JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA

EXPEDIENTE: SUP-jdc-216/2020

PARTE ACTORA: CARLOS EDUARDO PÉREZ VENTURA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “FRENTE POR LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y OTRAS

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIO: JOSÉ ALFREDO GARCÍA SOLÍS

Ciudad de México, a diez de junio de dos mil veinte[1].

En el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-216/2020, promovido por Carlos Eduardo Pérez Ventura, quien se ostenta como representante legal de la organización denominada “Frente por la Cuarta Transformación”, para impugnar diversas omisiones atribuidas a varias autoridades, así como como los informes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo, ambos del Instituto Nacional Electoral (en adelante: INE), relativos al desarrollo del proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales y, sobre las organizaciones que presentaron solicitud de registro para constituirse como partidos políticos nacionales 2019-2020, respectivamente; la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante: Sala Superior) determina: desestimar las pretensiones de la parte demandante, ante lo infundado e inoperante de los agravios.

A. ANTECEDENTES

I. Instructivo. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho se aprobó el Acuerdo del Consejo General del INE, identificado con la clave INE/CG1478/2018, por el que se expide el “INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA DICHO FIN” (en adelante el Instructivo), el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno siguiente. Dicho acuerdo fue confirmado por la Sala Superior en la sentencia dictada al resolver el expediente SUP-JDC-5/2019 y acumulado.

II. Notificación de intención. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la organización denominada “Frente por la Cuarta Transformación”, notificó al INE su intención de constituirse como Partido Político Nacional. A través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0553/2019, de quince de febrero de año pasado, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativa y Partidos Políticos (en adelante: DEPPP) notificó a la organización citada la aceptación de su notificación de intención, y que podría continuar con el procedimiento, para lo cual, debía cumplir los requisitos y observar lo señalado en la Ley General de Partidos Políticos (en adelante: LGPP) y en el Instructivo.

III. Lineamientos. El doce de febrero de dos mil diecinueve, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el Acuerdo INE/ACPPP/01/2019, por el que se emiten los “LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA MESA DE CONTROL Y LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 2019-2020”.

IV. Modificación de plazos y términos. El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG302/2019, mediante el cual se modificaron los plazos y términos establecidos que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional y Lineamientos para la Operación de la Mesa de Control y la Garantía de Audiencia en el Proceso de Constitución de Partidos Políticos Nacionales 2019-2020. Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de julio del año próximo anterior.

V. Informes impugnados. El veintiuno de febrero, la DEPPP presentó un informe relacionado con el “DESARROLLO DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 2019 - 2020” (en adelante: Informe de la DEPPP); y el veintisiete de marzo, el Secretario Ejecutivo del INE informó sobre “LAS ORGANIZACIONES QUE PRESENTARON SOLICITUD DE REGISTRO PARA CONSTITUIRSE COMO PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 2019 – 2020” (en adelante: Informe del Secretario Ejecutivo).

VI. Juicio de la ciudadanía. El dos de abril, Carlos Eduardo Pérez Ventura, ostentándose como representante legal de la organización “Frente por la Cuarta Transformación”, presentó ante la Oficialía de Partes Común del INE, una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, para impugnar diversas omisiones atribuidas a varias autoridades, así como los informes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo, ambos del INE, relativo al desarrollo del proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales y, sobre las organizaciones que presentaron solicitud de registro para constituirse como partidos políticos nacionales 2019-2020, respectivamente.

VII. Recepción, registro y turno. El siete de abril se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, el oficio INE/SCG/0113/2020, por medio del cual, el Secretario Ejecutivo y del Consejo General de INE remite la demanda presentada por el representante de la organización actora. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-JDC-216/2020 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en adelante: LGSMIME).

VIII. Radicación. El diez de abril la Magistrada Instructora radicó el asunto en su ponencia el expediente SUP-JDC-216/2020.

IX. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada instructora admitió el medio de impugnación y al advertir que el expediente se encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la instrucción y pasó el expediente para el dictado de la sentencia que conforme a derecho corresponda.

B. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

I. Competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer del presente asunto[2], por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, mediante el cual, la organización demandante impugna omisiones a diversas autoridades y dos informes con los que, desde su perspectiva, se declara que incumple los requisitos de haber celebrado por lo menos 200 asambleas distritales constitutivas y presentado la solicitud para constituirse como partido político nacional.

II. Razones que justifican la resolución urgente de este caso. Se considera que el presente juicio debe resolverse de manera urgente, por las razones que a continuación se exponen:

De conformidad con lo previsto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se tiene en cuenta como un hecho notorio que en sesión extraordinaria celebrada el pasado veintiocho de mayo, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG97/2020, por el que “SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020, O QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS”, lo cual trae consigo la reactivación y continuidad de los actos del procedimiento que llevará, de ser el caso, a la concesión del registro de nuevos partidos políticos nacionales.

Como consecuencia de lo anterior, se considera la necesidad de dar respuesta a los planteamientos que en el presente asunto formula la parte actora en su demanda de juicio de la ciudadanía, pues la presentación del medio de impugnación y su eventual resolución, deben correr de manera paralela al procedimiento de registro de partidos políticos nacionales.

Por lo tanto, si mediante acuerdo INE/CG82/2020, aprobado el veintisiete de marzo, el Consejo General del INE determinó la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, entre ellas la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales; no puede pasar inadvertido que mediante acuerdo INE/CG97/2020 se reanudó el proceso de constitución que se encontraba en suspenso.

En ese sentido, dado que los actos y omisiones que constituyen la materia de impugnación de este juicio de la ciudadanía se relacionan con el procedimiento de registro como partido político nacional de la organización denominada “Frente por la Cuarta Transformación”, entonces, se estima urgente el dictado de la resolución que conforme a derecho proceda en este caso, al ser una consecuencia congruente con los alcances del acuerdo INE/CG97/2020.

De esta forma, resulta necesario que este órgano jurisdiccional emita una determinación por cuanto a las omisiones que reclama la parte actora vinculada y que se relacionan con el procedimiento de constitución para que se constituya como un partido político nacional, atendiendo a que la autoridad electoral nacional ha reanudado las actividades relativas al procedimiento de verificación de requisitos y constitución de nuevos institutos políticos nacionales.

Se hace notar que la Sala Superior ya se pronunció con relación al supuesto de urgencia antes aludido, en la sentencia dictada al resolver el expediente SUP-JDC-217/2020 y sus acumulados, el pasado tres de junio.

III. Aclaración previa. De la lectura del escrito de demanda se advierte que la parte promovente, en algunos casos, expone argumentos que dirige contra el Informe del Secretario Ejecutivo, así como el Informe de la DEPPP.

Sin embargo, dado que solamente el primero es el que, al reconocer que siete organizaciones presentaron solicitud de registro como partidos políticos nacionales, dentro de las que no se encuentra la organización ahora demandante, entonces, dicha situación es la que podría tomarse como la que, en forma implícita, podría causar un perjuicio a los derechos del denominado “Frente por la Cuarta Transformación”. De ahí que, se tendrá como preferentemente impugnado el Informe del Secretario Ejecutivo.

En el mismo sentido, se tendrán como impugnadas las presuntas omisiones que se plantean en el escrito de impugnación.

IV. Requisitos de procedencia. El escrito de demanda de juicio de la ciudadanía que se examina reúne los requisitos de forma y los presupuestos procesales, como se explica a continuación:

1. Requisitos formales. Se cumplen los requisitos formales previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la LGSMIME[3],  porque en el escrito de impugnación, la parte actora: a) Precisa su nombre; b) Identifica el informe y las omisiones que reclama; c) Señala las autoridades responsables; d) Narra los hechos en que sustenta su impugnación; e) Expresa conceptos de agravio; f) Ofrece y aporta medios de prueba; y, g) Asienta su nombre y firma autógrafa.

2. Oportunidad. En su escrito de demanda, la parte actora controvierte, por un lado, presuntas omisiones que atribute a diversas autoridades; y, por otra parte, el Informe del Secretario Ejecutivo.

Con relación a las primeras, cabe señalar que la Sala Superior ha sostenido el criterio consistente en que cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación[4].

En este orden de ideas, es dable tener por presentado en tiempo el medio de impugnación para controvertir las presuntas omisiones que alude la organización accionante, porque se parte de la premisa de que se trata de un acto de tracto sucesivo.

Con relación al Informe del Secretario Ejecutivo, cabe señalar que de las constancias que se tienen a la vista, no se observa alguna que demuestre la fecha en que se hizo del conocimiento de la representación de la organización ahora demandante, ni tampoco el informe circunstanciado se pronuncia sobre este punto. Por otro lado, la parte demandante omite precisar la fecha en que tuvo conocimiento de dicho acuerdo.

Ante esta situación, cabe señalar que esta Sala Superior ha sostenido criterio, en el sentido de que cuando no existe certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un medio de impugnación electoral tuvo conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquélla en que presente el mismo, en virtud de que es incuestionable que, objetivamente, ésta sería la fecha cierta de tal conocimiento[5].

Por ende, a fin de favorecer el derecho de la parte promovente a la tutela efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, se considera que, en este caso, al haberse presentado la demanda el dos de abril, esto significa que se hizo dentro del plazo legal de cuatro días.

3. Legitimación e interés jurídico. La Sala Superior considera que el juicio de la ciudadanía se promovió por parte legítima, y con interés jurídico.

Al respecto, cabe señalar que en su informe circunstanciado, la autoridad responsable reconoce la personería de Carlos Eduardo Pérez Ventura, como representante legal de la organización denominada “Frente por la Cuarta Transformación”, por lo que se encuentra legitimado para impugnar cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de su representada.

Por otro lado, se considera que la parte actora cuenta con interés jurídico para impugnar las omisiones y el Informe del Secretario Ejecutivo, pues ha accionado con el propósito de lograr que la organización representada pueda obtener su registro como partido político nacional.

4. Definitividad. Las omisiones impugnadas y el Informe del Secretario Ejecutivo se consideran definitivos y firmes, toda vez que, del análisis de la legislación adjetiva electoral aplicable, y de conformidad con el Instructivo y los Lineamientos, se observa que no existe algún medio impugnativo que deba agotarse antes de acudir, en la vía del juicio de la ciudadanía, ante el órgano jurisdiccional federal.

Por ende, al colmarse los requisitos que han sido examinados, se estima conducente estudiar los planteamientos que formula la parte actora.

V. Pretensión, causa de pedir, síntesis de agravios y metodología para su estudio. De la lectura del escrito de impugnación[6] se advierte que la pretensión última de la parte demandante[7] es que se revoque el Informe del Secretario Ejecutivo del INE, relacionado con las “organizaciones que presentaron solicitud de registro para constituirse como partidos políticos nacionales 2019-2020", así como que se le otorgue un plazo para reponer y realizar Asambleas Distritales y la Nacional constitutivas, así como afiliaciones, y se le tengan por cumplidos los requisitos del número de asambleas y afiliados.

La causa de pedir se sustenta, fundamentalmente, en que no se le respetó la garantía de audiencia y de defensa adecuada, ya que el INE determinó cancelar 135 asambleas distritales constitutivas, sin informarles las razones de ello, ni tampoco sobre la afiliación de personas que asistieron a las asambleas en las que no hubo quórum.

Para sostener lo anterior, la parte accionante expone agravios (que entre paréntesis se identifican) relacionados con las temáticas que a continuación se listan, en atención al orden en que se estudiarán:

1º  Desconocimiento de causas de cancelación de asambleas distritales (Agravio 1).

2º  Omisión de implementar un mecanismo para garantizar el derecho de audiencia y violación a las formalidades esenciales del procedimiento (Agravio 2).

3º  Inconstitucionalidad del numeral 98 del Instructivo (Agravio 3).

4º Inconstitucionalidad y solicitud de inaplicación de los artículos 14, párrafo 2 y 15 de la Ley General de Partidos Políticos y los puntos 110, 113 y 115 del Instructivo (Agravio 5).

5º Inconstitucionalidad y solicitud de inaplicación de los artículos 10, párrafo 2, inciso b) y 12, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos (Agravio 6).

6º Inaplicación del artículo 10, párrafo 2, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos y el numeral 47 del Instructivo (Agravio 7).

7º Solicitud de inaplicación de diversos preceptos debido a la existencia de actos de violencia (Agravio 10).

8º Falta de confiabilidad y fallas de la aplicación informática (Agravios 8 y 11).

9º Afectación a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas (Agravio 9).

10º Reparación integral (Agravio 4).

El orden anterior se justifica a partir de que, los planteamientos sobre la inaplicación de disposiciones legales y reglamentarias solicitada, se encuentran subordinados a una cuestión fáctica, esto es, al hecho de que las autoridades que señala como responsables, infringieron en su perjuicio la garantía de audiencia y de defensa adecuada, al omitir informarle sobre las causas por las que se suspendieron, cancelaron e interrumpieron ciento treinta y cinco (135) asambleas distritales constitutivas, y asimismo, desconocer si las afiliaciones en tales asambleas se hicieron correctamente o no.

En añadidura, se hace notar que se procederá al estudio de los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad e inaplicación de preceptos, de conformidad con la Jurisprudencia 35/2013, intitulada: “INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN”[8], dado que se controvierte la contrariedad con el Pacto Federal de algunas disposiciones, a partir de su aplicación en el procedimiento de registro de la organización accionante.

Por lo tanto, en un primer momento, se examinarán los conceptos de agravios vinculados a los aspectos fácticos antes referidos y la presunta violación del derecho a la garantía de audiencia y defensa adecuada; posteriormente, se analizarán los argumentos relacionados con la inaplicación, por supuesta inconstitucionalidad, de diversas disposiciones legales y reglamentarias; y acto seguido, se estudiarán los agravios vinculados con la aplicación informática, la afectación de personas indígenas y la reparación integral.

Cabe precisar que el estudio de los temas de agravio listados con los números 5 y 6 se realizará conjuntamente, dado que se trata de dos requisitos cuyo cumplimiento se exige de manera simultánea: un mínimo de asambleas distritales constitutivas y un mínimo de afiliados, aunado a la semejanza de los argumentos que expone la parte actora para cuestionarlos.

Por último, la mecánica que se seguirá para realizar el estudio de los planteamientos que formula la parte actora será la siguiente: en un primer apartado se expondrán los motivos de agravio que se exponen en la demanda y que serán motivo de pronunciamiento, y enseguida, las razones que sustentan la decisión de esta autoridad jurisdiccional electoral federal.

VI. Estudio de fondo

Previo al estudio de los conceptos de agravio se estima necesario realizar los señalamientos siguientes:

6.1. Aspectos que no son motivo de controversia

Del análisis de escrito de demanda se observa que no forman parte de la controversia: el número de asambleas distritales realizadas y el total de afiliaciones. Al tenor de los datos contenidos en el “Reporte preliminar de asambleas y afiliaciones”, con corte al veintisiete de marzo de dos mil veinte[9], se observa que la organización “Frente por la Cuarta Transformación” presenta la numeraria siguiente:

De los datos antes anotados se desprende que el “Frente por la Cuarta Transformación” realizó sesenta y ocho (68) asambleas distritales, en las cuales, hubo una asistencia de treinta mil ochocientos ochenta y uno (30,881) personas afiliadas. Asimismo, la organización de referencia realizó veinte mil setenta y ocho (20,078) afiliaciones de asambleas sin quórum, así como cinco mil cincuenta y seis (5,056) afiliaciones mediante App, lo que le reportó un total de cincuenta y seis mil quince (56,015) afiliaciones.

En este sentido, las cantidades anteriores estadísticamente tienen el significado siguiente:

        La realización de sesenta y ocho (68) asambleas distritales representa el 34% del total de doscientas (200) asambleas de este tipo, previstas en el artículo 10, párrafo 2, inciso b), de la LGPP.

        La obtención de cincuenta y seis mil quince (56,015) afiliaciones, representa el 23.9436% del total de doscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y cinco (233,945) afiliaciones, establecidas de conformidad con lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la LGPP, en armonía con el considerando 14 del Instructivo.

6.2. La garantía de audiencia

El artículo 14, segundo párrafo, del Pacto Federal, dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto.

Es de precisarse que la aludida garantía no se encuentra restringida sólo para los juicios seguidos ante los tribunales, pues en principio, se encuentra normada contra cualquier acto de autoridad que pueda ser privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones y derechos, derive o no de juicio seguido ante tribunales o procedimientos ante cualquier autoridad.

En este sentido, se hace notar que el contenido fundamental de la garantía de audiencia reside en las formalidades esenciales del procedimiento. Al respecto, cabe apuntar que la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional consiste en otorgar a la persona la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento[11], que son las necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión de la parte afectada.

En adición, es de tenerse en cuenta que para brindar las condiciones materiales necesarias que permitan el eficaz ejercicio del derecho de defensa, en franco respeto a la garantía de audiencia, resulta indispensable que la persona interesada pueda conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten las demás partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios de acreditación que hayan sido aportados al procedimiento de que se trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos[12].

Además, el derecho al debido proceso debe respetarse en cualquier materia y procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior es así, ya que, si bien, el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos[13]. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.

Asimismo, la Corte Interamericana ha observado que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. La Corte Europea se ha pronunciado sobre este tema, señalando que: los principios enunciados en el párrafo 2 (art. 6-2) y 3 (a saber: los incisos a, b y d) [... de la Convención Europea de Derechos Humanos], se aplican mutatis mutandis a los procesos disciplinarios a los que se refiere el inciso 1 (art. 6-1) de la misma forma en que se aplican a los casos en que una persona es acusada por una infracción de carácter penal[14].

Adicionalmente, ha sostenido que la justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso[15].

Además, el tribunal de que se trata ha señalado que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. El artículo 8.1 de la Convención, que alude al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, es igualmente aplicable al supuesto en que alguna autoridad pública no judicial, dicte resoluciones que afecten la determinación de tales derechos[16].

De lo antes expuesto se desprende que el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, en los términos enunciados en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Suprema y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiende a privilegiar la adecuada intervención y la defensa oportuna por parte de los gobernados, frente a cualquier tipo de procedimiento que pudiera transgredir sus derechos por mediación del despliegue de un acto de autoridad.

Una vez expuesto el parámetro de regularidad constitucional de la garantía de audiencia (debido proceso y defensa adecuada), se procederá al análisis de los temas de agravio:

TEMA 1: Desconocimiento de causas de cancelación de asambleas distritales.

a) Argumentos de la parte demandante:

En el escrito de impugnación se hace valer que:

        Las autoridades responsables no hicieron saber las razones por las que suspendieron, cancelaron o interrumpieron 135 asambleas constitutivas distritales.

        Para poder defenderse de un acto de autoridad, la parte justiciable debe tener conocimiento de dicho acto o resolución, y de no hacerse, se vulnera su garantía de audiencia al no tener la posibilidad de controvertir las determinaciones, dejándoseles en estado de indefensión, al no ser posible ejercer una debida defensa. Lo anterior, conforme a las tesis “ACTO IMPUGNADO. SU CONOCIMIENTO COMO BASE DEL PLAZO PARA INTERPONER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN.”, “DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA Y GARANTÍA DE AUDIENCIA. LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR UN ESCRITO CON ALEGATOS NO IMPLICA EL RESPETO A ESTOS DERECHOS FUNDAMENTALES.”, y lo resuelto en el expediente SUP-JDC-23/2019.

        Se vulneró el derecho a la debida defensa de la organización, al no haberse entregado algún documento que pormenorizara las razones de suspensión o cancelación de las asambleas distritales, lo que lleva a que se desconozca si se llevó o no correctamente la afiliación en la asamblea; o si se amplió el plazo de registro de asistentes, esperando a quienes estuvieran afuera o aguardando sesenta minutos ante la inexistencia de quórum.

        De conformidad con el punto 9, incisos c) y d), 12, 14, 15, 20, 98 y 99 del Instructivo; y 13, inciso d), de la LGSMIME, sólo los representantes legales de la organización pueden recibir notificaciones en el domicilio que se señale y son los únicos autorizados para fijar la agenda de asambleas, o informar de su cancelación; y que las únicas notificaciones válidas sobre la cancelación o no inicio de las asambleas solo son las que se hagan a quienes legalmente están autorizados, sin que exista alguna disposición que autorice al INE a hacerlas a personas distintas.

        Si el INE decidió cancelar o no iniciar una asamblea agendada, esto constituye un acto de afectación que requería ser notificado de manera personal a quienes tienen la representación legal, lo que no ocurrió, y sin que se tenga conocimiento de la realización de este tipo de notificaciones.

b) Decisión de la Sala Superior:

De manera previa a dar respuesta a los planteamientos de la parte demandante, es menester hacer los señalamientos siguientes:

I. Marco jurídico aplicable a la celebración de las asambleas distritales y nacional para la constitución de un partido político nacional

En lo que interesa, el artículo 41, Base I, primer párrafo, de la Constitución Política Federal dispone que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal.

En cumplimiento a lo anterior, el artículo 10, párrafos 1 y 2, incisos a) y b), de la LGPP, dispone que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional deberán obtener su registro ante el INE, para lo cual, se deberá verificar que cumpla, entre otros, con los requisitos siguientes: a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley; y b) Contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Por su parte, el artículo 11, párrafo 1, de la LGPP señala que la organización ciudadana que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el Instituto deberá informar tal propósito en el mes de enero del año siguiente al de la elección Presidencial.

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, de la ley de referencia, se deberá acreditar: a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del INE; y b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el INE.

Por su parte, el artículo 14, párrafo 2, de la ley de mérito, establece que en caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación -de intención- formulada.

Por otro lado, en lo concerniente a los alcances de la notificación de intención que interesa, los Lineamientos establecen lo siguiente:

“[…]

TÍTULO II

DE LA NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN

Capítulo Único

De la notificación al Instituto

7. La organización que pretenda constituirse como Partido Político deberá notificar por escrito tal propósito al Instituto, dentro del periodo comprendido del 7 al 31 de enero del año 2019, en días y horas hábiles, entendiendo por éstos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

8. El escrito de notificación deberá dirigirse al Consejo General y entregarse en la DEPPP sita en calle Moneda número 64, Colonia Tlalpan Centro I, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México.

9. Dicho escrito de notificación deberá estar firmado de manera autógrafa por quien o quienes funjan como representantes legales de la organización y, en el caso de las agrupaciones políticas con registro, su representante deberá estar acreditado ante la DEPPP.

El texto de la notificación deberá incluir, al menos, lo siguiente:

a) Denominación de la organización;

b) Nombre o nombres de sus representantes legales;

c) Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como números telefónicos en donde se les pueda localizar;

d) Denominación preliminar del Partido Político a constituirse, así como la descripción del emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos;

e) Tipo de asambleas (estatales o distritales) que llevará a cabo la organización para satisfacer el requisito señalado en el inciso a), del párrafo 1, del artículo 12 de la LGPP;

f) Correo electrónico de la organización, así como el tipo de cuenta de usuario para autenticarse, ya sea a través de Google o Facebook, toda vez que dicho correo será fundamental para el acceso a la aplicación móvil que deberá utilizarse para recabar las afiliaciones, así como para recibir notificaciones; y […]

[…]

TÍTULO III

DE LAS ASAMBLEAS

Capítulo Primero

De la programación de las asambleas estatales o distritales

15. Una vez que la DEPPP haya notificado a la organización que su notificación de intención resultó procedente, por lo menos 10 días hábiles antes de dar inicio al proceso de realización de la primera asamblea estatal o distrital, según sea el caso, y a más tardar el 30 de noviembre de 2019, la organización, a través de su o sus representantes legales acreditados, comunicará por escrito a la DEPPP la agenda de la totalidad de las asambleas, la cual deberá incluir los datos siguientes:

a) Tipo de asamblea (estatal o distrital);

b) Fecha y hora del evento;

c) Orden del día, mismo que deberá contener exclusivamente:

c.1) Verificación del quórum,

c.2) Aprobación de los documentos básicos,

c.3) Elección de las y los delegados propietarios y, en su caso, suplentes que asistirán a la asamblea nacional constitutiva, y

c.4) Cualquier otro asunto que tenga un vínculo directo con la constitución del Partido Político;

d) Estado o distrito en donde se llevará a cabo;

e) Dirección completa del local donde se llevará a cabo la asamblea (calle, número, colonia, alcaldía o municipio y entidad);

f) Croquis de localización; y

g) Nombre de las personas que habrán de fungir como presidente (a) y secretario (a) en la asamblea de que se trate, incluyendo los datos necesarios para su ubicación previa, esto es números telefónicos y domicilios. Los domicilios que se señalen para la localización de las personas mencionadas, deberán estar comprendidos dentro de la entidad o distrito en que se celebre la asamblea.

16. Durante los períodos vacacionales institucionales, mismos que se darán a conocer con oportunidad, las organizaciones podrán celebrar asambleas; no obstante, al no ser días hábiles, las organizaciones deberán tenerlo presente para efecto de los plazos establecidos para notificar al Instituto la programación, cancelación o reprogramación de asambleas.

17. En el caso de las asambleas distritales, la organización deberá verificar que el domicilio señalado para celebrar su asamblea corresponda efectivamente al distrito en donde se pretende llevar a cabo la misma, para lo cual podrá consultar en la página electrónica del Instituto www.ine.mx la información que requiera sobre la delimitación de los distritos electorales.

18. La locación donde se lleve a cabo la asamblea deberá contar, por un lado, con las condiciones necesarias de infraestructura y servicios a fin de que la autoridad pueda dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la LGPP, y por el otro, con la capacidad suficiente para albergar la cantidad de asistentes que la organización contemple.

19. Es responsabilidad exclusiva de la organización gestionar los permisos de las autoridades competentes en caso de que la asamblea se realice en un lugar público.

20. En caso de cancelación de una asamblea programada, la organización, a través de su o sus representantes legales, lo comunicarán por escrito a la DEPPP con al menos 5 días hábiles, en el caso de asambleas estatales, o 2 días hábiles, en el caso de asambleas distritales, de antelación a la fecha prevista para realizar la asamblea. Dicha comunicación será notificada por la DEPPP vía correo electrónico a la o el Vocal designado (a) a más tardar el día siguiente de su recepción, y posteriormente será enviado por mensajería.

21. La reprogramación de una asamblea deberá comunicarse por escrito a la DEPPP, cumpliendo con los requisitos señalados en el numeral 15 del presente Instructivo, respetando los plazos siguientes:

a) Para el caso de asamblea estatal con un mínimo de 8 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

b) En el caso de asamblea distrital con cuando menos 5 días hábiles de antelación a la celebración de la misma.

22. Aquella asamblea cuyo escrito de solicitud no contenga los requisitos establecidos en el numeral 15 del presente Instructivo, no será programada para su celebración, por lo que no podrá llevarse a cabo. La DEPPP hará del conocimiento de la organización dicha situación vía correo electrónico a más tardar el día siguiente

23. La DEPPP mediante oficio dirigido a la o el Vocal designado (a) de la Junta que corresponda, procederá a comunicar la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la asamblea, así como el nombre de las y los miembros de la organización que fungirán como Presidente (a) y Secretario (a) de la misma. Lo anterior, para que dicho (a) funcionario (a) asista a la asamblea y extienda, cuando proceda, las certificaciones a que se refiere el artículo 12, párrafo 1, inciso a), fracciones I, II y III de la LGPP. Dicho oficio será notificado por correo electrónico a la o el Vocal designado (a) a más tardar al día siguiente de su entrega, y posteriormente será enviado por mensajería.

Capítulo Segundo

De los actos previos a la celebración de las asambleas

24. La o el Vocal designado (a) se comunicará con la o el Presidente o Secretario (a) acreditados por la organización con mínimo 5 días de anticipación a la realización de la asamblea, en el caso de las estatales, o con 3 días, en el caso de las distritales, para coordinar las actividades relativas a la preparación de la misma.

25. En caso de que dentro de dichos plazos no haya sido posible la localización de las personas acreditadas por la organización, la o el Vocal designado elaborará un informe circunstanciado de los intentos de localización, mismo que remitirá por correo electrónico a la DEPPP a más tardar al día siguiente, y en original dentro de los 2 días hábiles, a efecto de que se proceda a la cancelación de la asamblea, quedando a salvo el derecho de la organización para su reprogramación. La DEPPP hará del conocimiento de la organización dicha situación vía correo electrónico, a más tardar al día siguiente.

26. Las y los responsables de la organización deberán presentarse en el lugar del evento, con cuando menos 2 horas de antelación al inicio del mismo con el fin de colaborar en las tareas de preparación de la asamblea.

27. Si el evento se realiza en un espacio abierto, la organización deberá delimitar, con los elementos a su alcance, el perímetro del área dentro de la cual se verificará el acto, dejando de preferencia un solo acceso.

28. En caso de que la organización no se presente en el lugar programado para la celebración de la asamblea, en la fecha y hora señaladas, deberá realizar el reembolso al Instituto del costo de la certificación de la asamblea. Lo anterior, salvo que exista caso fortuito o causa de fuerza mayor debidamente acreditada y validada por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que haya impedido la presencia de la organización.

Para tales efectos, la o el Vocal designado enviará a la DEPPP y a la Dirección Ejecutiva de Administración, un informe especificando los gastos erogados, siendo responsabilidad de ésta última llevar a cabo las gestiones necesarias para realizar el cobro a la organización de los gastos efectuados.

El monto correspondiente deberá ser cubierto por la organización, a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud de pago. La organización no podrá llevar a cabo una asamblea en la entidad o distrito, según sea el caso, respecto de la cual aún no haya realizado el pago de los gastos generados.

[…]”

II. Análisis de los agravios

La parte demandante aduce en su escrito de impugnación que desconoce la causa por las cuales se cancelaron cientos treinta y cinco (135) asambleas distritales constitutivas.

Del análisis de las constancias digitales que obran en el CD exhibido por la autoridad responsable, y a las cuales se les confiere valor probatorio de conformidad con las reglas previstas en el artículo 16 de la LGSMIME, se advierte lo siguiente:

En lo que respecta a las ochenta y seis (86) asambleas que enseguida se listan, es de tomar en consideración que Carlos Eduardo Pérez Ventura, en su calidad de representante legal del “Frente por la Cuarta Transformación”, dirigió escritos a la DEPPP del INE, para solicitar su cancelación, como enseguida se detalla:

Por lo tanto, si Carlos Eduardo Pérez Ventura, en su calidad de representante legal del “Frente por la Cuarta Transformación”, fue quien solicitó la cancelación de las asambleas distritales antes listadas, entonces, resulta inverosímil que haga valer en el escrito de impugnación que desconocía la causa de cancelación, en atención a que el motivante de tal situación, en cada caso, fue la solicitud presentada y firmada por él mismo.

Por lo antes expuesto es infundado el agravio vertido en torno a las ochenta y seis (86) asambleas distritales citadas.

En el mismo sentido se califica el agravio relacionado con las cuarenta (40) asambleas distritales que enseguida se detallan, ya que del examen de las constancias que se tienen a la vista, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con las reglas previstas en el artículo 16 de la LGSMIME, se observa que la cancelación de su realización se llevó a cabo por las razones siguientes:

De lo anterior se observa que, en cada una de las cuarenta (40) asambleas distritales antes listadas, existen constancias en actuaciones que dan cuenta de las razones por las cuales fueron canceladas.

Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la parte demandante aduzca que la cancelación de las asambleas, al constituir un acto de afectación, debía notificarse de manera personal a la representación legal.

Esto es así, porque de conformidad con lo previsto en los numerales 9, párrafo segundo inciso f), y 10, párrafo primero, inciso d), del Instructivo, desde el escrito de notificación de la intención de constituir un partido político nacional, la organización interesada debía hacer del conocimiento del INE, entre otras cuestiones, el correo electrónico de la organización, para recibir notificaciones; así como acompañar a dicho escrito de notificación, entre otra documentación: “Carta firmada por la o el representante de la organización en la que manifieste que acepta notificaciones vía correo electrónico relacionadas con los procedimientos establecidos en el presente Instructivo”.

Además, el punto 22 del Instructivo señala que aquella asamblea cuyo escrito de solicitud no contenga los requisitos establecidos en el numeral 15, no será programada para su celebración, por lo que no podrá llevarse a cabo, para lo cual, la DEPPP “hará del conocimiento de la organización dicha situación vía correo electrónico a más tardar el día siguiente.”

En adición, los numerales 24 y 25 del Instructivo, establecen que la o el Vocal designado (a) se comunicará con la o el Presidente o Secretario (a) acreditados por la organización con mínimo cinco días de anticipación a la realización de la asamblea, en el caso de las estatales, o con tres días, en el caso de las distritales, para coordinar las actividades relativas a la preparación de la misma; y que en el caso de que dentro de dichos plazos no haya sido posible la localización de las personas acreditadas por la organización, la o el Vocal designado elaborará un informe circunstanciado de los intentos de localización, mismo que remitirá por correo electrónico a la DEPPP a más tardar al día siguiente, y en original dentro de los dos días hábiles, a efecto de que se proceda a la cancelación de la asamblea, quedando a salvo el derecho de la organización para su reprogramación. La DEPPP hará del conocimiento de la organización dicha situación vía correo electrónico, a más tardar al día siguiente.

De lo antes expuesto se advierte que, de conformidad con la normatividad aplicable, no era conducente que las cancelaciones de asamblea se notificaran en los términos en que se señala en la demanda, esto es, de manera personal en el domicilio señalado por la representación legal de la organización actora.

En adición, se hace notar que de conformidad con lo previsto en los artículos 21, 25, 38 y 45 del Instructivo, cuando una asamblea sea cancelada, quedarán a salvo los derechos de la organización interesada para las reprograme dentro de los plazos establecidos, las cuales deberán celebrarse a más tardar un día antes de la fecha establecida para llevar a cabo la asamblea nacional constitutiva, y que en cualquier caso, el desarrollo ordenado de la asamblea y la seguridad del personal del Instituto que asista a su certificación, serán responsabilidad de la organización y de los representantes legales de la misma.

A partir de lo antes expuesto, queda de manifiesto que la organización interesada en obtener el registro como partido político nacional tiene el deber de programar sus asambleas y estar al pendiente de su celebración, garantizando el orden y la seguridad del personal del INE que asista para certificar su celebración y, cuando sean canceladas, asimismo debe reprogramarlas ajustándose a los plazos y requisitos previstos para tal efecto.

De ahí que no pueda considerarse justificado que la organización actora esperara a que venciera el plazo previsto para la presentación de su solicitud de registro como partido político nacional, para solicitar la ampliación del plazo para llevar a cabo las asambleas distritales constitutivas, sobre todo, cuando esta petición se encuentra fuera del ámbito temporal permitido en la normativa aplicable.

Por otro lado, asiste la razón a la parte demandante, con relación a las nueve (9) asambleas distritales que enseguida se enlistan, en lo concerniente a que no se le hicieron saber las razones de su cancelación:

Esto es así, en atención a que de las constancias que se tienen a la vista, relacionadas con diversos oficios sobre la cancelación de asambleas distritales de la organización actora, ninguna se ocupa específicamente de las antes señaladas.

Sin embargo, el agravio deviene inoperante en atención a que, aun y cuando las cuarenta (40) asambleas distritales canceladas que de ningún modo podían comunicarse de manera personal, y las nueve (9) asambleas distritales de las que se desconoce la causa de cancelación, fueran repuestas para poderse considerar como efectivamente realizadas y se sumaran a las sesenta y ocho (68) asambleas distritales que en realidad se llevaron a cabo, esto nos daría un total de ciento diecisiete (117) asambleas distritales de constitución, lo cual, representaría el 58.5% de, al menos, las doscientas (200) exigidas en el artículo 12, párrafo 1, inciso a), de la LGPP, lo que, en todo caso, implicaría incumplir con dicho requisito.

Por las razones anteriores, es de desestimarse la pretensión de la parte actora concerniente a reponer y realizar las asambleas distritales constitutivas en las que, presuntamente, no se le notificó la causa por la que fueron canceladas, dado que ello ningún beneficio le reportaría.

TEMA 2: Omisión de implementar un mecanismo para garantizar el derecho de audiencia y violación a las formalidades esenciales del procedimiento.

a) Argumentos de la parte demandante:

La representación legal de la organización actora expone en su demanda lo siguiente:

        El INE omitió regular o implementar un mecanismo, procedimiento o momento para garantizar el derecho de audiencia en favor de la organización, respecto de: a) La cancelación, suspensión o determinación de no inicio de las asambleas constitutivas distritales de parte del INE; y b) La afiliación de personas en las asambleas distritales constitutivas. Esto, al no establecerse en la LGPP, el Instructivo, o el acuerdo INE/CG302/2019 (de modificación de plazos y términos), en términos de la jurisprudencia con rubro "REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA".

        Esta garantía no puede limitarse a la fase de presentación del registro, sino que debe ser protegida desde que la organización informa sobre su interés de constituirse como partido político, pues desde ese instante y hasta la fase de solicitud de registro se llevan a cabo actos para su constitución, como cuando se cancelan las asambleas distritales o se toma la decisión de no iniciarlas.

        Se incumplieron las formalidades esenciales del procedimiento porque:

i. No se garantizó la oportunidad de conocer la materia del asunto. Esto, porque no se notificaron las razones de porqué se canceló, suspendió o no se iniciaron asambleas distritales, a cargo del INE; ni sus determinaciones respecto al procedimiento de afiliación en las asambleas, ni cuántas personas pretendieron afiliarse en ellas, cuántas fueron admitidas y cuántas rechazadas.

ii. Tampoco se garantiza la posibilidad de probar o asumir una postura en nuestro favor respecto a las determinaciones.

a. No existe en la LGPP, en el Instructivo ni en el acuerdo INE/CG302/2019 (de modificación de plazos y términos), algún procedimiento o fase, que permitiera a la organización actora desahogar la garantía de audiencia, ni un mecanismo para poder ejercerla, lo que debió ocurrir al momento en que se canceló la asamblea, lo cual pone de manifiesto que esto jamás fue objeto de aclaración o contención ante la autoridad.

b. El numeral 31 de la parte considerativa del acuerdo INE/CG1478/2018, por el que se expidió el Instructivo, reconoce que la garantía de audiencia se otorga respecto a las afiliaciones mediante aplicación electrónica, pero no para el caso de las afiliaciones en las asambleas constitutivas distritales (numerales 47, inciso a), 48 y 49).

El INE, para garantizar la garantía de audiencia de la organización, debió notificar las razones objetivas y claras de cuántas personas acudieron a afiliarse a las asambleas, a cuántos afilió y a cuántos rechazó.

c. No conocemos las razones objetivas, razonables y claras de la determinación del INE para no iniciar o cancelar las asambleas distritales constitutivas y sobre las afiliaciones (negativa o rechazo a afiliar) en las asambleas citadas, cuestión que es su obligación, de acuerdo a los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no existe un procedimiento que nos permita cuestionar esas decisiones u oponernos, garantizando de manera razonable el derecho de audiencia.

Para sostener lo anterior, refiere que en la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-1505/2016, se estableció que antes de que la autoridad administrativa electoral tome una decisión debe hacer del conocimiento de la persona afectada las observaciones respectivas de manera clara y objetiva.

b) Decisión de la Sala Superior:

Para dar respuesta a los planteamientos formulados por la parte actora, se considera oportuno exponer, de manera previa, lo siguiente:

I. Marco jurídico aplicable a las afiliaciones para la constitución de un partido político nacional

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base I, primer párrafo, del Pacto Federal, la ley determinará las normas y requisitos para que los partidos políticos obtengan su registro legal.

En cumplimiento a lo anterior, el artículo 10, párrafos 1 y 2, inciso b), de la LGPP, dispone que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional deberán obtener su registro ante el INE, para lo cual, se deberá verificar que cumpla, entre otros requisitos, con tres mil (3,000) militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos (300) militantes, en por lo menos doscientos (200) distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

En complemento a lo anterior, cabe señalar que el numeral 47 del Instructivo señala que habrá dos tipos de listas de afiliados: a) Las listas de asistencia correspondientes a las asambleas estatales o distritales realizadas; y b) Las listas de las y los afiliados con que cuenta la organización en el resto del país, las cuales procederán de dos fuentes distintas: 1) Aplicación informática; y 2) Régimen de excepción.

Asimismo, dispone que el número total de las y los afiliados con que deberá contar una organización para ser registrada como partido político nacional, en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del Padrón Electoral Federal señalado en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 12 de la LGPP, el cual corresponde a 233,945 (doscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y cinco) afiliados, para el proceso de registro de partidos políticos 2019-2020.

El numeral 48, segundo párrafo, del Instructivo, establece que las personas que participaron en una asamblea que no corresponde al ámbito estatal o distrital del domicilio asentado en su credencial para votar, así como aquellas cuyos datos asentados no correspondan con los que obran en el padrón electoral, serán descontadas del total de participantes a la asamblea respectiva; no obstante, en el primer caso citado, se deja a salvo su derecho de afiliación a efecto de ser contabilizadas para la satisfacción del requisito mínimo de afiliación previsto en el inciso b), del párrafo 1, del artículo 10 de la LGPP, en caso de satisfacer los requisitos para tal efecto.

De conformidad con el numeral 50 del Instructivo, las listas de asistencia correspondientes a las asambleas estatales o distritales realizadas serán elaboradas por las y los Vocales designados, conforme a los datos obtenidos durante la celebración de las asambleas estatales o distritales.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 51 del Instructivo las listas de afiliados realizadas mediante Aplicación informática y Régimen de excepción, serán elaboradas por la organización, de conformidad con los procedimientos descritos en el Instructivo.

Además, según lo establecido en el numeral 97 del Instructivo, en todo momento, las organizaciones tendrán acceso al Portal web de la Aplicación móvil[47], así como al Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales[48], en los cuales podrán verificar los reportes que les mostrarán el número de manifestaciones cargadas al sistema y los nombres de quienes las suscribieron, así como el estatus de cada una de ellas.

II. Análisis de los agravios

Son infundados, los agravios de la parte demandante, en los que hace valer la carencia de un mecanismo procedimiento o momento para garantizar su derecho de audiencia respecto de la cancelación, suspensión o determinación de no inicio de las asambleas constitutivas distritales de parte del INE; y la afiliación de personas en las asambleas distritales constitutivas.

Al respecto, cabe señalar que, como se expuso con antelación, la organización demandante conocía las razones por las cuales las asambleas distritales fueron canceladas pues, por un lado, la representación legal lo solicitó su cancelación y, por otra parte, la DEPPP notificó por correo electrónica las causas por las cuales otras más fueron canceladas o suspendidas.

Con este antecedente, se hace notar que el veinte de enero, Elías Miguel Moreno Brizuela, en su carácter de Presidente y representante legal del “Frente por la Cuarta Transformación”, presentó una solicitud al Consejo General del INE, requiriendo la ampliación del plazo legal hasta el treinta de abril o treinta y uno de mayo, para la celebración de las asambleas que las organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional deben llevar a cabo[49]. Dicho escrito constituyó un mecanismo que le permitió hacer valer ante la autoridad administrativa, lo siguiente:

“[…] Sin menoscabo del esfuerzo de la Dirección de Partido Partidos de este Instituto Nacional Electoral de manera permanente la falta de capacitación y normatividad nos afectó en el rubro de asambleas constitutivas en las juntas distritales deja mucho que desear cada vocal de las juntas tiene criterios distintos en los 300 Distritos, actuando de algunos de manera pasiva o intransigentes, esto originando problemáticas de organización y logística. Señalando por ejemplo la revista de los locales o inmuebles que se ponían para la asamblea destinaban su supervisión de 5 a 3 días antes de dicha asamblea y si no creían conveniente dicho asentamiento lo cancelaban y decían cambiarlo y a las organizaciones no nos daba tiempo y caíamos en la necesidad de reprogramar, este dicho es aunado a lo anteriormente expuesto.

[…]”

En concordancia con lo anterior, el veintiséis de enero, Elías Miguel Moreno Brizuela, en su carácter de presidente, y Carlos Eduardo Pérez Ventura, como representante legal, ambos de la organización denominada “Frente por la Cuarta Transformación”, solicitaron de nueva cuenta una prórroga para la realización de las asambleas distritales, para lo cual, entre otras causas, expusieron la siguiente:

“Razón que el ejercicio de asociamos y reunimos debe ser pacífico, pero por la ola de violencia que hemos sufrido en la últimas semanas algunos integrantes de este Frente, situación que el Estado y este Instituto debe procurar para que así sea y que esto nos ha impedido llevar a cabo algunas asambleas, y que por esta razón y temor fundado se han cancelado las asambleas mencionadas con anterioridad, así como otras por circunstancias ya narradas que ha mermado a nuestros dirigentes, operadores y representantes en los diversos distritos electorales donde se llevarían a cabo para lograr el número que se nos solicitó para lograr el objetivo que es de convertimos en partido Político, por lo que venimos a solicitar se nos amplié una prórroga hasta el mes de mayo para así cumplir con los requisitos establecidos ya que por los hechos violentos antes mencionados nos ha provocado un descontrol del mismo, con el fin de garantizar los principios de certeza, objetividad y legalidad y lograr un equilibrio entre el derecho de asociación de los ciudadanos y el derecho de autoorganización.”

Es de hacerse notar que las respuestas dadas por la autoridad en cada uno de los escritos de referencia no fueron controvertidas por la presidencia y la representación legal de la organización demandante; sin embargo, lo destacable es que ambos escritos constituyeron una vía para que las entonces partes solicitantes, con el conocimiento previo de las causas por las que se cancelaron, suspendieron o no se iniciaron las asambleas distritales, fijaran su postura al respecto, manifestaran lo que a su derecho correspondiera y, que a su vez, la autoridad administrativa emitiera una respuesta.

En vista de lo anterior, queda de manifiesto que la parte actora parte de una premisa falsa al sostener que no existía un mecanismo que le permitiera garantizar su derecho de audiencia respecto de las asambleas distritales que no se habían llevado a cabo, pues como se advierte, estuvo en condiciones de presentar dos ocursos que ameritaron una respuesta, de fondo, por parte de la autoridad administrativa.

Cuestión distinta habría sido si la autoridad administrativa a la que se dirigió cada uno de los escritos de que se trata hubiera sido omisa de pronunciarse o bien, si se hubiera negado a emitir alguna respuesta a partir de la inexistencia de reglas para hacerlo, lo que no sucedió.

Además, no puede pasarse por alto que, de conformidad con lo previsto en los numerales 21 y 25 del Instructivo[50], en todo momento, la organización demandante tenía expedido su derecho a reprogramar todas las asambleas distritales que no pudieron celebrarse.

Por otro lado, también resulta infundado el agravio en el que se expone que no se garantizó el derecho de audiencia respecto de la afiliación de personas en las asambleas distritales constitutivas, ni cuántas personas pretendieron afiliarse en ellas, cuántas fueron admitidas y cuántas rechazadas. Lo anterior, en razón a lo que enseguida se expone:

De conformidad con lo previsto en el numeral 97 del Instructivo, en todo momento, las organizaciones tendrán acceso al Portal web de la Aplicación móvil, así como al Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales, en los cuales podrán verificar los reportes que les mostrarán el número de manifestaciones cargadas al sistema y los nombres de quienes las suscribieron, así como el estatus de cada una de ellas.

Con esta perspectiva, queda de manifiesto que las organizaciones interesadas, en todo momento, podían verificar en el Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales, el número de manifestaciones cargadas al sistema, el nombre de quienes las suscribieron, así como el estatus de cada una de ellas, con independencia de si la persona afiliada se encontrara en una lista de asistencia de asambleas estatales o distritales; o en la lista formada con afiliaciones realizadas mediante la aplicación informática o el régimen de excepción.

Lo anterior encuentra sustento en lo señalado en el numeral 3, inciso w), del Instructivo, que define al Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP) como la herramienta informática en la cual se concentrará la base de datos de todas y todos los afiliados a las organizaciones, en el que éstas capturarán los datos de sus afiliaciones recabadas según el régimen de excepción y en el que se mostrarán los reportes finales sobre el número de afiliadas y afiliados.

Luego, contrario a lo que afirma la parte demandante, el instructivo puso a disposición de las organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos nacionales, el denominado Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Nacionales, como un mecanismo que les permitía verificar todas las manifestaciones de afiliación cargadas en dicho sistema informático, así como su estatus.

A partir de lo anterior, es innegable que las personas debidamente autorizadas de la organización[51], por iniciativa propia, podían conocer, a detalle, el nombre de todas las personas que habían manifestado su afiliación en las asambleas distritales y el estatus de cada una de esas manifestaciones; y detectar en qué casos una afiliación había sido rechazada.

Así pues, una vez conocida la materia de alguna posible afectación, no se descarta la posibilidad de que la representación legal de la organización actora válidamente pudo refutar el presunto indebido rechazo de afiliaciones, en similares términos en que lo hizo mediante los escritos que dieron lugar a la emisión del acuerdo INE/CG32/2020 y el oficio identificado con la clave INE/DEPPP/DE/DPPF/2974/2020.

De lo antes expuesto, se sigue que tratándose de las cancelaciones de las asambleas constitutivas y de la integración de las listas de afiliados, la representación legal de cualquiera organización solicitante tiene a su disposición mecanismos que les permiten conocer situaciones y circunstancias específicas sobre la cancelación o suspensión de las primeras, y el estatus de quienes integran las segundas. Esta etapa constituye uno de los presupuestos básicos que les permitirá -si así es su interés- fijar una postura al respecto mediante la presentación de los escritos, peticiones o solicitudes que considere, y con relación a las cuales, la autoridad administrativa se encuentra obligada a dar una respuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Federal.

En este sentido, es inconcuso que, tratándose de las cancelaciones de asambleas constitutivas y el rechazo de afiliaciones, se garantiza el derecho de audiencia de la organización que pretende constituirse como un partido político nacional, en términos de lo establecido en la jurisprudencia con título: “REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA”, al existir la posibilidad de que conozca las causas que le pudieran provocan un perjuicio, y fijar una postura al respecto, a fin de hacerla del conocimiento de la autoridad administrativa que corresponda.

Esta circunstancia lleva a que exista la posibilidad de que, al ejercerse el derecho de audiencia, se produzca un resultado favorable hacia las partes afectadas en un primer momento por la decisión de la autoridad, en los términos del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras.

Antes de concluir este apartado, se hace notar que la parte actora hace valer la violación de la garantía de audiencia y el debido proceso, a partir de cuestionar, en abstracto, el diseño normativo del procedimiento que debe seguir una organización para constituirse como partido político.

Sin embargo, del análisis de los medios de convicción y de las manifestaciones realizadas por la parte accionante, se advierte que sí hizo efectivas las garantías que refiere, al momento en que presentó las solicitudes de ampliación del plazo para la realización de las asambleas distritales constitutivas, y que de ningún modo controvirtió la respuesta dada en su oportunidad por la autoridad administrativa electoral; aunado a que, con relación a las afiliaciones, contaba con medios informáticos que le permitían conocer a detalle la situación de cada una de las solicitudes presentadas, y con ello, contar con elementos para realizar un efectivo ejercicio de su derecho de audiencia, petición y defensa, lo que no hizo.

TEMA 3: Inconstitucionalidad del numeral 98 del Instructivo.

a) Argumentos de la parte demandante:

En su escrito de demanda, la parte actora expone que el numeral 98 del Instructivo prevé que podrá solicitarse garantía de audiencia para verificar que las afiliaciones hubieran sido contabilizadas correctamente, sólo cuando se reuniera la mitad del número de asambleas y hasta el 13 de febrero de 2020.

Lo anterior -señala la parte actora- constituye un obstáculo para que las organizaciones que ejerzan la garantía de audiencia, por lo que es inconstitucional al establecer una limitante que es totalmente contraria al principio de proporcionalidad, ya que:

        Establece una restricción que no persigue ningún fin legítimo.

        Establece una restricción prohibida, pues no está permitido por la Constitución ni por Ley que se limite la garantía de audiencia de esa forma.

        Los acuerdos del Consejo General del INE no se sitúan en un nivel normativo que pueda establecer restricciones a ningún derecho fundamental, mucho menos a la garantía de audiencia contemplada en la Constitución Federal.

        No es una medida idónea, necesaria ni proporcional en sentido estricto.

        Esta medida no garantiza las formalidades esenciales del procedimiento que deben ser aplicadas a todas las asociaciones con intenciones de constituirse como partidos políticos.

        La medida, además, es discriminatoria porque sólo se da en favor de las organizaciones que cuenten con ciertas asambleas, mientras que a otras no, a pesar de ser entes en una misma situación.

        Es irrazonable la restricción al establecer un número de asambleas, pues nada tiene que ver el número de asambleas realizadas con el número de afiliados.

b) Decisión de la Sala Superior:

Son infundadas las manifestaciones de agravio expuestas por la parte actora, por las razones que a continuación se exponen:

El numeral cuya inconstitucionalidad se reclama, es del tenor siguiente:

“98. Las y los representantes de las organizaciones —previa cita— podrán manifestar ante la DEPPP lo que a su derecho convenga, únicamente respecto de aquellas afiliaciones que no hayan sido contabilizadas de conformidad con lo establecido en el numeral 48 del presente Instructivo. Lo anterior, una vez que hayan acreditado haber reunido al menos la mitad del número mínimo de asambleas requeridas por la Ley para su registro y hasta el 15 de enero de 2020.”

En primer lugar, cabe señalar que, en sentido contrario a lo que se aduce, el numeral 98 del Instructivo no constituyó un obstáculo para que la organización demandante expusiera aspectos vinculados con las cancelaciones de las asambleas en los escritos que dieron pauta al acuerdo INE/CG32/2020 y la emisión del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2974/2020.

Por otro lado, dicho dispositivo no resulta inconstitucional, en los términos que se arguye en el medio de impugnación.

En efecto, el dispositivo controvertido establece requisitos mínimos -no una restricción constitucionalmente prohibida- para el ejercicio de la denominada “garantía de audiencia” prevista en el Instructivo -y que básicamente consiste en la revisión de la información relativa a los registros que no hayan sido contabilizados-, y que son: uno formal, consistente en haber reunido al menos la mitad del número mínimo de asambleas requeridas por la Ley para su registro (cien asambleas distritales o diez asambleas locales); y otro temporal, cuyos plazos se establece en los numerales 83 y 87 del Instructivo.

En este sentido, cualquier organización que cubra los requisitos mínimos formal y temporal mencionados, podrá hacer efectiva la revisión de la información relativa a los registros que no hayan sido contabilizados -es decir, la garantía de audiencia prevista en el Instructivo-, lo que no descarta la posibilidad de que, como en su momento lo hizo la propia organización actora, se solicite la revisión de las afiliaciones que no fueron contabilizadas, mediante petición por escrito.

Ahora bien, en términos generales, la realización de al menos la mitad de las asambleas exigidas para la constitución de un partido político como requisito para solicitar la “garantía de audiencia”, prevista en el numeral 98 del Instructivo, supera el test de proporcionalidad, por las razones que enseguida se precisan.

Con relación al test de proporcionalidad en sentido amplio, cabe tener en cuenta que constituye una herramienta que permite evaluar la constitucionalidad de las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental, para lo cual, la medida legislativa o disposición debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión.

Este escrutinio se realiza en cuatro etapas, a saber: 1a: Debe comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos constitucionalmente[52]; 2a: Por lo que hace a la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el legislador[53]; 3a: El examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado[54]; y 4a: La medida impugnada sólo será constitucional si el nivel de realización del fin constitucional que persigue el legislador es mayor al nivel de intervención en el derecho fundamental, para lo cual, es preciso realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados[55].

Expuesto lo anterior, cabe señalar que el requisito contenido en la disposición controvertida resulta constitucional, en atención a que:

        Establecer como mínimo la celebración de la mitad de las asambleas requeridas, para que las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos nacionales, soliciten la revisión de la información relativa a los registros de afiliaciones que no hayan sido contabilizados (gestión que el Instructivo define como “garantía de audiencia”), tiene un fin constitucional legítimo consistente en otorgar la denominada garantía de audiencia a aquellas organizaciones que tengan un respaldo serio y considerable, el cual, de manera objetiva, lleve a concluir que a partir de la revisión de los registros que se hubieren cancelado y que se cuestionen, sea posible alcanzar el número mínimo de afiliados exigido para presentar su solicitud de registro como partido político nacional.

        La medida prevista en el Instructivo cuestionada se considera idónea para cumplir con el fin constitucional precisado, dado que el establecimiento de requisitos, hasta cierto punto rígidos constituye un filtro para que, sólo aquellas organizaciones que hayan celebrado la mitad de las asambleas que se disponen en la legislación y que, por ese hecho, tengan una mayor posibilidad de presentar solicitud para obtener su registro legal como partidos políticos, soliciten la revisión de los registros que no hayan sido contabilizados.

Cabe resaltar que el numeral 31, párrafo tercero, del acuerdo INE/CG1478/2018, por el que se expidió el Instructivo, considera que resultaría ineficaz llevar a cabo la revisión de los registros de las afiliaciones a las organizaciones que, debido al número de asambleas celebradas, no se encontrarían en aptitud de presentar su solicitud de registro.

Por ende, se encuentra justificado que el numeral 98 del Instructivo establezca como mínimo, la celebración de la mitad de las asambleas requeridas para la constitución de un partido político, para solicitar la revisión de la información relativa a los registros que no hayan sido contabilizados, pues tiende a privilegiar a las organizaciones que tienen una alta probabilidad de presentar su solicitud de registro.

Además, la exigencia controvertida incentiva a las organizaciones aspirantes a realizar el mejor de sus esfuerzos para cubrir territorialmente un número suficiente de afiliados que les permita solicitar su registro, pese a que no todas las afiliaciones reportadas le sean contabilizadas. De ahí que la medida que se controvierte no pueda considerarse discriminatoria, como lo señala la parte demandante, pues todas las organizaciones que han manifestado su intención de constituirse como partido político, tienen la posibilidad de cubrir el mínimo de asambleas constitutivas y hacer efectiva la denominada garantía de audiencia.

        Es una medida que se considera necesaria, en atención a que -exigir la realización de al menos la mitad de las asambleas de constitución exigidas legalmente para la obtención del registro como partido político nacional, como presupuesto previo para realizar la revisión de las afiliaciones que no fueron contabilizadas- racionaliza el trabajo del INE, evitándose de este modo la revisión de registros cancelados que, atendiendo a su número, de ningún modo podrían beneficiar la pretensión de la organización de presentar su solicitud y obtener su registro como partido político.

Lo anterior potencializa las actividades del órgano administrativo electoral, ya que si de manera indiscriminada se concediera la posibilidad de agotar la denominada “garantía de audiencia”, ello llevaría a una sobrecarga de actividades, en específico, tratándose de aquellas organizaciones que presentan el registro de un número de afiliaciones que de ningún modo permite respaldar la expectativa de satisfacer, como mínimo, cubrir, al menos, el 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

        Por último, la medida es proporcional en sentido estricto, dado que la revisión de afiliaciones que en el Instructivo se denomina garantía de audiencia, responde mayormente a la consecución del fin constitucional concerniente en respaldar preferentemente a las organizaciones que objetivamente se encuentran en una mayor posibilidad de presentar su solicitud de registro como partidos político nacional; lo que lleva consigo que, si bien, su impacto trasciende sobre las organizaciones que resultaría ineficaz llevar a cabo la revisión de los registros de afiliaciones que no les hubieran sido contabilizados; el grado de afectación es menor, por carecer éstas de la posibilidad de estar en condiciones de presentar la solicitud de registro como partido político, como consecuencia de incumplir con la celebración de un mínimo de asambleas constitutivas.

Al haberse verificado la constitucionalidad del numeral 98 del Instructivo, deviene carente de sustento lo referido por la parte actora, en el sentido de que dicha disposición no persiga ningún fin legítimo, que se trata de una restricción prohibida, o que no es una medida idónea, necesaria ni proporcional

Además, el diseño de la denominada garantía de audiencia prevista en el Instructivo, cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, pues permite a la organización interesada conocer en forma previa las afiliaciones que no fueron contabilizadas, agendar una visita para que los registros sean revisados a través de la visualización en el sistema de cómputo respectivo de la información remitida por la organización, y en el momento de la revisión, hacer las manifestaciones que a su derecho convenga, así como al momento en que se levante el acta de la diligencia.

TEMA 4: Inconstitucionalidad y solicitud de inaplicación de los artículos 14, párrafo 2 y 15 de la Ley General de Partidos Políticos y los puntos 110, 113 y 115 del Instructivo.

a) Argumentos de la parte demandante:

La representación legal de la organización accionante solicita la inaplicación de las disposiciones indicadas, porque:

        No se protegieron ni tutelaron en favor de la organización actora la garantía de audiencia, la defensa adecuada y el debido proceso.

        La Sala Superior ha reconocido que cuando las autoridades emiten determinaciones que afecten la esfera de los ciudadanos deben respetar la garantía de audiencia, e incluso, ha reconocido que en el proceso de registro de partidos políticos se debe respetar esa garantía.

        En ese sentido, el plazo para presentar la solicitud de registro como partido político no puede ser aplicable en este caso, si no se respetaron las formalidades mínimas del procedimiento como otorgar la garantía de audiencia a la organización actora.

        La falta de protección a la garantía de audiencia deviene en que el procedimiento no está completo e imposibilita que se apliquen las disposiciones cuestionadas; sólo pueden ser aplicables después de que la autoridad hubiera señalado a la organización demandante las inconsistencias y le hubiera dado la posibilidad de defenderse, pues de lo contrario, esto implicaría una decisión arbitraria de la autoridad.

        Las consecuencias de las disposiciones normativas sólo se actualizan siempre que se garanticen las condiciones de su aplicación. En este caso, una de las condiciones era respetar los derechos humanos de los integrantes de la organización solicitante, pero como se ha mostrado esto no ha sido así, pues no se protegieron la garantía de audiencia y la debida defensa.

        La aplicación de tales disposiciones representaría una carga excesiva para la organización que represento si no se le garantiza el derecho de audiencia.

          La aplicación de tales disposiciones implicaría, a su vez, la inaplicación de la garantía de audiencia en nuestro perjuicio, o bien, validar que ésta no se haya aplicado en nuestro favor. Incluso, dichos artículos deben ser inaplicados para permitir la reparación de los derechos humanos de las personas integrantes de la organización solicitante.

          Al revisar la LGPP, el Instructivo y el acuerdo INE/CG302/2019 (de modificación de plazos y términos), no existe otro momento para otorgar la garantía de audiencia en favor de la organización demandante, para cuestionar la indebida determinación de las autoridades del INE de cancelar o no iniciar las asambleas constitutivas.

b) Decisión de la Sala Superior:

Los dispositivos cuya inconstitucionalidad se alega son del tenor siguiente:

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

“Artículo 14.

[…]

2. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.

Artículo 15.

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;

b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos en medio digital, y

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente.”

INSTRUCTIVO

[…]

110. A fin de contar con el acta de la Asamblea Nacional Constitutiva, que se integrará al expediente de solicitud, antes del vencimiento del plazo previsto para su presentación, las asambleas nacionales constitutivas deberán celebrarse a más tardar el 29 de enero de 2020.

[…]

113. La organización deberá presentar por escrito ante la DEPPP la solicitud de registro dentro del periodo comprendido del 6 al 31 de enero del año 2020, en días y horas hábiles, acompañada de la siguiente documentación:

a)  Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos aprobados por sus miembros en la asamblea nacional constitutiva, en medio impreso y en medio magnético (en archivo de Word).

b)  Manifestación firmada por la o el representante legal de la organización, en la que señale que las listas de afiliados con los que cuente la organización en el país a las que se refiere el inciso b), fracción V, del párrafo 1, del artículo 12 de la LGPP han sido remitidas a este Instituto a través de la aplicación informática o cargadas al Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos.

c)  Las manifestaciones autógrafas, que sustenten todos y cada uno de los registros recabados mediante el régimen de excepción. Las manifestaciones se entregarán en cajas selladas, numeradas con respecto al total de cajas entregadas; ordenadas alfabéticamente y por entidad federativa, y siguiendo el orden progresivo de sus respectivas listas.

d)  Toda vez que el expediente de las actas de asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales, según corresponda, y la de su asamblea nacional constitutiva, debidamente certificadas por el Vocal designado ya obra en los archivos de la DEPPP, se tendrá por cumplido el requisito a que se refiere el artículo 15, párrafo 1, inciso c) de la LGPP.

En ningún caso se aceptará integrar al expediente documentación alguna fuera del plazo establecido.

[…]

115. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el mes de enero de 2020, dejará de tener efecto la notificación formulada.”

Son infundados los agravios en los que se plantea la inconstitucionalidad e inaplicación de los preceptos que disponen una fecha límite para la presentación de la solicitud de registro como partido político nacional, pues parten de la premisa inexacta de que no se otorgó a la parte accionante las garantías de audiencia y debida defensa.

Lo anterior obedece a que, como se examinó al estudiarse con anterioridad el “TEMA 1: Desconocimiento de causas de cancelación de asambleas distritales” y el “TEMA 2. Omisión de implementar un mecanismo para garantizar el derecho de audiencia y violación a las formalidades esenciales del procedimiento”, la organización actora tuvo conocimiento, por un lado, de las razones por las cuales la mayoría de las asambleas que controvierte se cancelaron, y por otro lado, tuvo a su alcance una herramienta informática que le permitía conocer de las causas por las cuales algunas solicitudes de afiliación no le hubieran sido contabilizadas así como la posibilidad de alegar lo que a su derecho conviniera, en ejercicio de su derecho a la legítima defensa.

En adición a lo anterior, cabe señalar que las organizaciones que manifestaron por escrito su interés en constituirse como partidos políticos nacionales, contaron con un período de tiempo amplio -febrero de dos mil diecinueve a febrero del año en curso-, para llevar a cabo sus asambleas y realizar sus afiliaciones, sujetándose a las reglas establecidas en la LGPP y el Instructivo.

En este sentido, la propia organización interesada debió prever contar con el personal necesario para realizar las acciones estratégicas encaminadas a la búsqueda de espacios para realizar las asambleas, hacer campañas de afiliación y llevarlas a cabo en las asambleas, mediante la aplicación electrónica o el régimen de excepción; entre otras acciones; a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 10, párrafo 2, inciso b), de la LGPP.

De ahí que si hubo agrupaciones que presentaron en tiempo y forma su solicitud de registro, como se señala en el Informe del Secretario Ejecutivo[56], tal situación pone en relieve su capacidad organizativa y de convocatoria para la celebración de sus asambleas, así como el diseño, implementación y ejecución de una estrategia territorial que, en cada caso, hizo factible el cumplimiento de los requisitos en comento.

Estos casos no dejan dudas acerca de la aplicabilidad coherente y armónica de las reglas contenidas en el Instructivo, y de la carencia de representación y dispersión de las organizaciones que no estuvieron en posición de celebrar, ante el incumplimiento de los requisitos previos, su asamblea nacional constitutiva y presentar su solicitud de registro.

Además, todas las organizaciones que presentaron su solicitud de intención, incluyendo la parte demandante, de conformidad con lo previsto en el punto 124[57] del Instructivo, válidamente podían consultar a la autoridad administrativa cualquier duda, falta de información o cuestionamiento que tuvieran durante las acciones a desarrollar en el período de referencia, como sucedió con las que enseguida se indican[58]:

Inclusive, la denominada organización “Frente por la Cuarta Transformación” realizó consultas sobre la ampliación de los plazos para la realización de asambleas y la presentación de solicitud de registro, que fueron desahogadas mediante acuerdo INE/CG32/2020 y el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2974/2020.

Se hace notar que, si bien, los acuerdos del Consejo General, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y las respuestas de la DEPPP sobre cada una de las consultas son dirigidas a la organización interesada, el contenido es extensivo a todas las organizaciones vigentes en el proceso y, por tanto, además de ser información pública, también se le notifica a cada una de ellas[59].

Por otro lado, también se califican como inoperantes los agravios de mérito, por las razones que enseguida se exponen:

La organización demandante, desde mediados de febrero de dos mil diecinueve tuvo conocimiento de que su notificación de intención era procedente, por lo que desde ese momento estuvo en condiciones de organizar y notificar su agenda de celebración de asambleas y así contar con el mayor tiempo posible para culminar la consecución de las mismas o, en su caso, reprogramarlas el número de veces que fuera necesario; sin embargo, notificó su agenda de celebración de asambleas el tres de mayo de dos mil diecinueve e inició la celebración de ellas, hasta el dos de junio de ese año; aunado a que dicha organización contó, al igual que todas las demás en proceso de constitución, con el plazo previsto en la legislación para la consecución de los actos relativos al procedimiento de registro de un partido político.

Por ende, si desde que se le hizo del conocimiento la aceptación de su solicitud de intención, la organización accionante tuvo conocimiento de los plazos para comunicar la agenda de la celebración de la totalidad de asambleas, celebrar la asamblea nacional constitutiva y presentar su solicitud de registro como partido político nacional; y aunado a ello, en el acuerdo INE/CG32/2020 y el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2974/2020, la autoridad administrativa le había expuesto razones para negarle la ampliación de dichos plazos, y el sentido de dichas determinaciones no fueron combatidas por la organización “Frente por la Cuarta Transformación”; entonces, todas las circunstancias antes apuntadas conllevan a la inoperancia del agravio, debido a que de ningún modo se desvirtuaron los alcances de sus efectos.

Por las razones antes expuestas se desestima la pretensión de la parte actora, consistente en la ampliación del plazo para reponer y realizar asambleas distritales y la nacional constitutivas.

TEMAS 5 y 6: Inconstitucionalidad y solicitud de inaplicación de los artículos 10, párrafo 2, inciso b) y 12, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como el punto 47 del Instructivo.

a) Argumentos de la parte demandante:

En el escrito de demanda que se examina, la parte actora hace valer los conceptos de agravio siguientes:

La exigencia del número de asambleas y de distritos en que se solicita que se lleve a cabo, así como el número mínimo de afiliaciones (233,945) es inconstitucional, porque:

a. Tales disposiciones son desproporcionadas e intervienen de manera desmedida en el derecho de asociación de las personas que pretenden constituir al "Frente por la cuarta transformación" en un partido político nacional.

        El artículo 41 constitucional dispone que la ley establecerá los requisitos para el registro legal de los partidos, lo cual queda bajo la configuración del legislador ordinario; sin embargo, esta actividad no es ilimitada, ya que uno de los límites es no desnaturalizar los derechos fundamentales, conforme a la tesis de jurisprudencia “LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.”

        El número de asambleas y de afiliaciones establecido en la LGPP y el Instructivo no es una restricción válida porque lejos de maximizar el derecho de asociación, se convierten en un obstáculo. No hay parámetro para establecer el número de asambleas distritales y de afiliaciones. No hay base objetiva para determinar que son necesarias 200 asambleas distritales ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 50? Además, nada lleva a establecer que con 50 mil o 100 mil afiliaciones no haya representatividad. El número de asambleas y afiliaciones es un número arbitrario.

        No tiene sentido establecer un mínimo de asambleas distritales y de afiliaciones para que una organización demuestre representatividad, pues esto puede demostrarse sin la necesidad de ese número. Por ejemplo, para que los partidos políticos conserven su registro se les exige cierta representatividad, no demostrada por distritos, pues sólo se les exigen sufragios, pero no que estén distribuidos en ciertos distritos o lugares del país.

        Es excesivo que se pida el número de asambleas de 200 distritos porque: i) No cuentan con recursos públicos ni financiamiento público para organizar ese número de asambleas; y ii) Se les exige una representatividad a pesar de que no han participado en elecciones.

        Para conservar el registro, a los partidos políticos se les exige representatividad, pero tienen la oportunidad de darse a conocer mediante las campañas electorales y se les da financiamiento público, tiempos de radio y televisión permanente y no se les exige que esa representatividad sea por distritos o estatalmente; en cambio, a las organizaciones políticas, que no tienen financiamiento público, ni pueden hacer campañas electorales, se les exige el requisito de 200 asambleas distritales.

b. Exigir asambleas en 200 distritos de 300 (2/3 partes del total)  no se trata de una cuestión proporcional porque la intervención en el derecho de asociación no es mínima, sino agravada o desproporcionada, al exigirse en más de la mitad de distritos del país.

c. De conformidad con la jurisprudencia "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", las restricciones deben enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna. La Constitución Federal nunca establece que para crear un partido político sea necesario demostrar representatividad, por lo que, de acuerdo con la citada jurisprudencia, exigir asambleas en 200 distritos no tiene un fin legítimo ni constitucionalmente válido, aunado a que la constitución no exige dispersión, ni la realización de asambleas en el territorio del país.

d. En la citada jurisprudencia se establece que las restricciones deben ser necesarias e idóneas para la realización del fin buscado, es decir, que no pueda ser alcanzada por otros medios, sin embargo:

        En principio, se desconoce si existe un fin constitucional válido, pero si se determinara que la finalidad es la representatividad, entonces la medida no es idónea, porque no está demostrado que la representatividad se consiga mediante la realización de asambleas y que se requiera su realización en 200 distritos, así como un número mínimo de afiliaciones.

        Una medida más idónea sería tener cierta representatividad en las circunscripciones plurinominales, afiliados en la mayoría de estados, en diversas partes del país, sin que se justifique el número excesivo de 200 distritos, pues esto es más allá de la mayoría simple de los distritos.

        En la tesis "TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL", se establece que para que una restricción sea válida no deben existir medidas igualmente idóneas para lograr el fin.

        La exigencia de realizar 200 asambleas en 300 distritos no cumple con esto, porque hay otras medidas para demostrar la representatividad menos lesivas.

        Por ejemplo, a los partidos políticos de nueva creación se les exige que demuestren representatividad en las elecciones, pero no se les solicita que esta votación cumpla con alguna dispersión en distritos, estados o circunscripciones, o bien, para conservar el registro, a los partidos políticos también se les exige que conserven el mínimo de militantes para su constitución y registro, sin que se les exija demostrar la representatividad en asambleas.

        Esto muestra que exigir la realización de asambleas en 200 distritos de 300, no tiene razón de ser, pues la representatividad de las organizaciones que aspiran a ser partidos políticos se puede lograr de otras formas, pues basta con tener cierto número de militantes a lo largo del país, pero el número de asambleas no debe ser exigible.

        Esto muestra que, al menos hay dos opciones para lograr el supuesto fin constitucional: a) Con las afiliaciones; y b) con un número menos gravoso de asambleas.

e. El grado de realización del fin perseguido no es mayor al grado de afectación. Por el contrario, el grado de afectación del derecho de asociación es mayor al supuesto fin perseguido. Esto, porque existen otro tipo de medidas menos lesivas que podrían demostrar la representatividad o arraigo como la propia afiliación.

f. Los artículos cuestionados son inconstitucionales porque generan discriminación en perjuicio de la organización demandante, en atención a que:

        La discriminación se da cuando existe un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o cuando existen efectos semejantes sobre personas en situaciones dispares.

        Las citadas normas producen una ruptura de la igualdad en los hechos al establecer más cargas sobre la organización que pretende ser partido político, respecto de las que exige a los partidos políticos a pesar de que éstos cuentan con más ventajas o beneficios de parte de la ley.

        Tanto a las asociaciones que pretendan ser partidos políticos, como a los partidos políticos se les exige contar con representatividad. A las primeras para obtener el registro y a los segundos para conservarlo. Entonces, existe coincidencia en ambos, en cuanto a que requieren demostrar representatividad.

        Para demostrar esa representatividad -y para obtenerla- los partidos políticos cuentan con recursos públicos, acceso a radio y televisión de manera permanente y durante campañas, y difunden su emblema e ideología en la campaña electoral, como en radio y televisión.

        Las asociaciones u organizaciones que pretenden ser partido político no tienen ninguno de esos beneficios. Entonces, los partidos políticos cuentan con mayores ventajas respecto a las organizaciones que pretender ser partidos políticos.

        No es razonable que exista una exigencia mayor (200 asambleas distritales) para las organizaciones que pretenden ser partidos políticos, respecto a otros que tienen más ventajas (partidos políticos), a quienes no se les exigen asambleas para comprobar representatividad. Al respecto, se cita como aplicable la jurisprudencia: “DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO.”

b) Decisión de la Sala Superior:

Previo a examinar los conceptos de agravio antes resumidos, se estima menester exponer lo siguiente:

El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, la Sala Superior dictó sentencia en los expedientes SUP-JDC-5/2019 y acumulados, formados con demandas de juicio de la ciudadanía presentadas para controvertir el acuerdo INE/CG1478/2018, por el que se expidió el Instructivo. En los medios de impugnación se estudió un planteamiento sobre la inconstitucionalidad de los artículos 10, párrafo 2, inciso b) y 12, párrafo 1, inciso a) de la LGPP, que señalan:

“Artículo 10

[…]

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:

[…]

b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y

[…]

Artículo 12

1. Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo siguiente:

a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará:

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva;

II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y

III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político.

[…]”

En el precedente de referencia se estudió el argumento concerniente a que, en concepto de la entonces parte accionante, se trataba de requisitos excesivos para conseguir el registro como partidos político nacional y restrictivos de la libertad de asociación en materia política que prevén los artículos 1, 9 y 35 fracción III de la Constitución Federal, al establecer modalidades excluyentes: asambleas distritales o asambleas estatales, sin que exista razón lógica ni jurídica, pues no es necesario que sea de esa forma para que pueda cumplirse con el sentido de la norma, relacionado con acreditar cierto grado de representación nacional y recabar el apoyo de cuando menos el 0.26 % del Padrón Electoral.

Sin embargo, la ejecutoria de que se trata, en lo que interesa expone las consideraciones siguientes:

“[…] los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano se rigen por un postulado esencial que consiste en que su ejercicio se sujetará a las limitaciones establecidas en la ley, con el fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las exigencias del orden público y del bien común en una sociedad democrática.

Ello conforme a lo establecido en los artículos 1° de la Constitución; 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 32 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 5, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el contexto apuntado, es necesario tener presente que los requisitos de constitución de partidos políticos están encaminados a enmarcar el ejercicio del derecho de asociación política y de votar y ser votado de la ciudadanía, tutelados en los artículos 9 y 35 fracciones I, II y III de la Constitución, que se encauzan por medio de dichas entidades de interés público, reguladas en el numeral 41 del mismo cuerpo normativo supremo.

[…]

El derecho de libre asociación en materia política supone que los Estados establezcan las condiciones necesarias para garantizar dicha libertad. Una de esas condiciones está relacionada con la constitución y registro de los partidos políticos, por considerar que éstos constituyen una de las formas mediante las cuales se ejerce esta libertad.

[…]

En el mismo sentido, como lo precisan el Pacto Internacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el ejercicio de la libertad de asociación en materia política sólo puede estar sujeto a restricciones legales que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

En consecuencia, el derecho a organizar partidos políticos como parte del derecho a la participación política no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones.

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha destacado que la previsión y aplicación de requisitos para ejercer los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos, pero es indispensable que en su reglamentación se observen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.

Diferentes instancias e instrumentos internacionales han reconocido la importancia que revisten los partidos políticos como formas de asociación esenciales para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia. 

Ejemplo de tal tendencia internacional lo representa en nuestro continente la Carta Democrática Interamericana (aprobada por los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, el 11 de septiembre de 2001 durante la Asamblea Extraordinaria de la OEA), que, en su artículo 3, reconoce entre los elementos esenciales de la democracia representativa, “el régimen plural de partidos y organizaciones políticas” y, en su artículo 5, que “[e]l fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia.”

Tal importancia responde también a la necesidad de garantizar el pluralismo democrático y la mayor participación posible. A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha reiterado el papel esencial de los partidos políticos para asegurar el pluralismo y la democracia, y la particular importancia del pluralismo, la tolerancia y la apertura como elementos esenciales de una “sociedad democrática”.

Todo lo anterior, ilustra una tendencia clara a que las restricciones legales establecidas para la constitución y el registro de partidos políticos deben resultar necesarias y proporcionales a la finalidad que se pretende alcanzar, para garantizar el pluralismo y la apertura del sistema electoral en su conjunto.

En términos del artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin primordial, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.

Dicho numeral garantiza la existencia de los partidos políticos, pero no establece cuáles son los elementos organizacionales a partir de los cuales tales entidades deben crearse, porque existe una delegación al legislador en ese sentido.

Sin embargo, estos elementos deben estar sujetos a criterios de razonabilidad que busquen precisamente el que los partidos políticos cumplan con los fines previstos en la Norma Fundamental, como son el que dichas entidades sean el medio para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales, desde la perspectiva del bien común y el orden público no pueden derivar en la supresión de un derecho fundamental. En ese sentido, cualquier limitación o restricción a un derecho fundamental, debe estar encaminada a protegerlo e incluso potenciarlo, de tal suerte que se favorezca su ejercicio en la expresión más plena por parte de quien lo detente.

En consecuencia, los derechos fundamentales no son derechos absolutos o ilimitados que no puedan ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que se encuentren previstas en la legislación y no sean irracionales, injustificadas o que se traduzcan en privar de su esencia cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental.

También ha sostenido que toda restricción a un derecho fundamental debe cumplir con criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, deben existir razones suficientes que justifiquen la restricción o limitación, a efecto de que sean asequibles y no arbitrarias o caprichosas.

En ese sentido, conforme a la base I del artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Lo cual se reitera en la Ley de Partidos, al establecer en su artículo 3, párrafo 1 que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el INE o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Con base en los fines constitucional y legalmente establecidos es claro que los partidos políticos deben contribuir al funcionamiento del régimen democrático representativo de gobierno; se les considera como el mecanismo por excelencia para expresar el pluralismo político pues tienen la función de contribuir a la integración de la representación política.

Lo anterior, tomando en cuenta que para la postulación de candidaturas a cargos electivos (que no se postulen de manera independiente) se precisa de los partidos políticos, que como asociación respalde la postulación y le permita competir con otras fuerzas políticas, configurándose así un sistema pluralista, en el que la representación se genera justamente en elecciones competitivas.

Ello equivale a decir que para que haya representación democrática se precisa que la ciudadanía pueda organizarse según sus afinidades en cuanto a ideas, intereses, propuestas y liderazgos, y estas organizaciones deben someterse a la decisión ciudadana al competir con otros grupos que también se han organizado y postulado candidaturas.

De ahí que, resulte consecuente con la finalidad de los partidos políticos que se exija a las agrupaciones políticas que desean conformarlos, un mínimo de representatividad en el territorio en el que habrán de participar y competir.

[…]

[…] para constituir un partido político nacional las agrupaciones solicitantes deberán celebrar asambleas por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, a las que asistirán cuando menos tres mil afiliados si se trata de las primeras o trescientos si son de carácter distrital.

Los asistentes deberán registrarse ante el personal del Instituto y presentar su credencial para votar original con la que acrediten residir en el Estado o Distrito en el que se celebra la Asamblea en la que manifestarán su libre decisión de afiliarse y aprobarán los documentos básicos del partido. Asimismo, nombrarán a los delegados que habrán de participar en la Asamblea Nacional.

Lo anterior permite advertir que el requisito de celebrar Asambleas estatales o distritales está encaminado a demostrar que la organización solicitante cuenta con un determinado número de afiliados en cuando menos veinte de las treinta y dos entidades federativas, o en doscientos de los trescientos distritos electorales que conforman el país.

Es decir, el requisito relacionado con la realización de asambleas está encaminado a acreditar que la organización aspirante cuenta con representatividad en el territorio nacional o, cuando menos, en unas dos terceras partes de él. Esto es, en doscientos de los trescientos distritos electorales de los que se compone la circunscripción nacional (el 66%) o veinte de las treinta y dos entidades de la República (el 62.5%).

En ese sentido, la celebración de Asambleas no debe entenderse únicamente como un mecanismo de afiliación, ya que el número de afiliados, no menor al 0.26 % que exige la Ley de Partidos también puede alcanzarse por medios distintos a la celebración de Asambleas, ya sea mediante la utilización de la aplicación diseñada para recabar la manifestación de voluntad de afiliarse o por escrito, en los lugares en que ese sistema no será utilizado.

De esta forma, la finalidad de la celebración de las asambleas estatales o distritales consiste en que quienes asistan conozcan y aprueben los documentos básicos que la organización propone para constituirse como partido político nacional al cual pretenden afiliarse, que suscriban el documento de manifestación formal de afiliación, que se formen las listas de personas afiliadas y que se elijan las y los delegados propietarios y suplentes que asistirán a la asamblea nacional constitutiva, en términos de lo dispuesto en el inciso a), del párrafo 1, del artículo 12 de la Ley de Partidos.

Ello, con la exigencia de que quienes asistan a las Asambleas estén avecindados en el Estado o Distrito en el que se celebren, como lo constatará la o el funcionario del Instituto designado para certificar su celebración, que el asistente esté inscrito en el Padrón electoral correspondiente y que suscriba la manifestación formal de afiliación impresa que le será proporcionada.

La reiterada exigencia de la normativa en el sentido de que la organización celebre Asambleas en cuando menos el 62.5 % de las entidades federativas o el 66 % de los distritos del país, a las que asistan personas que residan en esas mismas demarcaciones territoriales, se encamina a establecer parámetros de representatividad o respaldo de la organización que pretende su registro como partido político nacional, lo cual es acorde con la finalidad constitucional de ser la vía de postulación de candidaturas a ocupar los cargos públicos de elección popular mediante su participación en la competencia política.

De ahí que sea necesaria la acreditación de un mínimo de respaldo ciudadano, pues ningún caso tendría dar registro a una asociación como partido político nacional, con todos los derechos y obligaciones que ello implica, si no se cuenta con elementos mínimos que permitan inferir que en efecto participarán en términos competitivos en las elecciones municipales, estatales y nacionales en las que estará facultado para postular candidaturas.

[…]”

Expuesto lo anterior, cabe señalar que son infundados los agravios que se examinan, por las razones que a continuación se exponen:

No asiste la razón a la parte actora cuando señala que el número de asambleas y de afiliaciones establecido en la LGPP y el Instructivo no es una restricción válida porque lejos de maximizar el derecho de asociación, se convierten en un obstáculo. Lo anterior obedece a que, como se razonó en el precedente citado, los dispositivos cuya constitucionalidad se cuestiona tienen un fin legítimo que es consecuente con la finalidad constitucionalidad asignada a los partidos políticos (promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público), lo que justifica que se deba exigir a las agrupaciones que desean conformarlos, un mínimo de representatividad, que de manera dispersada abarque aproximadamente dos terceras partes del territorio nacional en el que habrán de participar y competir, y que se trate de afiliaciones que representen al menos el 0.26%. del padrón electoral federal utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

De ahí que el cumplimiento de la representatividad y dispersión territorial exigido legalmente, de ningún modo podría considerarse que interviene de manera desmedida en el derecho de asociación de las personas que pretenden constituir al "Frente por la Cuarta Transformación", pues si bien, en la Carta Magna no se dispone algún requisito para la conformación de los partidos políticos nacionales, las previsiones legales controvertidas, que disponen la realización, de al menos, doscientas (200) asambleas distritales constitutivas y contar con un mínimo de 233,945 afiliaciones para la conformación de un partido político nacional, es idónea para la consecución de los fines legítimos que se les prevén en el ordenamiento constitucional.

Lo anterior es así, dado que los partidos políticos nacionales, en atención a su naturaleza, deben cumplir en la mayor parte del territorio nacional con los fines previstos en la Norma Fundamental, como son: el que sean un medio para promover la participación del pueblo en la vida democrática, que contribuyan a la integración de la representación nacional y que, como organizaciones de la ciudadanía, hagan posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

De ahí la exigencia de que la representatividad y dispersión sea en al menos, dos terceras partes del territorio electoral nacional, es decir, como se expone en el precedente transcrito: en doscientos (200) de los trescientos (300) distritos electorales de los que se compone la circunscripción nacional (el 66%) o veinte (20) de las treinta y dos (32) entidades de la República (el 62.5%), y que en todo caso, se cuente con al menos 233,945 afiliaciones.

Por otro lado, la exigencia de que las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos realicen, al menos, doscientas (200) asambleas distritales constitutivas y cuenten con el número de afiliaciones señalado en el Instructivo es necesaria, en atención a que el respaldo de la ciudadanía con el que deben contar, indefectiblemente debe tener connotación nacional, en los términos exigidos por la LGPP, pues la expectativa de su primera participación en  elecciones federales, en el que cumplirá con las finalidades establecidas constitucionalmente, conlleva a que por sí mismo[60] solicite el registro de candidaturas en el territorio nacional, es decir, sin la formación de alguna coalición, frente o fusión con alguna otra fuerza política que contienda en el mismo proceso electoral, y asimismo, que reciba un número de votos que le permita conservar su registro.

De ahí que carezca de sustento el cuestionamiento que formula la parte actora, concerniente a que no son necesarias doscientas (200) asambleas distritales constitutivas ni tener 233,945 afiliaciones, y que podría cumplirse el requisito con la realización de asambleas constitutivas en cien (100) o cincuenta (50) distritos electorales, así como con 100 mil o 50 mil afiliaciones.

Esto es así, pues la exigencia mínima de doscientas (200) asambleas distritales constitutivas y 233,945 afiliaciones para la obtención del registro como partido político, encuentra su razón de ser en el establecimiento de bases que le permitan participar en su primera elección, cumpliendo con el mínimo de diputaciones de mayoría relativa que deben de registrar los partidos políticos que participan sin alianzas en las elecciones federales, así como la obtención de una votación que le permita conservar su registro[61].

De este modo, la organización beneficiada con el registro partidista, en los términos en que lo refiere la parte accionante, llevaría a que su participación en la primera elección federal se hiciera desde una posición de desventaja, porque no contaría con el respaldo de afiliaciones suficiente para registrar, por sí solo, el menos doscientas (200) fórmulas de candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa, o veintiún listas con las dos fórmulas de senadurías por el principio de mayoría relativa, como lo establecen los párrafo 4 y 5 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[62], y asimismo, que existieran mayores posibilidades de que recibiera una votación que no superara al menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales.

Con esta perspectiva, es carente de sustento el planteamiento de la parte actora, cuando sostiene que una medida más idónea sería tener cierta representatividad en las circunscripciones plurinominales y afiliados en la mayoría de estados, pues como se expone en las consideraciones transcritas del precedente citado, cualquier organización que se constituya como un nuevo partido político requiere contar con elementos mínimos que permitan inferir -a partir de apoyo de las personas afiliadas durante su formación y que se transformarán en posibles votantes a su favor-, que participará en términos competitivos, frente a las demás fuerzas políticas, en las elecciones municipales, estatales y nacionales, postulando candidaturas que podrían obtener una votación mayoritaria, aunado a que dicha votación también le permitirá la conservación del registro.

De lo antes expuesto se sigue que no podría exigirse, en idénticos términos la representatividad a organizaciones aspirantes y a los partidos políticos que han participado en elecciones federales -como lo sostiene la parte enjuiciante- pues en el caso de las primeras, la exigencia prevista en los artículos cuya inconstitucionalidad se plantea se dirige a que en las elecciones federales en que participen por vez primera puedan realizar el registro mínimo de candidaturas de diputaciones federales y senadurías de mayoría relativa, así como la obtención de un porcentaje de votación que les permita conservar su registro; y en el caso de los partidos políticos, la representatividad persigue otros objetivos: la conservación de su registro y un porcentaje para determinar el monto del financiamiento público al que tendrán derecho, por ejemplo.

Por otra parte, las disposiciones cuya inconstitucionalidad se plantea son proporcionales en sentido estricto, ya que es mayor el beneficio que se obtiene, al permitirse a las organizaciones con suficiente fuerza representativa y dispersión, alcanzar su registro como partidos políticos, pues esto lleva implícito la efectividad del ejercicio del derecho de asociación de las personas que durante el proceso de constitución se afiliaron, y permite a la organización contar con una base de personas afiliadas para cumplir con los fines constitucionales que se les asignan como entidades de interés público.

En contraste, es menor el costo que conlleva la afectación del derecho de asociación de quienes al afiliarse a una organización, no lograron reunir los requisitos previstos en los artículos controvertidos para la constitución de un partido político, pues dicho incumplimiento refleja una desventaja que impide su participación inicial en la elección federal, en igualdad de condiciones que las demás fuerzas políticas.

En este sentido, medidas flexibles como las que enuncia la parte actora -y que califica como menos gravosas- resultarían más perjudiciales al sistema democrático y al régimen de partidos políticos, pues en un primer momento, llevaría al incumplimiento de los fines constitucionales asignados a los partidos políticos -por ejemplo, el registro de candidaturas y contribuir a la integración de los órganos de representación política, como ya se explicó-, aunado a que el derecho de asociación se vería afectado debido a que el incumplimiento de los fines constitucionales traería consigo que las personas afiliadas no tuvieran la posibilidad de ejercer su derecho al voto en favor de las candidaturas del partido político de nueva creación del que formaran parte, o de registrarse a un cargo de elección popular, por citar algunos casos.

Con apoyo en lo que ha sido expuesto, queda de manifiesto que los artículos 10, párrafo 2, inciso b), y 12, párrafo 1, inciso a), de la LGPP, así como el 47 del Instructivo, superan el examen de constitucionalidad contenido en la tesis aislada intitulada: “TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL.”

Finalmente, cabe señalar que no le asiste la razón a la organización actora, cuando señala que las disposiciones cuya constitucionalidad controvierte son discriminatorias, pues en su concepto, la representatividad que se exige a las organizaciones aspirantes es una situación análoga a los partidos políticos, sin embargo, estos tienen más ventajas que las primeras, al contar con recursos públicos, acceso a radio y televisión de manera permanente y durante campañas, y difunden su emblema e ideología en la campaña electoral, como en radio y televisión.

Lo anterior deriva de que el financiamiento público, el acceso permanente a frecuencias de radio y televisión, así como su participación en campañas electorales, son mandatos conferidos a los partidos políticos en el 41 del Pacto Federal. Por ende, para que una organización sea partícipe de dichos bienestares requiere cumplir las normas y requisitos determinados en la LGPP para su registro legal.

En todo caso, no se podría tratar de discriminación contra las organizaciones aspirantes, pues esta forma de distinción sólo se da en perjuicio de las personas físicas, a partir de alguna de las categorías de origen previstas constitucionalmente[63], aunado a que se trata de prerrogativas en favor de los partidos políticos con registro, previstas en el propio ordenamiento constitucional.

TEMA 7: Solicitud de inaplicación de diversos preceptos debido a la existencia de actos de violencia.

a) Argumentos de la parte demandante:

La representación legal de la organización política accionante señala en su escrito de demanda lo siguiente:

          Se han visto inmersos en una serie de hechos violentos que también impidieron un desarrollo ordinario en el proceso para la constitución como partido político nacional.

Por ejemplo, dos de los principales coordinadores distritales fueron privados de la vida, previo a la celebración de las Asambleas Distritales correspondientes lo que sin duda influyó para que muchos de nuestros coordinadores distritales se abstuvieran de seguir convocando a la celebración de las asambleas en los términos previamente acordados con la autoridad electoral. Uno de esos casos ocurrió el 17 de enero de 2020, fecha en que fue secuestrado y asesinado el integrante de la Coordinación Estatal Veracruzana del "Frente por la Cuarta Transformación", Matías Herrera Herbert. Debido a este hecho violento, se canceló la asamblea distrital que se llevaría a cabo en el distrito correspondiente a Pánuco, Veracruz. El otro caso también sucedió con Roberto Carlos Mendoza Peña, coordinador distrital de la organización en el distrito federal electoral 9, en Oaxaca, que también fue asesinado, y no se realizó la asamblea correspondiente.

En otro hecho, en el Estado de México, Alejandro González Hernández, coordinador de dos asambleas que se realizarían en la ciudad de Toluca, fue interceptado en la carretera y golpeado por tres sujetos armados que lo amenazaron de muerte, ordenándole su cancelación. A su vez, Valerio López Aguilar, dirigente en Oaxaca, sufrió violencia física y amenazas de muerte previo a la realización de asambleas.

Estos hechos violentos evidentemente afectaron la organización e impidieron la realización de diversas asambleas y en la afiliación de personas, obstruyendo la labor para realizar tales actividades exigidas. Ante esas circunstancias de violencia e inseguridad se le solicitó a la Secretaría de Gobernación que proporcionara la seguridad correspondiente para poder continuar con tales asambleas, sin embargo, dicha solicitud no fue proporcionada, lo cual afectó a nuestra organización.

          A partir de tales hechos violentos se solicita la inaplicación de los artículos 10, párrafo 2, inciso b); 12, párrafo 1, inciso a); 14, párrafo 2 y 15, de la LGPP, así como de los puntos 110, 113 y 115 del acuerdo INE/CG302/2019 (de modificación de plazos y términos) y el numeral 47 del Instructivo.

Lo anterior, porque ante el ambiente de violencia que nos afectó, no es posible que se nos exija cumplir en los plazos establecidos en la normativa ni el número de asambleas, ni el número de afiliados. Los hechos violentos que se demuestran con las notas periodísticas que se indican se convirtieron en un obstáculo que tornó en imposible cumplimiento las asambleas, las afiliaciones y en los plazos indicados. La violencia y hechos de inseguridad que han sufrido las personas afines, afiliadas o con cargo en la organización, han obstruido la realización de actos que exige la normativa señalada, como la realización de asambleas y la afiliación. Debido a que los hechos de violencia son obstáculos para el ejercicio del derecho de asociación, se solicita la inaplicación de los artículos señalados, y se solicita la reparación de derechos en los términos precisados.

          A pesar de que los hechos narrados son hechos notorios, no se tomaron en cuenta en la determinación emitida por el Secretario Ejecutivo del INE. Se estima que en el informe controvertido no se toma en consideración el contexto de violencia de acuerdo con los indicadores, cuando es evidente que ello mermó la participación política de cada uno de los participantes en la constitución de la organización como partido político, circunstancia que tampoco fue tomada en consideración por la propia autoridad electoral. De esta manera, en el caso de la organización actora, dicho clima de violencia representó un impedimento para que las personas simpatizantes pudieran participar de manera activa y ordinaria en cada una de las asambleas distritales.

b) Decisión de la Sala Superior:

Son infundados e inoperantes los argumentos señalados por la parte demandante, por las razones siguientes:

Lo infundado deviene de que el Informe del Secretario Ejecutivo, que es el que podría causar un perjuicio a los derechos del denominado “Frente por la Cuarta Transformación”, de ningún modo debía pronunciarse en torno al contexto de violencia e inseguridad que sacude al país, o sobre los hechos violentos que se aducen en el escrito de demanda, debido a que el informe estaba enfocado en exponer las líneas generales relacionadas con las siete organizaciones que presentaron solicitud de registro para constituirse como partidos políticos nacionales.

En adición, cabe señalar que el argumento de la violencia aducido por la parte demandante es un tema que ya fue analizado por el Consejo General del INE, la Sala Superior y el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.

En la parte que interesa del Acuerdo INE/CG32/2020, el Consejo General del INE expuso lo siguiente:

“[…]

Ahora bien, de manera específica, entre los argumentos que esgrime la representación legal de la organización “Movimiento Ambientalista Social por México, A.C.”, como causales por las que no ha podido celebrar las doscientas asambleas distritales exigidas por la ley desde febrero de dos mil diecinueve, los mismos se pueden agrupar en dos rubros: percepción de inseguridad en el país y condiciones meteorológicas.

Es de resaltar que los argumentos remitidos por la organización “Frente por la Cuarta Transformación” son coincidentes con los de “Movimiento Ambientalista Social por México, A.C” respecto a la inseguridad en el país.

La organización “Frente por la Cuarta Transformación” en su escrito remitido, hace una transcripción incompleta de la comunicación enviada por la organización denominada “Movimiento Ambientalista Social por México, A.C” haciendo mayor alusión al tema de inseguridad, teniendo sólo como argumento diverso el de la revisión que realizan los vocales para constatar si los inmuebles en los que se celebrarán las asambleas cumplen con lo estipulado en el numeral 18 del Instructivo.

Sin embargo, antes de analizar dichos argumentos es necesario resaltar que pese a todas las condiciones adversas que se hayan podido presentar en el país en el año dos mil diecinueve, referentes a seguridad o clima, diversas organizaciones que se encuentran en proceso de constitución como PPN, a la fecha ya han logrado el número de asambleas requeridas por ley; es por ello que los argumentos esgrimidos referentes a las percepciones de seguridad del país y las condiciones climatológicas no acreditan la existencia de una situación extraordinaria para que esta autoridad otorgue una dispensa para el aplazamiento respecto a la celebración de asambleas, y por ende, para la presentación de la solicitud de registro. En todos y cada uno de los Distritos del país al menos una organización ha podido celebrar una asamblea por lo que no se trata de circunstancias generalizadas que imposibiliten la actividad solicitada.

[…]

Finalmente, sobre la petición remitida por la organización “Frente por la Cuarta Transformación” como ya se estableció en párrafos anteriores, dicha organización remite casi una transcripción de la solicitud de la organización “Movimiento Ambientalista Social por México, A.C” respecto al rubro de inseguridad; es por ello que en el mismo sentido de la respuesta emitida a dicha organización, el argumento esgrimido no es válido para que esta autoridad otorgue un plazo mayor a alguna organización para la celebración de asambleas o para la presentación de la solicitud de registro.

Aunado a ello, es de resaltar que con corte al nueve de diciembre del dos mil diecinueve la organización “Frente por la Cuarta Transformación” había intentado o celebrado 126 asambleas distritales, teniendo preliminarmente como válidas tan sólo 46 asambleas, mientras que en las demás asambleas el reporte constante es falta de quórum; se precisa que se cuenta con elementos para comprobar que ni en las llamadas telefónicas que se

realizaron a las y los Vocales y al personal de las Juntas que han acudido a las asambleas de dicha organización, ni en las actas de certificación de las asambleas celebradas se hayan reportado incidentes de la magnitud que la organización en comento ahora argumenta; respecto al caso referido en el escrito remitido por la organización, el Lic. Gabriel Valdimir Cruz Heredia, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 06 de Oaxaca en el acta circunstanciada de cancelación de asamblea refiere que ello ocurrió por el conflicto surgido entre diversas comunidades por el uso del agua portable; por lo que velando por la seguridad del personal y de la ciudadanía se acordó de mutuo acuerdo cancelar dicha asamblea.

[…]

Por lo anterior, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, las solicitudes realizadas no son procedentes, pues atentan contra el sistema vigente para la constitución de nuevos PPN.

[…]”

El acuerdo de respuesta a que se hizo referencia sólo fue impugnado por la representación legal de la organización “Movimiento Ambientalista Social por México, A.C.” y fue conformado por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JDC-124/2020. Con relación al tema de la violencia, la ejecutoria de referencia expuso lo siguiente:

[…]

Se estima que los argumentos que hace valer devienen ineficaces dado que su planteamiento genérico lo hace insuficiente para acreditar que las cuestiones fácticas relacionadas con la inseguridad del país tuvo una repercusión directa en la agenda de asambleas; ello en virtud de que el actor omite precisar cuántas asambleas fueron canceladas o re agendadas por tal motivo, cuáles fueron los hechos delictivos o relacionados con la inseguridad que aduce o acontecimientos específicos que tuvieron efecto alguno en la celebración de las asambleas.

[…]

[…] se desestiman las manifestaciones del actor en virtud de que si bien es cierto, la situación relacionada con la inseguridad en el país, la actividad política de la ciudadanía, la Asociación en la solicitud debió establecer puntualmente los elementos fácticos y hechos precisos que ocasionaron la cancelación de asambleas, precisar en qué entidades federativas, la fecha y cuáles son los hechos delictivos que repercutieron en tal organización.

Al no establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar de supuestas dificultades derivadas de situaciones de inseguridad, generaron que se reagendaran cuántas y cuáles asambleas, torna a sus manifestaciones insuficientes y carentes de sustento; además de que no acreditó cómo la ciudadanía derivado de esta situación se abstuvo de participar en tales asambleas, por lo que podría tratarse de suposiciones del solicitante, de ahí que la autoridad atendió su petición acorde con los elementos aportados, sin que de autos se advierta una valoración diversa o incompleta como lo propone la asociación actora.

Si bien la responsable al dar respuesta en el acuerdo impugnado determinó no atendible la solicitud de la Asociación principalmente porque la ampliación de plazo para la celebración de asambleas necesarias para alcanzar registro como partidos políticos nacionales fueron establecidos con base en plazos idóneos para que el personal del INE, encargado de la certificación de asambleas, realice las actividades conducentes aunado a que al darle un mayor plazo, se estaría poniendo en desigualdad de condiciones a tal asociación respecto las demás que están desarrollando el procedimiento de constitución de partidos políticos, ello no implica que se haya desatendido el reclamo de aplicación del principio pro homine, toda vez que la existencia de situación de inseguridad fueron manifestaciones genéricas en las que el actor no precisa la lesión a su esfera jurídica, ni la repercusión que tuvo en la celebración de la asambleas requeridas.

Aunado a lo anterior y como está precisado anteriormente, conforme al procedimiento de conformación de nuevos partidos, la legislación no prevé que elementos fácticos como lo son la inseguridad, expuestos en términos generales como se hizo en la solicitud, puedan servir de base para que se otorgue la ampliación del plazo para llevar a cabo las asambleas de las organizaciones o agrupaciones políticas nacionales, sin afectar además el principio de equidad, de ahí que resulte insuficiente lo que hace valer el actor.

[…]”

De lo que ha sido expuesto, es de resaltar que la respuesta dada por el Consejo General del INE, al planteamiento de inseguridad y violencia realizado por el “Frente para la Cuarta Transformación” no fue impugnado por tal organización solicitante, aunado a que las consideraciones que forman parte de la respuesta se confirmaron mediante la ejecutoria recaída al expediente SUP-JDC-124/2020.

En adición a lo anterior, cabe señalar que en el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2974/2020, por el que la DEPPP da respuesta a una nueva solicitud formulada por el “Frente para la Cuarta Transformación”, para la ampliación de los plazos para la celebración de las asambleas distritales constitutivas y la presentación de la solicitud de registro; se expone, con relación al tema de la inseguridad, lo siguiente:

“[…]

Finalmente, respecto al rubro de inseguridad en el multicitado Acuerdo INE/CG32/2020 el Consejo General establece que el argumento esgrimido no es válido para que esa autoridad otorgue un plazo mayor a alguna organización para la celebración de asambleas o para la presentación de la solicitud de registro. Además, no es atribución del INE garantizar la seguridad, asimismo conforme al Instructivo la seguridad del personal del Instituto y de quienes acuden a las asambleas es responsabilidad de la organización.

[…]”

De lo antes expuesto se sigue que los agravios de la parte demandante, con relación a la inseguridad y violencia, devienen inoperantes, en atención a que, por una parte, insiste en formular argumentos genéricos, que si bien, se relacionan con actos suscitados en cuatro localidades, omite precisar de qué modo, los mismos tuvieron repercusiones cualitativas en las demás localidades en que programó la realización de asambleas y en las posibles afiliaciones, aunado a que omite precisar otros casos concretos y particulares relacionados con las asambleas distritales programadas en las que los actos de inseguridad y violencia resultaron cualitativamente determinantes para que no pudieran llevarse a cabo.

Es de precisar que la generalización apresurada que se hace de los hechos de violencia, a partir de cuatro casos documentados, a partir de un argumento que carece de soporte probatorio sobre las repercusiones de esa violencia, constituye una falacia, ya que por un lado, no se advierte de qué forma esta situación realmente incidió en cada una de las doscientas (200) asambleas distritales que debía realizar la organización accionante; y por otro lado, no hay explicación alguna que ponga en relieve la razón por la cual, la situación de violencia que se cita en la demanda, no constituyó un obstáculo para que siete organizaciones presentara su solicitud de registro.