentado cualquier escrito de renuncia al cargo de Congresista Nacional, se debió dar vista a la demandante con el escrito de fecha veinte de septiembre de dos mil trece relativo, a la renuncia ya precisada y aceptación de otro cargo, según afirmación del órgano partidista responsable, así como con el listado publicado el día siete de noviembre del año dos mil trece, a que alude la Presidenta de la Comisión Nacional de Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, lo anterior es así, porque es principio general del Derecho que toda prueba debe ser conocida por la contraparte, a efecto de que esté en posibilidad de aceptarla u objetarla y, con todo ello, respetar y garantizar la vigencia eficaz y plena de los principios de contradictorio e igualdad procesal, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes litigantes, lo cual tiene como objetivo primero y último garantizar la debida sustanciación del proceso correspondiente, es decir, las reglas y principios del debido proceso legal.

En mi concepto, toda vez que la demanda fue presentada ante la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática el ocho de noviembre de dos mil trece y remitida a esta Sala Superior, junto con el informe circunstanciado y las conctancias correspondientes, entre las que están aquellas cuyas imágenes se insertan en este voto concurrente, es claro para el suscrito, que había tiempo suficiente para dar vista a la demandante, con el escrito de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, relativo a la renuncia ya precisada y a la aceptación de otro cargo, según afirmación del órgano partidista responsable, así como con la listada publicada el día siete de noviembre del año en que se actúa.

A pesar de cuanto a quedado explicado, dada la fecha en la que se ha aprobado el proyecto presentado por el Magistrado Instructor y la semenjanza con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano idetificados con las claves de expediente SUP-JDC-1132/2013, SUP-JDC-1134/2013, SUP-JDC-1135/2013, SUP-JDC-1136/2013, SUP-JDC-1138/2013, SUP-JDC-1139/2013  y SUP-JDC-1145/2013, cuyas sentencias han sido aprobadas en esta misma sesión pública, por un acto de justicia, voto a favor del punto resolutivo único de la sentencia del juicio al rubro indicado.

Por lo expuesto y fundado emito el presente VOTO CONCURRENTE.

MAGISTRADO

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

 

 


[1] Jurisprudencia 04/99, consultable en Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Compilación 1997-2010. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia. Jurisprudencia. Volumen 1, páginas 382-383.

[2] Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 119-120.