JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-1955/2025

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil veinticinco[2]. 

Sentencia que, con motivo de la demanda del juicio de la ciudadanía promovida por Sergio Zúñiga Castelán, confirma la lista de aspirantes que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria para la selección y designación, entre otros de las Consejerías del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en la que se excluyó a la parte actora.

ÍNDICE

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1. Convocatoria. El veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo[3] por el que se aprobaron las Convocatorias para la elección de presidencias y consejerías de los Organismos Públicos Locales de diecisiete entidades, en la cual se prevé como parte de los requisitos tener más de treinta años cumplidos al día de la designación.

2. Registro. A decir de la parte actora, el primero de abril se registró en el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, esto a fin de completar el llenado digital de la plataforma para contender por una de las tres consejerías vacantes en el estado de Hidalgo.

3. Documentos. El seis de abril el actor cargó sus documentos en la plataforma correspondiente habilitada por el INE.

4. Acuerdo INE/CVOPL/01/2025. El seis de mayo, la Comisión de Vinculación emitió el acuerdo por el que se aprobó el listado de las personas que cumplieron con los requisitos legales del proceso de selección en diversas entidades, entre ellas del estado de Hidalgo, en el cual no se incluyó el nombre de la parte actora.

5. Notificación a la parte actora. En la misma fecha de su aprobación, la parte actora refiere que se le notificó el listado con los folios de las y los aspirantes que no continúan en la siguiente etapa del proceso, en virtud de no haber acreditado alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria y normativa aplicable.

6. Demanda. El nueve de mayo, la parte actora promovió ante la Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo juicio de la ciudadanía per saltum a fin de inconformarse contra su exclusión del listado de personas aspirantes a participar en la elección de las tres Consejerías del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

7. Turno. Una vez remitida la demanda y constancias respectivas, la presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-JDC-1955/2025 y turnarlo a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para la elaboración del proyecto respectivo.

8. Radicación, admisión y cierre. En su momento, el magistrado instructor radicó el expediente en la ponencia a su cargo, posteriormente admitió la demanda y cerró la instrucción.

II. COMPETENCIA

La Sala Superior es competente para conocer y resolver la controversia, por tratarse de un asunto en el que se plantea una supuesta vulneración al derecho político-electoral de la parte actora de participar en la integración de una autoridad electoral, ante su exclusión en el proceso de selección de Consejerías del OPLE de Hidalgo.[4]

III. PROCEDENCIA[5]

1. Forma. La demanda se presentó por escrito y en ella se precisa: 1) el nombre de la parte actora; 2) el domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones; 3) el acto impugnado; 4) los hechos; 5) los conceptos de agravio y preceptos jurídicos violados; así como 6) la firma autógrafa.

2. Oportunidad. Se cumple, porque la parte actora señala que le fue notificado el acuerdo impugnado, vía correo electrónico, el mismo día de su emisión, es decir, el seis de mayo.

El plazo para impugnar transcurrió del miércoles siete al lunes doce de mayo; sin considerar los días sábados y domingos por ser inhábiles al no tener relación el acto impugnado con un proceso electoral en curso; por tanto, si la demanda se presentó el nueve de mayo; resulta evidente su oportunidad.

3. Legitimación e interés. La parte actora está legitimada porque presenta la demanda por su propio derecho; cuentan con interés para promover el juicio, ya que se registró como aspirante en el proceso de selección y designación de consejerías del OPLE de Hidalgo, y en el acto impugnado se les excluye de continuar a la siguiente etapa del proceso de selección, por lo que estima se vulnera su derecho a integrar autoridades electorales.

4. Definitividad. Se tiene por cumplido, porque no hay medio de impugnación ordinario por agotar, por lo que es innecesario el estudio de la solicitud per saltum hecho valer.

IV. ESTUDIO DE FONDO

1. Contexto de la impugnación.

El Consejo General del INE emitió el acuerdo por el que se aprobó la convocatoria, en lo que interesa, para la selección y designación de las Consejerías del OPLE, del estado de Hidalgo.

En dicha convocatoria, se estableció que las personas interesadas en participar debían cumplir con los requisitos establecidos en la normativa electoral, entre ellos, el tener más de treinta años cumplidos al día de la designación.[6]

Una vez recibida la documentación de las personas aspirantes, la Comisión de Vinculación emitió el acuerdo por el que aprobó el listado de personas que cumplían con los requisitos legales y establecidos en la convocatoria para seguir con el proceso de selección. En el anexo segundo de dicho acuerdo se dio a conocer los folios de las personas aspirantes que no cumplieron con alguno de los requisitos; y, por tanto, no pudieron acceder a la siguiente etapa.

En dicho anexo segundo se incluyó el folio de la parte actora, al considerar que incumplió con el requisito de edad mínima de treinta años al momento de la designación, pues al treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco, fecha límite en la que el Consejo General del INE deberá realizar la designación; la parte actora tendría veintiocho años.

2. Agravios de la parte actora.

De la lectura de la demanda, así como de las constancias y antecedentes del presente asunto, se advierte que la pretensión de la parte actora es que se le incluya en la lista de personas que cumplieron los requisitos de la convocatoria y se le permita continuar con las siguientes etapas del proceso de selección.

En esencia, alega la omisión de ser incluido en la lista de personas aspirantes a participar en la selección de las tres Consejerías Electorales del Instituto Local, específicamente por la supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad del requisito de contar con treinta años de edad al día de la designación, previsto en el artículo 100, numeral 2, inciso c) de la Ley Electoral, así como en el numeral 3, base segunda, de la Convocatoria del CG del INE.[7]

A su consideración, el mencionado requisito es violatorio de sus derechos político-electorales, contraviene el principio de no discriminación contenido en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Lo anterior, al señalar que, si bien tiene veintiocho años de edad, ello no es sinónimo de falta de preparación o de experiencia para poder competir en el proceso de designación de Consejerías Electorales y en su oportunidad desempeñar el cargo, toda vez que aduce contar con una amplia preparación y experiencia.

Ello, al aducir que el análisis sobre la capacidad de una persona para integrar un órgano colegiado de naturaleza técnica debe centrarse en criterios cualitativos; por lo que la edad es apenas un umbral y lo verdaderamente sustancial es lo que cada persona ha construido hasta ese momento y su capacidad real para aportar al fortalecimiento de la democracia.

Por tanto, solicita que en aras de garantizar la igualdad de oportunidades y evitar una exclusión desproporcionada e irrazonable, la Sala Superior inaplique o flexibilice en el caso concreto el requisito de edad mínima de treinta años de edad para poder participar en el proceso de selección, tomando en cuenta su experiencia, aptitudes, capacidades y competencias.

3. Decisión.

Esta Sala Superior considera que los agravios expuestos por la parte actora son infundados y, por lo tanto, se confirma, en lo que es materia de este asunto la exclusión de la lista de aspirantes que continúan en la siguiente etapa del proceso de selección para la designación de las consejerías de los OPLES.

En cuanto al requisito de la edad mínima, esta Sala Superior considera que la exigencia contenida en la norma electoral, sobre la cual la autoridad responsable basó su determinación, es apegada a los parámetros constitucionales como se explica a continuación.

4. Método de estudio

Para llegar a dicha decisión, se abordará el estudio en dos apartados: 1) La edad como categoría sospechosa para imponer medidas legislativas restrictivas; y 2) Test de proporcionalidad bajo escrutinio estricto.

5. La edad como categoría sospechosa para imponer medidas legislativas

Marco normativo

De conformidad con el artículo 1º constitucional, la igualdad y la no discriminación implican el derecho de cualquier persona a ser tratada de la misma forma que las demás, aunado al correlativo deber jurídico que tienen las autoridades de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias.

Así, queda prohibida toda práctica discriminatoria que atente contra la dignidad humana, o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

En ese sentido, el propio artículo 1º, en su último párrafo, dispone que se encuentra prohibida toda discriminación basada en alguna categoría sospechosa, a saber: origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil.

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN ha sostenido que,[8] la noción de igualdad es inseparable de la dignidad de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferenciado es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana.

Así, solo es discriminatoria una distinción, cuando esta no es razonable, proporcional y objetiva, dicho de otra forma, la discriminación constituye una diferenciación arbitraria que vulnera los derechos humanos.

Esto permite establecer que, en realidad, la propia Constitución admite distinciones, pero exige que sean razonables y objetivas.

Ahora bien, la regulación de los requisitos que deben de cumplir quienes aspiren a una consejería electoral local, por mandato constitucional, está a cargo del legislador secundario, toda vez que ordena que las leyes generales, las constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que, en la designación de las personas integrantes de los OPLE cumplan con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo.[9]

En consecuencia, es obligación del legislador ordinario fijar dichos requisitos. Esa lectura es armónica con la CADH, la cual, tratándose del derecho político-electoral de formar parte de las autoridades comiciales, expresamente permite a los Estados parte, regular a través de leyes, en sentido formal y material, el ejercicio de ese derecho, por razones exclusivas que enumera, entre ellas, la edad.[10]

Caso concreto

El artículo 100, párrafo 2, inciso c) de la Ley Electoral, cuyo contenido es replicado en el numeral 9, párrafo1, inciso c) del Reglamento para la designación y remoción de las consejerías de los OPLES, así como en la Base Segunda, numeral 3, de la convocatoria aprobada prevé que, para ser designado en una consejería electoral local, la persona aspirante deberá tener más de treinta años, cumplidos al día de la designación.

Dicho requisito se encuentra previsto en una ley (formal y material), y si bien se basa en una categoría sospechosa, no por esa circunstancia viola derechos humanos; ya que la Constitución permite su empleo.

No obstante, ello da lugar a realizar su examen constitucional a través de un escrutinio estricto, pues para estimarse apegada al marco constitucional requiere una justificación robusta que venza la presunción de inconstitucionalidad que las afecta.[11]

Contrariamente a lo expuesto por la parte actora, la circunstancia de que el artículo 100, numeral 2, inciso c, de la Ley Electoral prevea una categoría sospechosa, como lo es la edad, no torna inconstitucionalidad la norma.

Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido, al resolver los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-880/2015, SUP-JDC-1170/2015, SUP-JDC-258/2017 y SUP-JDC-834/2021, por lo que hace al control de su regularidad constitucional, que el empleo de las categorías sospechosas impone la obligación de efectuar un escrutinio estricto de la medida legislativa.

Para realizar el control de regularidad constitucional, la SCJN ha establecido los métodos y el orden en que deben ser empleados, a saber: i) interpretación conforme en sentido amplio; ii) interpretación conforme en sentido estricto; y iii) inaplicación de la ley.

Para llevar a dicho análisis, esta Sala Superior en los mencionados juicios de la ciudadanía ha utilizado como herramienta el test de proporcionalidad en sentido estricto, estimando que, para que la restricción sea proporcional, se debe satisfacer los siguientes parámetros: a) tener un fin legítimo sustentado constitucionalmente; b) la medida debe ser idónea; c) necesaria y d) proporcional en sentido estricto.

En caso de no cumplir esos requisitos, la restricción resultará desproporcionada y, por ende, inconstitucional e inconvencional.

6. Test de proporcionalidad bajo escrutinio estricto

Como ha sostenido esta Sala Superior al resolver los mencionados juicios de la ciudadanía, la norma impugnada satisface los parámetros del examen de proporcionalidad, de conformidad con lo siguiente:

a) Finalidad constitucionalmente legítima y relevante. Exige que el objetivo que persiga la medida legislativa no solo sea constitucionalmente admisible, sino que debe tratarse de un propósito importante, es decir, proteger un mandato de rango constitucional.

El requisito materia de estudio, tiene un objetivo de suma relevancia, pues se erige en un factor que, al converger con otros, busca cumplir con el fin constitucional de integrar los OPLE con personas que cuenten con la madurez, experiencia, capacidades y competencias indispensables para realizar las labores propias del encargo. Dicho de otro modo, su finalidad es que los organismos locales que garantizan la conservación del Estado democrático se integren por las personas adecuadas.

Por lo tanto, su trascendencia constitucional estriba, en que el precepto está directamente vinculado con la continuidad del régimen de gobierno del Estado Mexicano.

b) Idoneidad de la medida. La medida legislativa debe estar directa y necesariamente conectada con la consecución de los fines constitucionales ya señalados; pues la restricción en análisis requiere un escrutinio estricto.

La conexión entre el requisito en estudio y la finalidad constitucionalmente válida es estrecha, pues si el objetivo es reunir personas con madurez, capacidad y experiencia, el factor de edad es un parámetro objetivo y razonable, al esperarse que dichas características ordinariamente las posean personas de determinada edad.

Lo anterior es así, con base en la información que arroja la experiencia y el contexto social. Así, esta Sala Superior, al resolver el SUP-JDC-880/2015, sostuvo que, en condiciones ordinarias, una persona inicia sus actividades escolares entre los seis y siete años, y que la educación primaria, secundaria, media superior y superior, generalmente se cubre aproximadamente en el lapso de dieciséis o diecisiete años (seis de primaria, tres de secundaria, tres de media superior y cuatro o cinco de superior), al que puede sumarse uno más de titulación.

La operación correspondiente permite apreciar, que una persona podría obtener el título y la cédula profesional que lo faculta para el ejercicio de una profesión, cuando tenga entre veintitrés y veinticinco años.

Además, debe tomarse en cuenta que entre los diversos requisitos que exige el mencionado artículo 100 de la Ley Electoral, también se encuentra el relativo a que la persona candidata posea, al día de la designación, título de licenciatura con antigüedad mínima de cinco años, se justifica que se pida complementariamente que la persona aspirante cuente con una edad de treinta años al día de la designación.

De esta forma se complementan armónicamente, el lapso de estudios, la obtención del título y cédula profesional que autorice el ejercicio de la profesión, la antigüedad en el ejercicio profesional y la edad con que debe contar una persona, para considerarla apropiada y adecuada, a efecto de que desempeñe una consejería electoral.

Dicha consideración, lejos de discriminar a la población joven, como refiere la parte actora; se sustenta en la experiencia y el conocimiento, de lo cual esta Sala advierte sobre la conformación ordinaria de los modelos educativos en nuestro país, que implican un número de años más o menos homogéneo desde la educación primaria a la superior, aunado los años de experiencia profesional.

Lo cual permite inferir que, por regla general, a la edad de treinta años una persona ha concluido los estudios de nivel superior y cuenta con experiencia profesional adecuada para desempeñar un cargo como el que ahora nos ocupa.

No escapa a la atención de esta Sala, que pueden existir casos en que las personas ingresan a la universidad en la adolescencia, y que existan carreras que duran dos años y no cinco, así como programas de titulación automática que no ameritan tiempo extraordinario; sin embargo, el análisis constitucional sobre una norma deriva de sus propias características, en razón de la generalidad de sus destinatarios y no de la multiplicidad de variables que cada puedan presentarse.

c) Necesidad de la medida. La distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional.

En ese sentido, el requisito de edad mínima no es restrictivo pues, tomando en cuenta el objetivo del legislador, de designar personas aptas, capaces, maduras y con experiencia; por lo que es claro que el establecimiento del citado parámetro se otorga, a favor de las personas aspirantes, la presunción de que cuentan con estas características.

Lo anterior, porque es una exigencia que se cumple por el simple transcurso del tiempo, por lo que todas las personas están en aptitud de satisfacerlo en cierto punto de sus vidas; en cambio, existen otros mecanismos para llegar a esa finalidad, que implican una mayor dificultad para satisfacerlos; y, por tanto, se traducen en restricciones más amplias al ejercicio del derecho, por ejemplo, la aplicación de exámenes psicológicos o de habilidades cognitivas; o bien, la obligación de aprobar determinados cursos o contar con estudios superiores en ámbitos específicos.

No se desatiende que la parte actora refiere que existen medidas diversas a la edad, que permiten dejar de considerar que esta sea un parámetro necesario para satisfacer el fin constitucionalmente válido, como las evaluaciones que se practican en etapas posteriores del proceso.

Sin embargo, no le asiste razón, ya que el criterio de los exámenes de evaluación, como justificación para soslayar el requisito de la edad, implica una dificultad mayor para su satisfacción; aunado a que la edad, sumada a otras características como la experiencia profesional, revelan la necesidad de que las y los aspirantes cuenten con un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el encargo asignado.

Máxime que la práctica de exámenes opera en un segundo momento, esto es, cuando la persona aspirante satisface los requisitos formales para participar en un proceso de selección y ello se conoce con posterioridad a la publicación de la lista de personas que cumplieron con todos los requisitos legales.

En conclusión, la parte actora tampoco propone una alternativa que evidencie que el precepto cuestionado no satisface el requisito de la necesidad, por lo que no existe evidencia de que el fin de la limitación puede ser alcanzado a través de un medio cuya restricción sea menor.

d) Proporcionalidad en sentido estricto. Esta etapa del test consiste en efectuar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. Dicho análisis requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada, frente al grado de realización del fin perseguido por ésta.

Es decir, se realizará una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados.

De este modo, la medida impugnada solo será constitucional si el nivel de realización del fin constitucional que persigue el legislador es mayor al nivel de intervención en el derecho fundamental. En caso contrario, la medida será desproporcionada y, como consecuencia, inconstitucional.

Así, desde un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, solo estaría justificado que se limitara severamente el contenido prima facie de un derecho fundamental, si también fueran muy graves los daños asociados a su ejercicio.

En el caso, la medida de establecer una edad mínima para acceder a una consejería electoral implica una intervención menor, en comparación con el beneficio que representa la consecución del fin perseguido.

Lo anterior, porque la restricción implica que las personas ciudadanas deban esperar un tiempo determinado para poder aspirar a ocupar el cargo de consejería en un OPLE, esto es, no es una exigencia insuperable.

Por otra parte, el beneficio que se obtiene es la integración de dichos organismos con personas aptas para el desempeño del puesto, las cuales tendrán en sus manos la organización y calificación de las elecciones para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas, así como el gobierno de los municipios.

Por lo tanto, la regla prevista en el artículo 100, párrafo 2, inciso c), de la Ley Electoral, replicada en el numeral 9, párrafo1, inciso c) del Reglamento para la designación y remoción de las consejerías de los OPLES, así como en la Base Segunda, numeral 3, de la convocatoria aprobada es constitucional.

7. Conclusión

Con base en lo expuesto, fue correcto que la autoridad responsable aplicara las reglas previstas en la normatividad electoral, sin que pueda exigírsele, como pretende la parte actora, que se le exente de satisfacer la exigencia de tener más de treinta años cumplidos al día de la designación y que se tomen en cuenta otros factores.

En el mismo sentido, ha concluido esta Sala Superior, al resolver los juicios SUP-JDC-880/2015, SUP-JDC-1170/2015, SUP-JDC-258/2017, SUP-JDC-834/2021 y SUP-JDC-382/2024, entre otros.

Por lo antes expuesto y fundado, esta Sala Superior emite los siguientes:

V. RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Sala Superior es competente.

SEGUNDO. Se confirma, en la materia de impugnación, el acto impugnado.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación atinente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe, así como de que la presente ejecutoria se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral

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