juicioS para la protección de los derechos político-electorales de lA ciudadanÍA Y RECURSO DE APELACIÓN

expedienteS: sup-JDC-338/2023 Y ACUMULADOS

PARTE ACTORA: Fuerza Migrante A. C. y otros

responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral

TERCEROs INTERESADOs: Partido acción Nacional, morena y partido del trabajo

SECRETARIADO: josuÉ ambriz NOLASCO, samantha m. becerra cendejas, JESÚS ALEJANDRO RODRÍGUEZ GÓMEZ, EDWIN GUZMÁN RAMIREZ, ISAÍAS MARTÍNEZ FLORES, ÁNGEL EDUARDO ZARAZÚA ALVIZAR Y FANNY AVILEZ ESCALONA

COLABORÓ: ROBERTO CARLOS MONTERO PÉREZ, FERNANDO ALBERTO GUZMÁN LÓPEZ, JOSÉ ALEXSANDRO GONZÁLEZ CHÁVEZ, SALVADOR MONDRAGÓN CORDERO Y ALFONSO CALDERÓN DÁVILA

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2023[1]

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual REVOCA el acuerdo INE/CG527/2023 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[2] para los efectos que se precisan al final de este fallo.

I. ASPECTOS GENERALES

(1)            El presente asunto se relaciona con la emisión del acuerdo del Consejo General del INE, INE/CG527/2023, por el que se emiten los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que soliciten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones, ante los consejos del instituto en el proceso electoral federal 2023-2024.[3]

(2)            En contra del acuerdo anterior, se presentaron diversas demandas de juicios de la ciudadanía a través de las cuales se controvierten los temas relacionados con la forma en que se postularán las fórmulas para las diputaciones y senadurías relacionadas con las acciones afirmativas de los siguientes grupos:

         Personas mexicanas residentes en el extranjero.

         Discapacidad.

         Diversidad sexual.

         Indígenas.

         Jóvenes.

         Pobreza

(3)            De igual forma, mediante recurso de apelación, el Partido del Trabajo controvierte las facultades del INE para verificar si el hecho de que una persona se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género constituye un impedimento para ser candidata o candidato y determinar lo conducente; Asimismo en un juicio de la ciudadanía se combate una presunta omisión de regular la inelegibilidad de las personas declaradas como deudores alimentarios morosos.

II. ANTECEDENTES

(4)            De las constancias que integran los expedientes, así como del contenido de las demandas se advierten los siguientes hechos:

(5)            Acuerdo INE/CG508/2017. En sesión celebrada el 8 de noviembre de 2017, el Consejo General del INE fijó los criterios para el registro de candidaturas a diversos cargos de elección popular, a postularse en el marco del PEF 2017-2018.

(6)            Entre otros supuestos, mandató a los partidos políticos nacionales y, en su caso, a las coaliciones, a postular paritariamente las candidaturas a senadurías y diputaciones, así como a la inscripción alternada de fórmulas en las listas de RP, de las cuales, la de senadurías debería encabezarse por una fórmula integrada por mujeres, al igual que al menos 2 de las 5 para diputaciones.

(7)            Además, dispuso una acción afirmativa indígena, por la que los partidos políticos y las coaliciones debían postular candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en, al menos, 12 de los 28 distritos electorales uninominales indígenas.

(8)            SUP-RAP-726/2017 y acumulados. Los lineamientos antes definidos fueron controvertidos por diversos partidos políticos y personas pertenecientes a la ciudadanía mexicana y, por sentencia dictada el 14 de diciembre de ese mismo año, esta Sala Superior modificó el acuerdo impugnado y ordenó establecer entre otros efectos, que la acción afirmativa indígena se aplicara en 13 distritos uninominales con presencia poblacional preponderantemente indígena. 

(9)            En cambio, lo relativo al criterio de postulación paritaria de candidaturas fue confirmado en sus términos.

(10)        Acuerdo INE/CG308/2020. En sesión celebrada el 30 de septiembre, la autoridad responsable definió una serie de criterios y plazos de procedimientos vinculados con el periodo de precampañas para el PEF 2020-2021.

(11)        Entre otros aspectos, dispuso que los Partidos debían registrar candidaturas con personas indígenas, de acuerdo con los criterios que aprobaría el Consejo General del INE para tal fin, tomando como base mínima los 13 distritos electorales federales establecidos por esta Sala, los cuales podrían ser ampliados en la determinación que llegase a emitir la propia autoridad responsable.

(12)        Acuerdo INE/CG572/2020. En sesión de 18 de noviembre de 2020, la responsable definió los criterios aplicables para la inscripción de candidaturas a diputaciones por ambos principios que habrían de presentarse para el PEF en curso.

(13)        SUP-RAP-121/2020 y acumulados. El 29 de diciembre siguiente, esta Sala Superior modificó el acuerdo anterior a efecto de que el Consejo General delimitará los 21 distritos en los que debían postularse candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa según la acción afirmativa indígena.

(14)        Asimismo, ordenó que se implementaran medidas afirmativas para personas con discapacidad y se determinaran los grupos que ameritaran contar con una representación legislativa para diseñar acciones afirmativas tendentes a lograr la inclusión de representantes populares de esos grupos mediante la postulación de candidaturas.

(15)        Acuerdo INE/CG18/2021. En acatamiento a lo ordenado en el recurso de apelación anterior, el 15 de enero de 2021, el Consejo General del INE modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios para el PEF 2020-2021 para especificar los 21 distritos en que debían postular personas indígenas, así como para aprobar acciones afirmativas para personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y personas afromexicanas.

(16)        SUP-RAP-21/2021 y acumulados. El siguiente 24 de febrero, esta Sala Superior modificó el acuerdo referido y determinó que el Consejo General también debía diseñar e implementar acciones afirmativas para las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero a fin de que participaran dentro de los 10 primeros lugares en las listas de representación proporcional de cada una de las circunscripciones plurinominales.

(17)        De igual forma, se determinó que el INE debía realizar un estudio respecto de la eficacia y funcionamiento de las acciones afirmativas implementadas en el PEF 2020-2021.

(18)        Acuerdo INE/CG160/2021. El 4 de marzo de 2021, —en acatamiento a la sentencia dictada en el SUP-RAP-21/2021 y acumulados—, el Consejo General del INE modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas y ordenó a los partidos registrar una fórmula de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero dentro de los primeros 10 lugares de cada una de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales.

(19)        SUP-RAP-346/2021 y acumulados. El 27 de marzo de ese año, este órgano jurisdiccional determinó modificar dicho acuerdo para el efecto de establecer que sólo los mexicanos residentes en el extranjero podrán ser postulados por los partidos políticos en los lugares para cumplir la acción afirmativa a favor de los migrantes y que la calidad de migrante y residente en el extranjero se podía acreditar, —además de los documentos señalados por el INE—, con cualquier otro elemento que generara convicción.

(20)        Acuerdo INE/CG830/2022. El 29 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió los Lineamientos para verificar el cumplimiento de la autoadscripción calificada de las personas que se postulen en observancia a la acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos federales de elección popular.[4]

(21)        SUP-JDC-56/2023. El 19 de julio de 2023, este órgano colegiado mandató una adecuación a los Lineamientos aprobados, con la finalidad de que:

i)          Se dieran a conocer con oportunidad y adaptabilidad cultural las medidas de acción afirmativa indígena que se implementen en cada proceso electivo,

ii)        Se diera prioridad a las Asambleas Generales Comunitarias y garantizar que se den a conocer las acciones afirmativas en materia indígena; el derecho a participar en una candidatura; las normas que rigen el registro y del proceso en su conjunto, así como los derechos y atribuciones que tiene la Asamblea General para el otorgamiento de la constancia de autoadscripción indígena y

iii)       Previo al registro de las candidaturas, el INE debía comunicar a los partidos políticos elementos para comprender la cultura indígena, sus formas internas de gobierno y su auto organización.

(22)        Efectividad de las acciones afirmativas (estudio del COLMEX). Por otro lado, es necesario destacar que, en relación con el estudio de las acciones afirmativas mandatado por esta Sala Superior[5], el INE y El Colegio de México celebraron un convenio específico de colaboración, signado el 13 de octubre de 2021.

(23)        Derivado de lo anterior, el 17 de octubre de 2022 el COLMEX entregó al INE el Estudio Especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el proceso electoral federal 2020-2021.

(24)        Acuerdo INE/CG527/2023 (Acto impugnado). En sesión extraordinaria de 8 de septiembre de 2023, el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE/CG527/2023, por el cual se emitieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que soliciten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones, ante los consejos del instituto en el PEF 2023-2024.

(25)        Medios de impugnación. En contra de lo establecido en el acuerdo antes citado, se promovieron diversos juicios de la ciudadanía, un recurso de apelación, un asunto general[6] y un juicio electoral[7], los cuales se detallan en el ANEXO 1 de la presente ejecutoria.

III. TRÁMITE

(26)        Turno. Recibidos los escritos de demanda, el magistrado presidente acordó turnar los expedientes a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[8]

(27)        Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor acordó radicar los expedientes en su ponencia, admitir a trámite las demandas y, en cada caso, declaró cerrada la instrucción (al no haber diligencias pendientes por desahogar), por lo que los autos quedaron en estado de dictar sentencia.

IV. COMPETENCIA

(28)        Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, en tanto que en todos ellos se controvierte un acuerdo del Consejo General del INE el cual se determinaron, entre otras cuestiones, la implementación de las acciones afirmativas en favor de diversos grupos vulnerables.

(29)        En ese sentido, dado que la materia de la controversia involucra candidaturas a diputaciones federales y senadurías tanto de mayoría relativa como de representación proporcional en la medida que, en el caso, el Consejo General emitió un pronunciamiento conjunto respecto a la aplicación de las acciones afirmativas correspondientes, se actualiza la competencia de la Sala Superior. [9]

V. ACUMULACIÓN

(30)        Procede la acumulación de los medios de impugnación, al existir identidad en la autoridad señalada como responsable y acto controvertido, aunado a que la pretensión de los actores es que se modifique o revoque el acuerdo impugnado.[10]

(31)        De esta manera y a efecto de maximizar el derecho de acceso a una justicia completa, pronta y expedita, así como evitar la posibilidad de emitir fallos contradictorios, y de observar el principio de economía procesal, se deberán acumular los juicios de la ciudadanía y el recurso de apelación identificados en el ANEXO 1 de la presente ejecutoria, al expediente SUP-JDC-338/2023, por ser el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

(32)        En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

VI. TERCEROS INTERESADOS

(33)        Durante la tramitación de los juicios de la ciudadanía, los partidos políticos MORENA, Acción Nacional y del Trabajo, a través de sus representantes ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentaron escritos de terceros interesados, en los juicios siguientes:

6.1. Improcedencia de los escritos de tercería. [11 escritos]

(34)        Del análisis de las demandas, así como de la fecha de presentación de diversos escritos de los terceros interesados, esta Sala Superior considera que se deben tener por no presentados los escritos de tercería de los juicios 364, 382, 383, 392, 406, 407, 409, 444 y 446, toda vez que, como se analizará en el considerando siguiente, las demandas que originaron estos juicios resultan improcedentes.

(35)        Por su parte, los escritos presentados por MORENA en los juicios 365 y 376, se consideran inoportunos, al haberse presentado fuera del plazo de 72 horas establecido en la Ley de medios, tal como se aprecia en la tabla siguiente:

6.2. Procedencia de los escritos de tercería. [52 escritos]

(36)        Respecto al resto de los escritos, se tienen como terceros interesados a los partidos políticos MORENA, Acción Nacional y del Trabajo, al satisfacer los requisitos previstos en los artículos 12.1, inciso c); y 17.4, de la Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

(37)        Forma. Se hace constar el nombre y la firma de quienes comparecen con esa calidad, el interés jurídico en que se funda su pretensión, la cual es contraria a la de los ciudadanos y el partido político.

(38)        Oportunidad. Se cumple este requisito, porque los escritos de tercería se presentaron dentro del plazo legal de 72 horas que establece el artículo 17.1, inciso b), y 4, de la Ley de Medios, tal como se aprecia en el ANEXO 2 de la presente ejecutoria.

(39)        De dicho anexo se advierte que los escritos de los terceros interesados se presentaron de dentro del plazo concedido a partir de la publicación en los estrados del medio de impugnación por parte del INE, por lo que, su presentación es oportuna.

(40)        Legitimación e interés jurídico. Los partidos comparecientes cuentan con legitimación e interés jurídico, pues acuden por conducto de sus representantes propietarios ante el Consejo General del INE, aduciendo un interés incompatible con las pretensiones de los promoventes en los juicios ciudadanos.

6.3. Causales de improcedencia invocadas por las tercerías

(41)        De los escritos presentados se advierte que las partes terceras interesadas, en esencia hacen valer como causas de improcedencia que:

•          Los actores no cuentan con interés jurídico. Pues no se advierte que se hayan registrado como aspirantes o candidatos para participar en el PEF 2023-2024 y en sus demandas tampoco se evidencia que se hubiera aplicado en su perjuicio el acuerdo impugnado; aunado a que, controvierten el acuerdo de manera general, sin especificar el por qué les afecta su esfera jurídica de derechos.

•          Los medios de impugnación son extemporáneos. Las demandas se presentaron fuera del plazo de 4 días, sin que se demuestre una causa extraordinaria que justifique la tardanza en la presentación de las demandas.

•          No hay un acto concreto de aplicación en contra de los actores.

•          La parte actora no cuenta con legitimidad, pues no tienen aptitud legal acreditada para controvertir el acuerdo que se impugna, dado que al ser personas físicas no tienen como finalidad la defensa de los intereses de una comunidad difusa y mucho menos detentan representación alguna para actuar en su nombre.

(42)        Al respecto, es necesario precisar que las causales referidas serán desestimadas en los apartados siguientes al momento de revisar la procedencia de los juicios de la ciudadanía relacionados con la oportunidad de las demandas, el interés jurídico y la legitimidad.

VII. IMPROCEDENCIAS

(43)        En principio esta Sala superior considera que las demandas que a continuación se precisan resultan improcedentes en tanto que, algunas de ellas carecen de firma autógrafa, otras fueron presentadas fuera del plazo legal, o bien, existe una demanda previa presentada por la misma parte actora (preclusión), tal como se justifica a continuación:

7.1. Falta de firma [3 juicios].

(44)        En relación con las demandas de los juicios SUP-JDC-444/2023, SUP-JDC-446/2023 y SUP-JDC-504/2023 deben tenerse por no presentadas en tanto que, en esos casos, la firma que aparece plasmada en tales documentos no se trata de una firma autógrafa sino de una firma impresa.

Marco jurídico

(45)        El artículo 9.1. inciso g) de la Ley de Medios establece la improcedencia de los medios de impugnación en caso de falta de firma autógrafa de quien promueve.

(46)        La importancia de tal requisito es que la firma autógrafa produce certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la finalidad de asentar esa firma consiste en dar autenticidad al escrito de demanda, identificar a la persona autora del documento y vincularla con el acto jurídico contenido en el escrito.

(47)        En este sentido, la firma constituye un elemento esencial de validez del medio de impugnación que se presenta por escrito, cuya carencia trae como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica procesal.

Caso concreto

(48)        En la especie, al revisar las constancias que integran los juicios de la ciudadanía 444, 446 y 504 se puede advertir que dichos expedientes se integraron a partir de un escrito que adolece de firma autógrafa.

(49)        Tal cuestión es corroborada a través de lo asentado por el personal de este órgano jurisdiccional al momento de recibirse las demandas respectivas, pues el personal de la oficialía de partes asentó, en ambos casos, que tanto el escrito de presentación como la demanda tenían “firma impresa”.

(50)        Lo anterior, pone en evidencia que tales documentos adolecen de un elemento que exige la legislación para corroborar la identidad y voluntad de quien lo presentó, es decir, la firma de puño y letra plasmada en la demanda y que, ante ello, no es posible verificar que tal documento efectivamente hubiese sido signado por la y el promovente.

(51)        En consecuencia, las demandas correspondientes a los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-444/2023, SUP-JDC-446/2023 y SUP-JDC-504/2023 se tienen por no presentadas.

7.2. Extemporaneidad. [13 juicios]

(52)        Con independencia de que se pudiera actualizar alguna otra causal de improcedencia, los medios de impugnación señalados a continuación son improcedentes porque las demandas se presentaron de forma extemporánea.

Marco normativo

(53)        El artículo 8 de la Ley de Medios refiere que los medios de impugnación deben presentarse dentro de los 4 días siguientes a partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado; en correlación a ello, el diverso 10.1, inciso b), de la misma ley, se advierte que es causal de improcedencia la presentación de la demanda fuera del plazo previsto en la normativa.

(54)        Al respecto, este Tribunal ha sostenido que la recepción documentada de la copia de un fallo pronunciado durante la secuela procedimental actualiza el primero de los supuestos y, por ende, considerarla como punto de partida para realizar el cómputo del plazo, de modo que la notificación posterior de dicha resolución no puede tenerse como base para computar el aludido plazo, por haberse actualizado el otro supuesto previsto por la ley para ese objeto, con antelación.[11]

Caso concreto

(55)        Como una cuestión previa, debe señalarse que, si bien el acuerdo impugnado fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el pasado 8 de septiembre, la notificación automática prevista en el artículo 30.1, de la Ley de los Medios solo resultaría aplicable al partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió.[12]

(56)        Además, si bien en el punto cuadragésimo sexto del acuerdo controvertido, se instruyó a la secretaria ejecutiva del INE, para que realizara las gestiones necesarias para su difusión a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación la publicación de éste se dio hasta el 4 de octubre.[13]

(57)        En este punto, se debe desestimar lo aducido por las tercerías que comparecen en algunos de los juicios que aquí se analizan, respecto a que, para computar la oportunidad de los medios se debe tomar como base, en todos los casos, la fecha en que el acuerdo impugnado fue publicado en la página de internet —13 de septiembre de 2023—.

(58)        Tal afirmación carece de sustento en tanto que, la fecha de publicación del acuerdo en la página del instituto no es un acto que pueda hacer las veces de una notificación generalizada, cuyos efectos deban irradiar hacia la ciudadanía.

(59)        Máxime, si se toma en cuenta que, ante la trascendencia del presente acuerdo y que involucra derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, no sería dable restringir su derecho de acción asumiendo que debieron estar pendiente en la página del INE de la publicación y, por ello desechar las demandas que se hayan instado con posterioridad a los 4 días de que éste fue subido a dicho portal.

(60)        En ese sentido el plazo para impugnar tal determinación para las partes accionantes de los juicios de la ciudadanía se realizará de la siguiente manera:

a)           Se revisará en cada uno de los expedientes si es que obra constancia de notificación personalizada realizada por la responsable y, de ser el caso si ésta resulta idónea para tomar como punto de partida el cómputo de la oportunidad en su escrito.

b)           En caso de no existir una notificación con las características antes señaladas, se tomará aquel momento en que ellos refieren que tuvieron conocimiento del acto[14].

c)           Derivado de la publicación del acuerdo INE/CG527/2023, en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de octubre, se tomará tal fecha como la oficial para computar el plazo de la presentación de aquellas demandas que se hayan hecho con posterioridad a ese día.

(61)        Tomando en cuenta lo anterior, de las constancias que integran los expedientes se advierte que algunas de las partes recurrentes manifiestan haber tenido conocimiento de la publicación de dicho acuerdo en el portal electrónico del INE entre el 12 y el 14 de septiembre, por lo que el plazo que se les tomará en cuenta será el mencionado en su escrito de demanda y en uno de los juicios se menciona como fecha de conocimiento del acto el 1 de noviembre.

(62)        En ese entendido, se considera que las demandas referidas a continuación son extemporáneas, al haberse presentado fuera del plazo establecido para tal efecto:

(63)        En la tabla antes inserta, se evidencia que las partes actoras de estos juicios de la ciudadanía presentaron sus demandas con posterioridad al plazo de 4 días establecido para tal efecto; de ahí que lo procedente, sea desecharlas al haberse presentado extemporáneamente.

(64)        Cabe precisar que, si bien algunas de estas demandas no fueron instadas ante el Consejo General —órgano responsable—, sino ante un órgano desconcentrado del INE, o esta Sala Superior, en ambos supuestos, su presentación en esos términos suspende el plazo legal, atento a los criterios emitidos por este Tribunal Electoral en la Tesis V/2022[15], de rubro: “COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE CUALQUIERA DE SUS ÓRGANOS INTERRUMPE EL PLAZO DE IMPUGNACIÓN” así como en la jurisprudencia 43/2013[16] de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO”.

(65)        En esos casos, este órgano jurisdiccional está tomando como la fecha para computar la oportunidad el momento en que ellos acudieron a instar el juicio, no obstante, a pesar de ello, las demandas resultan extemporáneas.

(66)        Respecto de la demanda correspondiente al SUP-JDC-392/2023, si bien fue promovida por personas que se auto adscriben como integrantes de una comunidad indígena y justifican su presentación ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, se considera que el juicio es improcedente, pues aun tomando como fecha el día que acudieron ante dicha autoridad —20 de septiembre de 2023—, ellos aceptan haber conocido del acuerdo reclamado desde el 13 anterior, esto es, 7 días antes.

(67)        No se soslaya que, para el cómputo del plazo afirmen que se debe descontar el 15 de septiembre por ser inhábil; sin embargo, debe decirse que, en términos del artículo 7 de la Ley de Medios, durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles.

(68)        Además, si bien esta Sala Superior ha considerado que, tratándose de integrantes de las comunidades indígenas se deben flexibilizar los requisitos de procedencia[17], también es cierto que, dichos criterios están encaminados a determinadas particularidades, obstáculos técnicos y circunstancias geográficas, sociales y culturales, que tradicionalmente han generado en la población indígena una situación de discriminación jurídica, pero no para alterar reglas generales de los procesos electivos.

(69)        Finalmente, en lo concerniente a las demandas de los juicios SUP-JDC-552/2023 y SUP-JDC-580/2023, se deben desechar al haberse presentado fuera del plazo establecido para su impugnación.

(70)        Como se ha referido con antelación, el 4 de octubre del presente año, se publicó el acuerdo INE/CG527/2023, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, en términos del artículo 30.2 de la Ley de Medios, se tiene que los actos o resoluciones que se publiquen en el DOF surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación, de ahí que, el plazo para impugnar transcurrió del 5 al 8 de octubre.

(71)        Por lo tanto, si las demandas se presentaron los días 3 y 7 de noviembre, las mismas se presentaron de manera notoriamente extemporánea.

(72)        En ese orden de ideas, se estima que las demandas que se encuentran referidas en la presente ejecutoria deben ser desechadas dada su extemporaneidad y ante ello, solo por cuanto a dichas demandas se refiere es operante la causal de improcedencia hecha valer por las tercerías interesadas.

7.3 Preclusión [1 juicio]

(73)        En relación con el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-364/2023, resulta improcedente porque se actualiza la figura de preclusión, tal como se justifica a continuación.

Marco jurídico

(74)        El artículo 9.3, de la Ley de Medios prevé la improcedencia, cuando se agota el derecho de impugnación, por controvertir el mismo acto que en una primera demanda ya fue cuestionado por la misma parte promovente.

(75)        De esa manera, a partir de las disposiciones procesales que regulan la presentación y la sustanciación de los medios de impugnación, previstas en la Ley de Medios[18], esta Sala Superior ha sostenido que el derecho a impugnar sólo se puede ejercer dentro del plazo legal correspondiente en una sola ocasión en contra del mismo acto.

(76)        En ese sentido, se ha establecido que la presentación —por primera vez— de un medio de impugnación en contra de cierto acto implica el ejercicio real del derecho de acción por parte del sujeto legitimado.

(77)        En consecuencia, por regla general quien promueve no puede presentar nuevas demandas en contra del mismo acto y, de hacerlo, aquellas que se presenten posteriormente deben desecharse.[19]

Caso concreto

(78)        En la especie, esta Sala Superior advierte que el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-364-2023, debe desecharse, toda vez que la actora agotó su derecho de impugnación al promover, de forma previa el diverso SUP-JDC-389/2023 en contra de la misma resolución.

(79)        En efecto, del análisis de las demandas que conforman tales juicios se advierte que se trata de escritos idénticos presentados de la siguiente forma:

(80)        Atendiendo a lo anterior, dado que la demanda que conformó el juicio de la ciudadanía 389 fue el primero que se instó, lo conducente es que la segunda demanda deba ser desechada en tanto que, con la presentación de la primera la actora agotó su derecho de acción.

(81)        En consecuencia, se decreta el desechamiento del juicio identificado con la clave SUP-JDC-364-2023.

VIII. PRESUPUESTOS PROCESALES.

(82)        Respecto a las demandas de los 86 juicios, así como el del recurso de apelación que a continuación se estudiarán, se considera que cumplen con los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 8, 9.1, 10, 79 y 83.1, inciso a) de la Ley de Medios, de acuerdo con lo siguiente:

8.1. Forma.

(83)        Las demandas se presentaron por escrito, y en ellas se hace constar el nombre y firma de los actores; domicilio y/o el correo electrónico para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto impugnado y el órgano responsable; se mencionan los hechos en que basan su impugnación; así como los agravios que se le causan, y los preceptos presuntamente violados.

8.2. Oportunidad.

(84)        Los medios de impugnación son oportunos[20], como se explica a continuación.

Recurso de apelación [1 juicio]

(85)        Por cuanto hace al recurso de apelación SUP-RAP-209/2023 fue interpuesto ante el Consejo General del INE, el 12 de septiembre del presente año, esto es, dentro de los 4 días posteriores a la fecha de la emisión del acuerdo impugnado, por lo tanto, es oportuna su presentación.

Juicios de la ciudadanía [86 juicios]

(86)        Como se precisó en el considerando anterior, el acuerdo controvertido fue aprobado el 8 de septiembre y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre; por tanto, en aquellos juicios que se hayan instado antes de su publicación, el plazo para presentar sus demandas debe computarse a partir de la fecha en que los actores mencionan que tuvieron conocimiento del acto, salvo que exista una notificación personalizada efectuada de forma previa.

(87)        En el caso, diversos actores refieren que tuvieron conocimiento del acto a través del portal de internet del INE y a fin de acreditar que se colma este requisito se precisa la fecha de conocimiento del acto, la de su presentación, así como la autoridad ante quien presentaron la demanda

(88)        De la tabla antes inserta, se evidencia que, en todos los casos, las demandas se promovieron dentro del plazo de 4 días contemplado en la Ley de Medios, de ahí que a juicio de este órgano jurisdiccional se consideren oportunas.

(89)        No se soslaya que, en algunos casos las demandas fueron presentadas ante una autoridad diversa a la señalada como responsable, esto es, ante una de las Salas que conforman este Tribunal o bien, ante los órganos desconcentrados del INE, pues en esos casos, la presentación suspende el plazo de interposición, por lo que es válido que se tome esa fecha para el cómputo del plazo.

(90)        En efecto, en términos de la jurisprudencia 43/2013[21], se ha sostenido que la interposición de la demanda ante cualquiera de las Salas de este Tribunal interrumpe el plazo legal; de igual forma en la Tesis V/2022[22], se validó que, tratándose de integrantes de las comunidades indígenas, es válida la presentación de la demanda ante cualquiera de los órganos del INE cuando la autoridad responsable sea su Consejo General.

(91)        Este último criterio es coincidente con lo sostenido por esta Sala Superior en el diverso SUP-JDC-264/2023, respecto a que esta situación es apta para suspender el plazo de impugnación debido a que dicho órgano forma parte de una unidad, por lo que resulta válida la presentación de la demanda ante cualquiera de ellos.

(92)        Precisado lo anterior tenemos que, 75 demandas fueron interpuestas dentro de los 4 días posteriores a que afirman haber conocido del acuerdo que hoy impugnan, por lo que, es evidente su oportunidad.

(93)        Ahora bien, respecto de las siguientes 9 demandas, las partes actoras no mencionan la fecha en que conocieron del acto, por lo que se debe considerar la fecha en que presentaron su escrito y la oportunidad quedaría de la siguiente manera:

(94)        Lo anterior es así, ya que, al no existir certidumbre sobre el momento en que conocieron del acto, se tendrá como fecha de conocimiento el de la presentación de sus demandas de ahí que se evidencie su oportunidad.[23]

(95)        Finalmente, en cuanto a los siguientes 2 juicios, en ambos casos se actualiza la oportunidad tal como se justifica a continuación:

(96)        En el caso del juicio de la ciudadanía 360/2023, si bien la parte actora afirma haber conocido del acto desde el 3 de julio, esta precisión es errónea en tanto que, el acuerdo impugnado fue emitido con posterioridad a esa fecha, por lo que, se estima que se trató de un error involuntario —lapsus calami—, de ahí que no pueda ser tomado en cuenta.

(97)        En ese orden de ideas, dado que la responsable no acredita haberle notificado el acuerdo impugnado de forma personal y, no existe una fecha cierta en que tuvo conocimiento de éste se estima que su presentación es oportuna.

(98)        Finalmente, en cuanto a la demanda del juicio de la ciudadanía identificado con la clave SUP-JDC-501/2023, cabe precisar que, si bien se presentó ante el Tribunal Electoral de Veracruz —autoridad diversa a la responsable—, ese hecho no genera la improcedencia del medio, sino que, que el plazo de interposición no se interrumpa.[24]

(99)        No obstante, el juicio fue recibido ante esta Sala Superior al día siguiente de su presentación, por lo que, puede concluirse que, a pesar de haberse presentado ante una autoridad diferente, su presentación es oportuna.

8.3. Legitimación y personería e interés.

(100)     Se surten la legitimación porque las partes actoras de los juicios de la ciudadanía son promovidos por ciudadanos que comparecen por su propio derecho alegando que el acuerdo controvertido, viola sus derechos político-electorales.

(101)     En cuanto a la parte actora en el recurso de apelación, se tiene que fue interpuesto por un partido político por conducto de su representante legítimo, cuestión reconocida por la responsable al rendir su informe[25].

(102)     Por lo que se refiere a la personería que aducen ostentar algunos de los promoventes se tienen los siguientes casos:

(103)     Al respecto, en el caso de los juicios de la ciudadanía 338 y 402, las partes actoras acuden, en su calidad de representante legal de la persona moral denominada “Fuerza Migrante A.C.” y Presidenta del Comité Directivo “Libre Acceso”, respectivamente, en ambos casos adjuntan documental con la cual acreditan tal calidad, por lo que se les tiene compareciendo en representación de tales organizaciones.

(104)     Por el contrario, a los juicios identificados con las claves SUP-JDC-386/2023, SUP-JDC-387/2023, SUP-JDC-501/2023, SUP-JDC-480/2023 y SUP-JDC-482/2023 las partes actoras no presentan documento que acredite contar con la representación del colectivo que mencionan, no obstante, su adscripción a la comunidad LGBTTIQ+ es suficiente para aceptar sus demandas por derecho propio.

(105)     Finalmente, en cuanto al interés jurídico, esta Sala Superior considera que se actualiza el requisito en comento, en tanto que, quienes acuden a esta jurisdicción cuestionan el acuerdo del Consejo General del INE y expresan la supuesta afectación a sus derechos, así como la transgresión a una serie de principios rectores de la función electoral.

(106)     En efecto, tratándose del recurso de apelación, es promovido por un partido político, los cuales son institutos que, constitucionalmente pueden deducir acciones tuitivas de intereses difusos, en su carácter de garantes de la legalidad de todos los actos y resoluciones emanados de las autoridades electorales.[26]

(107)     Por otro lado, en el caso de los juicios de la ciudadanía, las partes promoventes cumplen el requisito en cuestión, dado que en cada uno de los escritos se hace valer la presunta violación al principio de igualdad y no discriminación del grupo poblacional al que se adscriben, el cual ha sido colocado histórica, social y culturalmente en situación de vulnerabilidad y que se encuentra subrepresentado.

(108)     Lo anterior al considerar que el Consejo General del INE implementó de forma regresiva acciones afirmativas que hacen nugatorio su derecho de participar en la postulación de cargos de representación política a la Cámara de Diputaciones y Senadurías del Congreso de la Unión.[27]

(109)     Cuestión similar ocurre con el juicio de la ciudadanía 526, en tanto que, la actora se ostenta como mujer que busca evidenciar la supuesta omisión de revisar la inelegibilidad aquellas personas que hayan sido declaradas deudores alimentarios morosos, lo que es suficiente para aceptar la procedencia del juicio.

(110)     En atención a lo expuesto, se debe desestimar la causal de improcedencia hecha valer por MORENA, en tanto que, contrario a lo que refieren, cuando se trate de impugnaciones relacionadas con la tutela de principios y derechos constitucionales establecidos a favor de un grupo histórico y estructuralmente discriminado; cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, al tratarse del mecanismo de defensa efectivo para la protección de estos.

(111)     En ese orden de ideas, en el caso, las partes actoras cuentan con un interés legítimo para todos y cada uno de sus integrantes, ya que todos ellos se asumen con integrantes y, en algunos casos, representantes de grupos vulnerables tales como: personas mexicanas residentes en el extranjero; integrantes de alguna comunidad indígena o de la diversidad sexual, así como de personas con discapacidad.

8.4. Definitividad.

(112)     La normativa aplicable no prevé algún otro medio de impugnación que deba ser agotado previamente, por lo que el acto combatido es definitivo y firme.

IX. PLANTEAMIENTO DEL CASO.

(113)     En el presente asunto se controvierte un acuerdo del INE donde, entre otras cuestiones, emitió diversos criterios y reglas que serán aplicables al momento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular en el PEF 2023-2024.

(114)     En lo que a este asunto interesa, se establecieron las cuotas que los partidos políticos y, en su caso las coaliciones deben reservar a grupos en situación de vulnerabilidad, en la elección de diputaciones y senadurías, así como los requisitos que se verificarán al momento de aprobar los registros.

(115)     Frente a ello, diversos ciudadanos, todos integrantes de grupos vulnerables, así como un partido político, acuden a esta autoridad a fin de que se revise la forma en que el INE distribuyó los espacios para cada uno, deduciendo acciones diferentes, por ejemplo, regresividad respecto al modelo anterior, la inclusión de un nuevo grupo y la omisión de incluir otros.

9.1. Esquematización de agravios

(116)     De los agravios contenidos en los diversos escritos de demanda se pueden extraer temáticas comunes, los cuales se esquematizan en la siguiente tabla:

9.2. Metodología de estudio

(117)     Atendiendo al esquema anterior, esta Sala Superior estima necesario estudiar en primera instancia lo relacionado con la consulta de las personas con discapacidad, pues de ser fundado podría dar lugar a la revocación de estas medidas; de no ser así se procederá a revisar los planteamientos de las y los actores en considerandos separados.

X. FALTA DE CONSULTA CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(118)     En cuanto a esta primera temática, las partes inconformes cuestionan la regularidad constitucional del Acuerdo reclamado, pues consideran en esencia lo siguiente:

           Las mesas de diálogo llevadas a cabo entre el INE y personas con discapacidad no pueden equipararse a consultas estrechas.

           En la reunión de las mesas de trabajo, se manifestaron críticas a las acciones afirmativas del pasado proceso electoral federal, ya que su participación no fue en condiciones de igualdad y se les incluyó en las listas para cumplir la cuota mínima a la que se encontraban obligados los partidos políticos.

           El INE dejó de valorar y tomar en cuenta las propuestas, necesidades y posicionamiento expresados por las personas con discapacidad que participaron en las mesas de diálogo de julio de dos mil veintitrés; por lo que no solo se omitió realizar una consulta, sino que lo manifestado por las personas con discapacidad, en modo alguno tuvo impacto en la decisión de los consejeros.

           La autoridad responsable limitó la consulta a personas con discapacidad y organizaciones que las representan a una mesa de diálogo de unos días, sin que ello cumpla con los parámetros de consulta convencionales.

           La convocatoria debía de ser lo más amplia posible para garantizar una adecuada ejecución, debiéndose observar los parámetros que sobre el particular estableció la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y acumuladas.

Respuesta.

(119)     En concepto de esta Sala Superior, los motivos de disenso antes reseñados son eficaces para reflejar que la autoridad responsable incumplió con los parámetros a observar en el desarrollo de las consultas, sin embargo, existe inviabilidad para proceder en los términos que pretenden, esto es, que se lleve a cabo de nueva cuenta la consulta, dado lo avanzado del proceso electoral.

Justificación

(120)     Al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-92/2022 y acumulados, —relacionado con la omisión del Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos político-electorales de las personas con discapacidad—, este tribunal sostuvo que el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás.

(121)     Esto, porque la consulta es la herramienta que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.

(122)     En efecto, la SCJN ha desarrollado el parámetro de regularidad constitucional a través de sus precedentes, en los cuales, tratándose del derecho a la consulta estrecha y participación de las personas con discapacidad, ha destacado la obligación convencional a que se sujetó el Estado Mexicano, en todos sus niveles de gobierno para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la expedición de una ley que regula cuestiones que les atañen. Ello, derivado de lo previsto en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.[28]

(123)     De esta forma, nuestro Alto Tribunal ha señalado como elementos mínimos para cumplir con la obligación de consultar a las personas con discapacidad en la creación de ley, es que su participación debe ser:[29]

           Previa, pública, abierta y regular. Deben establecerse reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.

           Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad.

           Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además, las instalaciones de los órganos parlamentarios deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

(124)     Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo.

(125)     Asimismo, en concepto del Máximo Tribunal del país, la accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal y debe cumplir con las características siguientes:

           Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretenden tomar.

           Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.

           Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente, porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, etcétera.

           Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

(126)     Debe destacarse que, éstas obligaciones no son oponibles únicamente a los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas generales que incidan directamente en las personas con discapacidad, o bien, respecto de la implementación de políticas públicas.

(127)     Ahora bien, del acuerdo impugnado es posible advertir los siguientes elementos relacionados con la acción afirmativa de personas con discapacidad:

                La autoridad responsable recibió diversas solicitudes para implementar medidas afirmativas para personas con discapacidad.

                El 24 de julio, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, llevaron a cabo una mesa de diálogo con personas con discapacidad para conocer sus opiniones respecto de la autoadscripción simple y calificada para el registro de candidaturas por dicha acción afirmativa, así como sobre el tipo de documentación idónea para acreditarla, respecto de la cual la responsable destacó los siguientes puntos:

o          Las personas asistentes a la mesa fueron sesenta y uno.

o          Su procedencia respecto del grupo al cuál representan se divide de la siguiente manera: el 64% de los asistentes representan a la sociedad civil organizada; el 30% a la ciudadanía en general; el 4% a la academia y el 2% a los partidos políticos.

o          Hubo críticas a la manera en la que se llevó a cabo la acción afirmativa en el periodo 2020-2021, porque la experiencia de las personas con discapacidad que participaron fue que no hubo condiciones de igualdad en el proceso, muchas percibieron que se las incluyó en las listas de las postulaciones sólo para cumplir con la cuota solicitada.

o          Se insistió en la responsabilidad de los partidos en ese sentido.

o          Hubo coincidencia en la necesidad de cuidar los espacios que provee la acción afirmativa de posibles simulaciones, así como el deber de formar políticamente a las personas con discapacidad, asignar presupuestos para la accesibilidad y las necesidades específicas para la participación de esa comunidad, así como iniciar un proceso de concientización con ella en cuanto a sus derechos.

o          La mayoría de los participantes en la mesa mostraron su acuerdo con la autoadscripción calificada, pero también hubo críticas al hecho de solicitar probar la condición de discapacidad, y a los trámites que implica la adquisición del certificado.

o          Se expresaron reflexiones en cuanto a la posibilidad de actos de corrupción para obtener los documentos para cumplir con la autoadscripción calificada.

o          Se vertieron propuestas en aras de simplificar los trámites para probar la condición de discapacidad, por ejemplo, incluir la información en la credencial para votar, al tiempo que se planteó combinar varios mecanismos para verificar que no existan fraudes o usurpación, como el reconocimien0to de la misma comunidad con discapacidad, o de asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas.

(128)     Derivado del acuerdo del Magistrado instructor la autoridad responsable remitió diversa documentación relacionada con la mesa de dialogo, de la cual se pueden extraer los siguientes datos:

         Se enviaron oficios de invitación para participar a las 5 diputadas y 3 diputados federales electos en 2021 por acción afirmativa en casos de situación con discapacidad.

         Participaron integrantes de las siguientes organizaciones: Libre Acceso A.C.; Coalición de Personas Sordas del DF (COPESOR); Colectivo Educación Especial Hoy; Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad (COAMEX); Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad A.C., FINDEDIS; Centro Nacional de Capacitación, Institución CONFE a Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual I.A.P.; Amor sin Fronteras A.C.; Movimiento de Personas con Discapacidad; Coalición de Personas Sordas, A.C.; Movimiento de Personas con Discapacidad; Movimiento para personas con discapacidad de Nuevo León; Red por la Inclusión de personas con discapacidad (Baja California Sur); Presidente de la Red Nacional de Ciegos A.C.; Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Cámara de Diputados; Movimiento de personas con discapacidad

         La procedencia de los asistentes fue la siguiente: 37 participantes mencionaron ser de la Ciudad de México, 21 no compartieron esta información, 8 personas fueron de Veracruz, 5 mencionaron ser de Chiapas, 5 más de Nuevo León y 5 de Puebla.

         Respecto de las personas participantes, reportaron tener las siguientes discapacidades:  Discapacidad Auditiva; discapacidad múltiple; discapacidad visual; y discapacidad Psicosocial.

         Procedencia del grupo al cuál representan 64% de las personas asistentes representan a diversas organizaciones especializadas, 30% a la ciudadanía en general, 4% a la academia y 2% a los partidos políticos.

         Las conclusiones de la mesa fueran las siguientes:

      Se presentaron constantes que requieren ser consideradas. Hubo críticas a la manera en la que se llevó a cabo la acción afirmativa en el periodo 2020-2021, porque la experiencia de las personas con discapacidad que participaron fue que no hubo condiciones de igualdad en el proceso, muchas percibieron que se las incluyó en las listas de las postulaciones sólo para cumplir con la cuota solicitada.

      Hubo coincidencia en la necesidad de cuidar la acción afirmativa de posibles simulaciones, así como el deber de formar políticamente a las personas con discapacidad; así como iniciar un proceso de concientización con ella en cuanto a sus derechos.

      La mayoría mostraron su acuerdo con la autoadscripción calificada, pero también hubo críticas reiteradas al hecho de solicitar probar la condición de discapacidad, y a los trámites que implica la adquisición del certificado.

      Se expresaron reiteradas reflexiones en cuanto a la posibilidad de actos de corrupción para obtener los documentos para cumplir con la autoadscripción calificada.

      Se vertieron propuestas en aras de simplificar los trámites para probar la condición de discapacidad.

      Se planteó combinar varios mecanismos para verificar que no existan fraudes o usurpación, como el reconocimiento de la misma comunidad con discapacidad, y/o de asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas.

(129)     Del análisis de la información remitida por la responsable sintetizada en párrafos anteriores, esta Sala Superior advierte, que a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y las Observaciones Generales 6 y 7 del respectivo comité; la consulta realizada por el INE incumple con los parámetros ahí establecidos.

(130)     Lo anterior, pues no se garantizó la participación de las personas con discapacidad a través de organizaciones especializadas en la materia, mediante una consulta estrecha en la que sus preocupaciones fueran tomadas en cuenta en el diseño de las acciones afirmativas. Aunado a que se debió procurar la asistencia de personas de todas las entidades federativas, con la accesibilidad y adaptabilidad que deben operar en esta clase de consultas.

(131)     En efecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de la Observación general número 6 (2018), sobre la igualdad y no discriminación, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

“E. Artículo 5, párrafo 4, sobre las medidas específicas

28. Las medidas específicas, que no han de considerarse discriminación, son medidas positivas o de acción afirmativa que tienen por finalidad acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Esas medidas se mencionan en otros tratados internacionales de derechos humanos, como el artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o el artículo 1, párrafo 4, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y consisten en introducir o mantener ciertas ventajas en favor de un grupo insuficientemente representado o marginado. Suelen ser de carácter temporal, aunque en algunos casos se precisan medidas específicas permanentes, en función del contexto y las circunstancias, como una deficiencia concreta o los obstáculos estructurales de la sociedad. Como ejemplos de medidas específicas cabe mencionar los programas de divulgación y apoyo, la asignación o reasignación de recursos, la selección, contratación y promoción selectivas, los sistemas de cuotas, las medidas de adelanto y empoderamiento, así como los servicios de relevo y la tecnología de apoyo.

29. Las medidas específicas que adopten los Estados partes en virtud del artículo 5, párrafo 4, de la Convención deben ser compatibles con todos los principios y disposiciones establecidos en ella. En particular, no deben perpetuar el aislamiento, la segregación, los estereotipos, la estigmatización ni otros tipos de discriminación contra las personas con discapacidad. Por lo tanto, los Estados partes deben celebrar consultas estrechas con las organizaciones de personas con discapacidad y colaborar activamente con ellas al adoptar medidas específicas.

(…)

33. En lo relativo a la obligación de los Estados partes de efectuar consultas, el artículo 4, párrafo 3, y el artículo 33, párrafo 3, de la Convención recalcan la importante función de las organizaciones de personas con discapacidad en la aplicación y el seguimiento de la Convención. Los Estados partes deben asegurarse de realizar consultas estrechas y conseguir la participación activa de esas organizaciones, que representan la enorme diversidad de la sociedad... Es la única manera en que se puede hacer frente a todas las formas de discriminación, incluidas la discriminación múltiple y la interseccional.

(…)

71. La recopilación y el análisis de datos son medidas fundamentales para hacer un seguimiento de las políticas y leyes de lucha contra la discriminación. Los Estados partes deben recopilar y analizar datos, que deben desglosarse por discapacidad y categoría interseccional. Los datos recopilados deben aportar información sobre todas las formas de discriminación. Esos datos deben ser amplios y abarcar estadísticas, descripciones y otros tipos de información como indicadores para evaluar la aplicación y el seguimiento de los progresos y la eficacia de iniciativas y políticas nuevas o en curso. Deben elaborarse indicadores que tengan en cuenta la cuestión de la discapacidad, y estos deben utilizarse con arreglo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El diseño, la recopilación y el análisis de los datos deberían ser participativos, es decir, llevarse a cabo a través de consultas estrechas y significativas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad…

(…)

73. A la luz del contenido normativo y las obligaciones que se han reseñado más arriba, los Estados partes deberían adoptar las medidas siguientes para garantizar la aplicación plena del artículo 5 de la Convención:

(…)

j) Elaborar, en estrecha consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, las instituciones nacionales de derechos humanos y otros interesados pertinentes, como los organismos de promoción de la igualdad, una política y una estrategia de igualdad que sean accesibles e incluyan a todas las personas con discapacidad.”

(132)     Asimismo, se debe tener en cuenta lo sostenido en la Observación general núm. 7 (2018) sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención, de donde se extrae, para lo que al caso que importa, lo siguiente:

           Debe diferenciarse entre las organizaciones de personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil.

           El término “organización de la sociedad civil” comprende distintos tipos de organizaciones, por ejemplo: las organizaciones e institutos de investigación, las organizaciones de prestatarios de servicios y otros interesados de carácter privado.

           Las organizaciones de personas con discapacidad son un tipo concreto de organización de la sociedad civil. Pueden formar parte de una organización coordinadora general de la sociedad civil o de coaliciones que no necesariamente promueven los derechos de las personas con discapacidad de forma específica, pero pueden apoyar la incorporación de los derechos de esas personas en la agenda de derechos humanos.

           De conformidad con el artículo 33, párrafo 3, de la convención, todas las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad, tienen un papel que desempeñar en el seguimiento de la Convención.

           Los Estados parte deberían dar prioridad a las opiniones de las organizaciones de personas con discapacidad al abordar cuestiones relativas a estas personas, y establecer marcos para solicitar a las organizaciones de la sociedad civil y a otros interesados que consulten e integren a las organizaciones de personas con discapacidad en su labor relativa a los derechos consagrados en la Convención y otros asuntos, como la no discriminación, la paz y los derechos ambientales.

(133)     Asimismo, por cuanto hace al modelo de consulta, el Comité sostiene que dicho ejercicio debería comprender a las organizaciones que representan a la amplia diversidad de personas con discapacidad a nivel local, nacional, regional e internacional.

(134)     De igual forma se precisa que, la “celebración de consultas estrechas y la colaboración activa” con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan es una obligación dimanante del derecho internacional de los derechos humanos que exige el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas para participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la base de su autonomía personal y libre determinación.

(135)     La consulta y colaboración en los procesos de adopción de decisiones para aplicar la Convención, así como en otros procesos de adopción de decisiones, deberían incluir a todas las personas con discapacidad y, cuando sea necesario, regímenes de apoyo para la adopción de decisiones.

(136)     Lo anterior cobra aplicación en el caso concreto porque, con independencia de que la medida afirmativa sea de naturaleza temporal o específica permanente, lo cierto es que la consulta constituye un mecanismo dentro del diseño que garantiza la participación y orienta el actuar de la autoridad.

(137)     Precisamente, la intención de una consulta, a partir de la opinión de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es escuchar las voces de la ciudadanía mediante las asociaciones representativas del grupo en cuestión, que permita recoger las visiones, experiencias y necesidades que doten de contenido la medida afirmativa y sea considerada como una acción que impacte de manera positiva en su entorno.

(138)     En todo caso, se debió proteger el núcleo esencial de una consulta, el cual se integra con la oportunidad de escuchar a un sector de la población que se estima vulnerado, para replicar a través de una acción afirmativa un modelo de visibilización acorde con la finalidad de dichas acciones.

(139)     Esto es, el derecho a participar es un derecho civil y político y una obligación de cumplimiento inmediato, sin sujeción a ninguna forma de restricción presupuestaria, aplicable a los procesos de adopción de decisiones, implementación y seguimiento. De esa manera, la participación de las organizaciones de personas con discapacidad contribuye a señalar mejor las medidas susceptibles de promover u obstaculizar sus derechos, lo que, en última instancia, redunda en mejores resultados para esos procesos.

(140)     Por esa razón, debe entenderse que la integración de las organizaciones de personas con discapacidad en todas las formas de adopción de decisiones refuerza la capacidad para defender sus derechos, y las empodera para que expresen sus opiniones de forma más firme, hagan realidad sus aspiraciones y fortalezcan sus voces colectivas y diversas.[30]

(141)     En ese contexto, una consulta estrecha y eficaz se presenta cuando existe una participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad, mecanismos y procedimientos adecuados y transparentes, en los distintos niveles y sectores del Gobierno, para tener expresamente en cuenta las opiniones de esas organizaciones cuando se motive una decisión pública.

(142)     Ahora bien, lo anterior, para el caso que nos ocupa, es relevante en la medida en que, la autoridad responsable no llevó a cabo la consulta adecuada, pues como se advierte de las constancias que obran en el expediente, el INE se limitó a convocar a una reunión que denominó mesa de trabajo o de diálogo, que en modo alguno satisface los requisitos de una auténtica consulta estrecha, a partir de los parámetros establecidos por la SCJN y a nivel del derecho interamericano, ya que no se demuestra que hayan estado presentes organizaciones de personas con discapacidad.

(143)     Afirmación que se corrobora cuando en el propio acto reclamado la autoridad responsable sostuvo que el 64% de las personas asistentes a la mesa de trabajo fueron representante de la sociedad civil, mas no así, organizaciones de personas con discapacidad, con lo ha sostenido el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

(144)     De esa manera, aun cuando se hayan emitido diversas propuestas en aras de simplificar los trámites para probar la condición de discapacidad, por ejemplo, incluir la información en la credencial para votar, al tiempo que se planteó combinar varios mecanismos para verificar que no existan fraudes o usurpación, como el reconocimiento de la misma comunidad con discapacidad, o de asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas, no pueden considerarse como actos tendentes a colmar los supuestos de una consulta estrecha.

(145)     Aunado a lo anterior, se destaca la baja participación de personas de las entidades federativas pues se presencia se reduce a 15 de solo 3 Estados: Chiapas, Nuevo León y Puebla, siendo indispensable que en este tipo de ejercicios la convocatoria sea amplia y robusta, para lograr captar la mayor cantidad posible de propuestas.

(146)     No obstante lo anterior, como bien lo precisan los actores en sus motivos de disenso, ante el hecho de que el actual proceso electoral ya se encuentra en curso, no es viable ordenar la realización de la consulta sobe las medidas dirigidas a las personas con discapacidad, en atención al principio de definitividad del proceso.

(147)     Empero, esta Sala Superior considera que lo procedente es vincular al INE para que en los procesos electorales posteriores, atiende en su justa dimensión los parámetros que ha establecido la SCJN y los organismos interamericanos en materia de consultas (independientemente de la materia o grupo vulnerable al que se dirige), con la finalidad de garantizar la participación efectiva y estrecha de quienes serán destinatarios de la actuación del órgano electoral nacional.

XI. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

(148)     Ahora bien, como una cuestión previa, esta Sala Superior considera necesario retomar la manera en que el INE implementó las acciones afirmativas que se revisan, a saber:

a)      Diputaciones.

          En el caso de personas indígenas —llamada acción afirmativa de las naciones mexicanas—, definió reglas que manera particular que debían observar los partidos políticos para la postulación de diputaciones por ambos principios (MR y RP).

          Para el caso de las personas mexicanas residentes en el extranjero, discapacidad y diversidad sexual, estableció otras directrices que, en su conjunto, tenían que cumplir los partidos políticos, para cumplir la cuota de todos estos grupos.

b)      Senadurías. Tratándose de senadurías, por ambos principios, se estableció un apartado con reglas en común para todos los grupos, incluyendo, en esa misma dinámica de postulación a las personas indígenas.

(149)     A continuación, se estima necesario establecer el marco normativo y conceptual bajo el cual se realizará el estudio correspondiente, por ende se analizarán los conceptos relativos al derecho a la igualdad y no discriminación así como las acciones afirmativas.

11.1. Derecho a la igualdad y no discriminación.

(150)     La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reconocer los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, dispone lo siguiente:

Artículo 1°. […]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(151)     Es conveniente señalar que la igualdad ante la ley está relacionada con el principio general de igualdad previsto en el citado artículo 1º constitucional, el cual establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, en el entendido que éstos no se podrán restringir ni suspender, sino en los casos y con las condiciones que ésta consigne, lo que pone de manifiesto el propósito de la sociedad en su actual desarrollo cultural, de superar las situaciones discriminatorias basadas en el género.

(152)     En ese sentido, nuestra Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que las personas que estén en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor.

(153)     Por tanto, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del sistema jurídico nacional, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.[31]

(154)     La Suprema Corte de Justicia de la Nación[32], ha sostenido que la igualdad es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual, invariablemente se predica de algo y consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras, siempre que se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

(155)     Además, que una modalidad o faceta del derecho a la igualdad es la prohibición de discriminar, la cual entraña que ninguna persona pueda ser excluida del goce de un derecho humano, ni tratada en forma distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente relevantes, especialmente cuando la diferenciación obedezca a alguna de las categorías sospechosas que recoge el artículo 1º constitucional, a saber: el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(156)     Así, se ha considerado que el derecho humano de igualdad y no discriminación, obliga a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.

(157)     No obstante, también se ha precisado que si bien el verdadero sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia, en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma injustificada; por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido sino que será constitucionalmente exigido. [33]

(158)     Sobre la misma idea, Ferrajoli ha sostenido que, “la igualdad en los derechos fundamentales resulta así configurada como el igual derecho de todos a la afirmación y a la tutela de la propia identidad, en virtud del igual valor asociado a todas las diferencias que hacen de cada persona un individuo diverso de todos los otros y de cada individuo una persona como todas las demás”.[34]

(159)     Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los derechos de igualdad y no discriminación, son principios de derecho y normas de jus cogens, es decir, derechos y normas que no aceptan acto en contrario y que vinculan al Estado y a los particulares. Al respecto, dicha Corte ha señalado:

100. […] El principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares. Esto implica que el Estado, ya sea a nivel internacional o en su ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede actuar en contra del principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un determinado grupo de personas.

101. En concordancia con ello, este Tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens” [35].

(160)     En este mismo sentido, la propia Corte Interamericana, en su Opinión Consultiva OC-4/84[36], destacó que es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.

(161)     No obstante, también precisó que, no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato se puede considerar ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.

(162)     En este sentido, la jurisprudencia interamericana ha reiterado que es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable. Por tanto, existen ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia; ya que, por el contrario, pueden ser un medio eficaz para proteger a quienes estén en circunstancias de desventaja.

(163)     Al resolver el Caso Castañeda Gutman vs. México, el mencionado órgano jurisdiccional reiteró que no toda distinción de trato puede ser considerada ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana; y además, que esa Corte ha diferenciado entre distinciones y discriminaciones, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos.

(164)     Tal criterio guarda compatibilidad con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CXXXIX/2013, titulada “IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS”.

(165)     Ahora bien, en relación con las distinciones a las que alude la Corte Interamericana, en el Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, ese Tribunal enfatizó el deber de los Estados de combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, así como el deber de adoptar las medidas positivas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. En consecuencia, los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos.

(166)     En este contexto, únicamente se consideran conforme a Derecho aquellas distinciones que sean razonables, proporcionales y objetivas, ya que, en tales circunstancias, esa distinción, no sería arbitraria ni redundaría en detrimento de los derechos humanos.

11.2. Acciones afirmativas.

(167)     En el marco del derecho a la igualdad y no discriminación, y particularmente con el propósito de alcanzar una auténtica igualdad sustantiva entre las personas o grupos, cobran sentido las medidas o acciones afirmativas o positivas[37], que la SCJN ha identificado como aquellas cuya implementación tiende a lograr la eliminación de la discriminación o desventaja histórica de determinados grupos o colectivos, que los mantiene en situaciones de vulnerabilidad.

(168)     Por tanto, el Alto Tribunal del país ha dicho que son medidas y/o acciones especiales y específicas, generalmente temporales y excepcionales, en las que se estima permitido que el Estado, a través de las autoridades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, otorgue un trato diferenciado que privilegie a un determinado grupo o colectivo en situaciones concretas, sustentado en la existencia de esas condiciones de desventaja o de discriminación estructural que se impone erradicar, dado que permean y obstaculizan, de hecho, el real goce de los derechos fundamentales para el determinado grupo de que se trate.[38]

(169)     Por su parte, esta Sala Superior, ha sostenido que las acciones afirmativas, dimanan de una interpretación progresiva, teleológica, y sistemática de nuestra Constitución y tienen como propósito aminorar la discriminación por determinada condición y garantizar la participación activa de las personas en la vida democrática del país.

(170)     Estas medidas, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, se denominan “medidas especiales”, en el derecho de la Unión Europea se nombran “medidas específicas” o de “acción positiva”, o en la doctrina como “acciones afirmativas”. En todos los casos su finalidad es asegurar la “igualdad sustantiva”. 

(171)     La SCJN ha reconocido que las acciones o medidas legislativas afirmativas, son una especie de “discriminación positiva”, —viable desde el punto de vista constitucional—, pues aun cuando pueden estar basadas o descansar en alguna de las categorías previstas en el quinto párrafo del artículo 1º de la Constitución, su propósito de alcanzar una real igualdad para grupos en situación de desventaja o históricamente discriminados que los coloca en condición de vulnerabilidad, a través de prerrogativas o tratos especiales que no se otorgan a otros grupos, excepcionalmente justifica la diferenciación, para compensar desigualdades de facto.

(172)     En el contexto de la discriminación por razón de género respecto de las mujeres, se ha hecho notar que el artículo 4º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se refiere a este tipo de acciones afirmativas como: “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer […] estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

(173)     La Primera Sala del Alto Tribunal[39], ha señalado que este tipo de medidas pueden emanar directamente del texto constitucional en cumplimiento de un deber impuesto expresamente desde la Norma Fundamental, o bien, pueden establecerse potestativamente por el legislador conforme a su libertad de configuración, o por el aplicador de la ley, con propósito de contribuir al alcance del pleno goce de derechos humanos en condiciones de igualdad.

(174)     En ese sentido, en cuanto se trate de medidas legislativas con ese carácter (afirmativas), lo que se impone es que, el trato diferenciado y preferencial que se establece en favor de determinado grupo sea objetivamente razonable y resulte proporcional, de manera que con él no se violente en perjuicio de otros grupos, el derecho de igualdad y no discriminación de una manera que no admita justificación.[40]

(175)     La CIDH también ha resaltado en diversas ocasiones y en distintos contextos, la convencionalidad y la exigencia de que los Estados Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adopten medidas afirmativas de toda índole, en la consecución efectiva de la igualdad sustantiva de personas y grupos discriminados[41].

(176)     En cuanto al tema, esta Sala Superior ha sostenido que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para grupos en situación de vulnerabilidad o en desventaja, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con el propósito de garantizar igualdad en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen los sectores sociales.[42]

(177)     Así, las acciones afirmativas están diseñadas para acelerar la participación de personas que pertenecen a grupos excluidos, invisibilizados y subrepresentados que por cuestiones estructurales no podrían acceder a los espacios de representación, deliberación y toma de decisiones.[43]

(178)     En la jurisprudencia 11/2015 de esta Sala Superior, se establece que la finalidad de las acciones afirmativas es: “[h]acer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades” y que las personas destinatarias son quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos.

(179)     Asimismo, las acciones afirmativas operan como medidas restitutorias, toda vez que permiten la realización del derecho a la participación y a la representatividad política de aquellos grupos que históricamente han sido discriminados e invisibilizados, por ende, se les ha negado que sus visiones y sus luchas sean parte del debate democrático y, por tanto, incluidas en la construcción de la legislación y las políticas públicas.

(180)     Ahora bien, es importante señalar que esta Sala Superior ha sustentado diversos criterios, respecto al tema de las acciones afirmativas:

                Los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son: Objeto y fin, destinatarios y conducta exigible[44].

                Las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el cual fueron implementadas cesarán[45].

                Las acciones afirmativas establecidas en favor de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, justifican el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, las cuales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material[46].

                Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales[47].

(181)     Por ello, la implementación de acciones afirmativas, constituye un instrumento idóneo para concretizar el pluralismo nacional, cuya optimización dimana de un mandato expreso de la Constitución general y de diversos tratados de los cuales el Estado Mexicano es parte, condición que se advierte de la interpretación integral de dichas normas, en donde existe coincidencia respecto a la obligación de que, a través de acciones encomendadas al Estado, se pugne por la prevalencia del principio de igualdad y no discriminación[48].

(182)     En conclusión, este órgano jurisdiccional ha sostenido que la implementación de acciones afirmativas tiene como fin hacer realidad la igualdad material y, por tanto, la representación y participación política en condiciones de igualdad de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.[49]

(183)     Finalmente, cabe hacer mención que la SCJN ha emitido algunos parámetros que sirven para identificar si se está o no ante una acción o medida afirmativa, para lo cual es viable corroborar que se satisfagan los siguientes elementos[50]:

                Que la medida acepte un grupo como entidad individualizable (afrodescendientes, mujeres, inmigrantes, personas en pobreza estructural, etcétera);

                Que existan y sean identificables algunos ámbitos relevantes para el desarrollo autónomo de las personas que forman parte de ese grupo o para el ejercicio de sus derechos (por ejemplo, los ámbitos de la política, el mercado laboral, la familia, el acceso a la educación, etcétera);

                Que ese grupo resulte o haya resultado excluido de alguno o algunos de esos ámbitos por un tiempo considerable, o se haya visto discriminado, de modo que su situación de sometimiento se perpetúe.

                Que la medida adoptada sea temporal y tenga la potencialidad de cumplir el propósito de eliminar, aminorar o revertir esa exclusión o sometimiento y/o cualquier efecto discriminatorio que sufra dicho grupo.[51]

(184)     De este modo, se resalta, que una de las características de las acciones afirmativas son su flexibilidad, por ende no son inmutables lo que permite medir su eficacia, y en su caso, que las mismas puedan modificarse o desaparecer. En todo caso, al revisar su implementación en algunos casos se ha determinado su inconstitucionalidad,

(185)     En efecto, recordemos que en el caso resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos, Grutter v. Bollinger, sostuvo que la diversidad en el cuerpo estudiantil es un interés estatal convincente que puede justificar el uso de la raza en la admisión universitaria. Sin embargo, si bien existía una justificación para la inclusión de estas acciones, también reafirmaron la necesidad de establecer límites en su aplicación.

(186)     Dichos límites, se dijo, tenían la intención de proteger contra 2 peligros que toda acción gubernamental basada en la raza conlleva. El primero es el riesgo de que el uso de la raza se convirtiera en "estereotipos ilegítimos". Por tanto, los programas de admisión no podían operar bajo la "creencia de que los estudiantes de minorías siempre (o incluso consistentemente) expresan algún punto de vista característico de minorías sobre cualquier tema".

(187)     Finalmente, en el precedente citado se sostuvo, que las políticas de admisión conscientes de la raza deben ser limitadas en el tiempo. En tal sentido, “La Corte toma la palabra de la Facultad de Derecho de que no le gustaría encontrar una fórmula de admisión neutral en cuanto a la raza y que terminará su uso de preferencias raciales tan pronto como sea prácticamente posible. La Corte espera que, dentro de 25 años, el uso de preferencias raciales ya no sea necesario para promover el interés aprobado hoy.”

(188)     En el caso más reciente, Students for fair admissions, inc. v. President and fellows of Harvard College, and University of North Carolina, Et Al. (resuelto el 29 de junio de 2023), con una mayoría dividida, la Corte resolvió que los programas de admisión de 2 universidades de Estados Unidos, que utilizaban la raza de los peticionarios como parámetro para la admisión no cumplían con los mandatos de la Cláusula de Igualdad de Protección, pues carecían de objetivos suficientemente enfocados y medibles que justificaran el uso de la raza, dado que, la empleaban de manera negativa, involucrando estereotipos raciales y carecían de un punto final, por lo que concluyó que eso programas de admisión no podían conciliarse con las garantías de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda.

(189)     En la opinión de la Corte, al aceptar programas de admisiones basados en la raza en los que algunos estudiantes pueden obtener preferencias únicamente en función de la raza, toleran precisamente lo que en el caso de Grutter habían señalado: el estereotipo.

“El punto de los programas de admisión de los demandados es que hay un beneficio inherente en la raza como tal, en la raza por la raza en sí misma. Los demandados lo admiten. El proceso de admisión de Harvard se basa en el pernicioso estereotipo de que "un estudiante negro generalmente puede aportar algo que una persona blanca no puede ofrecer". UNC [Universidad de North Caroline] es bastante similar. Sostiene que la raza en sí misma "dice [algo] acerca de quién eres".

Una y otra vez hemos rechazado con contundencia la noción de que los actores gubernamentales pueden asignar intencionalmente preferencias a aquellos "que pueden tener poco en común entre sí excepto el color de su piel". Todo el punto de la Cláusula de Igualdad de Protección es que tratar a alguien de manera diferente debido a su color de piel no es como tratarlo de manera diferente porque es de una ciudad o de un suburbio, o porque toca el violín mal o bien.

"Una de las principales razones por las que la raza se trata como una clasificación prohibida es que denigra la dignidad y el valor de una persona ser juzgada por su ascendencia en lugar de por su propio mérito y cualidades esenciales". Pero cuando una universidad admite estudiantes "en función de la raza, se involucra en la asunción ofensiva y denigrante de que [estudiantes] de una determinada raza, debido a su raza, piensan de manera similar".[52]

(190)     La cuestión anterior trajo como consecuencia la eliminación de esta acción afirmativa que durante mas de 23 años había permitido a ciertos colectivos estudiantiles incorporarse al sistema universitario de los Estados Unidos, siendo relevante la decisión en la medida que pone de relieve que en su adopción debe darse seguimiento a los objetivos y fijarse una temporalidad para cumplirlos.

(191)     En la Unión Europea al reconocerse el derecho a la igualdad se ha señalado que la implementación de estas medidas de compensación están justificadas.

(192)     Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho a no ser discriminado en el disfrute de los derechos reconocidos en el CEDH se vulnera también si los Estados […] no dan un trato diferenciado a las personas que se hallen en situaciones sustancialmente diferentes.”[53]

(193)     Los organismos europeos han sido muy cautelosos en la aplicación de estas medidas, tomando en cuenta las directrices de varios de los órganos de control[54] encargados de interpretar los tratados de derechos humanos, los cuales han resaltado que estas medidas deben ser de carácter temporal y no prolongarse más allá de lo necesario para resolver la desigualdad en cuestión.[55]

(194)     Si bien se reconoce que son pocos los casos en los que los tribunales europeos de Derechos Humanos han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre las llamadas acciones afirmativas o medidas de acción positiva, los mismos son ilustrativos de las preocupaciones de estos organismos de si bien proporcionar un trato que favorezca a ciertos grupos la acción debe ser proporcional al desequilibrio que se pretende corregir.

(195)     Bajo este contexto, los principales asuntos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de medidas especiales se han planteado en el marco de la igualdad de género; por ejemplo, en los casos Badeck y Abrahamsson, que, definen los límites de las medidas especiales que pueden adoptarse para compensar desventajas anteriores sufridas durante años por, en estos casos concretos, las mujeres trabajadoras.[56]

(196)     En el caso Georg Badeck y otros (28 de marzo de 2000), el Tribunal de Justicia declaró que una acción encaminada a promover prioritariamente a las candidatas femeninas en los sectores de la función pública en los que se encuentran infrarrepresentadas debe considerarse compatible con el Derecho comunitario:

—           Cuando no conceda de modo automático e incondicional preferencia a las candidatas femeninas que tengan una cualificación igual a la de sus competidores masculinos y

—           Cuando las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta las situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos.

(197)     En el caso de la señora Abrahamsson y el señor Anderson, por una parte, y la señora Fogelqvist, se hace referencia a la validez de la legislación sueca. La disposición establecía que los candidatos de un sexo infrarrepresentado que tuvieran calificación suficiente para desempeñar el puesto debían recibir prioridad, a menos que la diferencia entre las calificaciones de los candidatos fuera tan grande que se quebrara el requisito de la objetividad en la designación.

(198)     El TJUE consideró que la legislación concedía, en la práctica, automáticamente prioridad a los candidatos del sexo infrarrepresentado y que el hecho de que la disposición sólo lo excluyera en el caso de existir diferencias importantes de cualificación no era suficiente para evitar que la disposición tuviera efectos desproporcionados.

(199)     Regresando al ámbito americano, encontramos el caso de la Corte Constitucional de Colombia, la cual ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno a las acciones afirmativas, señalando las características generales y los requisitos establecidos por su propia jurisprudencia para que las autoridades las implementen, pues no todas ellas se ajustan a la Constitución Política y pueden constituir tratos discriminatorios que transgreden el orden constitucional[57].

(200)     En este sentido, esa Corte ha señalado los siguientes criterios para determinar que una medida afirmativa o de discriminación positiva se ajusta a la Constitución[58]:

           Deben ser transitorias y temporales, de tal manera que no perpetúen desigualdades en contra de aquellos grupos o personas que no se ven favorecidos por las medidas adoptadas. 

           Deben estar encaminadas a corregir tratos discriminatorios, por lo que consagran tratos desiguales pero constitucionales que intentan terminar con situaciones históricas, culturales o sociales de trato discriminatorio. 

           Son medidas de grupo que deben ser expresamente autorizadas por la ley o por actos administrativos, dependiendo de la situación concreta.       

           Se implementan en situaciones de escasez de bienes o servicios.        

           Son diseñadas para favorecer un grupo determinado de personas, por lo que no son válidas si se aplican de manera general.

(201)     Algunos ejemplos de resoluciones que ha emitido podemos encontrar la siguientes:

i.          Sentencia C-519 de 2019: “En la realidad, las personas no son iguales y prescribe que deben establecerse medidas jurídicas que reviertan el estado de cosas inequitativo, es decir, que reacomoden la diferencia. Se trata de otorgar derechos e implementar acciones afirmativas que favorezcan a las personas y grupos vulnerables, así como remuevan obstáculos que tienen para desarrollar su vida diaria. Este tipo de igualdad es consciente y sensible de la posición que ocupa el individuo en la sociedad y de su pertenencia al grupo excluido. En otras palabras, permite evidenciar una marginación estructural que padece un colectivo en una sociedad y revertir esa situación (…) si existe una igualdad en el mundo real, el tratamiento igualitario en sentido formal será más importante. Además, una paridad material y sustantiva subsana los vacíos y los efectos negativos que puede traer una igualdad fundada exclusivamente en un aspecto formal, como son el extremo individualismo en su análisis de razonabilidad, la ceguera ante la exclusión estructural que sufren algunos colectivos y las consecuencias inequitativas que pueden traer los tratos neutrales que no revisan la realidad”.[59]

Organismos Internacionales de derechos humanos

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

(202)     En la recomendación general número 32, significado y alcance de las medidas especiales en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), sostuvo que, el concepto de medidas especiales se basa en el principio de que las leyes, políticas y prácticas adoptadas y aplicadas para cumplir las obligaciones previstas en la Convención deben complementarse, cuando las circunstancias lo aconsejen, con la adopción de medidas especiales temporales destinadas a garantizar el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades fundamentales por los grupos desfavorecidos.

(203)     Refirió que las medidas especiales forman parte del conjunto de disposiciones de la Convención encaminadas a eliminar la discriminación racial, para cuyo cumplimiento será necesario aplicar fielmente todas las disposiciones de la Convención.

(204)     En el mismo instrumento, la CEDR, señaló, que las medidas especiales han de ser adecuadas a la situación que quiere remediarse, ser legítimas, ser necesarias en una sociedad democrática, respetar los principios de justicia y proporcionalidad y ser temporales.

(205)     Estas medidas deben concebirse y aplicarse en función de las necesidades y basarse en una evaluación realista de la situación actual de las personas y las comunidades afectadas. Las evaluaciones de la necesidad de medidas especiales deben basarse en datos precisos, desglosados por raza, color, linaje y origen étnico o nacional y que incorporen una perspectiva de género, sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de los diversos grupos de población y su participación en el desarrollo social y económico del país.

(206)     Además, que los Estados parte deben asegurarse de que las medidas especiales se conciban y apliquen después de haber consultado a las comunidades beneficiarias y con la participación activa de estas comunidades.

(207)     Por otra parte, señaló, que las medidas especiales no han de mantenerse en vigor "después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron". Esta limitación de la aplicación de medidas especiales es de carácter esencialmente funcional y está relacionada con un objetivo: las medidas deben dejar de aplicarse cuando se hayan alcanzado de manera sostenible los objetivos para los cuales se aplicaron, o sea los objetivos de igualdad. El plazo permitido para la aplicación de las medidas variará según cuáles sean sus objetivos, los medios utilizados para alcanzarlos y los resultados de su aplicación. Por consiguiente, las medidas especiales deben ajustarse considerablemente para que respondan a las necesidades particulares de los grupos o individuos interesados.

(208)     Finalmente, se destaca, lo relativo a la exigencia de que se limite el período para el cual se hayan adoptado las medidas conlleva la necesidad, como en el diseño e iniciación de las medidas, de un sistema continuo de seguimiento de la aplicación y los resultados que utilice métodos de evaluación cuantitativa o cualitativa, según proceda. Los Estados parte deben determinar con detenimiento las posibles consecuencias negativas para los derechos humanos de las comunidades beneficiarias de la suspensión abrupta de las medidas especiales, máxime si estas se han adoptado por un período prolongado.

(209)     De lo anterior, se concluye, que la admisión de las medidas especiales, deben tener como única finalidad la eliminación de las desigualdades existentes y la prevención de futuros desequilibrios.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer

(210)     El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDCM) ha detallado que estas «medidas especiales de carácter temporal» pueden incluir el «trato preferencial, el reclutamiento, contratación y promoción dirigidos a determinadas personas y los sistemas de cuotas».[60]

(211)     Las medidas que se adopten en virtud del párrafo 1 del artículo 4 por los Estados Parte deben tener como finalidad acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. El Comité consideró la aplicación de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación sino como forma de subrayar que las medidas especiales de carácter temporal son parte de una estrategia necesaria de los Estados Parte para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

(212)     En esta Recomendación General número 25, sostuvo, que el término “medidas” abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa, y reglamentaria, como pueden ser los programas de divulgación o apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la determinación de metas en materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos relacionados con plazos determinados; y los sistemas de cuotas.

(213)     La elección de una “medida” en particular dependerá del contexto en que se aplique el párrafo 1 del artículo 4 y del objetivo concreto que se trate de lograr. La adopción y la aplicación de medidas especiales de carácter temporal pueden dar lugar a un examen de las cualificaciones y los méritos del grupo o las personas a las que van dirigidas y a una impugnación de las preferencias concedidas a mujeres supuestamente menos cualificadas que hombres en ámbitos como la política, la educación y el empleo.

(214)     Dado que las medidas especiales de carácter temporal tienen como finalidad acelerar el logro de la igualdad sustantiva o de facto, las cuestiones de las cualificaciones y los méritos, en particular en el ámbito del empleo en el sector público y el privado, tienen que examinarse detenidamente para ver si reflejan prejuicios de género, ya que vienen determinadas por las normas y la cultura.

(215)     En el proceso de nombramiento, selección o elección para el desempeño de cargos públicos y políticos, también es posible que haya que tener en cuenta otros factores aparte de las cualificaciones y los méritos, incluida la aplicación de los principios de equidad democrática y participación electoral.

11.3. Conclusiones

(216)     Como corolario de todo el marco normativo anterior, podemos establecer que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades.

(217)     Sus características principales son las siguientes:

                Temporales, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen;

                Proporcionales, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar;

                Razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado.

                Flexibles: Las medidas no son fijas e inmutables, sino que deben revisarse y evaluarse y modificarse en atención a la eficacia de las medidas derivado de la situación de evolución de los grupos a los que ha sido destinada.

(218)     El objetivo central de las acciones afirmativas en materia electoral, descansa en la realización del derecho a la participación y a la representatividad política de aquellos grupos que históricamente han sido discriminados e invisibilizados, por tanto constituyen un instrumento idóneo para concretizar el pluralismo nacional.

(219)     Al ser medias transitorias y temporales, no deben perpetuar desigualdades en contra de aquellos grupos o personas que no se ven favorecidos por las medidas adoptadas.

(220)     Al implementarse, debe evitarse que las disposiciones tengan efectos desproporcionados, por lo que no pueden ser incondicionales y absolutas.

(221)     La exigencia de que se limite el período para el cual se hayan adoptado las medidas conlleva la necesidad, tanto en el diseño e iniciación de las medidas, de un sistema continuo de seguimiento de la aplicación y los resultados que utilice métodos de evaluación cuantitativa o cualitativa, según proceda.

(222)     Se debe determinar con detenimiento las posibles consecuencias negativas para los derechos humanos de las comunidades beneficiarias de la suspensión abrupta de las medidas especiales, máxime si estas se han adoptado por un período prolongado.

(223)     La Corte Suprema de Estados Unidos en la aplicación del principio de no discriminación y de igualdad de trato —recogido en la 14ª enmienda— ha tenido una evolución jurisprudencial que la llevó en un principio a aceptar la adopción de acciones afirmativas o medidas de compensación y muy recientemente a declarar su inconstitucionalidad.

(224)     Lo anterior, bajo el razonamiento de que en su implementación carecían de objetivos suficientemente enfocados y medibles que justificaran el uso de la raza, dado que, la empleaban de manera negativa, involucrando estereotipos raciales y carecían de un punto final.

(225)     Sobre la temporalidad de su implementación, en la Unión Europea, han sido muy cautelosos en la aplicación de estas medidas, tomando en cuenta las directrices de varios de los órganos de control[61] encargados de interpretar los tratados de derechos humanos, los cuales han resaltado que estas medidas deben ser de carácter temporal y no prolongarse más allá de lo necesario para resolver la desigualdad en cuestión.[62]

(226)     Las acciones afirmativas al tener una naturaleza flexible y no inmutable admiten modificaciones, en todo caso, debe analizarse si las nuevas medidas l razonable y objetivamente procuran una mejor participación de los grupos a los que van dirigidas.

11.4. Progresividad y no regresividad

(227)     De conformidad con el artículo 1º párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la progresividad es uno de los principios rectores de los derechos humanos, incluidos los políticos y electorales, el cual tiene una proyección en dos vertientes: a) ampliación efectiva y gradual de los derechos; y b) prohibición de regresividad[63].

(228)     La prohibición de regresividad implica que una vez logrado cierto avance en el desarrollo de un derecho, el Estado no puede, por regla general, disminuir el nivel de mejora alcanzado y mucho menos anularlo.

(229)     El principio de no regresividad supone que las autoridades no deben, so pena de inconstitucionalidad, limitar o anular derechos que previamente hayan establecido, salvo que tengan un motivo justificado para ello.

(230)     Consecuente con lo anterior, la Segunda Sala de la SCJN sostiene que el principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.[64]

(231)     La referida Sala sostiene que el principio de progresividad es “indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque la observancia a dicho principio impide, por un lado, la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección y, por otro lado, favorece la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección”.

(232)     El principio de progresividad —añade la Segunda Sala en la resolución indicada—se “predica a la totalidad de los derechos humanos reconocidos por el mismo, no sólo porque el artículo 1° constitucional no distingue su aplicación entre los derechos civiles y políticos, y los diversos económicos y sociales, sino porque esa fue la intención del Poder Revisor de la Constitución al reformar la norma constitucional, tal y como se desprende de los procesos legislativos respectivos”.

(233)     En las relatadas condiciones, el principio de progresividad implica varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales.

(234)     En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador —sea formal o material—, la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos.

(235)     En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente.[65]

(236)     No obstante, la propia Corte ha sostenido que, si bien el principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano.

(237)     En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión.[66]

(238)     En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido que las medidas regresivas no son en sí y por sí mismas inconvencionales, sin embargo, requieren de una consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente, de ahí que "para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso"[67].

(239)     A su vez, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado la necesidad de otorgar una atención especial a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, por lo cual las medidas regresivas en materia de grupos vulnerables deben ser adoptadas en circunstancias extraordinarias y considerando todos los demás derechos[68].

(240)     La Segunda Sala de la SCJN ha señalado que para considerar que una medida regresiva está justificada debe analizarse si:[69] i) dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y ii) genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos.

(241)     La irreversibilidad (aunque no es absoluta ni para todos los casos), se traduce en la imposibilidad de que se reduzca un derecho o una protección ya reconocida, con la finalidad de lograr la conservación o no derogación del régimen más favorable.

(242)     De conformidad con la no regresividad de los derechos humanos (correlativa de la progresividad), las autoridades del Estado mexicano (incluidas las legislativas y administrativas) no pueden válidamente adoptar medidas tendientes a retrotraer o menoscabar un derecho ya reconocido o disminuir su umbral, produciendo una situación jurídica desfavorable, pues ello implicaría violación a los derechos en juego.

(243)     La Corte Constitucional de Colombia ha considerado que una medida es regresiva cuando:[70] i) se recorta o limita el ámbito sustantivo de protección del derecho involucrado; ii) cuando aumentan sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho; y iii) cuando disminuyen o desvían sensiblemente los recursos públicos destinados a su satisfacción.

(244)     De igual forma, ese Tribunal Constitucional ha estimado que para determinar si una medida es regresiva corresponde al Estado demostrar que la medida sujeta a control constitucional debe pasar una especie de test de proporcionalidad. Más recientemente,[71] ha añadido las siguientes exigencias para la implementación de una medida regresiva, la autoridad responsable debe: i) identificar la constitucionalidad de la medida y ii) considerar la inclusión de un proceso deliberativo en el que se incluya a los sectores afectados con la regresión, aun cuando la medida sea emitida por una autoridad administrativa.

(245)     En concordancia con lo anterior, esta Sala Superior considera que para analizar si una medida supuestamente regresiva resulta válida o justificada debe examinarse si:

(i)            Dicha medida tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano;

(ii)          Se recorta o limita el ámbito sustantivo de protección del derecho involucrado;

(iii)        La medida está justificada por razones de peso;

(iv)       Cuando disminuye o desvían sensiblemente los recursos públicos destinados a su satisfacción, y

(v)         Genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos.

(246)     Sentado el marco normativo anterior, a continuación, se procede al estudio de los agravios conforme a la metodología planteada:

11.5 Diputaciones indígenas de MR.

(247)     Quienes promueven la presente acción constitucional y se identifican como integrantes de una comunidad indígena, aducen que el acto reclamado transgrede en su perjuicio el principio de progresividad, a partir de los argumentos siguientes:

           La nueva manera en que el INE determinó la postulación de diputaciones por el principio de MR, puede generar que existan distritos en los que compitan personas indígenas con no indígenas.

           No se garantiza equitativamente la participación a la población indígena y originaria, porque en los supuestos en donde exista muy baja densidad de población indígena, se postularán 6 fórmulas, al igual que donde existe alta densidad.

           No se establece con certeza en qué distritos específicamente se deben registrar las candidaturas para las comunidades indígenas y en los hechos se pueden reducir el número de candidaturas, es decir, los partidos políticos y coaliciones pueden registrar en cualquiera de los 44 distritos indígenas, lo que puede ocasionar que las candidaturas indígenas compitan con otras que no lo sean y puede acarrear que las acciones afirmativas no sean efectivas.

           Solo se garantizan 30 candidaturas indígenas para diputaciones federales para el PEF 2023-2024 (18 por MR y 12 por RP), que corresponde al mismo número de escaños que se reservaron en el proceso de 2020-2021, lo cual resulta regresivo sin que haya una plena justificación por parte la autoridad administrativa electoral.

           El Consejo General INE debía garantizar un incremento de candidaturas indígenas para diputaciones federales, es decir, por un lado debía implementar acciones afirmativas en los 44 distritos electorales indígenas que se señalan en el Acuerdo INE/CG875/2022; por otro lado, la autoridad electoral debe considerar la proporcionalidad de la población indígena y que esto se traduzca en escaños legislativos en la Cámara de Diputados, tomando en cuenta que en el territorio nacional existe 68 pueblos indígenas, lo que equivale a 23.2 millones de personas.

           Lo determinado por el INE no obliga a los partidos políticos a postular candidaturas indígenas en distritos específicos a efecto de asegurar su participación política, ya que con el modelo implementado lo único que garantiza son postulaciones en lugares indeterminados que generan una simulación a la acción afirmativa ya que no se garantiza el derecho a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas.

           No se determinan los distritos electorales con mayor población indígena en el que deben postularse únicamente personas indígenas, tal como lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF en el Expediente SUP-RAP-121/2020 y sus acumulados.

           En el proceso electoral 2020-2021, las postulaciones de personas indígenas ascendieron a 30, 21 por MR y 9 por RP; las primeras, en distritos específicos considerados como "distritos indígenas", y las de RP, también especificando el número y circunscripción a la que correspondería.

Respuesta.

(248)     Los agravios antes reseñados resultan fundados en tanto que, la determinación adoptada por el INE transgrede el principio de progresividad en perjuicio del grupo de personas indígenas, por lo que se refiere la postulación a diputaciones por el principio de MR.

(249)     Ello, dado que el Acuerdo implementa un sistema de bloques mediante el cual se desconoce el avance obtenido por las personas indígenas a partir de la identificación y postulación en distritos específicos, acorde con la línea jurisprudencial establecida por esta Sala Superior en diversos medios de impugnación, que garantiza un acceso de representación efectivo. Sin que la motivación empleada por la responsable logre demostrar que el sistema adoptado, depara mayor beneficio al grupo de personas indígenas en comparación con los criterios previamente adoptados por este tribunal constitucional.

Justificación

(250)     En efecto, para esta Sala Superior, un punto de partida que demuestra la primera de las conclusiones apuntadas radica en los modelos adoptados por el INE en el proceso electoral 2020-2021, en relación con el actual proceso 2023-2024 en cuanto a las candidaturas reservadas para los integrantes de las comunidades indígenas.

(251)     De manera esquemática, ambos sistemas de postulación en la elección de MR se reflejan de la siguiente manera:

(252)     Asimismo, para una mejor apreciación de las reglas implementadas en el actual proceso electoral 2023-2024, se desarrollan los esquemas siguientes:

(253)     Expuesto lo anterior, se tiene que en el caso de diputaciones por MR, en el actual modelo, tiene una reducción de espacios atento a lo siguiente:

         Por cuanto hace al número de fórmulas para diputaciones por MR, en el proceso 2020-2021, se determinó que los partidos políticos o coaliciones, debían postular personas indígenas en por lo menos 21 de los 28 Distritos Electorales federales.

         Mientras que, en el acuerdo reclamado a implementarse en el PEF 2023-2024, solo se exige la postulación de 18 fórmulas.

(254)     Ahora bien, acorde con lo anterior, se demuestra que la forma de distribución que empleó el INE contiene un sistema de bloques de alta, media y baja concentración, lo cual refleja que la autoridad se apartó del modelo anterior basado en “distritos indígenas” en los cuales se debían establecer fórmulas de personas con tal calidad, como se había mandatado por esta Sala Superior, a través de criterios de progresividad.

(255)     En efecto, al resolverse el recurso de apelación SUP-RAP-726/2017 y acumulados, este tribunal empleó una visión que garantizaba los derechos de igualdad y no discriminación de las personas indígenas, a través de una interpretación progresiva del derecho de participación política.

(256)     Concretamente, se sostuvo:

“Son parcialmente fundados los agravios que nos ocupan, porque si bien a juicio de esta Sala Superior, las medidas implementadas por el Instituto Nacional Electoral, constituyen una acción compensatoria que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan las comunidades indígenas, y que, este tipo de acciones se caracterizan por implementarse de manera gradual, temporal y progresiva, lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral debió considerar conforme al criterio objetivo de población indígena que es la base de la emisión de la acción afirmativa controvertida, y a fin de optimizar dicha medida, que son trece los distritos en donde se concentra el mayor número de población que corresponde a ese grupo social del Estado mexicano; y que por tanto, en ellos, deben ser postulados por los partidos políticos y coaliciones, únicamente, candidatos que tengan la condición de indígenas, porque con ello se garantiza que, efectivamente dichos ciudadanos sean electos, sin dejar al libre arbitrio de tales institutos, escoger aleatoriamente los distritos en los que los postularán.

(…)

Ciertamente, a juicio de esta Sala Superior, si bien la medida adoptada por el Consejo General del INE es idónea para alcanzar la finalidad legítima de garantizar una mínima representación indígena en la Cámara de Diputados, ésta no resulta efectiva para ello, por lo cual, debe optimizarse a efecto de cumplir plenamente dicha finalidad y acelerar la participación política de las personas indígenas.

Lo anterior, debido a que la medida adoptada por el Consejo General permite la existencia de escenarios de participación de personas indígenas y no indígenas en un mismo distrito, existiendo la posibilidad de que, ante la pluralidad de partidos políticos participantes, no ganen personas correspondientes a tales pueblos o comunidades; consecuentemente, de reiterarse esta situación en los 28 distritos seleccionados por la autoridad, la medida perdería su efectividad y sus efectos serían limitados.

En este sentido, se considera que debe ajustarse la medida a fin de que los partidos políticos postulen únicamente candidatos indígenas en 13 distritos, a fin de garantizar que, efectivamente, los representantes que resulten electos sean personas que posean esa calidad y formen parte de las comunidades y pueblos indígenas en tales distritos. Al garantizar que todas las opciones de votación sean integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, los ganadores serán personas pertenecientes a dichos colectivos, salvo en aquéllos casos en los que se hubiere postulado una candidatura independiente no indígena.

(…)

Conclusión directa de lo anterior es que, con el propósito de hacer efectiva la medida para acelerar la participación política de los ciudadanos indígenas, el Instituto Nacional Electoral debió establecer la obligación a cargo de los partidos políticos de postular, únicamente, candidatos con dicha calidad en los 13 distritos precisados …, a fin de garantizar que, efectivamente, los representantes que serán electos formen parte de las comunidades y pueblos indígenas integrados en los mismos.

Por lo que, en este aspecto debe modificarse el acuerdo, a fin de que, todos los partidos políticos o coaliciones postulen, en los 13 distritos mencionados en el cuadro número 2, únicamente, a candidatos indígenas, para hacer eficaz la medida implementada, porque ello se traducirá necesariamente en que, quienes resulten electos, sean personas a las que va dirigida la acción afirmativa, sin perjuicio, desde luego, de que en los restantes  distritos puedan postular a candidatos pertenecientes a dichos pueblos o comunidades, en tanto que estamos frente a una cuota mínima a cubrir, mas no limitativa.

Lo anterior, sin dejar de advertir que la medida implementada debe ser válida para este proceso electoral, sin perjuicio de que, en su momento pueda ser modificada, en atención a los resultados obtenidos con su implementación, así como con plena observancia de los principios de progresividad y pro persona estatuidos en el artículo 1° de la Carta Magna.”

(257)     Asimismo, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-121/2020 y acumulados, esta Sala Superior, retomó el criterio de progresividad adoptado en el diverso recurso SUP-RAP-726/2017, y determinó que el acuerdo reclamado en ese momento (INE/CG572/2020) debía modificarse, entre otros efectos, para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinara los 21 distritos en los que deberían postularse candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, según la acción afirmativa indígena.

(258)     Dentro de las consideraciones que sustentaron la decisión, se encuentran las siguientes:

“Esto, tomando en cuenta que si la finalidad de las acciones afirmativas es erradicar los supuestos fácticos en los que subyacen las desigualdades basadas en las categorías sospechosas listadas en el artículo 1 de la CPEUM, así como generar nuevas condiciones que garanticen la tutela efectiva y plena del derecho de igualdad como eje rector del resto de los derechos fundamentales, lo conducente es que, con base en el principio de progresividad, se avance ininterrumpidamente para lograr que todas las personas disfruten de sus prerrogativas constitucionales en la justa medida que les corresponde, sin que exista alguna distinción irracional de cualquier índole que se los impida.

De ahí que, en inicio, sea conforme a Derecho que la responsable haya establecido como base mínima para garantizar el acceso y desempeño a los cargos legislativos de elección popular a las comunidades y pueblos indígenas que históricamente han sido segregados en ese rubro, un incremento en el número de cargos reservados para tal efecto, así como la inclusión de dicha medida en los cargos de representación popular, dado que se parte de la dinámica de que este tipo de medidas debe ser progresiva, lo que implica que debe ir en ascenso hasta alcanzar las condiciones jurídicas y fácticas que las hagan innecesarias.

Además, con ella se podría garantizar una ocupación cameral de por lo menos treinta curules con legisladoras y legisladores de extracción indígena, electos por ambos principios, lo que, en buena medida, se apega a los lineamientos definidos jurisdiccionalmente por esta Sala Superior, los que si bien no son de cumplimiento obligatorio, si constituyen un parámetro de validez del acuerdo impugnado, el cual toma como base ciertos elementos, pero potencia e incrementa progresivamente otros aspectos, a fin de reducir la brecha de subrepresentación político-legislativa de los pueblos y comunidades indígenas.

En ese estado de cosas, esta Sala Superior considera que la acción diseñada por al responsable es en sí misma progresiva, además de que, contrario a lo que sostiene el recurrente, es congruente con los cánones que definen el respeto al derecho de igualdad y no discriminación por motivos raciales y de género, además de que, contrario a lo que sostiene el recurrente, los razonamientos expresados por el CGINE para dar sustento a su decisión son razonables y objetivos, aun cuando estén basados en un criterio poblacional orientado por las mismas cifras estadísticas utilizadas en el PEF 2017-2018, pues como él mismo impugnante lo señala, no existe ningún instrumento actualizado que permita tomar otro tipo de decisiones.

(…)

Por lo tanto, encuentra debida justificación que, para el presente proceso electoral federal se postulen candidaturas en por lo menos 21 (veintiuno) de los 28 (veintiocho) distritos indígenas, por el principio de mayoría relativa, de las cuales 11 (once) deben corresponder a mujeres y 10 (diez) a hombres.

Además de que, también se deben postular 9 (nueve) candidaturas por el principio de representación proporcional, de las cuales hasta cinco corresponden a un mismo género, precisamente porque con ello se logra la armonización de la postulación de las candidaturas indígenas con el principio de paridad de género, en aras de revertir la desigualdad estructural e histórica en la que se han visto inmersos tanto las personas indígenas como las mujeres.

(…)

Las referidas medidas, posibilitan que personas pertenecientes a minorías tengan el derecho efectivo de participación en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública[73], como en el caso concierne, que se trata de una medida tendente a garantizar el acceso, postulación y ejercicio de la función representativo del pueblo mexicano en la máxima tribuna política del país.

Expuesto lo anterior, conviene precisar que las razones referidas no solo orientaron en gran medida la decisión aquí cuestionada, sino que, además, son la base jurídica que refuerza la respuesta dada por el CGINE a la problemática representativa que padecen los pueblos y comunidades indígenas, de ahí que, contrario a lo que refiere el impugnante, no se trata de factores decisivos subjetivos, sino de un andamiaje jurídico construido a partir de la interpretación que sobre el alcance y finalidad de los derechos de las personas pertenecientes a esos grupos poblacionales, han desarrollado los tribunales de la nación y las instancias internacionales en materia de derechos humanos.

(…)

De esta manera, a partir del principio de progresividad y congruencia con lo decidido por esta Sala Superior, como se hizo en 2017, se evita que en la contienda electoral compitan candidatos y candidatas indígenas con no indígenas, lo que se traduciría en condiciones posiblemente inequitativas. Asimismo, se da operatividad a la acción afirmativa indígena.

(…)

En tal sentido, como ya se dijo en el fallo, la medida constituye una manifestación del principio de progresividad, porque es tendente a continuar el avance constante hacia un nivel de representatividad de las comunidades indígenas que sea acorde con el sector que representan dentro del conglomerado social mexicano, es decir, el 21.5%.”

(259)     Como se ve, la línea jurisprudencial de esta Sala Superior ha evolucionado en clave de progresividad de derechos humanos, primero, aumentando un distrito de naturaleza indígena en 2017 (de 12 a 13).

(260)     Posteriormente, se determinó que el INE debía especificar claramente en cuáles de los 21 distritos los partidos y coaliciones debían postular fórmulas integradas por personas indígenas, reconociendo la progresividad de las medidas adoptadas.

(261)     En ese sentido, como se expuso, esta Sala Superior si bien reconoce que una de las características de las acciones afirmativas es precisamente su flexibilidad (que permiten su modificación atendiendo a la falta de eficacia o de idoneidad de una medida), en el caso, no advierte que la motivación empleada por el INE para establecer un nuevo modelo, logre derrotar el criterio de progresividad adoptado para que, tratándose de personas indígenas, sean postuladas en distritos específicos, esto es, que en esos distritos solo participen personas de las comunidades indígenas, lo que garantiza no solo su participación sino su representación real; pues en modo alguna demuestra que la metodología de postulación contenida en el acuerdo reclamado, constituya una medida que genere mayor beneficio.

(262)     Ello, pues al considerarse que las postulaciones deben ser en bloques de concentración, no garantiza que, en los hechos, se obtenga un resultado más favorable al que tenían asegurado las personas indígenas a partir de la certeza en los distritos donde debían ser postuladas.

(263)     Se patentiza lo anterior, porque el acuerdo reclamado, como se esquematizó, determina una fórmula de combinación por bloques, que se integra, en el primero de ellos (alta) con 27 distritos, en el segundo (media) con 60 y en el tercero (baja) con 213.

(264)     Además, dicha postulación condiciona a un parámetro de competitividad electoral basado en los resultados del PEF anterior, de tal manera que, en cada uno de los bloques, las 6 fórmulas tienen que ajustarse a la votación recibida por el partido político, quedando de la manera siguiente:

           2 en los distritos en los que obtuvo mayor votación.

           2 en los distritos en los que obtuvo votación intermedia.

           2 en los distritos en los que obtuvo menor votación.

(265)     Este diseño, en concepto de esta Sala Superior, no garantiza el acceso efectivo a las personas indígenas y, por tanto, tampoco supera el reconocimiento del derecho en cuestión que tienen asegurado con el modelo de postulación por Distritos, donde se garantizaba que por lo menos en los 21 distritos —en donde solo se postulaban personas indígenas—, se tuviera desde ese momento la seguridad que igual número de personas se incorporarían a la Cámara de diputados bajo el principio de mayoría relativa.

(266)     Cuestión que a la postre se vio reflejado con los resultados obtenidos con el modelo implementado en el PEF 2020-2021 en donde, según datos del INE, fue el siguiente:

(267)     Esos datos corroboran que del número de personas electas (37), 21 llegaron por mayoría relativa, en una proporción de 8 hombres y 13 mujeres.

(268)     Lo anterior se puede observar gráficamente de la siguiente manera:

Poner gráfica

(269)     Como se puede apreciar el modelo de distritos indígenas que se utilizó permitió que, de las 37 personas que accedieron a una diputación, la mayor parte lo hizo por este método [57%], pues era evidente que los 21 distritos con esta calidad garantizaban que un número igual de personas accedieran al cargo, lo que en principio demuestra un cierto grado de efectividad.

(270)     Por el contrario, esta Sala Superior no advierte que, en la motivación de la medida impugnada, la autoridad responsable haya proyectado la manera en que el modelo adoptado reflejaría mayor beneficio.

(271)     En ese sentido, para este tribunal federal, no existe plena certeza de que la medida tenga como finalidad esencial incrementar el grado de tutela del derecho fundamental reconocido y  por vía de consecuencia, limita el ámbito sustantivo de protección alcanzado con el sistema de postulaciones por Distritos indígenas; aunado a que, en el Acuerdo reclamado, tampoco se precisa la justificación para dejar de replicar un modelo que garantiza a las personas indígenas el acceso a los órganos legislativos.

(272)     Recordemos que, si bien las acciones afirmativas deben ser temporales, la autoridad responsable no justifica ni razona que atendiendo a las circunstancias actuales es posible que, sin una medida, como la que previamente ha sido utilizada, ya no sea en estos momentos necesaria para lograr por lo menos los mismos resultados o inclusive, mejorarlos.

(273)     Por último, cabe precisar que desde el recurso de apelación 726 de 2017 y sus acumulados, sostuvimos que la medida consistente en postular personas en los distritos con mayor concentración de este colectivo:

          Corresponde a un parámetro objetivo, consistente en que, son los lugares donde mayor concentración de población indígena existe.

          Es evidente que, tomar como parámetro las áreas geográficas donde históricamente existe un mayor número de población indígena, permitirá que se lleve a cabo la inclusión de ese sector a la vida política del país.

          Aun cuando en los demás distritos existan personas que se ubican en la hipótesis en estudio, lo cierto es que, una de las formas de lograr la optimización del mandato constitucional es atender a aquellos lugares en donde, por la concurrencia sustancial de personas originarias, se facilita el cumplimiento de la medida.

(274)     Razonamientos que no se advierte que se superen con el modelo previsto para este proceso electoral federal.

11.6. Diputaciones indígenas de RP.

(275)     En otro orden de ideas, por cuanto hace al diseño de la acción afirmativa de este sector respecto de diputaciones por RP, en los respectivos escritos se hacen valer los siguientes motivos de disenso:

           Por lo que hace a las diputaciones de RP, se establece la postulación por franjas, señalando que en cada franja debe postularse "al menos una fórmula integrada por personas indígenas", debiendo ser la primera, lo cual no se especifica en el acuerdo; es decir, debe realizarse en los primeros lugares.

           En consecuencia, dejar al libre arbitrio de los partidos políticos elegir los distritos electorales en los que deben postular personas indígenas sin condiciones de igualdad y sin equidad en la contienda, no garantizará el triunfo de la candidata o candidato indígena, lo que hace nugatorio el derecho de representación política de los pueblos indígenas en la integración del Poder Legislativo Federal.

           En la postulación de las candidaturas indígenas vía acción afirmativa para las diputaciones federales por RP el Acuerdo impugnado deja a potestad del partido político determinar el lugar de la lista y la circunscripción en que deberán registrarse las candidaturas, lo que resulta contrario al principio de progresividad y lo determinado por la misma autoridad administrativa electoral en el PEF 2020-2021, al señalar que la postulación de fórmulas de candidaturas indígenas se realizaría en los primeros 10 lugares de la lista y un número determinado en las 5 circunscripciones: a) circunscripción primera: una fórmula, b) circunscripción segunda: una fórmula, c) circunscripción tercera: 4 fórmulas, d) circunscripción cuarta: 2 fórmulas, e) circunscripción quinta: una fórmula.

           El Acuerdo controvertido solo se limita a señalar que las 12 postulaciones de candidaturas indígenas por RP se distribuirán en 12 franjas en las listas, lo que no se asegura posibilidades de triunfo para las personas indígenas que sean postuladas ante la falta de certeza e indeterminación jurídica en los lugares de cada lista.

           Al no especificar claramente el procedimiento de postulación mediante franjas implementado por el INE y dejar al arbitrio de los partidos políticos estas postulaciones, en algunos casos, vulnera la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas, objeto primordial de la acción afirmativa, tomando en consideración las circunstancias individuales de cada colectividad y el porcentaje de integrantes con respecto al total de la población.

Respuesta

(276)     Por cuanto hace al diseño de la acción afirmativa respecto de diputaciones por RP, también asiste la razón a las personas integrantes del grupo indígena que acuden a juico, porque si bien la autoridad responsable incluyó 3 fórmulas más (12 en total) a diferencia del proceso anterior (9 en total), lo cierto es que, ese modelo deja a discreción de los partidos políticos la manera en que deberán integrarse las franjas, lo cual, resulta contrario al sistema de lugares de lista que garantiza la postulación en las 5 circunscripciones existentes, en los primeros 10 lugares de cada una de ellas.

(277)     En efecto, esta Sala Superior considera que el modelo de postulación por circunscripciones, con mayor énfasis en aquellas en donde hay mayor concentración de personas indígenas, dota de contenido el principio de progresividad, pues como se vio, se aseguraron resultados efectivos respecto de las diputaciones indígenas por el principio de RP en el pasado PEF.

(278)     Tal aserto constituye un dato relevante, en la medida en que, la autoridad responsable no justifica de manera razonada por qué el modelo de franjas se traducirá en un beneficio directo de las personas indígenas, en mayor dimensión que el observado (circunscripciones), es decir, no se supera la efectividad del diseño ya avalado por este tribunal e implementado en un PEF anterior.

(279)     Para sustentar dicha conclusión, este tribunal recuerda que al resolverse el recurso de apelación SUP-RAP-121/2020, se analizó el acuerdo INE/CG572/2020, en el cual se determinó que, para el caso de diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos debían postular fórmulas integradas por personas que se auto adscribieran como indígenas en las circunscripciones electorales, conforme a lo siguiente:

(280)     Sobre el tema en particular, dentro de las consideraciones emitidas en el recurso de apelación 121/2020, se sostuvo que:

            El artículo 53, párrafo segundo, de la CPEUM dispone que, para la elección de doscientas diputaciones por RP, se constituirán cinco circunscripciones plurinominales conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.

            La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio de RP, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales (Artículo 14, párrafo 1 de la LGIPE).

            La acción afirmativa en las listas de representación proporcional persigue un fin no sólo constitucionalmente válido, sino constitucionalmente exigido, porque ello disminuye la brecha de discriminación estructural que en materia político-electoral han sufrido las comunidades indígenas.

            La responsable parte de la premisa de alcanzar un mínimo de representatividad, a partir de que los partidos políticos nacionales postulen en sus listas de candidaturas por el principio de representación proporcional personas indígenas, de las cuales al menos una fórmula deberá ubicarse en las primeras diez fórmulas de cada lista, en las circunscripciones electorales definidas por la responsable (9 fórmulas distribuidos en las cinco circunscripciones).

            La acción afirmativa cumple con una finalidad no solamente constitucionalmente válida, sino constitucionalmente exigida y no implica una transgresión desmedida a otros principios democráticos y fundamentales de los partidos y la militancia; es decir, no se trata de una medida arbitraria dado que se encuentra justificado constitucionalmente pues tiene una finalidad acorde con los principios de un Estado democrático de Derecho y es adecuado para alcanzar el fin. Por tanto, la medida temporal a favor de las comunidades indígenas responde a la finalidad de alcanzar la representación política.

            No le asiste la razón al recurrente, al resultar desacertado que se encuentre garantizada igualitariamente la representación indígena con la incorporación de la medida afirmativa de RP, ya que tal como lo razonó el CGINE, la proporción poblacional de las comunidades originarias representa un 21.5% de la población total, lo que equivaldría a ciento ocho diputaciones.

            Aún con la medida en cuestión, se estaría garantizando el acceso a la representatividad indígena en mayor medida que en el PEF 2017-2018, pero aun así, en una proporción inferior a la que representan desde un criterio poblacional.

            La incorporación de las diputaciones indígenas en la vía plurinominal obedece más a una razón igualitaria, tendente a equilibrar la representación política de los grupos y comunidades indígenas, las que han sido históricamente segregadas, con independencia de la vía por la que fueron postulados y accedieron al desempeño del poder público.

            La representación popular que implica la conformación pluricultural de la Cámara de Diputados no puede verse de manera sesgada ni dividirse, en este caso, en una especie de cotos de poder que terminarían por mantener la seria y grave subrepresentación que han padecido las personas que conforman las comunidades originarias a que se refiere el artículo 2 de nuestra Carta Magna.

            De lo que se trata la medida afirmativa no es solo de dotarles representantes populares a esos distritos con población preponderantemente indígena, sino de brindar representación legislativa a todos los grupos sociales identificados como pueblos originarios, finalidad que se logra en mayor medida mediante la postulación de candidaturas por la vía plurinominal, siendo razonable que se busque asignar un mayor número de espacios legislativos en aquellas circunscripciones en los que hay mayor concentración poblacional y, en esa misma lógica, menos espacios en donde la población indígena representa, en promedio, menor presencia.

            La medida constituye una manifestación del principio de progresividad, porque es tendente a continuar el avance constante hacia un nivel de representatividad de las comunidades indígenas que sea acorde con el sector que representan dentro del conglomerado social mexicano.

(281)     Lo razonado por esta Sala Superior en dicho recurso de apelación, cobra relevancia en el presente asunto, porque sostiene la conclusión de que, las postulaciones de personas indígenas por el principio de representación proporcional, a partir de un criterio de circunscripciones, es acorde con la finalidad constitucional de representatividad.

(282)     Esas consideraciones también permiten justificar que, en el caso, la obligación de colocar todas las fórmulas dentro de los primeros 10 lugares de la lista observada en el PEF anterior, otorga una base mínima de certeza de postulación, que no es superada con el sistema de fórmulas distribuidas en franjas, precisamente, porque ello deja a libertad de los partidos políticos los cuales pueden postular entre el 1º y el lugar 40 de las listas.

(283)     Aunado a lo anterior, la motivación que el INE externó para la implementación de franjas en la postulación de diputaciones indígenas por representación proporcional se centró en “una serie de observaciones” respecto al comportamiento de los PP, las cuales consistieron en verificar la manera en que distribuyeron las candidaturas indígenas en el PEF anterior, así como en el número de curules obtenidas en 2012, 2015, 2018 y 2021.

(284)     También precisó la responsable, que ese modelo de franjas implicará una disminución de la carga a los partidos políticos, al dar mayor flexibilidad respecto de dónde postulan las fórmulas por la acción afirmativa de las naciones mexicanas.

(285)     Conclusión que, en concepto de este tribunal, no evidencia la eficacia de la medida frente al diseño de circunscripciones y lugares de lista, por el contrario, revela la discrecionalidad de los institutos políticos para determinar en qué franja o lugar realizar la postulación.

(286)     Aunado a ello, es cierto que en el acuerdo se determinó que la distribución de fórmulas mediante dicho sistema garantizará que exista, al menos, una fórmula de candidaturas para personas que se auto adscriban como indígenas en los tres primeros lugares de alguna de las listas, incrementando las posibilidades de que el grupo al que va dirigida esta acción afirmativa acceda a un cargo de elección popular.

(287)     Sin embargo, frente al sistema de circunscripciones identificadas plenamente, no se advierte de manera inobjetable que la acción controvertida reporte un beneficio real, por el contrario, con el modelo anterior, se garantiza que todas las fórmulas se coloquen dentro de los primeros 10 lugares de la lista, asegurándose así un número fijo como piso mínimo.

(288)     Lo anterior se evidencia porque el modelo de postulación controvertido limita solamente a tres postulaciones en los primeros diez lugares o franjas, lo cual, reduce la participación que se tenía en el modelo anterior, lo cual se esquematiza de la siguiente manera:

(289)     En el modelo anterior, en el peor de los escenarios, los partidos al tener la libertad de postular en los primeros 10 lugares de cada circunscripción, las postulaciones podrían haber quedado de la manera que se grafica.  

(290)     De ello se advierte que, con en el modelo anterior existía la posibilidad de que 9 personas indígenas estuvieran en los primeros 10 lugares de la lista, y con mayor intensidad en las circunscripciones donde había mayor cantidad de población indígena (3ª circunscripción= 4 fórmulas y 4ª circunscripción= 2 fórmulas).

(291)     Mientras que, en el modelo controvertido, de los 12 espacios reservados para personas indígenas, 9 de ellos estarán entre el lugar 11 y 40 de la lista, sin que sea un parámetro obligatorio el registro en las circunscripciones donde existe mayor concentración indígena.

(292)     Cuestión que, como se señaló, revela la transgresión al principio de progresividad en perjuicio de las personas indígenas.

(293)     Sin que obste a lo anterior, que en el acuerdo reclamado se precise que, los partidos políticos y coaliciones podrán dejar de postular personas indígenas en el bloque de baja votación e incluirlas en los otros dos bloques, al igual que podrán postular un mayor número de fórmulas de personas pertenecientes a este grupo en las franjas que correspondan a los primeros diez lugares de las listas.

(294)     Ello, porque deja a discreción de los partidos políticos, postular a personas indígenas en alguno de los bloques (de votación), sin que se respete el acceso en el modo que ya tenían garantizado a partir de los criterios progresivos sostenidos por esta Sala Superior.

Conclusión

(295)     Conforme con las consideraciones expuestas, en concepto de esta Sala Superior, asiste la razón a las personas indígenas en lo atinente a la violación al principio de progresividad.

(296)     De tal manera que lo correcto es ordenar la reviviscencia del modelo de postulación contenido en las acciones afirmativas implementadas para este sector en diputaciones por ambos principios en el proceso electoral 2020-2021.

11.7. Vulneración al principio de progresividad de las Diputaciones de MR y RP de los grupos de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, en situación de pobreza, discapacitadas y mexicanas residentes en el extranjero.

(297)     En este apartado se analizarán los motivos de disenso que realizan los demás grupos vulnerables, los cuales esencialmente son los siguientes:

Personas de la diversidad sexual.

           La distribución en el número de espacios otorgados en la elección de diputaciones de MR es regresiva en tanto que se estableció de manera genérica para todos los grupos, por lo que, si bien se aumentó un espacio con relación al proceso pasado de 11 a 12, cierto es también que se agregó un grupo más —pobreza— y se dejó al arbitrio de los partidos determinar cuántos espacios corresponderían a cada uno.

           Dado que en el acuerdo impugnado se impone a los partidos postular solo una fórmula por cada acción en cualquiera de los 2 principios, no se garantiza la obtención de los 2 espacios que se habían logrado en el proceso anterior.

           El número de espacios otorgados en la elección de diputaciones por el principio de MR no tiene una base objetiva dado que, conforme a la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual, se demuestra que 1 de cada 20 personas pertenece a la comunidad LGBTTIQ+, por lo que, fue incorrecto que el INE destinaran una bolsa de 12 espacios para los 5 grupos en situación de vulnerabilidad, lo que evidencia el retroceso sobre derechos ya obtenidos.

           Se cuestiona la disminución de espacios de diputaciones por el principio de RP con relación al proceso electoral pasado de 9 a 8, señalando que, indebidamente se dejó al arbitrio de los partidos políticos poder establecer cuántos espacios le correspondería a cada grupo vulnerable, permitiéndoles que con una sola postulación cumpla con su obligación.

           El número de espacios otorgados en la elección de RP no tiene una base objetiva ya que, a partir del estudio especializado se les deberían otorgar 10 espacios en esa elección.

           La implementación de franjas de competitividad es regresiva toda vez que en el anterior proceso comicial se les imponía a los partidos políticos postular dentro de los primeros 10 lugares de las listas de representación proporcional que presentaran en las 5 circunscripciones, sin embargo, los bloques de competitividad les permite elegir arbitrariamente en cualquier lugar de los 40 que conforman esas listas.

Personas con discapacidad.

           El acuerdo es regresivo y contrario al principio de igualdad y no discriminación, ya que en el proceso electoral de 2021 se garantizaba una postulación de 8 candidaturas en la elección de diputaciones (6 por MR en cualquiera de los 300 distritos y 2 en RP en cualquiera de las 5 listas y dentro de los 10 primeros lugares), mientras que, en el acuerdo controvertido solo se obliga registrar una candidatura.

           En el proceso electoral pasado se otorgó certeza a cada uno de los grupos vulnerables respecto a un número determinado de fórmulas, lo que se traducía en un piso mínimo que fomentaba la participación de este sector poblacional.

           El modelo de distribución establecido en el acuerdo controvertido es contrario a lo establecido en el artículo 15 Octavus de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación en tanto que, incluyó en un mismo grupo de 20 fórmulas a 5 de los 6 grupos en situación de vulnerabilidad con la única condición de que se asigne solo un espacio a cada grupo, soslayando que las cuotas debieron establecerse por cada uno.

           El INE implementó acciones afirmativas menos eficaces y con menores garantías de las aplicadas en el proceso electoral pasado que invisibilizaron a las personas con discapacidad en tanto que, de 8 espacios se redujo a 3, por lo que, de seguir la tendencia de votación recibida en 2021, se reduciría las personas electas de 8 [4 por MR y 4 por RP] a solo 3.

           La regresividad se evidencia porque el INE reguló solo una cuota a distribuir entre 5 grupos de atención, con la única salvedad de que se debía registrar a una sola persona de cada uno.

           El acuerdo impugnado dejó un excesivo campo de discrecionalidad a los partidos políticos, ya que les permite postular el mínimo y máximo de candidaturas dentro de la cuota que debe distribuir entre los diversos grupos, sin que exista una justificación para ello.

           La fata de certeza también se actualiza porque las cuotas reservadas para los grupos previamente reconocidos deben ser distribuidas con el de personas en situación de pobreza, siendo que, esa situación no resulta equiparable con el resto de las minorías pues en modo alguno es intrínseca a la persona ni genera una identidad que, por si misma, pueda ser motivo de discriminación.

Personas mexicanas migrantes residentes en el extranjero.

           Si bien se incluyeron candidaturas para los migrantes, el acuerdo impugnado no es claro en cuanto a los criterios específicos para establecer cuántos espacios a cada uno de los grupos ahí reconocidos les corresponde, a diferencia la forma en que se estableció en la elección pasada.

           En el proceso comicial anterior se les impuso a los partidos políticos registrar una fórmula de personas migrante en cada una de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales dentro de los 10 lugares y ello permitió que 11 personas resultaran electas.

           El modelo de franjas que se establece solo permitiría alcanzar la misma cantidad de postulaciones si es que se les obligara a registrarlos en las primeras 2 franjas de cada una de las 5 listas, ya que son las que contemplan los primeros 10 lugares.

           La medida es regresiva en tanto que, a pesar de incluir a un grupo más —personas en situación de pobreza—, no se aumentaron las candidaturas para estos grupos.

           Existe falta de certeza en el establecimiento de las candidaturas dado que, no se estableció un número de postulaciones por cada uno de los grupos reconocidos, por lo cual, al faltar una regla cierta, los partidos políticos pueden favorecer a un grupo sobre otro.

           El acuerdo impugnado disminuye la posibilidad de que ese grupo acceda a una representación política en tanto que, deja al arbitrio de los partidos políticos elegir qué grupo presentará en los primero 10 lugares de las listas para la elección de diputaciones por el principio de RP; por lo que no se asegura que alguno de los integrantes de este grupo quede registrado en esos lugares.

Personas afromexicanas.

(298)     Finalmente, en el juicio de la ciudadanía que instó una persona que se autoadscribe como afromexicana menciona los siguientes agravios:

           Existe falta de certeza en el establecimiento de las candidaturas en tanto que, no se estableció un número de postulaciones por cada uno de los grupos reconocidos, se refiere que, al faltar una regla cierta, los partidos políticos pueden favorecer a un grupo sobre otro.

(299)     De lo anterior, esta Sala Superior destaca que, en sus escritos cada uno de ellos acude a esta instancia jurisdiccional a reclamar el contenido del acuerdo vigésimo desde dos vertientes esenciales:

1.         Exponen las consideraciones por virtud de las cuales aducen que, a partir de las medidas adoptadas en el PEF anterior, tienen derecho, en cada caso, a que se incremente el número de postulaciones para asegurar una mayor proyección en la integración del Poder Legislativo.

2.         Consideran que, repartir las 20 postulaciones entre todos los grupos vulnerables (excepto indígenas) impide la materialización del derecho a obtener una representación política.

(300)     Ahora bien, como se anticipó, dado el sentido que regirá la respuesta sobre los temas referidos, es posible emprender de manera conjunta el análisis de los agravios.

(301)     Para ello, es necesario conocer el estado que guardaba la situación concreta de cada grupo, previo a la emisión del acuerdo reclamado.

(302)     Durante el PEF 2020-2021 el INE estableció que los partidos políticos al registrar sus candidaturas a diputaciones federales por ambos principios debían observar determinados criterios para cumplir con las acciones afirmativas dirigidas a personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual y, personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, conforme con lo establecidos en los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021.

(303)     Cabe insistir, en que el acuerdo INE/CG572/2020, se modificó derivado de la sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP- 121/2020 y acumulados, y como resultado de ello, el INE determinó los 21 distritos en los que los partidos políticos debían postular candidaturas indígenas a diputaciones por el principio de mayoría relativa y representación proporcional.

(304)     De igual manera, derivado del criterio sostenido en dicho recurso de apelación, como una cuestión relevante en el sistema electoral, se fijaron lineamientos para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral estableciera medidas afirmativas tendentes a garantizar las condiciones de igualdad para la participación política de las personas con discapacidad, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad.

(305)     Para un mejor acercamiento al caso, a continuación, se reproducen las consideraciones que interesan:

“En mérito de lo anterior, y ante lo fundado de los planteamientos del actor, se debe ordenar al CGINE que lleve a cabo las acciones necesarias y pertinentes para implementar medidas afirmativas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en la postulación de candidaturas para los cargos de elección que habrán de postularse en el actual PEF, las cuales deberán ser concomitantes y transversales con las que ya ha implementado hasta este momento y las que, en su caso, diseñe posteriormente, en el entendido que los PP o los COA podrán postular candidaturas que, cultural y socialmente, pertenezcan a más de un grupo en situación de vulnerabilidad.

Esto, en términos y para los efectos precisados en esta ejecutoria.

Además de lo anterior, y atendiendo a los cánones de la democracia inclusiva que mandata la previsión igualitaria de todos los derechos para todas las personas, eliminando las barreras fácticas y jurídicas que se antepongan para evitar el debido, pleno y eficaz ejercicio de los derechos de las personas o grupos que se encuentran bajo el influjo de alguna de las categorías sospechosas que, de manera ejemplificativa, se enlistan en el artículo 1 de la CPEUM, esta Sala Superior, en virtud del mandato constitucional establecido en el numeral antes referido, determina avanzar progresivamente hacia la pertinencia de incluir medidas como las expresadas en este apartado, para todas las personas que histórica, social y culturalmente han sido colocadas en situación de vulnerabilidad.

(…)

En tal virtud, esta Sala Superior considera extender los efectos ordenados en este apartado, a fin de que el CGINE determine los grupos que ameritan contar con una representación legislativa, y de inmediato diseñe las acciones o medidas afirmativas necesarias y efectivas tendentes a lograr la inclusión de representantes populares de esos grupos o comunidades, mediante la postulación de candidaturas por los PP o las COA, en el entendido de que necesariamente deberá incluir a las personas con discapacidad, y podrá hacerlo con todos aquellos que considere pertinente o que racionalmente puedan alcanzar un grado de representación política en la Cámara de Diputados a renovarse en el actual proceso electoral.”

(306)     Por su parte, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-21/2021 y acumulados, la autoridad responsable modificó el acuerdo INE/CG160/2021, con la finalidad de que se garantizara a las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales relacionados con su representación legislativa en el ámbito federal.

(307)     Ahora bien, a partir de los datos contenidos en el documento elaborado por la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación del INE (Resultados de los cómputos distritales y de las circunscripciones de la elección federal 2002-2021 obtenidos en las candidaturas por acciones afirmativas y de mujeres para la integración de la Cámara de Diputadas y Diputados), que se tiene visto como un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley de Medios,[74]  es posible observar lo siguiente:

           Los resultados obtenidos indican que 65 personas resultaron electas por las acciones afirmativas implementadas (cuando se esperaban mínimo 50); 37 son personas indígenas (mínimo 30), 8 son personas con alguna discapacidad (mínimo 8), 6 afromexicanas (mínimo 4), 4 personas de la diversidad sexual (mínimo 3), y 10 personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero (mínimo 5).

Personas con discapacidad.

o          El Acuerdo INE/CG18/2020 estableció que la acción afirmativa tendría un piso mínimo de 8 personas con alguna discapacidad integrando a la Cámara de Diputados y Diputadas; por lo que se establecieron fórmulas de candidaturas distribuidas, 6 bajo el principio de MR y 2 bajo el principio de RP; y se estableció que todas las fórmulas debían integrarse de forma paritaria.

Diversidad sexual.

Personas mexicanas residentes en extranjero.

Personas afromexicanas.

PROCESO ELECTORAL 2023-2024

(308)     Ahora bien, en el acuerdo impugnado en su apartado VIGÉSIMO, para el caso de las acciones afirmativas para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, en pobreza y mexicanas migrantes residentes en el extranjero, se acordó que los partidos deberían postular 20 fórmulas a diputaciones y 4 a senadurías conforme a lo siguiente:

1.         Diputaciones de mayoría relativa. Los PPN y coaliciones deberán postular al menos doce fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa integradas por personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual o en pobreza, distribuidas a razón de cuatro fórmulas en cada uno de los bloques de baja, media y alta votación.

2.         Diputaciones de representación proporcional. Los PPN deberán postular ocho fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional pertenecientes a los grupos señalados en el párrafo anterior, además de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, en franjas de cinco en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales.

3.         En todos los casos, los PPN y coaliciones deberán postular al menos una fórmula por cada acción afirmativa en cualquiera de los principios.

(309)     En esencia, los actores sostienen que se violenta el principio de progresividad ya que el modelo actual impulsado por el INE es regresivo, en tanto que, estableció una postulación de manera genérica para todos los grupos, por lo que, si bien se aumentó en mayoría relativa un espacio con relación al proceso pasado de 11 a 12, cierto es también que se agregó un grupo más —pobreza— y se dejó al arbitrio de los partidos determinar cuántos espacios corresponderían a cada uno.

(310)     Además, algunos cuestionan que se disminuye el número de espacios que habían logrado en el proceso anterior, por tanto, no hay progresividad al no aumentar los espacios.

(311)     Esta Sala Superior considera que los motivos de disenso don fundados, en la porción donde se establece que los partidos políticos deben postular para el caso de personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, en pobreza y mexicanas migrantes residentes en el extranjero, 12 fórmulas a diputaciones.

(312)     Lo anterior atento a las siguientes consideraciones.

(313)     Cabe recordar que el modelo propuesto para este proceso electoral conserva los mismos 20 lugares que en el proceso anterior, por lo que en este sentido no existe una diminución en el número total de espacios asignados, en el caso concreto de las diputaciones por mayoría relativa inclusive aumentan, pues anteriormente se contaba con 11 y ahora se incrementó a 12.

(314)     Sin embargo, pese a incrementarse el número de distritos en los que podrán competir, tal como lo refieren los actores, existe una disminución sobre los espacios que le corresponden a cada uno en particular, lo cual repercute que para este proceso alcancen menos lugares que los obtenidos en el proceso electoral anterior.

(315)     En efecto, las partes actoras coinciden en señalar que pese a tener una cantidad específica para cada grupo, el INE impone a los PPN y coaliciones, postular solo una fórmula por cada acción afirmativa en cualquiera de los principios.

(316)     Argumento que, para esta Sala Superior resulta fundado.

(317)     De la lectura del punto Vigésimo del acuerdo impugnado se pueden desprender las siguientes reglas:

Regla 1. Obligación de postular 20 fórmulas a diputaciones destinadas para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, y en pobreza.

Regla 2. En caso de la elección de diputaciones de MR serán al menos 12 fórmulas a razón de 4 fórmulas en cada uno de los bloques de baja, media y alta votación.

Regla 3. Respecto a la elección de diputaciones de RP se deberán postular 8 fórmulas en franjas de 5 en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales.

Regla 4. En todos los casos, se deberán postular al menos una fórmula por cada acción afirmativa en cualquiera de los principios.

Regla 5. En MR se podrá dejar de postular personas en el bloque de baja votación e incluirlas en los otros dos bloques

Regla 6. En RP se podrá postular un mayor número de fórmulas en las franjas que correspondan a los primeros 10 lugares de las listas.

(318)     Lo anterior demuestra que tal como se refiere en los agravios, el cumplimiento de la acción afirmativa se solventa con la postulación de una sola candidatura por cada uno de los 4 grupos, por lo que, de los 8 espacios restantes existe incertidumbre del grupo al que pertenecerán.

(319)     Esto es, la regla 4 impone que los partidos o coaliciones deben postular al menos una formula por cada acción afirmativa en cada uno de estos bloques, lo cual genera que, de los 12 espacios totales, la postulación por cada grupo sea de 1, sin que se tenga certeza sobre la forma en que se asignarán los 8 restantes.

(320)     Lo anterior se esquematiza de la siguiente manera:

(321)     Bajo estos parámetros, se puede comparar la postulación de cada acción respecto del pasado proceso electoral, lo cual se esquematiza a continuación:

(322)     Conforme con la anterior comparativa, se advierte que, en principio, en el modelo anterior, los PP tenían una clara obligación de postular un número determinado de espacios a favor de los colectivos en situación de vulnerabilidad, con lo que se reducía el margen de incertidumbre para el cumplimiento de la acción afirmativa.

(323)     Asimismo, se evidencia que, en el caso de las personas afromexicanas, el piso mínimo con el que contaban, en el modelo anterior, se reduce en una proporción de 3 a 1, mientras que el grupo de discapacidad disminuyó considerablemente de 6 a 1, en tanto que, tratándose de la diversidad sexual, decreció de 2 a 1.

(324)     Sobre el particular, cabe destacar, que si bien es cierto los institutos políticos pueden actuar a la luz del principio de autoorganización y autodeterminación, por ende, ejercer de manera discrecional la postulación de candidaturas, cierto es también que, el límite en la materialización de dicho ejercicio lo constituye la no afectación al principio de progresividad en perjuicio de las personas que aspiran a obtener representatividad para cada uno de los grupos a los que pertenecen.

(325)     Además, si bien una de las características de las acciones afirmativas es su flexibilidad, lo cierto es que ello depende de que la autoridad justifique que la modificación tiende a mejorar las condiciones para lograr su objetivo, esto es, que se traduzcan en una representación real.