(1)            La presente controversia tiene su origen en el procedimiento para seleccionar a las personas que ocuparán tres consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral[6] por el periodo de 2026-2035.

(2)            Para tal efecto se emitió una convocatoria, conforme a la cual se establecieron diversas etapas de evaluación para integrar las tres listas de cinco personas de las que se elegirá a las tres personas consejeras que duraran en su encargo nueve años.

(3)            En ese entendido, la actora controvierte el acuerdo por el que se da a conocer quienes pasaron a la cuarta fase (entrevista), por considerar que no hay claridad en los resultados de la tercera fase (idoneidad), por lo que considera que fue indebidamente excluida.

(4)            De lo narrado por la parte actora y de las constancias que obran en el expediente se advierten los hechos siguientes:

(5)            Convocatoria. El diecinueve de marzo, la Junta de Coordinación Política aprobó el Acuerdo por el que emitió la Convocatoria para la elección de tres personas que ocuparán las consejerías electorales del Consejo General del INE, además se estableció el procedimiento para la designación del CTE y se fijaron los criterios específicos de evaluación.

(6)            Integración del Comité. El veintiséis de marzo, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se integró el CTE.

(7)            Registro. En su oportunidad, la actora se registró como aspirante para ocupar una consejería del INE, en el cual se le asignó el folio 476.

(8)            Listado de aspirantes que cumplieron con requisitos constitucionales y legales. El cinco de abril se aprobó la lista definitiva de trescientas sesenta y nueve personas aspirantes que cumplieron los requisitos constitucionales y legales, y continuarían con la "Segunda fase: Evaluación de conocimientos" de la Convocatoria.

(9)            Examen de conocimientos. El seis de abril se aplicó el examen de conocimientos a los aspirantes en la Cámara de Diputados.

(10)        Resultados de examen de conocimientos. El nueve de abril, el CTE publicó el acuerdo por el que se dio a conocer los aspirantes que se encontraban dentro de los 50 % de los promedios más altos, atendiendo el principio de género.

(11)        Acto impugnado. El trece de abril, el CTE publicó la lista de las cien personas, atendiendo la paridad de género y los puntuajes más altos en la evaluación de idoneidad que avanzarán a la etapa de entrevistas.

(12)        Juicio de la ciudadanía. En contra de lo anterior, y de otros actos, el quince de abril, la actora promovió el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, vía juicio en línea.

(13)        Turno. En su momento se turnó el expediente a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[7]

(14)        Radicación, admisión y cierre. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el expediente ante la ponencia a su cargo, admitió la demanda y declaró cerrada la instrucción.

(15)        La Sala Superior es competente para conocer del presente medio de impugnación, porque se combaten acuerdos y actos del CTE de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, relacionados con el proceso de designación de consejerías electorales del Consejo General del INE.[8]

(16)        Esta Sala Superior considera que, si bien no se ha recibido la totalidad de las constancias del trámite del juicio de la ciudadanía, se cuenta con la información suficiente y necesaria para estar en condiciones de resolver.

(17)        Adicionalmente, es indispensable resolver de manera pronta, en términos de lo establecido en el artículo 17 constitucional, porque el asunto está relacionado con el proceso de designación de consejerías electorales del Consejo General del INE que se encuentra en curso. De ahí que resulte necesario dar certeza al procedimiento y a sus participantes, de manera pronta, lo cual justifica el dictado de la presente sentencia.[9]

(18)        El medio de impugnación cumple con los requisitos de procedencia de conformidad con lo siguiente:

(19)        Forma. La demanda cumple con el requisito de forma, porque se hace constar el nombre, la firma electrónica con evidencia criptográfica, se precisan los actos impugnados, la autoridad responsable, los hechos y los agravios.

(20)        Oportunidad. La presentación de la demanda es oportuna, porque el acto reclamado se emitió el día trece y la demanda se presentó el quince siguiente, esto es, dentro del plazo legal de cuatro días para impugnar.[10]

(21)        Legitimación e interés. Se tiene por acreditado el requisito porque la parte actora comparece por su propio derecho, quien aduce que los actos controvertidos afectan su esfera de derechos generando actos inconstitucionales e inconvencionales, así como modificando la convocatoria en forma arbitraria.

(22)        Definitividad. Se cumple con este requisito porque no procede algún otro medio de impugnación.

(23)        La controversia planteada está relacionada con el procedimiento en curso y mediante el cual se elegirán a tres personas que integrarán el Consejo General del INE como consejeras y consejeros electorales.

(24)        La actora se registró como aspirante a una consejería electoral. En su momento, la autoridad responsable le tuvo por acreditados los requisitos constitucionales y legales, por lo que fue convocada a la presentación del examen de conocimientos,[11] en el cual obtuvo una calificación de setenta y nueve puntos.

(25)        Posteriormente, el Comité emitió el acuerdo mediante el cual se aprobó la lista definitiva de personas que continuarían en la tercera fase, correspondiente a la evaluación de idoneidad, en la cual participó la promovente. Sin embargo, al publicarse los resultados de dicha evaluación, la promovente no fue considerada dentro de la lista de las más idóneas.

(26)        La actora se inconforma principalmente por haber sido excluida del proceso de selección de consejerías del INE de manera arbitraria y sin justificación. Señala que el Comité violó los principios de certeza, objetividad y máxima publicidad al no transparentar los criterios, puntajes ni metodología de evaluación. Asimismo, sostiene que el acuerdo carece de una debida motivación, ya que no se le explicó por qué fue excluida ni cuál fue su desempeño.

(27)        Considera que esto vulnera su derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad y la deja en estado de indefensión, impidiéndole ejercer su derecho de audiencia y acceso a la justicia. Finalmente, denuncia una afectación a su honor, dignidad y presunción de inocencia, debido a un señalamiento público e impreciso sobre el uso de inteligencia artificial, que dañó su reputación sin pruebas ni oportunidad de defensa.

(28)        La actora acude a esta Sala Superior a controvertir, destacadamente, el acuerdo de trece de abril en el que se aprobó la lista de las cien personas aspirantes que continuarían en la cuarta etapa de las entrevistas.

(29)        En ese sentido, corresponde a esta Sala revisar si fue conforme a derecho su exclusión del procedimiento para seleccionar a las personas que ocuparían las tres consejerías y, finalmente, si existieron las omisiones que la actora alude en su demanda.

(30)        Esta Sala Superior considera que se debe confirmar la exclusión de la actora, porque el acuerdo es acorde con los principios rectores de la materia electoral, se emitió de conformidad con lo previsto en la convocatoria y no vulnera los derechos al honor, dignidad y presunción de inocencia de la actora.

(31)        Por metodología, los agravios se analizarán por temáticas, sin que ello le genere algún perjuicio a la recurrente, pues lo relevante es que se estudien la totalidad de los motivos de inconformidad expuestos.11 

(32)        La actora aduce que el CTE incumple con los principios rectores de la materia electoral, porque el acuerdo impugnado no contiene los puntajes que obtuvo cada participante, no publicó los resultados de la evaluación de la exposición de motivos, el ensayo y el perfil de cada persona aspirante.

(33)        En ese mismo sentido, refiere que el Comité no publicó los criterios de evaluación previstos en la convocatoria, el método de ponderación, los puntajes mínimos de aprobación, ni la metodología para elegir a quienes pasarían a la etapa de entrevista, por lo que las reglas eran opacas e inasequibles, lo que le impidió conocer, anticipar y cumplir con los criterios.

(34)        En ese sentido, señala que la actuación del CTE fue con absoluta discrecionalidad, lo que considera es inconstitucional e incompatible con los principios rectores, además de convertir el proceso en un acto arbitrario.

(35)        Asimismo, la actora refiere que la omisión de hacer públicos los criterios de evaluación, así como las calificaciones obtenidas y las razones de inclusión y exclusión para la siguiente etapa, genera que el acuerdo carezca de motivación y se le privó de estar en posibilidades de controvertir el acuerdo y acceder a un cargo en condiciones de igualdad.

(36)        En consecuencia, señala que se le dio un trato desigual, ya que no tiene sentido que el año pasado cuando participó en la elección judicial, su perfil fue sometido a criterios igual de rigurosos por diversos comités de evaluación, fue evaluada como idónea e incluso fue seleccionada como candidata a una Sala Regional de este Tribunal Electoral. 

(37)        Esta Sala Superior considera que los agravios son infundados, por una parte, e inoperantes, por otra, como se explica a continuación.

(38)        En primer lugar, el procedimiento de selección de consejerías del INE dispone que serán electas por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a quien le corresponde emitir un acuerdo que contendrá:

i)                    La convocatoria pública;

ii)                  Las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables;

iii)                El proceso para la designación de un comité técnico que estará encargado de recibir la lista completa de los aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo y seleccionar a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, para la decisión del órgano legislativo mencionado.

(39)        En la convocatoria[12] se regula el procedimiento de elección mencionado, el cual se desarrolla en cuatro etapas:

-          Primera etapa. Registro de las personas Aspirantes. Contempla, en esencia, los requisitos y documentos que deben acreditarse y presentarse, el área encargada de la recepción de documentos, el micrositio generado para tal efecto y las fechas de inicio y conclusión para la presentación de documentación y, en su caso, para prevención ante la falta de documentos.

-          Segunda etapa. Evaluación de las personas aspirantes. Donde el Comité revisa que las personas que aspiran al cargo cumplan con los requisitos constitucionales y legales; evalúa los conocimientos a través de la aplicación de un examen, realiza una evaluación específica de idoneidad y, finalmente entrevista a las y los participantes.

-          Tercera etapa. Selección de las personas aspirantes. En esta fase, el Comité determina a las personas aspirantes que integrarán las listas que remitirán a la Junta de Coordinación Política.

-          Cuarta etapa. Elección. Con base en el listado proporcionado por el Comité, la JUCOPO acuerda la elección de las personas que se propondrán al Pleno de la Cámara de Diputaciones para la votación y elección, o bien, en caso de ser necesario, aplicación de los procedimientos de insaculación correspondientes.

(40)        Para el caso que interesa, la segunda etapa comprende cuatro fases:

-          Primera fase. Revisión de cumplimiento de requisitos constitucionales y legales: El cinco de abril el Comité publicará la lista definitiva de aspirantes, que cumplen los requisitos constitucionales y legales

-          Segunda fase: Evaluación de conocimientos: El examen se aplicará en las instalaciones de la Cámara de Diputados, el día seis de abril a las 10:00 horas (tiempo del Centro de México), en la Cámara de Diputados.

-          El listado definitivo de las personas aspirantes que continuarán a la tercera fase se publicará a más tardar el día nueve de abril.

-          Tercera fase: Evaluación específica de la idoneidad. Esta fase se realizará del diez al doce de abril.

-          Cuarta fase: Entrevista con las personas aspirantes. Una vez concluida la tercera fase, el Comité Técnico de Evaluación en pleno seleccionará a un máximo de 100 aspirantes con mejor calificación final, asegurando la paridad de género, para participar en entrevista.

-          La lista y el calendario de quienes serán entrevistados se dará a conocer el trece de abril.

(41)        Respecto a la tercera fase de la segunda etapa, en la convocatoria, se dispuso que los expedientes de cada participante serían revisados por al menos dos integrantes del CTE que sería asignados de forma aleatoria, en la evaluación de idoneidad se otorgaría distintos porcentajes a los documentos presentados por las personas participantes, a saber:  el curriculum vitae (40 %), exposición de motivos (30 %) y el ensayo (30 %).

(42)        Se previó que los criterios para valorar cada expediente serían: autonomía e independencia; trayectoria profesional; logros y participación en materia democrática; principios democráticos, de género y de inclusión; virtudes, valores y ética profesional; vocación para el servicio público; claridad y calidad en la expresión escrita; capacidad de argumentación y capacidad de detección de problemas y soluciones del Sistema Electoral.

(43)        Se estableció un sistema de desempate y se ordenó que el pleno del CTE conocería el resultado del ejercicio de evaluación, así como que cada integrante del mismo tendría acceso a todos los expedientes y que podrían revisarlos.

(44)        Una vez realizada la evaluación referida, el Comité debía seleccionar a un máximo de cien aspirantes con mejor calificación final, asegurando la paridad de género para la siguiente etapa (entrevista).

(45)        De lo anterior se advierte que, contrariamente a lo señalado por la actora, sí se estableció desde la convocatoria el porcentaje máximo que se podía obtener por el curriculum vitae, la exposición de motivos y el ensayo, así como los criterios a utilizar para evaluar la idoneidad.

(46)        De igual manera, se advierte que en el acuerdo en que se informaría de las personas que pasaron a la fase de entrevista, no se estableció la obligación de publicar el resultado de la evaluación realizada, sino que ello debía estar disponible para las personas integrantes del CTE.

(47)        En ese sentido, no se puede considerar que el Comité hubiera incumplido con el principio de legalidad, específicamente con motivar el acuerdo impugnado, ni tampoco vulnera alguno de los principios rectores de la función electoral, ya que actuó en estricto cumplimiento a lo establecido en la convocatoria.

(48)        Asimismo, es importante señalar que, si bien la convocatoria estableció diversos criterios para evaluar la idoneidad, no existe una fórmula matemática que establezca una equivalencia de puntos, por lo que se trata de parámetros o cuestiones discrecionales de quienes integran el CTE.

(49)        Al respecto, se ha reconocido la existencia de actos discrecionales, cuyo ejercicio supone, por sí mismo, una estimativa de la autoridad competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la institución a la que pertenece,[13] sin que esta facultad se considere inconstitucional o que vulnere derechos humanos.

(50)        En el caso, la decisión del CTE al evaluar la idoneidad de las personas participantes, si bien estaba regida por ciertos criterios, no existía una equivalencia numérica en su aplicación que permitiera registrar un puntaje sobre cada uno de los criterios establecidos en la convocatoria para evaluar la idoneidad.

(51)        En ese sentido, el Comité no estaba obligado a expresar de manera individualizada las razones por las que estimó ciertos perfiles idóneos en comparación con otros, pues la Convocatoria le reconoce un margen de apreciación técnica para efectuar esa selección dentro de los parámetros previamente definidos, respecto de los cuales, como ya se mencionó, no existe una equivalencia matemática, sino una facultad de apreciación técnica por parte de quienes lo integran.

(52)        De ahí que aun cuando la actora sostiene que no se precisaron expresamente los motivos por los que no se le consideró entre las personas con mayor puntaje en la evaluación de idoneidad, sus motivos de disenso no desvirtúan la premisa esencial de que el CTE realiza una apreciación comparativa de perfiles con base en los criterios previamente establecidos en la convocatoria, de ahí que su agravio sea inoperante.

(53)        De igual forma es inoperante su alegación respecto a que se vulneró su derecho de participar en igualdad de condiciones, debido a que en otro proceso sí fue considerada como idónea, ya que como la propia actora lo señala, se trató de otro proceso en el que se buscaba un perfil en específico que fuera acorde con la función judicial, mientras que en este caso, el perfil, aunque también en la materia electoral, es para integrar el máximo órgano de dirección del INE, de tal suerte que se trata de procesos distintos.

(54)        Aunado a lo anterior, en el caso se evaluó la exposición de motivos y el ensayo, los cuales forzosamente variaron, por lo cual no es posible extrapolar el resultado en un proceso de evaluación para otro.

(55)        La actora refiere que el CTE emitió un comunicado en el que informó que filtró los documentos presentados por las personas aspirantes para descartar que los hubieran elaborado con inteligencia artificial o hubieran plagiado su contenido; sin embargo, al no indicar quiénes cayeron en ese supuesto, genera la narrativa de que las personas excluidas como ella incurrieron en esa falta, lo que vulnera su honor, reputación e imagen pública, además de violar su presunción de inocencia e imponerle la carga de demostrar que no cometió esa falta.

(56)        Asimismo, no se le otorgó la garantía de audiencia para presentar pruebas en su defensa y se le evaluó con un criterio no previsto en la convocatoria.

(57)        El agravio es infundado, porque el comunicado a que se refiere, sólo informa a la ciudadanía la labor realizada por el CTE responsable para verificar si alguna persona aspirante plagió el contenido de los documentos que presentó o si utilizó para su elaboración inteligencia artificial, pero no señala que alguna persona participante hubiera incurrido en plagio.

(58)        En primer lugar, es importante señalar que es un hecho notorio[14] que, en la página de la Cámara de Diputados, existe un micrositio exclusivo para documentar el proceso de selección de las consejerías electorales, en el que se ha publicado diversa información relacionada con ese proceso, como lo son la convocatoria, los acuerdos y comunicados.

(59)        El trece de abril[15] se publicó un comunicado, en el que se informa que el CTE concluyó con los trabajos de la segunda etapa, y señala lo siguiente:

(60)        El comunicado anterior fue emitido en aras de maximizar la transparencia del proceso y, por ello, se informó a la ciudadanía y aspirantes que para revisar que la exposición de motivos y el ensayo presentados por cada participante fueran de su autoría, se auxiliaría de un filtro tecnológico, como se puede apreciar de la inserción anterior.

(61)        Si bien el uso del filtro tecnológico al que hace referencia el comunicado, no se estableció de manera expresa en la convocatoria, tampoco se trata de un elemento que vulnere algún derecho de las personas participantes, ya que se trata sólo del uso de una herramienta, para cumplir con el punto V de la tercera fase, en el que se señala que “la evaluación de la indoneidad se realizará conforme a las siguientes ponderaciones (…) exposición de motivos 30 %, ensayo 30 %”.

(62)        Con base en lo expuesto, se evidencia que el CTE tenía que evaluar tanto la exposición de motivos y el ensayo, para lo cual podía utilizar diversas herramientas. Por tanto, el uso del filtro tecnológico no vulnera derecho alguno de las personas participantes.

(63)        Por otro lado, se considera que la actora parte de una premisa errónea al considerar que el uso de las herramientas de evaluación implique que quienes no pasaron a la siguiente etapa fue debido a que plagiaron los documentos presentados. Inclusive, de la lectura del comunicado no se advierte el señalamiento de que alguna persona hubiera presentado un documento que no fuera de su autoría.

(64)        En otras palabras, no se puede derivar que haya existido plagio o uso de inteligencia artificial por alguna de las personas participantes, ya que en el comunicado tampoco se señala que el uso de la herramienta tecnológica sea el único criterio para evaluar la exposición de motivos y el ensayo.

(65)        Por ello, era innecesario que se le otorgara la garantía de audiencia a la actora, cuando no se le imputó de haber cometido falta alguna en los documentos que presentó.

(66)        En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los agravios expuestos por la actora, lo procedente es confirmar su exclusión en términos del acuerdo emitido por el Comité Técnico el trece de abril.

(67)        Formulo el presente voto particular, porque no comparto la decisión aprobada por la mayoría de esta Sala Superior de confirmar el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación[17] por el que dio a conocer la lista definitiva de cien personas aspirantes con los puntajes más altos en la evaluación de idoneidad, asegurando la paridad de género, que pasarán a la cuarta fase del proceso para ocupar consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral[18].

(68)        No estoy de acuerdo con la confirmación del acuerdo, porque considero, esencialmente, que la parte actora tiene razón en cuanto a que la determinación de la responsable no está debidamente justificada y que se vulnera el principio de máxima publicidad, ya que es insuficiente la sola mención de las personas que supuestamente fueron las mejores evaluadas, sino que tratándose del procedimiento para la elección de consejerías electorales del Consejo General del INE, el principio de legalidad requiere de un estándar más riguroso.

I.                    Contexto de la controversia

(69)        La actora, participante en el proceso de selección para ocupar tres consejerías electorales del Consejo General del INE, controvirtió el acuerdo emitido por el CTE el trece de abril de dos mil veintiséis, por el que dio a conocer la lista definitiva de cien personas aspirantes con los puntajes más altos en la evaluación de idoneidad, asegurando la paridad de género, que pasarán a la cuarta fase del proceso.

(70)        Planteó, esencialmente, que el acuerdo vulnera los principios de certeza, objetividad y máxima publicidad que rigen la materia electoral, ya que no contiene lo puntajes que obtuvieron cada una de las personas que pasaron a la siguiente etapa, aunado a que carece de la debida fundamentación y motivación, al no señalar la calificación obtenida por cada una de las personas aspirantes ni los indicadores o parámetros conforme a los cuales se analizaron los criterios.

(71)        En ese sentido, considera que la ausencia de parámetros otorgó al CTE un margen de discrecionalidad absoluta e inconstitucional, incompatible con los principios de certeza y objetividad que deben regir cualquier proceso de selección de cargos públicos de naturaleza electoral.

(72)        Asimismo, argumentó que el acuerdo impugnado vulnera su derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, violación a su garantía de audiencia y debido proceso, así como una vulneración al derecho al honor, a la dignidad y a la presunción de inocencia derivado de un señalamiento genérico sobre uso de inteligencia artificial por el CTE.

II.                  Decisión mayoritaria

(73)        La mayoría de este órgano jurisdiccional determinó confirmar el acuerdo impugnado, al considerar infundados e inoperantes los conceptos de agravio de la actora vinculados con la vulneración a los principios de certeza, objetividad y máxima publicidad que rigen la materia electoral, falta de fundamentación y motivación en el acuerdo.

(74)        Ello, al considerar que, contrario a lo señalado por la actora, sí se estableció desde la convocatoria el porcentaje máximo que se podía obtener por el currículum vitae, la exposición de motivos y el ensayo, así como los criterios a utilizar para evaluar la idoneidad.

(75)        Asimismo, se razonó que no se estableció la obligación de publicar el resultado de la evaluación realizada, sino que ello debía estar disponible para las personas integrantes del CTE.

(76)        En ese sentido, a juicio de la mayoría no se puede considerar que el CTE hubiera incumplido con el principio de legalidad, específicamente con motivar el acuerdo impugnado, ni tampoco vulnera alguno de los principios rectores de la función electoral, ya que actuó en estricto cumplimiento a lo establecido en la convocatoria.

(77)        De ahí que aun cuando la actora sostiene que no se precisaron expresamente los motivos por los que no se le consideró entre las personas con mayor puntaje en la evaluación de idoneidad, sus motivos de disenso no desvirtúan la premisa esencial de que el CTE realiza una apreciación comparativa de perfiles con base en los criterios previamente establecidos en la convocatoria.

(78)        Por estas razones, en esencia, la sentencia de la mayoría determinó confirmar el acuerdo impugnado.

III.                Razones del disenso

(79)        Me aparto de la decisión de confirmar el acuerdo impugnado porque considero que, contrario a lo señalado en la sentencia aprobada, tratándose del procedimiento para la elección de consejerías electorales del Consejo General del INE, el principio de legalidad requiere de un estándar más riguroso, ya que es necesaria una fundamentación y motivación que explique las razones de la decisión y las soporte conforme a los criterios predeterminados de evaluación y valoración de aspirantes, a fin de que la determinación no sea arbitraria.

(80)        La Sala Superior ha sustentado que, de conformidad con el principio de legalidad, todos los actos y resoluciones electorales deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución general y a las disposiciones legales aplicables. Por ello, los actos y las resoluciones de la materia deben cumplir con las exigencias de fundamentación y motivación, mismas que se consagran en los artículos 16 de la Constitución general y 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(81)        En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el deber de motivación es una de las “debidas garantías” previstas en el artículo 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el que se pretende salvaguardar el derecho a un debido proceso[19].

(82)        Sobre esta cuestión, es indispensable tomar en cuenta que el referido tribunal internacional ha declarado que “[l]as garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en el que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen [los] derechos [humanos], tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria” [20].

(83)        Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversos criterios en torno al alcance de este derecho fundamental, a saber:

      Que “en los procedimientos cuya naturaleza jurídica exija que la decisión sea emitida sin audiencia de la otra parte, la motivación y fundamentación deben demostrar que han sido ponderados todos los requisitos legales y demás elementos que justifican la concesión o la negativa de la medida”[24].

(84)        El proceso de designación de las personas que fungirán como consejeros electorales del Consejo General del INE es de interés público y de trascendencia desde la perspectiva constitucional, porque al determinar la integración de este órgano debe verificarse que se salvaguarden los principios rectores de la función electoral, consistentes en la certeza, la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la máxima publicidad y la objetividad, en términos de los artículos 41, fracción V, apartado A, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución general.

(85)        Conforme a lo dispuesto en la Constitución general, la Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un CTE[25].

(86)        Dicho Comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente a la Junta de Coordinación Política[26] de la Cámara de Diputados.

(87)        Así, de conformidad con lo establecido en la convocatoria para la elección de tres personas que ocuparán las consejerías electorales del Consejo General del INE[27], el procedimiento se desarrolla en cuatro etapas:

         Primera Etapa. Registro de las personas aspirantes. Contempla los requisitos y documentos que deben acreditar y presentar las personas aspirantes, el área encargada de la recepción de documentos, el micrositio generado para tal efecto y las fechas de inicio y conclusión para la presentación de documentación y, en su caso, para prevención ante la falta de documentos.

         Segunda etapa. Evaluación de las personas aspirantes. Establece que el CTE revisará que las personas que aspiran al cargo cumplan con los requisitos constitucionales y legales; evaluará los conocimientos a través de la aplicación de un examen, realizará una evaluación específica de idoneidad y, finalmente entrevistará a las y los participantes.

         Tercera etapa. Selección de las personas aspirantes. En esta fase, el CTE determinará, a partir de la evaluación realizada, a las personas aspirantes que integrarán las listas que remitirán a la JUCOPO.

         Cuarta etapa. Elección. Con base en el listado proporcionado por el Comité, se propondrá al Pleno de la Cámara de Diputaciones para la votación y elección, o bien, en caso de ser necesario, aplicación de los procedimientos de insaculación correspondientes.

(88)        Ahora bien, en lo relevante para el presente caso, la segunda etapa consta de cuatro fases: de revisión de cumplimiento de requisitos constitucionales y legales, conforme al análisis de la documentación presentada; evaluación de conocimientos, a través de la aplicación de un examen; evaluación específica de idoneidad y entrevista con las personas aspirantes.

(89)        De manera detallada, la convocatoria señala que, para la evaluación específica de idoneidad, cada uno de los expedientes de las personas aspirantes que hayan accedido a esta fase será revisado al menos por dos integrantes del CTE, se evaluará con un puntaje máximo de 100, a través de un promedio de las calificaciones individuales, y se realizará conforme a las siguientes ponderaciones:

(90)        Asimismo, se contempla que la valoración del expediente se realizará conforme a nueve criterios, que incluyen autonomía e independencia, trayectoria profesional, logros y participación en materia democrática, virtudes, valores y ética profesional, capacidad de argumentación, entre otros.

(91)        Con base en lo expuesto, el CTE tiene la atribución de verificar que los aspirantes registrados cumplan con los requisitos constitucionales y legales atinentes para poder ejercer el cargo, así como de evaluar sus conocimientos e idoneidad, a fin de proponer las correspondientes quintetas a la JUCOPO, con las cuales se hará la propuesta de designación por el Pleno de la Cámara de Diputados. 

(101)     Así, aunque el proceso de designación de los miembros de los órganos electorales no tiene la naturaleza de un proceso jurisdiccional, lo cierto es que la decisión mediante la cual se determina cuáles aspirantes pasan a una siguiente etapa de evaluación o a cuáles se les excluye, tiene una incidencia directa respecto al ejercicio del derecho político de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, que tiene sustento en los artículos 35, fracción VI, de la Constitución general[28]; 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[29]; y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[30].

(108)     Asimismo, que el CTE motive su decisión de manera completa y con la mayor transparencia, incentiva y promueve el mejor desempeño de las personas participantes en estos procesos públicos, en los que voluntariamente se someten a un ejercicio riguroso de evaluación técnica y escrutinio público.

(109)     De esta forma, considero que en la misma convocatoria se establecieron las pautas que la JUCOPO exigió como estándar de motivación del acto de selección de las personas que pasan a la fase de entrevista, ya que, de conformidad con lo establecido en la convocatoria, de manera específica, la fase para la evaluación de idoneidad, cada uno de los expedientes de las personas aspirantes que hayan accedido a esta fase será revisado al menos por dos integrantes del CTE, se evaluará con un puntaje máximo de 100, a través de un promedio de las calificaciones individuales, y se realizará conforme a las siguientes ponderaciones:

(110)     Asimismo, se especificó que la valoración del expediente se realizará conforme a nueve criterios, que incluyen autonomía e independencia, trayectoria profesional, logros y participación en materia democrática, virtudes, valores y ética profesional, capacidad de argumentación, entre otros.

(111)     Es decir, de las propias reglas dadas por la JUCOPO se extrae el deber de explicitar:

(112)     En conclusión, de acuerdo con el estándar precisado, y a diferencia de lo aprobado por la mayoría, estimo que, para considerar que se encuentra suficientemente motivada la decisión del CTE por el cual determina cuáles aspirantes continúan a la siguiente fase del procedimiento de designación, por ser las y los mejores evaluados, debe hacerse del conocimiento oportuno e integral de todos los participantes, el resultado de las evaluaciones, así como las razones y justificación de las calificaciones otorgadas, con la finalidad de que el procedimiento respectivo resulte transparente y se demuestre su autenticidad.

(113)     Finalmente, considero incorrecto el análisis realizado por la mayoría en relación con la vulneración al principio de máxima publicidad.

(118)     Tomando en cuenta lo expuesto, me aparto de la decisión mayoritaria, porque considero que este órgano jurisdiccional debió revocar el acuerdo impugnado, ya que, tratándose del procedimiento para la elección de consejerías electorales del Consejo General del INE, es necesaria una fundamentación y motivación que explique las razones de la decisión y las soporte conforme a los criterios predeterminados de evaluación y valoración de aspirantes, a fin de que la determinación no sea arbitraria.