juicioS para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

EXPEDIENTES: SUP-jdc-769/2020 y acumulados

parte actora: Miguel Cerón Romero y otras personas

AUTORIDAD responsable: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL Instituto Nacional Electoral y OTRO

MAGISTRADO PONENTE: felipe alfredo fuentes barrera

SECRETARIADO: PEDRO ANTONIO PADILLA MARTÍNEZ, maría de los ángeles vera olvera Y Víctor Manuel Rosas Leal

Ciudad de México, veintidós de julio de dos mil veinte.

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la que se desestiman los agravios planteados por las y los actores, por la supuesta violación de su derecho de audiencia y de asociación, con motivo de la cancelación de su afiliación a la organización de ciudadanos denominada Encuentro Solidario, al haberse registrado de manera posterior en otra organización también en proceso de constitución de un partido político nacional.

Índice

ANTECEDENTES

I. Afiliación a la organización de ciudadanos denominada Encuentro Solidario

II. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

1. Promoción

2. Turno.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. Competencia

II. Acumulación

III. Consideración previa sobre la posibilidad de resolver el asunto en sesión no presencial.

IV. Precisión del acto impugnado

V. Improcedencia

VI. Procedibilidad

VII. Estudio de fondo

7.1. Delimitación de la controversia

7.2. Agravios

Vulneración al derecho de asociación política y afiliación

Violación al derecho de audiencia

7.3. Metodología de estudio

7.4. Tesis de la decisión

7.5. Consideraciones que sustentan la decisión

7.5.1.      Marco de referencia

7.5.2 Derecho de asociación

7.5.3 Derecho de asociación en materia político-electoral

7.5.4 Derecho de afiliación

7.5.5 Procedimiento de asociación a organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional

7.6  Análisis del caso

7.6.1 Hechos no controvertidos

7.6.2 Procedimiento para afiliarse a una organización que pretende su registro como partido político

7.6.3 Alcance de los derechos de asociación política y afiliación

RESUELVE

   A N T E C E D E N T E S

I.                   Afiliación a la organización de ciudadanos denominada Encuentro Solidario

1. Notificación de intención de constituir un partido político nacional. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la organización de ciudadanos denominada Encuentro Solidario presentó ante la Dirección Ejecutiva, escrito de intención para constituirse como partido político nacional.

2. Celebración de asamblea distrital. Las partes actoras manifiestan haber participado en diversas asambleas distritales de Encuentro Solidario llevadas a cabo en dos mil diecinueve, como parte del proceso para constituir un partido político nacional, en las cuales manifestaron su voluntad de afiliarse a esa organización ciudadana. Asambleas que, a su decir, fueron certificadas por los respectivos vocales designados al efecto.

3. Información de estatus de afiliación. Las y los actores manifiestan que recibieron un comunicado por parte de la dirigencia de la organización ciudadana de referencia, en el que se les hace de su conocimiento que de la revisión realizada al Sistema de Información se observó que su registro de afiliación se encuentra duplicado con otra organización de ciudadanos en proceso de constitución de partido político nacional distinta a Encuentro Solidario, lo que origina que no se mantendrá el registro y afiliación en esa organización.

II.                   Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

1.     Promoción

Ante la posible vulneración de su derecho de afiliación y de audiencia, las ciudadanas y ciudadanos actores presentaron sendos medios de impugnación.

2.     Turno.

En su oportunidad, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar los expedientes en el que se actúa y ordenó que se turnaran a su ponencia, para los efectos previstos en los artículos 19 de la Ley de Medios.

3.     Radicación, admisión y cierre de instrucción.

En términos del artículo 19 de la Ley de Medios y en atención al principio de economía procesal, en la propia sentencia se: i) radican los medios de impugnación y ii) ordena integrar las constancias atinentes.[1]

Asimismo, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 184, 189, fracción XIX, y 199, fracciones VII y XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 19, párrafo 1, incisos e) y f), de la Ley de Medios, así como 15, fracciones I y IX del Reglamento Interno de este Tribunal, se admiten a trámite y, al estar debidamente integrados los expedientes, se declara cerrada la instrucción.[2]

  CONSIDERACIONES
Y
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.                   Competencia

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los juicios al rubro indicado,[3] porque se controvierte la posible afectación a los derechos de asociación y afiliación de los y las actoras, atribuida a la Dirección Ejecutiva, con motivo del procedimiento de constitución de partidos políticos nacionales.

II.                   Acumulación

Procede acumular los juicios ciudadanos, al existir conexidad en la causa, esto es, identidad en la autoridad responsable, así como de los actos motivo de controversia, por lo que resulta conveniente que el estudio se realice en forma conjunta.

En consecuencia, los expedientes SUP-JDC-770/2020 a SUP-JDC-783/2020, SUP-JDC-798/2020 a SUP-JDC-850/2020, SUP-JDC-854/2020 a SUP-JDC-929/2020, SUP-JDC-940/2020 a SUP-JDC-1008/2020, SUP-JDC-1011/2020 a SUP-JDC-1075/2020, SUP-JDC-1086/2020 a SUP-JDC-1165/2020, SUP-JDC-1172/2020 a SUP-JDC-1189/2020, SUP-JDC-1192/2020 a SUP-JDC-1240/2020, SUP-JDC-1255/2020 a SUP-JDC-1270/2020 y SUP-JDC-1273/2020 a SUP-JDC-1315/2020, se deben acumular al diverso SUP-JDC-769/2020, por ser el primero que se recibió en esta Sala Superior.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 79 del Reglamento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, se deberá glosar la certificación de los puntos resolutivos de la sentencia a los expedientes acumulados.

III.                   Consideración previa sobre la posibilidad de resolver el asunto en sesión no presencial.

Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor que atraviesa el país por la enfermedad causada por el coronavirus COVID-19, el veintiséis de marzo del año en curso, esta Sala Superior emitió el Acuerdo General 2/2020, mediante el cual implementó, como medida extraordinaria y excepcional, la celebración de sesiones no presenciales para la resolución de asuntos urgentes, entendiéndose por éstos, aquellos que se encuentren vinculados a algún proceso electoral en relación con términos perentorios, o bien, que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable.

El treinta de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El día siguiente se publicó en el mismo Diario Oficial, el Acuerdo de la Secretaría de Salud por el que se implementaron diversas medidas de contingencia, entre las que se previó la suspensión inmediata de actividades no esenciales del treinta de marzo al treinta de abril; resguardo domiciliario, entre otras.

El dieciséis de abril se aprobó el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 4/2020, en el que además de los supuestos de urgencia para resolver los asuntos de forma no presencial, se estableció que serían objeto de resolución aquellos asuntos que de manera fundada y motivada el Pleno determinara con base en la situación sanitaria del país, de manera que, si las medidas preventivas se extendieran en el tiempo, según lo determinaran las autoridades sanitarias correspondientes, este Tribunal podría adoptar las medidas pertinentes para la resolución de esos asuntos.

Mediante acuerdo 6/2020 de uno de julio del año en curso, la Sala Superior amplió el catálogo de asuntos que pueden resolverse en el contexto de la pandemia, agregando, entre otros, aquellos asuntos que surjan a partir de estos actos o resoluciones que vaya emitiendo ese órgano administrativo electoral, derivados de la reactivación de actividades del INE.

El caso bajo análisis está vinculado con la posible afectación a los derechos de asociación y afiliación de los y las actoras, atribuida al Instituto, con motivo del procedimiento de constitución de organizaciones de ciudadanos como partidos políticos nacionales.

Al respecto, cobra relevancia que, derivado de la pandemia que actualmente vive el país por el COVID-19, y las medidas de prevención sanitarias, el veintisiete de marzo el Consejo General del INE, aprobó el acuerdo INE/CG82/2020, por el que se suspendieron actividades electorales, entre las que se encontraba el relativo a la constitución de nuevos partidos políticos nacionales; sin embargo, el pasado quince de mayo esa autoridad administrativa aprobó el acuerdo INE/CG97/2020, en el cual, entre otras cuestiones, determinó reanudar las relacionadas con el procedimiento de registro de partidos políticos nacionales.

La determinación anterior se sustentó en la cercanía del inicio del proceso electoral federal 2020-2021 -en el mes de septiembre-, así como la obligación que tiene ese Instituto de otorgar certeza y garantizar la resolución oportuna de las solicitudes de las organizaciones que solicitaron su registro.

Por tanto, toda vez que los actores y actoras manifiestan una posible afectación a su derecho de asociación con motivo de la cancelación de su afiliación a una organización dentro del procedimiento para constituir un nuevo partido político nacional y considerando que el Instituto determinó reanudar determinadas actividades relacionadas con estos procedimientos; a fin de dar certeza y evitar una posible afectación al derecho de las y los actores, es que se concluye que se encuentra justificada la resolución de los medios de impugnación en sesión no presencial.

Similares consideraciones se formularon en los juicios SUP-JDC-216/2020, y SUP-JDC-217/2020 y acumulados.

IV.                   Precisión del acto impugnado

Si bien los y las actoras señalan como acto impugnado el “Listado final de asistentes” a las respectivas asambleas distritales de Encuentro Solidario a las que asistieron, que se contienen en el Sistema de Información, emitido por la Dirección Ejecutiva, de una lectura integral de las demandas[4] se advierte que su pretensión es que prevalezca su afiliación a la organización de ciudadanos denominada Encuentro Solidario y no así de la organización ciudadana a la que se afiliaron en un segundo momento.

Esto es, lo que les genera afectación no es su inclusión o no en la lista que refieren, sino una posible vulneración a su derecho de afiliación y garantía de audiencia, a su decir, al no haber sido consultados a qué organización prefieren continuar con la afiliación, aduciendo así la omisión por parte de la autoridad responsable de reconocer su afiliación.

V. Improcedencia

El artículo 9, párrafo 3, de la Ley de Medios, al haberse presentado la demanda sin previa emisión de algún acto de autoridad, hace que se actualice una causa de improcedencia que impide el conocimiento de fondo del asunto.

Respecto de los asuntos precisados en la siguiente tabla, la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, informa que el acto reclamado resulta inexistente puesto que, contrario a lo sostenido por los enjuiciantes, su afiliación a la organización Encuentro Solidario es completamente válida.

Al respecto, se tiene en cuenta que en el artículo 41, párrafo segundo, base IV, de la Constitución, se prevé el establecimiento de un sistema de medios de impugnación para garantizar los principios de legalidad de los actos y resoluciones electorales, en los términos que señale la propia Constitución y la ley.

Conforme a lo previsto en los artículos 99, cuarto párrafo, fracción V, del ordenamiento constitucional invocado; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3 y 79 de la Ley de Medios, a este órgano jurisdiccional corresponde conocer y resolver en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos y ciudadanas de votar, y ser votados y votadas en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Sin embargo, para que el juicio de la ciudadanía sea procedente, debe existir un acto o resolución al cual se le atribuya la conculcación de esa clase de derechos, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, párrafo 1, de la Ley de Medios, las resoluciones que recaen al juicio referido pueden tener el efecto de confirmar el acto o resolución impugnado, o bien, de revocarlo o modificarlo, para restituir a quien lo promueve en el goce del derecho político-electoral conculcado.

Lo anterior es relevante, pues si no existe el acto o la omisión atribuida a una autoridad electoral, la consecuencia jurídica es el desechamiento de la demanda ante la imposibilidad material y jurídica para ocuparse del estudio del caso, pues no existe posibilidad de analizar las cuestiones de fondo y, en su caso, dictar la resolución que se pronuncie sobre los derechos involucrados.

Esto es así, porque si no existe un acto o resolución con las características referidas, no se justifica la instauración del juicio, y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 11, párrafo 1, inciso c), en relación con el numeral 9, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios.

Tal requisito no debe entenderse únicamente desde un punto de vista formal como la simple mención, en el escrito de demanda, de un acto (positivo o negativo), sino también en un sentido material, que implica la existencia misma en el mundo fáctico del acto reclamado, de manera que, si no existe el acto positivo o negativo, no se justifica la instauración del juicio.

En el caso, el acto materia de impugnación es inexistente, puesto que la autoridad responsable sostiene como válido el registro de las y los actores a Encuentro Solidario, lo cual implica que no hay motivo de controversia respecto de lo que deba pronunciarse esta Sala Superior.

Lo anterior, sobre la base de que la impugnación se sustentan a partir del escrito que les envía la dirigencia de la organización de referencia, en el que les hace de su conocimiento que supuestamente de la revisión realizada al Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos se observó que su registro de afiliación se encuentra duplicado con otra organización de ciudadanos en proceso de constitución de partido político nacional distinta a Encuentro Solidario, lo que origina que no se mantendrá el registro y afiliación en esa organización.

Sin embargo, como en los casos señalados la afiliación a la organización Encuentro Solidario es válida y cuenta con plena vigencia, como lo informa la responsable, no existe un acto de autoridad que respalde lo afirmado en la comunicación de referencia.

Por ello, ante la inexistencia del acto impugnado, es imposible integrar un litigio; por tanto, se debe sobreseer en los juicios señalados.

VI.                   Procedibilidad

En los siguientes juicios se satisfacen los presupuestos procesales, así como los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79 y 80, de la Ley de Medios.

Lo anterior, conforme a lo siguiente:

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable; se hace constar el nombre y firma autógrafa de las y los promoventes; se identifica el acto motivo de controversia; se enuncian los hechos y agravios en los que se funda la impugnación; así como los preceptos presuntamente violados.

No obsta a lo anterior, que dos demandas cuentan con particularidades específicas, las cuales se analizan a continuación:

        Falta de firma

Por lo que hace al juicio ciudadano SUP-JDC-927/2020, si bien la demanda no cuenta con firma autógrafa, en concepto de este órgano jurisdiccional se trata de un error de recepción, que no puede afectar el derecho de acceso a la justicia de la parte actora.

Ello es así, ya que en la parte superior de la primera hoja de la demanda se advierte escrito a mano la leyenda “Acuse”, asimismo del sello de recepción de la autoridad responsable no se advierte anotación alguna que precise que el documento carece de firma, aunado a que el oficio de remisión de las constancias precisa “Original del medio de impugnación suscrito por Reina Callejas Segura…”.

En tal sentido, es posible que pudiera existir algún tipo de confusión en la entrega o devolución del acuse del personal de la oficialía de partes a la promovente. Lo anterior, porque al momento de presentar algún escrito ante la Oficialía de Partes del Instituto, también se presenta un acuse donde el personal de la propia Oficialía realiza la razón de recepción, el cual, al momento de concluir el razonamiento de recepción, este último es devuelto a la persona que compareció ante el órgano a presentar documentación. 

Ante esa circunstancia, esta Sala Superior considera que debe entenderse que la demanda que pretendía entregarse ante la autoridad responsable sí contenía firma autógrafa original de Reina Callejas Segura.

Debe considerarse así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en la jurisprudencia de rubro PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA,[5] que es dable presumir, por regla general, que cualquier escrito o promoción recibido en la oficialía de partes de un órgano jurisdiccional es presentado en original y con firma autógrafa, ello porque las personas encargadas de dichas áreas tienen entre sus facultades la obligación de revisar que los documentos presentados cuenten, entre otros requisitos, con los señalados; por tanto, si al recibir documentación no se precisa que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la firma referida. La conclusión anterior, salvo prueba que acredite lo contrario.

Por tanto, en el caso, ante la falta de precisión de la Oficialía de Partes de la autoridad responsable de que el documento carecía de firma, aunado a que su escrito de remisión hace referencia a “original del medio de impugnación”, es suficiente para presumir que ante ésta se pretendía presentar el original del escrito de demanda y que por un error no atribuible a la actora se recibió el acuse de tal escrito; interpretación con la cual se privilegia el acceso a la justicia de la parte actora en términos del artículo 17 de la Constitución, máxime que no se encuentra objetado ni la autoridad responsable lo hizo valer como causal de improcedencia.

                                          Huella digital

El actor del juicio SUP-JDC-782/2020, Noe Vicente Aquino Hernández, si bien no plasmó su firma autógrafa, estampó su huella digital.

En tal sentido, se debe tener por satisfecho el requisito relativo a la manifestación de su voluntad para promover el medio de impugnación. Al respecto, debe tenerse en consideración que la Sala Superior ha sostenido que la impresión de la huella dactilar -o digital- constituye una forma válida de expresar la voluntad de las personas, equivalente a la impresión de la firma autógrafa.[6] En el caso, de la revisión de la copia de su credencial para votar que acompañó a su demanda, se advierte que en el campo de firma también plasmó su huella digital, lo cual refuerza que el actor expresa su voluntad a través de ésta.

Por tanto, a efecto de garantizarle el derecho de acceso a la justicia y evitar cualquier acto que pudiera resultar discriminatorio en su perjuicio, se tiene por satisfecho el requisito en estudio con la impresión de la huella dactilar que obra al calce de su demanda.

2. Oportunidad. Las demandas fueron presentadas oportunamente considerando que el reclamo lo constituye la posible afectación del derecho de afiliación de las y los actores, entre otras cuestiones, por una vulneración a su derecho de audiencia, por la omisión del INE de preguntarles a cuál de las organizaciones ciudadanas a las que se afiliaron es su voluntad pertenecer, así como de informarles de la cancelación de su afiliación a Encuentro Solidario.

Por tanto, los medios de impugnación se promovieron en tiempo, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia 15/2011, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES, que indica que cuando se impugnen omisiones de un órgano o autoridad electoral, debe entenderse, en principio, que el mencionado acto (omisión) genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido.

3. Legitimación. Los medios de impugnación se promueven por parte legítima, dado que las actoras y actores son ciudadanos que impugnan un acto que estiman afectan su derecho de asociación y audiencia.

4. Interés jurídico. Esta exigencia se encuentra satisfecha porque las y los promoventes manifiestas una afectación a su ámbito de derechos con motivo de la determinación del INE de conservar su afiliación a una organización ciudadana diversa a Encuentro Solidario.

5. Definitividad. Los actos que se controvierten son definitivos, porque no prevé algún recurso o medio que pueda ser agotado por las y los actores, mediante el cual puedan ser tutelados sus derechos que estiman violentados; por tanto, se trata de un acto definitivo y firme, para la procedencia del presente juicio ciudadano.

Así, al haberse colmado los requisitos de procedencia, se estima conducente estudiar el planteamiento que hace valer la actora. 

VII.                   Estudio de fondo

7.1. Delimitación de la controversia

La controversia se origina a partir de los listados finales de asistentes a diversas asambleas distritales constitutivas celebradas por la organización de ciudadanos denominada Encuentro Solidario, como parte del proceso para obtener su registro como partido político nacional.

Los promoventes alegan que la referida organización ciudadana les comunicó que, de la revisión llevada a cabo al Sistema de Información de registro de partidos políticos nacionales, se observó que su registro de afiliación se encuentra duplicado con otra organización de ciudadanos en proceso de constitución como partido político nacional distinta a Encuentro Solidario, lo que originó que no se mantenga su registro y afiliación a esa organización.

En este contexto, la pretensión de los actores es conservar su afiliación a la organización de ciudadanos denominada Encuentro Solidario, así como que cuente su asistencia en la asamblea de esa agrupación en la que participaron.

Su causa de pedir la sustentan en el hecho de que la cancelación de su afiliación a la organización ciudadana de referencia vulnera su derecho de asociación política y afiliación porque restringe su libertad para elegir en qué asociación participar, aunado a que vulnera su derecho de audiencia, al no haber sido consultados previo a tomar tal determinación.

7.2. Agravios

Vulneración al derecho de asociación política y afiliación

Las y los promoventes argumentan que se vulnera su derecho de asociación política y afiliación, pues la autoridad administrativa electoral nacional ha dejado de contabilizar su participación en las respectivas asambleas distritales constitutivas a las que acudieron con la finalidad de afiliarse a la organización Encuentro Solidario, la cual busca constituirse como partido político nacional.

Aducen que se restringe su libertad de elegir a qué organización afiliarse, pues consideran indebido que el INE no los considere para formar parte del quorum en la asamblea en la que participaron, y afirman desconocer la causa por la cual se les está excluyendo de esas listas.

Refieren que su última voluntad es afiliarse a la organización Encuentro Solidario, por lo que dicha negativa, restringe y limita su derecho de asociación y afiliación, de ahí que solicitan sea restituido su derecho.

Violación al derecho de audiencia

En concepto de las y los actores, la autoridad administrativa, al percatarse de que se encontraban afiliados a dos organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como partidos políticos nacionales, antes de elegir de manera unilateral a cuál contarle su apoyo, debió requerirles a efecto de que se respetara su derecho de audiencia y fueran ellos quienes decidieran tal situación.

En tal sentido, sostienen que se vulneran sus derechos de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, colocándoles en estado de indefensión.

De igual forma señalan que vulnera su derecho de audiencia la omisión de la responsable de notificarles cuáles son las causas por las que se les excluye de la organización de manera fundada y motivada.

7.3. Metodología de estudio

El análisis de los agravios se realizará de manera conjunta, dada su estrecha relación, sin que tal situación le genere agravio al promovente porque no es la forma como los agravios se estudian lo que puede originar un perjuicio a los inconformes, ya que lo trascendente es que todos los motivos de inconformidad sean analizados[7].

7.4. Tesis de la decisión

Son infundados los agravios expuestos por los enjuiciantes porque la circunstancia de que no se hubiere contabilizado su participación en la asamblea distrital constitutiva de la organización Encuentro Solidario no representa alguna vulneración, restricción o menoscabo en sus derechos de asociación política y afiliación, sino que atiende a que, con fecha posterior, participaron en una asamblea distrital constitutiva de otra organización que también busca obtener el registro como partido político nacional.

De acuerdo con lo previsto en el numeral 95 del Instructivo, cuando un asistente válido a una asamblea de una organización se encuentre, a su vez, como válido en la asamblea de otra organización, prevalecerá la manifestación en la asamblea más reciente y no se contabiliza en la más antigua.

Por tanto, es razonable que se contabilice únicamente la expresión de la voluntad de afiliación más reciente, pues esta revoca a la expresión de voluntad hecha con anterioridad.

7.5. Consideraciones que sustentan la decisión

7.5.1      Marco de referencia

Para analizar los planteamientos de los enjuiciantes es necesario precisar los alcances y distinciones de los derechos de asociación, asociación en materia político-electoral y afiliación, para determinar si el acto impugnado vulnera tales prerrogativas. Así, como determinar el marco normativo que regula el ejercicio de estos derechos dentro del procedimiento de constitución de nuevos partidos políticos nacionales.

7.5.2     Derecho de asociación

El derecho de asociación se encuentra previsto en el artículo 9 de la Constitución Federal, al establecer que no podrá coartarse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con un objeto lícito, siendo prerrogativa únicamente de las personas que cuenta con ciudadanía mexicana reunirse para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Ha sido criterio de esta Sala Superior que se trata de un derecho complejo compuesto por libertades de índole positiva y negativa que permiten que cualquier individuo pueda establecer, por sí mismo y junto con otras personas, una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo objetivo y finalidad lícita sea de libre elección[8], o bien, exclusivamente pueda adherirse a una organización previamente instituida.

Este derecho se manifiesta en tres dimensiones:

1.        Como el derecho de asociarse formando una asociación o incorporándose a una ya existente;

2.        Como el derecho a permanecer en una asociación o renunciar a ella, y

3.        Como el derecho de no asociarse, lo que en sentido opuesto implica la correlativa obligación de la autoridad de no limitar estos derechos ni de obligar a asociarse[9].

7.5.3 Derecho de asociación en materia político-electoral

En materia político-electoral, el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución Federal, que establece como derecho de la ciudadanía, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

Esta libertad propicia el pluralismo político y la participación ciudadana en los asuntos públicos, de modo que constituye una condición necesaria de todo Estado constitucional democrático de Derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas, sino que incidiría negativamente en la eficacia de distintos principios constitucionales como el principio democrático, entre otros; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos[10] y es condición necesaria para una democracia.

Al respecto, el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Además, que el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás

Por su parte, el numeral 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras y el ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Sobre este último precepto, el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General No. 25, destacó que los ciudadanos “también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo público con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse. Esta participación se respalda garantizando la libertad de expresión, reunión y asociación.”[11]

El derecho de libre asociación en materia política supone que los Estados establezcan las condiciones necesarias para garantizar dicha libertad. Una de esas condiciones está relacionada con la constitución y registro de los partidos políticos, por considerar que éstos constituyen una de las formas mediante las cuales se ejerce esta libertad.

7.5.4     Derecho de afiliación

Sobre el derecho de afiliación, esta Sala Superior ha establecido que se trata de un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas.

Es decir, para concretizar el derecho de afiliación es necesaria una decisión administrativa o jurisdiccional previa dentro del procedimiento de constitución de una organización ciudadana como partido político[12].

Sin esta determinación formal, las personas que se adhieran a una organización de ciudadanos que pretende obtener su registro como partido político no tienen el carácter de afiliados en sentido estricto, pues si bien cuentan con el derecho de asociarse en materia política y lo ejercen al adherirse a una organización con fines políticos, no cuentan con las prerrogativas específicas que tiene una persona afiliada a un partido o agrupación política.

Esta distinción es de gran relevancia en el caso porque los promoventes aducen vulneración a su derecho de afiliación a una organización de ciudadanos que pretende obtener su registro como partido político nacional.

Al respecto, se destaca que las personas que se adhieran a las distintas organizaciones con la pretensión de ser registradas como partidos políticos, si bien se pueden asumir como afiliadas al pertenecer a una asociación, en un sentido lato, gramatical, de la palabra, no tienen este carácter desde una óptica jurídica estricta, pues lo obtienen cuando la organización a la que forman parte es registrada como instituto político.

Si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución General.

Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse[13].

7.5.5     Procedimiento de asociación a organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional

En lo que interesa, el artículo 41, Base I, primer párrafo, de la Constitución Política Federal dispone que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal.

En cumplimiento a lo anterior, el artículo 10, párrafos 1 y 2, incisos a) y b), de la Ley General de Partidos Políticos, establece que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional deberán obtener su registro ante el Instituto, para lo cual, se deberá verificar que cumpla, entre otros, con los requisitos siguientes:

        Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esa Ley; y

        Contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Por su parte, el artículo 11, párrafo 1, de la misma Ley, señala que la organización ciudadana que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el Instituto deberá informar tal propósito en el mes de enero del año siguiente al de la elección Presidencial.

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, de la ley de referencia, se deberá acreditar: a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del INE; y b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el INE, quien certificará:

I.            El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esa Ley; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva;

II.            Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y

III.            Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político.

Por su parte el Instructivo, aprobado por el Instituto mediante acuerdo INE/CG1478/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en el capítulo tercero, establece las reglas de registro de los asistentes a las asambleas. Al respecto, cabe destacar lo siguiente:

        Las personas que asistan deberán llevar consigo el original de su credencial para votar vigente, para identificarse y poder registrar su asistencia, la cual sólo será válida si el domicilio de la credencial corresponde a la entidad federativa o distrito, según sea el caso, en que se realice la asamblea.

        En ninguna circunstancia se permitirá que las y los organizadores del evento presenten la credencial para votar de quien o quienes pretendan afiliarse.[14]

        En caso de que las personas no cuenten con el original de su credencial para votar porque ésta se encuentra en trámite, podrán presentar el comprobante de solicitud ante el Registro Federal de Electores, acompañado de una identificación original con fotografía expedida por alguna institución pública, entre otras, las siguientes: pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia de conducir o credencial expedida por el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores.

        Por ningún motivo se aceptarán, como identificación, credenciales expedidas por algún Partido Político, organización política o institución privada.[15]

        Únicamente las personas asistentes a la asamblea que deseen pertenecer al partido político deberán entregar al personal del Instituto el original de su credencial para votar, a fin de que éste proceda a realizar la búsqueda de sus datos en el padrón electoral del distrito o entidad correspondiente y a imprimir, en su caso, la respectiva manifestación, la cual una vez leída por la persona y estando de acuerdo con su contenido, deberá ser suscrita ante el personal del Instituto.

        La o el Vocal designado no recibirá manifestaciones de quienes no registren personalmente su asistencia a la asamblea en términos del Instructivo.[16]

Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Partidos prevé, en su numeral 1, que se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya existentes o en formación.

En el numeral 2, establece el procedimiento a seguir para el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos.

A fin de reglamentar tal actuación respecto del supuesto de doble afiliación en relación con partidos políticos en formación, es decir, otras organizaciones ciudadanas que se encuentren en el proceso para el registro de nuevos partidos políticos nacionales, el Instructivo de referencia establece en el artículo 95, que la Dirección Ejecutiva, a través del Sistema de Información realizará un cruce de las y los afiliados válidos de cada Organización contra los de las demás organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional. En caso de identificarse duplicados entre ellas, se estará a lo siguiente:

        Cuando una o un asistente válido a una asamblea de una Organización se encuentre a su vez como válido en una asamblea de otra Organización, prevalecerá su manifestación de afiliación en la asamblea de fecha más reciente y no se contabilizará en la más antigua.

        Cuando una o un asistente válido a una asamblea de una Organización se identifique como válido en los afiliados del resto del país, bajo el régimen de excepción o a través de la aplicación móvil, de otra Organización se privilegiará su afiliación en la asamblea.

        Cuando una o un afiliado de una Organización en el resto del país -a través de la aplicación móvil o bajo régimen de excepción- se localice como válido en el resto del país de otra Organización, prevalecerá la afiliación de fecha más reciente. De ser el caso de que ambas manifestaciones sean de la misma fecha, el Instituto, a través de la Junta Distrital más cercana, consultará al ciudadano para que manifieste en qué Organización desea continuar afiliado. De no recibir respuesta por parte del ciudadano, la afiliación dejará de ser válida para ambas organizaciones.

7.6  Análisis del caso

Como se adelantó, no asiste razón a los enjuiciantes, ya que el artículo 95 del Instructivo, al reglamentar lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Partidos, establece que cuando un asistente a una asamblea válido de una organización se encuentre, a su vez, como válido en la asamblea de otra no se contabiliza en la más antigua.

Lo anterior, porque debe prevalecer la manifestación de voluntad de los actores de ejercer su derecho de afiliación a favor de una segunda organización que pretende constituirse como partido político nacional, y que implica, a su vez, la declaración de no hacerlo a favor de Encuentro Solidario, lo cual resulta razonable, en la medida que, esta segunda manifestación se efectuó dentro del plazo previsto para la realización de las correspondientes asambleas y registros de afiliación en aras de dar certeza jurídica a las organizaciones políticas y la propia ciudadanía respecto de la validez del procedimiento de constitución.

7.6.1 Hechos no controvertidos

Es importante destacar que, de lo relatado por los promoventes en sus demandas, se advierte que no existe controversia respecto de los siguientes puntos.

         Los actores participaron en diversas asambleas distritales constitutivas de la organización Encuentro Solidario dentro del procedimiento para la obtención de su registro como partido político.

         Expresan que desean ser contados exclusivamente en las asambleas de Encuentro Solidario en que participaron.

7.6.2     Procedimiento para afiliarse a una organización que pretende su registro como partido político

La pretensión de la parte actora es que se les reconozca como afiliados de Encuentro Solidario, dado que, es su última voluntad afiliarse a tal organización de forma voluntaria, libre e individual.

Lo anterior, porque, desde su perspectiva, decidieron de forma definitiva pertenecer a tal organización en todo momento, por lo que, la responsable indebidamente limitó el ejercicio de su derecho basada en restricciones inexistentes en la Constitución General de la República.

Por su parte, la responsable, en su informe circunstanciado, manifestó que la parte actora fue registrada como afiliada de Encuentro Social en las diversas asambleas en las que participaron, pero que, posteriormente, también se registró como afiliado en una diversa organización que también pretende constituirse como partido político nacional, por lo que, existía duplicado en esa afiliación.

Agrega la responsable que, para que una persona sea registrada como afiliada se requiere de una serie de actuaciones de su parte, a fin de que, el personal del propio INE verifique su identidad y realice la correspondiente búsqueda en el padrón electoral, hecho lo cual, se imprime la correspondiente manifestación. Actuaciones que la parte actora realizó en su momento en las correspondientes asambleas de ambas organizaciones.

Por tanto, para la responsable, se optó por definir que la asistencia a la asamblea más reciente sería la válida y no contabilizar la previa, en términos, del artículo 95 del Instructivo.

Como se precisó en el apartado previo, el proceso de adhesión de un ciudadano, durante una asamblea, a una organización que pretende constituirse como partido político, es un acto jurídico que busca generar plena certeza sobre que existe la voluntad del ciudadano de ejercer su derecho de asociación y afiliación, puesto que en la celebración de las asambleas se deben observar distintas formalidades que son certificadas por un funcionario designado por el INE, en cuya ausencia las asambleas y las afiliaciones carecen de validez.

Entre las formalidades que se deben observar en las asambleas, se destacan las siguientes:

        Que se encuentre el número de afiliados necesario

        Que los ciudadanos interesados suscriban el documento de manifestación formal de afiliación, en el que manifiesten que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva;

        Que queden formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar de los ciudadanos.

        Para tal efecto, las personas que asistan deben llevar el original de su credencial para votar vigente, para identificarse y poder registrar su asistencia.