ACUERDO DE SALA
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTES: SUP-JDC-1609/2025
ACTORA: ROCÍO IVETT GONZÁLEZ LARA[1]
RESPONSABLES: JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y OTRAS
MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS
SECRETARIAS: JIMENA ÁVALOS CAPÍN Y MÉLIDA DÍAZ VIZCARRA
COLABORÓ: JUAN PABLO ROMO MORENO
Ciudad de México, trece de marzo de dos mil veinticinco.[2]
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer los juicios; no obstante, ordena reencauzar los medios de impugnación para que el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua[3] determine lo que en Derecho proceda.
ANTECEDENTES
1. Decreto de reforma constitucional. El quince de septiembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 66-67, por el que se reforman diversos artículos de la constitución federal en materia de elección de personas juzgadoras.
2. Reforma constitucional local. El veinticinco de diciembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua en materia de personas juzgadoras del Poder Judicial.
3. Convocatoria. El diez de enero de dos mil veinticinco el Congreso del estado de Chihuahua emitió convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras del Poder Judicial de esa entidad federativa, aplicable de forma indistinta para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
4. Registro. La actora señala que en su oportunidad realizó su registro de inscripción como aspirante a Magistrada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
5. Publicación de listados del Poder Ejecutivo y Judicial y proceso de insaculación. A decir de la actora, el veinte de febrero los Comités del Poder Ejecutivo y Judicial publicaron las listas de las personas que consideraron mejor evaluadas, de las cuales fue excluida.
6. Acuerdo general delegatorio y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El veintiocho de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general 1/2025 de esta Sala Superior, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación.[4]
7. Sesión de la Junta de Coordinación Política[5] . La actora refiere que el veintiocho de febrero la JUCOPO, por votación mayoritaria, decidió no aprobar el listado de candidaturas a magistradas y magistrados del Comité de Evaluación del Poder Legislativo.
8. Informe de la consejera presidenta del Consejo Estatal del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua. El cuatro de marzo, a dicho de la parte actora, la consejera presidenta del referido instituto local emitió un informe respecto del listado de candidaturas del Proceso Electoral Extraordinario, en el que hace referencia a que le fueron entregados los listados, entre otros, de las candidaturas a magistradas y magistrados propuestas por el Poder Legislativo, en las cuáles no aparece su nombre.
9. Primer juicio de la ciudadanía (SUP-JDC-1536/2025). En un primer momento, la actora acudió ante esta Sala Superior a impugnar, entre otras cuestiones la omisión del Pleno y la JUCOPO de someter a votación la lista de candidaturas de personas juzgadoras remitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Dicha demanda fue reencauzada al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua por no haberse agotado el principio de definitividad.
10. Segundo juicio de la ciudadanía (SUP-JDC-1609/2025). A fin de cuestionar diversos actos y omisiones atribuidos a la JUCOPO, al Pleno del Congreso del estado, así como al Instituto local, el cinco de marzo, la actora presentó demanda de juicio de la ciudadanía ante el Tribunal local.
11. Turno y radicación. En su oportunidad, la presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-JDC-1609/2025, así como turnarlo a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, donde se radicó.
RAZONES Y FUNDAMENTOS
PRIMERA. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la determinación que se emite compete a esta Sala Superior mediante actuación colegiada y plenaria,[6] porque se debe determinar el curso que se debe dar al escrito presentado por la actora.
Por tanto, la decisión en modo alguno corresponde a las facultades individuales de la magistratura instructora, porque implica una modificación en el trámite ordinario, por tanto, es una decisión que trasciende al desarrollo del procedimiento.
SEGUNDA. Competencia y reencauzamiento. La Sala Superior es competente para conocer de los presentes juicios en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 1/2025 de esta Sala, por tratarse de una controversia suscitada dentro del marco de la aspiración a una candidatura para el cargo de Magistratura Penal del Tribunal Superior de Justicia, en el proceso electoral local extraordinario de personas juzgadoras en el estado de Chihuahua; no obstante, se ordena el reencauzamiento al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, al no resultar procedente el salto de instancia solicitado por la actora.
1. Marco normativo
De la lectura integral de los artículos 41, párrafo tercero, Base VI, y 116, párrafo segundo, Base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[7], así como 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[8], se advierte que la jurisdicción electoral se conforma por medios de impugnación en los ámbitos estatal y federal.
Asimismo, conforme a lo previsto en los artículos 17 de la Constitución federal, así como 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Por lo que hace al sistema de justicia electoral, los artículos 41, párrafo tercero, base VI, y 99, párrafo cuarto, de la Constitución federal establecen que, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación.
De los citados preceptos se observa que el acceso a la justicia a través de las Salas del Tribunal Electoral será efectivo hasta que se agoten los medios de impugnación previstos en las entidades federativas, a lo cual se le conoce como principio de definitividad.
Aunado a lo anterior, a partir de las reformas constitucionales y legales que implementaron el sistema de elección popular de las personas juzgadoras, únicamente se estableció una distribución competencial respecto de la elección de carácter federal.
El artículo 253, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el TEPJF es competente para resolver las impugnaciones de las elecciones de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito.
Ahora, del decreto de reforma del pasado quince de septiembre, distintas entidades -incluido el estado de Chihuahua-, llevaron a cabo las adecuaciones a sus constituciones locales y legislaciones secundarias, en materia de renovación de la totalidad de los cargos de elección de sus poderes judiciales.
Mediante el Acuerdo General 1/2025, esta Sala Superior concluyó que, en asuntos relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras en las entidades federativas, corresponderá a la Sala Superior conocer de aquellos que se relacionen con cargos que tengan incidencia en toda la entidad correspondiente.
Igualmente, aquellas que no identifiquen una candidatura en específico, tales como convocatorias, emisión de lineamientos, integración de Comités encargados del proceso, entre otros.
Asimismo, a partir de los principios de racionalidad, división de trabajo y economía procesal, se determinó que se delegaría a las Salas Regionales que ejerzan jurisdicción en la entidad correspondiente, el conocimiento y resolución de los asuntos vinculados con la elección de juezas y jueces de primera instancia, menores, tribunales distritales o regionales –cargos unipersonales o con una competencia menor a la estatal–.
2. Caso concreto
La actora refiere que se postuló al cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua en materia penal, en el marco del proceso electoral extraordinario en dicha entidad federativa.
Afirma que fue incluida en la lista de aspirantes mejor evaluadas del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, sin embargo, el listado de aspirantes a magistradas y magistrados no fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado[9].
Asimismo, señala que, pese a que no fue aprobado el listado referido, la consejera presidenta del Instituto Electoral local informó que recibió los listados por parte del Congreso local, incluido el del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, en el cual no aparece.
Derivado de ello, promueve, per saltum, juicio de la ciudadanía, para impugnar diversas irregularidades que atribuye a la JUCOPO, al Pleno del Congreso Local y a la consejera presidenta del Instituto local. Al respecto, argumenta que fue excluida del listado respectivo por discriminación y violencia política por razones de género en su perjuicio.
Expuesto lo anterior, se desprende que la controversia planteada se circunscribe a la aspiración de la actora a ser candidata a magistrada penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.
En estos términos, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua,[10] el Tribunal Superior de Justicia del Estado se conforma por: pleno, presidencia, salas y secretaría general de acuerdos.
El artículo 32 de la Ley Orgánica local prevé que el Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno o en salas y se integrará por un mínimo de quince magistraturas. Asimismo, que tendrá su residencia en la ciudad de Chihuahua y ejercerá jurisdicción en todo el estado.
Por su parte, el artículo 35 de dicha ley, establece que el Pleno del Tribunal Superior se integrará por la totalidad de las magistraturas y lo encabezará la persona titular de la presidencia, requiriendo la presencia de la mitad más uno de sus integrantes para sesionar válidamente.
En ese sentido, ya que la controversia planteada por la actora está relacionada con su aspiración a una magistrada penal del Tribunal Superior de Justicia, cuyo cargo ejerce jurisdicción en toda la entidad federativa, corresponde a esta Sala Superior la competencia para conocer la controversia.
Ahora bien, la actora solicita el salto de la instancia; sin embargo, a juicio de este órgano jurisdiccional, en este caso, no se justifica ese análisis, porque no se advierte que de agotar la instancia local pueda mermar o extinguir los derechos involucrados en la presente controversia.
Ello, porque se encuentra transcurriendo la etapa de preparación del proceso electoral local extraordinario en el estado de Chihuahua y las campañas electorales iniciarán hasta el próximo treinta y uno de marzo.
Por ello, la controversia planteada por la promovente debe ser analizada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, al ser el órgano que ejerce jurisdicción en ese estado.
Adicionalmente, esta Sala Superior ha establecido que si la materia de la controversia corresponde a una Sala Regional, instancia partidista o tribunal local y la parte promovente solicita el salto de la instancia local, la demanda deberá remitirse a la autoridad respectiva para que analice su procedencia.[11]
Lo anterior, no prejuzga sobre el cauce o contenido de la determinación que el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua emita en términos de sus facultades como órgano jurisdiccional y el marco normativo respectivo, ya que corresponde a la autoridad competente pronunciarse sobre la procedencia de los medios de impugnación.[12]
Finalmente, es un hecho notorio que el ocho de marzo, esta Sala Superior determinó, en el SUP-JDC-1536/2025, promovido por la hoy actora relacionado con su aspiración a ser postulada como candidata a magistrada del Tribunal Superior de Justicia en materia penal, que la competencia formal para conocer del caso correspondía a esta Sala Superior, no obstante, ordenó reencauzar la demanda al Tribunal local, al ser improcedente el salto de la instancia solicitado.
En atención a lo antes expuesto y dado lo expedito de las etapas del proceso electoral extraordinario para elegir personas juzgadoras en el Estado de Chihuahua, el Tribunal local deberá resolver el medio de impugnación en un plazo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación de la presente resolución.
Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior aprueba los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Esta Sala Superior es competente para conocer de los presentes medios de impugnación.
SEGUNDO. Se reencauza la demanda al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en los términos señalados.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior que remita las constancias del expediente, así como toda documentación que se presente relacionada con los asuntos, al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, para los efectos expresados en el presente acuerdo.
Notifíquese como corresponda. En su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación respectiva.
Así lo acordaron, por unanimidad de votos, las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe que el presente acuerdo se firma de manera electrónica.
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.