JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO[1]

EXPEDIENTES: SUP-JDC-1471/2022 Y ACUMULADOS

PARTE ACTORA: RODRIGO SAÚL PÉREZ JIMÉNEZ Y OTRAS PERSONAS

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y OTRA

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIOS: ALEJANDRO OLVERA ACEVEDO Y FERNANDO ANSELMO ESPAÑA GARCÍA

COLABORARON: JUAN PABLO ROMO MORENO Y BRENDA DURÁN SORIA

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE: INDALFER INFANTE GONZALES

SECRETARIADO: MARTHA LILIA MOSQUEDA VILEGAS, JENNY SOLÍS VENCES Y XAVIER SOTO PARRAO

COLABORARON: PAULA SOTO REYES LORANCA Y MOISÉS MESTAS FELIPE

Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[2] emite sentencia en el sentido de: 1) desechar la demanda del juicio de la ciudadanía SUP-JDC-9/2023; 2) sobreseer parcialmente en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-11/2023; 3) escindir la demanda del SUP-JDC-7/2023; 4) modificar la resolución INE/CG881/2022 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,[3] relativa a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del partido político nacional denominado Morena[4], y 5) declarar la invalidez del último párrafo del artículo 64° del Estatuto de Morena, para los efectos que se precisan.

I.            ANTECEDENTES

1.              Convocatoria para la renovación de los órganos partidistas. El dieciséis de junio de dos mil veintidós,[5] el Comité Ejecutivo Nacional[6] de Morena emitió la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para llevar a cabo el procedimiento de renovación en diversos cargos y puestos intrapartidistas, a excepción de la Presidencia y la Secretaría General del CEN.

2.              Adenda. El veinticinco de julio, el CEN de Morena expidió una adenda a la citada convocatoria.

3.              Celebración del III Congreso Nacional Ordinario de Morena. El diecisiete y dieciocho de septiembre, se celebró el III Congreso Nacional Ordinario de Morena, en el cual se aprobaron, entre otros, las modificaciones al Estatuto de Morena.

4.              Acto impugnado. El catorce de diciembre, el Consejo General del INE emitió la resolución INE/CG881/2022, relativa a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del mencionado.

5.              Juicios de la ciudadanía. Del diecisiete al veintiséis de diciembre, así como el seis de enero de dos mil veintitrés, se promovieron diversos juicios de la ciudadanía con el objeto de controvertir el acuerdo del Consejo General del INE precisado en el apartado que antecede.

6.              Recepción, integración de expedientes y turno. Recibidas las demandas y demás constancias, la presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar los respectivos expedientes, así como turnarlos a la ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, para su sustanciación, conforme a lo siguiente:

7.              En su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó los medios de impugnación.

8.              Acuerdo de Sala. El veintiséis de diciembre, con motivo de la consulta realizada por la Sala Regional Guadalajara, esta Sala Superior determinó su competencia para conocer y resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1471/2022.

9.              Comparecencia. Mediante diversos escritos presentados ante la autoridad responsable, Morena compareció ante la autoridad responsable para ser reconocido como tercero interesado en distintos juicios precisados en los numerales que anteceden.

10.          Desistimiento. El once de enero de dos mil veintitrés se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior escrito signado por DATO PROTEGIDO (LGPDPPSO), actor en el juicio SUP-JDC-11/2023, mediante el cual desistió de su demanda.

11.          Requerimiento. El trece de enero siguiente, la Magistrada instructora requirió al actor para que en el transcurso del siguiente día hábil ratificara el escrito de desistimiento referido en el numeral que antecede.

12.          Incomparecencia. El diecisiete de enero del año en curso, se recibió oficio del titular de la Oficialía de Partes de la Sala Superior, por el que informó que no se recibió comunicación alguna por parte del referido actor del juicio SUP-JDC-11/2023, a efecto de ratificar su desistimiento.

13.          Instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora admitió las demandas y declaró cerrada la instrucción con excepción del juicio de la ciudadanía SUP-JDC-9/2023.

14.          Sesión pública. En sesión pública de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Pleno de la Sala Superior rechazó por mayoría de votos, el proyecto propuesta por la magistrada instructora, por lo que se designó al magistrado Indalfer Infante Gonzales para la elaboración del engrose en lo relativo a la validez del artículo tercero transitorio del Estatuto.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

15.          Primera. Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver la controversia planteada, con base en las razones expuestas en el acuerdo de sala de veintiséis de diciembre dictado en el SUP-JDC-1471/2022, en específico, en virtud de que la parte actora controvierte, fundamentalmente y como acto destacado, la resolución emitida por un órgano central del INE, relativa a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos de Morena y dentro de dichas normas combate el artículo tercero transitorio por el cual se prorrogó el mandato del presidente y de la secretaria general del CEN del referido partido político nacional, temáticas respecto de las cuales este órgano jurisdiccional ejerce competencia[7].

16.          El presente asunto se resuelve con base en las reglas legales aplicables para los medios de impugnación en la materia vigentes hasta el dos de marzo de dos mil veintitrés, es decir, las normas existentes antes de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés.

17.          Lo anterior, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de dicho Decreto, que entró en vigor el día siguiente al de su publicación –es decir, tres de marzo–, en tanto que las demandas se presentaron el dos de marzo del año en curso.

18.          Segunda. Acumulación. Existe conexidad en la causa en los juicios promovidos, toda vez que se impugna, esencialmente, como acto destacado la resolución del Consejo General del INE,[8] relativa a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos de Morena.

19.          En consecuencia, los juicios SUP-JDC-1475/2022 a SUP-JDC-1478/2022, SUP-JDC-1484/2022, SUP-JDC-1486/2022 a SUP-JDC-1489/2022, SUP-JDC-1494/2022 y SUP-JDC-7/2023 a SUP-JDC-11/2023 se deben acumular al SUP-JDC-1471/2022 al ser el primero que se recibió en este Tribunal Electoral; debiéndose glosar copia certificada de los resolutivos de la presente sentencia a los autos que fueron acumulados.[9]

20.          Tercera. Improcedencia del juicio SUP-JDC-9/2023. El juicio de la ciudadanía es improcedente porque el actor de éste agotó su derecho de impugnación al promover, previamente, un diverso juicio. En consecuencia, debe desecharse la demanda.[10]

21.          En ese sentido, se ha establecido que la presentación –por primera vez– de un medio de impugnación en contra de cierto acto implica el ejercicio real del derecho de acción por parte del sujeto legitimado[11]. En consecuencia, por regla general, la parte promovente no puede presentar nuevas demandas en contra del mismo acto y, de hacerlo, aquellas que se presenten posteriormente deben desecharse.[12]

22.          Así, la preclusión de la facultad procesal para iniciar un juicio deriva de los principios que rigen el proceso.[13]

23.          En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[14] ha señalado que la preclusión parte del entendimiento de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, de modo que se clausuran de modo definitivo y no es viable regresar a un momento procesal que se ha extinguido. Esto sucede, entre otros casos, cuando la facultad procesal se ejerce válidamente en la primera ocasión.[15]

24.          En virtud de lo anterior, dichos efectos jurídicos constituyen razón suficiente y justificada para que, una vez promovido un medio de impugnación tendente a controvertir determinado acto, resulte jurídicamente improcedente presentar ulteriores demandas.

25.          En consecuencia, para el caso concreto, el pasado dieciséis de diciembre, la parte actora presentó, por medio de juicio en línea, un juicio de la ciudadanía en contra del acuerdo INE/CG881/2022, el cual motivó la formación del expediente SUP-JDC-8/2023.

26.          Adicionalmente, en el mismo día, el actor presentó diversa demanda ante la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Baja California, mismo que según consta en el sello recepción, se recibió en la Oficialía de Partes del INE el veinte de diciembre. En dicho ocurso también impugnaba el acuerdo INE/CG881/2022, con base en los mismos agravios, el cual se identificó como el expediente SUP-JDC-9/2023.

27.          Así, es evidente que con la primera demanda que fue recibida por esta Sala Superior, el actor agotó su derecho de impugnación en contra del acuerdo INE/CG881/2022, por tanto, conforme a Derecho resulta improcedente el juicio identificado con la clave de expediente SUP-JDC-9/2023 y, en consecuencia, debe desecharse de plano la demanda.[16]

28.          Finalmente, cabe señalar que no se actualiza la excepción prevista en la tesis de jurisprudencia 14/2022[17], en tanto que no se hacen valer hechos distintos y los agravios son similares, que las demandas son idénticas.

29.          Cuarta. Sobreseimiento parcial en el juicio SUP-JDC-11/2023. Procede el sobreseimiento parcial en el juicio citado respecto de DATO PROTEGIDO (LGPDPPSO), derivado de su desistimiento.

30.          En términos de lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios, para estar en aptitud de emitir una resolución de fondo en una controversia, es indispensable que la parte agraviada ejerza la acción respectiva y solicite la solución del litigio al órgano jurisdiccional competente.

31.          Así, para la procedibilidad de los medios de impugnación electorales es indispensable la instancia de parte agraviada. No obstante, si en cualquier etapa del proceso, antes de que se emita sentencia, la parte actora expresa su voluntad de desistir del medio de impugnación iniciado con la presentación de su demanda, tal manifestación de voluntad impide la continuación del proceso, ya sea en su fase de instrucción o de resolución.

32.          Al respecto, el artículo 11, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios establece que procede el sobreseimiento, cuando la parte actora desiste expresamente, por escrito, del medio de impugnación.

33.          En el mismo sentido, los artículos 77, párrafo 1, fracción I y 78 párrafo 1, fracción I, inciso b) del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral establecen que se tendrá por no presentado un medio de impugnación cuando la parte enjuiciante se desista expresamente por escrito.

34.          A efecto de dar eficacia jurídica al desistimiento, se debe solicitar la ratificación, por parte de la parte recurrente, ante fedatario o personalmente en las instalaciones de la Sala competente, dentro del plazo que al efecto se determine, bajo apercibimiento de tenerlo por ratificado y resolver en consecuencia.

35.          En el caso, consta en el expediente el original del escrito recibido el pasado once de enero, por el cual DATO PROTEGIDO (LGPDPPSO), actor en el SUP-JDC-11/2023, comparece a fin de desistir, a título personal, del medio de impugnación interpuesto.

36.          Adicionalmente, se advierte que respecto al requerimiento formulado por la Magistrada instructora relativo a que el mismo compareciera a efecto de ratificar u oponerse a su desistimiento, se aprecia que no compareció, por lo que mediante acuerdo de diecinueve de enero del año en curso se hizo efectivo el apercibimiento formulado en autos y la Magistrada Instructora tuvo por ratificado el desistimiento.

37.          Conforme a lo expuesto, es conforme a Derecho determinar el sobreseimiento parcial en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-11/2023, respecto del citado actor.

38.          Así mismo, se precisa que la demanda del juicio en comento será estudiada en el apartado de fondo –salvo que se advierta alguna causal de improcedencia–, toda vez que la mismo fue suscrita por dos diversas personas actoras que no desistieron; en consecuencia, atendiendo a la obligación constitucional y convencional de garantizar el acceso a la justicia, este órgano jurisdiccional analizará los planteamientos precisados.

39.          Quinta. Escisión de la demanda SUP-JDC-7/2023 y reencauzamiento a la SCJN[18] y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el juicio de la ciudadanía identificado con la clave SUP-JDC-7/2023 se advierte que la actora realiza una serie de planteamientos que escapan a la cuestión propia de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos a la disposición transitoria por la que se prorrogó el mandato del presidente y de la secretaria general del CEN de Morena, en concreto, aborda, de manera adicional, las siguientes temáticas:

1)     La pertinencia de que la SCJN conozca de la inconstitucionalidad de la reforma legal en material político-electoral que fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, así como su efecto regresivo en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas (agravio 2 pp. 50 a 54, petitorio doceavo);

2)     Diversas cuestiones vinculadas con la elección de congresistas distritales de Morena, así como la elegibilidad de diversas personas candidatas que contendieron a dichos cargos (agravio 1, sexto, séptimo y octavo pp. 26 a 50, petitorios sexto y séptimo);[19]

3)     Petición formulada tanto al INE como a esta Sala Superior relativa a que se determinen la remoción de las personas representantes de Morena ante el Consejo General del INE (p. 51 y petitorio décimo);

4)     La denuncia contra la Secretaria General del CEN de Morena por violar el artículo 8° del Estatuto, por la triplicidad de funciones en la que incurre como secretaria del partido y al ejercer el cargo como senadora de la República y como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones (agravio 1, segundo, pp. 12 y 13);

5)     La queja por la indebida integración de la Comisión Nacional de Elecciones, en específico, el conflicto del interés en el que incurren el presidente y la secretaria general del CEN de Morena, al ser parte también de la Comisión Nacional de Elecciones del referido instituto político (agravio 1, cuarto, pp. 21 a 23), y

6)     Indebida integración del CEN de Morena, ya que no se respetó el orden de prelación en la alternancia de género, se seleccionó a personas servidoras públicas, personas que ejercen diversos cargos dentro de Morena, hubo casos de nepotismo, así como había la necesidad de revisar procedimientos penales en curso, entre otros (agravio 1, tercero, pp. 18 a 20).

40.          En consecuencia, al advertirse que en la demanda impugna diversos actos, los cuales no son susceptibles de ser conocidos por esta Sala Superior en términos de la competencia constitucional que ejerce, o bien, debido a la necesidad de agotar recursos anteriores a que este Tribunal Electoral se pronuncie, es que se estima necesaria la escisión de la demanda.[20]

41.          Por lo tanto, esta Sala Superior resuelve escindir en los siguientes términos:

a) Lo relativo a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto de Morena, entre ellos el artículo transitorio relativo a la extensión del mandato del presidente y de la secretaria general del CEN de Morena, así como la indebida integración de la CNHJ de Morena en tanto que integrantes contendieron como personas candidatas a congresistas distritales, será resuelto en los apartados correspondientes dentro de la presente resolución;

b) El planteamiento relativo a que la supuesta inconstitucionalidad de la reforma legal en materia político-electoral —numeral 1 previamente identificado—, así como su posible afectación respecto de derechos de los pueblos y comunidades de las personas indígenas, conforme a la solicitud de la parte actora se debe remitir a la SCJN.

Ello, ya que además de existir una solicitud expresa de la actora para que ella ocurra así, al cuestionar la constitucionalidad de una norma respecto de la cual no señala un acto concreto de aplicación, es que se está fuera de la competencia en materia de control de constitucionalidad de la que esta investido este Tribunal Electoral en términos del artículo 99 de la Constitución federal.

Por lo tanto, se remite la parte conducente de la demanda a la SCJN a efecto de emita el pronunciamiento que corresponda.

c) Lo relativo a los diversos planteamientos que formula relativos al proceso de elección de congresistas distritales de Morena, así como a la elegibilidad de diversas personas candidatas a dichos cargos, la petición de remover al representante de Morena ante el Consejo General del INE[21], la denuncia contra la Secretaria General del CEN, así como su presidente por los distintos cargos que desempeñan, la indebida integración de la Comisión Nacional de Elecciones y del CEN —numerales 2 a 6 previamente identificados—, deberán ser remitidos a la CNHJ, a efecto de que se pronuncie, dado que no se satisface el principio de definitividad.

Ello, ya que en términos del artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios, un medio de impugnación será improcedente si se promueve sin que se hayan agotado, de manera previa, las instancias anteriores establecidas por la normatividad aplicable. Asimismo, los artículos 79, párrafo 1, y 80, párrafos 1, inciso f), y 2, de la referida ley contemplan al principio de definitividad como un requisito de procedencia del juicio de la ciudadanía, por ello, la parte actora está obligada al agotamiento de las instancias previas.

42.          Por tanto, los planteamientos de la actora que en este apartado se estudian al vincularse con conflictos de asuntos internos de un partido político, atendiendo al derecho de autoorganización que estos cuentan,[22] se considera que el propio partido político debe pronunciarse al respecto.

43.          Lo anterior, se robustece a partir de la disposición contenida en los artículos 43, párrafo 1, inciso e), 47, párrafo 2, y 48 de la Ley General de Partidos Políticos[23] que prevé la obligación a los partidos políticos de instaurar un órgano colegiado responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, mismo que para el caso de Morena, dicha figura recae en la CNHJ.[24]

44.          Asimismo, esta Sala Superior advierte que existe un medio de defensa ante el órgano de justicia intrapartidista que se debe agotar antes de acudir a instancias subsecuentes, sin que en el caso se advierta una justificación que permita el conocimiento de la controversia mediante el salto de instancia.

45.          En efecto, del análisis de la normativa interna de Morena se entiende que la CNHJ es el órgano encargado de: 1) conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen su vida interna; 2) dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración; 3) salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros; 4) velar por el respeto de los principios democráticos en su vida interna, y 5) conocer las controversias sobre la aplicación de las normas que rigen en la vida interna de Morena.

46.          Por lo tanto, la materia de la controversia es susceptible de ser analizada por la CNHJ, ya que esta Sala Superior no advierte la existencia de algún impedimento para que conozca y resuelva la controversia planteada.

47.          En consecuencia, se estima que la actora debió acudir a la justicia interna de Morena a efecto de realizar sus planteamientos previamente relacionados, ello, con el objeto de que la CNHJ esté en aptitud de determinar conforme a la norma estatutaria.

48.          Sin perjuicio de lo anterior, la improcedencia del juicio de la ciudadanía no implica necesariamente el desechamiento de la demanda, porque esta Sala Superior está obligada a su reencauzamiento a la instancia partidista[25].

49.          Así las cosas, en aras de preservar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución federal, se remite la parte precisada de la demanda a la CNHJ de Morena, a efecto de que, de no advertir la actualización de alguna causal de improcedencia, se pronuncie a la brevedad y resuelva el fondo de la controversia. Esta determinación no implica prejuzgar sobre los requisitos de procedencia respectivos.[26]

50.          Una vez que la CNHJ determine lo que conforme a Derecho corresponda, deberá informar de inmediato a esta Sala Superior de la determinación que en su caso emita.

51.          En atención a lo anterior, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, para que proceda a realizar las copias certificadas necesarias de la demanda del SUP-JDC-7/2023 y las remita a la autoridad y órgano partidista precisados para los efectos legales correspondientes.

52.          Sexta. Escritos de tercería. Se debe tener al partido político nacional Morena como parte tercera interesada en los juicios que se resuelven,[27] dado que cumple los requisitos exigidos por la ley.[28]

53.          1. Forma. En el escrito consta la denominación del partido político que pretende comparecer en calidad de tercero interesado, el nombre y firma autógrafa de quien ostenta su representación, así como la razón del interés en que funda su pretensión.

54.          2. Oportunidad. Los escritos son oportunos, en tanto fueron presentados dentro del plazo previsto para tal efecto,[29] conforme a lo siguiente:

55.          3. Legitimación, interés jurídico y personería. En términos de lo previsto en la Ley de Medios[30], Morena está legitimado para comparecer en calidad de tercero interesado y ostenta un interés jurídico en la causa incompatible con el de la parte actora, toda vez que pretende que se confirme la resolución INE/CG881/2022, relativa a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a sus documentos básicos, que constituye el acto destacadamente impugnado en los juicios identificados al rubro.

56.          Asimismo, se reconoce la personería de Mario Rafael Llergo Latournerie para comparecer en representación de Morena, toda vez que para esta Sala Superior constituye un hecho notorio[31] que dicha persona es representante del referido partido político ante el Consejo General del INE.[32]

57.          Si bien dicho partido solicitaba sobreseer en el juicio SUP-JDC-9/2023, porque el actor presentó dos demandas distintas y en esa situación su derecho precluyó con la presentación de la primera, su solicitud quedó colmada en lo sustancial con motivo de la determinación en el considerando que antecede.

58.          Séptima. Requisitos de procedencia. Los medios de impugnación[33] cumplen los requisitos para dictar una sentencia que resuelva el fondo de la controversia[34], conforme con lo siguiente.

59.          1. Forma. En los escritos de demanda se precisó la autoridad responsable, la resolución impugnada, los hechos, los motivos de controversia y cuentan con firma autógrafa o electrónica[35].

60.          2. Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro del plazo legal de cuatro días[36], como consta en la siguiente relación:

61.          Al respecto, resulta relevante destacar que, para tener por satisfecha la oportunidad, no se computarán los días diecisiete, dieciocho y treinta y uno de diciembre, así como el uno de enero del año en curso, al ser inhábiles por corresponder a sábado y domingo, dado que el asunto no se relaciona con algún proceso electoral en curso[38].

62.          Adicionalmente, el periodo comprendido del diecinueve al treinta de diciembre, así como el día dos de enero, no se consideran en el cómputo, toda vez que los mismos comprendieron el periodo vacacional y un día de asueto en el INE[39], cuyo Consejo General es autoridad responsable en las demandas.[40]

63.          En el caso del actor que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de diciembre, el plazo para controvertir transcurrió del quince de diciembre al cuatro de enero; mientras que en el caso de las personas que fueron notificadas el dieciséis de diciembre o tuvieron conocimiento por la publicación de la determinación en el Diario Oficial de la Federación, el plazo para promover transcurrió del tres al seis de enero, de ahí que tomando en consideración la fecha en que fueron presentadas las demandas, se tienen por oportuna su presentación.

64.          3. Legitimación e interés jurídico. Para el análisis de este requisito de procedencia, se realizarán dos apartados, a partir de la calidad con la que promueven las personas actoras:

a. Respecto de las personas que controvirtieron ante el INE las modificaciones realizadas por Morena, a sus documentos básicos del partido, lo que implicó, asimismo, la prórroga al mandato del presidente y de la secretaria general del CEN, impugnaciones que fueron relacionadas en la resolución INE/CG881/2022, se les tiene reconocida legitimación e interés jurídico, en tanto que fueron parte de la relación procesal de la que surgió el acto impugnado.[41]

b. En cuanto hace a las restantes personas que, si bien no controvirtieron ante el INE, se les reconoce legitimación e interés jurídico, en tanto son personas militantes del referido partido político.

65.          Ello, ya que ha sido criterio de esta Sala Superior que, si una persona militante puede cuestionar las modificaciones a los documentos básicos o reglamentarios de su partido, también tiene interés para controvertir la determinación administrativa que calificó como constitucional o legal la modificación respectiva.[42]

66.          Por ello, si una persona militante manifiesta que, derivado de una modificación estatutaria o reglamentaria, su partido incumple las obligaciones antes señaladas y realiza cambios que pueden afectar los derechos de la militancia, se debe considerar que tiene interés para cuestionar la reforma correspondiente.[43]

67.          En consecuencia, si en las demandas se reclama, por parte de personas militantes de Morena, diversas afectaciones que se originan por la modificación de los documentos básicos del partido, que implicaron la prórroga en el mandato del presidente y la secretaria general del CEN del partido en el que militan –como un aspecto de la modificación estatutaria–, es que se debe reconocer el interés jurídico del resto de las personas demandantes en tal supuesto.[44]

68.          4. Definitividad. Se satisface este requisito, porque no existe otro medio de impugnación que deba agotarse de forma previa al juicio federal.

Octava. Síntesis de la determinación impugnada y conceptos de agravio.

1. Contexto del caso y determinación impugnada

69.          Morena convocó a su III Congreso Nacional Ordinario a celebrarse los días diecisiete y dieciocho de septiembre, en el cual se aprobaron las modificaciones a su Estatuto –así como la renovación de distintos órganos del partido político–, destacando el artículo tercero transitorio, por el cual se prorroga la vigencia de las funciones de las personas que ocupan la presidencia y secretaría general del CEN hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

70.          Posteriormente el partido político informó de las modificaciones al INE y después del trámite respectivo, el Consejo General del Instituto emitió la determinación reclamada en la cual realizó lo siguiente:

71.          En un primer apartado analizó que Morena cumplió con el plazo de diez días para informar sobre las modificaciones a sus documentos básicos y exhibió pruebas para acreditar su realización conforme a su procedimiento estatutario y verificó el cumplimiento a dicho procedimiento.

72.          En un segundo apartado analizó los medios de impugnación que se presentaron, desechó la mayoría por extemporáneos salvo tres, respecto de los cuales analizó los motivos de agravio y los desestimó por considerar que las modificaciones son acordes a la Constitución federal, la Ley y la autoorganización del partido político.

73.          En un tercer apartado analizó el contenido de las modificaciones en cuatro temáticas: 1) cambio de redacción, 2) aquellas que se realizan para cumplir con los lineamientos de violencia política en razón de género[45], 3) lenguaje incluyente y 4) aquellas que se refieren a su libertad de auto organización; determinando la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos; vinculó a Morena para que en un plazo de seis meses conozca y apruebe las modificaciones a la reglamentación que deriven de la aprobación de las reformas a su Estatuto, así como para que emita el protocolo sobre VPG.

2. Conceptos de agravio

74.          Las partes recurrentes formulan diversas temáticas de agravios, las cuales se enlistan a continuación:

        Garantía de audiencia (juicios 1475 a 1478, 1484, 1486 a 1489, 1494 de 2022 y 8 de 2023);

        Indebido desechamiento de los escritos de queja (juicios 1476, 1477, 1478, 1484 y 1487);

        Falta de exhaustividad y congruencia (juicios 1471, 1475 a 1478, 1484, 1486 a 1489 y 1494 de 2022; 8, 10 y 11 de 2023);

        Indebida fundamentación y motivación (juicio 1471 de 2022).

        Participación de personas fuera del procedimiento estatutario (juicio 8 de 2023).

        Indebida integración del Congreso (juicios 7 y 8 de 2023). Se permitió la participación a personas ajenas a Morena, provenientes de otros partidos.

        Artículo primero transitorio y aplicación inmediata de las modificaciones estatutarias (juicios 1475 a 1478, 1484, 1486 a 1489 y 1494 de 2022; 7, 8 y 11 de 2023);

        Falta de competencia de la representación de Morena para modificar los acuerdos tomados por el III Congreso Nacional (juicio 10 de 2023);

        Desproporcionalidad del plazo de seis meses para emitir el protocolo de VPG (juicio 10 de 2023);

        Omisión de la responsable de ordenar la reglamentación del artículo 49 TER relativo a VPG (juicio 10 de 2023);

        El artículo 64 es contrario al artículo 22 constitucional (juicio 10 de 2023);

        Incorporación de un nuevo requisito de elegibilidad y para afiliarse a Morena, consistente en acreditar la realización de actividades en materia de formación y capacitación política (juicio 10 de 2023);

        Aprobación del artículo 6 bis del Estatuto al estimar que es necesario que se reglamenten los elementos de valoración de las candidaturas (juicio 10 de 2023);

        Modificación del método de elección, al pasar de asambleas a centros de votación (juicio 10 de 2023);

        Eliminación de las coordinaciones distritales como órganos de dirección ejecutiva y reclasificación como órganos de dirección política (juicios 1475 a 1478, 1484, 1486 a 1489 y 1494 de 2022 y 10 de 2023).

        Vulneración al principio de certeza, derecho de afiliación y autenticidad en la renovación de la dirigencia de Morena, derivado de que no se establece un límite temporal al cierre del padrón de personas afiliadas que podrá participar en los Congresos Distritales (juicio 10 de 2023);

        Vulneración al correcto funcionamiento y desproporcionalidad e irracionalidad en la modificación de los plazos en que el CEN y los Comités Ejecutivos Estatales sesionarán (juicio 10 de 2023);

        Vulneración a la autonomía de los Consejos Estatales (juicio 10 de 2023).

        Violación al correcto funcionamiento del partido político, incompatibilidad de cargos y asunción de funciones (Consejo consultivo y comisiones auxiliares) (juicio 10 de 2023);

        Trato discriminatorio y violación al derecho de votar y ser votado derivado de la existencia de 2 métodos de elección diferentes para cargos en el mismo órgano partidista CEN y Consejo Nacional (juicios 8 y 10 de 2023);

        Vulneración a los principios democráticos estatutarios, legales y constitucionales, al ser el Consejo Nacional el que determine aquellos municipios donde existen condiciones para elegir comités ejecutivos municipales (juicio 10 de 2023);

        Artículo tercero transitorio prórroga de Presidente y Secretaria del CEN (juicios 1471, 1475 a 1478, 1484, 1486 a 1489 y 1494 de 2022; 7 y 11 de 2023), y

        3 integrantes de la CNHJ fueron aprobados como Congresistas electos por lo que fungen como juez y parte y no garantizan la imparcialidad de sus decisiones (juicio 7 de 2023)

Novena. Estudio del fondo

1. Planteamiento del caso

75.          La pretensión de las personas promoventes es que se revoque o modifique la determinación reclamada y se determine que las reformas estatutarias aprobadas son inconstitucionales e ilegales.

76.          La causa de pedir de las y los actores es que existieron diversas violaciones procesales y formales por parte del INE, aunado a que distintas modificaciones afectan los derechos de la militancia y el principio de certeza.

77.          La cuestión por resolver consiste en determinar si la resolución reclamada fue apegada a Derecho, es decir, si fue correcto que el Consejo General del INE determinara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos de Morena y, en especial, como parte de la modificación estatutaria, la prórroga en el cargo del presidente y secretaria general del CEN.

78.          En cuanto a la metodología primero se analizarán los agravios vinculados con cuestiones procesales como es la violación a la garantía de audiencia y la oportunidad de la queja, para posteriormente analizar los agravios formales relativos a la falta de exhaustividad y congruencia, así como la indebida fundamentación y motivación.

79.          Finalmente, se analizarán los agravios vinculados con el fondo del asunto en el orden en que fueron sintetizados en el considerando anterior.

80.          Esta metodología de estudio no genera perjuicio alguno a la parte actora, porque la forma como los agravios se analizan no es lo que puede originar una lesión, sino que se omita el estudio de alguno de ellos[46].

2. Decisión

81.          Esta Sala Superior considera que se debe modificar la determinación reclamada.

82.          No le asiste la razón a la parte actora respecto a la mayoría de los agravios que hacen valer, ya que la determinación del INE fue correcta por lo que se refiere a considerar que las modificaciones impugnadas se encontraban dentro del ámbito de la autoorganización del partido.

83.          Sin embargo, en el caso del artículo tercero transitorio del Estatuto modificado, se considera que vulnera los principios constitucionales que, como partido político, Morena debe observar, tales como la renovación periódica de sus dirigentes, así como los principios de certeza y definitividad, por lo que se determina dejar sin efectos dicho precepto.

3. Cuestión previa. Marco referencial y fijación de la materia de análisis.

a. Estándar de análisis de las reformas al Estatuto[47]

84.          Conforme a lo establecido el artículo 41, párrafo tercero, Base I, tercer párrafo, de la Constitución federal, con relación al 34, apartado 1 de la LGPP y 2, apartado 2, de la Ley de Medios, los partidos políticos tienen su base en la libertad de asociación y tienen capacidad autoorganizativa, por lo que deben contar con margen suficiente para normar sus actividades mediante sus estatutos; son personas morales de interés público que deben conducir sus actividades dentro del marco jurídico, con pleno respeto a los derechos humanos. En consecuencia, no sólo la sociedad en su conjunto está interesada en su existencia y preservación, sino que el Estado está interesado en su encuadre constitucional.

85.          En ese sentido cualquier controversia vinculada con cuestiones internas de los partidos políticos se debe analizar tomando en consideración el principio de autoorganización de los partidos políticos, el cual se encuentra previsto en los artículos 41, tercer párrafo, Base I, tercer párrafo,[48] 99, fracción V, 116, fracción IV, inciso f),[49] de la Constitución federal; 2, párrafo 3, de la Ley de Medios;[50] así como 5, párrafo 2, 23, párrafo 1, inciso c)[51] y 34 de la LGPP.

86.          Dicho principio implica que, tratándose de aspectos vinculados con el ámbito interno, los órganos jurisdiccionales que conozcan de un caso en contra de actos u omisiones relacionadas con tal ámbito deben orientar su análisis a la luz del principio de menor incidencia en la autoorganización del partido, de forma tal que se permita a las y los propios militantes, dirigentes y órganos partidistas desarrollar actividades, construir consensos y definir estrategias de acuerdo a su propia ideología o política interna, siempre que ello no incida en derechos fundamentales de carácter político-electoral que requieran una protección especial; se adopten medidas injustificadas; discriminatorias o que, por cualquier razón, contravengan disposiciones legales, constitucionales o convencionales.

87.          En este sentido, se debe considerar que la vulneración a las normas estatutarias supone una violación al principio de legalidad que es revisable por este Tribunal;[52] además, existen elementos mínimos y principios elementales que los partidos deben respetar para considerarse asociaciones de tipo democráticas,[53] y exigencias que trascienden al actuar de sus dirigentes, militantes y simpatizantes, a fin de respetar las normas de orden público que rigen su actividad.[54]

88.          En los artículos 37, 38 y 39 de la LGPP se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral que se establece en favor de la ciudadanía.

89.          Para el análisis de las modificaciones a los estatutos de un partido, resulta relevante las directrices establecidas en la tesis relevante VIII/2005[55], la cual, en la parte que interesa, destaca que desde la propia Constitución federal se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios e ideas que postulan, pero que gozan de una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos, pero a su vez dicha libertad debe respetar el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes, sin establecer limitaciones excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, ni el orden público.

90.          Por lo que el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, el derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido, que ejercen individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del propio partido político, y, por otra, el de libertad de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido político.

91.          De lo anterior se colige que los partidos políticos tienen un amplio margen para regular su vida interna, entre ella la regulación en sus documentos básicos, en tanto que los integrantes del partido tienen derecho a definir el contenido de sus Estatutos, por lo que los órganos jurisdiccionales deben orientar su análisis a la luz del principio de menor incidencia en la autoorganización del partido, pero siempre y cuando se respete lo siguiente:

        Los Estatutos respeten los elementos mínimos y principios elementales para considerarse asociaciones de tipo democráticas.

        Que no contravengan disposiciones legales, constitucionales o convencionales.

        Se garantice de manera efectiva los principios democráticos de orden constitucional y convencional, entre ellos los principios constitucionales electorales.

        Se respeten los derechos fundamentales de carácter político-electoral que requieran una protección especial, entre ellos, el de asociación y afiliación política de la militancia.

        Armonicen el derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido, que ejercen individualmente las y los ciudadanos miembros o afiliados del propio partido político — ejercicio de los derechos de su militancia y garantizando el mayor grado de participación posible—, con el derecho de libertad de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido político

        Se tomen de conformidad con las directrices adoptadas en su normativa interna

b. Fijación de la materia de análisis

92.          En términos del Estatuto de Morena –vigente en el contexto de los actos tendentes a la realización del III Congreso Nacional Ordinario–, específicamente en el artículo 71, se establece que la reforma de los documentos básicos requiere la aprobación de algún Congreso Nacional ordinario o extraordinario.

93.          Asimismo, el artículo 34 del Estatuto prevé que la autoridad superior de Morena es el Congreso Nacional y es el órgano con mayor representatividad del partido en tanto que cuenta con al menos 1,500 y hasta 3,600 delegados efectivos —artículo 35—.

94.          Por su parte, las leyes electorales regulan un procedimiento para determinar la constitucionalidad y legalidad de la modificación de los documentos básicos de un partido político, en específico, el artículo 25, inciso l), de la LGPP, prevé que los institutos políticos tienen el deber de comunicar al INE o a los Organismos Públicos Locales cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político

95.          De igual forma, prevé que las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del INE declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. También prevé que la resolución se deberá dictar en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente.

96.          Por su parte, en el “Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y partidos políticos nacionales; así como respecto al registro de reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los consejos del Instituto Nacional Electoral[56]” se establece el procedimiento a seguir para la verificación de los documentos básicos y demás normativa interna de los partidos políticos[57], en concreto, los documentos que se deben presentar, los plazos para analizar la información, la prevención y las determinaciones posibles.

97.          De conformidad con dicho procedimiento, la autoridad electoral se limita a analizar la convocatoria, acta o minuta y lista de asistencia para verificar que la primera se haya aprobado por la instancia estatutaria facultada para ello, que fuese publicada, que el acto se hubiese llevado por el órgano facultado, el número de asistentes, el quórum y la votación[58].

98.          En ese orden de ideas, la revisión del Estatuto implica que las reformas sean aprobadas conforme su normativa interna, desde la convocatoria, la celebración del Congreso Nacional se realice la instalación con el quórum requerido y la votación necesaria para su aprobación; sin embargo, ello no implica que si se realiza la renovación de las y los integrantes del Congreso Nacional a través de congresos distritales se analice cada una de esas elecciones o se deba pronunciar sobre irregularidades acontecidas en las elecciones distritales, en tanto que ello escapa a la verificación de la constitucionalidad y legalidad de la modificación de los documentos básicos, de ahí que la litis se limitará al análisis que corresponde realizarse para determinar la constitucionalidad y legalidad de las reformas estatutarias.

4. Análisis de agravios

4.1. Violación a la garantía de audiencia [juicios de la ciudadanía 1475 a 1478, 1484, 1486 a 1489 y 1494 de 2022, así como 8 de 2023].

99.          En los respectivos juicios de la ciudadanía, la parte actora alega que no se le llamó al procedimiento, así como que a pesar de presentar queja ante el partido, la CNHJ fue omisa de reencauzar su queja al INE, así como el INE de consultar y solicitar las quejas interpuestas ante el partido, por lo que consideran que se debió prever mecanismos para ver si había quejas contra el procedimiento, al no realizarse de esa manera se les dejó en estado de indefensión y se transgrede el derecho a un efectivo acceso a la impartición de justicia.

100.      También aducen que se omitió verificar se hubiera lo previsto en la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, específicamente, que se pasó por alto que había procedimientos en trámite ante la CNHJ que se encontraban pendientes de resolver, de ahí que resulte incongruente que se valide un Estatuto cuyos procedimientos internos se encuentran controvertidos.

101.      Para esta Sala Superior los agravios son infundados, en atención a las razones que se exponen a continuación.

102.      La SCJN ha considerado que la garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defenderse de manera previa a un acto que incida en sus derechos, lo cual comprende —entre otros aspectos— la posibilidad de ofrecer elementos de prueba y de presentar argumentos[59].

103.      En este sentido, la garantía de audiencia forma parte de las garantías mínimas del debido proceso y debe analizarse atendiendo a la naturaleza del procedimiento en el cual se exige.

104.      Ahora bien, como lo refirió el Consejo General del INE a emitir el acto reclamado, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales expedido en el año dos mil catorce se preveía que el Estatuto de un partido político podía ser impugnado exclusivamente por sus afiliados[60], dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que hubieran sido presentados ante el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral para la declaratoria respectiva, por lo que dicho órgano al emitir la resolución respectiva, resolvía simultáneamente las impugnaciones recibidas y emitía la declaratoria que correspondía; sin embargo, en la reforma electoral de 2014, dicha atribución no se mantuvo en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[61], pero en atención a las remisiones de demandas establecida por esta Sala Superior[62] fue que determinó implementar de manera supletoria las reglas generales de la Ley de Medios para atender dichas inconformidades.

105.      En ese orden de ideas, no existe un procedimiento específico para que las y los militantes de un partido se inconformen de las modificaciones a sus documentos básicos directamente ante el INE, pero en caso de presentarse alguna inconformidad el INE ha implementado un procedimiento para atenderlas.

106.      En el caso concreto, las personas promoventes alegan que se violó su derecho de audiencia, porque sus demandas que presentaron ante la CNHJ de Morena no fueron remitidas al INE; sin embargo, no acreditan que hubieran realizado dicha solicitud o que su escrito fuese dirigido a la autoridad electoral administrativa, en cambio, en los informes circunstanciados rendidos por el órgano partidista sí se señala que no fueron remitidas en tanto que los impugnantes presentaron directamente y dirigieron su escrito inicial de queja ante esa CNHJ sin solicitar en momento alguno que fuera remitida al Consejo General del INE.

107.      De igual modo, en cuanto a la alegación de que el INE debió requerir los medios de impugnación, se considera que no les asiste la razón, ya que no existe disposición normativa que obligue a actuar en ese sentido, habida cuenta de que el procedimiento al que está constreñido el Consejo General del INE es a verificar si se cumplen los requisitos legales y estatutarios para que el Congreso Nacional modificará los documentos básicos del partido político, lo cual, como se precisó fue efectuado por la responsable en la determinación controvertida[63].

108.      Tampoco les asiste la razón en cuanto que el INE haya omitido verificar que había procedimientos en trámite ante la CNHJ que se encontraban pendientes de resolver, esto es, que se vulneró la base Octava de la convocatoria que establecía que todos los medios de impugnación debían de estar resueltos antes de la celebración del III Congreso Nacional Ordinario; lo anterior, toda vez que dicha circunstancia iba más allá de la verificación que debía realizar la autoridad responsable.

109.      Como fue precisado en el apartado de “Fijación de la materia de análisis” en el procedimiento sobre modificación a documentos básicos, la autoridad se limita a analizar la convocatoria, acta o minuta y lista de asistencia para verificar que la primera se haya aprobado por la instancia estatutaria facultada para ello, que fuese publicada, que el acto se hubiese llevado por el órgano facultado, el número de asistentes, el quórum y la votación[64].

110.      Lo anterior encuentra sentido en que la validez de las reformas a los documentos básicos no puede quedar en suspenso con motivo de la interposición de medios de impugnación, ello, es acorde a lo establecido en el artículo 41, párrafo tercero, Base VI, de la Constitución federal, en el sentido de que, en materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

4.2. Indebido desechamiento de escritos de queja [juicios de la ciudadanía 1476 a 1478, 1484 y 1487 todos de 2022].

111.      Al emitir la resolución controvertida, el Consejo General del INE determinó desechar treinta y dos escritos de queja, entre los que se encuentran los que a continuación se precisan, que corresponden a los promoventes de los juicios de la ciudadanía 1476, 1477, 1478, 1484 y 1487, todos de 2022.

112.      Para la responsable, la improcedencia derivó de que su presentación fue realizada de manera extemporánea. Al respecto, en la resolución impugnada se tuvo en consideración:

      El sistema de medios de impugnación en materia electoral cuenta con principios procesales que lo distinguen de otras materias, entre los cuales está el de oportunidad de la demanda, previsto en el artículo 8 de la Ley de Medios.

      Por regla general, los medios de impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable, en el plazo establecido por la ley o norma estatutaria, por lo que es obligación de las autoridades electorales correspondientes, determinar si la presentación de éstos se realiza de manera oportuna.

      Si bien el Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos no contempla la posibilidad expresa de atender directamente los medios de impugnación presentados por la militancia de los partidos políticos nacionales, resultan aplicables, de manera supletoria, las disposiciones establecidas en la Ley de Medios, que tiene por objeto establecer las reglas aplicables para la resolución de los medios de impugnación en materia electoral y garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten, invariablemente, a los principios de constitucionalidad y legalidad.

      Lo anterior, porque a diferencia de la legislación previa a la reforma electoral de dos mil catorce, en la LGIPE no está previsto el supuesto relativo a la atribución que tenía el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral para pronunciarse sobre las inconformidades presentadas por las y los afiliados, de manera directa ante el INE, por lo que se analizaron las impugnaciones en estricto cumplimiento a las sentencias o reencauzamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

      Así, cuando no se tengan un plazo cierto previsto por la ley para presentarlo, deberá atenderse a la regla general prevista en artículo 8 de la Ley de Medios, conforme al cual, los medios de impugnación deben promoverse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado.

      Conforme a lo expuesto, si los actos impugnados en los escritos de queja fueron aprobados y hechos del conocimiento público mediante estrados el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, el plazo de cuatro días para controvertirlos transcurrió del dieciocho al veintiuno de septiembre.

      A partir de lo anterior, se determinó que, si los escritos de queja fueron recibidos por el INE entre el treinta de septiembre y el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, es claro que se presentaron fuera del plazo de cuatro días previsto por la Ley de Medios, por lo que procedía decretar su desechamiento al no haberse promovido de manera oportuna.

      Tal decisión se sustenta en la tesis de jurisprudencia 22/2015, de rubro: PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO EL INTERESADO ES AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.

113.      Ahora bien, al promover los medios de impugnación, la parte actora aduce que es indebida la determinación del Consejo General del INE, de desechar sus escritos de queja al considerar que su presentación se hizo en forma extemporánea.

114.      Al respecto, la parte actora expone que, si bien es cierto que el escrito de queja fue presentado ante el INE en la fecha que la responsable consideró para determinar su improcedencia[65], previo a ello, similar escrito de queja fue presentado, según corresponde, los días veintiuno y veintidós de septiembre ante la CNHJ de Morena, sin que hubiera reencauzado o dado vista con esos escritos al INE.

115.      Argumentan que, si el Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos no contempla el plazo señalado para la interposición de medios de impugnación de personas afiliadas a los partidos políticos, es claro que se cumplió el requisito procesal del artículo 9 de la Ley de Medios con la presentación de las quejas ante la CNHJ de Morena.

116.      En este sentido, se aduce que, ante el silencio de la CNHJ de Morena, el INE tenía la obligación de solicitar si se encontraban medios de impugnación promovidos por militantes en contra de la reforma y adiciones al Estatuto y así proteger el derecho de sus militantes a una efectiva resolución de los medios de impugnación.

117.      Para esta Sala Superior, resultan infundados los motivos de agravio que expone la parte actora, al controvertir la determinación del Consejo General del INE de desechar los escritos de queja presentados por Fausto Miranda Canuto, José Francisco Romero Tristán, Felipe de Jesús Pérez Coronel, Luis Antonio Figueroa Retamoza, Alfonso Aguilar Schellin y Manuel Isaac Castelo Rábago[66], quienes impugnaban diversos actos relacionados a las modificaciones al Estatuto de Morena, aprobadas en su III Congreso Nacional Ordinario.

118.      A fin de resolver los motivos de agravio planteados en este aspecto ante este órgano jurisdiccional, resulta relevante tener en consideración que la parte actora no controvierte:

1) La aplicación supletoria de la Ley de Medios para emitir la determinación de improcedencia de los escritos de queja.

2) La consideración de la fecha que tuvo en cuenta la responsable respecto de la presentación de sus escritos de queja, esto es: el treinta de septiembre por Fausto Miranda Canuto; el once de octubre por José Francisco Romero Tristán, así como el diecinueve de octubre por Felipe de Jesús Pérez Coronel, Luis Antonio Figueroa Retamoza, Alfonso Aguilar Schellin y Manuel Isaac Castelo Rábago.

3) La consideración relativa a que, los actos impugnados mediante los escritos de queja fueron aprobados y hechos del conocimiento público mediante estrados partidistas el diecisiete de septiembre.

4) Tampoco, el cómputo del plazo de cuatro días que consideró para que se tuviera como oportuna la presentación de los escritos de queja.

119.      En este orden de ideas, la parte actora dirige su impugnación esencialmente a aducir que, de manera previa a esa interposición ante el INE, presentaron similar escrito de queja, según corresponde, los días veintiuno y veintidós de septiembre ante la CNHJ de Morena, sin que hubiera reencauzado o dado vista con esos escritos al INE.

120.      Asimismo, argumentan que, ante el silencio de la CNHJ de Morena, el INE tenía la obligación de solicitar, si se encontraban medios de impugnación promovidos por militantes en contra de la reforma y adiciones al Estatuto, para proteger el derecho de las y los militantes a una efectiva resolución de los medios de impugnación.

121.      A partir de los elementos expuestos, lo infundado de los motivos de agravio que hace valer la parte actora deriva de que, como lo consideró la autoridad responsable, la improcedencia determinada derivó de que los escritos de queja fueron presentados de manera extemporánea, considerando que los actos controvertidos fueron hechos del conocimiento público el día diecisiete de septiembre y los escritos de queja fueron presentados ante el INE, los días treinta de septiembre, así como once y diecinueve de octubre.

122.      Lo anterior hace evidente que la presentación de los escritos de queja se hizo cuando había transcurrido en exceso el plazo de cuatro días considerado para su promoción oportuna.

123.      No es obstáculo a la consideración precedente de este órgano jurisdiccional, que la parte actora argumente que presentaron similar escrito de queja, los días veintiuno y veintidós de septiembre ante la CNHJ de Morena, sin que hubiera reencauzado o dado vista con esos escritos al INE y que, ante el silencio de la citada Comisión, el INE tenía la obligación de solicitar si se encontraban medios de impugnación promovidos por militantes en contra de la reforma y adiciones al Estatuto.

124.      Al respecto, se debe tener en consideración –como se ha mencionado– que no se establece en la LGPP, ni en el Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, procedimiento o previsión alguna similar a la que se establecía en el artículo 47, párrafo 2 del abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[67] expedido en el año dos mil catorce.

125.      En ese ordenamiento estaba prevista la posibilidad de la impugnación del Estatuto de un partido político, lo que podía ser hecho exclusivamente por las personas afiliadas al mismo, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que fueran presentadas ante el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral para la declaratoria respectiva.

126.      Ahora bien, ante la presentación de medios de impugnación por personas que se ostentan como militantes de los partidos políticos, encaminados a controvertir las modificaciones a los documentos básicos, este órgano jurisdiccional, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, que tutela el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución federal, ha determinado que lo procedente sea reencauzar tales medios de impugnación al INE, para que sean conocidos y resueltos en el contexto del procedimiento establecido en el Reglamento sobre modificaciones a los documentos básicos.

127.      En este orden de ideas, al no estar expresamente establecido un procedimiento para que las y los militantes estén en aptitud de controvertir las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos, tampoco está previsto en la normativa aplicable el deber del INE de requerir al órgano de justicia partidista –en el caso a la CNHJ de Morena–, que le fueran remitidos los escritos de queja que hubieran sido presentados por su militancia para controvertir las modificaciones estatutarias, de ahí que no asista la razón a la parte actora.

128.      Tampoco se argumenta por la parte actora, ni esta Sala Superior lo advierte de las constancias del expediente, que al presentar los escritos de queja de treinta de septiembre, así como once y diecinueve de octubre, respectivamente, Fausto Miranda Canuto, José Francisco Romero Tristán, Felipe de Jesús Pérez Coronel, Luis Antonio Figueroa Retamoza, Alfonso Aguilar Schellin y Manuel Isaac Castelo Rábago hubieran señalado, según corresponde, que los días veintiuno y veintidós de septiembre habían presentado similar escrito ante la CNHJ de Morena, lo que habría permitido al INE tomar la determinación que conforme a Derecho fuera procedente, en el pleno ejercicio de sus atribuciones. De ahí lo infundado del motivo de disenso.

129.      Ahora bien, no obstante lo infundado de los motivos de agravio de éste y el anterior agravio, ante la falta de previsión formal de un medio de impugnación por el cual la militancia pueda controvertir las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos y, a fin de no dejar en estado de indefensión a las personas promoventes, se procederá al análisis de los demás agravios que hacen valer ante esta instancia.

4.3. Falta de exhaustividad y congruencia [juicios 1471, 1475 a 1478, 1484, 1486 a 1489 y 1494 de 2022, así como 8, 10 y 11 de 2023]

130.      La parte actora señala, de manera sucinta, que la responsable: a) Omitió verificar que el partido se avocará al procedimiento de la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena; b) No se hizo un estudio minucioso sobre las modificaciones que fueron aprobadas, ni del procedimiento establecido en el Reglamento; c) Debía determinar la armonía que existía entre la Reforma Estatutaria y las facultades del partido para modificar su norma, pero sólo describió los cambios sin realizar un análisis de fondo; y d) Se limitó a analizar los agravios sin realizar un análisis exhaustivo sobre el resto de las disposiciones, o bien realizar un análisis independiente de las disposiciones.

131.      En concepto de este órgano jurisdiccional los motivos de agravio hechos valer por son en parte infundados e inoperantes, debido a que el Consejo General del INE fue exhaustivo y congruente al emitir la resolución controvertida.

132.      Ello porque conforme al artículo 7 del Reglamento de modificaciones de documentos básicos, en los casos en que las normas estatutarias exijan la celebración de sesión de algún órgano para la aprobación del acto que deben comunicar los partidos políticos al INE, el escrito que presenten en términos de lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento, debe acompañarse por la convocatoria, acta o minuta y lista de asistencia correspondiente al evento respectivo.

133.      Por su parte el artículo 8 del referido Reglamento señala que la comunicación deberá presentarse con todos sus anexos al Consejo General del INE, a través del Secretario Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político; y a su vez la Secretaría Ejecutiva remitirá a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos[68] el escrito y sus anexos, para que verifique el cumplimiento del procedimiento estatutario, y analice la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas.

134.      Adicionalmente, se prevé que los documentos que se deben presentar conforme al citado artículo 7, se deberá anexar un ejemplar de los documentos básicos modificados, con el texto completo, en formatos impreso y electrónico, y el Cuadro comparativo impreso y en formato electrónico de las modificaciones efectuadas con respecto al documento vigente.

135.      En ese sentido, lo infundado radica en que contrario a lo afirmado por la parte actora, obra en autos, el oficio[69] signado por el representante propietario de Morena ante el Consejo General, mediante el que comunicó la celebración del III Congreso Nacional Ordinario, durante el cual fue aprobada la modificación a los Documentos Básicos de ese partido político, al tiempo que remitió la documentación soporte de su realización y solicitó la declaración de procedencia constitucional y legal de dichas modificaciones.

136.      Así, conforme al Reglamento de modificaciones de documentos básicos, Morena presentó copia certificada de la Convocatoria y la Adenda a la XXXII Sesión Urgente del CEN[70], así como de sus respectivas cédulas de notificación por correo electrónico; de la Lista de Asistencia, del Acta a la XXXII Sesión Urgente del CEN y de la Fe de hechos de la publicación de la Convocatoria en la página de internet[71]; de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena[72]; de la Convocatoria a la XXXV Sesión Urgente del CEN y la Cédula de notificación por correo electrónico[73]; de la Lista de Asistencia a la XXXII Sesión Urgente del CEN[74].

137.      Asimismo, del Acta de la XXXV Sesión Urgente del CEN[75]; de la Fe de hechos de la publicación y copia certificada de la Adenda de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena[76]; la Fe de hechos de la publicación de la propuesta de documentos base[77] para la discusión de la reforma a los Documentos Básicos durante el III Congreso Nacional Ordinario de Morena[78].

138.      Adjuntó también, la Fe de hechos[79] de la publicación del aviso de la Comisión Nacional de Elecciones en relación con la celebración del III Congreso Nacional Ordinario de Morena (sede y horario para su realización); la Fe de hechos de la publicación de la propuesta final de los Documentos Básicos que serían sometidos a discusión y, en su caso, aprobación por parte del III Congreso Nacional Ordinario[80]; la Fe de hechos de la publicación de las adiciones, derogaciones y reformas al Estatuto de Morena de conformidad con lo establecido en su artículo Transitorio Primero[81]; y la Fe de hechos de la publicación[82] de la Declaración de Principios y Programa de Morena (aprobados); de la Minuta (acta pormenorizada) del III Congreso Nacional Ordinario de Morena[83]

139.      Por otra parte, la documentación original de Acreditaciones de registro y asistencia al III Congreso Nacional Ordinario de Morena (con firma autógrafa de cada persona Congresista); la Guía para Congresistas Nacionales y Reglamento del III Congreso Nacional Ordinario de Morena; el Listado de Congresistas Nacionales Elegibles al Consejo Nacional; y las propuestas de modificación a los Documentos Básicos.

140.      Y finalmente, copia simple de la Lista de Congresistas asistentes al III Congreso Nacional Ordinario de Morena; copia simple de las identificaciones de las personas Congresistas Nacionales e integrantes del CEN; impresión del cuadro comparativo de las modificaciones a los Documentos Básicos de Morena, así como el texto aprobado en el III Congreso Nacional Ordinario.

141.      En ese orden de ideas, no es un hecho controvertido que la celebración del III Congreso Nacional Ordinario de Morena se realizó el diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, por lo que contaba con diez días hábiles para presentar al Consejo General del INE la convocatoria, acta o minuta y lista de asistencia correspondiente a fin de que éste verificara el cumplimiento del procedimiento estatutario, y analizara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas, lo cual se llevó a cabo.

142.      Así una vez recibida la documentación descrita previamente la Encargada del Despacho de la DEPPP realizó el trabajo y análisis correspondiente respecto a las modificaciones respectivas, coordinándose con otras áreas del Instituto, previniendo a Morena, quien en su momento desahogó el requerimiento formulado y, finalmente, aprobó el Consejo General del INE el acuerdo por el que determina la constitucionalidad y legalidad de las reformas.

143.      En ese sentido, no asiste razón a la parte actora en relación con la supuesta falta de exhaustividad por parte del órgano responsable, derivado de una supuesta falta de análisis de sus planteamientos de manera congruente, porque como se ha evidenciado el Consejo General del INE observó en todo momento el procedimiento previsto en el Reglamento para la modificación de documentos básicos.

144.      Ahora bien, de la resolución reclamada es posible advertir que el INE sí verificó en un primer apartado que el partido se avocará al procedimiento estatutario y verificó el cumplimiento a dicho procedimiento y si bien la parte actora alega que se debió verificar el cumplimiento a la Convocatoria, lo cierto es que como ya se ha referido el INE únicamente debía limitarse a la existencia de ésta y a su debida difusión.

145.      De igual modo, en dicho apartado el INE verificó que se cumpliera con el trámite previsto en el Reglamento para la modificación de documentos básicos, en especial el plazo de 10 días para informar el cambio de su estatuto.

146.      Asimismo, conforme a lo ya relatado, la DEPPP sí realizó un estudio exhaustivo de las modificaciones realizadas al Estatuto, estableciendo el fundamento legal y las razones de por qué se entendían dentro de la auto organización o los lineamientos de VPG, cuadro comparativo o dictamen que constituye el anexo seis del acuerdo reclamado y que por lo mismo forma parte de éste, aunado a ello en la misma resolución la autoridad responsable realizó alegaciones respecto a la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones.

147.      Efectivamente, como fue precisado al resumir el acto reclamado, en un tercer apartado analizó el contenido de las modificaciones en 4 temáticas: 1) cambio de redacción, 2) aquellas que se realizan para cumplir con los lineamientos de violencia política en razón de género[84], 3) lenguaje incluyente y 4) aquellas que se refieren a su libertad de auto organización; determinando la procedencia constitucional y legal de los documentos básicos.

148.      Por último, en relación con los agravios de las quejas presentadas, se advierte que la autoridad las analizó en el segundo apartado del acuerdo reclamado y si bien desechó la mayoría por extemporáneas, respecto de las tres que cumplieron con el requisito de oportunidad analizó sus agravios y los desestimó, habida cuenta de que su alegación resulta ineficaz ya que como fue precisado en el apartado anterior, esta Sala Superior bajo la tutela de un adecuado acceso a la justicia analizará todas las temáticas planteadas en la totalidad de demandas.

149.      Finalmente, la inoperancia del agravio radica en que resulta insuficiente que la parte actora señale con afirmaciones vagas, subjetivas e imprecisas que la autoridad administrativa haya sido incongruente al determinar la armonía que existía entre la reforma estatutaria y las facultades del partido político para modificar su normativa, sin precisar de manera clara a qué obedece tal incongruencia, a efecto de comprobar que, de haberse llevado a cabo su análisis de forma diferente, se hubiera podido obtener una conclusión diversa en relación con las modificaciones materia de análisis.

4.4. Indebida fundamentación y motivación [juicio de la ciudadanía 1471 de 2022]

150.      La parte actora señala que la responsable indebidamente justifica su determinación sobre preceptos y criterios que no resultaban aplicables al caso concreto.

151.      Esta Sala Superior estima que los motivos de agravio aducidos por el promovente son inoperantes porque no controvierte de manera frontal y eficaz las consideraciones del Consejo General del INE. Esto es, no precisa en qué consiste la supuesta indebida fundamentación y motivación en la resolución controvertida, ni específica qué artículos se dejaron de observar, limitándose a reproducir de nueva cuenta las alegaciones que realizó en su escrito de queja primigenia.

152.      De igual manera, debe tenerse en cuenta que, si bien para el estudio de los agravios es suficiente con que se exprese claramente la causa de pedir, ello no implica que los inconformes deban limitarse a realizar afirmaciones sin sustento alguno[85].

153.      El artículo 16 de la Constitución federal obliga a las autoridades a fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar las normas que sustentan su actuación, además de exponer con claridad y precisión las consideraciones que le permiten tomar las medidas que se buscan adoptar, estableciendo su vinculación y adecuación con los preceptos legales aplicables al caso concreto.

154.      Sin embargo, el deber de motivación debe cumplirse atendiendo a la naturaleza y al objeto del acto que se busca soportar, por lo que no es exigible el mismo grado de justificación respecto de actuaciones sustancialmente diferentes.

155.      En ese sentido, esta Sala Superior considera que la motivación exigible al INE respecto de un acto de molestia es sustancialmente distinta a la que debe desarrollar cuando valida las modificaciones a los estatutos de un partido político, pues la elaboración y reforma de los documentos básicos de los institutos políticos es uno de los temas que legalmente se definen como asuntos internos de dichas entidades[86], respecto de los cuales las autoridades electorales deben tener un grado de intervención bajo o mínimo[87].

156.      Derivado de ese deber de mínima intervención respecto de los asuntos intrapartidistas, el grado de motivación exigible para validar modificaciones estatutarias es menor al exigido respecto de un acto de molestia. Esto es, si la autoridad no detecta que las modificaciones propuestas trasgreden derechos políticos o de la militancia, o trastocan algún principio constitucional, no tiene la exigencia de justificar de forma intensa las razones por las cuales considera que las reformas son constitucionales o legales[88].

157.      En cambio, la intensidad en la motivación aumenta en la medida que la autoridad deba justificar la negativa a aprobar las reformas correspondientes.

158.      Derivado de que en el apartado de consideraciones, el Consejo General del INE desarrolló el marco convencional, constitucional, legal y normativo interno aplicable.

159.      Dentro de los instrumentos internacionales cita la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará).

160.      Adicionalmente, cita como marco constitucional los artículos 1°, 4° primer párrafo, 41, párrafo tercero, Base I, penúltimo párrafo y Base V, Apartado A de la Constitución federal; 29, numeral 1, 30, numeral 2, y 31, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3. Numeral 4, 23, numeral 1, incisos c) y e), 25 numeral 1, incisos s) a x), 34, numeral 1, 37, numeral 1 incisos e) a g), 39, numeral 1, incisos f) y g); y 73, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 20 Bis y 48 Bis, de la  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 5 a 18 del Reglamento de Registro; así como los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Cuarto, de los Lineamientos.

En el caso concreto y como ya fue precisado, la autoridad sí estableció los fundamentos y razones de por qué validaba las modificaciones estatutarias tanto en el anexo seis como en el acuerdo controvertido, en el entendido de que las razones establecidas, aunque breves, eran suficientes para tener por debidamente motivada la determinación controvertida, sin que resulte exigible mayor argumentación.

161.      Considerando que el estándar de motivación exigible al INE en el caso concreto era de un nivel bajo ya que confirmó las modificaciones, la intensidad de la motivación también podría ser del mismo grado.

162.      En este orden de ideas, la indebida fundamentación de un acto o resolución existe cuando la autoridad responsable invoca algún precepto legal; sin embargo, no es aplicable al caso concreto porque sus características particulares no actualizan su adecuación a la prescripción normativa y, hay indebida motivación cuando sí expresa las razones que tuvo en consideración para tomar determinada decisión, pero son discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable al caso.

163.      Conforme a lo expuesto, la inoperancia deriva de que la parte actora no expone las razones por las cuales arriba a la conclusión de que no fueron correctos los preceptos jurídicos ni las razones en las que la responsable sustentó su determinación.

4.5. Se permitió la participación de personas fuera del procedimiento estatutario [juicio de la ciudadanía 8 de 2023].

164.      La parte actora alega que en los centros de votación en los que se eligieron a los Consejeros que estuvieron presentes en el III Congreso Nacional, se violó flagrantemente el inciso q), del artículo 25, de la LGPP, ya que hubo afiliaciones colectivas y masivas de ciudadanía, es decir, personas se afiliaron y votaron en la elección interna, sin pasar por el procedimiento estatutario y el filtro de la Secretaría de Organización del partido, lo que restó certeza y legalidad a las elecciones internas.

165.      Para esta Sala Superior el motivo de agravio es ineficaz, en tanto que como ya fue precisado, la afiliación a la que se hace referencia es la realizada en los congresos distritales; sin embargo, dicha circunstancia va más allá de la verificación que  debe realizar la autoridad responsable para determinar la validez constitucional y legal de la reforma al Estatuto.

166.      Aunado a lo anterior, el tema de las personas que podían votar en dichos Congresos distritales y la afiliación en la fecha de dichas asambleas ya fue materia de pronunciamiento por parte de esta Sala Superior al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-601/2022, en el cual se estableció que de acuerdo con los principios de autoorganización y autodeterminación no se advierte que Morena tuviese impedimento alguno para realizar afiliaciones en los centros de votación, pero se debía revisar que las y los ciudadanos que acudieran a votar presentaran los documentos exigidos en la convocatoria —de lo cual se podría observar que cumplen con algunas de las exigencias y requisitos para ser militante y se entregara una constancia que así lo demuestre—, lo cual tenía como objetivo que se garantizara la legitimidad del proceso y solamente los afiliados o militantes tengan el derecho a participar en la elección interna, y se evite la vulneración al principio de certeza que debe prevalecer en todo proceso democrático.

167.      Bajo esa perspectiva, en la especie opera la eficacia refleja de la cosa juzgada, derivada del pronunciamiento que realizó esta Sala Superior, al resolver el diverso juicio identificado con la clave SUP-JDC-601/2022[89].

4.6. Indebida integración del Congreso [juicios de la ciudadanía 7 y 8 de 2023]

168.      La parte actora alega que el 70% de las y los congresistas nacionales que fueron electos debieron presentar su renuncia como funcionarios públicos o representantes populares, en términos de los artículos 8, 14 bis y 26 del Estatuto de Morena, ya que a su consideración no podían tomar protesta sin antes separarse de sus cargos.

169.      Se duele que el INE no lleve actualizado el libro de registro de integrantes de los órganos directivos de los partidos tal como se establece en el artículo 55, párrafo 1, inciso i), de la LGIPE, además que alega que las y los congresistas registrados ante la DEPPP del INE son las personas acreditadas y facultadas para realizar modificaciones al Estatuto del partido y no los electos; señala que los congresos facultados hubieran rechazado dicho anteproyecto, aunado a que señalan que los consejeros que participaron no fueron electos en centros de votación, carecen de validez y no cuentan con reconocimiento oficial del INE —artículos 5, 7 y 14 del Reglamento sobre las modificaciones de documentos básicos del INE—.

170.      El agravio es ineficaz, porque si bien en el juicio de la ciudadanía 8 de 2023 se señala que el 70% de quienes integran el Congreso se encuentran en dicha situación, no se individualiza de quienes se trata; mientras que en el juicio 7 de 2023, sólo se relaciona a 38 personas de quienes aduce integraron indebidamente el Congreso; sin embargo, de lo considerado por la autoridad responsable, a partir de la revisión de constancias, el Congreso Nacional se integra por 3,165 personas, de las cuales asistieron 2,875, lo que equivale al 90.84%, cuando en términos del artículo 34, último párrafo, del Estatuto de Morena existe quórum para la instalación del Congreso con la mitad más uno de las y los delegados.

171.      Asimismo, en cuanto a la votación para la aprobación de modificaciones a los documentos básicos, se consideró que se emitieron 1,807 votos a favor, 520 en contra y 38 abstenciones y, en términos del artículo 41 bis, inciso f), numeral 3 del Estatuto, una vez instalada la sesión los acuerdos sería válido con el voto de la mitad más una de las y los presentes.

172.      Por tanto, en la mejor situación para la pretensión de la parte actora, aún si se descontarán los votos de las 38 personas a las que se hace referencia,[90] aun así existiría el quórum para la instalación de la sesión y se mantendría la votación para la aprobación de la modificación de los documentos.

4.7. Artículo primero transitorio y aplicación inmediata de las modificaciones al Estatuto [juicios de la ciudadanía 1475 a 1478, 1484, 1486 a 1489 y 1494 de 2022; así como 7, 8 y 11 de 2023]

A. Artículo primero transitorio

Norma reclamada:

PRIMERO. Las adiciones, derogaciones y reformas al presente Estatuto, entrarán en vigor al momento de su aprobación por el III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización.

173.      Al emitir la resolución controvertida, el Consejo General del INE analizó el planteamiento sobre la aplicación inmediata del Estatuto reformado que, para las y los promoventes, no era legalmente vigente al momento de la celebración del III Congreso Nacional de Morena.

174.      En ese sentido, por una parte, ante la responsable se controvirtió que en el artículo primero transitorio del texto reformado del Estatuto se establece que las adiciones, derogaciones y reformas al Estatuto entrarán en vigor al momento de su aprobación por el III Congreso Nacional Ordinario, lo que para las y los promoventes de los escritos de queja era contrario a lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP.

175.      En la resolución controvertida, el Consejo General del INE determinó que no asistía la razón a las personas impugnantes. Al respecto, consideró:

           En el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP se prevé que las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos “no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas” y, en la tesis de jurisprudencia 6/2010[91], se establece que, para la obligatoriedad y vigencia de la reforma al Estatuto de un partido político, es necesaria la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de la resolución del Consejo General que declare su procedencia constitucional y legal, en consecuencia, la aludida vigencia, por regla general, inicia a partir del día siguiente de su publicación.

           Para entender los alcances de ese criterio jurisprudencial es importante precisar lo considerado al resolver los juicios SUP-JDC-4938/2011 y SUP-JDC-4964/2011 acumulados, en el sentido de que las modificaciones estatutarias deben ser observadas y rigen la vida interna de los partidos políticos al momento de su aprobación por el órgano partidista competente, y sólo dejan de surtir efectos cuando alguna autoridad competente declare su inconstitucionalidad o ilegalidad.[92]

           Así, el procedimiento administrativo que realiza el INE, sobre modificaciones a los documentos básicos tiene como finalidad y contenido la calificación jurídica de una determinada situación en relación con normas vigentes, es decir, la resolución que emita hará constar la existencia de hechos o situaciones jurídicas preexistentes, por lo que su función es realizar una calificación declarativa, mas no constitutiva.[93]

           En esa sentencia se definió que bajo el principio de autoorganización se incluye la posibilidad de abrogar y emitir nuevos documentos básicos y, se señaló que los documentos básicos al ser normas abstractas deben ser adaptadas a las situaciones imperantes y tienen la posibilidad de modificar e incluso cambiar en su totalidad los documentos que regulan su vida interna y les proporcionan identidad.

           Asimismo, en las sentencias emitidas en los recursos SUP-REC-35/2012 y acumulados, SUP-REC-12/2013, SUP-REC-13/2013, la Sala Superior consideró que los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos implican el derecho de autogobierno interno, de acuerdo con su ideología e intereses y también contemplan la facultad de establecer su propio régimen regulador de organización interior de su estructura.

           Así, el derecho de autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, implica la facultad auto normativa de establecer su propio régimen regulador de organización al interior de su estructura, con el fin de darle identidad partidaria, y con un propósito de hacer posible la participación política para la consecución de los fines constitucionalmente encomendados.

176.      En este sentido, en la resolución controvertida, el Consejo General del INE consideró que, acorde al principio de autoorganización, el Congreso Nacional de Morena cuenta con las facultades necesarias incluso para abrogar la norma estatutaria y emitir una nueva, así como tomar las determinaciones necesarias para transformar incluso la integración de sus órganos estatutarios, atendiendo a la necesidad imperante ya sea jurídica, política, social o económica –y, al momento de aprobar su norma estatutaria, elegir a su dirigencia bajo los nuevos parámetros, pues se trata de un mandato de su órgano supremo–.

177.      Conforme a lo expuesto, para el Consejo General del INE, las modificaciones a los documentos básicos surgen a la vida jurídica en el momento en que son aprobadas por el órgano partidista competente por lo que comienzan a ser observados y a regir todos sus actos.

178.      De esta forma, se consideró que los órganos estatutarios del partido político pueden actuar conforme a sus atribuciones, en tanto se determine o no la procedencia constitucional o legal de la norma estatutaria de la cual emanan y mientras sus actos no sean controvertidos ante autoridad competente, surtirán efectos legales considerando, asimismo, que la interposición de medios de impugnación en materia electoral no suspende los efectos de la resolución o el acto cuestionado.

179.      También se consideró en la resolución controvertida que era evidente que la SCJN y el TEPJF se han pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido que, para la operatividad del ejercicio de un derecho, es necesario instrumentar requisitos o medidas orientadas a darle viabilidad, sin más limitaciones que las establecidas en la propia legislación para asegurar el desarrollo en su mayor dimensión, por lo que una medida resultará ajustada a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad siempre que algún derecho fundamental se vea garantizado e inclusive se amplifique su contenido inicial.

180.      En este orden de ideas, se consideró que, bajo tales parámetros, la circunstancia que expusieron las personas impugnantes no generaba la invalidez de la norma, porque como se expuso, la reforma al Estatuto rige la vida interna del partido político desde su aprobación por los órganos partidistas correspondientes.

181.      Ahora bien, al promover los medios de impugnación para controvertir la resolución del Consejo General del INE, la parte actora hace valer como motivos de agravio que:

           Ante el INE se controvirtió el contenido del artículo primero transitorio de las reformas al Estatuto de Morena, relativo a la entrada en vigor inmediata del Estatuto reformado, sin cumplir el procedimiento previsto en la LGPP, situación que afecta los principios de seguridad y certeza, porque se aplicaron reformas sin que fueran revisadas por la autoridad y sin contar con la certeza de que fueran apegadas a la Constitución y las leyes.

           Es claramente ilegal el reconocimiento del Consejo General del INE de la entrada en vigor y aplicación de las diversas reformas al Estatuto sin contar con el dictamen de constitucionalidad y legalidad, derivado de que aún no surten efectos jurídicos.

           Ello, porque conforme a lo dispuesto en los artículos 25 de la LGPP y 18 del Reglamento sobre modificaciones a los documentos básicos, no surtirán efectos hasta que el Consejo General del INE declare la procedencia constitucional y legal de las mismas y, por lo que hace el Estatuto, se precisa en el Reglamento que las modificaciones aprobadas por el Consejo General surtirán efectos al día siguiente de su publicación en el DOF.

           Al no cumplirse el procedimiento señalado en la normativa y pretender aplicar el “nuevo” Estatuto de facto, no de iure, se viola el principio de legalidad.

           Es incorrecto el razonamiento de la responsable respecto de la dispensa de la revisión de constitucionalidad y legalidad de las reformas al Estatuto de Morena, para su entrada en vigor, pues ello es un requisito legal sine qua non para tal efecto, que no puede ser superado con el principio de auto organización de los partidos políticos.

           Si bien los partidos políticos gozan de “autodeterminación interna”, son entidades de interés público que deben cumplir, a cabalidad, los principios del Estado democrático y, por tanto, lo previsto en los artículos 25, párrafo 1, inciso l) y 36, párrafos 1 y 2 de la LGPP, en especial que las modificaciones a sus documentos básicos no surten efecto hasta que el Consejo General del INE declare su procedencia constitucional y legal.

           Constitucionalmente existe un límite al principio de autodeterminación de los partidos políticos y es el que la propia Constitución federal y las leyes así dispongan. De esta forma, la auto organización a que alude la responsable no es plena, sino que tiene límites fijados por el legislador.

           La auto organización del partido para realizar reformas a su Estatuto es un derecho pleno, por ser un asunto interno; sin embargo, su aplicación no lo es, pues antes se debe cumplir un procedimiento legal a cago del INE; lo que es acorde a la limitante establecida en el artículo 41 constitucional.

           Uno de los aspectos en donde la autoridad electoral está obligada por ley a intervenir en los asuntos de un partido político es en el tema relativo a la revisión de sus reformas a su Estatuto, para efecto de determinar si son acordes o no a la Constitución, acción que el legislador estableció como condicionante para que estas reformas puedan surtir sus efectos.

           Es claro que en el artículo 25, párrafo 1, inciso l) de la LGPP se establece en qué momento entrarán en vigor las reformas que realice el partido político a su Estatuto, esto es, una vez que se haya emitido la declaratoria de procedencia correspondiente por el Consejo General del INE.

           Así, la consideración de la responsable sobre la aplicación inmediata de las reformas al Estatuto es contraria a Derecho, porque se aplican normas que legalmente no están en vigor y ni siquiera han sido revisadas para dotar de certeza y seguridad jurídica; por lo que la consideración de la responsable en el sentido de que la declaratoria que se omitió es simple y no tiene efectos constitutivos, no tiene justificación legal.

           Asimismo, de la tesis de jurisprudencia 6/2010, de rubro REFORMA AL ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIGENCIA INICIA DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, se advierte que, para que sea obligatoria una reforma al Estatuto se debe publicar, en el DOF, la resolución del Consejo General del INE que declare su procedencia constitucional y legal.

           Si bien, la responsable también cita como precedente la sentencia del juicio SUP-JDC-4938/2011 y su acumulado, en la que se concluyó que un partido político sí puede llevar a cabo la elección de dirigentes conforme a la nueva normativa estatutaria, excepto en aquellos casos en lo que, por disposición de la ley se requiera el reconocimiento legal del Instituto, para la parte actora ello se actualiza con el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP.

           El Consejo General del INE desconoció de plano el criterio adoptado por la Sala Superior al dictar sentencia en el juicio SUP-JDC-1302/2022, relativo a que los efectos de las reformas a los documentos básicos de los partidos políticos “surten efecto, de ser el caso, hasta que se emite tal resolución”.

           En el mismo sentido, al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1219/2022, la Sala Superior determinó que “la circunstancia relativa a que en el III Congreso Nacional Ordinario… se hubieran aprobado las reformas materia de impugnación, no implica que entren en vigor de manera automática, ya que, como se precisó, resulta necesaria la declaratoria formal por parte de la autoridad administrativa electoral…”.

           La tesis IX/2012, de rubro: DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES RIGEN SU VIDA INTERNA DESDE SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO PARTIDISTA CORRESPONDIENTE, en la que se sustenta la responsable, no constituye jurisprudencia y su contenido se contrapone con la tesis de jurisprudencia 6/2010, así como con los precedentes SUP-JDC-4938/2011 y SUP-JDC-4964/2011.

           En suma, la autodeterminación de los partidos políticos no es ilimitada (incluso cuando se trata de la reforma a su capacidad organizativa) y está sujeta a control constitucional y legal de parte de la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional).

182.      En conclusión, para la parte actora es indebida la determinación del Consejo General del INE, porque el artículo primero transitorio de las reformas al Estatuto de Morena es contrario al artículo 25, párrafo1, inciso l), de la LGPP, al establecer la entrada en vigor inmediata de las reformas.

183.      Para esta Sala Superior son infundados los motivos de agravio que expone la parte actora, como se expone enseguida.

184.      Al respecto es de considerar que en términos de lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP, es deber de los partidos políticos comunicar al INE –tratándose de los institutos políticos nacionales–, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el instituto político.

185.      Asimismo, se precisa que las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del INE declare la procedencia constitucional y legal de las mismas, precisándose que esa resolución debe ser dictarse en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente.

186.      En particular, la materia de la decisión en este apartado está vinculada, con la porción normativa relativa a que las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos no surtirán efectos hasta que el Consejo General del INE declare la procedencia constitucional y legal de las mismas.

187.      Es pertinente señalar que este órgano jurisdiccional ha emitido diversas determinaciones en relación con esa o similar porción normativa, respecto de las modificaciones estatutarias.

                    SUP-JDC-550/2007 Y SUP-JDC-624/2007

188.      Al dictar sentencia en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-550/2007, se determinó la improcedencia del juicio, entre otros aspectos, porque se controvertía la modificación estatutaria aprobada por un partido político, en tanto que tal determinación partidista no era definitiva ni firme.

189.      En esa sentencia se hizo pronunciamiento respecto del contenido del artículo 38, párrafo 1, inciso l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[94], expedido en 1990[95], vigente en ese momento –con similar disposición normativa de la contenida en el artículo 25, párrafo 1) inciso l) de la LGPP–, para efecto de la procedencia o improcedencia del medio de impugnación. Se consideró:

o          Es improcedente el juicio por lo que respecta a la impugnación de los acuerdos tomados en la Primera Asamblea Federada Extraordinaria de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en cuanto se modificó su Estatuto.

o          En el artículo 38, párrafo 1, inciso l) del CFIPE se establece como obligación de los partidos políticos nacionales, comunicar al IFE cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción o estatutos, las que no surtirán efectos antes de que el Consejo General declare la procedencia constitucional y legal de las mismas.

o          Las modificaciones de los documentos básicos de los partidos políticos requieren de un proceso que se realiza en dos momentos. En el primero, el partido político decide modificar sus documentos básicos, de conformidad con las disposiciones intrapartidarias aplicables; en el segundo, las modificaciones son comunicadas al IFE para que, a través de su Consejo General declare, en su caso, su procedencia constitucional y legal.

o          Así, las modificaciones cobran vigencia y empiezan a surtir sus efectos legales correspondientes, pudiéndose, en consecuencia, acudir a esta instancia si se considera que las modificaciones presentadas por el partido político y validadas por el Consejo General del IFE, vulneran alguno de los derechos político-electorales.

o          Sobre esta base, el acto impugnado no satisface el requisito de definitividad, en tanto que, al momento de presentar la demanda, las reformas estatutarias se encontraban sujetas al análisis del Consejo General.

o          La determinación susceptible de ser impugnada, de no favorecer a los intereses de los actores, es la que emita el órgano superior de dirección del IFE.

o          En consecuencia, al no cumplirse el requisito de que el acto impugnado sea definitivo y firme, procede el desechamiento de plano.

190.      Similares consideraciones —respecto del artículo 38, párrafo 1, inciso l), del CFIPE— fueron emitidas al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-624/2022 y sus acumulados, promovidos para controvertir las reformas a diversos artículos de los Estatutos del Partido Acción Nacional, aprobadas por su XV Asamblea Nacional Extraordinaria.

191.      Con motivo de la resolución de esos juicios fue integrada la tesis relevante XXVIII, de rubro: DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES SÓLO ADQUIEREN DEFINITIVIDAD CUANDO SE DECLARA SU PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL[96], actualmente no vigente, en términos del Acuerdo General 4/2010.

                    SUP-CDC-2/2010

192.      El tres de marzo de dos mi diez se resolvió la contradicción de criterios SUP-CDC-2/2010, integrada a partir de lo determinado por la Sala Regional Monterrey en el juicio de la ciudadanía SM-JDC-1/2008, frente a lo resuelto por la Sala Superior en el diverso juicio SUP-JDC-1143/2008 y sus acumulados.

193.      Las posiciones de los criterios contendientes estaban vinculadas a la interpretación de lo previsto en el artículo 38, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[97] expedido en 2008, entonces vigente, con similar disposición normativa de la contenida en el artículo 25, párrafo 1), inciso l), de la LGPP.

194.      Al resolver la contradicción de criterios se consideró que, para la Sala Monterrey, “la fuerza vinculante de las modificaciones al estatuto de los partidos políticos no depende de la formalidad consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, sino de la sola declaración de procedencia constitucional y legal emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral”.

195.      Asimismo, se consideró que en la resolución del juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1143/2008 y sus acumulados, el criterio era en el sentido de que “la vigencia de las modificaciones hechas a la normativa contenida en el estatuto de un partido político inicia después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, de la vacatio legis”.

196.      Se determinó que debía prevalecer el criterio sustentado en los juicios SUP-JDC-1143/2008 y acumulados. Se consideró que:

o          La publicación de las disposiciones de observancia general es una institución característica del Estado de Derecho y su finalidad es garantizar la seguridad jurídica, mediante la publicidad del contenido de la norma general, de manera que cada individuo esté en aptitud de conocer la norma que le vincula.

o          La publicación garantiza también el principio de certeza jurídica, pues fija, de forma auténtica y permanente, el contenido de la norma.

o          Por tanto, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso l), y 117, párrafo 1, del CFIPE, para que la resolución emitida por el Consejo General del IFE, que declara la procedencia constitucional y legal del estatuto de un partido político surta efectos generales, es necesario que sea publicada en el DOF, porque la publicación oficial es la que determina la entrada en vigor de las normas estatutarias, y por consecuencia, adquieren fuerza vinculante para los integrantes del respectivo partido político, así como para terceros.

o          Se concluye que, la vigencia de las reformas al estatuto de un partido político inicia, por regla general, a partir del día siguiente de su publicación en el DOF; sin embargo, como excepción, la norma estatutaria reformada puede prever el inicio de vigencia en fecha diversa, siempre que sea posterior a la aludida publicación.

197.      Con motivo de la resolución de esa contradicción de criterios fue emitida la tesis de jurisprudencia 6/2010, de rubro: REFORMA AL ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIGENCIA INICIA DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.[98]

                    SUP-JDC-4938/2011 Y ACUMULADO

198.      Ahora bien, al dictar sentencia en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-4938/2011 y sus acumulados, se interpretó lo previsto en el artículo 38, párrafo 1, inciso l), del CFIPE vigente en ese momento, a partir de la impugnación, por parte de consejeras y consejeros nacionales del otrora partido político nacional denominado Convergencia, de la convocatoria a la Tercera Asamblea Nacional Extraordinaria de ese instituto político.

199.      En cuanto es materia de interés, se controvirtió que Convergencia pretendía eximirse del cumplimiento de lo establecido en el mencionado artículo 38, párrafo 1, inciso l), porque conforme a la convocatoria se preveía la abrogación de los documentos básicos entonces vigentes y la emisión de nuevos documentos básicos.

200.      En este sentido, para los impugnantes la abrogación de los documentos básicos impedía que se celebrara la Convención Nacional Democrática y que pudiera ejercer sus funciones la Comisión Nacional de Elecciones, porque se realizaría con base en normativa partidista sin vigencia y sin que fuera válido realizarla conforme con los nuevos documentos básicos, ya que, a su consideración, ellos  surten efectos hasta la declaratoria de procedencia.

201.      Ese motivo de agravio fue declarado infundado, en atención a que, si bien la Sala Superior había determinado que el artículo 38, párrafo 1, inciso l), del CFIPE establece como una obligación de los partidos políticos nacionales comunicar al IFE cualquier modificación a sus documentos básicos, para que el Consejo General declare su procedencia constitucional y legal, tal situación debía ser interpretada a la luz de la libertad de asociación y al derecho de auto organización del partido político, en términos de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución federal y en la legislación secundaria. Al respecto, se consideró:

o          Acorde a sus fines constitucionalmente previstos, los partidos políticos son formaciones de base asociativa que actúan, básicamente, en dos direcciones: en la sociedad, al instituirse en asociaciones que articulan las demanda e intereses de los ciudadanos y, en el Estado, al contribuir a la formación del poder político.

o          Los partidos políticos tienen su base en la libertad de asociación y tienen capacidad auto organizativa, por lo que deben contar con margen suficiente para normar sus actividades mediante su estatuto; son personas colectivas de interés público que deben conducir sus actividades dentro del marco jurídico con pleno respeto a los derechos básicos.

o          De ahí que los partidos políticos sean titulares de derechos, prerrogativas y, en general, de garantías institucionales, en el sentido de aquellas normas materiales de la Constitución que tienen por objeto el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas.

202.      En este orden de ideas, se consideró que, precisamente, como derechos de todo partido político y cuestión fundamental para su existencia y configuración, son la libertad de asociación y el derecho de auto organización.

203.      Así, en la sentencia se consideró que, en el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la autoridad electoral —sea administrativa o jurisdiccional— en el control oficioso o en el de vía de acción, debe garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos.

204.      Por una parte, el derecho político-electoral de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido político, que ejercen individualmente las y los ciudadanos afiliados del propio partido político y, por otra parte, el de la libertad de auto organización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido político.

205.      En este orden de ideas, se consideró que si bien los partidos políticos nacionales son reconocidos constitucional y legalmente como entidades de interés público y, a partir de ello tienen encomendadas importantes funciones y fines dentro del sistema democrático, en su esencia, son la expresión del derecho de asociación en materia política del cual goza toda la ciudadanía mexicana, esto es, se trata de ciudadanas y ciudadanos organizados a partir de una normativa, en la cual se han de establecer los derechos y deberes que cada una de las personas militantes van a tener como parte integrante de ese grupo.

206.      Así, respecto de la determinación sobre el momento en que empiezan a regir las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos, se concluyó que, las modificaciones estatutarias deben ser observadas y rigen la vida interna del partido político en cuestión al momento de su aprobación por el órgano partidista competente y sólo dejan de surtir efectos en el momento en que alguna autoridad competente declare su inconstitucionalidad o ilegalidad. Al respecto, se consideró:

o          Si bien los partidos políticos deben comunicar al Instituto las modificaciones a sus documentos básicos, para que emita la declaratoria correspondiente, lo cierto es que en el momento de su aprobación por el órgano correspondiente tales modificaciones comienzan a regir la vida del partido político y deben ser observados, pues ello precisamente constituye un elemento fundamental de su derecho de autoorganización.

o          Esto, porque las modificaciones estatutarias son observables y rigen todos sus actos desde el momento en que son aprobadas por la Asamblea, puesto que tal situación forma parte de su vida interna, en tanto constituye uno de los principales actos relativos a su organización y funcionamiento.

o          En el supuesto que el Instituto declare la inconstitucionalidad de dichas modificaciones y, en su caso, tal situación sea confirmada por el órgano jurisdiccional competente debe considerarse que tal resolución trae como consecuencia retrotraer los efectos producidos al amparo de tales modificaciones únicamente en lo relativo a la parte afectada de inconstitucionalidad.

o          Acorde con lo anterior, las modificaciones estatutarias rigen la vida interna de los partidos políticos desde el momento de su aprobación y sólo dejarán de estar en vigor sí el Instituto o el órgano jurisdiccional competente determinen la inconstitucionalidad o ilegalidad de tales modificaciones.

207.      Con motivo de esa sentencia fue emitida la tesis relevante IX/2012, de rubro: DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES RIGEN SU VIDA INTERNA DESDE SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO PARTIDISTA CORRESPONDIENTE.[99]

                    SUP-JDC-2456/2020 Y ACUMULADOS

208.      Esta Sala Superior resolvió los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-2456/2020 y sus acumulados, promovidos para controvertir la resolución INE/CG280/2020, relativa a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del Partido Revolucionario Institucional[100].

209.      Entre las cuestiones materia de los juicios, se controvirtió el artículo transitorio único del acuerdo de reforma al Estatuto, al aducir que indebidamente establecía que la entrada en vigor de las modificaciones sería el día de su publicación en la página electrónica del PRI, cuando ello debía ocurrir a partir de su publicación en el DOF.

210.      En la sentencia se declaró ineficaz el planteamiento porque, si bien se ha sostenido el criterio de que las modificaciones a los estatutos de los partidos políticos inician su vigencia después de su publicación en el DOF, la circunstancia de que se haya fijado como entrada en vigor de la reforma, para efectos internos, el día siguiente de su publicación en la página del partido político, no representa una violación a la normativa aplicable y no genera algún agravio a la parte actora o a la militancia. En este sentido, se consideró:

o          La Sala Superior ha sostenido el criterio contenido en la jurisprudencia 6/2010, de rubro: REFORMA AL ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIGENCIA INICIA DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN EN EL DOF.

o          No obstante, al resolver el juicio SUP-JDC-4938/2011 y acumulados, consideró que, si bien los partidos tienen obligación de comunicar al Instituto las modificaciones a sus documentos básicos, para que emita la declaratoria correspondiente, lo cierto es que, en el momento de su aprobación por el órgano correspondiente, tales modificaciones comienzan a regir la vida del partido político y deben ser observadas, pues ello constituye un elemento del derecho de autoorganización del partido.

o          Así, las modificaciones a los documentos básicos surgen a la vida jurídica en el momento en que son aprobadas por el órgano partidista competente por lo que comienzan a ser observados y a regir todos sus actos.

o          Este criterio dio lugar a la tesis relevante IX/2012, de rubro: DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES RIGEN SU VIDA INTERNA DESDE SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO PARTIDISTA CORRESPONDIENTE.

o          En este contexto, la circunstancia que hace valer la parte actora no genera la invalidez de la norma, máxime que no hace valer algún agravio personal o a la militancia derivado de dicha disposición.

o          Por ello, como la reforma al Estatuto rige la vida interna del partido político desde su aprobación por los órganos partidistas correspondientes, la decisión de señalar una fecha distinta a la publicación en el DOF, para su entrada en vigor, no necesariamente implica la invalidez o ilegalidad de la disposición, de ahí que sea ineficaz lo alegado por el actor.

         SUP-JDC-1302/2022 Y ACUMULADOS

211.      Al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1302/2022 y sus acumulados, esta Sala Superior conoció de la impugnación de la determinación contenida en el oficio CNHJ-CNHJ-171-2022 emitido por la CNHJ de Morena, por el que se estableció un criterio con base en las reformas estatutarias aprobadas en el III Congreso Nacional Ordinario de ese partido político.

212.      Conforme a tal criterio, quienes integren órganos de dirección ejecutiva de Morena que se encuentren en el supuesto normativo establecido en el artículo 8° del Estatuto,[101] tendrían la responsabilidad de separarse del encargo que constituya autoridad, ya sea como funcionarias o funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, de cualquier nivel de gobierno, en un plazo breve, así como informar de su separación al respectivo Comité Ejecutivo Municipal, Estatal o al CEN y, a la CNHJ.

213.      En la sentencia se determinó que la CNHJ excedió sus facultades, al no contar con la atribución de determinar la vigencia de las normas estatutarias reformadas en el III Congreso Nacional, —esto es, para hacer pronunciamientos respecto de la vigencia y efectos de tales reformas mientras no exista pronunciamiento por parte de la autoridad electoral sobre su validez—; ni para emitir normas u ordenar acciones en abstracto que constituyan cargas a la militancia respecto de reglas que se encuentren previamente delimitadas en la normativa estatutaria del partido, –al no ser el órgano partidista competente para emitir disposiciones normativas estatutarias, lineamientos, reglamentos o algún tipo de disposición normativa que rija la vida interna de Morena, porque esto es contrario a la naturaleza de un órgano de justicia intrapartidista–.

214.      Respecto de lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP, se consideró:

o          La validez a las reformas a sus documentos básicos, aprobadas por los partidos, está condicionada a la revisión de su constitucionalidad y legalidad a cargo de las autoridades electorales, según corresponda, el INE o los institutos electorales de las entidades federativas.

o          En ese tenor, el pronunciamiento respecto a la constitucionalidad y legalidad de cualquier modificación por mínima que sea corresponde a dicho Instituto y sólo hasta que exista ese pronunciamiento las modificaciones podrán entrar en vigor.

o          La validez constitucional y legal de las reformas estatutarias se trata de una facultad exclusiva del Consejo General del INE y será hasta ese momento en que dichas modificaciones podrán entrar en vigor, esto es, con posterioridad a su validez.

                    SUP-JDC-1219/2022 ACUERDO DE SALA

215.      Ahora bien, al emitir acuerdo plenario en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1219/2022, en el sentido de reencauzar el medio de impugnación al Consejo General del INE, se consideró que el juicio era improcedente porque se debía agotar el procedimiento de revisión a la modificación estatutaria, que corresponde a la autoridad administrativa electoral nacional, razón por la cual no se actualiza el requisito de definitividad.

En el caso, la parte actora controvertía la aprobación, por el III Congreso Nacional Ordinario de Morena, de la reforma a diversas disposiciones estatutarias que, desde su perspectiva, resultaban contrarias de la regularidad constitucional y legal, así como violatorias del principio de certeza y del derecho de afiliación de la militancia.

216.      Asimismo, argumentó la parte actora que esperar la resolución del INE respecto a la constitucionalidad y legalidad de las reformas aprobadas, suponía un riesgo a su derecho político-electoral de afiliación, así como el de la militancia, por lo que procede el salto de instancia.

217.      En el caso, se determinó que no era procedente el conocimiento per saltum, ya que no se estaba ante uno de los supuestos de excepción del principio de definitividad, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 25, inciso l), de la LGPP, las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos no surtirán efectos hasta que el Consejo General del INE declare la procedencia constitucional y legal de las mismas.

218.      En ese orden de ideas, se consideró que la circunstancia relativa a que en el III Congreso Nacional Ordinario de Morena, llevado a cabo el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós se hubieran aprobado las reformas estatutarias, “no implica que entren en vigor de manera automática, ya que, como se precisó, resulta necesaria la declaratoria formal por parte de la autoridad administrativa electoral; en consecuencia, no se advierte el riesgo que señala el promovente”.

219.      Expuesto lo anterior, es de advertir que este órgano jurisdiccional ha sido consistente al establecer diversos criterios en relación con el momento en que surten efectos de las modificaciones al Estatuto de un partido político.

220.      Con la emisión de los criterios jurisdiccionales se han establecido dos supuestos, uno, respecto de la producción de efectos generales o plenos de la modificación estatutaria y, otro, relativo a la producción de efectos particulares o provisionales.

Efectos generales o plenos

221.      En este primer supuesto, acorde a lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP, así como al criterio jurisprudencial de este Tribunal Electoral, las modificaciones estatutarias surtirán efectos hasta que el Consejo General del INE declare la procedencia constitucional y legal de las mismas y que tal resolución sea publicada en el DOF.

222.      Lo anterior, sin inadvertir la posibilidad de que la determinación sobre el análisis en abstracto de la modificación estatutaria, emitida por el Consejo General del INE pudiera ser revocada —total o parcialmente— o modificada a partir de la interposición de los respectivos medios de impugnación, lo que generaría la situación correspondiente en cuanto a la producción de efectos.

223.      Este supuesto de producción de efectos de las modificaciones al Estatuto de un partido político corresponde, como se ha señalado, a la posibilidad de que la reforma estatutaria genere efectos plenos, tanto por lo que se refiere a quienes son integrantes de los partidos políticos —órganos partidistas y militantes—, así como respecto de personas diversas que, en tal situación, tendrían la calidad de terceras ajenas.

224.      En este sentido, la modificación estatutaria, conforme a este supuesto, produce plenos efectos respecto de todas las personas —con la salvedad del resultado de alguna impugnación, como se ha dicho—.

225.      Como se ha expuesto, en términos del artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP, es deber de los partidos políticos nacionales comunicar al INE cualquier modificación a sus documentos básicos —declaración de principios, programa de acción y estatuto—, a fin de que el máximo órgano de dirección del INE emita la declaratoria sobre la procedencia constitucional y legal de las aludidas modificaciones.

Asimismo, se prevé que las modificaciones a los documentos básicos no surtirán efectos hasta que el Consejo General del INE declare su procedencia constitucional y legal.

226.      Aunado a lo anterior, es criterio jurisprudencial de este órgano jurisdiccional[102] que la vigencia de la reforma al Estatuto de un partido político inicia después de su publicación en el DOF.

227.      Lo anterior atendiendo a que, como lo ha considerado esta Sala Superior, la publicación de las disposiciones de observancia general no sólo es una institución característica del Estado de Derecho, sino que constituye un principio general del Derecho, dado que su finalidad es garantizar la seguridad jurídica, mediante la publicidad del contenido de la norma general, de manera que todas las personas estén en aptitud jurídica de conocerla.

228.      En ese sentido, la publicación oficial es la que determina la entrada en vigor de las normas estatutarias, y por consecuencia, adquieren fuerza vinculante para los integrantes del respectivo partido político, así como para terceros.

229.      Así, acorde al citado criterio jurisprudencial, atendiendo a los principios generales del Derecho de publicidad de los ordenamientos de carácter general, certeza y seguridad jurídica, para la obligatoriedad y vigencia de la reforma al Estatuto de un partido político —con efectos plenos—, es necesaria la publicación en el DOF, de la resolución del Consejo General del INE, por la  cual declare su procedencia constitucional y legal, por lo que la aludida vigencia, por regla general, inicia a partir del día siguiente de su publicación, sin embargo, como excepción, la norma estatutaria reformada puede prever el inicio de vigencia en fecha diversa, siempre que la misma sea posterior a la aludida publicación, momento a partir del cual la norma reformada será de carácter obligatorio.

Efectos particulares o provisionales

230.      Por otra parte, este órgano jurisdiccional también ha sido consistente[103] al establecer el criterio relativo al supuesto en el que la modificación estatutaria de un partido político produce efectos provisionales, los cuales se generan desde de su aprobación por el órgano partidista correspondiente, momento a partir del cual rigen su vida interna.

231.      Lo anterior, al tener en consideración tanto el derecho político-electoral de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido político, que ejercen individualmente las y los ciudadanos afiliados del propio partido político y, por otra parte, el de la libertad de auto organización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido político.

232.      En este orden de ideas, se ha considerado que los partidos políticos nacionales, en su esencia, son la expresión del derecho de asociación en materia política del cual goza toda la ciudadanía mexicana, esto es, se trata de ciudadanas y ciudadanos organizados a partir de una normativa, en la cual se han de establecer los derechos y deberes que cada una de las personas militantes van a tener como parte integrante de ese grupo.

233.      Así, se ha considerado que las modificaciones estatutarias deben ser observadas y rigen la vida interna del partido político al momento de su aprobación por el órgano partidista competente y sólo dejan de surtir efectos en el momento en que alguna autoridad competente declare su inconstitucionalidad o ilegalidad.

234.      De esta forma, las modificaciones estatutarias que han surtido efectos provisionales para regir la vida interna de un partido político surtirán plenos efectos al momento en el que se publique en el DOF la determinación sobre su procedencia constitucional y legal que emita el Consejo General del INE, —con la salvedad del resultado de una impugnación—; y sólo dejarán de surtir efectos cuando la citada autoridad administrativa electoral nacional determine su inconstitucionalidad o ilegalidad y ello sea confirmado por este órgano jurisdiccional, o bien, revoque la determinación de procedencia que en ese análisis en abstracto de la modificación estatutaria, haya realizado el citado Consejo.[104]

La diversa situación sobre la definitividad

235.      Por otra parte, una diversa situación respecto de la modificación estatutaria corresponde a la determinación del acto que es susceptible de impugnación ante este órgano jurisdiccional, al cumplir el requisito de definitividad, en términos de lo previsto en los artículos 9, párrafo 3 y 10 párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

236.      En este aspecto, en forma reiterada se ha considerado, en relación con las modificaciones al Estatuto de un partido político nacional, que el acto que ha adquirido la calidad de definitivo para efecto de su impugnación ante este órgano jurisdiccional es, precisamente, la resolución sobre la declaratoria de procedencia constitucional y legal que emite el Consejo General del INE.

237.      Lo anterior porque si bien conforme a lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP es deber de los partidos políticos nacionales comunicar al INE cualquier modificación a sus documentos básicos —entre los cuales se encuentra su Estatuto—, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político.

238.      Asimismo, se prevé que la validez a las reformas a sus documentos básicos, aprobadas por los partidos, está condicionada a la revisión de su constitucionalidad y legalidad a cargo de las autoridades electorales, esto es, el INE tratándose de partidos políticos nacionales.

239.      Para tales efectos, en términos de lo previsto en la LGPP, los partidos políticos nacionales cuentan con diez días, posteriores a la aprobación de las reformas a sus documentos básicos para remitirlas al INE, cuyo Consejo General tendrá un plazo que no debe exceder de treinta días naturales para emitir la resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones.

240.      En este orden de ideas, como se ha expuesto, el acto que es definitivo y firme para los efectos de su impugnación ante este órgano jurisdiccional es el acuerdo que emite el mencionado Consejo General al pronunciarse sobre la revisión hecha respecto de la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones estatutarias. Situación distinta a la producción de efectos plenos o provisionales de tales modificaciones, en los términos que ha sido expuesto.

241.      Expuesto lo anterior, lo infundado de los motivos de disenso deriva de que, contrariamente a lo expuesto por la parte actora, no es contrario a Derecho, por sí mismo, que en el artículo primero transitorio de las modificaciones al Estatuto de Morena se haya establecido que tales adiciones, derogaciones y reformas entrarán en vigor al momento de su aprobación por el III Congreso Nacional Ordinario de ese partido político.

242.      Al respecto, es de destacar que, si bien conforme a lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP, se prevé que las modificaciones a los documentos básicos no surtirán efectos hasta que el Consejo General del INE declare su procedencia constitucional y legal e, inclusive, se ha establecido el criterio jurisprudencial relativo a que la reforma estatutaria será vigente después de su publicación en el DOF, tal situación corresponde al supuesto de generación de efectos plenos, pero no al diverso de efectos provisionales para regir la vida interna del partido político.

243.      Como ha sido considerado por este órgano jurisdiccional en los diversos precedentes a los que se ha hecho referencia, el criterio sobre la generación de efectos de la modificación estatutaria de un partido político desde el momento de su aprobación por el órgano partidista competente ha atendido entre otros aspectos, al derecho de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, así como al derecho de asociación de las y los ciudadanos.

244.      Ha sido criterio de esta Sala Superior[105] que el principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, a fin de cumplir con sus fines constitucionales, implica el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos,[106] siempre que ello sea acorde a los principios de orden democrático y cumplan los objetivos que constitucionalmente tienen encomendados.

245.      Al respecto, se ha considerado que en los artículos 41, Base I, párrafo tercero, de la Constitución federal; así como los artículos 23, párrafo 1, inciso c), 34, párrafos 1 y 2, inciso c) y e), y 44, de la Ley General de Partidos Políticos, así como y 226, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que los institutos políticos gozan de la libertad de autoorganización y autodeterminación, motivo por el cual emiten normas propias que regulan su vida interna.

246.      Por lo que, conforme a esa facultad auto regulatoria, los partidos políticos tienen la posibilidad jurídica de emitir disposiciones o acuerdos que resulten vinculantes para sus militantes, simpatizantes y adherentes, como también para sus propios órganos, teniendo en consideración que sus disposiciones internas se encuentren revestidas de todas las características que deben tener, esto es, sean de carácter general, impersonal, abstracto y coercitivo.

247.      En el artículo 41, Base I, párrafo tercero, de la Constitución federal se establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, en los términos que establezcan la propia Constitución y la ley.

248.      Por tanto, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, deben respetar la vida interna de los partidos políticos, y privilegiar su derecho de autoorganización.

249.      Asimismo, se debe considerar que, entre otros, son asuntos internos de los partidos políticos la elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales, en ningún caso podrán hacerse una vez iniciado el proceso electoral.[107]

250.      En este contexto, para la observancia en forma integral del principio constitucional que exige a las autoridades electorales respetar la vida interna de los partidos políticos en la toma de sus respectivas decisiones, el artículo 2, párrafo 3, de la Ley de Medios establece que en la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos se debe tomar en cuenta su carácter de entidades de interés público, así como su libertad de decisión interna, así como su derecho de auto organización partidaria.

251.      La interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal invocado, pone de manifiesto que el principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos, siempre que sea acorde a los principios de orden democrático.

252.      En suma, el derecho de autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional implica la facultad auto normativa de establecer su propio régimen regulador de organización al interior de su estructura, con el fin de darle identidad partidaria, y con un propósito de hacer posible la participación política para la consecución de los fines constitucionalmente encomendados.

253.      Acorde a como ha sido considerado por este órgano jurisdiccional,[108] las previsiones contenidas en el artículo 25, párrafo 1, inciso l) de la LGIPE deben ser interpretadas a la luz de la libertad de asociación y al derecho de auto organización del partido político, conforme a lo establecido en el artículo 41, párrafo tercero, base I, párrafo tercero de la Constitución federal; artículo 2, párrafo 2, de la Ley de Medios y, 36, párrafo 1, de la LGPP.

254.      Ello, porque en términos de la normativa constitucional y legal mencionada, las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la propia Constitución federal y las leyes; así como que en la resolución de conflictos relacionados con asuntos internos de los partidos políticos se debe tomar en cuenta su carácter de entidades de interés público como organizaciones de ciudadanos, así como su decisión de libertad interna, su derecho de organización interna y el derecho de sus militantes.

255.      Asimismo, en particular, respecto de la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, el Consejo General debe atender al derecho de los partidos políticos para dictar sus normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

256.      Lo anterior, porque en términos de lo previsto en el artículo 41, párrafo tercero, base I, de la Constitución federal, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; previéndose, asimismo, que sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Aunado a que, para el cumplimiento de esos fines, los partidos políticos tienen garantizado constitucionalmente su derecho de auto organización y autodeterminación.

257.      Como ha sido considerado por este órgano jurisdiccional,[109] los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9º, 35 y 41 de la Constitución federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como derecho fundamental se confiere a las y los ciudadanos mexicanos, lo cual conlleva a necesidad de realizar la interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas relativas que garanticen el puntual respeto de ese derecho.

258.      En este sentido, desde el propio texto constitucional se establece que los partidos políticos deben cumplir sus fines, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y se evidencia la amplia libertad o capacidad auto organizativa en favor de los institutos políticos, la cual, si bien, no es omnímoda o ilimitada.

259.      Ha sido criterio de este órgano jurisdiccional[110] que en el ejercicio del control respecto de la constitucionalidad y legalidad de la normativa de los partidos políticos, la autoridad electoral debe garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos; por una parte, el derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido que ejercen individualmente las y los ciudadanos que conforman el propio partido político y, por otra parte, el de libertad de auto organización correspondiente a la entidad colectiva de interés público que es el partido político.

260.      En este sentido, se ha considerado que los partidos políticos son reconocidos, constitucional y legalmente, como entidades de interés público y, a partir de ello, tienen encomendadas importantes funciones y fines dentro del sistema democrático del país y, en su esencia son la expresión del derecho de asociación en materia política del cual goza toda la ciudadanía mexicana, lo que se traduce en que constituyen grupos de ciudadanas y ciudadanos que se organizan a partir de una normativa en la cual se han de establecer los derechos y deberes que cada una de las personas militantes van a tener como integrantes de ese grupo.

261.      Así, si bien los partidos políticos tienen la obligación de comunicar al INE las modificaciones a sus documentos básicos, para que emita la declaratoria correspondiente, lo cierto es que en el momento de su aprobación por el órgano correspondiente tales modificaciones comienzan a regir la vida del partido político y deben ser observadas, pues ello precisamente constituye un elemento fundamental del derecho de auto organización del partido político.

262.      Lo anterior porque tales modificaciones surgen a la vida jurídica en el momento en que son aprobados por el órgano partidista competente, lo que constituye un elemento fundamental del derecho de auto organización del partido.

263.      Ahora bien, en el supuesto de que el INE declare que dichas modificaciones son contrarias a la Constitución federal y, en su caso, tal situación sea confirmada por el órgano jurisdiccional competente, debe considerarse que tal resolución trae como consecuencia retrotraer los efectos producidos al amparo de tales modificaciones únicamente en lo relativo a la parte afectada de inconstitucionalidad.

264.      Acorde a lo anterior, las modificaciones estatutarias rigen la vida interna de los partidos políticos desde el momento de su aprobación y sólo dejarán de estar en vigor si el INE o el órgano jurisdiccional competente determinan la inconstitucionalidad o ilegalidad de tales modificaciones.

265.      Conforme a lo expuesto, es de advertir que la determinación aprobada en el artículo primero transitorio de las modificaciones estatutarias en el sentido de las adiciones, derogaciones y reformas, entrarán en vigor al momento de su aprobación por el III Congreso Nacional Ordinario, no contraviene lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP.

266.      Lo anterior porque, como lo ha considerado esta Sala Superior[111], como la reforma al Estatuto rige la vida interna del partido político desde su aprobación por el órgano partidista competente, la decisión de señalar una fecha distinta a la publicación en el DOF para su entrada en vigor no necesariamente implica invalidez o ilegalidad de la disposición, máxime que la parte actora no hace valer algún agravio personal o a la militancia derivado de dicha disposición.

B. Aplicación inmediata de las modificaciones estatutarias

267.      Al emitir la resolución controvertida, el Consejo General del INE analizó el planteamiento sobre la aplicación inmediata del Estatuto reformado que, para las y los promoventes, no era legalmente vigente al momento de la celebración del III Congreso Nacional de Morena.

268.      En ese sentido, ante la responsable se controvirtió que las reformas estatutarias se aplicaron inmediatamente después de su aprobación, por lo que el resto de los actos aprobados durante el III Congreso Nacional Ordinario de Morena fueron realizados con fundamento en un Estatuto que aún no entraba en vigor, al carecer de la declaratoria de procedencia constitucional y legal emitida por la autoridad administrativa electoral.

269.      El Consejo General del INE consideró que no asistía la razón a las personas impugnantes, porque el partido político sí podía llevar a cabo la elección o nombramiento de sus órganos estatutarios conforme a su normativa modificada, derivado de que los órganos directivos de los partidos políticos pueden actuar conforme a sus atribuciones en tanto se determine o no la procedencia constitucional o legal de la norma estatutaria de la cual emanan y mientras sus actos no sean controvertidos ante autoridad competente, surtirán efectos legales, considerando, asimismo que la interposición de medios de impugnación en materia electoral no suspende los efectos de la resolución o el acto cuestionado.

270.      En este orden de ideas, se consideró que, bajo tales parámetros, la circunstancia que expusieron las personas impugnantes no generaba la invalidez de la norma, porque como la reforma al Estatuto rige la vida interna del partido político desde su aprobación por los órganos partidistas correspondientes, la decisión de aplicarla inmediatamente no necesariamente implica la invalidez o ilegalidad de la disposición, de ahí que considerara ineficaz lo alegado por las personas impugnantes.

271.      Al promover los medios de impugnación que se resuelven, la parte actora argumenta que le genera agravio que el Consejo General del INE haya convalidado la aplicación inmediata del Estatuto reformado –al estimar que las modificaciones no eran vigentes al momento de la celebración del III Congreso Nacional Ordinario, en términos de lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP–, con lo que se vulnera el principio de legalidad.

272.      En este sentido, la parte actora hace valer como motivos de agravio los que se enlistan enseguida:

           Resulta ilegal que los cambios estatutarios aprobados en el III Congreso Nacional Ordinario de Morena hayan sido reconocidos como vigentes.

           La responsable desconoce el criterio adoptado en el juicio SUP-JDC-1302/2022 y sus acumulados, en el sentido de que los efectos de las reformas a los documentos básicos de los partidos políticos surten efectos hasta que se emite la resolución respectiva por el Consejo General del INE.

           Carece de fundamentación legal la afirmación de la responsable, porque contrario a su dicho, no se busca la invalidez de las reformas al amparo de su aplicación inmediata, sino que se busca evidenciar que se tomaron decisiones en el Congreso Nacional de Morena, con apoyo en reformas que carecían de vigor y que, por ende, los acuerdos ahí alcanzados con ese fundamento son ineficaces.

           Se considera infundado el razonamiento de la responsable respecto de la dispensa de la revisión de constitucionalidad y legalidad de las reformas al Estatuto de Morena, para su entrada en vigor, pues ello es un requisito sine qua non para tal efecto, que no puede ser superado con el principio de auto organización del partido político.

           Ello porque el legislador estableció en la LGPP que para que surta sus efectos cualquier modificación a los documentos básicos de los partidos políticos, deben ser revisados por el Consejo General del INE, siendo claro el artículo 25, párrafo 1, inciso l) en establecer en qué momento las reformas al Estatuto entrarán en vigor.

           Contrario a lo considerado por el Consejo General del INE, la aplicación inmediata de las reformas al Estatuto es contraria a Derecho pues se aplican normas que legalmente no están en vigor y ni siquiera han sido revisadas para dotar de certeza y seguridad jurídica de que son apegadas a Derecho y que los actos que de ella derivaron también lo son.

273.      En específico, la parte actora hace valer la ineficacia de los diversos actos derivado de la aplicación inmediata de la reforma al Estatuto de Morena en el III Congreso Nacional Ordinario lo que, desde se perspectiva, para la parte actora vulneró el principio de legalidad, por su aplicación sin contar con la declaratoria de procedencia constitucional:

           Elección de las y los integrantes del Consejo Nacional y su presidencia. Se integraron como Consejeras y Consejeros Nacionales a las y los gobernadores, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; asimismo, uno de los gobernadores fue electo como Presidente del Consejo Nacional de Morena.

           Renovación de las carteras correspondientes al CEN cuyos titulares actuales fueron electos en el II Congreso Nacional Ordinario, el VI Congreso Nacional Extraordinario y las cubiertas con delegaciones en funciones.

274.      Los motivos de agravio resultan inoperantes porque, aunado a que no controvierten frontalmente las consideraciones expuestas por el Consejo General del INE para sustentar esta parte de la resolución controvertida, se basan exclusivamente en la premisa de que es indebida la aplicación inmediata de las normas estatutarias modificadas, dado que, desde su perspectiva era necesaria previamente la resolución que se emitiera sobre la procedencia constitucional y legal de tales modificaciones, cuestión que ha sido desestimada en el apartado precedente.

4.8. Falta de competencia de la representación de Morena para modificar los acuerdos tomados por el III Congreso Nacional [juicio de la ciudadanía 10 de 2023]

Normas reclamadas:

PRIMERO….

Se faculta a la representación de morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para subsanar las observaciones, redacción y precisiones que realice la autoridad administrativa electoral respecto a las modificaciones al presente Estatuto, así como las que correspondan ante una posible reforma electoral.

275.      En la resolución controvertida, el Consejo General del INE ubicó el precepto como parte del ejercicio de su libertad de autoorganización. Hizo un exhaustivo estudio respecto a las modificaciones vinculadas con la VPG y en relación con la ley y los Lineamientos que debía atender Morena como partido político nacional, en ese sentido referenció los procedimientos y mecanismos para prevenir, atender y erradicar la VPG, así como para sancionarla y erradicarla en relación con las facultades de capacitación del Instituto Nacional de Formación Política, el principio de paridad, el requisito de elegibilidad del 3 de 3 contra la violencia, las facultades de la Secretaría de Mujeres y de la CNHJ, así en las generalidades precisó lo relativo a rendición de cuentas, obligaciones de la militancia, de los derechos de las víctimas de VPG, del concepto de VPG, de los principios para atender a las víctimas, de los agentes que generan VPG, de las conductas constitutivas, la capacitación, las candidaturas y el acceso a las prerrogativas en radio y televisión, los órganos estatutarios que intervienen en la paridad de género, del órgano encargado del ejercicio y protección de los derechos de las mujeres, para acompañamiento de las víctimas, refrendar que no es posible aplicar el mecanismo alterno de resolución, del órgano encargado de impartir justicia en materia de VPG, sus obligaciones, facultades, medidas cautelares, medidas de protección, sanciones y medidas de reparación.

276.      Al promover el medio de impugnación, la parte actora formula como motivos de agravio los siguientes:

         Si bien el Congreso Nacional facultó a la representación de Morena para desahogar los requerimientos —artículo primero transitorio—, dicha facultad implica subsanar las observaciones, redacción y precisiones que realizara el INE, esa delegación no tiene el alcance para modificar de manera sustancial las modificaciones o los documentos básicos aprobados por el referido Congreso Nacional que es el competente para aprobar las reformas a los documentos básicos, sino únicamente observaciones formales, por lo que fue un exceso las modificaciones que realizó respecto a los artículos 2, 6, 20, 33, 36, 49, 49 TER y 64, en especial respecto al penúltimo que redactó todo el artículo.

         El representante de Morena desahogó el requerimiento contenido en el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03368/2022, mediante el cual hizo del conocimiento del partido el dictamen correspondiente, con las observaciones y sugerencias que consideró pertinentes, pero realizó adecuaciones sustanciales a lo previamente aprobado por el Congreso Nacional, tales como insertar un artículo completo que no fue propuesto ni aprobado en el momento oportuno, de ahí que se debe revocar el acto impugnado (SUP-JDC-1332/2020).

277.      Para esta Sala Superior el planteamiento que hace valer la parte actora resulta infundado.

278.      De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, en caso de que exista la necesidad de aclaración respecto a la validez estatutaria de las decisiones que se comunican, la DEPPP podrá solicitar al partido político correspondiente, que se subsanen las deficiencias que se le hayan señalado y manifieste lo que a su derecho convenga.

279.      En el mismo sentido, el numeral 16 del citado Reglamento, estipula que en caso de que exista alguna omisión en los requisitos legales que deben contener las modificaciones hechas a un estatuto, la aludida Dirección Ejecutiva podrá requerir al partido político para que manifieste lo que a su derecho convenga.

280.      Ahora bien, lo infundado del agravio obedece a que la parte actora no advierte que las modificaciones elaboradas por la representación de Morena ante el Consejo General tienen su origen en un poder delegatorio que le fue otorgado por el Congreso Nacional, en su calidad de máxima autoridad de Morena, así como que contrario a lo que alega dichas modificaciones no fueron de carácter sustancial, ya que únicamente se limitaron a la incorporación de los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, en términos del requerimiento formulado por la DEPPP.[112]

281.      Al respecto, resulta relevante destacar que el Congreso Nacional, en términos del Estatuto de Morena, se encuentra revestido de la naturaleza de autoridad superior del referido partido político, con responsabilidad exclusiva para decidir sobre los documentos básicos del referido partido político[113].

282.      Asimismo, se advierte que derivado del III Congreso Nacional Ordinario de Morena se incluyó, en lo que interesa, como primer artículo transitorio, al Estatuto del referido partido político, una autorización a la representación ante el Consejo General a efecto de estar en aptitud de contar con facultades para subsanar las observaciones, redacción y precisiones que realice la autoridad administrativa electoral respecto de modificaciones al Estatuto.

283.      Por tanto, debe entenderse que el Congreso Nacional, en su calidad de autoridad superior de Morena, que cuenta con monopolio respecto de facultad de modificar los documentos básicos de dicho partido político, delegó facultades a la representación ante el Consejo General a efecto de atender las observaciones que formule el INE respecto de las modificaciones al Estatuto.

284.      En dichos términos, la representación de Morena ante el Consejo General atendió las observaciones que le fueron formuladas por el INE, a través de la DEPPP, en lo que interesa al presente caso, respecto de la incorporación de medidas tendientes a la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la VPG.

285.      Al respecto, por medio del oficio REP-MOREINE-533/2022, el representante de Morena ante el Consejo General remitió las modificaciones, formuladas por dicha representación, en aras de atender las observaciones respecto, entre otros documentos, del Estatuto.

286.      En ese orden de ideas, se tiene que, de acuerdo con la normativa aplicable, el INE puede solicitar la información que considere necesaria para resolver sobre la procedencia constitucional y legales de las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos, sin que ello implique que dicha autoridad subsane de alguna manera las deficiencias que pueda advertir en la normativa interna, es decir, esa delegación no implica que el delegado se pueda sustituir en las facultades del delegante para modificar los documentos básicos del partido, sino únicamente puede subsanar las observaciones, redacción y precisiones que realice la autoridad administrativa electoral respecto a las modificaciones al Estatuto.

287.      En el caso concreto, se estima que lo infundado el concepto de agravio expuesto por la parte actora, derivado de que la actuación de la representación de Morena ante el Consejo General se limitó a la incorporación de las directrices establecidas en los referidos lineamientos de VPG y al requerimiento preciso que formuló la DEPPP, por lo que el despliegue de su facultad delegada tuvo como finalidad la de atender las observaciones que le fueron formuladas por el INE y conforme los parámetros establecidos por dicho Instituto en el requerimiento y en los lineamientos.

288.      Se afirma lo anterior ya que las modificaciones presentadas por el representante de Morena se limitaron a atender el requerimiento de la autoridad administrativa electoral nacional en materia de violencia política de género, lo cual, consistió en incorporar las disposiciones de los Lineamientos en el texto del Estatuto, sin que para tal efecto, se excediera de su facultad que se encuentra circunscrita a atender las observaciones que le sean formuladas por el INE, como ocurrió en el presente caso.

289.      Ello, ya que de la lectura de las modificaciones motivo de controversia es posible determinar que, en todos los casos, se trató de un ejercicio para incorporar las directrices de los Lineamientos al Estatuto, por ello, es que para esta Sala Superior, lo anterior se encuentra amparado por lo determinado por el Congreso Nacional a través del primer artículo transitorio del Estatuto de Morena.

290.      En consecuencia, en atención al derecho de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, la representación de Morena, al contar con un poder delegado por parte del Congreso Nacional, de atender las observaciones que fueren formuladas por el INE, actúo apegado a Derecho, de ahí que el agravio del actor resulte infundado[114].

291.      En tal razón, en el presente asunto, al encontrarnos ante una facultad que fue delegada por parte del Congreso Nacional, en su calidad de máxima autoridad partidista que cuenta con monopolio en la facultad de revisión de los documentos partidistas y que se limitó a implementar los lineamientos expedidos por la propia autoridad electoral, se considera correcto el actuar de la representación de morena ante el Consejo General.

4.9. Desproporcionalidad del plazo de 6 meses para emitir el protocolo de VPG [juicio de la ciudadanía 10 de 2023]

Resolutivo reclamado:

CUARTO. Se requiere a Morena para que, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el DOF, y por conducto del órgano competente, apruebe el Protocolo respectivo en materia de VPMRG, y lo remita a esta autoridad, a efecto de proceder conforme a lo señalado por el artículo 36, numeral 2, de la LGPP.

292.      En la resolución reclamada el Consejo General del INE tomó en consideración que en el Programa de Acción, Morena deberá emitir un protocolo específico relativo a la atención de los casos de VPG, el cual deberá contar con un lenguaje sencillo, accesible, incluyente, de fácil comprensión y considerando los diversos perfiles socioculturales, para lo cual concedió un plazo no mayor de 6 meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación. Precisando que la naturaleza del Protocolo es la de guiar la actuación de la militancia del partido, del personal que forma parte del órgano de acompañamiento y del órgano de justicia, debe establecer los ejes rectores del primer contacto y elaboración del análisis de riesgo, dicho protocolo debe fungir como referente de entendimiento y acción de la norma, no como norma sustantiva o adjetiva, por lo que no se deben regular ni las conductas ni las sanciones de la materia.

293.      Para la parte actora el INE concedió un plazo de seis meses para que emitiera el referido protocolo; sin embargo, en el diverso juicio SUP-JDC-1332/2020 la Sala Superior ya había dado un plazo inferior, tanto en la determinación principal de catorce de agosto de dos mil veinte, como en incidentales de catorce de octubre de ese año y quince de octubre de dos mil veintidós (a la brevedad, plazo de 60 y 30 días naturales, los cuales ya vencieron el pasado 15 de noviembre).

294.      Para este órgano jurisdiccional el agravio deviene infundado ya que, como se ahondará a continuación, contrario a lo afirmado por la parte actora, se está ante dos instrumentos partidistas distintos e independientes entre sí.

295.      Por un lado, en la determinación de esta Sala Superior en el juicio SUP-JDC-1332/2020 se determinó la omisión, por parte del CEN de Morena consistente en la aprobación y emisión del “Protocolo en materia de violencia política de género”, mismo que fue ordenado en el artículo séptimo transitorio de la reforma estatutaria de Morena de dos mil dieciocho, esto es, dicho instrumento partidista tiene como fundamento el Estatuto.

En primer término, en dicho asunto esta Sala Superior advirtió que dicho Protocolo había sido emitido por parte del CEN del partido en comento en sesión de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, sin embargo, el referido Protocolo fue invalidado, toda vez que la sesión en la que se había aprobado había sido también invalidada, derivado de la ilegalidad de la convocatoria.

296.      En dicho Protocolo, mismo que se reitera, fue invalidado, se establecía un sistema de distribución de competencias entre distintas autoridades partidistas, entre las que destaca la Secretaría de las Mujeres y la CNHJ, sin embargo, a pesar de la nulidad de dicho Protocolo, mismo que ha sido motivo de la apertura de incidentes de incumplimiento en el juicio SUP-JDC-1332/2020 por la persistencia de la omisión de su emisión, se advierte que tiene una vocación normativa, esto es, regular los aspectos propios de qué se entenderá por violencia política de género, las sanciones aplicables, así como la distribución competencial.

297.      En consecuencia, el Protocolo motivo de análisis en el juicio SUP-JDC-1332/2020 tiene dos características relevantes: a) su origen se funda en el Estatuto de Morena; y, b) su naturaleza es normativa.

298.      En contraposición, el Protocolo ordenado por el INE en la Resolución INE/CG881/2022 tiene como fundamento el párrafo décimo séptimo del Programa de Acción de Morena, que dispone la emisión de un protocolo específico relativo a la atención de casos de violencia política de género, el cual deberá contar con un lenguaje sencillo, accesible, incluyente, de fácil compresión y considerando los diversos perfiles socioculturales.

299.      Adicionalmente, en la resolución INE/CG881/2022, ahora controvertida, se estableció que la naturaleza de dicho protocolo era de guía respecto de la actuación de la militancia, así como del personal del órgano de acompañamiento y el órgano de justicia, por tanto, dicho Protocolo debe entenderse como un referente de entendimiento y acción de la norma, no como norma sustantiva o adjetiva.

300.      Por lo tanto, el diverso Protocolo que se mandató en la Resolución INE/CG881/2022 tiene dos características relevantes: a) su origen es el Programa de Acción; y, b) su naturaleza es referente de entendimiento y acción de la norma.

301.      En consecuencia, es que esta Sala Superior determina que el agravio de la parte actora deviene infundado, toda vez que el plazo para la aprobación del Protocolo emanado del Programa de Acción no resulta desproporcionado, ya que se trata de un instrumento diverso al Protocolo emanado del Estatuto, mismo que fue motivo de análisis en el SUP-JDC-1332/2020[115].

4.10. La omisión de la responsable de ordenar la reglamentación del artículo 49° TER relativo a VPG [juicio de la ciudadanía 10 de 2023].

302.      Al promover el medio de impugnación que se resuelve, la parte actora argumenta que del art. 49° TER y 54° del Estatuto de Morena se advierte que los asuntos de VPG se sustanciarán y tramitarán bajo las reglas del procedimiento sancionador electoral; sin embargo, las etapas y reglas establecidas en ese artículo resultan incompatibles con dicho procedimiento, por lo que se debió vincular expresamente a Morena para reglamentar el contenido de dicho precepto, porque de lo contrario se vulnera el derecho de la militancia de tener normas procesales claras que permitan ejercer correctamente la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 constitucional.

303.      El agravio deviene infundado, dado que se advierte que el Consejo General del INE vinculó a Morena, a través de los órganos facultados conforme a su Estatuto, para que conozcan y aprueben las modificaciones a la reglamentación que derivaran de la aprobación de las reformas a su Estatuto y los remita a dicha autoridad concediendo un plazo de seis meses para cumplir con lo ordenado, de ahí que sí se haya ordenado una mayor reglamentación para desarrollar las normas establecidas en el Estatuto

Al respecto, cabe precisar que el Consejo General del INE se ciñó a verificar que Morena atendiera su obligación de fuente constitucional, legal y reglamentaria de instaurar un mecanismo dentro de su Estatuto para la sustanciación de los casos relacionados por violencia política contra las mujeres, lo que tuvo como resultado el que se adecuara el Estatuto para la inclusión, entre otros, del artículo 49 Ter.

304.      En cuanto al referido artículo 49 Ter del Estatuto, esta Sala Superior detecta que guarda correlativo directo respecto de los Lineamientos, esto es, respecto de los artículos 5, 6, 7, 9, 16, 19, 21, 28, 29 y 30 de los ya referidos Lineamientos, en consecuencia, es que este Tribunal Constitucional comparte la conclusión a la que arribó el INE, relativa a que Morena atendió su obligación en materia de violencia política de género.

305.      Aunado a ello, la reglamentación sugerida por la parte actora implica una vulneración directa a los principios de autoorganización y de autodeterminación de los partidos políticos, toda vez que es posible advertir que las especificaciones que solicita el actor se advierten directamente de la Constitución general, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la legislación aplicable o lo de los Lineamientos emitidos por el INE en ejercicio de su facultad reglamentaria sea posible determinar que tanto la autoridad responsable como el partido político se encontraban dentro de un supuesto normativo por el que se les obligara a proceder en los términos que expone el actor.

306.      Por tanto, resulta improcedente que esta Sala Superior ordene que se atienda con las especificidades contenidas en el escrito de demanda, en tanto que será cuando vencido el plazo o expedidas las normas reglamentarias, se pueda reclamar alguna omisión o falta de reglamentación en la implementación de las reformas estatutarias por considerar que le generen perjuicio.

307.      Por ello, como ya se precisó, es que esta Sala Superior califica el presente agravio como infundado.

4.11. El artículo 64° es contrario al artículo 22 constitucional [juicio de la ciudadanía 10 de 2023]

Norma reclamada:

Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de morena podrán ser sancionadas con:

…

Los actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género serán sancionados con la suspensión de derechos partidarios del agresor o la cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de morena.

308.      En la emisión de la resolución reclamada, el Consejo General del INE ubicó los cambios como aquellos que permiten sancionar los actos de VPG y que era en cumplimiento de los Lineamientos.

309.      Al promover el juicio de la ciudadanía, la parte actora aduce que el artículo 64° del Estatuto es contrario al artículo 22 de la Constitución federal porque, para los casos de VPG se establece una sanción fija o única como es la suspensión de derechos partidarios del agresor o la cancelación de su registro en el padrón nacional de protagonistas de cambio verdadero de Morena, de ahí que no cumpla con el mandato constitucional de que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, ya que con la regulación actual se incurre en el extremo de imponer una sanción excesiva y desapegada a la realidad de los hechos.

Lo inconstitucional deriva que la sanción no puede ser modulable entre un parámetro mínimo y un máximo, para lo cual cita diversos precedentes y tesis de la SCJN, en tanto que el precepto estatutario impone una sanción única para diferentes supuestos y sin posibilidad de graduarse como se establece en el artículo 64° del Estatuto ya que ambas penas previstas tienen por objeto el restringir el ejercicio de afiliación.

310.      Para esta Sala Superior resulta fundado el motivo de agravio, como se precisará a continuación.

311.      Lo fundado del concepto de agravio radica en que el artículo 64° del Estatuto, establece lo siguiente “Los actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género serán sancionados con la suspensión de derechos partidarios del agresor o la cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de morena”, lo cual, resulta contrario al artículo 22 de la Constitución federal, toda vez que es una sanción única que no permite modulación para atender a las particularidades del caso concreto.

312.      Se afirma lo anterior, ya que, en términos del referido artículo constitucional, las sanciones excesivas y desproporcionadas se encuentran proscritas, lo cual, debe entenderse como Norma Suprema para la nación, al ser un contenido de la Carta Magna.

313.      Al respecto, la SCJN[116] ha considerado que las multas fijas son contrarias al artículo 22 constitucional, porque imposibilitan una individualización de la sanción a partir de los elementos de los hechos infractores en concreto.[117]

Por tanto, en el presente caso, el Estatuto de Morena al considerar una pena única para los casos de VPG, consistente en la suspensión de derechos partidistas, no permite la posibilidad de una interpretación conforme de dicha porción estatutaria, toda vez que implica una sanción fija, misma que, invariablemente, debe considerarse como inconstitucional.

314.      Así, con independencia del fin legítimo que persiga dicha porción estatutaria, como lo es el combate de la violencia política en razón de género, ello no justifica que se transgreda la disposición constitucional de graduar las sanciones, así como la prohibición de contar con sanciones únicas.

315.      Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior[118] que un enfoque punitivo orientado al mantenimiento de sanciones que no permiten modulación, parte de la idea de que un cambio no es posible, de que la única opción viable es expulsar a quien comete VPG, sin hacerse cargo de sus causas y consecuencias.

316.      En consecuencia, se estima que la autoridad responsable pasó por alto que el artículo 64° del Estatuto de Morena es contrario al artículo 22 de la Constitución general, por tanto, lo conducente es decretar la invalidez de la porción estatutaria controvertida.

4.12. Incorporación de un nuevo requisito de elegibilidad y para afiliarse a Morena, consistente en acreditar la realización de actividades en materia de formación y capacitación política [juicio de la ciudadanía 10 de 2023]

Normas reclamadas:

Artículo 3°. Nuestro partido morena se construirá a partir de los siguientes fundamentos:

…

b. La formación ética y política será obligatoria para todas y todos sus militantes y simpatizantes, con énfasis particular en quienes aspiren a una candidatura y a quienes pretendan desempeñar cargos de dirección en el partido. Esta tarea estará a cargo del Instituto Nacional de Formación Política de morena, el cual extenderá su trabajo a toda la ciudadanía que desee formarse políticamente en los principios del partido.

…

k. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general; asimismo, la afiliación estará condicionada a que los aspirantes comprueben su participación en cuando menos una de las actividades formales organizadas por el Instituto Nacional de Formación Política, mediante la presentación de la constancia respectiva.

…

Artículo 4°. Podrán afiliarse a morena mexicanas y mexicanos mayores de quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud y previa comprobación de haber participado en un proceso de formación política que el Instituto Nacional de Formación Política determine. No podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las personas afiliadas a morena se denominarán Protagonistas del cambio verdadero.

Artículo 5°. Las personas Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes garantías (derechos):

…

e. Colaborar y participar en las actividades de formación política en todas sus expresiones (talleres, seminarios, cursos presenciales y virtuales y foros de discusión) y a recibir la constancia de participación correspondiente; impulsar y participar en las actividades de formación política dirigidas a la población abierta, especialmente aquellas que han sido excluidas del sistema educativo en todos sus niveles, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país;

…

Artículo 6º. Las personas Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones):

…

Participar en las actividades de formación política; movilización y organización sobre las distintas causas en favor de la transformación a las que convoquen las dirigencias y liderazgos del partido;

…

Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a morena en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres años. Será responsable de llevar a cabo los planes de acción acordados por el Consejo Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional.

…

Estará conformado por un mínimo de siete personas, garantizando la paridad de género, cuyos cargos y funciones serán los siguientes:

…

g. Secretario/a de Formación y Capacitación Política, quien será el enlace con el Instituto Nacional de Formación Política; ejecutará las actividades de formación y capacitación política en la entidad federativa que establezca dicho Instituto en función del Plan Nacional de Formación Política; y coordinará la organización de la participación de integrantes de morena en los cursos nacionales de formación política.

…

Artículo 73°. El Instituto Nacional de Formación Política es un órgano que gozará de autonomía en su funcionamiento y gestión, cuyo objetivo general será promover la revolución de conciencias, informar, compartir, difundir y preservar los valores de amor a la Patria, compromiso con la transformación democrática y la justicia social en nuestro país, responsabilidad y solidaridad con los más necesitados, y voluntad de poner el bien común y la consolidación de nuestra organización en el país por encima de cualquier interés individual, por legítimo que sea, asimismo, coordinará las actividades de formación y capacitación política; la realización de estudios y análisis de la realidad nacional; y promover el debate sobre los temas necesarios para continuar con la transformación. Será dirigido por un Consejo interno y una Presidencia que coordinará sus actividades y funcionará bajo los lineamientos que se establezcan.

…

317.      Al emitir la resolución controvertida, el Consejo General del INE ubicó los cambios como aquellos que se refieren a su libertad de autoorganización, los ubica como modificaciones de fundamentos del partido, requisitos de afiliación a Morena y derechos de la militancia, requisitos para aspirar a una candidatura al interior del partido o un cargo de elección popular, obligaciones de la militancia, del Comité Ejecutivo Estatal y del Instituto Nacional de Formación Política.

318.      En cuanto análisis de los escritos de queja que conoció, consideró infundada la alegación de algunos militantes, acorde a lo siguiente:

           En términos del artículo 41, párrafo tercero, base I, de la Constitución federal prevé que los partidos hacen posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, asimismo, el artículo 34, numeral 2, inciso b) de la LGPP reconoce como asunto interno de los partidos políticos la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos.

           El artículo 2, numeral 1, inciso c) de dicha ley establece como derechos de la ciudadanía con relación a los partidos políticos el votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político

           Así, concluyó que los partidos tienen la facultad de establecer requisitos y exigir su cumplimiento para la postulación de candidaturas, lo cual calificó como un fin constitucionalmente válido.

319.      Como motivos de agravio, al promover el medio de impugnación, la parte actora alega:

         Hay una falta de certeza y regulación en el partido para el ejercicio del derecho de afiliación y del voto al interior de Morena.

         Es incorrecto e incongruente que el INE considerara que denunciaba un nuevo requisito para la afiliación y postulación, ya que eso sí está dentro de la autodeterminación del partido, ya que de lo que se dolía era de la falta de regulación y certeza en cómo se armoniza dicho requisito con los derechos partidistas de afiliación, votar y ser votados.

         Se incorpora un requisito para afiliarse a Morena y una condición para aspirar a un cargo interno o de elección popular que consiste en acreditar actividades en materia de formación y capacitación política, sin que se aprecie un mecanismo establecido para garantizar el ejercicio efectivo de tales derechos

         No se incluyen reglas para el proceso de consecución de la constancia expedida por el Instituto Nacional de Formación Política, por lo que considera que se prescinde de un procedimiento para la consecución de la constancia (SUP-JDC-6/2019).

         Si bien los partidos deciden la forma de elegir a los integrantes de los órganos de dirección, siempre que fuera bajo un método de votación directa, indirecta, secreta o abierta, en condiciones de igualdad para los participantes y votantes.

         El actual Reglamento de Afiliación ostenta un procedimiento distinto por el que las personas se pueden afiliar a Morena, el cual consiste en requisitar un formato, presentar la copia de la credencial de afiliación de manera física, tener más de 15 años, no pertenecer a otro partido político y afiliarse libre e individualmente.

320.      Para esta Sala Superior los motivos de agravio son infundados, porque contrario a lo esgrimido, los artículos que prevén participar en actividades de formación política que imparte el propio partido resulta constitucional ya que se encuentra dentro de la autodeterminación del partido y no existe incertidumbre respecto a la manera en que se cumplirá el requisito establecido.

321.      Los estatutos de los partidos políticos deben establecer, entre otras, los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos[119], los cuales debe ser acordes a la finalidad constitucional que les es esencial.

322.      En congruencia con lo anterior, esta Sala Superior ha sostenido que los militantes que busquen ser postulados por los partidos políticos a cargos de elección popular, deben satisfacer las condiciones que cada instituto político haya definido, los cuales generalmente implican la participación en procesos de selección interna (método democrático), la obtención de un resultado favorable a través de otro tipo de procedimiento que el partido haya señalado (popularidad calificada a través de encuestas, sondeos, etcétera), o bien, el contar con una cualidad personal relevante para el partido (carisma, disciplina, perfil idóneo, contexto, entre otras).[120]

323.      Esto implica, entre otras cuestiones, la posibilidad de establecer los mecanismos para la selección de sus candidaturas siempre que sea acorde con el alcance del derecho a ser votado, en los términos que se ha indicado, esto es, buscando que los requisitos y procedimientos internos de selección no restrinjan de manera injustificada o desproporcional el ejercicio de los derechos político-electorales de sus militantes, afiliados y demás ciudadanos.

324.      La LGPP establece que son asuntos internos de los partidos políticos, entre otros, la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de las y los ciudadanos a éstos, así como los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.[121]

325.      La LGIPE define a los procedimientos internos para la selección de candidaturas a cargos de elección popular, como el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esa ley, en los Estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.[122]

326.      En este tenor, conforme a la LGPP es derecho de las y los militantes ser postulados en candidaturas a cargos de elección popular siempre que cumplan, entre otros, con los requisitos estatutarios atinentes, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de las y los precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado.[123]

327.      De esta manera, los partidos políticos tienen derecho para definir la forma de gobierno y organización que consideren adecuada, conforme a su ideología e intereses políticos, incluidos los mecanismos que estimen más apropiados para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular.

328.      Lo anterior, siempre que los requisitos y procedimientos internos de selección de candidatos que establezcan no restrinjan el ejercicio de los derechos político-electorales de sus militantes y demás ciudadanos.

329.      En ese sentido, que se establezca como requisito para obtener una candidatura o afiliarse al partido el participar en actividades de formación política que imparte un Instituto del propio partido político, requisito que es exigible a cualquier persona aspirante a una candidatura o a afiliarse y que se acredita con la constancia que expide el referido instituto respecto de las actividades de formación que imparte, resulta un requisito plausible que no restringe los derechos político-electorales de manera irracional, que resulta igual para todos, se tiene certeza en cómo se acredita y se encuentra encaminado a tener una formación política conforme a los programas, principios e ideas que postula el partido político, lo cual constituye un fin constitucionalmente válido[124].

330.      Con base en esas razones, específicamente, que se trata de un requisito objetivo, concreto y determinado para cualquier aspirante a una candidatura o a afiliarse, que no constituyen elementos valorativos ni requisitos para ocupar o ejercer algún cargo y que el requisito sólo implica participar en actividades de formación política que imparte el propio partido, se considera innecesario realizar un test de igualdad o de proporcionalidad para analizar la intervención en el ejercicio de los derechos político-electorales[125].

331.      En cuanto a la alegación de falta de regulación, certeza, reglas claras para el proceso de consecución de la constancia que expedirá el Instituto Nacional de Formación Política, aunado a que el actual Reglamento de Afiliación ostenta un procedimiento distinto por el que las personas se pueden afiliar a Morena, cabe precisar que el artículo primero transitorio segundo párrafo de la reforma estatutaria, señala que “Quedan insubsistentes todas las normas que se opongan a la presente reforma”, por lo que el procedimiento distinto al que hace referencia, en todo caso quedaría derogado.

332.      Asimismo, en el acuerdo reclamado, la autoridad electoral vinculó a Morena, a través de los órganos facultados conforme a su Estatuto, para que conozcan y aprueben las modificaciones a la reglamentación que deriven de la aprobación de las reformas a su Estatuto y los remita a dicha autoridad concediendo un plazo de seis meses para cumplir con lo ordenado, de ahí que sí se haya ordenado una mayor reglamentación para desarrollar las normas establecidas en el Estatuto, de ahí que será cuando vencido el plazo o expedidas las normas reglamentarias, podrá reclamar las cuestiones que considere le generen perjuicio.

4.13. Aprobación del artículo 6° bis del Estatuto al estimar que es necesario que se reglamenten los elementos de valoración de las candidaturas [juicio de la ciudadanía 10 de 2023]

Norma reclamada:

Artículo 6º Bis. La Comisión Nacional de Elecciones valorará la trayectoria de quienes aspiren a la candidatura de un cargo interno o de elección popular (sus antecedentes políticos, atributos éticos y afinidad con las causas del partido y las transformaciones que promueve), de conformidad con lo establecido en los incisos a. al k. del artículo anterior y del c. al j. del artículo 3º. Además, deberá acreditar su participación en un proceso de formación política impartido por el Instituto Nacional de Formación Política.

…

333.      Por lo que se refiere a la cuestión en análisis, en la resolución reclamada, el Consejo General del INE determinó lo siguiente:

           Ubicó los cambios como aquellos que se refieren a su libertad de autoorganización, los ubica como modificaciones a los requisitos para aspirar a una candidatura al interior del partido o un cargo de elección popular, facultades de la Comisión Nacional de Elecciones.

           Consideró que en términos del artículo 44, numeral 1, inciso a), fracción II, de la LGPP, entre los requisitos de elegibilidad que puede establecer y valorar el órgano del partido político responsable de la organización de los procesos internos de elección, se puede incluir los relativos a la identificación de las precandidaturas o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado.

           Así, consideró válido que estableciera requisitos de elegibilidad encaminados a valorar el grado de afinidad de las personas aspirantes con su ideología, sin que se establezca un método específico para realizar dicha tarea.

           Citó el precedente del SUP-JDC-6/2019 como respaldo.

334.      Al promover el medio de impugnación la parte actora señala como motivos de agravio:

           En relación con el derecho a ser votado, reclama la falta de certeza en los requisitos de elegibilidad para el ejercicio del derecho a ser votado al interior de Morena.

           Lo anterior, porque considera incierta la regulación del artículo 6 bis del Estatuto aprobado, de cómo serían valorados dichos requisitos por la autoridad competente

           No se dio respuesta sobre cómo se valorará el Programa y Currículo, la trayectoria y los atributos ético-políticos, su afinidad en las causas del partido, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, si los candidatos tendrán derecho de audiencia y si el resultado de valoración será notificado a los candidatos y el medio de impugnación previsto para ello; cuáles son los criterios objetivos, racionales y proporcionales que se establecerán en las bases para las convocatorias.

           Se debió vincular a Morena para que emitiera la reglamentación que estableciera los mecanismos concretos y el procedimiento de valoración de aspirantes; los criterios de valoración deberán considerar el principio de igualdad de oportunidades de las y los aspirantes

           La valoración respectiva debe basarse en parámetros objetivos y medibles a fin de garantizar condiciones de equidad entre las personas aspirantes a una candidatura interna o de elección popular; y los resultados de tal valoración deben ser públicos y abiertos entre la militancia (SUP-JDC-6-2019).

335.      Los motivos de agravio expuestos por la parte actora resultan infundados.

336.      La LGPP establece que son asuntos internos de los partidos políticos, entre otros, los procedimientos y requisitos para la selección de dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, por lo que en principio la modificación es se encuentra dentro de la autoorganización del partido.[126]

337.      En el presente caso resulta pertinente comparar la norma como se encontraba previo a ser modificada y sus nuevas modificaciones, en virtud de que la constitucionalidad de dicha norma fue materia de pronunciamiento al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-6/2019.

338.      De la anterior comparación se advierte que la modificación al precepto consistió en precisar que quien realiza la valoración es la Comisión Nacional de Elecciones, cuestión que ya era precisada en otros preceptos estatutarios como el artículo 31, 37, 44, incisos p) y w).

339.      Conserva el criterio de trayectoria, atributos éticos, mientras que los atributos políticos ahora los denomina antecedentes políticos y el requisito de antigüedad en la lucha por causas sociales ahora lo precisa como causas del partido y las transformaciones que promueve. Señala que dichos atributos se analizan de conformidad con lo establecido en el artículo 6 incisos a) al k) —responsabilidades que tienen las personas Protagonistas del cambio verdadero—, y agrega el artículo 3, incisos c) al j) —fundamentos sobre los que se construye el partido—.

340.      En el caso de la última parte del precepto impugnado se advierte el deber de acreditar su participación en un proceso de formación política impartido por el Instituto Nacional de Formación Política, pero dicho requisito ya fue analizado en el apartado que antecede.

341.      De lo anterior se advierte que no existe una modificación novedosa vinculada con los requisitos de elegibilidad de dirigentes y candidaturas que resulte novedosa, en tanto que se mantienen los requisitos que ya se establecían.

342.      Esta Sala Superior al resolver el SUP-JDC-6/2019 analizó el contenido del artículo 6 bis del Estatuto en tanto que establece una serie de elementos para quien aspire a una candidatura para un cargo intrapartidista o de elección popular y corrió el test de proporcionalidad para determinar la intervención en el derecho político electoral de afiliación y el de poder ser votado para todos los cargos de elección popular y concluyó que resultaban requisitos razonables.

343.      En cuanto al fin constitucionalmente legítimo se consideró que busca promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de personas ciudadanas, hacer posible el acceso de éstas al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, para garantizar que lleguen al poder los afiliados que, ciertamente pregonen dichos programas, principios e ideas para que los apliquen durante el ejercicio de la función pública.

344.      Se determinó que la norma era idónea para alcanzar dicho fin constitucional en tanto que la medida implementada es un medio idóneo para que esa organización política logre el fin constitucional de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y generar que los militantes que accedan al poder público y a los órganos de representación política sean los que personifiquen en mayor medida los programas, principios e ideas de esa fuerza política.

345.      También se acreditó el subprincipio de necesidad de la medida en virtud de que no se advertía alguna otra alternativa con que cuente el partido político en cuestión para el efecto de garantizar que las y los afiliados que accedan a las candidaturas efectivamente cumplan el imperativo constitucional de que dicho derecho se ejerza de acuerdo con los programas, principios e ideas que postula Morena, aunado a que esa clase de reglas era replicada por otros partidos[127].

346.      Finalmente, por lo que hace al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto se consideró que se acreditaba ya que no restringe de manera total la realización de la conducta amparada por el derecho de la militancia (acceder a una candidatura), sino que únicamente constituye una incidencia parcial al imponer una condición leve para el ejercicio de tal derecho.

347.      Aunado a ello, cabe precisar que las y los afiliados asumen el deber de respetar las normas partidistas de la formación política a la que pertenecen, y de colaboración positiva para favorecer su adecuado funcionamiento, acorde a la filosofía, ideología, principios y/o corriente de pensamiento que postula cada uno. Sin que ello signifique renunciar a otros derechos y una sumisión total a la normativa, debido a que si consideran que alguna norma o acto resulta lesivo de sus derechos pueden controvertirlos.

348.      De ahí que dichas consideraciones sean aún vigentes.

349.      Por último, en cuanto a la alegación de que no se tiene certeza del procedimiento respectivo, si las personas que se postulen tendrán derecho de audiencia, si el resultado de valoración será notificado a los candidatos y el medio de impugnación previsto para ello; cuáles son los criterios objetivos, racionales y proporcionales que se establecerán en las bases para las convocatorias, por lo que considera que se debió vincular a Morena para que emitiera la reglamentación respectiva.

350.      Al respecto, como ya fue señalado, en el acuerdo reclamado, la autoridad electoral sí vinculo a Morena, a través de los órganos facultados conforme a su Estatuto, para que conozcan y aprueben las modificaciones a la reglamentación que deriven de la aprobación de las reformas a su Estatuto, aunado a ello, dichas consideraciones deben estar en último término en las respectivas convocatorias, de ahí que será cuando vencido el plazo o expedidas las normas reglamentarias o las convocatorias respectivas, podrá reclamar las cuestiones que considere le generen perjuicio.

351.      Por todo lo anterior resultan infundados los agravios.

4.14 Modificación del método de elección, al pasar de asambleas a centros de votación [juicio de la ciudadanía 10 de 2023]

Normas reclamadas:

Artículo 17º Bis. El Consejo Nacional, a propuesta de los Consejos Estatales, determinará aquellos municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales.

Una vez cada tres años, el Comité Ejecutivo Nacional de morena emitirá una convocatoria para realizar los congresos municipales en los términos del párrafo anterior. La Comisión Nacional de Elecciones incorporará a la convocatoria, fecha, lugar y hora para cada municipio y deberán difundirla, con el auxilio de la estructura distrital y municipal, en los estrados de los comités ejecutivos, en la página web del partido y a través de redes sociales, con no menos de treinta días de anticipación. Adicionalmente, se podrá difundir por perifoneo, en medios electrónicos y en algún diario de circulación nacional o estatal. Los congresos municipales de cada entidad federativa se realizarán en el periodo que establezca la convocatoria.

…

Artículo 24º. Los Congresos Distritales deberán celebrarse cada tres años, a partir de la convocatoria aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, donde se elegirán de manera libre, democrática y auténtica a las y los Coordinadores Distritales.

Las votaciones que se lleven a cabo durante el Congreso Distrital para elegir a las y los coordinadores distritales serán universales, secretas y en urnas y podrán celebrarse en centros de votación instalados en lugares públicos y abiertos, con un horario de apertura y cierre determinados.

…

352.      En la resolución controvertida, el Consejo General del INE ubicó los cambios como aquellos que se refieren a su libertad de autoorganización, los ubica como modificaciones de elección e integración de comités ejecutivos municipales, facultad para sustituir a sus integrantes, facultades de dichos comités, de la convocatoria a los congresos municipales, quórum y conducción de las sesiones de los comités municipales; así como de los congresos distritales. La autoridad consideró que las modificaciones estaban dentro de la libertad de autoorganización y autodeterminación, en tanto que se trata de la elección de sus órganos directivos y la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, así como su propio régimen regulador de organización al interior de su estructura.

353.      Al promover el medio de impugnación la parte actora aduce como motivos de agravio respecto de los artículos 17° bis y 24° del Estatuto de Morena, los siguientes:

           Existe falta de certeza, seguridad jurídica y regulación en el partido para el ejercicio del derecho a votar y ser votado al interior de Morena

           Señala que no combatió el método electivo al ser parte de la autodeterminación y de las facultades del partido, pero sí se duele de cómo se va a armonizar o ejecutar este nuevo mecanismo frente a los derechos de votar y ser votado al interior de Morena, pues si bien está dentro de la libertad configurativa, no debía ser una decisión arbitraria.

           Si bien se permitió la instalación de centros de votación con motivo de las medidas de protección derivadas de la pandemia provocada por el SARS-COV-2 fue una medida extraordinaria y excepcional.

           Sin embargo, sustituir el método de Asamblea previsto para la celebración de los Congresos Distritales por el método de centros de votación vulnera el principio de certeza y seguridad jurídica.

           Alega una incongruencia y falta de certeza en el ejercicio de los derechos de la militancia al interior de Morena —artículo 5, inciso g), del Estatuto—, ya que en el Estatuto persisten elementos de la Asamblea como método electivo y la utilización de los Centros de votación.

           Se debía vincular a Morena para que emitiera la reglamentación o aclaraciones en las que se establecieran las etapas, procedimientos, autoridades responsables y plazos para regular debidamente la utilización de los centros de votación y/o mesas directivas de casilla.

354.      Para esta Sala Superior los agravios son infundados ya que en términos del artículo 34, párrafo 2, incisos c) y d), la elección de los integrantes de sus órganos internos y los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular son asuntos internos de los partidos políticos respecto de los cuales gozan de autodeterminación.

355.      En este sentido, el control administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral se debe limitar a corroborar que razonablemente se contenga la expresión del particular derecho de los afiliados, miembros o militantes para participar democráticamente en la formación de la voluntad partidaria pero sin que se traduzca dicha atribución de verificación en la imposición de un concreto tipo de organización y reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del partido político, porque será suficiente con recoger la esencia de la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo democrático para entender que así se da satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos afiliados.

356.      En ese sentido, la parte de la que se duele el promovente es que se establece la posibilidad de que las votaciones que se lleven a cabo durante el Congreso Distrital para elegir a las y los coordinadores distritales serán universales, secretas y en urnas y podrán celebrarse en centros de votación instalados en lugares públicos y abiertos, con un horario de apertura y cierre determinados.

357.      Tal situación no deviene inconstitucional o ilegal, ya que ni de la Constitución, ni de la ley se advierte el deber de los partidos políticos de elegir a sus dirigentes o candidaturas a través de asambleas ni se advierte alguna prohibición para realizarlo a través de centros de votación.

Por el contrario, el establecer la posibilidad de elegir a sus dirigentes o candidaturas a través de votación universal, secreta y en centros de votación se considera que es un método democrático válido acorde con la Constitución, ya que a través de éste permite a los miembros o militantes del partido participar democráticamente en la elección de dichas personas, sin que se advierta una merma a sus derechos político-electorales que tuviera que armonizarse.

358.      En cuanto a que existe una incongruencia y falta de certeza en el ejercicio de sus derechos en tanto que persisten elementos de la Asamblea como método electivo, además de constituir un agravio genérico, en todo caso, dicha circunstancia queda solventada con el segundo párrafo del artículo primero transitorio de la reforma estatutaria que establece que quedan insubsistentes todas las normas que se opongan a la reforma.

359.      Por lo que hace a la violación a los principios de certeza y seguridad jurídica al no tener una regulación para el ejercicio del derecho a votar y ser votado al interior de Morena, por lo que se debió vincular para que emitiera la reglamentación o aclaraciones en las que se establecieran las etapas, procedimientos, autoridades responsables y plazos para regular debidamente la utilización de los centros de votación y/o mesas directivas de casilla, resulta infundado, en tanto que como ha sido señalado, la autoridad electoral vinculó a Morena para que conozcan y aprueben las modificaciones a la reglamentación que deriven de la aprobación de las reformas a su Estatuto, de ahí que sí se haya ordenado una mayor reglamentación para desarrollar las normas establecidas en el Estatuto, de ahí que será cuando vencido el plazo o expedidas las normas reglamentarias, podrá reclamar las cuestiones que considere le generen perjuicio.

360.      Por tales razones se considera que no le asiste la razón a al actor respecto a la temática en estudio.

4.15. Eliminación de las coordinaciones distritales como órganos de dirección ejecutiva y reclasificación como órganos de dirección política [juicio de la ciudadanía 10 de 2023]

Norma reclamada:

Artículo 14° Bis. Morena se organizará con la siguiente estructura:

…

D. Órganos de dirección política:

Coordinaciones distritales

Congresos Distritales

Congresos Municipales

Congresos Estatales

Congreso Nacional

E. Órganos de dirección ejecutiva:

Comités Ejecutivos Municipales.

Comités Ejecutivos Estatales

Comité Ejecutivo Nacional

…

361.      En la resolución reclamada, la autoridad responsable ubicó los cambios como aquellos que se refieren a su libertad de autoorganización y autodeterminación, como una reconfiguración de la estructura del partido, específicamente entre los órganos de dirección política y los órganos de dirección ejecutiva. El partido consideró reclasificar a las coordinaciones distritales como órganos de dirección política, sin que pueda entenderse o interpretarse de manera distinta tal disposición estatutaria.

362.      Al promover el medio de impugnación, la parte actora señala lo siguiente:

         Si bien la reclasificación forma parte del derecho de autodeterminación y de las facultades del partido, reclama la falta de claridad y debido funcionamiento de los órganos, ya que el colocar a las coordinaciones distritales en donde se encuentran los órganos electivos pudiese generar una ambigüedad o incertidumbre sobre su naturaleza y funciones.

         Los órganos de dirección se consideran órganos electivos que sesionan ordinariamente cada tres años y al nivel distrital ya existe un órgano a nivel distrital que son los Congresos Distritales, motivo por el cual se debía ordenar al partido la corrección en la ubicación de las coordinaciones distritales como órganos de dirección ejecutiva.

         Existe ambigüedad sobre las funciones que realizará la Coordinación Distrital, así como su naturaleza, pues el artículo 26° del Estatuto prevé que, las coordinaciones distritales tendrán la función de apoyar y fortalecer el trabajo territorial de los comités estatales de Morena, sin que haya mayor referencia de su operación orgánica.

         Se vulnera el principio de legalidad debido a la ausencia o insuficiencia de fundamentación legal y motivación dentro de dicho procedimiento para dicho cambio, además de que considera que la autoridad debía señalar cuál era el sustento o facultad prevista en la norma para realizar dicho cambio.

363.      Para esta Sala Superior, los motivos de agravio resultan infundados como se expone enseguida.

364.      El artículo 43 de la LGPP establece los órganos internos que deben contemplar los partidos políticos nacionales, a saber, 1) una asamblea, 2) un comité nacional, 3) un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros, 4) un órgano de decisión colegiada responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos partidistas y selección de candidaturas, 5) un órgano de decisión colegiada de la impartición de justicia, 6) un órgano de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información y 7) un órgano encargado de la educación y capacitación cívica, así como contar con comités o equivalentes en las entidades federativas con facultades ejecutivas.

365.      Fuera de esos órganos mínimos, el partido político nacional tiene un amplio margen para establecer los órganos que considere pertinentes con las funciones y organización que determine en términos de su libertad de autodeterminación.

366.      Por lo que no existe un impedimento que tenga Congresos Distritales y Coordinaciones Distritales y clasificarlos como órganos directivos, además de que no existe impedimento o una obligación constitucional o legal de clasificar órganos de ámbito distrital como directivos o ejecutivos, por lo que el partido tiene una libertad más amplia en sus determinaciones, por lo que tampoco resulta exigible exigir una motivación reforzada para realizar esa clase de ajustes.

367.      Como bien lo señala el actor, las coordinaciones distritales tendrán la función de apoyar y fortalecer el trabajo territorial de los comités estatales de Morena, con independencia que en términos de lo ordenado por el INE el partido pueda emitir o ajustar sus normas reglamentarias para regular el funcionamiento, operación y las funciones de dichas coordinaciones.

Por tanto, se considera que fue correcto que el INE determinara que era constitucional y legal el ajuste.

4.16. Vulneración al principio de certeza, derecho de afiliación y autenticidad en la renovación de la dirigencia de Morena, derivado de que no se establece un límite temporal al cierre del padrón de personas afiliadas que podrá participar en los Congresos Distritales [juicio de la ciudadanía 10 de 2023]

Normas reclamadas:

Artículo 17º Bis. El Consejo Nacional, a propuesta de los Consejos Estatales, determinará aquellos municipios donde existan condiciones para elegir comités ejecutivos municipales.

…

Se considerará que el congreso municipal tiene quórum para iniciar con la asistencia de la mitad más uno de las y los afiliados de morena en su ámbito territorial. Todas las y los Protagonistas del cambio verdadero registrados en el ámbito territorial en que se lleve a cabo el congreso y que asistan formarán parte del mismo, y tendrán derecho a voz y voto. Los acuerdos del congreso serán tomados por mayoría o consenso. La secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional validará el listado de Protagonistas para los efectos del quórum de los congresos, de conformidad con el registro mencionado en este Estatuto. Para efectos de la participación en el congreso municipal, el registro de afiliados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se cerrará cuando lo señale la convocatoria.

…

Artículo 24º. Los Congresos Distritales deberán celebrarse cada tres años, a partir de la convocatoria aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, donde se elegirán de manera libre, democrática y auténtica a las y los Coordinadores Distritales.

…

Para efectos de la participación en el Congreso Distrital, el registro de afiliadas y afiliados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se cerrará en la fecha que establezca la convocatoria.

…

368.      Al emitir la resolución controvertida, el Consejo General del INE determinó lo siguiente:

           Ubicó los cambios como aquellos que se refieren a la libertad de autoorganización, los ubica como modificaciones de elección e integración de comités ejecutivos municipales, facultad para sustituir a sus integrantes, facultades de dichos comités, de la convocatoria a los congresos municipales, quórum y conducción de las sesiones de los comités municipales; así como de los congresos distritales.

           Consideró que no se vulneraba el principio de certeza ni se trastocaba el derecho de afiliación y autenticidad en la renovación de la dirigencia de Morena, pues si bien no se establece una temporalidad específica del cierre del padrón, lo cierto es que tal circunstancia no se dejó de regular, pues se señala expresamente que la fecha de cierre del Padrón se determinará en la convocatoria respectiva.

369.      La parte actora hace valer como motivos de agravio respecto de la resolución controvertida:

           La falta de certeza, violación al derecho de filiación y autenticidad en la renovación de la dirigencia del partido al haberse modificado el plazo en el que se cerraría el padrón electoral y dejarlo abierto.

           Ahora no se sabe cuáles militantes serán tomados en cuenta para la conformación del padrón y quiénes podrán participar en los Congresos Distritales, lo cual sí se sabía con la anterior regulación que establecía que se debía cerrar por lo menos 30 días antes de la realización de los Congresos Distritales y Municipales, ello implicaba dejar de recibir o tramitar las solicitudes de personas ciudadanas que pretendieran ingresar al instituto político.

           El artículo 24 del Estatuto ya no considera la posibilidad de que el padrón del partido se cierre para la definición de la lista nominal de afiliados para el proceso electoral interno, pues esa parte fue suprimida.

           Ya no se contempla la posibilidad de que se realice un corte al padrón para la celebración de los Congresos Distritales; mientras que el artículo 17 bis establece para los Congresos Municipales que se señalará el corte en la convocatoria, con lo cual se vulnera el principio de certeza.

           En el SUP-JDC-1573/2019 la Sala Superior ya había considerado como un derecho de afiliación el formar parte del padrón de protagonistas del cambio verdadero para participar en el proceso de renovación de dirigencia.

370.      Para este órgano jurisdiccional los motivos de agravios que formula la parte actora son infundados.

371.      El padrón de protagonistas del cambio verdadero de Morena se constituye por todas las y los protagonistas del cambio verdadero que se hayan afiliado al partido y cumplan los requisitos previstos en el Estatuto, de ahí que la militancia deberá ser registrada en dicho padrón —artículos 4, 5 y 15 del Estatuto—.

372.      La Sala Superior al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1573/2019 consideró que el artículo 24° del Estatuto establece un límite temporal para suspender el proceso de afiliación, pero no para decretar un corte para crear el padrón de protagonistas del cambio verdadero, en el entendido que son dos actos diferentes.

373.      Así, todas las personas que hayan ingresado a Morena, antes de la suspensión del proceso de afiliación, deben formar parte del padrón de protagonistas del cambio verdadero y tendrán derecho a participar en el proceso de renovación de dirigencia.

374.      No obstante, existe un proceso de afiliación permanente para que los ciudadanos mexicanos que desean ejercer su derecho político-electoral de afiliación a Morena puedan solicitar el ingreso correspondiente.

375.      Dada su naturaleza jurídica, el padrón de protagonistas del cambio verdadero está en constante organización, depuración y actualización, dicho padrón está a cargo de la Presidencia, Secretaría General, Secretaría de Organización y la Presidencia del Instituto Nacional de Formación Política, con el acompañamiento de la Presidencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia —artículo 38°—.

376.      Por su parte, la creación del padrón de protagonistas del cambio verdadero es un acto diverso al proceso de afiliación que, si bien tiene como insumo fundamental los datos de las personas que hayan solicitado su ingreso para pertenecer al partido y hayan sido aceptadas, previo cumplimiento de los requisitos previstos, no menos cierto es que se genera y actualiza de forma constante, a partir de las afiliaciones que se hagan.

377.      En este contexto, se debe decir que el padrón tiene como una de sus finalidades la creación de una base de datos para saber con certeza y seguridad, qué militantes han sido aceptados y podrán participar en los procesos electivos al interior del partido; pero no se puede considerar como constitutivo de derechos del afiliado.

378.      Así, el acto constitutivo de derechos de la militancia es la culminación del proceso de afiliación, momento desde el cual gozarán de los derechos y adquirirán los deberes que establece el Estatuto.

379.      Así, la regla establecida en el Estatuto impone el deber de que exista un acto concreto, por escrito —a fin de dar cumplimiento al artículo 16 constitucional—, en el cual se determine la suspensión del proceso de afiliación.

380.      Asimismo, en dicho precedente se consideró que es facultad del Comité Ejecutivo Nacional determinar la suspensión del proceso de afiliación, debido a que ese órgano es el responsable de conducir a Morena entre las sesiones del Consejo Nacional[128], que es la autoridad inmediatamente inferior al Congreso Nacional (autoridad superior del partido[129]); además, se debe tener presente que corresponde al mencionado Comité emitir la convocatoria al Congreso Nacional[130].

381.      Esta Sala Superior considero que con dicha interpretación se armonizaba en la mejor medida posible los derechos de asociación y afiliación, así como de los derechos de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos.

382.      Incluso en dicho presente se señaló que la suspensión del proceso de afiliación podría darse a través de una convocatoria en tanto que la norma en ese momento establecía que era “por lo menos” treinta días, pero ésta tendría que publicarse de forma anticipada a la fecha en que quedará suspendida la afiliación.

383.      Finalmente, se consideró que si el propio partido político estableció en su Estatuto que el proceso de afiliación debe suspenderse por lo menos treinta días antes de que se lleven a cabo los congresos distritales; entonces, debe entenderse que el instituto político estimó que, en condiciones ordinarias, esos treinta días serían suficientes para llevar a cabo todos los actos necesarios para tener un padrón confiable en el momento en que se desarrollen los congresos.

384.      En ese orden de ideas, la Sala Superior ya había analizado dicha temática y había reconocido la libertad de autoorganización y autodeterminación que tenía el partido para establecer la fecha de cierre del padrón e incluso se había considerado que podría realizarse la orden de suspensión del proceso de afiliaciones en la convocatoria, siempre que se estableciera una fecha posterior a su publicación.

385.      De ahí que si ahora se prevé que el cierre será en la fecha que establezca la convocatoria, resulta válida dicha determinación, aunado a que existen lineamientos por parte de la Sala Superior para que se armonicen y respeten los derechos político-electorales de la militancia con dicha determinación, esto es, a) que la fecha sea posterior a la publicación de la convocatoria, y b) que todas las personas que hayan ingresado a Morena o cuyo proceso de afiliación haya finalizado antes de la suspensión, deben formar parte del padrón de protagonistas del cambio verdadero y tendrán derecho a participar en el proceso de renovación de dirigencia.

386.      En ese sentido, contrario a lo que se alega, sí existe certeza de la fecha en que se cerrará el padrón que será cuando lo establezca la convocatoria, por lo que se sabrá cuáles militantes serán tomados en cuenta para la conformación del padrón y quiénes podrán participar en los Congresos Distritales, por lo que en todo caso lo que le podría generar perjuicio sería la convocatoria que se emita en cada caso concreto, la cual podría ser impugnada.

387.      Asimismo, se considera que la regulación guarda congruencia con la restante normativa estatutaria, ya que los responsables del Padrón, entre otros, son la Presidencia, Secretaría General y Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional y dicho Comité es el que emite la convocatoria para la celebración del Congreso Nacional.

388.      De ahí que haya sido correcto determina la constitucionalidad y legalidad de las normas.

4.17. Vulneración al correcto funcionamiento y desproporcionalidad e irracionalidad en la modificación de los plazos en que el CEN y los Comités Ejecutivos Estatales deben sesionar [juicio ciudadano 10 de 2023]

Normas reclamadas:

Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a morena en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres años. Será responsable de llevar a cabo los planes de acción acordados por el Consejo Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional.

Se reunirá de manera ordinaria una vez cada 15 días, y de manera extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de las personas consejeras estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes.

[…]

Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido en el país entre sesiones del Consejo Nacional. Durará en su cargo tres años, salvo renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, en que se procederá de acuerdo con el Artículo 40° del presente Estatuto. Será responsable de emitir los lineamientos para las convocatorias para la realización de los Congresos Distritales y Estatales, y del Congreso Nacional. Encabezará la realización de los acuerdos del Congreso Nacional, así como la implementación del plan de acción acordado por el Consejo Nacional.

Ejercerá las funciones, atribuciones y facultades que le deleguen el Congreso Nacional y el Consejo Nacional, excepto aquellas que les sean exclusivas a dichos órganos. Se reunirá de manera ordinaria una vez por mes; de manera extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de los y las consejeros y consejeras nacionales; y urgente cuando así se convoque por la Presidencia o la Secretaría General. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, y tomará acuerdos por mayoría de las personas presentes al momento de la votación respectiva.

[…]

389.      Al emitir la resolución controvertida, el Consejo General del INE se pronunció respecto del planteamiento de las personas impugnantes, quienes adujeron que la modificación a los artículos 32º y 38º del Estatuto trastocaba el correcto funcionamiento de los órganos estatutarios de Morena, al ampliar el plazo en el que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias de los Comités Ejecutivos Estatales[131] y del CEN porque, los primeros, de sesionar una vez cada semana ahora lo harán una vez cada quince días; mientras que el CEN pasa de sesionar una vez por semana, a una vez por mes.

390.      La autoridad responsable resolvió que no les asistía la razón a las personas impugnantes. Al respecto, consideró que:

         Se deja de observar que la normativa estatutaria prevé dos tipos de sesiones: ordinarias y extraordinarias, siendo que las primeras deben celebrarse periódicamente de acuerdo con lo establecido en el Estatuto; mientras que las extraordinarias se convocan para tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar a ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria.

         Así, la modificación del plazo en que se realizarán las sesiones no atenta contra el correcto funcionamiento de los órganos estatutarios de Morena; en primer lugar, porque el nuevo plazo es proporcional y razonable si se le compara con el que se venía manejando y, en segundo término, porque en caso de que sea necesario atender de manera urgente algún asunto, es posible convocar a una sesión extraordinaria.

         De ahí que la modificación a los artículos 32º y 38º del Estatuto, sea acorde con la Constitución federal y a la ley.

391.      En la impugnación de la determinación del Consejo General, la parte actora hace valer como motivos de agravio:

      La responsable vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución federal porque es omisa en exponer las razones por las cuales considera que el plazo que se establece en el Estatuto modificado para que sesione el CEN y los CEE es proporcional, considerando el que se tenía para sesionar.

      No se analizó debidamente la “litis”, ya que se planteó la problemática que existe por el hecho de que no exista un Reglamento para las sesiones de los órganos de Morena y que, al haber cambios sustanciales en el Estatuto, era necesario que se vinculara a ese partido político para la aprobación de la normativa reglamentaria necesaria que garantizara el correcto funcionamiento de sus órganos, en el que se establezcan de manera clara y precisa los asuntos que deben ser tratados en sesiones ordinarias, urgentes o extraordinarias.

392.      Asimismo, la parte actora aduce que el INE aprobó la ampliación del periodo de sesiones para los CEE y el CEN, que son desproporcionales e irracionales, atendiendo a la naturaleza ejecutiva de esos órganos partidistas. Al respecto, argumenta que:

      Conforme al artículo 43, párrafo 1, inciso b), de la LGPP, entre los órganos internos de los partidos políticos debe contemplarse un comité nacional o local u órgano equivalente para los partidos políticos, según corresponda, que será el representante del partido político, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas.

      A partir de ello, la naturaleza jurídica de los órganos de ejecución es de un órgano de supervisión, ejecución y autorización en las decisiones de otros órganos del partido político.

      De tal manera que al establecer periodos para sesionar mayores a una vez por semana (como se encontraba previsto antes de la reforma) es una medida desproporcional e irracional que no garantiza que los órganos en mención funcionen correctamente, esto porque no se expusieron las razones por las cuales resultaba necesaria la modificación en los periodos de sesiones.

      Aducen que conforme al artículo 25, párrafo 1, inciso f), de la LGPP se prevé como obligación de los partidos políticos mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios.

      En este sentido, si bien se establece que se puede sesionar de manera urgente cuando así se convoque por la presidencia o la secretaría general, lo cierto es que, al no existir un Reglamento de sesiones en el que se establezcan de manera clara y precisa los asuntos que deben ser tratados en sesiones ordinarias, urgentes o extraordinarias, no se tiene certeza sobre si la ampliación de los periodos para sesionar garantiza el correcto funcionamiento de los órganos ejecutivos.

      Asimismo, la parte actora argumenta que los comités ejecutivos son órganos facultados para conducir a Morena entre sesiones de consejos estatales y nacional, encontrándose entre sus facultades las de ejecución de las decisiones tomadas por los órganos de conducción y de supervisión, siendo en los hechos el órgano que mantiene la operatividad del partido político, luego entonces, al ampliar los periodos de sesiones a cada quince días y una vez por mes, respectivamente, pone en riesgo el correcto funcionamiento de dichos órganos.

393.      En este sentido, para la parte actora, al no advertirse que se haya justificado la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la ampliación de los plazos para las sesiones de los órganos ejecutivos, lo correcto es que se revoque la modificación aprobada o, en su caso, se vincule al partido político a emitir el reglamento de sesiones a efecto de determinar los asuntos que deben ser tratados en sesiones ordinarias, urgentes y extraordinarias.

394.      Para esta Sala Superior los motivos de agravio resultan inoperantes, porque la parte actora no controvierte frontalmente todas las consideraciones que emitió el Consejo General del INE para sustentar, en esta temática, la resolución controvertida.

395.      Como se ha expuesto, ante la autoridad responsable se hizo valer que la modificación a los artículos 32º y 38º del Estatuto trastocaba el correcto funcionamiento de los CEE y del CEN de Morena, al ampliar el plazo en el que se llevarán a cabo sus sesiones ordinarias.

396.      En ese orden de ideas, el Consejo General del INE consideró que la modificación del plazo en que se realizarán las sesiones no atenta contra el correcto funcionamiento de los órganos, respecto de lo cual expuso dos razones: una, que el nuevo plazo es proporcional y razonable si se le compara con el que se venía manejando y, la segunda, en el sentido de que, la parte inconforme dejaba de observar que la normativa estatutaria prevé dos tipos de sesiones porque en caso de que sea necesario atender de manera urgente algún asunto, es posible convocar a una sesión extraordinaria.

397.      Lo inoperante deriva de que la parte actora sólo formula argumentos con los que pretende controvertir la primera de las razones expuestas por el Consejo General, al señalar que no justifica por qué considera que el plazo que se establece en el Estatuto modificado para que sesione el CEN y los CEE es proporcional; pero no controvierte frontalmente –e inclusive acepta– que están previstas en el Estatuto diversos tipos de sesiones, a partir de lo cual podría es posible atender asuntos cuando fueran urgentes, por lo que, para el Consejo General la modificación estatutaria no afecta el correcto funcionamiento de tales órganos.

398.      En este orden de ideas, resulta inoperante el planteamiento de la parte actora relativo a que no se analizó debidamente la “litis”, al aducir que lo planteado fue que no existía un Reglamento para las sesiones de los órganos de Morena y que, al haber cambios sustanciales en el Estatuto, era necesario que se vinculara a ese partido político para la aprobación de la normativa reglamentaria respectiva.

399.      La inoperancia deriva de que, con independencia de lo resuelto por el Consejo General del INE al pronunciarse sobre la temática en análisis, es de advertir que en apartado diverso de la resolución controvertida se vinculó a Morena a fin de que apruebe las modificaciones reglamentarias que deriven de la aprobación de las reformas a su Estatuto[132], respecto de lo cual la parte actora es omisa en formular argumentos tendentes a controvertir tal determinación o para precisar las razones por las que ello le genere agravio, respecto de su planteamiento sobre la necesidad de que sea emitida la normativa reglamentaria a que hace referencia.

4.18. Vulneración a la autonomía de los Consejos Estatales [juicio de la ciudadanía 10 de 2022]

400.      Como parte de la resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto de Morena, el Consejo General del INE consideró que se modificó el artículo 29° con el fin de señalar que el Congreso Estatal está facultado para vigilar la conducción política del partido bajo los principios del propio instituto político y conocer las opiniones y recomendaciones que, sobre conflictos entre órganos de dirección de Morena, quejas con relación a una integración ilegal o facciosa de órganos de dirección, o conflictos suscitados por la determinación de candidaturas en procesos electorales municipales o distritales, haya emitido la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

401.      Asimismo, resaltó que se quitó al Consejo Estatal la facultad de presentar, discutir y aprobar la plataforma electoral del partido en cada uno de los procesos electorales en que Morena participe en los ámbitos estatal y municipal, ya que tal atribución ahora corresponde al Consejo Nacional, en términos del artículo 41º, párrafo quinto, inciso g) del Estatuto modificado.

En su conclusión general sobre la procedencia constitucional y legal, el Consejo General del INE determinó que las modificaciones de forma y fondo que realizó Morena a sus documentos básicos, bajo el principio de auto organización, no contradicen el marco constitucional y legal de los partidos políticos.

402.      Al respecto, al promover la impugnación, la parte actora argumenta que la modificación al artículo 29° del Estatuto de Morena, aprobada por el Congreso Nacional y avalada por el INE, es contraria a lo establecido en el artículo 43, párrafo 1, inciso b) de la LGPP conforme al cual, entre los órganos internos de los partidos políticos debe contemplarse un comité nacional o local u órgano equivalente para los partidos políticos, según corresponda, que será el representante del partido político, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas.

403.      En este sentido, la parte actora señala que la ley otorga a los consejos estatales la facultad de coordinar al partido político en la entidad, pues solo de esta manera se otorga la autonomía a los órganos ejecutivos locales de los órganos ejecutivos nacionales, así como ejercer las atribuciones otorgadas por la legislación estatutaria vigente.

404.      A decir de la parte actora, con la aprobación de la reforma al artículo se menoscaban las facultades que deben ostentar los órganos estatales, limitando de esta manera el funcionamiento democrático de Morena, pues al revocar la coordinación política de los consejos estatales se deja a las entidades estatales en clara dependencia del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional, con lo que se trasgrede el principio de mecanismos de control y equilibrio en el ejercicio del poder al interior de Morena.

405.      Para esta Sala Superior, los motivos de agravio resultan en parte infundados e inoperantes.

406.      Lo infundado deriva de que como lo consideró la autoridad responsable, las modificaciones al artículo 29° del Estatuto de Morena se encuentra dentro del ámbito de la auto determinación y auto organización del partido político y no se contraviene lo dispuesto en el artículo 43, párrafo 1, inciso b) de la LGPP.

407.      Con la finalidad de dar claridad a la exposición, se incorpora en el cuadro siguiente la referencia a las modificaciones al texto del artículo en análisis, en cuanto corresponde a la materia de impugnación:

408.      Como ha sido expuesto en apartado precedente, es criterio de esta Sala Superior que el principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, a fin de cumplir con sus fines constitucionales, implica el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos, siempre que ello sea acorde a los principios de orden democrático y cumplan los objetivos que constitucionalmente tienen encomendados.

409.      Ello, porque desde la propia Constitución federal, se establece que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios e ideas que postulan, lo cual, como se ha dicho, evidencia una amplia libertad o capacidad autoorganizativa a favor de tales institutos políticos.

410.      Al respecto, se ha considerado que, en términos de la normativa constitucional y legal aplicable, los institutos políticos gozan de la libertad de autoorganización y autodeterminación, motivo por el cual emiten normas propias que regulan su vida interna.

411.      En ese orden de ideas, en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos Políticos están previstas las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, sin que se establezca un desarrollo acabado de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral que se establece en favor de la ciudadanía.

412.      Asimismo, se ha considerado[133] que esa libertad o capacidad autoorganizativa de los partidos políticos no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, ni el orden público.

413.      Asimismo, para este órgano jurisdiccional[134] el interés de la sociedad en los aspectos relevantes de la vida de los partidos políticos, el cual se ejerce a través del Estado, tiene por objeto asegurar la sujeción puntual y efectiva de los partidos políticos nacionales al orden jurídico; advirtiendo en ese sentido que conforme con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP, es deber de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático.

414.      En este sentido, también se ha tenido en cuenta que, si bien los partidos políticos tienen la posibilidad de crear su normativa interna, conforme al principio de libre autodeterminación, asimismo, deben respetar los restantes principios constitucionales y los derechos fundamentales, por lo que la norma partidista tiene como límite lo establecido en la Constitución federal y tratados internacionales.

415.      A partir de las consideraciones precedentes es que, para esta Sala Superior, como lo consideró el Consejo General del INE, la modificación al artículo 29° del Estatuto de Morena fue realizada acorde a su derecho de autoorganización y autodeterminación.

416.      Aunado a lo anterior, tampoco se contraviene lo establecido en el artículo 43, párrafo 1, inciso b), de la LGPP —el cual prevé que, entre los órganos internos de los partidos políticos debe contemplarse cuando menos un comité nacional o local u órgano equivalente, según corresponda, que será el representante del partido político, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas—.

417.      Lo anterior, porque no es dable advertir por este órgano jurisdiccional, ni la parte actora expone en concreto, las razones por las cuales la modificación al artículo 29° del Estatuto contraviene el mencionado precepto legal y que, con ello se menoscaban las facultades que deben ostentar los órganos estatales, limitando de esta manera el funcionamiento democrático de Morena.

418.      Lo anterior, porque de las modificaciones estatutarias que la parte actora aduce como indebidas corresponden, por una parte, al cambio en lo previsto en el inciso a. del artículo 29° del Estatuto, en cuanto se sustituye la enunciación de atribución de los Consejos Estatales que establecía “Coordinar a MORENA en el estado”, por “Vigilar la conducción política del partido bajo los principios de nuestro movimiento”, así como, la derogación del inciso k., en el que se preveía como atribución del referido órgano la presentación, discusión y aprobación de la plataforma electoral del partido en cada uno de los procesos electorales en que Morena participe en los ámbitos  estatal y municipal.

419.      Para este órgano jurisdiccional, no se advierte que con la modificación al inciso a. del artículo 29° del Estatuto se vulnere lo previsto en el mencionado precepto de la LGPP, ni el menoscaban las facultades que deben ostentar los órganos estatales de Morena.

420.      Lo anterior porque la previsión de la atribución del Consejo Estatal —órgano que debe sesionar de manera ordinaria cada tres meses—, relativa a “Vigilar la conducción política del partido bajo los principios de nuestro movimiento” debe ser interpretada en forma sistemática con lo previsto en el artículo 32° –el cual no fue modificado más allá de la cuestión de forma en la denominación del partido político–, en cuanto prevé que corresponde al Comité Ejecutivo Estatal conducir al partido político en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal.

421.      De ello se advierte que la previsión del inciso a. del artículo 29° es acorde a las atribuciones que corresponden al diseño orgánico que se ha dado el partido político, aunado a que la parte actora es omisa en desarrollar argumentativamente cómo de esa modificación derive que se deje a las entidades estatales en clara dependencia del CEN y del Consejo Nacional y que con se trasgreda el principio de mecanismos de control y equilibrio en el ejercicio del poder al interior de Morena, al constituir manifestaciones genéricas e imprecisas, de ahí lo inoperante de tales argumentos.

422.      Tampoco asiste la razón a la parte actora en los motivos de agravios relativos a la derogación del inciso k. del artículo 29° del Estatuto, en el que se establecía como una de las atribuciones del Consejo Estatal la presentación, discusión y aprobación de la plataforma electoral para los procesos electorales estatales y municipales, porque tal decisión está en el ámbito de la autoorganización y autodeterminación del partido político que,  como puede advertirse de lo previsto en el artículo 42° del Estatuto, ha mantenido la previsión ya existente en el sentido de que la plataforma electoral “para cada elección federal o local en que se participe, deberá aprobarse por el Consejo Nacional y estará sustentada en la declaración de principios y programa de acción de morena”.

423.      Aunado a lo anterior, la parte actora es omisa en desarrollar argumentativamente su afirmación –genérica e imprecisa– relativa a que se limita el funcionamiento democrático de Morena, o que se deja a las entidades estatales en clara dependencia del CEN y del Consejo Nacional o que se trasgreda el principio de mecanismos de control y equilibrio en el ejercicio del poder al interior de Morena.

4.19. Violación al correcto funcionamiento del partido político, incompatibilidad de cargos y asunción de funciones (Consejo consultivo y comisiones auxiliares) [juicio de la ciudadanía 10 de 2022]