JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: SUP-JDC-1935/2016 Y ACUMULADOS

ACTORES: YANETH MERCADO CRUZ Y OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y JUNTA GENERAL EJECUTIVA, AMBOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA

SECRETARIOS: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Y JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO.

Ciudad de México, a once de enero de dos mil diecisiete.

V I S T O S, para resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que, por propio derecho, promueven los ciudadanos que se enlistan en el cuadro que se inserta a continuación, con el número de expediente:

En los precitados medios de defensa se impugnan los Acuerdos de la Comisión del Servicio Profesional Electoral y de la Junta General Ejecutiva, ambas del Instituto Nacional Electoral, emitidos los días veintidós y veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, respectivamente, por los que se aprueba la lista propuesta por los Organismos Públicos Locales Electorales para que sus servidores públicos se incorporen al Servicio Profesional Electoral Nacional, a través del concurso público interno y se incluyen a los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en acatamiento a la ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída a los expedientes SUP-JDC-1851/2016 y SUP-JDC-1854/2016.

RESULTANDO:

De la narración de hechos que los actores hacen en su escrito de demanda respectivo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

I. Antecedentes de carrera de los actores.

1. Ingreso a los organismos públicos electorales locales. Los actores afirman que ingresaron a laborar en diversos cargos al organismo público electoral local del entonces Distrito Federal ahora Ciudad de México, conforme a la siguiente tabla:

2. Cargos actuales. En el mismo orden, los actores manifiestan que actualmente ocupan los siguientes cargos:

II. Reforma constitucional y creación del Servicio Profesional Electoral Nacional.

1. Reforma constitucional. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, se estableció, en el Artículo Sexto Transitorio que, el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar la incorporación de todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total.

2. Aprobación de los Lineamientos para el Servicio Profesional Electoral Nacional (Acuerdo INE/CG68/2014). El veinte de junio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo por el cual se ordenó la elaboración de los lineamientos para la incorporación de los servidores públicos del otrora Instituto Federal Electoral y de los Organismos Públicos Electorales Locales al Servicio Profesional Electoral Nacional; así como la aprobación de los criterios generales para la operación y administración transitoria del servicio profesional electoral, tanto en el Instituto Nacional Electoral[1] y en los Organismos Públicos Locales Electorales.

3. Oficio INE/PCG/206/2014 sobre el alcance del punto sexto del Acuerdo INE/CG68/2014. El dos de diciembre de dos mil catorce el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional comunicaron al Consejero Presidente del organismo público electoral local del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México, sobre de los alcances del punto sexto del Acuerdo INE/CG68/2014, en los términos siguientes:

(…)

1.      Las plazas administrativas vacantes, en el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal, dada la existencia de su Servicio Profesional Electoral, no quedan sujetas a la condicionantes de ocupación que se prevén en el punto Sexto del acuerdo, por lo que podrían ocuparlas, de manera definitiva, en términos de lo que disponga al efecto la normatividad que resulte aplicable.

2.      Por su parte, las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, sólo pueden ocuparse mediante alguna modalidad que se encuentre establecida en la normatividad aplicable a dicho Instituto, que garantice el carácter temporal, provisional o eventual en apego a lo dispuesto en el referido punto de Acuerdo; ello, sin perjuicio de que ese Instituto asigne temporal, provisional o eventualmente, al personal de su Servicio Profesional Electoral plenitud de facultades para ejercer las funciones que le correspondan. Cabe agregar que no se identifica impedimento en el acuerdo referido para que el personal que ocupe plazas administrativas pueda ser designado temporal, provisional o eventualmente encargado de despacho, de conformidad con la normatividad aplicable.

(…)

4. Lineamientos de incorporación al Servicio Profesional Electoral (Acuerdo INE/CG68/2015). El veinticinco de febrero de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la propuesta de la Junta General Ejecutiva, en la cual emitieron los Lineamientos de Incorporación de Servidores Públicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, al Servicio Profesional Electoral Nacional, previstos en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[2].

5. Bases de incorporación (Acuerdo INE/CG171/2016). El treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las bases para la incorporación de servidores públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional[3].

6. Convocatoria. El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó la Convocatoria para la incorporación de los servidores públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso público interno, la cual se publicó en la página de internet de dicho Instituto.

7. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1851/2016 y sus acumulados. El dos de noviembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los juicios ciudadanos promovidos por José Juan Solís Vázquez, Juan Pablo García Luna, Juan Carlos Parga García, y Gustavo Torres Ortíz, contra la lista de personas autorizadas para presentar el examen de conocimientos técnicos electorales del Proceso de Certificación para la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, emitido por el Instituto Nacional Electoral, en la cual fueron excluidos, al tenor de los siguientes puntos resolutivos.

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicados en los expedientes SUP-JDC-1852/2016, SUP-JDC-1853/2016, y SUP-JDC-1854/2016 al SUP-JDC-1851/2016, y se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de este acuerdo a los expedientes acumulados

SEGUNDO. Son constitucionales los artículos Octavo de los Lineamientos y 21, fracción I, 22 fracción I, 24 fracción II y 25 de las Bases para la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional.

TERCERO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la lista de personas autorizadas para presentar el examen de conocimientos técnicos electorales del Proceso de Certificación para la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, emitido por el Instituto Nacional Electoral

CUARTO. Se vincula a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que emita la convocatoria correspondiente al concurso público interno a que tienen derecho los actores.

8. Petición a la Presidenta de la Comisión Provisional para la Incorporación de los Servidores Públicos del Servicio Profesional Electoral del Distrito Federal. El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, los actores Yaneth Mercado Cruz, Isela de Jesús González Flores, Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Carolina Clementina Fuentes Prieto, Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez solicitaron se giraran instrucciones a efecto de que se pidiera al Instituto Nacional Electoral les incorporara en la lista de los servidores públicos de los organismos públicos electorales locales para participar en el concurso público interno como vía de incorporación al Servicio Profesional Electoral.

9. Solicitud al Instituto Nacional Electoral. El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, los accionantes Yaneth Mercado Cruz, Isela de Jesús González Flores, Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Carolina Clementina Fuentes Prieto, Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez, solicitaron al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Instituto Nacional Electoral, les incorporara en la lista de los servidores públicos de los organismos públicos electorales locales para participar en el concurso público interno como vía de incorporación al Servicio Profesional Electoral.

10. Aprobación de la lista propuesta por los Organismos Públicos Electorales (Acuerdo INE/JGE284/2016). El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó la lista propuesta por los organismos públicos locales electorales para que sus servidores públicos se incorporen al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso público interno y se incluyan a los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con los números de expedientes SUP-JDC-1851/2016 a SUP-JDC-1854/2016, en la que no se incluye a los actores, de conformidad con lo expuesto en los puntos 49 y 52 a 54 (cuarenta y nueve y cincuenta y dos a cincuenta y cuatro).

11. Oficio INE/DESPEN/2446/2016. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal recibió el oficio INE/DESPEN/2446/2016, mediante el cual, el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral informó que, en lo tocante a Yaneth Mercado Cruz, Isela de Jesús González Flores, Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Carolina Clementina Fuentes Prieto, Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez, era improcedente la solicitud de ser incorporados en la lista para el concurso público interno.

III. Juicio ciudadano.

1. Tramitación. Inconformes por no haber sido incluidos en la lista para ser incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante concurso público interno, los actores promovieron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

2. Sustanciación. La Magistrada Presidenta de la Sala Superior, integró los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-1935/2016, SUP-JDC-1936/2016 y SUP-JDC-1979/2016, y los turnó a las ponencias de los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante González.

3. Primer requerimiento. El diecinueve y veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, los Magistrados Instructores requirieron al Instituto Electoral del Distrito Federal, a fin de que informara respecto de las plazas de Jefe de Departamento de Coordinación Interinstitucional (Yaneth Mercado Cruz), Subdirectora de Formación (Isela de Jesús González Flores), Jefe de Departamento de Formación Ciudadana (Juan Daniel Zamudio Soriano), Jefa de Departamento de Fomento a la Cultura Democrática (Virginia del Carmen Franco Jiménez), Jefe de Departamento de Materiales Electorales (Fernando Carreón García), Jefe de Departamento de Documentación Electoral (Osvaldo Héctor Hernández Ortega), Jefa de Departamento de Formación Cívica Ciudadana y Vinculación (Carolina Clementina Fuentes Prieto) y Jefa de Departamento de Promoción de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana (Rosa María Muñiz Sánchez).

4. Desahogo a requerimiento. El veintiuno y veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se recibieron en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, un comunicado oficial mediante el cual el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, remitió copia certificada del catálogo de cargos y puestos SPEN, en cumplimiento a los acuerdos mencionados en el antecedente inmediato.

5. Segundo requerimiento. El tres de enero de dos mil diecisiete, los Magistrados Instructores requirieron al Instituto Electoral del Distrito Federal, a fin de que remitiera copia certificada de los dictámenes y acuerdos de la Junta Administrativa de dicho Instituto, por los cuales se determinó que los actores cumplieron los requisitos solicitados y pasaron a ocupar los puestos respectivos.

6. Desahogo al requerimiento. El cuatro de enero de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, un comunicado oficial mediante el cual el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, remitió copias certificadas de los acuerdos adoptados por la Junta Administrativa JA153-11, JA067-12, JA122-13, JA005-15, JA012-15 y JA079-16, así como del Informe sobre la Restructuración Orgánica Funcional del IEDF, en cumplimiento al acuerdo señalado en el numeral de antecedentes que precede.

7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, cada Magistrado admitió las demandas y declaró cerrada la instrucción, para quedar en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los medios de impugnación identificados en el proemio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos contra actos atribuidos a órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, cuya litis está relacionada con la implementación del Servicio Profesional Electoral Nacional.

SEGUNDO. Acumulación.

El artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece la posibilidad de acumular los medios de impugnación para su resolución pronta y expedita, de manera que como en los juicios que se analizan se impugnan la lista que aprobó la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, de los servidores públicos propuestos por los organismos públicos locales electorales para ser incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional, a través del concurso público interno, de la cual fueron excluidos los accionantes, lo procedente es decretar la acumulación de los juicios ciudadanos SUP-JDC-1936/2016, SUP-JDC-1978/2016 y SUP-JDC-1979/2016 al SUP-JDC-1935/2016, para su resolución conjunta y, en consecuencia, se deberá agregar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria en los expedientes acumulados.

TERCERO. Precisión de los actos reclamados.

En las demandas de los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano los actores Yaneth Mercado Cruz, Isela de Jesús González Flores, Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Carolina Clementina Fuentes Prieto, Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez señalan como actos reclamados los siguientes:

A) El Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional por el que se aprueba la lista propuesta por los Organismos Públicos Locales Electorales para que sus servidores públicos se incorporen al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso público interno y se incluyen a los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en acatamiento a la ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída a los expedientes SUP-JDC-1851/2016 A SUP-JDC-1854/2016, aprobado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

B) El Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la lista propuesta por los Organismos Públicos Locales Electorales para que sus servidores públicos se incorporen al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso público interno y se incluyen a los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en acatamiento a la ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída a los expedientes SUP-JDC-1851/2016 A SUP-JDC-1854/2016, aprobado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.

Ahora, en relación al acto reclamado que se identifica con el inciso A), se debe señalar que la responsable al rendir su informe circunstanciado, manifiesta que la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral en sesión celebrada el veintidós de noviembre del año en curso, únicamente autorizó remitir el anteproyecto de acuerdo a la Junta General Ejecutiva, así como no aceptar la solicitud elevada por el Instituto Electoral del Distrito Federal de incorporar al procedimiento de concurso público interno a diez servidores públicos del referido organismo público local electoral, encontrándose entre ellos, los accionantes.

Asimismo, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, concretamente, de la copia certificada de la versión estenográfica del acta de la sesión celebrada por la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional el veintidós de noviembre de dos mil seis, se constata que la mencionada autoridad, por una parte, autorizó remitir a la Junta General Ejecutiva para su aprobación, el anteproyecto de Acuerdo de la lista propuesta por los Organismos Públicos Locales Electorales para que sus servidores públicos se incorporen al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso público interno y, por otra, se determinó no aceptar la solicitud del Instituto Electoral del Distrito Federal de incorporar al procedimiento de concurso interno a diez servidores públicos del referido organismo público local electoral, entre quienes se encuentran los actores de los juicios ciudadanos SUP-JDC-1935/2016, SUP-JDC-1936/2016, SUP-JDC-1978/2016 y SUP-JDC-1979/2016.

Igualmente, del examen de la documental pública consistente el acuerdo que se reclama a la Junta General Ejecutiva, se observa que se consigna la no aceptación de incorporar al concurso público interno a los diez servidores públicos propuestos por el Instituto Electoral del Distrito Federal que rechazó la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.

De la lectura de los agravios se obtiene que el motivo medular de la queja de los enjuiciantes, consiste en la decisión de no haber aprobado su inclusión en la lista de quienes podrán presentar el concurso público interno para ser incorporados al Servicio Profesional Electoral.

En ese tenor, en relación con la Comisión Nacional Electoral se tiene como acto reclamado la decisión de no haber aceptado la solicitud presentada por el Instituto Electoral del Distrito Federal de incorporar al procedimiento de concurso público interno a los ciudadanos referidos, la cual se materializó como acto definitivo y firme, en el acuerdo emitido por la Junta General Ejecutiva de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, dado que el acuerdo que emitió la mencionada Comisión de veintidós de noviembre pasado, constituye un acto previó consistente en el anteproyecto que luego de ser sometido a su respetiva aprobación, por la Junta, adquirió firmeza y fuerza legal vinculante, por tanto, debe tenerse como acto definitivo el citado acuerdo.

CUARTO. Procedencia.

I. Formalidad. Las demandas cumplen los extremos del artículo 9, párrafo 1, de la citada ley de medios de impugnación, dado que se presentaron por escrito y en ellas se hace constar el nombre y firma de los actores; se identifica el acto impugnado; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que les causa el acto impugnado, los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hace constar el nombre, así como la firma autógrafa de los promoventes.

II. Oportunidad. Se estima colmado el requisito establecido en el artículo 8, de la ley de medios de impugnación en consulta, puesto que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis se aprobó la lista controvertida y se publicó en la página de internet del Instituto Nacional Electoral.

Los actores Yaneth Mercado Cruz, Isela de Jesús González Flores, Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Carolina Clementina Fuentes Prieto manifiestan haber tenido conocimiento de la lista reclamada el veintiocho de noviembre y la demanda se presentó el uno de diciembre siguiente, esto es, dentro del plazo legal.

Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez refieren haber sido conocedores de la lista impugnada el dos de diciembre de dos mil dieciséis, siendo que la demanda la presentaron el seis de diciembre del propio año

III. Legitimación. Los medios de impugnación se promueven por parte legítima, porque en términos del artículo 79, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los ahora actores son ciudadanos que actúan por propio derecho y como servidores públicos de organismos públicos electorales locales.

IV. Interés jurídico. Los actores tienen interés jurídico para promover los presentes juicios ciudadanos, porque controvierten el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la lista propuesta por los Organismos Públicos Locales Electorales para que sus servidores públicos se incorporen al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso público interno, de la cual fueron excluidos y, por tanto, se les niega el derecho a ser incorporados por el referido mecanismo.

V. Definitividad. La resolución controvertida es definitiva y firme, toda vez que se trata de una resolución emitida por la Junta General Ejecutiva en el procedimiento de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de los servidores públicos de los organismos públicos locales electorales, contra la cual no procede medio de defensa para privarlo de efectos y en su caso remediar los agravios que aducen los enjuiciantes.

QUINTO. Estudio de fondo de la controversia.

I. Agravios planteados por los actores.

Como motivos de disenso, los Actores aducen, medularmente, lo siguiente:

En virtud de que los agravios sintetizados se encuentran íntimamente vinculados, cuenta habida que todos tienen la pretensión de que los Actores sean incluidos en la lista de personas que pueden participar en el examen público interno para acceder al Servicio Profesional Electoral Nacional, esta Sala Superior procederá a examinarlos de manera conjunta, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin que ello les ocasione agravio alguno, de conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional 4/2000, cuyo rubro expresa: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN[4].

Sobre la litis que debe elucidarse en los presentes asuntos, esta Sala Superior ya ha sentado doctrina judicial, al emitir sendos fallos en los expedientes SUP-RAP-175/2016 y sus acumulados y SUP-JDC-1851/2016 y su acumulado, en sesiones de once de mayo y dos de noviembre de dos mil dieciséis, respectivamente, de los que es menester retomar los elementos nucleares siguientes.

A. Elementos generales del Servicio Profesional Electoral Nacional. SUP-RAP-175/2016 y acumulados.

De ese modo, a partir de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, el Servicio Profesional Electoral Nacional se erige en un parte aguas con respecto a la profesionalización y desempeño de las actividades del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, que deben desarrollar para cumplir con la función estatal de organizar los comicios que la propia Ley Suprema les encomienda.

a. La finalidad del establecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional consiste en asegurar el desempeño profesional de las actividades del INE y de los OPLES; b. El Servicio Profesional Electoral Nacional está formado por dos clases de funcionarios: directivos y técnicos. Los primeros, cubren los cargos con atribuciones de dirección, mando y supervisión -cuerpo de la función directiva-; los segundos, son los encargados de realizar las actividades especializadas -cuerpo de técnicos-; c. Los dos cuerpos se deben estructurar por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales, de manera que permitan la promoción de los miembros titulares de los cuerpos, en los que se desarrollará la carrera de los miembros permanentes del Servicio; d. El ingreso y permanencia en los cargos del Servicio Profesional Electoral depende, entre otros requisitos, de la acreditación de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual en términos del Estatuto; e. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus cargos o niveles a los funcionarios que cubrirán los cargos establecidos por la Ley para las direcciones y Juntas Ejecutivas; f. El Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional establece, entre otras, las normas para definir los niveles o rangos de cada cuerpo y los cargos o puestos a los que dan acceso; forma el Catálogo General de Cargos y Puestos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales; el reclutamiento y selección de los interesados en ingresar a una plaza del Servicio, será primordialmente por la vía del concurso público; la formación y capacitación profesional y los métodos para la evaluación del rendimiento; los sistemas de ascenso, movimiento y rotación a los cargos o puestos y para la aplicación de sanciones administrativas o remociones; y, g. Que el profesionalismo en el desempeño de las funciones del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, constituye un principio fundamental en su actuación, en cuya estructura tiene relevancia especial la existencia de órganos ejecutivos y técnicos, que deben disponer del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral.

B. Consideraciones relativas al acceso al concurso público interno de servidores públicos que laboran en Oples cuyo servicio profesional no es permanente o bien, inexistente. SUP-JDC-1851/2016 y acumulados.

Esto es, adicionalmente, opera el supuesto de aquellos servidores públicos que han desempeñado cargos en los institutos electorales locales con servicio profesional operando permanentemente y que no cumplen los requisitos para ser incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional, mediante un procedimiento de certificación, para los cuales también existe la vía de concurso público interno.

Sentado lo anterior, hay que poner de relieve que como se dejó patente al sintetizar los agravios de los recurrentes, partiendo de la concretización del derecho a la igualdad y no discriminación estatuido en el artículo 1° de la Constitución General de la República, éstos pretenden que las responsables los incluyan en la lista de personas facultadas para realizar el examen correspondiente al concurso público interno como vía de acceso al Servicio Profesional Electoral Nacional, pues aducen que se ubican en la misma posición que los actores en el diverso juicio ciudadano SUP-JDC-1851/2016 y su acumulado, es decir, que debe aplicárseles el artículo 3 de las Bases para la Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, en tanto que su condición es equiparable a los servidores públicos de los Oples que no cuentan con servicio profesional o que el mismo no hubiera sido permanente, a quienes el citado precepto les otorga la posibilidad de incorporarse al SPEN a través del concurso mencionado.

Sobre este aspecto, es relevante dejar patente que para la actualización de la hipótesis a la que los actores pretenden acogerse, resulta indispensable que se satisfagan algunas condiciones normativas previstas en el artículo 34[5] de las mencionadas Bases; específicamente, las consistentes en:

1.    Que quienes soliciten incorporarse al SPEN mediante el concurso público interno, deben ocupar cargos o puestos considerados como del Servicio en el mencionado Catálogo; y,

Bajo este orden de ideas, para determinar si asiste razón o no a los actores, este Tribunal Constitucional juzga indispensable efectuar una valoración de las documentales públicas remitidas por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, previos requerimientos de los Magistrados Instructores de diecinueve y veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis y tres de enero de dos mil diecisiete, consistentes en copias certificadas del catálogo de cargos y puestos SPEN contenidos en el ACU 42-2016 del citado instituto, así como de los dictámenes y acuerdos de la Junta Administrativa del mismo, a través de los cuales los disconformes accedieron a los cargos que ostentan actualmente; para verificar, por una parte, si éstos están contemplados en el Catálogo de puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional; y por otra, a efecto de elucidar con qué fecha accedieron a los mismos, con el propósito de conocer si pueden ingresar al mencionado Servicio a través de la vía que intentan, en virtud de satisfacer, entre otros, los aspectos que del artículo 34 de las Bases para la Incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al mencionado Servicio, han quedado identificados en el núcleo de esta sentencia.

Pues bien, por lo que hace al elemento atinente a establecer si los puestos que actualmente ocupan los actores, están comprendidos dentro del Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, según consta de las constancias mencionadas en el párrafo inmediato anterior, a las cuales se otorga pleno valor probatorio por tratarse de documentales públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, numerales 1, inciso a) y 4, inciso c); y 16, numeral 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Tribunal Constitucional considera que todos los disconformes satisfacen dicho requisito, tal y como se desprende del siguiente cuadro:

Desde otra perspectiva, por lo que ve al requisito de que la incorporación a la plaza con funciones contempladas en el Catálogo, se haya dado antes del diez de febrero de dos mil catorce, de los propios medios de convicción que se han venido examinando, se desprende, respecto de cada actor, la información subsecuente:

a) Que el treinta de enero de dos mil quince, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó mediante acuerdo JA012-15, el dictamen por el que se determinó que Yaneth Mercado Cruz, cumplía con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefa de Departamento de Coordinación Interinstitucional, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

b) Que el primero de junio de dos mil doce, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó mediante acuerdo JA067-12, el dictamen por el que se determinó que Isela de Jesús González Flores, cumplía con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Subdirección de Información, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

c) Que el treinta de enero de dos mil quince, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó mediante acuerdo JA012-15, el dictamen por el que se determinó que Juan Daniel Zamudio Soriano, cumplía con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefe de Departamento de Formación Ciudadana, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

d) Que el quince de agosto de dos mil dieciséis, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó mediante acuerdo JA079-16, el dictamen por el que se determinó que Virginia del Carmen Franco Jiménez, cumplía con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefa de Departamento de Fomento a la Cultura Democrática, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación.

e) Que el once de abril de dos mil once, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante Acuerdo de Restructuración Funcional 2011, se aprobó la relación de reubicación por área y rama del personal del Instituto Electoral del Distrito Federal por reestructuración, en la cual, se modificó el puesto de Fernando Carrión García, ocupando la plaza de manera definitiva de Jefe de Departamento de Materiales Electorales, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

f) Que el primero de diciembre de dos mil once, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó mediante acuerdo JA153-11, el dictamen por el que se determinó que Osvaldo Héctor Hernández Ortega, cumplía con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefe de Departamento de Documentación Electoral, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía.

g) Que el primero de diciembre de dos mil once, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó mediante acuerdo JA153-11, el dictamen por el que se determinó que Oscar Mauricio Valadez Martín, cumplía con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefe de Departamento de Contenidos y Materiales Didácticos para la Participación Ciudadana, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

h) Que el quince de enero de dos mil quince, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó mediante acuerdo JA0015-15, el dictamen por el que se determinó que Carolina Clementina Fuentes Prieto, cumplía con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefa de Departamento de Formación Cívica Ciudadana y Vinculación adscrita a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación.

i) Que el dieciocho de diciembre de dos mil trece, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó mediante acuerdo JA122-13, el dictamen por el que se determinó que Rosa María Muñiz Sánchez, cumplía con los requisitos para ocupar de manera definitiva la plaza de Jefa de Departamento de Promoción de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana adscrita a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

Del análisis anterior, se colige que, los actores que sí cumplieron con el segundo requisito establecido en la fracción III, del artículo 34 de las Bases, son Isela de Jesús González Flores, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez; en tanto que los actores que no se ubican en esa hipótesis son Yaneth Mercado Cruz; Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez y Carolina Clementina Fuentes Prieto.

Ahora bien, al rendir los informes circunstanciados respectivos, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en su carácter de Secretario de la Junta General Ejecutiva y el Director Ejecutivo y Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, defendieron la constitucionalidad de los Acuerdos impugnados, señalando, medularmente, que los actores no podían ingresar al SPEN a través del concurso público interno, toda vez que éstos no forman parte del servicio profesional del Instituto Electoral del Distrito Federal, sino que están adscritos a la rama administrativa del mismo; así como que no existe disposición alguna que permita que este tipo de servidores públicos puedan acceder al Sistema en la forma en que lo pretenden los actores.

En concepto de esta Sala Superior, los agravios planteados por los actores Isela de Jesús González Flores, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez, son esencialmente fundados y suficientes para revocar, exclusivamente por lo que hace a su situación jurídica, los Acuerdos objeto de revisión de constitucionalidad en este asunto; mientras que los esgrimidos por Yaneth Mercado Cruz; Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez y Carolina Clementina Fuentes Prieto, son infundados.

En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagran, entre otros principios iusfundamentales; por una parte, el principio pro persona, con base en el cual, todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de la forma que más favorezcan su irradiación y potencialización a favor de las personas[6]; y por otra, el diverso de legalidad, albergado en el numeral 16 de la propia Norma Suprema, de acuerdo al que, todo acto de autoridad, debe ser emitido, entre otros requisitos, debidamente fundado y motivado, entendiendo por lo primero, según ha sentado en criterio jurisprudencial firme la Suprema Corte de Justicia[7], que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Pues bien, teniendo en cuenta este parámetro de control de constitucionalidad aplicable a los Acuerdos controvertidos, es que se alcanza la convicción de que asiste razón a los actores Isela de Jesús González Flores, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez, cuenta habida que como se detalló con toda precisión en este apartado de la resolución, su condición jurídica cumple cabalmente con los dos requisitos del artículo 34 de las Bases que fueron debidamente precisados en esta sentencia, en cuanto a que, en primer lugar, actualmente, todos ellos se desempeñan en un puesto de los considerados dentro del Catálogo de cargos del SPEN; y en segundo lugar, a que de las documentales públicas valoradas con antelación, su incorporación a dicha plaza sí tuvo lugar previo al diez de febrero de dos mil catorce, tal y como lo mandata la fracción III del numeral citado.

Luego, lo constitucional era que las responsables interpretaran y aplicaran los artículos 3° y 34 de las Bases, en plena alineación con el principio pro persona que alberga el numeral 1° de la Carta Magna, que en el caso se hubiera traducido en que se alcanzara la convicción de que los actores citados en el párrafo inmediato anterior, sí se ubican en la hipótesis de participar en el proceso de incorporación al SPEN por la vía del Concurso Público Interno.

En cambio, al establecer una condición jurídica contraria, tales determinaciones se hallan, además, indebidamente fundadas y motivadas, contraviniendo el principio de legalidad estatuido en el precepto 16 de la Constitución Federal, puesto que no fueron aplicados los artículos que así correspondían, ni valoradas adecuadamente las condiciones especiales que ubican a los actores que nos ocupan en la hipótesis ya referida.

Desde diversa óptica, devienen infundados los asertos de invalidez expresados por los actores Yaneth Mercado Cruz, Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez y Carolina Clementina Fuentes Prieto, conforme a lo siguiente.

Ciertamente, se sostiene que son infundados, puesto que si bien es cierto, contrario a lo que sostuvieron las responsables en los acuerdos tildados de inconstitucionales, los nombrados disconformes, tal y como quedó evidenciado de las documentales públicas que fueron valoradas con antelación, no pertenecen a la rama administrativa del IEDF, sino que todos ellos se incorporaron paulatinamente a puestos reconocidos en el Catálogo, por lo que, en principio, cumplen el requisito previsto en el acápite del artículo 34 de las Bases, de ahí que la afirmación de aquéllas sea inexacta jurídicamente.

No obstante, lo infundado del agravio radica en que los actores aludidos en el párrafo inmediato anterior no pueden acceder al SPEN mediante el concurso público interno, es que su incorporación a las plazas que ahora ocupan, no se dio con anterioridad al diez de febrero de dos mil catorce, tal y como así lo mandata la fracción III del numeral 34 de la Bases, de ahí que no se ubiquen en esta hipótesis de ingreso al Sistema.

Finalmente, por cuanto hace a los agravios formulados por los actores Yaneth Mercado Cruz, Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez y Carolina Clementina Fuentes Prieto, tampoco les asiste razón cuando argumentan que, en la especie, conforme a lo ordenado por la Sala Superior en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1851/2016 y sus acumulados, las responsables estaban obligadas a garantizar en su actuación el principio “erga omnes”, por lo que en tal sentido debieron aplicar la misma norma a todos los servidores públicos de los organismos públicos locales electorales que se ubiquen en hipótesis similares; más aun, cuando atendiendo al principio “pro personae” el Instituto Nacional Electoral debió tutelar el derecho de los servidores públicos de cualquier organismo público local electoral para ser incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante la vía de concurso público interno.

Lo anterior se sostiene en esa tesitura, cuenta habida que como se puso de relieve en esta sentencia, en la resolución dictada en el SUP-JDC-1851/2016 y sus acumulados, se consideró que a partir de lo establecido en los Lineamientos de Incorporación de Servidores Públicos del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional y de las Bases para la incorporación de servidores públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, se obtenía que los procedimientos para la incorporación son:

- Certificación: El proceso mediante el cual se constata el cumplimiento de requisitos, conocimientos y experiencia de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales con fines a su incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional.

- Concurso Público Abierto: Procedimiento de selección de personal cuya Convocatoria está dirigida a toda persona interesada en ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional que cumpla con los requisitos establecidos en la Convocatoria que para tales efectos se emita.

- Concurso Público Interno: Procedimiento de selección de personal cuya Convocatoria está dirigida a los servidores públicos del Organismo Público Local Electoral que no acreditó los requisitos para participar en el proceso de Certificación o al personal del Organismo Público Local Electoral que no cuentan con un Servicio Profesional pero que tiene cargos o puestos susceptibles de incorporarse al Servicio Profesional Electoral Nacional por las funciones sustantivas que desarrolla.

Esta última hipótesis se estimó inmersa para la vía de incorporación mediante concurso público interno, por tratarse de servidores públicos que no están en el supuesto de seguir el procedimiento de incorporación por la vía de certificación, por la falta de algún requisito, pero sí son trabajadores de un instituto electoral local con servicio profesional.

De ese modo se consideró que no debían ser tratados igual que aquellos servidores públicos de los organismos públicos locales electorales que participaron en el procedimiento de certificación y que al no aprobar sólo les queda la posibilidad de un concurso público abierto.

Por ello, en el precitado asunto, se concluyó que como los actores no habían ingresado al Servicio Profesional Electoral por concurso de oposición o examen público, y como consecuencia, ante el incumplimiento de ese requisito resultaba inaplicable el procedimiento vía certificación, el concurso público interno, resultaba dable reconocer la vía del concurso público interno para el acceso al Servicio Profesional Electoral Nacional por parte de los servidores públicos de los Organismos Públicos Locales.

De esa forma, se obtiene que el precedente que invocan no es aplicable, puesto que como se ha evidenciado en esta resolución, los referidos actores no pueden acceder al Servicio Profesional por medio del concurso público interno, es porque no ocupan sus actuales puestos considerados en el Catálogo del SPEN, con antelación al diez de febrero de dos mil catorce, siendo que en el precedente de marras, los actores eran servidores públicos que siendo miembros del Servicio Profesional Electoral en su momento habían ingresado conforme a la normatividad desde el año dos mil cuatro, de ahí que devenga infundado el agravio que nos ocupa.

Por cuanto hace al argumento atinente a que en atención al principio pro persona contenido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actores debieron ser incorporados en la lista para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional a través de concurso público interno, los disensos se desestiman, toda vez que dicho principio, adecuadamente entendido, no implica que se constituyan derechos por vía interpretativa, sino que, como ya se explicó con antelación, consiste en que existiendo normas que consagren derechos fundamentales, éstas deben ser interpretadas de la forma que más se favorezca su ejercicio, lo que en la especie no acontece, puesto que como se explicó, los disconformes no reúnen el requisito previsto en el artículo 34, fracción III, de las Bases, atento a que accedieron a las plazas sustantivas que actualmente ocupan, con posterioridad al diez de febrero de dos mil catorce, de ahí que no sea factible, so pretexto de la invocación del principio pro persona, constituir derechos que los actores no tienen generados dentro de su patrimonio jurídico, sino que, en todo caso, deben respetarse las reglas establecidas en las citadas Bases; máxime, que las mismas no fueron objeto de impugnación de constitucionalidad en esta instancia.

Sirve de apoyo a la consideración anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuya voz expresa[8]: “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL”.

SEXTO. Efectos. Consecuentemente, dado el resultado del fallo, lo procedente es que el Instituto Nacional Electoral, a través de los órganos competentes para ello, en un plazo que no exceda de quince días naturales, instrumente el mencionado concurso público interno, únicamente por lo que hace a los actores Isela de Jesús González Flores, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez, siempre que, desde luego, éstos cumplan con los demás requisitos establecidos en la normatividad aplicable, hecho lo cual, deberá informar a esta Sala Superior en un plazo de tres días posteriores a que haya dado cumplimiento a esta ejecutoria.

Al respecto, resulta relevante poner de manifiesto que, el presente fallo, de ninguna manera implica la incorporación automática de los actores al SPEN, sino únicamente, el que se les reconozca y haga efectivo su derecho a presentar el examen público interno, por lo que el acceso al mismo, dependerá de que acrediten satisfactoriamente los exámenes respectivos.

Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicados en los expedientes SUP-JDC-1936/2016, SUP-JDC-1978/2016 y SUP-JDC-1979/2016 al SUP-JDC-1935/2016.

SEGUNDO. Se revoca, en la materia de la impugnación, las determinaciones que se reclaman de la Comisión Nacional Electoral y de la Junta General Ejecutiva, ambas del Instituto Nacional Electoral, únicamente, por lo que hace a los actores Isela de Jesús González Flores, Fernando Carrión García, Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Oscar Mauricio Valadez Martín y Rosa María Muñiz Sánchez, en los términos y para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria.

TERCERO. Se confirma, en la materia de la impugnación, las determinaciones que se reclaman de la Comisión Nacional Electoral y de la Junta General Ejecutiva, ambas del Instituto Nacional Electoral, por lo que ve a los actores Yaneth Mercado Cruz, Juan Daniel Zamudio Soriano, Virginia del Carmen Franco Jiménez y Carolina Clementina Fuentes Prieto.

Notifíquese; como en derecho proceda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Magistradas y Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.