JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-1136/2013

ACTOR: JOSÉ CANDELARIO SILVAS AGUIRRE

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIOS: JOSÉ EDUARDO VARGAS AGUILAR Y GUSTAVO CÉSAR PALE BERISTAIN

 

México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil trece.

VISTOS, para resolver los autos del expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro identificado, promovido por José Candelario Silvas Aguirre, por su propio derecho y ostentándose como delegado electo al XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a fin de controvertir la omisión de la Comisión Nacional Electoral del citado partido político de incluirlo en la última lista de Delegados al citado Congreso Nacional, a celebrarse los días veintiuno a veinticuatro de noviembre del presente año y,

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos y de lo narrado por el actor en su demanda, se advierte lo siguiente:

1. Aprobación de convocatoria. El cinco de octubre de dos mil doce, el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática emitió el resolutivo del tercer pleno extraordinario del VIII Consejo Nacional del citado partido político, mediante el cual se aprobó en lo general la convocatoria al XIV Congreso Nacional.

2. Remisión de lista de candidatos. El cuatro de diciembre de dos mil doce, la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática remitió a su Comisión Política Nacional, la lista final de delegados al XIV Congreso Nacional, en la que se incluía a José Candelario Silvas Aguirre con el número 23.

3. Manifestación de no renunciar. El diecisiete de octubre de dos mil trece, José Candelario Silvas Aguirre hizo del conocimiento de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, que en ningún momento había renunciado como congresista nacional electo en el proceso de elección directa en el Estado de Baja California, por lo que solicitaba que se respetara su condición.

4. Modificación de fecha del Congreso. El veintinueve de octubre de dos mil trece, mediante Acuerdo ACU-CPN-059/2013, la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática acordó proponer a la Comisión Organizadora del Congreso Nacional, la realización del XIV Congreso Nacional del veintiuno al veinticuatro de noviembre del presente año.

5. Primera lista de congresistas. El siete de noviembre de dos mil trece, fue publicada en medio electrónico, la lista de Congresistas Nacionales al XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en la que no aparece el nombre del actor.

6. Queja intrapartidista. Inconforme con dicha lista, el trece de noviembre de dos mil trece, el actor promovió escrito de queja ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que a su juicio fue indebido no incluirlo en la misma.

II. Juicio ciudadano. El quince de noviembre de dos mil trece, el hoy actor promovió directamente ante esta Sala Superior, per saltum, demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de controvertir la exclusión de la lista emitida por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por la que enlistó a los congresistas nacionales que participarán en el XIV Congreso Nacional de dicho partido político.

III. Trámite y sustanciación. Mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil trece, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional federal electoral, ordenó integrar el expediente SUP-JDC-1136/2013, y dispuso turnarlo a la Ponencia a su cargo, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho acuerdo fue cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-3973/13, de esa misma fecha, signado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

IV. Requerimientos. Por auto de quince de noviembre del año en curso, el Magistrado Presidente ordenó a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, diera el trámite a la demanda conforme a lo establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y remitiera el informe circunstanciado, así como las demás constancias atinentes.

Mediante oficio TEPJF-SGA-3988/13, de dieciséis de noviembre de dos mil trece, el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior remitió las constancias enviadas por la Comisión Nacional Electoral en desahogo del citado requerimiento, en las que se realizan diversas manifestaciones en torno al trámite ordenado.

Asimismo, por acuerdo de diecinueve de noviembre del presente año, el Magistrado Instructor requirió a la Comisión Nacional Electoral y a la Comisión Nacional de Garantías, ambas del Partido de la Revolución Democrática, diversa información relacionada con el asunto en cuestión. Dicho requerimiento fue desahogado, en tiempo y forma, por las Comisiones antes indicadas.

V. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor acordó admitir el presente medio de impugnación y, en virtud de no existir actuaciones pendientes por realizar, declaró cerrada la instrucción, quedando los presentes autos en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación en que se actúa, con fundamento en lo previsto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso g), y 83, párrafo 1, inciso a), apartado II y III, parte final, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se trata de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido en contra de la lista emitida por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, mediante la cual enlistó a los congresistas nacionales que participarán en el XIV Congreso Nacional de dicho partido político, lo cual considera violatorio de su derecho político-electoral de afiliación.

SEGUNDO. Per saltum. Procede el conocimiento per saltum del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por el actor, dado que la omisión de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática de incluirlo en la lista de delegados al citado Congreso Nacional, a celebrarse los días veintiuno a veinticuatro de noviembre del presente año, no es del conocimiento de la Comisión Nacional de Garantías del citado partido político, en virtud de que el impetrante presentó, con fecha catorce de noviembre del año en curso, a los integrantes del órgano partidista responsable, es decir, de la Comisión Nacional Electoral, un escrito a través del cual hizo de su conocimiento que había presentado ante la Sala Superior de este Tribunal Electoral, vía per saltum, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, solicitándole que remitiera a esta instancia jurisdiccional electoral federal, el informe circunstanciado correspondiente, así como la documentación necesaria para la resolución de dicho medio de impugnación.

En efecto, esta Sala Superior estima oportuno señalar que por virtud de la reforma constitucional en materia electoral del año dos mil siete, particularmente, la realizada a los artículos 41, Base I, párrafo último, y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del trece de noviembre de esa anualidad, entre otras cuestiones, se delinearon aspectos en torno a la definitividad que debe haber de los actos y resoluciones de los partidos políticos, para estar en condiciones de acudir a la jurisdicción federal.

De esa forma, en el artículo 41, Base I, párrafo tercero, de la Norma Fundamental Federal, se dispone que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, en los términos de la Constitución y la Ley.

A su vez, en términos del artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la propia Constitución, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver las impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos político-electorales del ciudadano de votar, ser votado, así como de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Sin embargo, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional federal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas.

Tal cuestión, igualmente se hizo notar en la reforma acaecida al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, ya que en su numeral 46, se precisó que para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base I, del artículo 41 Constitucional, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, el propio Código electoral, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección; en donde las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los términos que establezcan los ordenamientos jurídicos antes referidos.

En consecuencia, de lo establecido en el artículo 80, párrafo 1, inciso g), 2 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, incoado contra actos o resoluciones del partido político al que se está afiliado, sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto.

Como se puede advertir, se ha establecido como imperativo constitucional que, antes de acudir al órgano jurisdiccional que corresponda, el promovente agote las instancias internas, para impugnar los actos que emita el órgano del partido político al que pertenece, que el o los interesados consideren violatorios de sus derechos político-electorales.

Sobre el tema en cuestión, cabe hacer notar que esta Sala Superior ha sostenido que el principio de definitividad  de los medios de impugnación como el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se cumple cuando previamente a su promoción o presentación, se agotan las instancias que reúnan las características siguientes:

a) Sean las idóneas, conforme a las leyes locales respectivas, para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate; y

b) Conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular tales actos o resoluciones.

Bajo esta óptica, la exigencia de agotar las instancias previas tiene como presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los justiciables, pues sólo de esta manera se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en tanto que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional y extraordinario, los interesados deben acudir previamente a los medios de defensa e impugnación viables.

Asimismo, este órgano jurisdiccional ha considerado que cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, entonces debe tenerse por cumplido el requisito en cuestión. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 9/2001 de esta Sala Superior, visible en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 254 y 255, cuyo rubro es: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO.

Es importante resaltar que la necesidad de agotar los medios intrapartidistas de defensa está impuesta, constitucional y legalmente, como una carga procesal y un requisito de procedibilidad, indispensable para ocurrir a la jurisdicción del Estado, pues el deber jurídico impuesto a los partidos políticos, de instrumentar medios de defensa internos para sus militantes, se traduce en la correlativa carga para éstos de acudir y agotar tales instancias, ello con la finalidad de conseguir el objetivo de garantizar al máximo posible, la capacidad auto-organizativa de los partidos políticos, en ejercicio de la más amplia libertad, sin dejar de asegurar, al mismo tiempo, el respeto irrestricto a los derechos político-electorales de todos y cada uno de sus miembros, dejando a salvo la garantía esencial que representa para éstos la jurisdicción del Estado, derecho que es irrenunciable.

De lo anterior, se advierte que para promover los medios de impugnación en materia electoral federal y, específicamente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, salvo determinadas excepciones, es requisito de procedibilidad el agotar, en forma previa, las instancias establecidas en las normas jurídicas aplicables al caso concreto, a fin de combatir los actos o resoluciones que causen molestia a los interesados y lograr así su revocación, modificación o anulación. Hecho lo anterior, en caso de no encontrar la satisfacción de su pretensión, el interesado estará en aptitud jurídica de ejercer la correspondiente acción impugnativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para defender el derecho presuntamente violado en su perjuicio.

Así, el agotamiento de los principios de definitividad y firmeza, como requisito de procedibilidad de los medios de impugnación en materia electoral que se caracterizan por ser excepcionales y extraordinarios, como es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, conlleva la carga procesal de que los interesados sólo puedan ocurrir a la vía especial cuando constituya el único o último medio para conseguir, de manera pronta y adecuada, la restitución, en la medida de lo posible, en el goce de los derechos controvertidos que estiman conculcados con las violaciones aducidas; de ahí que, no se justifica ocurrir a la vía de impugnación extraordinaria cuando es procedente, idóneo e inmediato, un medio de defensa ordinario, que resulta eficaz para lograr lo pretendido.

Igualmente, esta Sala Superior ha considerado que para que proceda el acudir a esta instancia jurisdiccional electoral federal por la vía del per saltum, en aquellos casos en los cuales ya se haya presentado la demanda de la instancia procedente, local o intrapartidaria, se requiere de forma indefectible el desistimiento de aquélla, con lo cual se evita que se vean involucradas más de una autoridad con la posibilidad de restituir el derecho presuntamente conculcado, generando la imposibilidad de emisión de resoluciones contradictorias emitidas por autoridades diversas.

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 11/2007, emitida por esta Sala Superior, visible en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, págs. Cuatrocientas sesenta y uno y cuatrocientas sesenta y dos, cuyo rubro es: “PER SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES CORRECTA CUANDO SE REALIZA ANTE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO O ANTE LA QUE CONOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO DEL CUAL DESISTE EL PROMOVENTE”.

En el caso, el actor solicita a este órgano jurisdiccional electoral federal conozca per saltum de su impugnación, pues de seguirse el procedimiento del recurso de queja presentado ante la Comisión Nacional Electoral, los tiempos no resultarían suficientes para su resolución en tiempo, pues estaría llegando a la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática el día diecisiete de noviembre del presente año, es decir, tres días antes de iniciarse el Congreso y nada garantizaría que en esos tres días resolviera tal recurso.

En concepto de esta Sala Superior, como se adelantó, se justifica conocer per saltum del presente medio de impugnación, dado que del citado escrito del actor, presentado ante los integrantes de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, el catorce de noviembre de dos mil trece se advierte la voluntad del ahora impetrante de abandonar la instancia de queja electoral, que hizo valer el trece de noviembre último, ante la Comisión Nacional de Garantías del partido político en cuestión, con la finalidad de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial.

En este sentido, esta Sala Superior considera oportuno señalar que, de conformidad con lo establecido por los artículos 105, 106 y 107 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, el recurso de queja electoral es el medio de defensa que tiene como finalidad garantizar que los actos y resoluciones de la Comisión Política Nacional y de la Comisión Nacional Electoral se apeguen a la normativa partidista.

Dicho recurso lo puede interponer cualquier miembro del partido cuando se trate de convocatorias y los candidatos y precandidatos por sí o a través de sus representantes acreditados ante el órgano electoral competente, y procede, entre otros supuestos, en contra de los actos o resoluciones de la Comisión Política Nacional que a través de la Comisión Nacional Electoral o sus integrantes, no sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que cause perjuicio a los candidatos o precandidatos.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 17, inciso g) del Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, corresponde a dicha Comisión conocer del recurso de queja electoral.

En cuanto al trámite del recurso de queja electoral los artículos 108 a 116 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, disponen que ese medio de defensa se interpone ante el órgano señalado como responsable del acto, quien por la vía más expedita debe dar aviso de su presentación a la Comisión Nacional de Garantías y hacerlo público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice la publicidad del escrito.

Igualmente, a partir de la publicitación en estrados, el órgano responsable debe remitir el expediente de la impugnación, junto con su informe justificado, a la Comisión Nacional de Garantías.

De acuerdo con el artículo 113 del mismo Reglamento  de elecciones, si el órgano responsable incumple con las obligaciones de rendir informe justificado o remitir la documentación relativa al medio de defensa, la Comisión Nacional de Garantías requerirá de inmediato su cumplimiento o remisión, fijando un plazo de veinticuatro horas para tal efecto, bajo apercibimiento que de no cumplir oportunamente tomará las medidas necesarias al respecto, aplicando, en su caso, el medio de apremio que estime conveniente y, en el supuesto de reincidencia, aplicar las medidas sancionatorias correspondientes.

En este sentido, los artículos 16, inciso c) y 20, inciso f) del mencionado Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías, establecen que es atribución de esa Comisión y de su Presidencia, requerir la información necesaria a los afiliados, instancias y órganos del partido, para cumplir adecuadamente con la sustanciación y resolución de los expedientes a su cargo.

En el caso, de ser la Comisión Nacional de Garantías la que, de acuerdo con sus atribuciones, conozca del acto imputado a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, en los términos de la normativa interna invocada, haría nugatorio el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, al no poder restituir al impetrante de su derecho presuntamente violado, dado que el XIV Congreso Nacional de Delegados del Partido de la Revolución Democrática iniciará el próximo veintiuno de noviembre del año en curso, por lo que, tal y como lo afirma el actor, el agotamiento previo del medio de impugnación en cuestión, se traduciría en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo pueden implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, entonces debe tenerse por cumplido el requisito de definitividad en cuestión.

De ahí que José Candelario Silvas Aguirre haya manifestado a los integrantes de la citada Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, a través de su escrito presentado el catorce de noviembre del año en curso, su intención de someter a la jurisdicción de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía per saltum, la controversia planteada con motivo de su exclusión de la última lista de delegados al mencionado XIV Congreso Nacional de indicado partido político, lo cual constituye en el fondo, un desistimiento tácito de la instancia partidista previa, con lo cual se cumple con el requisito señalado en párrafos precedentes.

TERCERO. Precisión del acto impugnado. El artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone que la Sala competente del Tribunal Electoral, al resolver los medios de impugnación debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expresados, cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos por los promoventes.

Asimismo, esta Sala Superior ha establecido que al resolver cualquier medio de impugnación en materia electoral, el juzgador debe atender a la pretensión del actor.

Este criterio quedó establecido por este órgano jurisdiccional en la jurisprudencia 4/99, de esta Sala Superior, visible en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 411, cuyo rubro es: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.”

En el caso, se tiene como acto destacadamente impugnado la ilegal sustitución y exclusión del actor de la lista de siete de noviembre de dos mil trece, emitida por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, mediante la cual enlistó a los congresistas nacionales que participarán en el XIV Congreso Nacional de dicho partido político.

Lo anterior es así, ya que la pretensión final del actor es que este órgano jurisdiccional ordene a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática que lo incluya en la lista definitiva de congresistas nacionales que participarán en el XIV Congreso Nacional.

CUARTO. Procedencia. El presente medio impugnativo reúne los requisitos de procedencia consistentes en la forma, oportunidad, legitimación e interés jurídico, así como definitividad y firmeza, previstos en los artículos 7; 8; 9, rrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Respecto al requisito de definitividad, este órgano jurisdiccional considera que está justificada la promoción per saltum, del presente juicio ciudadano, ya que como se sostuvo en el Considerando Segundo de la presente sentencia, el agotamiento de la instancia intrapartista, podría implicar una merma en los derechos que el ahora demandante aduce vulnerados, pues están vinculados con la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que se llevará a cabo del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece.

QUINTO. Resumen de agravios. El actor aduce que se vulneraron sus derechos partidarios como congresista nacional electo conforme con la normativa interna del Partido de la Revolución Democrática, pues indebidamente, se le excluyó y sustituyó como congresista nacional por el distrito 4 del Estado de Baja California en la lista oficial de congresistas nacionales al XIV Congreso Nacional del citado partido político, que se llevará a cabo del veintiuno a veinticuatro de noviembre de este año, no obstante que fue electo y se le integró en la lista final de los congresistas nacionales, de fecha cuatro de diciembre de dos mil doce.

Sin embargo, al publicarse por medio electrónico la lista referida, el siete de noviembre del presente año por la Comisión Nacional Electoral el actor advirtió, hasta el inmediato día once, que había sido excluido ilegalmente como congresista nacional y que en el lugar 23 que le correspondía, aparecía el nombre de Facundo García Godoy sin que se le hiciera alguna notificación personal y sin que se le solicitara alguna aclaración por la que hubiera podido manifestar lo que a su derecho conviniera; que no existe un acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se detallen las causas por las que se decidió eliminar su nombre de la Lista de Delegados al Congreso Nacional, y que si existiera, no se le ha notificado.

Además, señala el recurrente que en el Acuerdo ACU-CNE/10/383/2013, mediante el cual se aprueba la sustitución por renuncia de consejeros nacionales y congresistas nacionales del Partido de la Revolución Democrática, correspondientes al Estado de Baja California, en el mismo no se encuentra su nombre, máxime que por escrito de fecha diecisiete de octubre del presente año, de manera expresa manifestó a la Comisión Nacional Electoral del citado partido político, que en ningún momento había renunciado como congresista nacional electoral, por lo que solicitaba que se respetara su condición.

Por lo anterior, el actor considera que le causa agravio la vulneración a diversos preceptos de la normativa partidaria que cita en su demanda, toda vez que la Comisión Nacional Electoral, sin causa justificada, determinó sustituirlo por otra persona, sin que como se precisó anteriormente, hubiera aparecido en el mencionado Acuerdo ACU-CNE/10/383/2013 de la indicada Comisión, por el que se aprobaron las sustituciones correspondientes al Estado de Baja California.

SEXTO. Estudio de fondo. De los agravios esgrimidos por el  actor se advierte que su pretensión consiste en que se le integre, en su calidad de congresista nacional electo por el distrito 4 del Estado de Baja California,  a la lista final de congresistas que participarán en el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece.

Su causa de pedir la sustenta en que sin haber mediado renuncia de su parte y sin aparecer en el Acuerdo ACU-CNE/10/383/2013, de veintinueve de octubre de dos mil trece, de la Comisión Nacional Electoral del citado partido político, por el que se aprobaron las sustituciones por renuncia de consejeros nacionales y congresistas nacionales correspondientes al Estado de Baja California, además de haberle manifestado a la citada Comisión Nacional Electoral su intención de permanecer en el cargo de congresista nacional electo, ilegalmente fue sustituido por otra persona.

Por tanto, la litis en el presente asunto se centra en determinar si José Candelario Silvas Aguirre quien fue electo como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 4 del Estado de Baja California, fue sustituido legalmente en dicho cargo.

Dado que las alegaciones del actor se encuentran estrechamente vinculadas, serán estudiadas de forma conjunta. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por esta Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2000, visible en  la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, págs. ciento diecinueve y ciento veinte, cuyo rubro es: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.

Esta Sala Superior estima fundado lo alegado por el actor, en el sentido de que indebidamente fue sustituido de la lista de congresistas nacionales que participarán en el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece, toda vez que en autos no se encuentra plenamente acreditado que el promovente renunció a su cargo de congresista nacional por el distrito electoral federal 4 del Estado de Baja California, pues la documental aportada por la Comisión Nacional Electoral es insuficiente para tener por demostrada  dicha renuncia, razón por la cual no se actualizó la causa de sustitución establecida en el artículo 104 del Reglamento General de Elecciones y consultas del referido instituto político, como se demuestra a continuación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 116,  118 y 119 de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, el Congreso Nacional es la autoridad suprema del partido, sus acuerdos y resoluciones son inatacables y de cumplimiento obligatorio para todas las organizaciones y órganos partidarios. Dicho congreso estará integrado por:

a) Las Presidencias y Secretarías Generales Nacional y de los Comités Ejecutivos Estatales;

b) Mil doscientas Delegadas y/o Delegados los cuales serán electos en los Distritos Federales Electorales de la siguiente manera:

1) Para garantizar que en el Congreso se encuentren representados los trescientos Distritos, éstos tendrán derecho a elegir al menos una o un delegado; y

2) El número total de delegadas y delegados a elegir por Distrito Electoral se determinará con base al número personas afiliadas por cada Distrito y a los resultados de la última votación constitucional federal obtenida por el Partido;

c) Los miembros del Consejo Nacional; y

d) Las y los Delegados del Exterior, cuyo número será definido por el Consejo Nacional de conformidad a lo que señale el presente Estatuto y los Reglamentos que de él emanen.

 

Los invitados del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales tendrán solamente derecho de voz y su número no podrá ser mayor de doscientos invitados. Para tal efecto cada Consejo Estatal designará cuatro invitados, dos externos y dos afiliados. El Consejo Nacional aprobará setenta y dos invitados, de esos la mitad deberán ser externos. En todos los casos deberá respetarse la paridad de género en los invitados.

De lo anterior se advierte que mil doscientos delegados y delegadas al congreso nacional son electos en los distritos electorales federales, quienes tienen  derecho a voz y voto a diferencia de los invitados del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales.

Por otra parte en el artículo 104 del Reglamento General de Elecciones y Consultas se establece que una vez electos, la sustitución de candidatos electos por renuncia, fallecimiento o inhabilitación procederá de la manera siguiente:

...

a)                      En caso de delegados a los congresos y consejeros de cualquier nivel, se recorrerá la lista de la planilla respectiva, cuidando lo referente a las acciones afirmativas, en caso de no poder hacerse la sustitución por falta de integrantes de la planilla o violación al artículo 2 del Estatuto, el espacio se declarará desierto;

...

En el caso concreto, de las constancias que obran en autos y de lo manifestado por la autoridad responsable y el actor se advierte que:

a)   José Candelario Silvas Aguirre fue electo como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 4 del Estado de Baja California, como lo reconoce la propia responsable en su informe circunstanciado, por lo que tal hecho no será materia de prueba al no estar controvertido.

b)   Que en el listado oficial de los congresistas al XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece, publicado el día siete de noviembre del año en curso, el actor no aparece como congresista nacional por el referido distrito electoral federal y en su lugar (23) aparece Facundo García Godoy.

c)   La Comisión Nacional Electoral en su informe circunstanciado manifiesta que el actor no aparece en los referidos listados, dado que presentó renuncia con carácter de irrevocable  a su cargo como congresista, y para acreditar su dicho, acompaña un escrito fechado el cuatro de octubre del año en curso, supuestamente suscrito, entre otros, por José Candelario Silvas Aguirre, al cual se acompaña copia de su credencial de elector.

Dicho escrito aportado por la responsable es el siguiente:

 

De lo anteriormente expuesto se advierte que la problemática jurídica consiste en determinar si el escrito de renuncia antes señalado, fechado el cuatro de octubre de dos mil trece, supuestamente presentado y suscrito por el hoy actor ante la Comisión responsable, aportado por ésta al presente juicio y objetado por el actor, es válido y, en consecuencia, fue correcto que se le excluyera y sustituyera de los listados que constituyen el acto impugnado.

En el caso concreto, como se mencionó, no se encuentra controvertido que Jose Candelario Silvas Aguirre fue electo como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática por el distrito 4 del Estado de Baja California.

 Asimismo, de los listados que se encuentran en autos, se advierte que en dicha posición se encuentra Facundo García Godoy.

Señalado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el escrito de renuncia es el documento privado que debe ser suscrito por el interesado, mediante el cual expresa, en este caso,  al órgano partidario competente su voluntad unilateral de dejar de ejercer determinados derechos y obligaciones inherentes al cargo que desempeña dentro del partido político.

En ese sentido, esta Sala Superior considera que, cuando  quien ejerce un cargo de dirección partidista para el cual ha sido electo o designado objeta o desconoce aquellos documentos en que supuestamente consta su renuncia a dicho cargo partidista y el hecho mismo de la separación que indebidamente se le atribuye, no es suficiente para acreditar plenamente dicha renuncia la presentación de una documental supuestamente firmada y entregada por quien desempeña dicho cargo, aunque en ella conste una declaración de voluntad en el sentido de separarse o renunciar al cargo, además de su nombre y una rúbrica; es preciso que el órgano encargado de aprobar la renuncia presentada se cerciore plenamente que es la voluntad del funcionario partidista renunciar al cargo, mediante medios idóneos realizando el requerimiento específico de ratificación de la renuncia previa notificación, para el efecto de que acuda al propio órgano partidario, y sin que sea admisible la ratificación automática, debiéndose acompañar todas las constancias respectiva, a efecto de tener plena certeza de la voluntad del ciudadano de renunciar a determinado cargo partidario.

Lo anterior, en virtud de que la renuncia de un funcionario partidista que resultó electo por determinados integrantes del instituto político, de conformidad con su normativa interna, trasciende los intereses estrictamente personales de dicho funcionario de dejar de ejercer el cargo, en tanto que representa intereses también del partido y de quienes participaron en su designación o elección, y por tanto el órgano partidista que aprueba o admite la respectiva renuncia debe cerciorarse plenamente que el acto de renuncia es auténtico en tanto resulta de una manifestación libre de la voluntad de quien lo presenta, con ello se garantiza el derecho de afiliación de quien ejerce el cargo, ante cualquier posible afectación al mismo, como el derecho de quienes, siendo militantes, participaron en su designación y pueden sentirse afectados también en sus derechos partidistas a ser debidamente representados por quien resultó electo en su oportunidad.

Ello es así, pues se considera que se debe tener certeza y seguridad jurídica de que el acto jurídico se da con la voluntad de quien renuncia a determinados derechos partidarios vinculados con su derecho de afiliación previsto en la Constitución Federal y de que dicha voluntad no ha sido suplantada o viciada en modo alguno.

En virtud de lo anterior,  en el caso bajo estudio, dado que se trata de la supuesta renuncia de José Candelario Silvas Aguirre, quien fue electo congresista nacional y que representa a los militantes del distrito electoral 4 del Estado de Baja California, tal renuncia debe encontrarse plenamente acreditada.

Esta Sala Superior considera que de las constancias que obran en autos se concluye que dicha renuncia no se encuentra plenamente acreditada.

Lo anterior, ya que si bien, el partido político ofrece un documento en el cual aparece la supuesta renuncia del actor al cargo de congresista nacional, lo cierto es que de conformidad con lo establecido en el artículo 16, numeral 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de una documental privada sólo tendrá valor probatorio pleno cuando de los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados en el mismo. 

Sin embargo, en el presente caso, a través de la demanda presentada tanto en la instancia partidaria como en el presente juicio, el actor manifiesta que nunca renunció a su cargo de congresista nacional, por el contrario, aduce que su voluntad es participar el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, con el carácter de congresista nacional electo conforme a la normativa del partido, en representación del distrito electoral federal 4 del Estado de Baja California.

Por lo anterior, en el caso concreto, la mera presentación por parte del partido político del supuesto escrito de renuncia, sin otro elemento fidedigno que otorgue la certeza y seguridad en la renuncia del derecho del actor a ser congresista nacional  y participar en el próximo Congreso Nacional, es insuficiente para que esta Sala Superior tenga por realizada válidamente la sustitución del actor a dicho cargo partidista, pues como se mencionó en párrafos precedentes, resulta necesario que el órgano encargado de aprobar la renuncia presentada, se cerciore plenamente que es la voluntad del funcionario partidista renunciar al cargo, mediante medios idóneos, realizando el requerimiento específico de ratificación de la renuncia previa notificación, para el efecto de que acuda al propio órgano partidario, y sin que sea admisible la ratificación automática, debiéndose acompañar todas las constancias respectivas a efecto de tener plena certeza de la voluntad del ciudadano de renunciar a determinado cargo partidario.

Bajo esas circunstancias, ante la falta de certeza, de que haya sido voluntad de Jose Candelario Silvas Aguirre la de renunciar a sus derechos como congresista nacional del Partido de la Revolución Democrática,  y toda vez que la Comisión Nacional Electoral  no aporta algún otro elemento que lo dote de certeza y seguridad jurídica y que por ende, permita a este órgano jurisdiccional concluir que la renuncia sea un acto indubitable de  manifestación de voluntad del actor para renunciar al cargo, dicho escrito de renuncia es insuficiente para concederle valor probatorio pleno.

Por tanto, de acuerdo con los efectos dispuestos en el artículo 84, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tendentes a restituir al actor en el uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado, ha lugar a modificar las listas impugnadas en lo conducente a la sustitución de José Candelario Silvas Aguirre como congresista nacional por el distrito electoral 4 del Estado de Baja California, emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, vinculando para tales efectos a dicha Comisión a que garantice la participación del actor en la referida calidad, al XIV Congreso Nacional a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre del año en curso y, en consecuencia se deje sin efectos su sustitución por Facundo García Godoy.

En consecuencia, se ordena a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, para que de forma inmediata a la notificación de esta sentencia, realice las gestiones necesarias para permitir a José Candelario Silvas Aguirre participar como congresista nacional por el distrito electoral 4 del Estado de Baja California, en el XIV Congreso Nacional del referido partido político a celebrarse del veintiuno al veinticuatro de noviembre de dos mil trece, debiendo informar a esta Sala Superior del cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se modifican las listas impugnadas en lo conducente a la sustitución de José Candelario Silvas Aguirre como congresista nacional por el distrito electoral 4 del Estado de Baja California, emitidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos precisados en la parte final de la presente ejecutoria.

NOTIFÍQUESE. Personalmente al demandante, en el domicilio señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la presente sentencia a la Comisión Nacional Electoral y a la Comisión Nacional de Garantías, ambas del Partido de la Revolución Democrática; y, por estrados, a los demás interesados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, apartado 3, 28 y 29, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvase la documentación atinente y, en su oportunidad, remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

 

 

MAGISTRADA

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

 

MAGISTRADO

 

 

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

FELIPE DE LA MATA PIZAÑA