JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-1462/2022

PONENTE: MAGISTRADO FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés.

Sentencia que, con motivo de la demanda presentada por Carlos Alberto Evangelista Aniceto:

1. Deja sin efectos la sentencia interlocutoria emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla dentro del expediente TEEP-JDC-47/2022 en virtud de que tal autoridad judicial carece de competencia para conocer las controversias de origen; y

2. Revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitida el dieciséis de junio dentro del expediente CNHJ-PUE-1910/2021 y su acumulado, por carecer de exhaustividad, para los efectos precisados en la presente resolución.

ÍNDICE

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1. Quejas. El veintidós de abril y el siete de mayo de dos mil veintiuno, los denunciantes –respectivamente– presentaron quejas contra el actor –quien se desempeñaba como miembro de la CNE de Morena– por la presunta comisión de hechos de nepotismo en la selección de candidaturas del partido para el proceso electoral concurrente 2020-2021, en el estado de Puebla[2].

Esto, al considerar que, en su carácter de integrante de la CNE, favoreció a su cónyuge y a un pariente para que fueran postulados como candidatos de Morena a puestos de elección popular en tal proceso electivo[3].

2. Primera sentencia partidista. El veintitrés de agosto siguiente, la CNHJ resolvió las quejas indicadas de forma acumulada, en el sentido de declarar infundados los agravios y absolver al denunciado.

3. Primer juicio de la ciudadanía local. Inconformes, los denunciantes impugnaron la resolución anterior[4], y el veintiocho de octubre de ese año el Tribunal local resolvió revocar la diversa partidista, para efecto de que la CNHJ –en ejercicio de sus facultades de investigación– esclareciera los hechos denunciados y emitiera a la brevedad una nueva determinación.

4. Segunda resolución partidista. En cumplimiento a lo anterior, el veinte de enero de dos mil veintidós,[5] la CNHJ emitió una segunda sentencia, en la que –nuevamente– declaró infundados los agravios de los denunciantes y absolvió al denunciado.

5. Segundo juicio de ciudadano local. Inconforme, Sabina Martínez Osorio impugnó la determinación anterior[6] y el veinticinco de marzo el Tribunal local dictó sentencia en la que revocó la decisión partidista, para efecto de que la CNHJ –en ejercicio de sus facultades de investigación– recabara los medios de prueba necesarios, desahogara las pruebas ofrecidas en las quejas y emitiera a la brevedad una nueva resolución, en los términos precisados por dicho tribunal.

6. Tercera determinación partidista. En cumplimiento, el dieciséis de junio la CNHJ emitió nueva resolución y declaró infundados los agravios de los denunciantes.

7. Demandas locales. Contra lo anterior, los denunciantes presentaron nuevos juicios de la ciudadanía, del conocimiento del Tribunal local.

8. Apertura de incidente. Por acuerdo plenario de veintiuno de julio, el Tribunal local ordenó la apertura de incidente de inejecución de sentencia dentro del expediente referido TEEP-JDC-047/2022 de su índice.

9. Sentencia interlocutoria (acto impugnado). El seis de diciembre el Tribunal local dictó resolución incidental, en la que –fundamentalmente– declaró incumplida la sentencia definitiva y, en plenitud de jurisdicción, estudió el fondo del procedimiento sancionador partidista de origen, declarando parcialmente fundados los agravios de los denunciantes e imponiendo una sanción al denunciado consistente en una amonestación privada.

10. Demanda de juicio de la ciudadanía. Inconforme, el trece de diciembre el actor presentó juicio ciudadano dirigido a la Sala Regional Ciudad de México.

11. Consulta competencial. Previa recepción del asunto, por acuerdo de dieciséis de diciembre, la Magistrada Presidente de esa Sala Regional planteó consulta competencial a esta Sala Superior[7].

12. Comparecencia de tercera interesada. El mismo dieciséis de diciembre se recibió en la Sala Regional un escrito a nombre de Sabina Martínez Osorio, por el que comparece al presente juicio en carácter de tercera interesada.

13. Recepción y turno. Recibidas las constancias, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-JDC-1462/2022 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

II. COMPETENCIA

La Sala Superior es competente para conocer el presente juicio, en atención a que el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria emitida por el Tribunal local, en el juicio ciudadano TEEP-JDC-47/2022, está relacionado con la postulación y elección de una candidatura de diputación federal por el principio de representación proporcional en el pasado proceso electoral federal 2020-2021.

Además, porque se encuentra vinculado con un procedimiento sancionador partidista seguido contra Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su actuar como integrante de la CNE de Morena, órgano de dirección nacional[8].

III. TERCERA INTERESADA

Se tiene como tercera interesada a Sabina Martínez Osorio[9], en los siguientes términos:

a. Forma. En el escrito consta el nombre y firma de la compareciente, además se menciona el interés incompatible con el del actor.

b. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro del plazo legal de setenta y dos horas[10], dado que este transcurrió de las veinte horas con cincuenta minutos del trece de diciembre[11] a la misma hora del dieciséis siguiente.

De ahí que, si el escrito se presentó a las diecinueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de diciembre, es evidente su oportunidad.

c. Legitimación. Se cumple el requisito, porque del escrito de tercera interesada se advierte un derecho incompatible al de la recurrente.

La compareciente pretende que se confirme la interlocutoria impugnada, en cambio, el actor pretende que se revoque esta y se tenga por cumplida la sentencia definitiva local.

IV. CUESTIÓN PREVIA

Tal como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, la cadena impugnativa en que se actúa se ha desarrollado de la siguiente manera:

De lo anterior se puede extraer lo siguiente:

a) La parte denunciante presentó escrito de queja contra el denunciado[12], por supuesto nepotismo, al favorecer la postulación de candidaturas a cargos de elección popular[13]. 

b) CNHJ determinó[14] infundada la queja referida.

c) Tribunal local revocó esa determinación[15].

d) CNHJ[16] emite una segunda resolución, en la que nuevamente declara infundada la queja.

e) Tribunal local revoca esa determinación en el diverso juicio TEEP-JDC-47/2022[17];

f) CNHJ emite una tercera resolución, en la que, entre otras cosas, absuelve al denunciado.

g) Dicha determinación es impugnada nuevamente ante el Tribunal local, que por la vía incidental, declara incumplida la sentencia referida en el inciso e) anterior, y en plenitud de jurisdicción resuelve imponer una sanción al actor por considerar fundado el procedimiento sancionador incoado en su contra.

Competencia del Tribunal local

Esta Sala Superior ha sostenido jurisprudencialmente que, la competencia es un requisito fundamental (o requisito procesal) para la validez de un acto de molestia y la debida constitución de un proceso, por lo que su estudio constituye una cuestión preferente y de orden público, que se debe hacer de oficio por las Salas del Tribunal Electoral[18].

En ese sentido, se advierte que el Tribunal local no es autoridad competente para conocer y resolver sobre la demanda que motivó la integración del juicio de la ciudadanía, presentado por Sabina Martínez Osorio y Eduardo Elías Gandur Osorio[19].

En efecto, los tribunales electorales de las entidades federativas están facultados, en principio, para tutelar por la legalidad y constitucionalidad de las determinaciones de las autoridades electorales locales y de los partidos políticos cuyos efectos sólo trasciendan en el ámbito local[20].

Las controversias suscitadas por actos de los partidos políticos que tengan incidencia en las elecciones de la presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías de representación proporcional, así como de dirigencias de los órganos nacionales de los institutos políticos son del conocimiento directo de esta Sala Superior[21].

Por ello, el Tribunal local no es competente para conocer y resolver de las demandas de juicios de la ciudadanía de mérito, porque la materia de impugnación guarda relación con  las postulaciones de candidaturas tanto a nivel local como federal, además de que se vincula con el desempeño de un integrante de un órgano de dirección nacional de Morena, como lo es la CNE, por lo que rebasan su ámbito de competencia.

En ese sentido, era facultad de esta Sala Superior conocer de los asuntos correspondientes, una vez agotada la instancia partidaria.

No obstante, el Tribunal local emitió las sentencias respectivas y la incidental ahora controvertida.

La consecuencia de lo anterior sería dejar sin efectos lo actuado por el Tribunal local a lo largo de la presente cadena impugnativa.

Sin embargo, en el caso se estima que procede dejar sin efectos únicamente la sentencia interlocutoria reclamada en el presente juicio, atendiendo a la exigencia prevista en el párrafo tercero del artículo 17 constitucional, que obliga a las autoridades a privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

Así, dejar sin efectos la totalidad de las resoluciones dictadas por el Tribunal local en nada abonaría a la solución del fondo de la controversia, en tanto que las resoluciones dictadas por el tribunal incompetente –con excepción de la última, que constituye el acto aquí impugnado– únicamente buscaron subsanar vicios formales de las determinaciones de la CNHJ.

De tal modo que esta Sala Superior advierte que la decisión que privilegia la solución de fondo del conflicto es dejar sin efectos solamente la interlocutoria dictada por el Tribunal Local (qué se ocupó del fondo de la litis originaria) y asumir el conocimiento del caso mediante el estudio de los agravios planteados por las personas denunciantes en las demandas que dieron origen a esta última.

V. ESTUDIO DE LA LITIS

Requisitos de procedencia

Las demandas de Sabina Martínez Osorio y Eduardo Elías Gandur, presentadas contra la resolución de la CNHJ emitida el dieciséis de agosto dentro del expediente CNHJ-PUE-1910/2021 y acumulado, cumplen con los requisitos de procedencia[22], de acuerdo con lo siguiente.

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito; se precisa el nombre de la respectiva parte actora y domicilio; el acto impugnado; se expresan hechos y agravios y constan las firmas de quienes promueven.

2. Oportunidad. Las demandas se presentaron oportunamente[23], puesto que la sentencia controvertida se emitió el dieciséis de junio y las demandas fueron presentadas el veintidós siguiente, por lo que resulta claro que ello aconteció dentro del plazo de cuatro días.

Sin contar para el cómputo los días sábado dieciocho y domingo diecinueve de junio, por ser inhábiles[24].

3. Legitimación e interés jurídico. Se cumplen, porque los juicios son promovidos por dos personas ciudadanas, por su propio derecho, que controvierten la resolución emitida por la CNHJ, respecto de las quejas que promovieron contra un integrante de la CNE.

4. Definitividad. No se advierte algún otro medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir a esta instancia. 

Estudio de fondo

Agravios formulados por los denunciantes:

i. Violación al principio de legalidad:

→ Nuevamente se cometen violaciones en cuanto a la reversión de la carga de la prueba y a la deficiencia de la investigación, aunado a que se reiteran las consideraciones de fondo emitidas en la resolución de veinte de enero, misma que fue revocada;

→ La CNHJ no realizó una investigación eficiente y exhaustiva al no emitir requerimientos para acreditar el parentesco con los beneficiados por nepotismo ni la documentación que acreditó la elección de candidatos.

→ Las diligencias para mejor proveer desahogadas no cumplen con los parámetros impuestos para su realización y, por tanto, no contaban con los elementos necesarios para el conocimiento de la verdad de los hechos denunciados.

ii. Violación al principio de exhaustividad en la investigación:

→ La CNHJ sustentó su determinación en una investigación deficiente, sin que sea posible advertir del caudal probatorio la verdad material de los hechos denunciados.

→ Por tercera ocasión determinó infundado el procedimiento de responsabilidad partidaria y la absolución del ahora actor, con base en una investigación deficiente en la que no se requirieron las pruebas indispensables para determinar la existencia o inexistencia de nepotismo.

→ Al dar contestación a los hechos denunciados, el denunciado se limitó a hacer valer la actualización de causales de improcedencia sin negar que las dos personas ya referidas fueran sus parientes por consanguinidad y afinidad, respectivamente, debiendo considerarse como un hecho no controvertido.

→ La CNHJ únicamente ordenó al CEN y a la CNE la remisión de los documentos que estaban en su poder para comprobar la referida relación entre el ahora actor y las dos personas en cuestión, el cual fue desahogado en el sentido de que dichos órganos partidistas no contaban con la información requerida.

→ Ofrecieron medios de convicción que deben considerarse indicios suficientes para que se investigara y requiriera información necesaria para la acreditación del vínculo consanguíneo y de afinidad.

iii. Violación al derecho de acceso a la justicia:

→ La responsable de forma sistemática y arbitraria ha declarado infundados los agravios hechos valer, siendo renuente a cumplir sus obligaciones de sancionar conductas contrarias a los principios y normativas de Morena.

Síntesis de la resolución impugnada

Al emitir su resolución, la CNHJ declaró infundado el agravio relacionado con los actos imputados al ahora actor (nepotismo) respecto de reparto de candidaturas a sus familiares[25]lo cual es violatorio del Estatuto de Morena[26]

Ello, al afirmar que los denunciantes ofrecieron únicamente pruebas técnicas[27] consistentes en una serie de hipervínculos que contienen videos y notas periodísticas en las que se menciona la relación del actor con las dos personas referidas, mediante las cuales se pretende acreditar la relación conyugal y consanguínea con estas. Dichas pruebas, por su naturaleza, resultan ser insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que pretenden hacer valer.

De ahí que refiera no contar con los elementos probatorios necesarios para declarar fundadas las manifestaciones realizadas por los denunciantes, al no acreditarse la relación por afinidad y consanguinidad que aducen.

Aunado a lo anterior, señala que el ahora actor, que funge como miembro de la CNE, no pudo tomar la decisión de nombrar candidaturas unilateralmente, pues ello se realiza de manera colegiada, sin que se derrote la presunción de que la selección de candidatos deriva de un proceso interno.

Así, advierte que no se expresaron los actos específicos que realizó el actor para poder tener por acreditado el nepotismo, por tanto, el solo hecho de mencionar supuestas personas beneficiadas no es suficiente para acreditar la infracción.

Por otra parte, respecto a lo ordenado en relación con la realización de una investigación y de diligencias para mejor proveer sostiene que:

1) Únicamente cuenta con atribuciones para solicitar información al resto de los órganos partidistas sin que ello se entrometa en la vida personal de los militantes. En ese sentido, advierte que en contestación al requerimiento formulado al CEN y a la CNE, el apoderado legal del partido respondió lo siguiente:

“…hago de su conocimiento que, de una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto del Comité Ejecutivo Nacional como de la Comisión Nacional de Elecciones, no se cuenta con información que acredite la existencia de una relación parental entre el C. Carlos Alberto Evangelista y los CC. Juan Manuel León Evangelista y Julieta Kristal Vences Valencia”.

2) No hay elemento alguno que acredite la relación de parentesco o matrimonio con las personas señaladas.

Por tanto, determina infundado el agravio hecho valer por los denunciantes.

Análisis del caso concreto

La pretensión de los denunciantes es que se revoque la resolución de la CNHJ; lo sustentan en que esta no fue exhaustiva, pues realizó un indebido análisis de los hechos denunciados y de las pruebas, en cuanto al supuesto nepotismo atribuible al actor.

Decisión

A juicio de esta Sala Superior, son fundados y suficientes para revocar la resolución controvertida los alegatos de falta de exhaustividad.

Justificación

Como parte de las consideraciones que llevaron a la CNHJ a emitir una nueva resolución, se le ordenó que observara los siguientes parámetros:

1) Respecto a las diligencias necesarias para resolver el asunto, deberá atender a los agravios y hechos planteados en el escrito de demanda y como criterio orientador lo establecido en la tesis relevante CXVI/2002, bajo el rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN; y en la Jurisprudencia 16/2004 de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS.

2) Dentro de sus facultades, deberá hacer los requerimientos necesarios para esclarecer los hechos que son sometidos a su consideración, incluyendo el referente a acreditar el parentesco del denunciado, y la documentación que corrobore la elección de los candidatos, realizando un estudio pormenorizado de las documentales que confirmen o no, los dichos que manifiesta la Comisión Nacional de Elecciones en su informe y

3) Una vez realizadas todas las diligencias necesarias, deberá hacer un estudio exhaustivo de la conducta denunciada y los elementos de prueba, resolviendo de manera imparcial el recurso CNHJ-PUE-1910/2021 y su acumulado.

Ahora bien, de la lectura de la resolución controvertida, se advierte que la CNHJ inobservó los parámetros referidos, incumpliendo, con ello, el principio de exhaustividad.

En efecto, la responsable únicamente ordenó al CEN y a la CNE remitir los documentos que, en caso de estar en su poder, comprobaran la relación de parentesco entre el denunciado y las personas que supuestamente se beneficiaron con su actuar.

Dicho requerimiento fue contestado en el sentido de que los órganos partidistas no contaban con la información requerida.

Ante ello, la responsable no realizó mayores investigaciones ni diligencia alguna para acercarse a la verdad de los hechos, esto es, fue omisa en realizar los requerimientos necesarios para:  a) acreditar el parentesco del denunciado con las personas supuestamente beneficiadas; b) obtener la documentación que corrobore la selección de candidatos, realizando un estudio pormenorizado de las documentales que confirme o no los dichos de la CNE en su informe, así como c) la realización de un estudio exhaustivo de la conducta denunciada y los elementos de prueba.

Por lo contrario, la CNHJ se concretó a reiterar las consideraciones que sustentaron la segunda resolución que emitió –de veinte de enero de dos mil veintidós– como a continuación se observa:

De igual forma, la responsable no analizó lo alegado en el sentido de que, al dar contestación a la denuncia correspondiente, el denunciado no negó el vínculo de parentesco que se le imputa con las personas que supuestamente benefició; tampoco se le requirió para que informara lo conducente.

En ese sentido, la CNHJ se concretó a señalar que el denunciado funge como miembro de la CNE, órgano cuyas decisiones son colegiadas, por lo que no se pueden tomar determinaciones de manera unilateral.

Además, señaló que la CNE cuenta con una facultad discrecional para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular, mediante un análisis pormenorizado, facultad que no está conferida a una persona, sino a un órgano colegiado.

Finalmente, de la resolución reclamada se advierte que la CNHJ se limitó a enunciar las pruebas ofrecidas por los denunciantes (entre otras, pruebas técnicas) sin desahogarlas, analizar su contenido y alcance y su relación con los hechos materia de la queja.

Por lo anterior, es claro que la CNHJ responsable no emitió una nueva resolución en la que, de forma exhaustiva, analizara los hechos y agravios planteados, realizando los requerimientos necesarios y pertinentes para conocer la verdad de los hechos, de manera que contara con  los elementos necesarios para llevar a cabo en análisis correcto de la actualización de la conducta denunciada.

Efectos

a) Por las razones expresadas en la presente resolución, ante la falta de competencia del Tribunal local, se revoca la resolución incidental controvertida en el presente juicio.

b) Atento a la falta de exhaustividad en la que incurre la CNHJ, se revoca la resolución emitida en el expediente CNHJ-PUE-1910/2021 y su acumulado, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, para el efecto de que emita una nueva, en la que se pronuncié respecto a la totalidad de los motivos de inconformidad de los denunciantes, allegándose de los elementos que sean necesarios para esclarecer la veracidad de los hechos materia del asunto que se somete a su consideración.

Por lo expuesto y fundado se

VI. RESUELVE

PRIMERO. Se deja sin efectos la sentencia interlocutoria emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el juicio de la ciudadanía TEEP-JDC-47/2022.

SEGUNDO. Se revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitida el dieciséis de junio de dos mil veintidós dentro del expediente CNHJ-PUE-1910/2021 y su acumulado, para los efectos precisados en esta ejecutoria.

Notifíquese según Derecho.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis y del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera; ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe de la presente ejecutoria y de que se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.