México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil trece.

 

VISTOS, para resolver en los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro citado, promovido per saltum, por Bernardo Reyes Aguilera, a fin de controvertir la lista definitiva de Congresistas Nacionales al XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De los hechos narrados y de las constancias que obran en el expediente se desprende lo siguiente:

a. Elección intrapartidaria de dirigentes nacionales. El veintitrés de octubre de dos mil once, se efectuó la elección de Delegados al Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en entidades como Durango.

b. Lista de congresistas nacionales. El dieciséis de febrero de dos mil doce, la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, publicó el acuerdo ACU-CNE/02/158/2012, relacionado con la lista de Delegados al XIV Congreso Nacional de dicho instituto político.

Según se advierte, en dicho documento se designó al ciudadano Bernardo Reyes Aguilera como congresista nacional, por el estado de Durango del 2 Distrito Electoral, planilla 20 y en la prelación 2.

d. Listas posteriores Según refiere el actor, el cuatro de noviembre de dos mil trece, la Comisión Nacional Electoral del referido partido, publicó en su página electrónica, un documento denominado Lista Nacional Final de Delegados al XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en la cual no aparece su nombre como delegado.

e. Escrito de desconocimiento a renuncia. En vista de lo anterior, el seis siguiente presentó un documento a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, a través del cual le informa que en ningún momento ha renunciado a su cargo partidista.

Sostiene que el siete de noviembre de dos mil trece, se publicó en la página de internet del partido la lista que considera definitiva de delegados al congreso referido, en la cual tampoco se encuentra su nombre.  

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El catorce de noviembre de dos mil trece, al aludido ciudadano presentó per saltum demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, directamente ante esta Sala Superior.

III. Turno. Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil trece, dictado por el Magistrado Presidente de esta Sala Superior, se turnó el expediente a la ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos de los artículos 19 y 92, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual se cumplimentó a través del oficio TEPJF-SGA-3957/13 suscrito por el Secretario General de Acuerdos.

IV. Tramitación. Por acuerdo de la misma fecha, la Magistrada Instructora ordenó la radicación del asunto, y requirió al órgano partidista señalado como responsable, cumpliera con las obligaciones que le imponen los numerales 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Admisión y Cierre. En su oportunidad, la Magistrada Instructora, admitió y declaró cerrada la instrucción del asunto, quedando en estado de dictar sentencia y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, fracción VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f) y 83, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por un ciudadano quien aduce vulneración a su derecho político-electoral de afiliación, en su vertiente de integrar el órgano partidario al que pertenece.

 

SEGUNDO. Per saltum. Ha lugar a conocer directamente de la presente demanda, en atención a las siguientes consideraciones:

En virtud de la reforma constitucional en materia electoral del año dos mil siete, particularmente, la realizada a los artículos 41, base I, párrafo último, y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del trece de noviembre de esa anualidad, entre otras cuestiones, se delinearon aspectos en torno a la definitividad que debe haber de los actos y resoluciones de los partidos políticos, para estar en condiciones de acudir a la jurisdicción federal.

De esa forma, en el artículo 41, apartado 2, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispuso que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución y la ley.

A su vez, en términos del artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Norma Suprema, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver las impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señale la Carta Magna y las leyes. Sin embargo, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional federal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas.

Tal cuestión, igualmente se hizo notar en la reforma acaecida al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, ya que en el numeral 46 de ese cuerpo normativo, se precisó que para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base I del artículo 41 Constitucional, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, el Código electoral de la materia, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección; en donde las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los términos que establezcan los ordenamientos jurídicos antes referidos.  

En consonancia, de lo establecido en el artículo 80, párrafos 1, inciso g), 2 y 3, así como 86, párrafo 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, incoado en contra de los actos o resoluciones del partido político al que se está afiliado, sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto.

Como se puede advertir, se ha establecido como imperativo constitucional que, antes de acudir al órgano jurisdiccional que corresponda, el promovente agote las instancias internas, para impugnar los actos que emita el órgano del instituto político al que pertenece, que él o los interesados consideren violatorios de sus derechos político-electorales.

Sobre el tema en cuestión, cabe hacer notar que esta Sala Superior ha sostenido que el principio de definitividad, rector de los juicios como el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se cumple cuando, previamente a su promoción o presentación, se agotan las instancias que reúnan las características siguientes: a) que sean las idóneas, conforme a las leyes locales respectivas, para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate; y, b) que conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular tales actos o resoluciones.

Bajo esta óptica, la exigencia de agotar las instancias previas tiene como presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los justiciables, pues sólo de esta manera se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en tanto que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional y extraordinario, los interesados deben acudir previamente a medios de defensa e impugnación viables.

Asimismo, este órgano jurisdiccional ha considerado que cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, entonces debe tenerse por cumplido el requisito en cuestión. Esto, en términos de la jurisprudencia 9/2001, consultable en las páginas 254 a 256, de la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, cuyo rubro dice: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO”.

Es importante resaltar que la necesidad de agotar los medios intrapartidistas de defensa está impuesta, constitucional y legalmente, como una carga procesal y un requisito de procedibilidad, indispensable para ocurrir a la jurisdicción del Estado, pues el deber jurídico impuesto a los partidos políticos, de instrumentar medios de defensa internos para sus militantes, se traduce en la correlativa carga para éstos de acudir y agotar tales instancias, ello con la finalidad de conseguir el objetivo de garantizar al máximo posible, la capacidad auto-organizativa de los partidos políticos, en ejercicio de la más amplia libertad, sin dejar de asegurar, al mismo tiempo, el respeto irrestricto a los derechos político–electorales de todos y cada uno de sus miembros, dejando a salvo la garantía esencial que representa para éstos la jurisdicción del Estado, derecho que es irrenunciable.

De lo anterior, se advierte que para promover los medios de impugnación en materia electoral federal y, específicamente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, salvo determinadas excepciones, es requisito de procedibilidad agotar, en forma previa, las instancias establecidas en las normas jurídicas aplicables al caso concreto, a fin de combatir los actos o resoluciones que causen molestia a los interesados y lograr así su revocación, modificación o anulación. Hecho lo anterior, en caso de no encontrar la satisfacción de su pretensión, el interesado estará en aptitud jurídica de ejercer la correspondiente acción impugnativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para defender el derecho político-electoral presuntamente violado en su perjuicio.

Así pues, el agotamiento de los principios de definitividad y firmeza, como requisito de procedibilidad de los medios de impugnación en materia electoral federal que se caracterizan por ser excepcionales y extraordinarios, como es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, conlleva la carga procesal de que los interesados sólo puedan ocurrir a la vía especial cuando constituya el único o último medio para conseguir, de manera pronta y adecuada, la restitución, en la medida de lo posible, en el goce de los derechos controvertidos que estiman conculcados con las violaciones aducidas; de ahí que, no se justifica ocurrir a la vía de impugnación extraordinaria cuando es procedente, idóneo e inmediato, un medio de defensa ordinario, que resulta eficaz para lograr lo pretendido.

En la especie, el actor solicita que este órgano jurisdiccional conozca per saltum de su impugnación, pues a su modo de ver, el agotamiento de la instancia partidista, podría hacer nugatorios los derechos que aduce como vulnerados.

Debe conocerse del presente juicio, ya que el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, al cual Bernardo Reyes Aguilera desea asistir en su calidad de congresista nacional, tendrá verificativo a partir del próximo veintiuno de noviembre de dos mil trece.

De esa suerte, si se ordenara el agotamiento de la instancia intrapartidista, como lo es el recurso de queja ante Comisión Nacional de Garantías del aludido instituto político, no existiría certeza de que el mismo fuera resuelto antes de la celebración del aludido Congreso Nacional, ni que se pudiera agotar la cadena impugnativa prevista en las leyes, de ahí que esta Sala Superior, deba imponerse del asunto a fin de salvaguardar cualquier posible afectación a los derechos del justiciable.

TERCERO. Procedencia. El presente medio de impugnación reúne los requisitos formales y de procedencia previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se examina:

- Formalidad. Se satisfacen las exigencias establecidas en el artículo 9, párrafo 1, de la citada ley adjetiva electoral, en razón de que en el escrito de demanda se hace el señalamiento del nombre del actor, la identificación del acto impugnado y del órgano señalado como responsable; la mención de los hechos y agravios que afirma le causa el acto reclamado; y asimismo, obra su firma autógrafa.

- Oportunidad. Se considera que el escrito de impugnación que se examina se presentó oportunamente.

Al respecto, el justiciable impugna destacadamente  la lista definitiva de Congresistas Nacionales al XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, publicada el siete de noviembre de dos mil trece, por parte de la Comisión Nacional Electoral.

De esa suerte, en términos de lo señalado por el párrafo segundo del numeral 81, del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática, el medio de defensa intrapartidista para combatir dicho acto sería la queja contra órgano, la cual tendría que ser presentada dentro de los cinco días hábiles, siguientes a que se tuvo conocimiento del acto impugnado.

Conforme a lo anterior, si el justiciable optó por no agotar dicho mecanismo de protección partidista, sino acudir directamente a la jurisdicción federal, el cómputo del plazo para promover su impugnación, corrió del ocho al catorce de noviembre de la presente anualidad, debiéndose descontar del cómputo los días nueve y diez, por ser inhábiles.

Por tanto, si la demanda fue presentada el último de los días hábiles que el actor tenía para hacerlo, debe estimarse que la misma se hizo de forma oportuna. 

- Legitimación e interés jurídico. Se tiene por cumplida la exigencia prevista en los artículos 13, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el juicio es promovido, por un ciudadano, por su propio derecho, el cual aduce la violación de su derecho político-electoral de integrar la autoridad administrativa electoral de una entidad.

En cuanto hace al interés jurídico, igualmente debe tenerse por satisfecho, ya que el actor destacadamente cuestiona que ilegalmente fue sustituido de su cargo de Congresista Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

- Definitividad. Se encuentra colmado este requisito, atentos a las razones expuestas en el considerando que precede.

En consecuencia, al estar satisfechos los requisitos de procedencia y procedibilidad del presente juicio, y no advertirse el surtimiento de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento establecidas por los artículos 9, párrafo 3; 10 y 11, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la controversia planteada.

CUARTO. Estudio de fondo. De la revisión del escrito de demanda, esta Sala Superior advierte que el ciudadano Bernardo Reyes Aguilera señala que la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática  le priva de su derecho a integrar el Congreso Nacional del propio partido político, dado que fue excluido de las distintas listas en las que aparecen los nombres de los congresistas que podrán participar en el próximo Congreso Nacional del referido instituto político.

En este sentido, afirma que no ha renunciado a sus derechos como Congresista Nacional del Partido de la Revolución Democrática, motivo por el que su exclusión, le priva de ejercer los derechos que obtuvo al resultar electo en la elección interna de Congresistas Nacionales y que se convalidaron mediante acuerdo ACU-CNE/02/158/2012, emitido el dieciséis de febrero de dos mil doce, por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, en el que se le ubicó como congresista nacional, por el estado de Durango.

De esa suerte, su pretensión estriba en que se restituya con tal carácter, a fin de poder participar en el XIV Congreso Nacional del instituto político al que pertenece.

El agravio es fundado.

De conformidad con lo establecido en los artículos 116, 118 y 119 de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, el Congreso Nacional es la autoridad suprema del partido, sus acuerdos y resoluciones son inatacables y de cumplimiento obligatorio para todas las organizaciones y órganos partidarios.

Dicho congreso estará integrado por:

a)    Las Presidencias y Secretarías Generales Nacional y de los Comités Ejecutivos Estatales;

b)   Mil doscientas Delegadas y/o Delegados los cuales serán electos en los Distritos Federales Electorales de la siguiente manera:

1) Para garantizar que en el Congreso se encuentren representados los trescientos Distritos, éstos tendrán derecho a elegir al menos una o un delegado; y

2) El número total de delegadas y delegados a elegir por Distrito Electoral se determinará con base al número personas afiliadas por cada Distrito y a los resultados de la última votación constitucional federal obtenida por el Partido;

c)    Los miembros del Consejo Nacional; y

d)   Las y los Delegados del Exterior, cuyo número será definido por el Consejo Nacional de conformidad a lo que señale el presente Estatuto y los Reglamentos que de él emanen.

Los invitados del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales tendrán solamente derecho de voz y su número no podrá ser mayor de doscientos invitados. Para tal efecto cada Consejo Estatal designará cuatro invitados, dos externos y dos afiliados. El Consejo Nacional aprobará setenta y dos invitados, de esos la mitad deberán ser externos. En todos los casos deberá respetarse la paridad de género en los invitados.

De lo anterior se advierte que mil doscientos delegados y delegadas al congreso nacional son electos en los distritos electorales federales, quienes tienen  derecho a voz y voto a diferencia de los invitados del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales.

Por otra parte en el artículo 104 del Reglamento General de Elecciones y Consultas se establece que una vez electos, la sustitución de candidatos electos por renuncia, fallecimiento o inhabilitación procederá de la manera siguiente:

...

a) En caso de delegados a los congresos y consejeros de cualquier nivel, se recorrerá la lista de la planilla respectiva, cuidando lo referente a las acciones afirmativas, en caso de no poder hacerse la sustitución por falta de integrantes de la planilla o violación al artículo 2 del Estatuto, el espacio se declarará desierto;

...

En el caso concreto, de las constancias que obran en autos y de lo manifestado por la autoridad responsable y el actor se advierte que:

a)    Bernardo Reyes Aguilera resultó electo como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática por el 2 Distrito Electoral, planilla 20,  prelación 2, del estado de Durango, tal y como lo reconoce la propia responsable en su informe circunstanciado, por lo que tal hecho no será materia de prueba al no estar controvertido.

b)   Que en los listados oficiales de los Delegados al XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece, publicados los días ocho y veintiocho de octubre, así como cuatro y siete de noviembre, todos del año en curso, el actor fue sustituido por Jesús López Cabrera.

c)    La Comisión Nacional Electoral en su informe circunstanciado manifiesta que el actor no aparece en los referidos listados, dado que presentó renuncia a su cargo como congresista.

De lo anteriormente expuesto se advierte que la problemática jurídica consiste en determinar si la supuesta renuncia del ciudadano Bernardo Reyes Aguilera al cargo de congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática, debe considerarse como válida y, en consecuencia, fue correcto que se aprobara y, en consecuencia, le excluyera y sustituyera de los listados de congresistas nacionales de ese partido político.

En el caso concreto, como se mencionó, no se encuentra controvertido que Bernardo Reyes Aguilera fue electo como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 2 del Estado de Durango, postulado por la planilla número 20, en el segundo lugar de prelación.

Señalado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el escrito de renuncia es el documento privado que debe ser suscrito por el interesado, mediante el cual expresa, en este caso, al órgano partidario competente su voluntad unilateral de dejar de ejercer determinados derechos y obligaciones inherentes al cargo que desempeña dentro del instituto político.

En ese sentido, esta Sala Superior considera que, cuando  quien ejerce un cargo de dirección partidista para el cual ha sido electo o designado objeta o desconoce aquellos documentos en que supuestamente consta su renuncia a dicho cargo partidista y el hecho mismo de la separación que indebidamente se le atribuye, no es suficiente para acreditar plenamente dicha renuncia la presentación de una documental supuestamente firmada y entregada por quien desempeña dicho cargo, aunque en ella consta una declaración de voluntad en el sentido de separarse o renunciar al cargo, además de su nombre y una rúbrica; es preciso que el órgano encargado de aprobar la renuncia presentada se cerciore plenamente que es la voluntad del funcionario partidista renunciar al cargo, mediante medios idóneos realizando el requerimiento específico de ratificación de la renuncia previa notificación, para el efecto de que acuda al propio órgano partidario, y sin que sea admisible la ratificación automática, debiéndose acompañar todas las constancias respectivas a efecto de tener plena certeza de la voluntad del ciudadano de renunciar a determinado cargo partidario.

Lo anterior, en virtud de que la renuncia de un funcionario partidista que resultó electo por determinados integrantes del instituto político, de conformidad con su normativa interna, trasciende los intereses estrictamente personales de dicho funcionario de dejar de ejercer el cargo, en tanto que representa intereses también del partido y de quienes participaron en su designación o elección, y por tanto el órgano partidista que aprueba o admite la respectiva renuncia debe cerciorarse plenamente que el acto de renuncia es auténtico en tanto resulta de una manifestación libre de la voluntad de quien lo presenta, con ello se garantiza el derecho de afiliación de quien ejerce el cargo, ante cualquier posible afectación al mismo, como el derecho de quienes, siendo militantes, participaron en su designación y pueden sentirse afectados también en sus derechos partidistas a ser debidamente representados por quien resultó electo en su oportunidad.

Ello es así, pues se considera que  se debe tener certeza y seguridad jurídica de que el acto jurídico se da con la voluntad de quien renuncia a determinados derechos partidarios vinculados con su derecho de afiliación previsto en la Constitución y de que dicha voluntad no ha sido suplantada o viciada en modo alguno.

En virtud de lo anterior, en el caso bajo estudio, dado que se trata de la supuesta renuncia de Bernardo Reyes Aguilera, quien fue electo congresista nacional y que representa a los militantes del distrito electoral federal 2 del Estado de Durango, tal renuncia debe encontrarse plenamente acreditada.

Esta Sala Superior considera que de las constancias que obran en autos se concluye que dicha renuncia no se encuentra plenamente acreditada.

Lo anterior, ya que si bien, el partido político ofrece un documento en el cual aparece la supuesta renuncia del actor al cargo de congresista nacional, lo cierto es que de conformidad con lo establecido en el artículo 16, numeral, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de una documental privada sólo tendrá valor probatorio pleno cuando de los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados en el mismo. 

Sin embargo, en el presente caso, a través de la demanda presentada en el presente juicio, el actor manifiesta que nunca renunció a su cargo de congresista nacional y objeta cualquier documento que se presente manifestando dicha situación, por el contrario, aduce que su voluntad es participar el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, con el carácter de congresista nacional electa conforme la normativa del partido, en representación del distrito electoral federal 2 del Estado de Durango.

Por lo anterior, en el caso concreto, la mera presentación por parte del partido político del supuesto escrito de renuncia, sin otro elemento fidedigno que otorgue la certeza y seguridad en la renuncia del derecho del actor a ser congresista nacional  y participar en el próximo Congreso Nacional, es insuficiente para que esta Sala Superior tenga por realizada válidamente la sustitución del actor a dicho cargo partidista, pues como se mencionó en párrafos precedentes, resulta necesario que el órgano encargado de aprobar la renuncia presentada se cerciore plenamente que es la voluntad del funcionario partidista renunciar al cargo, mediante medios idóneos realizando el requerimiento específico de ratificación de la renuncia previa notificación, para el efecto de que acuda al propio órgano partidario, y sin que sea admisible la ratificación automática, debiéndose acompañar todas las constancias respectivas a efecto de tener plena certeza de la voluntad del ciudadano de renunciar a determinado cargo partidario.

Bajo esas circunstancias, ante la falta de certeza, de que haya sido voluntad de Bernardo Reyes Aguilera la de renunciar a sus derechos como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática,  y toda vez que la Comisión Nacional Electoral  no aporta algún otro elemento que lo dote de certeza y seguridad jurídica y que por ende, permita a este órgano jurisdiccional concluir que la renuncia sea un acto indubitable de  manifestación de voluntad del actor para renunciar al cargo, dicho escrito de renuncia es insuficiente para concederle valor probatorio pleno.

Por tanto, de acuerdo con los efectos dispuestos en el artículo 84, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tendentes a restituir al actor en el uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado, ha lugar a modificar la lista impugnada en lo conducente a la sustitución de Bernardo Reyes Aguilera como congresista nacional por el distrito electoral federal 2 del Estado de Durango, postulado por la planilla 20, en el número de prelación 2, emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, vinculando para tales efectos a dicha Comisión a que garantice la participación del actor en la referida calidad, al congreso nacional a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre del año en curso y, en consecuencia se deje sin efectos su sustitución por Jesús López Cabrera.

En consecuencia, se ordena a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, para que de forma inmediata a la notificación de esta sentencia, realice las gestiones necesarias para permitir a Bernardo Reyes Aguilera participar como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática por el distrito electoral federal 2 del Estado de Durango, en el XIV Congreso Nacional del referido instituto político a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece, debiendo informar a esta Sala Superior del cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se modifican las listas impugnadas en lo conducente a la sustitución de Bernardo Reyes Aguilera como congresista nacional por el distrito electoral federal 2 del Estado de Durango, postulado por la planilla 20, en el número de prelación 2, emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos precisados en la parte final de la presente ejecutoria.

NOTIFÍQUESE; personalmente, al actor; por oficio, a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática y, por estrados, a los demás interesados, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, párrafo 3 y 28, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 103 y 106, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional especializado.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que resulten pertinentes y, acto seguido, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

 

 

 

MAGISTRADA

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

MAGISTRADO

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

 

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

FELIPE DE LA MATA PIZAÑA