Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil quince.

S E N T E N C I A :

Que se dicta en el sentido de desechar las demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentadas a fin de impugnar la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil quince, emitida por la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, estado de México, en el expediente del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave ST-JRC-158/2015, y acumulado, radicadas en los expedientes de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por las ciudadanas y los ciudadanos que se precisan en la tabla siguiente:

R E S U L T A N D O:

I. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, tuvo verificativo la jornada electoral para renovar, entre otros, a los diputados al Congreso de Michoacán, entre ellos, el de mayoría relativa correspondiente al distrito electoral 12, con cabecera en Hidalgo, Michoacán.

II. Cómputo distrital. El diez de ese mes y año, el 12 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Hidalgo, llevó a cabo la sesión permanente de escrutinio y cómputo distrital de la elección de Diputados Locales. En el acta que se elaboró se asentaron los siguientes resultados:

III. Juicio de inconformidad. El dieciocho de junio de dos mil quince, el Partido Revolucionario Institucional promovió juicio de inconformidad en contra del resultado del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección de Diputado Local por el principio de mayoría relativa en el Distrito Uninominal 12, con cabecera en Hidalgo, Michoacán y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la candidata postulada por el Partido de la Revolución Democrática en candidatura común con el Partido Encuentro Social.

IV. Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. El diecinueve de julio de dos mil quince, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán dictó sentencia en el juicio de inconformidad antes señalado, por medio del cual declaró la nulidad de la votación recibida en las casillas contigua 3 de la sección 481, contigua 3, de la sección 502, al considerar que se integraron indebidamente; modificó los resultados asentados en el acta de cómputo distrital debido a la votación anulada.

El cómputo Distrital modificado es el siguiente:

Con base en lo anterior, el órgano jurisdiccional local confirmó la declaración de validez de la elección de diputados impugnada.

V. Juicio de revisión constitucional electoral y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veinticuatro de julio de dos mil quince, el Partido Revolucionario Institucional y Salvador Peña Ramírez, promovieron juicio de revisión constitucional electoral y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, respectivamente, en contra de la sentencia precisada en el resultando inmediato anterior. Los medios de impugnación de referencia se radicaron ante la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, estado de México, en los expedientes identificados con las claves ST-JRC-158/2015 y ST-JDC-496/2015.

VI. Sentencia impugnada. El veinticuatro de agosto de dos mil quince, la Sala Regional responsable dictó sentencia en los medios de impugnación antes señalados, declarando la nulidad de la votación emitida a favor del partido político denominado Encuentro Social, y por consiguiente, modificó el cómputo de la elección para quedar en los términos siguientes:

Con base en lo anterior, la Sala Regional responsable, revocó la expedición de la constancia correspondiente a la fórmula de candidatos postulada en candidatura común por los Partidos de la Revolución Democrática y Encuentro Social, y ordenó al Instituto Electoral en el Estado de Michoacán expedir y entregar la correspondiente constancia integrada por los candidatos de la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

VII. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veintiocho de agosto del presente año, Belén Irineo Cornelio, y los demás ciudadanos precisados en el proemio de la presente ejecutoria, promovieron sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, estado de México.

VIII. Recepción y turno. El veintinueve de agosto de dos mil quince, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio número TEPJF-ST-SGA-3498/2015, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de la señalada sala Regional, por medio del que remitió a este órgano jurisdiccional los escritos de demanda precisados en el proemio de esta ejecutoria.

El mismo día, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar los expedientes de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano precisados en la parte inicial de esta sentencia, así como turnarlos a la Magistrada y Magistrados de este órgano jurisdiccional, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los medios de impugnación promovidos por Belén Irineo Cornelio y otros ciudadanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso c) y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f) y 83, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de diversas demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidas por ciudadanas y ciudadanos a fin de controvertir la sentencia dictada por una Sala Regional de este Tribunal Electoral, en la que alegan, entre otras cuestiones, la presunta violación a su derecho al voto activo, al haberse determinado la nulidad de la votación de los sufragios que afirman haber emitido a favor de un partido político.

SEGUNDO. Acumulación. De la lectura de los escritos de demanda presentados por los ciudadanos promoventes, se advierte que controvierten la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil quince, dictada por la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, estado de México, en el expediente del juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-158/2015, y acumulado.

En ese sentido, al existir identidad en el acto impugnado, manifestar agravios relacionados en contra de la sentencia impugnada, e identificar a la misma autoridad como responsable, se surte la conexidad de la causa; de ahí que con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y, 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se decrete la acumulación de los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-1348/2015, al SUP-JDC-1688/2015, al diverso SUP-JDC-1348/2015, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de la Sala Superior.

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados.

TERCERO. Improcedencia. Esta Sala Superior arriba a la conclusión de que se deben desechar de plano las demandas que dieron origen a los expediente de los medios de impugnación identificados en el proemio de la presente ejecutoria, porque del análisis de los escritos respectivos se advierte la notoria improcedencia del juicio, conforme a lo previsto en los artículos 9, párrafo 3, 10, párrafo 1, inciso g) y 25, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las disposiciones jurídicas de referencia se desprende que un medio de impugnación es notoriamente improcedente, cuando se concreta alguna de las hipótesis expresamente previstas en la propia Ley adjetiva electoral federal, como causal de inviabilidad del juicio o recurso y también cuando esa improcedencia deriva de las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico, caso en el cual se debe desechar de plano la demanda.

En efecto, el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé que éstos serán desechados de plano cuando la causa de notoria improcedencia derive de las disposiciones de la propia ley.

Al respecto, se estima que las causas de improcedencia derivan de la ley por las razones siguientes:

a) Porque en la ley no se establece expresamente, que a través del juicio o recurso se pueda controvertir el acto reclamado.

b) En la ley se prevé que el acto o resolución es inimpugnable.

c) Cuando no se colma alguno de los supuestos o requisitos de procedencia.

El primer supuesto se surte en el caso ya que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es improcedente, pues la Constitución y ley no prevén que tal vía haya sido creada para impugnar las resoluciones dictadas por una Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la propia Constitución y las leyes.

Por otra parte, en el artículo 79, párrafos 1 y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se dispone que el juicio para la protección de los derechos político-electorales sólo procederá cuando el ciudadano haga valer pretendidas violaciones a sus derechos: de votar y ser votado en las elecciones populares; de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos; de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y de integrar las autoridades electorales de las entidades federativas.

En los enunciados jurídicos de los preceptos citados no se advierte, ni expresa ni implícitamente, que el juicio ciudadano sea el medio a través del cual se puedan impugnar las resoluciones o sentencias que emitan las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque son, precisamente, los órganos jurisdiccionales que tienen la competencia legal para resolver esa clase de juicios; lo que imposibilita jurídicamente que las Salas Regionales adquieran la calidad de autoridades responsables y que sus resoluciones constituyan actos reclamados en un juicio ciudadano.

De ahí que se afirme que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano no sea procedente para impugnar la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, ya que la ley no prevé tal proceder.

Además, de lo previsto en el indicado artículo 25, párrafo 1, de la mencionada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables; por tanto, la regla es que esas sentencias son inmutables.

La excepción a la regla es que las sentencias de fondo, de las Salas Regionales, son impugnables mediante recurso de reconsideración, en términos de lo previsto en los artículos 60, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; sin embargo, en el caso no cabe dicho recurso, como se verá.

El recurso de reconsideración previsto en el artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es el medio a través del cual es viable jurídicamente impugnar las resoluciones dictadas por las Salas Regionales.

De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como con la jurisprudencia 1/975, de rubro “MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA”[1], eventualmente es factible reencauzar un medio de impugnación, cuando por error la parte actora manifestó o eligió una vía distinta a la que procede legalmente.

En este orden de ideas, al ser notoriamente improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en condiciones ordinarias, lo conducente sería reencauzar el juicio ciudadano a recurso de reconsideración, dado que las y los promoventes formulan diversas manifestaciones en contra de la sentencia emitida el veintiocho de agosto de dos mil quince, emitida por la Sala Regional responsable.

Sin embargo, en el presente caso resulta innecesario el reencauzamiento del juicio ciudadano a recurso de reconsideración, dada la notoria improcedencia de este último por no colmar los presupuestos de ley.

Ello, porque como se adelantó, de conformidad con el artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como de los diversos criterios emitidos por esta Sala Superior, en contra de las sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación procede el recurso de reconsideración, como el medio de impugnación a través del cual sus determinaciones, entre otros efectos, se pueden revocar, modificar o confirmar por esta Sala Superior.

No obstante lo anterior, en la especie, dicha actuación no es factible, en virtud de que el citado recurso de reconsideración resultaría improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, 10, apartado 1, inciso b), en relación con los diversos 61 y 68 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a que el actor carezca de interés jurídico, como se demuestra a continuación.

Los ciudadanos promoventes solicitan la revocación de la sentencia de veinticuatro de agosto del presente año, emitida por la Sala Regional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México, por la que se revocó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y, entre otros, decretó la nulidad de la votación emitida a favor del partido político denominado Encuentro Social, derivado de que al tratarse de un partido político que contendía por primera ocasión en una elección en esa entidad federativa, se encontraba impedido para postular candidaturas comunes con diversas fuerzas políticas, motivo por el cual, modificó el cómputo distrital de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa en el 12 distrito electoral con cabecera en Hidalgo, Michoacán, revocó la expedición de la constancia correspondiente a la fórmula de candidatos postulada en candidatura común por los Partidos de la Revolución Democrática y Encuentro Social, y ordenó al Instituto Electoral en el Estado de Michoacán expedir y entregar la correspondiente constancia integrada por los candidatos de la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

La pretensión final de los ciudadanos consiste en que se revoque la sentencia que cuestionan, para el efecto de que los votos que afirman haber emitido a favor del señalado partido político se computen, y en consecuencia, se confirme el triunfo en la elección del candidato postulado en común por los partidos de la Revolución Democrática y Encuentro Social.

Esta Sala Superior, concluye que las actoras y los actores carecen de interés jurídico para promover el presente asunto, porque este tribunal ha reconocido que el sistema jurídico electoral mexicano de tutela de derechos fundamentales en materia político-electoral de los ciudadanos, los ciudadanos únicamente están autorizados y tienen interés jurídico para la defensa de sus propios derechos, y siempre que con ello exista la posibilidad de conseguir una reparación individual sin incidir en la esfera jurídica de otros ciudadanos, máxime que están jurídicamente imposibilitados para ejercer acciones de interés colectivo o difuso.

En el caso, las y los enjuiciantes pretenden la modificación de una sentencia emitida por una Sala Regional de este Tribunal, por la que modificó los resultados de un cómputo distrital de la elección de diputado local en Michoacán, se involucra el derecho de todos los integrantes del distrito en que se llevó a cabo la elección, lo que hace evidente la improcedencia del medio impugnativo, ya que los ciudadanos carecen de la autorización legal para defender ese tipo de intereses, y la posible lesión a sus derechos, jurídicamente, no podría ser reparada de manera individualizada, ante lo cual, el juicio resulta improcedente.

Cabe señalar que, en el caso concreto, el planteamiento de los actores es objeto de tutela judicial al estudiarse la demanda del recurso de reconsideración radicado ante este órgano jurisdiccional en el expediente SUP-REC-622/2015, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática.

En efecto, en el artículo 10, apartado 1, inciso b), citado, se establece la improcedencia del juicio cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor.

El interés jurídico para promover el juicio es de naturaleza individual; en ese sentido el señalado presupuesto procesal, en términos de ley, se actualiza cuando un justiciable promueve un medio de impugnación en contra de un acto que genera una afectación individualizada a su esfera de derechos, y cuya reparación no requiere modificar la esfera jurídica de una colectividad o de la sociedad en general, pues para esto último no está autorizado.

Lo anterior, salvo en aquellos casos en los que el promovente cuente con el derecho de ejercer acciones tuitivas en beneficio de intereses difusos de la colectividad, como es el caso de los partidos políticos, cuando controvierten actos relativos a los procesos electorales, en los que acuden en su calidad de entidades de interés público y en beneficio del interés general, o en el caso de ciudadanos que se considere que históricamente se han encontrado en desventaja.

Lo anterior, porque esta Sala Superior ha evidenciado, mediante la interpretación sistemática de los artículos 41 y 99 de la Constitución y de la Ley de la materia, que por regla general los partidos políticos son los que están legitimados para la presentación de los juicios o interposición de los recursos que forman el sistema de medios de impugnación en la materia y a los que se reconoce el interés para hacerlo, en defensa de las situaciones que afectan intereses difusos de la ciudadanía o de su acervo individual.

En cambio, la apertura de los medios de defensa a los ciudadanos y el interés jurídico para hacerlos valer se concreta a los casos en que los actos o resoluciones de autoridad puedan producir una afectación individualizada, cierta, directa e inmediata, en el contenido de sus derechos político-electorales de votar, ser votado o de asociación, o aquellos supuestos en los que se cause un daño o perjuicio en su persona o en su patrimonio.

En esta hipótesis, de existir la posibilidad de que la restitución de derechos sea efectiva mediante el acogimiento de la cuestión concreta y la anulación del acto o resolución combatidos, es necesario que no se involucre el interés de una colectividad o la ciudadana en general, ni alterar en lo sustancial las determinaciones tomadas para la organización, preparación o resultados de un proceso o del sistema electoral con efectos generales, de lo cual se sigue que la restitución del supuesto derecho electoral individual.

Esto es, en los medios de impugnación en materia electoral promovidos por ciudadanos, no pueden analizarse actos y resoluciones en que la posible afectación de derechos no se pueda individualizar al propio ciudadano o a un grupo o sector discriminado al cual pertenezca, o en los que la lesión incida sobre la persona sólo por su pertenencia indisoluble a un conjunto de ciudadanos, miembros de una colectividad o partido.

En el caso, los actores no se duelen de una afectación individualizada de su derecho a asociarse políticamente, ni de integrar las autoridades electorales de las entidades federativas, ni de alguno otro personal o patrimonial, ya que pretenden controvertir una sentencia dictada por una Sala Regional de este Tribunal Electoral, por la que modificó el cómputo de una elección de diputado local por el principio de mayoría relativa.

En ese sentido, los promoventes no sólo pretenden la supuesta reparación de sus derechos político-electorales, sino una modificación colectiva del resultado de la elección, incluso, con la consecuente afectación en el derecho de los demás ciudadanos, por la posible modificación a la integración del Congreso local; para lo cual, carecen de autorización legal, al margen de que pudiera considerarse una petición legitima, pues la realización de ese tipo de modificaciones sólo puede realizarse a instancia de sujetos con el interés jurídico que les permite impugnar cuestiones de interés general.

De aceptarse lo contrario, se estaría otorgando interés jurídico a los actores, para promover en defensa de la colectividad, para lo cual, como se indicó, no están autorizados, ya que la defensa de ese tipo de intereses sólo concierne a los partidos políticos, como entidades de interés público, pues como esta Sala Superior lo ha sostenido en reiteradas ocasiones, los militantes de los partidos políticos o los ciudadanos en general no son titulares de las llamadas acciones tuitivas de intereses colectivos o difusos.

De ahí que se actualice la causa de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico de los actores para promover algún medio de impugnación en materia electoral por el que puedan alcanzar su pretensión.

En efecto, todos los argumentos que los promoventes exponen en sus respectivos escritos de demanda, en los cuales basan su pretensión jurídica, tienden a tratar de demostrar la ilegalidad de la resolución impugnada, en razón de que, desde su perspectiva, no se debió decretar la nulidad de la votación emitida a favor del partido político Encuentro Social, en la elección mencionada,

Consecuentemente, se insiste, no es posible, jurídicamente, que a través de juicios como el presente, se impugnen, en última instancia los resultados de una elección constitucional modificados por un órgano jurisdiccional, tal como lo constituye la pretensión de los accionantes.

En este sentido, en principio, para el conocimiento del medio de impugnación cabe exigir que el promovente aporte los elementos necesarios que hagan suponer que es el titular del derecho subjetivo afectado directamente por el acto de autoridad controvertido y que la afectación que resiente en sus derechos es actual y directa.

Para que tal interés jurídico exista, el acto o resolución impugnado, en la materia electoral, debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso, con el carácter de actor o demandante, ya que sólo de esta manera, de llegar a demostrar en juicio que la afectación del derecho de que aduce ser titular es ilegal, se le podrá restituir en el goce de la prerrogativa vulnerada o bien se hará factible su ejercicio.

Por tanto, sólo está en circunstancias de instaurar un juicio procedente, quien tiene interés jurídico y expone la existencia de un agravio, afectación o lesión en su ámbito de derechos. Ese interés no cobra vigencia cuando los hechos invocados, como causa de pedir, no son susceptibles de actualizar algún supuesto de la legislación aplicable, para fundar la pretensión del demandante, de ahí que proceda el desechamiento de la demanda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicados en los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-1349/2015, al SUP-JDC-1688/2015, al diverso SUP-JDC-1348/2015. Por lo tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas.

NOTIFÍQUESE, a las partes y demás interesados, en términos de la ley.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 4, 26, 27, 28, 29 y 70, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos que corresponda y, en su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, haciendo propio el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO