INCIDENTE DE EXCUSA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA

EXPEDIENTE: SUP-JDC-449/2025

PROMOVENTE: JOSÉ ALBERTO MONTES DE OCA SÁNCHEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIO: AUGUSTO ARTURO COLÍN AGUADO

COLABORÓ: PAMELA HERNÁNDEZ GARCÍA

Ciudad de México, a treinta de enero de dos mil veinticinco

Sentencia incidental mediante la cual se declara infundada la excusa planteada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña para conocer y resolver el asunto SUP-JDC-449/2025.

Esta decisión se sustenta en que la existencia de una relación laboral entre la persona juzgadora y quien promueve el medio de impugnación no implica un elemento objetivo del que se derive un riesgo de pérdida de imparcialidad de aquella, por lo que no actualiza una causa análoga a las previstas en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

GLOSARIO

1. ASPECTOS GENERALES

(1)            La controversia se enmarca en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la renovación de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. El promovente solicitó su registro como aspirante para contender por una magistratura en materia laboral por el décimo octavo circuito judicial. El Comité responsable no lo incluyó en el listado de aspirantes elegibles, al considerar que no cumplía con el promedio de nueve puntos en las materias relacionadas con el cargo al que pretendía postularse, de conformidad con la fracción II del artículo 97 de la Constitución general.

(2)            El actor promueve el presente juicio de la ciudadanía en contra del dictamen por el que se le consideró inelegible. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña plantea su excusa para el conocimiento de este asunto, debido a que el promovente está adscrito a su ponencia como secretario de estudio y cuenta. En esta resolución incidental se debe determinar si la situación que invoca le impide a dicho magistrado participar en la resolución del medio de impugnación.

2. ANTECEDENTES

(3)            En este apartado se relatan los hechos relevantes para solucionar la cuestión planteada, mismos que fueron identificados a partir de las constancias que obran en el expediente principal del asunto.

(4)            2.1. Reforma Judicial. El quince de septiembre de dos mil veinticuatro[1], se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución general, en materia de reforma del Poder Judicial. De entre otros aspectos, se estableció la elección por voto popular de todos los cargos del Poder Judicial de la Federación.

(5)            2.2. Declaratoria de inicio del proceso electoral extraordinario. El veintitrés de septiembre, el Instituto Nacional Electoral acordó el inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para elegir a las personas juzgadoras.[2]

(6)            2.3. Convocatoria general. El quince de octubre, se publicó en el DOF la Convocatoria general del Senado para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras. En ella, se convocó a los Poderes de la Unión para que integraran e instalaran sus respectivos Comités de Evaluación.

(7)            2.4. Convocatoria del Comité responsable. El cuatro de noviembre siguiente, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal emitió su convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar en la evaluación y selección de postulaciones de la elección extraordinaria de personas juzgadoras.[3]

(8)            2.5. Solicitud de registro. El promovente sostiene que el veintidós de noviembre solicitó su inscripción en el procedimiento desarrollado por el Comité responsable, para ocupar una magistratura en materia laboral por el décimo octavo circuito judicial.

(9)            2.6. Listado de aspirantes elegibles. El quince de diciembre siguiente, el Comité responsable publicó la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad para el proceso electoral extraordinario 2024-2025.

(10)        2.7. Primer juicio de la ciudadanía y resolución. El dieciocho de diciembre, el actor promovió una primera impugnación en contra de su exclusión del listado de aspirantes emitido por el Comité responsable, el cual se registró con el expediente SUPJDC-1503/2024.

(11)        El ocho de enero de dos mil veinticinco, esta Sala Superior dictó sentencia en la que le concedió la razón al actor, para el efecto de que el Comité responsable emitiera una determinación en la que –de manera fundada y motivada– precisara las razones por las que consideró que no cumplía con los requisitos de elegibilidad.

(12)        2.8. Oficio reclamado. En cumplimiento a lo resuelto por esta Sala Superior, el diez de enero de este año, el Comité responsable notificó al promovente las razones por las que era inelegible.

(13)        2.9. Segundo juicio de la ciudadanía y trámite. El trece de enero del año en curso, el actor promovió una ulterior impugnación en contra de la respuesta del Comité responsable. El asunto se registró con el expediente SUP-JDC-449/2025 y se turnó a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, quien realizó el trámite correspondiente.

(14)        2.10. Excusa. El veintiuno de enero siguiente, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un escrito para excusarse del conocimiento del asunto. La magistrada presidenta de esta Sala Superior ordenó integrar un cuaderno incidental y lo turnó a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien lo tramitó debidamente.

3. ACTUACIÓN COLEGIADA

(15)        El presente asunto debe resolverse por esta Sala Superior mediante actuación colegiada, debido a que implica la emisión de una sentencia interlocutoria sobre una cuestión accesoria al asunto principal que puede incidir en el desarrollo del procedimiento. Además, la calificación de las excusas de las magistraturas electorales compete al pleno de la sala de su adscripción, en términos de los artículos 256, fracción XI, y 281 de la Ley Orgánica; 58, fracciones I y II, y 154 del Reglamento Interno; así como la Jurisprudencia 11/99[4].

4. DETERMINACIÓN SOBRE LA EXCUSA

4.1. Planteamiento de la excusa

(16)        En el escrito de excusa, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña razona que –a partir de lo dispuesto en los artículos 256, fracción XI, en relación con el diverso 212, fracciones II y XVIII, de la Ley Orgánica– las magistraturas deben excusarse de conocer de los asuntos cuando tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. Reconoce que, si bien no le une una amistad íntima o interés personal con el actor, sí tiene una relación laboral y profesional con él, pues actualmente es secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia. Por tanto, aunque considera que formalmente no se actualiza alguno de los impedimentos legales, plantea la excusa para despejar cualquier tipo de suspicacia.

(17)        Por tanto, la problemática en el asunto es establecer si la sola existencia de una relación estrictamente laboral con alguno de los interesados conlleva un impedimento para que una magistratura electoral participe en el análisis y resolución de un medio de impugnación.

4.2. Estándares para el análisis de las causas de impedimento

(18)        Para el estudio sobre una causa de impedimento se debe partir de que esta institución procesal tiene la finalidad de establecer condiciones para el adecuado ejercicio del derecho al acceso a la justicia, específicamente respecto a la garantía de imparcialidad de la autoridad jurisdiccional que resolverá la controversia. Lo anterior con respaldo en los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución general[5]; y 8, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[6].

(19)        Sobre esta cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que “el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso”; “se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio”, lo cual permite “que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática”[7].

(20)        Entonces, un juzgador o juzgadora debe abstenerse de intervenir en los asuntos en los que tenga un interés personal o directo, o en los que haya otras circunstancias que puedan percibirse razonablemente como una duda legítima en cuanto a que resolverá con total objetividad e imparcialidad. No solamente se deben identificar las situaciones que efectivamente supongan un conflicto de intereses, sino todas aquellas en las que haya razones objetivas para considerar que la imparcialidad de quien juzgará podría verse comprometida[8].

(21)        A partir de lo expuesto, se entiende que las condiciones de imparcialidad se pueden analizar desde dos perspectivas:

i)                    Una subjetiva, dirigida a valorar la convicción personal de un juzgador en un caso determinado. Este tipo de imparcialidad se presume salvo que haya suficientes elementos para acreditar que algún miembro del tribunal tiene prejuicios o parcialidades de índole personal contra los interesados en la controversia, y

ii)                 Una objetiva, que supone determinar si se brindan elementos convincentes que permitan excluir cualquier duda legítima respecto a la falta de imparcialidad[9].

(22)        Ahora, lo ordinario es que en las legislaciones que regulan la organización y funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales se prevea de manera expresa un catálogo de supuestos de hecho que conllevan la imposibilidad de que el integrante respecto al cual se materialice alguno conozca de la controversia de que se trate. Se parte de la idea de que esas situaciones implican un conflicto de intereses o un riesgo de pérdida de imparcialidad de los juzgadores, al menos de forma aparente.

(23)        En relación con quienes desempeñan una magistratura en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese listado se ubica en el artículo 212 de la Ley Orgánica, en atención a la remisión que se realiza en el artículo 280 del propio ordenamiento. De esta manera, se destaca que en la fracción XVIII del artículo 212 de la Ley Orgánica se establece una fórmula genérica, mediante la cual se justifica el impedimento de un magistrado o magistrada cuando se presenta un supuesto distinto, pero análogo, a los enunciados en las demás fracciones del dispositivo.

(24)        De esta manera, en el caso concreto se debe analizar si la existencia de una relación laboral entre una magistratura electoral y alguna de las partes de una impugnación puede considerarse como una causa análoga a las establecidas en las demás fracciones del artículo 212 de la Ley Orgánica, particularmente en la prevista en la fracción II, consistente en que un juzgador está impedido de conocer un asunto cuando tenga “amistad íntima” o “enemistad manifiesta” con alguno de los interesados.

4.3. La relación laboral o profesional con alguna de las personas interesadas no constituye –por sí misma– causa de impedimento

(25)        Es un hecho público y no controvertido que el promovente del juicio de la ciudadanía actualmente está adscrito, como secretario de estudio y cuenta, a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Sin embargo, para esta Sala Superior la sola existencia de una relación de naturaleza laboral entre el magistrado y el promovente no actualiza una causa análoga que conlleve un impedimento para conocer del asunto.[10]

(26)        La premisa del planteamiento es que la situación alegada podría considerarse una causa análoga a la prevista en la fracción II del artículo 212 de la Ley Orgánica. De una interpretación gramatical y sistemática de las fracciones I y II del mencionado precepto se desprende que un juzgador está impedido para conocer un asunto cuando tiene “amistad íntima” o “enemistad manifiesta” con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores.

(27)        Para establecer si la situación planteada en la excusa es análoga al supuesto previsto en la normativa, es necesario identificar si ambos guardan una semejanza relevante o esencial que justifique que se atribuya la misma consecuencia jurídica, a saber, el impedimento del juzgador. Entonces, es preciso valorar si la existencia de una relación estrictamente laboral supone elementos objetivos de los que pudiera derivarse un riesgo de pérdida de imparcialidad.

(28)        La causal de amistad “íntima o estrecha” ha sido reconocida por la jurisprudencia nacional histórica como de tipo subjetiva, ya que para ser acreditada requiere la manifestación del funcionario judicial en el sentido de que exprese si se actualiza o no ese supuesto, porque –en caso afirmativo– se pondría en peligro la imparcialidad que debe guardar.

(29)        En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que para invocar la "amistad estrecha" como causal de impedimento, no basta la simple amistad que puede surgir de que dos personas se conozcan, sino que es necesario que se traduzca en una gran familiaridad, cuyo trato sea frecuente y presuponga que se guardan vínculos que rebasan los normales que tienen entre sí las personas que por diversos motivos están en relación.[11]

(30)        Cuando la ley establece como causa de impedimento la amistad íntima o estrecha, no se refiere a cualquier vínculo, sino solo a aquel que le impida al funcionario judicial guardar la imparcialidad que debe tener al resolver los negocios en que intervenga; esto es, que perturbe su ánimo, apartándolo de la rectitud al emitir el fallo correspondiente. Por ello, a fin de que sea calificado, es necesario probar el vínculo de "amistad estrecha" que dice tener con alguna de las partes o interesados, para estar en posibilidad de determinar si el mismo es creador de afectos íntimos que puedan llevar a inclinar el ánimo del juzgador para favorecer a la persona con la que se tiene dicha relación.[12]

(31)        Además, ha sido criterio de esta Sala Superior que el solo hecho de que un juzgador conozca o haya llegado a conocer a diversas personas con motivo de su labor profesional o jurisdiccional, no implica el establecimiento de relaciones de amistad íntima con dichas personas ni la generación de un interés personal en los asuntos en los cuales puedan resultar afectadas tales personas[13]. Asimismo, se ha considerado que aún la muestra de respetuoso afecto tampoco acredita dicha causal[14].

(32)        Esta Sala Superior ha razonado que la manifestación de una relación de trabajo –por sí misma– no genera un riesgo de pérdida de imparcialidad, sino que para que se actualice el impedimento se requiere algún elemento objetivo del que pueda derivar razonablemente la pérdida de imparcialidad, como lo sería un lazo afectivo o de animadversión entre quienes estuvieron involucrados en la relación de trabajo.

(33)        Se ha asumido como premisa que –por regla general– una relación laboral no necesariamente crea lazos de afecto o enemistad entre la persona titular y su personal, pues lo ordinario es que solo se genere un nexo laboral respetuoso. Con lo anterior no se niega que –en algunos casos– de un vínculo de esa naturaleza puede derivar un sentimiento de aprecio, afecto o apego hacia un trabajador; pero son –precisamente– esos casos particulares los que, al ser manifestados por quien formula el impedimento, se traducen en un elemento objetivo para respaldar la probable pérdida de imparcialidad. Cuando la relación laboral se desarrolla mediante un trato respetuoso y profesional del titular con su subordinado, se está ante lo propio y ordinario de cualquier vínculo laboral, que no implica de suyo un nexo afectivo.[15]

(34)        Entonces, para este Tribunal Electoral la “amistad íntima” debe estar subsumida en la relación laboral para actualizar el supuesto de impedimento, lo cual significa que en realidad no se trataría de una causa análoga, sino del supuesto contemplado en la fracción II del artículo 212 de la Ley Orgánica. Entonces, el vínculo profesional o institucional termina siendo una variable contextual que no es relevante o determinante para la determinación.

(35)        Por último, se reconoce que hay otros criterios recientes que también han tratado esta cuestión, en los cuales se mantiene el ánimo de la persona juzgadora hacia la que colaboró con ella como el factor determinante para tener por actualizado el impedimento. Aunque la Segunda Sala de la Suprema Corte ha sostenido que –por regla general– el riesgo de pérdida de imparcialidad se actualiza en los casos en que un juez de distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional, al constituir una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe al operador jurídico de conocer cierto asunto, precisó que ello no constituía un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos en los casos en que la controversia no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso.[16]

(36)        Si bien el criterio otorga un peso importante a la relación laboral, reconociendo que por sí misma podría ser suficiente para sustentar un impedimento, esto no se materializa si la persona juzgadora mantiene que dicha situación no afecta su aptitud para resolver el asunto con objetividad e imparcialidad.

(37)        En la misma sintonía, un pleno regional estableció que el afecto derivado de la relación laboral existente entre un juzgador con una persona colaboradora, quien a su vez mantiene una relación de parentesco con un autorizado o asesor jurídico de la parte quejosa, actualiza una hipótesis de riesgo de pérdida de imparcialidad. Se detalló que la sola manifestación del titular del órgano jurisdiccional es suficiente para que se estime impedido. Sin embargo, se añadió que el criterio no significa que toda relación laboral en la que el titular de un órgano jurisdiccional genera un lazo de cordialidad con sus compañeros y colaboradores se equipara a un factor que origina –de manera ineludible– la pérdida de imparcialidad, sino que se debe analizar casuísticamente.[17]

(38)        En dicho criterio se mantiene la idea central de que lo determinante para el supuesto de impedimento es la relación sentimental que puede influir inapropiadamente en el juicio de la persona juzgadora, con independencia de que haya surgido con motivo de una dinámica de trabajo.

(39)        En consecuencia, para el análisis del caso se debe partir del señalamiento en el escrito del magistrado Felipe de la Mata Pizaña en el sentido de que “no [lo] une una amistad íntima o interés personal con [el actor]”, sino que solo existe “una relación estrictamente laboral y profesional”, pues es secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia. Asimismo, el magistrado expresa su opinión de que “formalmente no se actualiza alguno de los impedimentos señalados por la Ley”, por lo que solo hizo el planteamiento para “despejar cualquier tipo de suspicacia”.

(40)        El magistrado Felipe de la Mata Pizaña sostiene expresamente que no tiene una relación de amistad ni siente un aprecio particular por el promovente del juicio de la ciudadanía, por lo que la relación laboral que mantienen es insuficiente –por sí misma– para producir un elemento objetivo del que pueda derivar el riesgo de pérdida de imparcialidad. Se insiste, una relación de carácter laboral entre el juzgador y el actor no implica una cuestión que objetivamente permita poner en entredicho la capacidad de resolver el asunto por sus propios méritos, pues resultaría indispensable demostrar que dicho vínculo trascendió a uno mucho más personal, con base en los estándares que ya se han expuesto.

(41)        Por estas razones, se concluye –a partir de las particularidades del caso– que no se compromete la imparcialidad del magistrado Felipe de la Mata Pizaña para participar en el estudio, deliberación y decisión del juicio de la ciudadanía.

5. RESOLUTIVO

ÚNICO. No se actualiza ningún supuesto de impedimento legal para que el magistrado Felipe de la Mata Pizaña conozca del asunto SUP-JDC-449/2025.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con excepción del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, por ser quien solicita la excusa; ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.