EXPEDIENTE: SUP-JDC-747/2025 Y ACUMULADOS

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, doce de febrero de dos mil veinticinco.

Sentencia que: sobresee las demandas presentadas por diversas personas aspirantes en el proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras 2024-2025 por la inviabilidad de los efectos pretendidos.

ÍNDICE

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1. Decreto de reforma. El quince de septiembre de dos mil veinticuatro se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución en materia de elección de personas juzgadoras.

2. Inicio del PEE. El veintitrés de septiembre siguiente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo relativo a la declaratoria de inicio del PEE.

3. Convocatorias y registro. El cuatro de noviembre de la referida anualidad, los Comités publicaron, respectivamente, su Convocatoria para el registro de aspirantes al PEE.

Algunas personas actoras se inscribieron ante el CEPEF, otras al CEPL y algunas ante los dos Comités.

4. Lista de aspirantes elegibles. En su oportunidad, los Comités publicaron la lista de personas aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad.

5. Lista de aspirantes idóneos. El treinta y uno de enero de dos mil veinticinco[2], los comités publicaron la lista de personas aspirantes que consideraron idóneas para ocupar distintos cargos del Poder Judicial.

6. Insaculación. Los días dos y tres de febrero, se llevó a cabo el procedimiento de insaculación pública de las personas aspirantes registradas ante el CEPL; mientras que el dos de febrero se llevó a cabo el del CEPEF.

7. Demandas. Entre los días cuatro y ocho de febrero, las personas actoras promovieron, respectivamente, juicios de la ciudadanía.

Algunas de ellas impugnan la omisión de haberlas llamado a entrevista, su exclusión de la lista de personas aspirantes idóneas, otras cuestionan irregularidades en la insaculación pública y otras controvierten la lista de personas insaculadas.

8. Turno. La presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar los expedientes que se relacionan en la siguiente tabla y turnarlos a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

9. Radicación y requerimiento. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó en su ponencia los Juicios de la Ciudadanía que se resuelven y, en algunos casos, se requirió a la autoridad responsable diversa información necesaria para resolver.

10. Engrose. En sesión pública de doce de febrero, el magistrado ponente propuso la procedencia de los juicios de la ciudadanía. La propuesta fue rechazada por mayoría de votos y, en consecuencia, se designó al magistrado Felipe de la Mata Pizaña para elaborar el engrose correspondiente.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente juicio de la ciudadanía, toda vez que se controvierte un acto relacionado con la integración de los listados de personas que participarán como candidatas en la elección extraordinaria de personas juzgadoras[3].

III. ACUMULACIÓN

Procede acumular los medios de impugnación señalados en la tabla que antecede al existir conexidad en la causa y por economía procesal, toda vez que las personas promoventes controvierten diversos actos relacionados con el proceso de elección de candidaturas para la elección extraordinaria de personas juzgadoras.

En consecuencia, los expedientes precisados en la tabla que antecede se deben acumular al diverso SUP-JDC-747/2025 porque éste fue el primero que se recibió en Sala Superior.

Por tanto, se deberá glosar la certificación de los puntos resolutivos a los expedientes acumulados.

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el expediente SUP-JDC-1445/2024 y acumulados.

IV. IMPROCEDENCIA POR PRECLUSIÓN

Debe desecharse de plano la demanda del SUP-JDC-1188/2025 al actualizarse la preclusión de la acción, porque la lista de personas insaculadas del CEPL también la controvirtió en la demanda del expediente SUP-JDC-1179/2024, así que agotó su derecho de impugnación contra tal acto[4].

En efecto, la actora presentó dos demandas de juicio de la ciudadanía ante Sala Regional Ciudad de México, una dirigida a esa autoridad - SUP-JDC-1179/2025-, y la otra demanda dirigida a la Sala Superior – SUP-JDC-1188/2025.

Entonces, con la demanda del SUP-JDC-1179/2025 ejerció su derecho de acción, por lo que se desecha de plano la demanda del SUP-JDC-1188/2025.

V. IMPROCEDENCIA POR INVIABILIDAD

1. Decisión

Esta Sala Superior considera que, con independencia de que se actualice cualquier otra causal de improcedencia, los presentes medios de impugnación son improcedentes por la inviabilidad de los efectos pretendidos por lo que procede su sobreseimiento.

2. Justificación.

Marco normativo

La Ley de Medios establece que procede el sobreseimiento cuando habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la esa ley[5].

Por otra parte, esta misma ley establece que la demanda se desechará de plano cuando su notoria improcedencia derive de las disposiciones del propio ordenamiento[6], como lo es la inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos.

Así, esta Sala Superior ha sustentado el criterio relativo a que, si un órgano jurisdiccional electoral advierte al analizar la litis de un juicio que el actor no podría, por alguna causa de hecho o de derecho, alcanzar su pretensión, debe declarar tal circunstancia, lo que trae como consecuencia la improcedencia del medio de impugnación dada la inviabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución[7].

Por otro lado, conforme a la Constitución[8], los Comités de Evaluación se integraron con el objetivo de recibir las inscripciones, evaluar requisitos e idoneidad, elaborar listados de las personas mejor evaluadas y, finamente, enviar las listas depuradas a la autoridad que represente a cada Poder para su aprobación y envío al Senado, por lo que se extinguirán una vez que se hayan cumplido sus fines[9].

3. Caso concreto

Contexto

Las personas interesadas en participar en el proceso electoral de personas juzgadoras ante los comités tenían hasta el veinticuatro de noviembre de dos mil veinticuatro para realizar su inscripción.

Tanto la Convocatoria publicada por el CEPEF[10] como la del CEPL[11] establecieron que, concluido el plazo para inscribirse, cada Comité verificaría que las personas aspirantes reunieran los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación presentada; posteriormente, el quince de diciembre siguiente publicarían un Listado con los nombres de las personas aspirantes elegibles.

Respecto al estudio de idoneidad, la Convocatoria del CEPL estableció que el Comité lo haría en dos fases[12] y, con base en ello, conformaría el listado de personas idóneas. Finalmente, el referido Comité depuraría dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de personas candidatas que postulará el Poder Legislativo Federal.

Ahora bien, la Convocatoria del CEPEF[13], previó que se calificaría la idoneidad de las personas elegibles con base en la documentación presentada y, en su caso, una entrevista. Publicaría el listado de personas idóneas el treinta y uno de enero, el cual se depuraría mediante insaculación pública para ajustarlo al número de personas candidatas que postularía el Poder Ejecutivo Federal.

Caso concreto

La pretensión de la parte actora, esencialmente, consiste en algunos de los siguientes efectos: que se les integre en las listas de personas insaculadas para el cargo al que se postularon, que se suprima el nombre de alguna persona que consideran no fue insaculada, que se realice nuevamente el proceso de insaculación o, en su caso, que se les incluya en las boletas.

Los agravios expuestos por las personas actoras versan, esencialmente, sobre los siguientes planteamientos:

-          Existió falta de exhaustividad en el proceso de entrevista pues el Comité debió dejar menos aspirantes y así evitar la insaculación.[14]

-          La lista de aspirantes idóneos no se publicó en un medio oficial, sino en el portal de internet del Comité responsable.[15]

-          El notario público que presenció la insaculación no estaba presente de forma inmediata a la urna, generando falta certeza.[16]

-          El procedimiento de insaculación no fue homogéneo en relación con otros Circuitos. [17]

-          Debió hacerse una distinción de idoneidad de los perfiles que insacularon.[18]

-          Omisión de implementar de adoptar medidas afirmativas en materia de diversidad sexual.[19]

-          Haberse registrado para cargos, circuitos y materias distintas a aquellas en las que fueron incluidas.[20]

-          Vulneración a sus derechos político-electorales por haber sido registrado en un género diverso al no binario. [21]

-          Falta de certeza en el proceso de insaculación, pues no se fue posible observar los números marcados en las esferas que participaron.[22]

-          Indebida integración del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. [23]

-          La lista de personas insaculadas es incorrecta pues incluyó a una persona que no resultó insaculada.[24]

Ahora bien, a la fecha del dictado de la presente resolución, constituye un hecho notorio[25] que los comités ya realizaron el proceso de insaculación mediante el cual se integrarán las listas de personas candidatas a un cargo dentro de la judicatura, postuladas por los relativos Poderes de la Unión. 

En este orden, de los escritos de demanda se advierte que la pretensión de la parte actora esencialmente algunos de los siguientes efectos: que se les integre en las listas de personas insaculadas para el cargo al que se postularon, que se suprima el nombre de alguna persona que consideran no fue insaculada, que se realice nuevamente el proceso de insaculación o, en su caso, que se les incluya en las boletas.

Por lo tanto, se sobreseen los juicios pues aún de asistirles la razón, no podrían alcanzar su pretensión.

Esto, porque existen situaciones de hecho y de derecho que han generado que su pretensión se torne inalcanzable, ya que a la fecha en que se resuelve el presente medio de impugnación, los comités ya realizaron el procedimiento de insaculación de las personas aspirantes inscritas que podrán acceder a una candidatura para un cargo en la judicatura dentro del presente PEE.

Es decir, con motivo de las insaculaciones realizadas, se actualizó un cambio de situación jurídica, consistente en el cambio de etapa dentro del PEE, que torna inalcanzable la pretensión de las personas actoras, pues en virtud de los principios que rigen la materia electoral de continuidad y definitividad, el acto impugnado consistente en su exclusión de la insaculación realizada por los comités se ha ejecutado de manera irreparable.

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que, conforme al texto constitucional, los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión se integraron con el fin de recibir las inscripciones, evaluar requisitos e idoneidad, elaborar los listados de las personas mejor evaluadas y, finalmente, enviar las listas a cada Poder para su aprobación y envío al Senado, lo que ocurrió el pasado dos de febrero en el caso del CEPEF y el cuatro de febrero en el del CEPL, fecha en que cada Comité terminó la insaculación pública y que, consecuentemente, envió la lista de las personas insaculadas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, respectivamente. 

Es decir, al día que se dicta la presente sentencia, los comités responsables han quedado disueltos al haber cumplido con sus fines, supuesto que abona al argumento de la inviabilidad de los efectos pretendidos por las personas promoventes.

En virtud de lo expuesto, no es posible atender la solicitud de los promoventes[26] que solicitan un pronunciamiento de fondo, ya que como se refirió, aún de asistirles la razón no podrían alcanzar su pretensión ante la inviabilidad de los efectos pretendidos en sus demandas. 

Finalmente, se da vista al Instituto Nacional Electoral con las demandas que originaron los expedientes SUP-JDC-747/2025, SUP-JDC-807/2025 y SUP-JDC-937/2025 en las que se señala la posible existencia de participaciones simultáneas por parte de diversas personas para que, en su caso y en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda.

En este orden, se sobresee en el presente juicio de la ciudadanía.

Similares consideraciones se sostuvieron al resolver los asuntos SUP-JDC-619/2025 y acumulados, SUP-JDC-629/2025 y acumulados, y SUP-JDC-632/2025 y acumulados entre otros.

Por lo expuesto y fundado, se

VI. RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los medios de impugnación.

SEGUNDO. Son improcedentes los medios de impugnación.

Notifíquese como en derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, devuélvase la documentación atinente.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el voto en contra de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe, así como de que la presente ejecutoria se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE, DE MANERA CONJUNTA, FORMULAN LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS Y EL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGON, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA SUP-JDC-747/2025 Y SUS ACUMULADOS (REPARABILIDAD EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS DE LA ELECCIÓN JUDICIAL)[27]

Emitimos el presente voto particular, ya que, como lo anunciamos en la sesión pública de resolución, diferimos del criterio mayoritario por el que se determinó desechar los juicios (no revisarlos de fondo) en los cuales diversos aspirantes a personas juzgadoras controvierten los siguientes actos: i) errores por haber sido incluidas para cargos diferentes a los que solicitaron su registro; ii) errores relacionados con incluir una mayor cantidad de aspirantes a las vacantes disponibles, iii) la omisión de implementar acciones afirmativas LGBTI+, y iv) anomalías durante el proceso de insaculación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo que afectaron su esfera jurídica.

De manera preliminar, destacamos que la acumulación del engrose no correspondió a los proyectos que analizamos en sesión de doce de febrero, ello, porque los expedientes acumulados en este engrose corresponden a cinco proyectos que fueron analizados en sesión de forma separada, esto es, las propuestas no estaban acumuladas.

En ese sentido, estimamos que la alteración de los proyectos que fueron sometidos a consideración de esta Sala Superior, en la versión que fueron discutidos y votados por las magistraturas, es una situación irregular y preocupante que no podemos dejar de señalar.

La certeza jurídica de las personas justiciables implica que el trámite de un expediente dentro un órgano jurisdiccional, desde la recepción de la demanda hasta la votación de una sentencia, debe estar garantizada en todo momento por la transparencia en las decisiones, así como el cumplimiento del debido proceso.

Del mismo modo, la decisión de desechar de plano todas y cada una de las demandas que, de manera sorpresiva se decidió acumular por el magistrado encargado del engrose, también es una cuestión que escapa a la regularidad técnica con la que este Tribunal Electoral estaría obligado a observar. Esto, ya que lo procedimentalmente correcto era haber sobreseído cada uno de estos juicios, dado que el magistrado ponente ya había ordenado la admisión de cada uno de los medios de impugnación, ordenando el cierre mismo de su instrucción. Hipótesis normativa prevista expresamente en el artículo 11, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Expresado lo anterior, el voto se presenta al diferir de la decisión de la mayoría de determinar la improcedencia de los juicios de la ciudadanía citados por la supuesta inviabilidad de efectos de manera acumulada.

En la sentencia, se determinó que los juicios son improcedentes, porque las presuntas violaciones que las personas actoras alegan ya no pueden ser reparadas y que, por ello, no pueden alcanzar su pretensión. En suma, que existe una inviabilidad de los efectos de una eventual sentencia restitutoria de sus derechos.

Al respecto, en cada juicio, el magistrado Reyes Rodriguez Mondragón presentó cinco propuestas al pleno en la que se planteaba resolver, mediante un estudio de fondo, las controversias planteadas por cada una de las personas promoventes.

No obstante, las propuestas fueron rechazadas y se ordenó su engrose a la magistratura correspondiente, quien acumuló y resolvió de forma conjunta, como si los expedientes no se hubiesen tramitado y presentado por cuerda separada como se advierte de la sesión pública.

Dicho lo anterior, no compartimos el sentido ni la argumentación que se hace en la sentencia aprobada por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque en términos técnico-jurídicos, la decisión que determina la irreparabilidad o la inviabilidad de efectos es injustificada, innecesaria e insostenible, si se adopta la interpretación más favorable a los derechos de las personas –a la cual el Tribunal está, por cierto, obligado– y la más congruente con los precedentes de la propia Sala Superior.

En segundo lugar, porque la postura de la sentencia aprobada impide a la Sala Superior –también de manera innecesaria– cumplir una de las funciones de un Tribunal constitucional de cierre en una democracia constitucional, que consiste, primordialmente, en potenciar las virtudes del propio sistema democrático y proteger los derechos de las personas. En este caso, impide potenciar la autocorrección como virtud de la democracia.

Hay que recalcarlo, no revisar los casos impide legitimar judicialmente las decisiones que habrán quedado fuera del escrutinio judicial, lo cual afecta al proceso electoral mismo en una de sus etapas más tempranas.

A continuación, desarrollamos ambos aspectos.

Con relación a la dimensión técnico-jurídica de la decisión, no compartimos la sentencia por las siguientes razones:

i.            Primero, no existe base normativa alguna, constitucional ni legal, expresa ni manifiesta para determinar que las violaciones son irreparables material o jurídicamente y que en consecuencia los efectos de una sentencia restitutoria son inviables. Señalar fechas del proceso electoral no equivale en automático a generar una restricción.

ii.            Segundo, la argumentación propuesta es contraria a los precedentes del propio Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como incompatible con la doctrina de los Tribunales Internacionales.

iii.            Tercero, la determinación adoptada implica una denegación de justicia para las personas aspirantes.

iv.            Cuarto, la decisión podría generar las condiciones para provocar una responsabilidad internacional al Estado mexicano.

En cuanto a la dimensión del rol del Tribunal constitucional, queremos señalar que la postura interpretativa adoptada en la sentencia (desechar los casos, a partir de supuestamente deducir una restricción constitucional que no está explicitada, y, como mostraremos, no existe, negando el acceso a la justicia) le impide a la Sala Superior cumplir varias de sus funciones principales, como son:

        Garantizar que las decisiones de las autoridades se ajusten a los estándares y parámetros constitucionales y convencionales.

        Uniformar criterios interpretativos, para, incluso, mejorar las políticas públicas existentes.

        Jugar el rol de “socio menor” de la legislatura y corregir los fallos en la implementación de la reforma judicial o, incluso, cuando es posible, en la normativa misma, a partir de criterios interpretativos que den claridad y coherencia al sistema.

        Crear líneas de precedentes en torno a decisiones de fondo para el presente y futuro (para los próximos procesos electorales). Esto es, generar predictibilidad y constancia en cuanto a futuras decisiones de fondo.

        Legitimar el proceso comicial y generar confianza de que un Tribunal revisó las decisiones reclamadas.

        Fortalecer el Estado constitucional democrático de derecho, la paz social y la observación de las decisiones.

La decisión aprobada por el criterio mayoritario renuncia injustificadamente a cumplir todas estas funciones e implica que la Sala Superior, como órgano cúspide en la materia, abdique de su encomienda constitucional.

En efecto, como no era ni material ni jurídicamente justificado desechar los casos, prácticamente en todos (excepto aquellos en los que se actualizaba otra improcedencia distinta a la presunta inviabilidad) era posible que la Sala Superior conociera con oportunidad del fondo de los juicios (tan es así que en todos los casos que fueron turnados al magistrado ponente y que cumplían los requisitos procesales, se presentaron ante el Pleno propuestas de fondo). No obstante, el criterio mayoritario prefirió adoptar un rol diverso al descrito, y excluir del escrutinio judicial las decisiones reclamadas, esto es, crear una zona de inmunidad al control constitucional, a partir de crear una nueva restricción —presuntamente de rango constitucional— por la vía de la interpretación.

Así, en nuestro concepto, se sacrificó la legitimidad de una de las fases iniciales del proceso electoral en un grado intenso, respecto de todas las personas que solicitaron el acceso a la justicia, para privilegiar una celeridad innecesaria respecto de esas mismas personas, mediante la utilización de un enfoque formalista, so pretexto de hacer prevalecer la definitividad de las etapas.

La decisión de desechamiento de los juicios también debe considerarse en su contexto, el cual incluye, entre otros, los aspectos siguientes:

        El desarrollo de un proceso electoral que representa la aplicación de una modificación constitucional en materia judicial que fue y sigue siendo motivo de debate, análisis y escrutinio social.

        Faltan casi dos meses para que inicien las campañas, lo cual implica la posibilidad material de revisar las decisiones en la etapa de postulación de las candidaturas.

        No es imposible ordenar la integración de Comités para que repitan algunas insaculaciones, tan es así, que el propio criterio mayoritario sustituyó, por ejemplo, al Comité de Evaluación del Poder Judicial y le encomendó a la Mesa Directiva del Senado a cumplir sus labores[28].

        No hay una sola disposición constitucional o legal que –más allá de fijar fechas– determine que la remisión de las listas de las candidaturas a los poderes o al INE hace inviable el acceso a la justicia.

Consideramos que, decidir desechar los juicios por irreparables en el contexto antes descrito, además de afectar la confianza en el Estado de derecho y en la legitimidad del proceso electoral, lesiona la percepción de imparcialidad e independencia de la Sala Superior como Tribunal constitucional en materia electoral.

La pregunta que debemos hacernos al examinar la sentencia aprobada es: ¿Por qué el criterio mayoritario decidió interpretar de la manera más restrictiva la Constitución en ausencia de una regla manifiesta? Evidentemente, en la propia sentencia no encontraremos respuesta a esa interrogante y esto es precisamente lo que incide en la percepción de imparcialidad de la decisión.

Finalmente, a la luz de los estándares democráticos, resulta grave que la implementación de una reforma que tiene como uno de sus efectos más destacados la remoción de todas las personas juzgadoras federales de todo el país no permita el acceso a la justicia en una de las fases iniciales de implementación del cambio, relativa a la postulación de las nuevas candidaturas que ocuparán esos cargos que se renuevan.

Por todas estas razones es que no compartimos la sentencia aprobada. Para justificar el sentido de nuestro voto expondremos, a continuación, la decisión mayoritaria y desarrollaremos las razones de nuestro disenso.

1. Antecedentes relevantes

Estos asuntos están vinculados con el proceso de elección de las personas juzgadoras en el proceso electoral federal extraordinario 2024-2025.

En estos casos, diversas personas aspirantes a personas juzgadoras reclaman ante esta Sala Superior los siguiente:

a)     errores por haber sido incluidas para cargos diferentes a los que solicitaron su registro;

b)     errores relacionados con incluir una mayor cantidad de aspirantes a las vacantes disponibles,

c)     la omisión de implementar acciones afirmativas LGBTI+, y

d)     anomalías durante el proceso de insaculación del Comité del Poder Legislativo susceptible de afectarlo en su esfera jurídica.

2. Criterio mayoritario

La sentencia aprobada determinó no revisar los casos y desechar los juicios por inviabilidad de efectos, al considerar que las violaciones que los actores alegan ya no pueden ser reparadas y que, por ello, no pueden alcanzar su pretensión; esta conclusión se sostiene esencialmente en los siguientes argumentos:

a)     Los Comités cumplieron su objetivo y ya se disolvieron. La insaculación ya se llevó a cabo; circunstancia que impide reparar las violaciones que los actores alegan.

b)     Hay un cambio de etapa en el proceso electoral, ya que el cuatro de febrero era la fecha límite que tenían los Comités para enviar a los poderes respectivos las listas de las candidaturas seleccionadas.

c)     Debe privilegiarse la continuidad del proceso y la definitividad de las etapas.

Hay que destacar que la sentencia aprobada asume que la delimitación de fechas en las que deben ocurrir algunas actividades del proceso electoral (en este caso la remisión de listados a los poderes o al INE) equivale en automático a una restricción al derecho de acceso a la justicia que de manera absoluta priva de eficacia ese derecho.

La sentencia aprobada no explica por qué asume tal premisa (a todas luces, injustificada) ni descarta una interpretación de las disposiciones compatible con el pleno acceso a la justicia. La sentencia da por sentado lo que debiera demostrar (la existencia de una restricción).

La Constitución y la Ley determinan las fechas en las que deben ocurrir ciertos actos del proceso electoral, pero en ningún lugar de estos ordenamientos existe de forma manifiesta una regla que indique que el transcurso de esas fechas anula el acceso a la justicia o hace inviable la revisión judicial de los actos.

La delimitación de fechas no crea en automático zonas de inmunidad al control constitucional, si esto no se explicita de forma manifiesta.

En consecuencia, ese efecto (la negativa al acceso a la justicia) es una creación de la sentencia aprobada.

En ese sentido, hay que decirlo con toda claridad: la decisión relativa a establecer que frente al transcurso de ciertas fechas debe negarse el acceso a la justicia es el resultado de una interpretación.

Justamente esta decisión interpretativa es el centro de nuestro análisis en este voto particular.

3. Razones de nuestro disenso

Como lo adelantamos, no compartimos ni el sentido ni la argumentación que se hace en la sentencia, por los motivos siguientes.

3.1. Se está interpretando indebidamente la Constitución para restringir derechos, pues no existe base normativa manifiesta para sostener la inviabilidad de efectos ni elementos materiales que razonablemente nos conduzcan a dicha inviabilidad

En nuestro concepto, no existe base normativa alguna, ni expresa ni manifiesta, para desechar los juicios como inviables o sostener que las violaciones son irreparables. Por el contrario, se está interpretando la Constitución para restringir derechos, lo cual es contrario al propio artículo primero del texto constitucional y trasgrede la prohibición de interpretar la Constitución para efectos del presente proceso electoral.

De la normativa aplicable, no observamos sustento jurídico para establecer que la fecha que tienen los Comités para remitir las candidaturas judiciales a los poderes que la postulan hace imposible revisar sus actos.

En la sentencia aprobada se establece que, de conformidad con el artículo 96, fracción II, inciso c) de la Constitución general, los Comités de Evaluación se integraron con el objetivo de recibir las inscripciones, evaluar requisitos e idoneidad, elaborar listados de las personas mejor evaluadas y, finamente, enviar las listas depuradas a la autoridad que represente a cada poder para su aprobación y envío al Senado, por lo que se extinguirán una vez que se hayan cumplido sus fines, en términos del punto de acuerdo tercero del Acuerdo por el que se crea, integra e instala el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo[29].

Al efecto, el artículo 96, fracción II, inciso c), de la Constitución general señala que:

II. […] Para la evaluación y selección de sus postulaciones, observarán lo siguiente:

[…]

c) Los Comités de Evaluación integrarán un listado de las diez personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados los listados, los Comités los remitirán a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado.

Por su parte, el artículo tercero transitorio del Acuerdo por el que se crea, integra e instala el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, establece que “El Comité de Evaluación goza de plena autonomía para su organización interna y libre determinación, contará con el apoyo del Ejecutivo Federal para la realización de sus fines, y se extinguirá una vez cumplidos los mismos”. Asimismo, en las diversas convocatorias se establecieron fechas límites para el envío de dichas listas.

Desde nuestra perspectiva, de la lectura del precepto constitucional, así como del artículo transitorio del mencionado acuerdo y de la exigencia de enviar las listas respectivas, en modo alguno se puede extraer que, una vez que los Comités remitan los listados correspondientes a cada poder de la Unión, automáticamente se imposibilita la revisión judicial del proceso de integración de dichas listas, esto es, de las normas transcritas no se desprende que con el acto de conformación de las listas se impida la restitución de los derechos político-electorales de las personas que pudieron resentir alguna afectación a su esfera jurídica.

Lo que la norma constitucional establece, sustancialmente, son las funciones que los Comités desarrollarán en la integración de las listas, lo cual, si bien incluye la exigencia de enviar los listados, no se advierte que esto se traduzca en la imposibilidad de revisar el proceso para su conformación.

Por su parte, la norma del multicitado acuerdo se limita a señalar que el Comité se extinguirá una vez que concluya sus fines, lo cual no imposibilita la reparación de un derecho vulnerado durante el ejercicio de sus funciones. Lo mismo acontece con la fecha límite para enviar los listados, pues esto no se traduce en una imposibilidad de evaluar jurídicamente los actos de los Comités.

En ese sentido, advertimos que, al no estar expresa ni manifiesta la imposibilidad jurídica de revisar las actuaciones de los Comités con posterioridad a que remiten las listas respectivas, consideramos que se está interpretando la norma constitucional en perjuicio de los derechos político-electorales de las personas aspirantes.

Esto, además, constituye una transgresión al mandato constitucional, establecido en el artículo transitorio décimo primero, del Decreto constitucional en materia de reforma del Poder Judicial, que señala puntualmente que “Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.

También hay que considerar el artículo 96, fracción III, de la Constitución Política del país, que señala lo siguiente:

Artículo 96. Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda conforme al siguiente procedimiento: […]

III. El Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo.

Esta regla que alude al 12 de febrero, junto con aquellas que aluden a las fechas como la del 4 y 6 de febrero (establecidas en las convocatorias como los momentos en los que los Comités debían remitir las listas de personas insaculadas a los poderes) son utilizadas para establecer la existencia de una restricción constitucional al derecho de acceso a la justicia.

Como lo señalamos, no advertimos la existencia de tal restricción constitucional.

La regla del artículo 96, fracción III, constitucional, recién transcrita, se limita a establecer el deber del Senado de la República (una vez que cuente con las listas de los poderes respectivos) de remitir al INE los listados de personas candidatas “a más tardar el 12 de febrero”.

Sin embargo, de la lectura objetiva de tal regla, no observamos alguna previsión que indique que el transcurso de esa fecha hace inviables los juicios promovidos con antelación a la misma.

Por tal motivo, sostenemos que no existe base constitucional ni legal que, de forma manifiesta, justifique el desechamiento de los juicios que se analizan.

Del texto transcrito, previsto en el artículo 96, fracción III, constitucional, tampoco se deduce de forma alguna una norma que indique, por ejemplo, lo siguiente:

“Procede el desechamiento de los juicios contra actos de los Comités de evaluación, por irreparabilidad de la violación, o inviabilidad de efectos, por el mero transcurso del doce de febrero”.

Esta segunda regla es muy distinta a aquella que solo indica el deber de remitir listados en una fecha específica.

Asimismo, hay que destacar que la citada restricción, que en el caso justifica los desechamientos, no existe de forma expresa o manifiesta en el ordenamiento jurídico mexicano y, a pesar de ello, es el sustento jurídico de la sentencia aprobada.

En ese orden de ideas, observamos que la sentencia aprobada creó una nueva restricción –presuntamente de rango constitucional– por la vía de la interpretación.

Dicho, en otras palabras, en la sentencia se inventó una nueva causal de improcedencia del juicio de la ciudadanía, argumentando una supuesta irreparabilidad o inviabilidad de efectos.

Mediante el empleo de una interpretación equivocada se utilizó una regla prevista en el ordenamiento (Constitución, Ley o convocatorias), que únicamente indica la fecha límite para remitir listados a los poderes o al INE (y solo eso), para derivar una segunda regla muy diversa, que establece que transcurrida esa fecha debe negarse el acceso a la justicia. Así, se pretende derivar una conclusión que no se sigue de las premisas, es decir, se comete la falacia del non sequitur.

Esta interpretación es problemática en muchos aspectos, de entre los cuales sólo destacamos los siguientes:

1)     Los estándares constitucionales y convencionales prohíben restringir derechos, si el legislador no previo de forma expresa y manifiesta tal restricción, que además debió establecerse por razones de interés general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[30]

2)     Las Salas de la Suprema Corte han establecido que los Tribunales tienen prohibido interpretar disposiciones constitucionales o legales para crear o ampliar restricciones y que la interpretación debe ser lo más restrictiva posible cuando se busque limitar derechos[31].

3)     Se incumple el mandato constitucional previsto en el artículo transitorio décimo primero, del Decreto constitucional en materia de reforma del Poder Judicial, que señala puntualmente que “Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.

En este asunto, no se atiende a la literalidad el artículo 96, fracción III, constitucional, sino que, se interpreta de forma extensiva, dándole un alcance, lo peor del caso, para restringir derechos humanos, en concreto, el acceso a la justicia.

4)     La interpretación empleada en la sentencia crea zonas de inmunidad constitucional injustificadamente y deja en indefensión a las personas.

3.2. No existe ninguna imposibilidad material para reparar las violaciones reclamadas

Desde nuestra perspectiva, no es materialmente imposible reunir a los integrantes de los Comités ni reponer un procedimiento de insaculación. Por tal motivo, el argumento de que los Comités cumplieron su objetivo y se disolvieron es jurídicamente irrelevante y no justifica negar a las personas el acceso a la justicia.

Si por cualquier circunstancia no pudiera localizarse a los integrantes del Comité, la reparación es materialmente posible a través de un cumplimiento sustituto, tal como lo reconoció el propio criterio mayoritario en el incidente sobre incumplimiento de sentencia del SUP-JDC-8/2025 y acumulados.

Incluso, la sentencia jamás argumenta por qué sería materialmente imposible reponer aquellas insaculaciones en las que se detectaran violaciones trascendentes.

Además, faltan casi dos meses para el inicio de las campañas, por lo que en todo ese tiempo puede revisarse si los Comités violaron o no algún derecho fundamental al seleccionar a las candidaturas, tal como acontece en cualquier proceso electoral ordinario, en donde se pueden revisar los procesos de selección de candidaturas aún y cuando ya iniciaron las precampañas o campañas electorales.

En síntesis, en cuanto a este tema, observamos lo siguiente:

a)     La sentencia establece que si los Comités ya se disolvieron es imposible mandarlos conformar de nuevo. No explica por qué.

b)    No observamos imposibilidad para convocar a los Comités, una vez que se disolvieron. Basta con llamar a las personas. Determinar la imposibilidad material equivale a sostener que un Tribunal como la Sala Superior es incapaz de obligar a las autoridades responsables a cumplir con sus determinaciones.

c)     La sentencia soslaya la posibilidad de un cumplimiento sustituto. En los casos en los que no se pueda conformar un Comité o que éste se niegue a cumplir con la orden, la propia Sala Superior ya determinó la posibilidad de generar un incumplimiento por una autoridad diversa, tal como ocurrió en el incidente sobre incumplimiento de sentencia del SUP-JDC-8/2025 y acumulados, donde se sustituyó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación por la Mesa Directiva del Senado de la República.

La sentencia no justifica el trato diferenciado ante un mismo supuesto.

d)    La sentencia desconoce que la propia Ley prevé la posibilidad de repetir los procesos de insaculación hasta antes de la fecha de la impresión de las boletas.

En efecto, el artículo 502, párrafo 1, de la LEGIPE señala que: “En caso de fallecimiento, incapacidad, inhabilitación o declinación de alguna de las personas postuladas, el poder de la Unión postulante podrá solicitar al Senado de la República su sustitución antes del inicio de la impresión de las boletas electorales, observando el procedimiento de insaculación pública sobre el listado de las personas finalistas que no fueron seleccionadas para la candidatura del cargo que se trate”.

Así, la sentencia aprobada es incluso contraria al texto de la Ley, que sí prevé la posibilidad de repetir un proceso de insaculación con posterioridad al 4, 6 y 12 de febrero.

No puede argumentarse la existencia de una imposibilidad material ni jurídica para ordenar algo que, incluso, está previsto en la propia legislación.

3.3. No existe una irreparabilidad jurídica; por lo que la decisión adoptada va en contra de la jurisprudencia de la Sala Superior

El procedimiento en estudio no se encuentra sujeto a plazos improrrogables que pudieran hacer irreparable la etapa de evaluación.

Si bien es cierto que la Convocatoria general del Senado establece que el cuatro de febrero es la fecha límite para que los Comités remitan los listados de candidaturas al Poder que corresponda, ni la Constitución ni la Ley tienen alguna previsión normativa que indique que esa fecha genera un cambio de etapa que haga imposible revisar los actos previos a esa fecha.

Por el contrario, ese acto de remisión es jurídicamente irrelevante en términos de reparabilidad, pues la facultad de postular a las candidaturas es de los poderes, por lo que la decisión de los Comités aún está sujeta a ratificación.

Más aun, la regla general sobre irreparabilidad se estableció sólo respecto de la jornada electoral. Hay que reconocer que sí resulta altamente gravoso repetir la jornada electoral, en términos económicos, materiales, sociales y políticos. Sin embargo, el acto de selección y o registro de candidaturas no es comparable con el día de las votaciones, al grado de negar el acceso a la justicia.

Por el contrario, este Tribunal Electoral ha reconocido que siempre es posible reparar los actos de selección de candidaturas y su registro. En efecto, la Jurisprudencia 45/2010[32] de la Sala Superior señala que el paso del tiempo después de la fecha que legalmente se prevé para el registro de candidaturas no hace que los juicios que se promueven en contra de los referidos registros sean inviables o las violaciones irreparables. De igual forma, en la Jurisprudencia 6/2022[33] se ha reconocido que existen violaciones que son reparables, incluso, después de la jornada electoral.

Por lo tanto, no advertimos por qué los actos de selección de las candidaturas judiciales, previo a la etapa de registros ante el Instituto Nacional Electoral, resultarían actos que no pueden revisarse, sólo por el transcurso del procedimiento de remisión de los nombres de las personas a los poderes postulantes. Por ello, consideramos que con la decisión mayoritaria se está generando un criterio contrario a la propia jurisprudencia de la Sala Superior.

Así, consideramos que no existe irreparabilidad jurídica con motivo de la fecha de entrega de los listados de las candidaturas judiciales a los poderes de la Unión o al INE, cuando la propia Ley reconoce la posibilidad de realizar insaculaciones después de esa fecha y hasta antes del momento de la impresión de las boletas electorales, tal como lo dispone el artículo 502 de la LEGIPE[34].

Finalmente, hay que referir que la Ley define las etapas del proceso electoral judicial, y que de tales previsiones no se desprenden elementos para establecer que la fase de remisión de listados a los poderes o al INE genera algún tipo de inviabilidad o irreparabilidad.

Por el contrario, igual que en cualquier otra elección, establece que la preparación de la elección comprende desde el inicio del proceso hasta la jornada electoral. Al respecto, se transcribe el numeral 498 de la LEGIPE, que indica lo siguiente:

Artículo 498. 1. Para los efectos de esta Ley, el proceso de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación comprende las siguientes etapas: a) Preparación de la elección; b) Convocatoria y postulación de candidaturas; c) Jornada electoral; d) Cómputos y sumatoria; e) Asignación de cargos, y f) La entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección.

2. La etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebre en los primeros siete días del mes de septiembre del año anterior a la elección, y concluye al iniciarse la jornada electoral.

3. La etapa de convocatoria y postulación de candidaturas inicia con la publicación de la convocatoria general que emita el Senado de la República conforme a la fracción I del primer párrafo del artículo 96 de la Constitución, y concluye con la remisión por dicho órgano legislativo del listado de candidaturas al Instituto.

Dentro de la preparación de la elección se comprende la convocatoria y postulación, sin que existan elementos que indiquen que esta subetapa genera la irreparabilidad de los actos una vez transcurrida.

Tal interpretación sería disconforme, además, con el contenido del numeral 502 de la LEGIPE, artículo en el que justamente se prevé la posibilidad de realizar insaculaciones con posterioridad a la subetapa de convocatoria y postulación.

3.4. El criterio adoptado es contrario a la jurisprudencia obligatoria de la SCJN

La Jurisprudencia 61/2004[35] del pleno de la SCJN señala que las etapas relevantes del proceso electoral son la de preparación de la elección y la de jornada electoral; y que los plazos constitucionales para el desahogo de los juicios electorales son aquellos que permiten al órgano jurisdiccional resolver con oportunidad las impugnaciones planteadas.

En el caso se cuestionan actos en los que entre, la decisión de inviabilidad de efectos decidido por la mayoría, y el momento en el que se generaron los actos, han transcurrido un periodo de tiempo muy corto.

Esta situación nos parece contraria al estándar fijado por el pleno de la SCJN, al no concederse un plazo razonable para impugnar y desahogar el juicio respecto de un acto, como lo es la determinación de las candidaturas, que para nada puede compararse con el desarrollo de una jornada electoral, máxime que faltan casi dos meses para el inicio de las campañas (treinta de marzo).

3.5. La decisión adoptada provoca denegación de justicia

Consideramos que con la decisión mayoritaria se permite la existencia de actos no revisables en sede judicial, considerando que las personas sólo cuentan con tres días, no sólo para demandar, sino para solicitar al Tribunal la emisión de una respuesta a su demanda.

Como ya explicamos, la decisión niega el acceso a la justicia cuando:

         Faltan dos meses para el inicio de las campañas y ni si quiera se está dejando correr el plazo de cuatro días para impugnar.

         Los actos que se pide revisar no tienen la dimensión o complejidad de una jornada comicial, como para negar su escrutinio.

         No existe base constitucional manifiesta para negar la revisión.

         Se está ampliando una restricción a derechos, a partir de aplicar una causa de improcedencia a hipótesis no comparables con las que la generaron.

         Se contravienen los precedentes y criterios obligatorios previos adoptados tanto por la SCJN como por este pleno.

3.6. La decisión genera las condiciones para provocar una responsabilidad internacional al Estado mexicano

Ante la ausencia de un recurso efectivo para cuestionar la selección de candidatas y la tutela de los derechos políticos y electorales de las personas participantes de un proceso electoral judicial se genera la posibilidad de que se condene a México por incumplir sus deberes constitucionales y convencionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no sólo revisa las leyes, sino la interpretación de los Tribunales. En este caso, se está generando una interpretación que hace inviable revisar ciertos actos que pueden afectar derechos humanos y que vuelven ineficaz, de forma absoluta un recurso como el juicio de la ciudadanía, en el supuesto que se analiza.

En nuestra opinión, si se asume que la definición de las listas conformadas por los Comités es un acto irreparable y, se resuelve, como ocurrió en el presente caso, que el juicio ciudadano en estos casos es improcedente, también se generan las condiciones para que el Estado mexicano no garantice ni a través del Tribunal Constitucional de derechos políticos y electorales ni a través del juicio de amparo, a las personas un recurso judicial efectivo, cuando todas las autoridades del país, incluidas las jurisdiccionales, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, de conformidad con el artículo 1.º constitucional.

En relación con la garantía de tutela judicial efectiva, el artículo 14 de la Constitución general establece que nadie podrá ser privado de sus derechos, sino mediante un juicio seguido ante Tribunales que han sido previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las personas bajo la jurisdicción del Estado deben tener acceso “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro mecanismo efectivo ante jueces o Tribunales competentes”[36].

La Corte IDH, al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, ha sostenido que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los Tribunales o de procedimientos formales o, incluso, a la posibilidad de recurrir a los Tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad[37], es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso, en los términos de ese precepto.

La existencia de esa garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Asimismo, conforme al artículo 25.2.b de la Convención, los Estados se comprometen a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, por lo tanto, los Estados deben promover recursos accesibles para la protección de los derechos[38].

De esta manera, si conforme al criterio de la Sala Superior sostenido por la mayoría en la sentencia, el juicio ciudadano se declaró improcedente únicamente porque los Comités remitieron sus listas a los poderes postulantes, se genera una situación de denegación de justicia, es decir, de negativa total de acceso a la jurisdicción.

Es decir, en el caso concreto, se crea una situación en la que no se garantiza el acceso a un recurso idóneo ni efectivo para la defensa de los derechos de las personas aspirantes a los cargos judiciales.

En otras situaciones similares en las cuales no se garantizó un recurso efectivo para poder combatir los actos de autoridad, han llevado a que se determine la responsabilidad internacional del Estado mexicano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o a la Corte IDH, por ejemplo, en el caso Castañeda Gutman y el informe de fondo 10.180[39].

En el último caso, la CIDH fijó los contornos de las garantías político-electorales, fundadas en un sistema capaz de asegurar, jurídicamente, el libre y pleno ejercicio de los derechos políticos. El caso surgió de una queja que cuestionaba la Ley Electoral del Estado de Nuevo León y, en general, las leyes electorales mexicanas, por la inexistencia de un mecanismo eficaz para la protección de los derechos políticos en virtud de las limitaciones del juicio de amparo mexicano.

En el otro caso, la Corte IDH encontró al Estado mexicano responsable por la violación del derecho de protección judicial, al no ofrecer al señor Castañeda Gutman un recurso idóneo para reclamar su derecho político a ser elegido vía una candidatura sin partido y, en específico, para cuestionar la constitucionalidad del requisito consistente en que sólo los partidos políticos podían presentar postulaciones.

Por esa razón, consideramos que es necesario permitirles a las personas demandantes el acceso a la jurisdicción, a través del juicio ciudadano, precisamente para que el Estado mexicano no incurra en una responsabilidad internacional.

En ese contexto, como ya se evidenció, el que haya concluido la etapa de definición de los aspirantes a cargos judiciales, no constituye un impedimento jurídico ni material para que esta Sala Superior conozca de las controversias.

La Sala Superior ha razonado que de los artículos 1; 17 y 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución general, así como 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se desprende un sistema de medios de impugnación eficaces, inmediatos y accesibles que tienen el objetivo de dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos político-electorales, con apego a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Desde esta perspectiva, debe tomarse en cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene competencia para analizar la regularidad constitucional y legal de todos los actos en materia electoral, incluyendo la designación de sus autoridades, a fin de garantizar la plena observación de los principios constitucionales y convencionales que rigen en la materia.

Cualquier acto de autoridad que afecte los derechos políticos de las personas que conforman la comunidad política mexicana, sin importar si fue emitido por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o, como aconteció en el caso, debe ser susceptible de revisión judicial, de conformidad con las garantías previstas en la Constitución general y en las obligaciones internacionales que establece el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En consecuencia, consideramos que la sentencia aprobada por la mayoría se traduce en la falta de observación del mandato constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de asegurar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones en materia de derechos políticos.

Es preciso tener en cuenta que existen parámetros constitucionales que deben cumplirse en el marco del procedimiento de evaluación y designación, como lo son el mandato de paridad de género, el principio de igualdad y no discriminación, así como la exigencia de fundamentación y motivación.

Este último debe observarse en todo acto de autoridad que condicione el ejercicio de un derecho humano, considerando la normativa que se emitió específicamente para el procedimiento y a la que se decidieron someter las y los participantes.

De esta manera, el criterio mayoritario impide el acceso a la justicia de quienes promueven las impugnaciones y desconoce el mandato del Tribunal Electoral como órgano judicial creado para velar por el pleno cumplimiento de la Constitución.

3.7. La sentencia aprobada adopta una postura con la que se renuncia a cumplir con funciones propias del Tribunal constitucional en una democracia

El proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de las personas juzgadoras representa un ejercicio inédito en la historia constitucional mexicana. Este proceso implica una transformación fundamental en la forma de integrar al Poder Judicial, en el que diversos actores institucionales, como los Comités de Evaluación de los poderes de la Unión, participan en el procedimiento de selección de quienes aspiran a ocupar cargos jurisdiccionales mediante el voto popular directo.

La reforma constitucional que da origen a este proceso persigue objetivos trascendentales para el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia: acercar la judicatura a la ciudadanía y fortalecer la legitimidad democrática de quienes imparten justicia.

En ese contexto, la democracia constitucional se distingue por su capacidad de autocorrección. Esta característica se materializa principalmente a través de las instituciones que, como este Tribunal Electoral, tienen la función de salvaguardar tanto la democracia formal como la sustantiva.

Nuestra función como Tribunal constitucional especializado en materia electoral trasciende la mera resolución de controversias individuales: somos un mecanismo institucional de corrección sistémica.

Esta función adquiere especial relevancia en el contexto de este proceso electoral extraordinario.

Como ha señalado Aharon Barak, los Tribunales constitucionales ejercemos una acción correctiva que opera sobre todo el sistema democrático, no sólo sobre casos aislados.

Esta función correctiva tiene una doble dimensión: por un lado, debemos cerrar la brecha entre el derecho y las necesidades de una sociedad en constante evolución; por otro, tenemos el deber fundamental de proteger la democracia misma. Esta protección implica que cada juez constitucional debe usar activamente el poder que se le ha conferido para salvaguardar tanto los aspectos formales como los sustantivos del sistema democrático, actuando como un verdadero guardián constitucional que evita que el sistema jurídico se debilite o colapse.

En el marco de la elección judicial, esta responsabilidad se intensifica. Cuando la judicatura constitucional electoral tolera prácticas cuestionables en el proceso de selección de las personas juzgadoras, no sólo se comprometen los objetivos inmediatos de la reforma constitucional, sino que se arriesga la legitimidad misma del nuevo sistema de elección judicial. La falta de un escrutinio riguroso de los procedimientos de selección puede derivar en que los fines democratizadores de la reforma se diluyan en la práctica.

En este sentido, cuando una mayoría del Tribunal adopta criterios que limitan injustificadamente el acceso a la justicia o que generan zonas de inmunidad al control constitucional, no solo se desatiende un caso particular, sino que se compromete nuestra función correctiva en el sistema democrático. La deferencia excesiva o la renuncia a ejercer un control constitucional efectivo erosionan gradualmente la capacidad de autocorrección que distingue a las democracias constitucionales.

Por ello, disentimos respetuosamente del criterio mayoritario. Más allá de las particularidades del caso concreto, la postura que adopta la mayoría tiene implicaciones sistémicas que debilitan nuestra función institucional como mecanismo de corrección democrática.

Como ya lo adelantamos, la postura interpretativa adoptada en la sentencia (desechar los casos, a partir de deducir una restricción constitucional que no está señalada, negando el acceso a la justicia) le impide a la Sala Superior cumplir varias de sus funciones principales, como son:

        Garantizar que las decisiones de las autoridades se ajusten a los estándares y parámetros constitucionales y convencionales.

        Uniformar criterios interpretativos, para, incluso, mejorar las políticas públicas existentes.

        Jugar el rol de “socio menor” de la legislatura y corregir los fallos en la implementación de la reforma judicial o, incluso, cuando es posible, en la normatividad misma, a partir de criterios interpretativos que den claridad y coherencia al sistema.

        Crear líneas de precedentes en torno a decisiones de fondo para el presente y futuro (para los próximos procesos electorales). Esto es, generar predictibilidad y constancia en cuanto a futuras decisiones de fondo.

        Legitimar el proceso comicial y generar confianza de que un Tribunal revisó las decisiones reclamadas.

        Fortalecer el Estado de derecho, la paz social y la observancia de las decisiones.

Abandonar a la función correctiva no solo afecta a las partes involucradas, sino que compromete nuestra responsabilidad fundamental de fortalecer y proteger el sistema democrático en su conjunto, especialmente en un momento histórico en el que la legitimidad democrática del Poder Judicial está en proceso de construcción.

4. Solución jurídica propuesta

En nuestra perspectiva, como se ha sostenido, lo correcto era que en cada caso se analizara de fondo las cuestiones que cada una de las personas actoras plantearon en su demanda, tal como se expone a continuación:

En primer lugar, en los asuntos en los que en los que reclamaba haber sido incluidas para cargos diferentes a los que solicitaron su registro (Juicios: 747, 807 y 937) se debía partir de la idea de que los Comités de Evaluación debían registrar y evaluar a las personas aspirantes para el cargo por el cual solicitaron su registro.

En el caso, las aspirantes realizaron las gestiones necesarias para inconformarse oportunamente ante el Comité responsable, además de que no hay indicios de que hubieran podido conocer el error antes de que fuera publicada la lista de aspirantes idóneas, por lo que eran fundados sus agravios expuestos y, como consecuencia, se debió modificar, en lo que fue materia de impugnación, el acto controvertido, para lo siguiente:

        Cambiar el registro de María Isabel Cobos Lerma, para ser ubicada como aspirante idónea al cargo de magistrada en materia penal y administrativa del 8º circuito, con sede en Coahuila, e incluirla directamente en la lista de personas insaculadas.

         Cambiar el registro de Lorena Orquídea Cerino Moyer, para ser registrada como aspirante idónea al cargo de jueza de distrito en materia laboral del 31º circuito, con sede en Campeche, e incluirla directamente en la lista de personas insaculadas.

         Por último, cambiar el registro de Arturo Rivera para ubicarlo como aspirante idóneo para el cargo de juez de distrito en materia administrativa del 1º circuito, y llevar a cabo una nueva insaculación en la que se le incluya.

En segundo lugar, estimamos que en el caso del juicio SUP-JDC-1179/2025, consideramos que era fundado el agravio y era procedente la solicitud de corrección solicitada por la actora, respecto al cargo de Magistrada de Circuito del Primer Circuito en Materia Administrativa (género femenino) ya que se requería de la postulación de 32 mujeres para 16 vacantes. De manera que resultaba en un error evidente que del proceso de insaculación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo resultara en una lista de 33 mujeres, cuando los resultados solo pudieron arrojar 32, es decir, una dupla de candidaturas por cada vacante.

Por otra parte, respecto a la revisión del proceso de insaculación, consideramos que Carreón Castro María del Carmen fue quien no resultó insaculada, sino que quien tenía asignado el número 18 conforme con la lista que utilizó el Comité de Evaluación fue Miranda Cruz Cynthia, tal como las propias comisionadas corrigieron en el procedimiento público de insaculación.

En consecuencia, consideramos que se debió modificar la lista que contenía la relación de los nombres de las personas aspirantes que resultaron insaculadas para el cargo de Magistradas del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, del género femenino, para el único efecto de que no se incluya a Carreón Castro María del Carmen. Pon tanto, se debió vincular a la mesa directiva del Senado de la República para que corrigiera la lista correspondiente.

Por cuanto hace al SUP-JDC-1188/2025, estimamos que la demanda debía desecharse de plano porque la parte actora agotó su derecho de acción al haberse presentado con anterioridad la demanda que integró el expediente SUP-JDC-1179/2025. 

En tercer lugar, en el SUP-JDC-1081/2025, tenemos criterios distintos sobre la resolución del asunto:

a) Postura del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón

Estimo que era inexistente la omisión que el actor atribuyó al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal, de implementar acciones afirmativas en favor de la población LGBTI+, en específico, respecto al género no binario, en el procedimiento de selección de candidaturas a participar en el procedimiento electoral extraordinario 2024-2025, para personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

De este modo, considero que los planteamientos de la parte actora se debían desestimar toda vez que no existe una obligación concreta para que la autoridad responsable designe lugares específicos o implemente una acción afirmativa como la que solicita, sino que estas pueden o no prever medidas compensatorias a favor de las personas pertenecientes al grupo de la diversidad sexual, al estar dentro de su ámbito de facultades y atribuciones. En todo caso, es claro que este tipo de medidas no se adoptaron oportunamente en el marco del procedimiento organizado por el Comité de Evaluación, en el cual el actor se inscribió.

b) Postura de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis

En el caso, aunado a que no comparto la determinación de la mayoría en cuanto a que se debe desechar la demanda, por inviabilidad de efectos, es mi criterio que el caso evidencia, como lo he manifestado en diversas ocasiones,[40] que la elección extraordinaria de personas juzgadoras 2024-2025 se encuentra en un incumplimiento absoluto, por parte del Poder Reformador y de los comités de evaluación de los poderes de la Unión, de atender a su obligación constitucional y convencional de garantizar una democracia incluyente, por medio de acciones afirmativas en beneficio de aquellas personas de grupos en situación de vulnerabilidad que aspiren a candidaturas de cargos de la judicatura, como es el caso de las personas no binarias.

Estimo que el presente caso evidenció que el diseño de proceso dejó fuera el reconocimiento pleno de los derechos de las personas no binarias de participar dentro del proceso de selección en un marco de respeto absoluto de su identidad de género y de su proyecto de vida. Ello, con independencia de que la existencia de la omisión legislativa en comento no nos llevaría a acoger la pretensión de la persona actora en los términos que los planteó, en tanto que el diseño de una acción afirmativa debe responder al análisis que tome en cuenta una diversidad de factores, así como la viabilidad de su implementación en distintas etapas.

Finalmente, en los asuntos SUP-JDC-1111/2025 y SUP-JDC-1140/2025, consideramos que el análisis de fondo hubiera concluido que los planteamientos debían desestimarse ya que, aunque la parte actora alegó diversas irregularidades en el proceso de insaculación, las mismas no fueron acreditadas.

Para nosotros, el análisis de fondo hubiera concluido que eran infundados los agravios de los promoventes en donde sostenían que el procedimiento de insaculación careció de certeza porque no se sabía con exactitud el número de esferas introducidas o extraídas en la urna durante el proceso de insaculación.   

Lo anterior era infundado ya que el video de la insaculación del Comité mostró que el procedimiento fue llevado a cabo de manera transparente y permitió constatar qué números fueron insaculados y a qué personas correspondían, de acuerdo con la lista previamente publicada.

5. Conclusión

Estas fueron consideraciones de los proyectos y estudios de fondo que se presentaron originalmente a consideración del Pleno, los cuales presentamos como voto particular conjunto, pues, desde nuestra perspectiva, no se actualiza su improcedencia por inviabilidad de efectos, ya que, en algunos de los casos, las violaciones alegadas sí eran reparables.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.