JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

 

EXPEDIENTE: SUP-JDC-2569/2007

 

ACTORES: EPIFANIA QUIROGA PALACIOS y otros

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral Y OTRA.

 

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

SECRETARIO: GENARO ESCOBAR AMBRIZ

 

 

México, Distrito Federal, a veintiocho de diciembre de dos mil siete.

 

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-2569/2007, promovido por Epifania Quiroga Palacios y otros mil sesenta y siete impugnantes, por su propio derecho, en contra de la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral, a fin de impugnar el Decreto número siete de fecha once de diciembre de dos mil siete, la publicación del mismo en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de la mencionada entidad federativa, por el que se declara la validez de la elección de ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y

 

R E S U L T A N D O :

 

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se desprenden los siguientes antecedentes:

 

a). Procedimiento Electoral. El trece de enero de dos mil siete, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca dictó el acuerdo en que precisó los municipios que renovarían a sus concejales bajo el régimen de Derecho consuetudinario, entre los cuales, incluyó a Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón.

 

b). Asamblea General Comunitaria. El dieciocho de noviembre del año en curso, se celebró la Asamblea General Comunitaria para la renovación de concejales en el Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca.

 

c). Declaración de validez de las elecciones. El veintinueve de noviembre del año en curso, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, emitió el acuerdo en que declaró válidas las asambleas de elección de concejales a los ayuntamientos, celebradas bajo el régimen de Derecho Consuetudinario, en diversos municipios, entre ellos, Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón.

 

d). Calificación de la elección de consejales municipales. El once de diciembre del año en curso, la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral, emitió el Decreto número Siete, mediante el cual declaró constitucionales y ratifi la declaración de validez, entre otras, de la elección de concejales al ayuntamiento del mencionado municipio.

 

Tal dictamen fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el día quince de diciembre de dos mil siete.

 

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veinte de diciembre del este año, Epifania Quiroga Palacios y otros mil sesenta y siete ciudadanos, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar el Decreto número siete de fecha once de diciembre de dos mil siete, emitido por la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral; la publicación del mismo en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre del año en curso, emitido por el citado Consejo General por el que se declara la validez de la elección en el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón.

 

III. Recepción del expediente en Sala Superior. El veintiséis de diciembre de dos mil siete, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior se recibió la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con sus anexos, así como el informe circunstanciado, rendido por el Presidente de la Gran Comisión del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

 

IV. Turno. Mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil siete, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó integrar el expediente SUP-JDC-2569/2007 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

V. Radicación y requerimiento. Por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil siete, el Magistrado Instructor acordó la radicación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano indicado al rubro y, requirió a los promoventes, al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, por conducto del Magistrado Presidente así como, a los Presidentes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de la Gran Comisión del Honorable Congreso, ambos del Estado de Oaxaca, remitieran diversa documentación a fin de lograr la debida integración del expediente respectivo.

 

VI. Admisión de demanda y cumplimiento. En proveído de veintisiete de diciembre de dos mil siete, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda del juicio de referencia y tuvo por cumplido el requerimiento realizado a los Presidentes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de la Gran Comisión del Honorable Congreso, ambos del Estado de Oaxaca.

 

VII. Cumplimiento y cierre de instrucción. Por acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil siete, se tuvo por cumplido el requerimiento que se efectúo tanto a los promoventes como al Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y, por no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución, ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia.

 

C O N S I D E R A N D O :

 

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el juicio identificado al rubro, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 79 y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el cual se plantea la conculcación del derecho de votar y ser votado.

 

SEGUNDO. Causal de improcedencia advertida por esta Sala Superior. Esta Sala Superior advierte que con relación a Ofelia Ortega Flores, Fernando Palacios Cházares, Felipe Palacios Cházares, Ignacio Palacios García, Francisca Carrera Barbosa, Javier Carrera Álvarez, Elvira Varela Zárate, Moisés Romero Estrada, José Cortés, José Gómez Pérez y Catarina Cházares Cabanzo, se actualiza la prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso g), y párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que, en la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano bajo estudio, se incumple el requisito de hacer constar la firma autógrafa de los enjuiciantes o en su caso, estampar su huella digital.

De acuerdo con lo dispuesto por el mencionado artículo 9, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación, incluido, evidentemente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se deben presentar por escrito y cumplir, entre otros requisitos, con el de hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.

A su vez, en el párrafo 3 del mismo precepto legal se ordena que, cuando el medio de impugnación incumpla alguno de los requisitos previstos en el citado inciso g) del párrafo 1 de tal artículo 9, se debe desechar de plano, en relación con lo anterior el artículo 11, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé que cuando se haya admitido el medio de impugnación y sobrevenga una causa de improcedencia, procederá el sobreseimiento.

En el caso en estudio, como se observa de manera notoria e indubitable el escrito inicial de demanda no se encuentra firmado, ni tampoco está estampado algún otro signo quede autencidad al escrito, por los demandantes Ofelia Ortega Flores, Fernando Palacios Cházares, Felipe Palacios Cházares, Ignacio Palacios García, Francisca Carrera Barbosa, Javier Carrera Álvarez, Elvira Varela Zárate, Moisés Romero Estrada, José Cortés, José Gómez Pérez y Catarina Cházares Cabanzo.

En consecuencia, esta Sala Superior considera que, con referencia a los citados promoventes, se actualiza la inobservancia del invocado requisito legal de procedibilidad que deben reunir los medios de impugnación, consistente, como se precisó en líneas anteriores, en que en el escrito, a través del cual promuevan se debe hacer constar la firma autógrafa del accionante, o en su caso, cualquier otro signo.

 

Como lo ha resuelto este órgano jurisdiccional federal, un presupuesto procesal de los medios de impugnación consiste en la prueba del acto jurídico unilateral con el cual se acredita el ejercicio del derecho de acción impugnativa electoral.

 

La firma autógrafa del actor en la demanda es, por regla, la forma apta para acreditar este requisito, porque el triple objeto de la firma autógrafa consiste en identificar a quien emite o suscribe un documento; en vincular al autor con el hecho jurídico lato sensu contenido en el documento y, en dar autenticidad al escrito respectivo.

 

Por tanto, la falta de firma autógrafa o de cualquier otro signo que de autenticidad al escrito de demanda respectivo, como puede ser la huella digital, genera la duda de la existencia del acto jurídico unilateral a través del cual se ejerce el derecho de acción, situación que determina la ausencia de un presupuesto necesario para constituir la correspondiente relación jurídica procesal.

 

Conforme con lo anterior, es evidente que en este particular se concreta la causal de notoria improcedencia y consecuente desechamiento de plano de la respectiva demanda, prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso g), y párrafo 3, relacionado con el 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que respecta a Ofelia Ortega Flores, Fernando Palacios Cházares, Felipe Palacios Cházares, Ignacio Palacios García, Francisca Carrera Barbosa, Javier Carrera Álvarez, Elvira Varela Zárate, Moisés Romero Estrada, José Cortés, José Gómez Pérez y Catarina Cházares Cabanzo, en virtud de que, como se ha analizado, no se hizo constar su firma autógrafa o huella digital en el escrito de demanda respectivo, motivo por el cual se debe sobreseer la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, única y exclusivamente respecto de los citados ciudadanos.

TERCERO. Causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable. El Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Oaxaca, al rendir su informe circunstanciado aduce que la demanda debe ser desechada de plano, porque se actualizan las causales de improcedencia consienten en:

Falta de legitimación. Los demandantes no acreditan ser originarios ni vecinos del Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, por lo que en términos del artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, desde la perspectiva de la autoridad responsable carecen de legitimación para promover el medio de impugnación que se resuelve.

 

A juicio de esta Sala Superior la alegación resulta infundada.

 

Conforme, al artículo 2, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la conciencia de la identidad indígena debe ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones indígenas.

 

Por lo que, basta que un ciudadano viva o conviva en alguna comunidad que se rija por usos y costumbres para estimar que tiene la calidad de indígena.

 

En el caso, la presunción antes referida opera por lo que hace a los promoventes de este medio de impugnación, ya que, promueven como ciudadanos que habitan en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, para impugnar la elección de ayuntamiento por el régimen de Derecho Consuetudinario, por lo que si la autoridad responsable controvierte la calidad de los demandantes, es evidente que le corresponde la carga de desvirtuar la citada presunción, circunstancia que, en la especie, no acontece puesto que de las constancias que obran en el expediente indicado al rubro, no se advierte elemento de prueba que permita arribar a la conclusión de que los ahora accionantes no sean ciudadanos.

 

Aunado a que, al ser una elección que se rige por el Derecho Consuetudinario, no es indispensable que los promoventes demuestren ser habitantes de una determinada comunidad, ya que ello deriva de la vivencia y convivencia en la población, y no se requiere de otros elementos de prueba para comprobarlo; de ahí lo infundado del alegato que se examina.

 

– El medio de impugnación no se promovió de forma individual. En primer lugar, se aduce como causal de improcedencia el hecho de que los hoy actores promovieron este juicio para la protección de los derechos político-electorales en forma conjunta, y no en forma individual, lo anterior, en contravención a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

A juicio de esta Sala Superior, es infundada la causal de improcedencia, en virtud de lo siguiente:

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el requisito de procedibilidad relativo a que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual haga valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, se refiere a que el ciudadano, no podrá promover juicio mediante representante o mandatario, es decir, no se admite en el mismo, representación, mandato o gestión de negocios alguna, por lo que la promoción se debe hacer directamente por el ciudadano que se ve afectado en sus derechos político-electorales.

 

En el caso que se analiza, el hecho de que los demandantes promuevan este juicio en un solo escrito de demanda, de manera alguna actualiza la causal de improcedencia invocada por el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Oaxaca, ya que los ciudadanos promoventes, comparecen por sí mismos y por su propio derecho, sólo que aduciendo exactamente los mismos motivos de inconformidad, por lo que, atendiendo a una posible economía procesal prefirieron suscribir el mismo escrito de demanda, en lugar de presentar mil sesenta y nueve escritos con agravios idénticos, razón por la cual se debe concluir que, los hoy incoantes –coincidiendo en los términos del escrito de demanda- promueven este juicio de manera individual, por sí mismos y no mediante terceros que se ostenten como representantes, autorizados, apoderados o mandatarios de éstos, lo que se corrobora al final del escrito de demanda con la firma de los promoventes, colmando con ello el requisito que se análisis.

 

Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 04/2005, emitida por esta Sala Superior, publicada en las páginas ciento cincuenta y ocho a ciento cincuenta y nueve de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Volumen Jurisprudencia, que literalmente señala:

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES PROCEDENTE CUANDO DIVERSOS ACTORES RECLAMEN SENDAS PRETENSIONES EN UNA MISMA DEMANDA. Del contenido de los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se advierte que la exigencia relativa a que los ciudadanos promuevan el juicio de protección de los derechos político-electorales por sí mismos, determina que los actores no pueden ejercer la acción a través de un representante, apoderado, autorizado o personero en general, sino que lo tienen que hacer de manera personalísima, suscribiendo la demanda de propia mano, con su firma, así como las demás promociones que presenten en el juicio, actuando directamente en las diligencias a que puedan o deban comparecer durante el procedimiento; en tanto que la expresión en forma individual significa que los derechos político-electorales que defiendan, sean los que les corresponden como personas físicas en calidad de ciudadanos, y no los de entidades jurídicas colectivas de cualquier índole, de las que formen parte. Por tanto, ninguna de esas expresiones excluye la posibilidad de la acumulación de pretensiones individuales en una misma demanda, esto es, que diversos ciudadanos inicien un juicio mediante la suscripción de un solo escrito inicial, con sendas pretensiones de ser restituidos singularmente en el propio derecho individual, ya que en esta hipótesis, cada uno de los actores es un ciudadano mexicano, que promueve por sí mismo, dado que nadie lo representa, y lo hacen en forma individual, en cuanto defienden su propio derecho, como personas físicas en calidad de ciudadanos, y no los derechos de personas jurídicas o corporaciones de las que formen parte.

 

 – No existe violación a derechos político-electorales. Manifiesta la autoridad responsable que el acto controvertido no afecta ninguno de los derechos político-electorales tutelados en el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que el juicio al rubro indicado, resulta improcedente.

 

Esta Sala Superior considera que la alegación hecha valer por la responsable es infundada, en razón de que, en conformidad con el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, sin que sea necesaria la actualización de uno de los supuestos del artículo 80, párrafo 1, del citado ordenamiento.

 

Acorde con lo anterior, y en conformidad con la tesis de jurisprudencia S3ELJ02/2000, emitida por esta Sala Superior, consultable en la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen “Jurisprudencia”, visible en las páginas ciento sesenta y seis a ciento sesenta y ocho, con el rubro:JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA”, para la procedencia del juicio se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual, y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

 

Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación, ya que en párrafos precedentes fueron motivo de análisis. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal y tiene como objeto determinar la procedibilidad del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos político mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía.

 

Así, en el juicio que se analiza, los demandantes aducen que se viola su derecho político-electoral de votar y ser votados, establecido en el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, aducen los impetrantes, debido a diversos actos de intimación ocurridos durante el procedimiento de elección de concejales del Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, se les impidió votar y ser tomados en cuenta como aspirantes a concejales.

 

 De lo anterior, resulta incuestionable que en el juicio al rubro citado, se surte el requisito de procedibilidad bajo estudio, en tanto que, los enjuiciantes argumentan hechos que pueden constituir una violación sus derechos político-electores de votar y ser votados, cuestión diferente es el que los conceptos de agravios sean fundados o no, ya que ello se deriva del estudio de fondo.

 

– Presentación extemporánea de la demanda. La autoridad responsable, señala que la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado, fue presentada fuera del plazo legal establecido en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo cual se debe desechar de plano la demanda.

 

A juicio de esta Sala Superior, es infundada la causal de improcedencia bajo análisis, por lo siguiente:

 

Del examen del escrito de demanda de los accionantes y del informe circunstanciado rendido por la responsable, se advierte que el acto reclamado es el Decreto Número Siete, de fecha once de diciembre de dos mil siete, publicado el día quince de diciembre en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en tanto que la demanda fue presenta el día veinte de diciembre del año en curso.

 

El artículo 275 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca establece que:

 

Artículo 275.- No requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación, los actos o resoluciones que se hagan públicos a través del Periódico Oficial o de los diarios o periódicos de circulación estatal o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto y del Tribunal, o en los lugares públicos, en los términos de este Código.

 

De lo anterior se desprende que el acto reclamado fue publicado el día quince de diciembre de este año, pero surtió sus efectos, el inmediato día dieciséis, por lo que el plazo de cuatro días para presentar la demanda respectiva, transcurrió del diecisiete al veinte de diciembre del año en curso, por lo que, si la demanda se presentó el veinte de diciembre del año en curso ante la autoridad responsable, es incuestionable que la promoción del juicio al rubro citado, fue oportuna.

 

En tal virtud, se debe considerar que la promoción del medio de impugnación fue presentada en tiempo, en términos de lo establecido en el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

CUARTO. Agravios. En el capítulo de agravios de su escrito de demanda, los demandantes señalan los siguientes agravios:

 

PRIMERO.- La validación de las situaciones anómalas en la referida asamblea, entre ellas, la violación a nuestros derechos políticos-electorales de votar y ser votados y la votación a favor de la supuesta planilla ganadora, viola en nuestro perjuicio lo dispuesto por los artículos 35, Fracción II, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el 25 y 113, Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

En virtud de que violan nuestros derechos de votar y ser votados, ya que no nos permitieron votar ni ser considerados para aspirar a los cargos de los concejales del ayuntamiento de nuestra comunidad, excluyéndonos sin razón alguna ni mandato de autoridad competente de la votación, tal y como se ha argumentado y demostrado en el capítulo de hechos del presente recurso.

SEGUNDO.- Asimismo, los actos que impugnamos violan flagrantemente nuestros derechos, Político-Electorales. La anterior interpretación es el resultado de lo que dispone el artículo 2° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que establece: “Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta Ley, las normas se interpretaran conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; a falta de disposición expresa, se aplicarán los Principios Generales del Derecho”.

Por lo anterior, resulta evidente la violación por parte de la autoridad responsable a nuestros Derecho Político-Electorales de votar y acceder a dichos cargos de nuestra comunidad, pues no nos toma en cuenta en nuestra calidad específica de ciudadano.

 

De la lectura íntegra del escrito de demanda se desprende que los enjuiciantes en el capítulo de hechos formulan manifestaciones que se pueden considerar como agravios, de modo que, atendiendo a la jurisprudencia J.2/98, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas veintidós a veintitrés, de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo “Jurisprudencia”, con el rubro: AGRAVIOS, PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, en el sentido de que tal ocurso constituye una unidad indisoluble, es decir, un todo, en virtud de lo cual, se debe estudiar la totalidad de argumentos expuestos por los incoantes, con objeto de advertir los conceptos de agravio que les causan los actos controvertidos, se transcriben: 

 

1.- El día 18 de noviembre del 2007, se convocaron para las elecciones a elegir concejales 2008-2010.

Las autoridades municipales como es costumbre llamaron con un día de anticipación mediante la concha y el aparato de sonido a los ciudadanos del municipio de la cabecera y de las agencias municipales para participar en la elección de concejales 2008-02010, convocándose en la cancha de usos múltiples de la cabecera municipal, el domingo por la mañana un grupo de personas encabezadas por los Señores HECTOR ARTURO y SILVERIO de apellidos GALLARDO BETANZOS, organizados con un grupo de chavos-bandas intimidaron a la población cerrando los principales accesos de la misma para obligar a los ciudadanos a concentrase en una bodega de la Unión de comunidades Campesinas Marginadas (UCOCAM, A.C.) donde desde muy temprano se prepararon alimentos y despensas para coaccionar su voto, a las 12 p.m. después de la misa dominical del día 18 de Noviembre, las autoridades se instalaron para iniciar la elección multicitada, en ese momento un contingente de campesinos que salieron de dicha bodega se encaminaron a la cancha citada donde fueron instalados en un de los extremos de la cancha siempre custodiados por este grupo vándalos ELADIO ROSETE GUERRERO, FLOREN CIA ROMERO, EUGENIO ROMERO, BRAUKLIO CERQUEDA, JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ, ARMANDO MARTÍNEZ y sujetos que no son de la población y que por lo mismo no los identificamos por sus nombres, entre ellos se encontraban niños y Ciudadanos del municipio de Santa María Chilchotla, este grupo impulsado por los hermanos GALLARDIO BETANZOS, exigieron de inmediato la instalación de la asamblea sin que se permitiera a los ancianos participar, como es costumbre en el inicio de cada asamblea por el ritmo que impusieron a la asamblea no se permitió el pase de lista y de inmediato de procedió a la instalación de la mesa de los debates, desde un principio se notó que más de 20 personas con disposición a la violencia acordonaron a este contingente haciéndole señas levantando la mano para votar o cuando no votar obligándolos de esta manera, más tarde en la elección para presidente municipal este grupo que nunca permitió un conteo transparente, pues iban una y otra vez inflando los números de las filas que impusieron finalmente a su candidato, es este punto, el resto de los Ciudadanos estuvieron en desacuerdo y con el fin de evitar el desprendimiento de la violencia, las autoridades municipales actuales, invitaron a formar una comisión para acordar un cabildo integrado de tres grupos que participaron, como se mencionó el grupo ganador para Presidente Municipal nunca aceptó la petición del resto de los ciudadanos por lo que, el presidente de la mesa decidió por si mismo una planilla que este grupo ya tenía preparada y la sometió a votación, declarándola ganadora por mayoría, se hace notar que nunca los escrutadores realizaron su cometido y no se llevó la votación de la elección de cada unos de los concejales, en virtud de la imposición de esta planilla, por lo que acta de asamblea no refleja el número de votos que haya ganado cada uno de los concejales electos de la misma planilla. En seguida de igual manera en la misma acta no se registró ni el número de votos de la llamada mayoría ni el número de votos de los inconformes de esta planilla, de esta manera se demuestra claramente la imposición al no considerar los derechos ciudadanos de nosotros los que acudimos a esta autoridad electoral.

Cabe hacer notar que mediante fax, de fecha 16 de noviembre (Se anexa documento) se envió al IEE un comunicado y que mediante llamada telefónica el presidente Municipal invito a la Institución (Dirección de usos y Costumbres del propio IEE) para que enviara un funcionario que diera fe y legalidad del acto, pero nunca se presentó, por razones desconocidas o mejor dicho por permitir que las cosas se hicieran a modo, de igual forma el delegado de gobierno, como siempre lo ha hecho, no se presentó a pesar de haber sido convocado a diferencia de otros municipios donde sí estuvo presente, incluso, presidiendo la segunda vuelta en el municipio de Santa María la Asunción, de igual manera se envió un documento al ING. JOAQUÍN RODRÍGUEZ PALACIOS, Subsecretario de Gobierno, solicitándole para que la DGSP, Policía preventiva, hiciera acto de presencia y resguardar dicha asamblea.

Incluso no firmó el presidente municipal constitucional el acta correspondiente.

Se hace constar, que posterior a la supuesta elección, con fechas 20 y 27 de noviembre se enviaron escritos de inconformidad dirigidos al C. JOSÉ LUIS ECHEVERRÍA MORALES, Consejero Presidente del IEE en el estado, mismos que acompañamos al presente memorial como anexos uno y dos.

2.- De lo anterior, se advierten múltiples irregularidades al procedimiento acostumbrado según nuestras prácticas democráticas, pues en la supuesta acta de elección de referencia no aparece el pase de lista de los asistentes a la asamblea ni se asienta con claridad el procedimiento realizado para integrar la mesa de debates, así como tampoco se anexan las firmas de las personas que asistimos a dicha asamblea y, por tanto, no se acredita en forma alguna las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren plenamente la legalidad y legitimidad según nuestras costumbres de esa elección que hoy impugnamos, ni la autenticidad de la votación que supuestamente se obtuvo, pero sí en cambio se demuestra, fehaciente e indubitablemente, que la asamblea que hoy impugnamos no cumple con los procedimientos y prácticas democráticas de nuestra comunidad, pues no satisface en forma alguna con los requisitos establecidos en el libro cuarto, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

 

QUINTO. Estudio de fondo. De forma previa al estudio de los agravios, es menester precisar lo siguiente:

 

La interpretación sistemática y funcional de los artículos 2, apartado A, fracción VIII, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2, 4, apartado 1 y 12 del Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, y 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, permite a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a concluir que, en la resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por los indígenas a fin de hacer efectivos sus derechos de sufragio (pasivo o activo) y, consecuentemente, de los derechos reconocidos constitucionalmente a los pueblos y comunidades a las que pertenecen para el ejercicio de sus formas propias de gobierno en el marco del Ayuntamiento, conforme sus tradiciones y normas internas, no sólo se debe suplir la deficiencia en la queja en los términos del artículo 23, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino que, como medida tuitiva especial, igualmente se debe suplir cualquier tipo de insuficiencia advertida por el juzgador en el escrito de demanda, de tal suerte que se pueda apreciar, con base en las constancias existentes en autos o las que en su caso sean requeridas, el acto que realmente cause un perjuicio a la parte demandada, aun cuando ese acto no haya sido impugnado en forma explícita, y por obrar en consecuencia, sin más limitación que el respeto a los principios de congruencia y de contradicción, esto es, sin apartarse de la violación a los derechos político-electorales tutelados a través de esta clase de juicios y siempre dando oportunidad de defensa al órgano o autoridad que aparezca en realidad como responsable de la lesión jurídica advertida.

 

Ello es así, porque una suplencia amplia como la que se propone permite al juzgador examinar de manera integral y congruente los motivos de inconformidad planteados inicialmente, aun cuando existan omisiones, defectos, confusiones o limitaciones en su exposición, así como también allegar elementos de convicción al expediente que puedan acreditar la violación a los derechos político-electorales del ciudadano, incluso si no fueron ofrecidos, extremos que, evidentemente, corrigen las omisiones o deficiencias en que hubieren incurrido los promoventes, que responden en buena medida a la precaria situación económica,  social y cultural en que están los indígenas en nuestro país. Asimismo, mediante la maximización de la suplencia es posible tomar en consideración, para la fijación de la controversia y su resolución, las características propias de la comunidad o pueblo indígena y sus especificidades culturales, que evidentemente los diferencian del resto de la ciudadanía.

 

Este criterio encuentra apoyo en la tesis relevante IX/2007, sustentada por esta Sala Superior, consultable en la página electrónica de este Tribunal Electoral: http://www.trife.org.mx/siscon/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm, que literalmente señala:

 

COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA TOTAL EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES. La interpretación sistemática y funcional de los artículos 2, apartado A, fracción VIII, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1, y 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conduce a sostener que en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por integrantes de comunidades o pueblos indígenas en los que se plantee la infracción a las prerrogativas ciudadanas tuteladas por este medio de control constitucional, el menoscabo o enervación de la autonomía política con que cuentan dichos pueblos y comunidades para elegir sus autoridades o representantes conforme sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral está en aptitud no sólo de suplir la deficiencia en los motivos de inconformidad o agravios en términos del artículo 23, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino de corregir cualquier tipo de defecto o insuficiencia del escrito de demanda (incluso determinar el acto que realmente causa agravio a la actora) sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y de contradicción inherentes a todo proceso jurisdiccional, en tanto se considera que semejante medida es consecuente con los postulados constitucionales que reconocen los derechos de estas colectividades y sus integrantes. Lo anterior es así, porque el derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva prevista en el artículo 17 Constitucional, tiene como presupuesto necesario el acceso a los tribunales de justicia con la ausencia de obstáculos económicos y técnicos para todos los ciudadanos. En razón de lo anterior, y aun cuando no existiera la reglamentación específica en materia electoral para las impugnaciones promovidas por los miembros de las citadas colectividades, resulta necesaria su resolución tomando en cuenta otras disposiciones como son, los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, y las leyes federales secundarias que se traducen en los mecanismos que respondan a dicha finalidad. En este sentido, cabe señalar que el alcance de la suplencia deficiente, entraña un espíritu garantista y por tanto antiformalista, tendente a equilibrar las desventajas procesales en que se encuentran los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, con motivo de circunstancias culturales, económicas y sociales desfavorables.

 

De acuerdo con lo anterior, en la especie, esta Sala Superior, al resolver el juicio en que se actúa, tomará en consideración la revisión total y exhaustiva de las diversas etapas del procedimiento electoral llevado a cabo para renovar las autoridades municipales del Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, bajo las normas de Derecho Consuetudinario, a fin de determinar la legalidad y constitucionalidad de los actos de las autoridades impugnados por los incoantes.

 

En primer lugar, se debe examinar la instrumentación seguida por el Instituto Estatal Electoral en Oaxaca, en la controversia surgida para la renovación del ayuntamiento del citado municipio.

 

Los demandantes exponen que mediante escritos de fechas veinte y veintisiete de noviembre de dos mil siete, que denominaron “inconformidad”, dirigidos al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de la mencionada entidad federativa, pusieron de manifiesto las irregularidades acontecidas el día de la asamblea comunitaria que impidieron que los accionantes fueran votados en la asamblea o ejercieran su derecho de votar, sin que el citado órgano electoral administrativo haya realizado alguna manifestación o agotara previamente todos los mecanismos necesarios para que se llevara a cabo una avenencia entre los habitantes del municipio, lo cual violó el procedimiento acostumbrado en sus practicas democráticas.

 

El concepto de agravio antes enunciado es fundado y suficiente para ordenar reponer el procedimiento seguido en la controversia relativa a la elección de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca.

 

En efecto, del análisis de las constancias que obran en el expediente, se observa que no obstante que el Presidente Municipal, los regidores de obras, educación, salud y hacienda, dirigieron dos escritos de fechas veinte y veintisiete de noviembre de dos mil siete, que denominaron “inconformidad” al Presidente del Instituto Estatal Electoral en Oaxaca, a fin de hacerle saber las diversas irregularidades que acontecieron el día dieciocho de noviembre de dos mil siete, fecha en que se celebró la asamblea comunitaria para elegir al ayuntamiento, y que les impidió participar en forma activa en la elección de esa municipalidad, la autoridad electoral administrativa ni siquiera en el acuerdo de fecha de veintinueve de noviembre de este año, por el que se declaró la validez de las elecciones celebradas en diversos municipios del Estado de Oaxaca, que electoralmente se rigen bajo normas de Derecho Consuetudinario, se pronunció al respecto.

 

Para ilustrar sobre la magnitud que implica la omisión o abstención en que incurrió el Instituto Estatal Electoral es conveniente tomar en cuenta lo siguiente:

 

Los principios de objetividad, certeza, legalidad y profesionalismo que rigen el universo de la materia electoral, imponen sobre la autoridad responsable una carga o imperativo que no admitía excusa alguna para eludir su observancia.

 

La necesidad de desahogar una etapa conciliatoria,  previa a cualquier resolución, constituye una obligación instrumental que tiene por objeto, dar vigencia a la prescripción constitucional de todo Estado democrático, la cual se centra en la necesidad de renovación periódica de los órganos de elección popular, a través del sufragio, en términos de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo primero, y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El postulado antes mencionado es reiterado en la normativa del Estado de Oaxaca, al preverse que:

 

a) El Estado adopta la forma de gobierno republicano, para su régimen interior.

 

b) Los ayuntamientos son asambleas electas mediante sufragio, y

 

c) Los concejales que los integren duran en su encargo tres años, incluidos los electos por el sistema de usos y costumbres, ya que, aunque desempeñarán el cargo durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas determinen, tal nombramiento no podrá exceder de tres años (artículos 29, párrafo primero, y 98, párrafos primero y tercero, de la Constitución local, y 3, 17, 20, 22, 23, 24 y 124 del código electoral local).

 

El Instituto Estatal Electoral es un ente que goza de autonomía técnica y operativa, pero al estar integrado al poder público, sólo puede hacer lo que la ley le autoriza, e inevitablemente, debe proceder como le ordena la ley, en términos de lo prescrito en los artículos 16, párrafo primero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, y 2° de la Constitución local.

 

Constitucionalmente se ha establecido que, a través de la ley, se protegerá y promoverá el desarrollo de los usos y costumbres, así como las formas específicas de organización social de los pueblos indígenas (artículo 2, párrafo tercero de la Constitución Federal).

 

En el ámbito normativo de la competencia del constituyente del Estado de Oaxaca –artículos 16, párrafo segundo; 25, párrafo decimoquinto, y 29, párrafo segundo–, se ha aceptado y determinado que el legislador local está obligado a establecer las normas, medidas y procedimientos que promuevan el desarrollo de las formas específicas de organización social de las comunidades indígenas, y proteger las tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indígenas, las cuales hasta ahora se han utilizado para la elección de sus Ayuntamientos, por tanto, no se puede tener como ajustado a la Constitución Federal ni a la Constitución local, el proceder del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, que no ha dispuesto ni provisto lo suficiente, razonable y necesario para dar vigencia al derecho político-electoral de todas las comunidades que integran el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, para elegir a los concejales al ayuntamiento municipal respectivo, de acuerdo con sus usos y costumbres.

 

La autoridad administrativa electoral, es en quien se delega la función estatal de organizar y desarrollar los actos de interés público relativos a las elecciones y que agrupa para su desempeño, en forma integral y directa, las facultades relativas a la preparación de la jornada electoral, la realización de cómputos y el otorgamiento de constancias, entre otras, en términos de lo prescrito en los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y 25, de la Constitución local.

 

Lo anterior es así, sin perjuicio de que, en el artículo 115 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, se establece que a las autoridades competentes del municipio encargadas de la renovación de los ayuntamientos en la comunidad, les corresponde informar oportunamente y por escrito al Instituto Estatal Electoral de la fecha, hora y lugar de la celebración del acto de renovación de concejales del ayuntamiento.

 

Tal obligación que impone la normativa electoral a las autoridades competentes no solamente se circunscribe a la de comunicar al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, cuando tendrá verificativo la asamblea comunitaria donde elegirán a los miembros de ayuntamiento, sino que también esta encaminada a que esa autoridad informe si en la elección sucedieron hechos irregulares que impidieron el libre ejercicio del derecho político-electoral de votar y ser votado.

 

Ahora bien, el Instituto Estatal Electoral, en ejercicio de las facultades que le concede la Constitución local y el Código Electoral, entre otros, tiene: a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; b) Asegurar a los ciudadanos del ejercicio de los derechos político-electorales, y c) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los ayuntamientos, como se prescribe en el artículo 58, párrafo 1, incisos a), d) y e), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, por lo que pesa una mayor exigencia sobre ese órgano electoral y de esa manera, no es admisible actitud alguna que implique el desconocimiento o desatención al respeto de tales derechos.

 

En el caso, el Instituto Estatal Electoral debió realizar una conciliación entre las partes en conflicto, y en caso de ser necesario efectuar consultas a la comunidad, porque entre sus atribuciones, tiene la de conocer y resolver los casos de controversias que surjan respecto de la renovación de ayuntamientos bajo las normas de derecho consuetudinario (en términos de lo preceptuado en el artículo 125 del código de la materia).

 

Es decir, la mencionada autoridad electoral tuvo que haber dispuesto lo necesario, suficiente y razonable, a fin de que, de acuerdo con las tradiciones y prácticas democráticas de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, se diera plena vigencia al derecho de votar  y ser votados de todos los ciudadanos que la integran.

 

Así, resulta claro que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca debió hacer un uso pertinente y constante de las atribuciones que a su cargo prevén el artículo 125 del código electoral local y, atendiendo a las finalidades de que se establecen en el numeral 58 de ese mismo ordenamiento jurídico, por lo que tuvo que efectuar consultas en la comunidad, y en caso de ser necesario, convocar a las partes para alcanzar una conciliación entre los integrantes de las agencias municipales, núcleos y de la cabecera municipal y, en todo caso, si persistían los puntos de disenso entre los mismos, realizar una consulta a la comunidad y, en su oportunidad, que el propio Consejo General resolviera lo conducente.

 

De ahí que, esta Sala Superior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Federal, debe reparar el orden constitucional violado en esos casos determinados y restituir a los promoventes en el uso y goce del derecho político-electoral violado, con independencia de los actos o resoluciones que se deban ordenar, modificar, revocar o dejar sin efectos, como consecuencia de la sentencia y en plenitud de jurisdicción a fin de garantizar, en términos de lo preceptuado en el artículo 4°, párrafo primero, y 17 de la propia Constitución Federal, a los integrantes de los pueblos indígenas “el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”.

 

No es obstáculo para analizar la constitucionalidad y legalidad del Decreto número 7, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,  únicamente en lo que corresponde a la elección de ayuntamiento en el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, provenga de un Congreso Estatal, porque si este medio está dirigido a permitir el control de la constitucionalidad de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales del ciudadano, cabe tener en cuenta, que ni en la Constitución Federal –artículo 99, párrafo cuarto, fracción I–, como tampoco en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establece que estén excluidos los actos de esos órganos legislativos, máxime si, como ocurre en este caso, esos actos no tienen el alcance de una ley –abstracción, heteronomía, generalidad e impersonalidad–. Es decir, no cabe admitir que esos actos de un Congreso local no puedan ser modificados como efecto de una sentencia que recaiga en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, puesto que, en los preceptos citados de la Constitución Federal y de la ley adjetiva federal, expresamente se alude a “actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación…”, sin que se establezca una particular naturaleza del órgano del que provengan.

 

Por tanto, se debe entender que los eventuales efectos de la sentencia podrán beneficiar o parar perjuicio a los demás integrantes de la comunidad, ya que, además, se trata de una determinación emitida por  la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la plenitud de jurisdicción que le está reconocida a este Tribunal Electoral, y por tanto, produce como efecto sustancial de la sentencia, restituir, en su caso, el uso y disfrute del derecho político electoral violado por los actos de autoridad, en términos de lo que se establece en los artículos 99, párrafo primero, de la Constitución Federal y 6, párrafo 3, y 84, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

De ese modo, en términos de lo dispuesto en los artículos 99, fracción V, de la Constitución Federal, así como 84, párrafo 1, inciso b), in fine, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior considera que se debe disponer en este juicio lo necesario para restituir a los promoventes en el uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado, por lo que si, en el caso, el Colegio Electoral del Estado de Oaxaca emitió determinación de validez, sin verificar que el Instituto Estatal Electoral haya celebrado las respectivas etapas, y que los ciudadanos Eloxochitlán de Flores Magón, hubiesen ejercido su derecho constitucional al voto y ser votados, es inconcuso que al asistirles la razón a los ahora incoantes, esta Sala, en ejercicio de sus atribuciones, debe proveer lo necesario a efecto de reparar esa violación.

 

En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que debe quedar sin efecto, tanto el Decreto número siete, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado el quince de diciembre, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, como el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, por lo que se refiere al citado municipio.

 

Por tanto, se debe ordenar al Consejo General del Instituto Estatal Electoral que, en términos de lo previsto en los artículos 16, párrafo segundo; 25, párrafo décimo quinto y 29, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 18, 22, 23, 24, párrafo 1, 109, 115, 120, 121, y 125 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, disponga lo necesario, suficiente y razonable para que, mediante la conciliación pertinente, consultas requeridas y resoluciones correspondientes, se realicen elecciones extraordinarias de concejales en el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca.

 

En ese orden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del código electoral local, se debe conceder un plazo de sesenta días contados desde la notificación de esta sentencia, para que el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca dé cumplimiento a lo que aquí se resuelve, debiendo remitir en el orden en que se desahoguen las distintas etapas del procedimiento de elección para concejales en el citado municipio, copia certificada de las constancias o actuaciones que demuestren el cumplimiento que dé a la ejecutoria, así como cada uno de los actos que se desplieguen para lograrlo.

 

Lo expuesto sin perjuicio de que el Congreso del Estado de Oaxaca, ejerza  la facultad que se establece en el artículo 31, párrafo segundo, de la Ley  Municipal del Estado de Oaxaca, en relación con el 59, fracciones X y XIII, y 79, fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en razón del sentido que orienta este fallo.

 

Dado el sentido de esta ejecutoria, deviene innecesario el examen de los restantes motivos de inconformidad que exponen los enjuiciantes.

 

En mérito de lo anterior, al haberse promovido este medio de impugnación por mil sesenta y ocho personas, se hace necesario, por razones de economía procesal, que este órgano jurisdiccional federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, párrafo tercero, en relación con el diverso 2, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, designe entre las personas que comparecen a juicio a un representante común a efecto de que les sea notificada, en forma personal, la determinación anteriormente alcanzada, recayendo ese nombramiento en la ciudadana Epifania Quiroga Palacios, por ser quien aparece en primer lugar en el escrito de demanda.

 

SEXTO. Imposición de Sanción al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. El sentido de esta determinación no impide que esta Sala Superior ejerza la potestad que le confiere el artículo 32, párrafo 1, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Del análisis precedente se advierte que, en efecto, el Instituto Estatal Electoral al conocer la controversia suscitada con motivo de la renovación de integrantes del ayuntamiento bajo las normas de Derecho Consuetudinario del Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, infringió las formalidades esenciales a que estaba obligado, de acuerdo a las atribuciones que le corresponden, por razón de su competencia.

 

Es así, porque no proveyó lo necesario ni se condujo de tal manera que propiciara verdaderamente una conciliación entre los habitantes del municipio, ni menos aún, procedió a realizar la consulta a la comunidad en los términos del artículo 125 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, lo cual resultaba indispensable dada la finalidad que se persigue con ese mandamiento legal, de privilegiar la gobernabilidad democrática, puesto que a través de él, se pretende evitar conflictos posteriores entre los diversos grupos o comunidades que integran la municipalidad.

 

Conforme al precepto legal citado, tal órgano electoral administrativo debió realizar actos tendientes a alcanzar un arreglo conciliatorio, sin embargo, no lo hizo así, a pesar de que el presidente municipal y otros regidores del Ayuntamiento, mediante escritos presentados en diversas fechas, manifestaron al Presidente del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, el día de la asamblea comunitaria sucedieron diversas irregularidades.

 

Esta Sala Superior ha determinado que para cumplir el mandamiento atinente, el Instituto Estatal Electoral debe realizar un esfuerzo significativo para que se entable el número razonable de pláticas de conciliación o que de alguna manera se satisfaga esa finalidad de conciliación entre las partes, a fin de que sólo en el caso de que subsistan los puntos de disenso, se lleve a cabo una consulta a la comunidad.

 

El imperativo precisado con anterioridad, se ha estimado inexcusable para la autoridad electoral a efecto de alcanzar los principios de objetividad, certeza, legalidad y profesionalismo en la materia electoral, motivo por el cual, es una obligación instrumental ineludible, dirigida a proteger y promover el uso y desarrollo de los usos y costumbres, así como las formas específicas de la organización de esos grupos o comunidades.

 

De ahí que, el Instituto Estatal Electoral, como la única  autoridad competente a quien se delega la función estatal de organizar y desarrollar los actos de interés público relativos a las elecciones, así como los relacionados con la preparación de la jornada electoral, realización de cómputos y otorgamientos de constancias, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal y 25, párrafo primero, bases A y C, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, estaba indudablemente obligado a proveer lo necesario para su consecución.

 

Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 143/2002, emitida por esta Sala Superior, publicada en las páginas novecientas cincuenta siete a novecientas cincuenta y nueve de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen Jurisprudencia, que literalmente señala:

 

USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA EN LAS ELECCIONES. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 125 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral, cuando se declaren nulas las elecciones de ayuntamientos, debe sujetar las elecciones extraordinarias que celebre a lo dispuesto en el propio código electoral local, así como a lo que el mismo instituto disponga en la convocatoria que expida, sin restringir los derechos que se reconocen a los ciudadanos y alterar los procedimientos y formalidades que en el propio ordenamiento jurídico se establecen (salvo el ajustar los plazos, conforme con los de la convocatoria). Asimismo, el Instituto Estatal Electoral, a través de su Consejo General, debe conocer, en su oportunidad, de los casos de controversia que surjan respecto de la renovación de los ayuntamientos bajo las normas de derecho consuetudinario y, previamente a cualquier resolución, buscar la conciliación entre las partes, o bien, una consulta con la comunidad, lo cual puede implicar que una vez que se agoten los mecanismos autocompositivos se acuda al expediente heterocompositivo, decidiendo lo que en derecho proceda. Así, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca debe hacer un uso tenaz, pertinente y constante de las atribuciones que a su cargo se prevén en el artículo 125 del código electoral local y, atendiendo a las finalidades que se prevén en el numeral 58 de ese mismo ordenamiento jurídico, realizar un significativo y razonable número de pláticas de conciliación entre los integrantes de cierta comunidad o población indígena, o bien, municipio que se rija por dicho sistema normativo, y, en todo caso, si persisten los puntos de disenso entre los mismos, realizar una consulta a la comunidad para que ella se pronuncie sobre las diferencias y, en su oportunidad, el propio Consejo General resuelva lo conducente, atendiendo al interés superior de la comunidad de que se trate. De lo anterior, se concluye que, aunado a los alcances de los principios de objetividad, certeza, legalidad y profesionalismo, sobre el instituto pesa una carga o imperativo que no admite excusa alguna para eludir la observancia de una obligación instrumental que debe entenderse como dirigida a dar vigencia a la prescripción constitucional de todo Estado republicano que se centra en la renovación periódica de los órganos de elección popular, a través del sufragio, en términos de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo primero, y 115, párrafo primero, fracción I y 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reitera en los artículos 29, párrafo primero y 98, párrafos primero y tercero de la Constitución local, y 3o., 17, 20, 22, 23, 24 y 124 del código electoral local (al preverse que: a) El Estado adopta la forma de gobierno republicano, para su régimen interior; b) Los ayuntamientos son asambleas electas mediante sufragio, y c) Los concejales que los integren duran en su encargo tres años, incluidos los electos por el sistema de usos y costumbres, ya que, aunque desempeñaran el cargo durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas determinen, dicho nombramiento no podrá exceder de tres años). Además, si constitucionalmente se ha establecido que, a través de la ley, se protegerá y promoverá el desarrollo de los usos y costumbres, así como las formas específicas de organización social de los pueblos indígenas (artículo 4o., párrafo primero) y, consecuentemente, en el ámbito normativo de la competencia del Constituyente del Estado de Oaxaca (artículos 16, párrafo segundo; 25, párrafo decimoquinto, y 29, párrafo segundo), se ha aceptado y determinado que el legislador local está obligado a establecer las normas, medidas y procedimientos que promuevan el desarrollo de las formas específicas de organización social de las comunidades indígenas, y proteger las tradiciones y prácticas democráticas de tales comunidades, las cuales hasta ahora se han utilizado para la elección de sus ayuntamientos, razón por la cual debe ser apegado a la Constitución federal y a la Constitución local, el proceder del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, disponiendo y previendo lo suficiente, razonable y necesario para dar vigencia al derecho político del pueblo o comunidad indígena de que se trate, para elegir a los concejales al ayuntamiento municipal respectivo, de acuerdo con sus usos y costumbres; esta situación deriva, además, de que el citado instituto es la autoridad competente en la que se delega la función estatal de organizar y desarrollar los actos de interés público relativos a las elecciones y que agrupa para su desempeño, en forma integral y directa, las facultades relativas a la preparación de la jornada electoral, la realización de cómputos y el otorgamiento de constancias, entre otras, en términos de lo prescrito en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución federal y 25, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Constitución local.

 

En consecuencia, con el fin de evitar la repetición del mencionado proceder omisivo, que atenta contra la adecuada defensa y salvaguarda de los derechos de los grupos y comunidades afectos al régimen de derecho consuetudinario (usos y costumbres) se hace una amonestación a la citada autoridad para que en lo sucesivo, actúe con celeridad y tenacidad, a efecto de que se desahogue oportunamente la etapa conciliatoria a que se refiere el artículo 125 el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

 

R E S U E L V E

 

PRIMERO. Se sobresee en el juicio por lo que hace a Ofelia Ortega Flores, Fernando Palacios Cházares, Felipe Palacios Cházares, Ignacio Palacios García, Francisca Carrera Barbosa,  Javier Carrera Álvarez,  Elvira Varela Zárate,  Moisés Romero Estrada,  José Cortés, José Gómez Pérez y  Catarina Cházares Cabanzo, en términos del considerando segundo de esta ejecutoria.

 

SEGUNDO. Queda sin efecto, tanto el Decreto número siete del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado el quince de diciembre de dos mil siete, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca como el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de la citada entidad federativa, por lo que se refiere al municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, en los términos expresados en el considerando quinto de este fallo.

 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral que disponga lo necesario, suficiente y razonable para que, mediante la conciliación pertinente, consultas requeridas y resoluciones correspondientes, se realicen nuevas elecciones de concejales en el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, por las razones y fundamentos que se precisan en el considerando quinto de esta sentencia.

 

CUARTO. Se concede un plazo de sesenta días contados desde la notificación de esta sentencia, para que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca dé cumplimiento a lo previsto el considerando quinto de esta sentencia.

 

QUINTO. Se amonesta al Instituto Estatal Electoral en términos de lo dispuesto en el considerando sexto de esta ejecutoria.

 

 

NOTIFÍQUESE por correo certificado a la representante común designada en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria, para que por su conducto notifique al resto de los promoventes; a las autoridades responsables, por fax, los puntos resolutivos de esta sentencia, así como, por oficio con copia certificada de esta ejecutoria y, por estrados, a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, 28, 29 y 84, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y remítase el expediente al Archivo Jurisdiccional de este Tribunal, como asunto concluido.

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ausentes los Magistrados José Alejandro Luna Ramos y Salvador Olimpo Nava Gomar. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe.

 

MAGISTRADA PRESIDENTA

 

 

 

MARIA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

PEDRO ESTEBAN

PENAGOS LÓPEZ

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO