JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SUP-JDC-2168/2025 Y ACUMULADOS.

PONENTE: MAGISTRADO FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, a nueve de julio de dos mil veinticinco.

Sentencia que, con motivo de las demandas presentadas por Iván Bravo Olivas, confirma las resoluciones[2] del Tribunal Electoral del Estado de Durango, que desecharon las impugnaciones del actor, por carecer de interés jurídico y legítimo para controvertir los resultados de los diversos cómputos municipales, la declaración de validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y de Disciplina del estado.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

De los hechos narrados en las demandas y de las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente.

I. Proceso electoral local para elegir a personas juzgadoras

1. Proceso electoral local. El veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro, inició formalmente el proceso electoral ordinario mediante el cual se elegirían, entre otras, a las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y Disciplina, del Poder Judicial del Estado de Durango.

2. Jornada electoral. El primero de junio de dos mil veinticinco[3], se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial local en el Estado de Durango.

3. Computo municipal. El ocho de junio, los Consejos Municipales Electorales de San Pedro del Gallo, Nuevo Ideal, Guanaceví, Cuencamé de Ceniceros, Santa Clara, San Juan de Guadalupe, General Simón Bolívar, San Bernardo y Topia, todos del estado de Durango, llevaron a cabo el cómputo municipal, entre otros, de la elección de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y Disciplina.

II. Impugnación contra la elección

1. Impugnaciones locales. Inconforme con los resultados, el once, doce, trece y catorce de junio, el actor presentó diversos juicios electorales locales. El veintisiete siguiente, el Tribunal Electoral local desechó las demandas en cada uno de los juicios, sustancialmente, porque consideró que el actor carece de interés jurídico y legítimo para controvertir los resultados de los cómputos municipales impugnados, y la validez de la elección de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y de Disciplina del estado.

2. Juicios ciudadanos. Inconforme con las resoluciones locales, el primero de julio, el actor, presentó sendas demandas, vía juicio en línea, ante esta Sala Superior.

3. Turno. En su oportunidad, la presidencia de la Sala Superior acordó integrar los respectivos expedientes, registrarlos con la clave SUP-JDC-2168/2025, SUP-JDC-2172/2025, SUP-JDC-2178/2025, SUP-JDC-2183/2025, SUP-JDC-2188/2025, SUP-JDC-2192/2025, SUP-JDC-2197/2025, SUP-JDC-2206/2025 y SUP-JDC-2207/2025, y turnarlos a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

4. Radicación, admisión y cierre. En su momento, el magistrado instructor radicó el expediente en la ponencia a su cargo, posteriormente admitió la demanda y cerró la instrucción.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente[4], porque la materia de controversia se relaciona con los resultados de los cómputos municipales del estado de Durango, la declaración de validez de la elección, y la entrega de constancias de mayoría de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia[5] y de Disciplina, es decir, de la elección del máximo órgano jurisdiccional de Estado de Durango.

Por tanto, ya que la materia de la controversia involucra un órgano del Poder Judicial Local con atribuciones en todo el territorio de la citada entidad federativa, y de conformidad con el acuerdo general 1/2025, de esta Sala Superior, este órgano es competente para resolver el asunto.

III. ACUMULACIÓN

La Sala Superior acumula los medios de impugnación SUP-JDC-2172/2025, SUP-JDC-2178/2025, SUP-JDC-2183/2025, SUP-JDC-2188/2025, SUP-JDC-2192/2025, SUP-JDC-2197/2025, SUP-JDC-2206/2025 y SUP-JDC-2207/2025 al diverso juicio SUP-JDC-2168/2025, por ser éste el primero en recibirse en esta Sala Superior.

Lo anterior, al existir conexidad en la causa y por economía procesal, toda vez que, si bien son sentencias impugnadas diversas, en todas se controvierte una sola elección, la de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de Disciplina de la referida entidad, por los resultados de los distintos cómputos municipales, la declaración de validez y entrega de constancias, respectiva.

En consecuencia, la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a los expedientes de los juicios acumulados.[6]

IV. PROCEDENCIA

La Sala Superior considera que los medios de impugnación cumplen con los requisitos de procedencia,[7] conforme a lo siguiente:

1. Forma. Las demandas cumplen con este requisito, porque se presentaron ante esta Sala Superior vía juicio en línea y, en ellas, se hace constar: 1) el nombre y la firma electrónica del actor; 2) la identificación de los actos impugnados; 3) los hechos en que se basa la impugnación, y 4) los agravios y los preceptos jurídicos presuntamente violados.

2. Oportunidad. La materia de controversia se relaciona con el PEEL, en el cual todos los días se consideran hábiles, de ahí que el cómputo de los plazos se haga de la misma manera.

Ahora, si las sentencias impugnadas fueron emitidas el veintisiete de junio, entonces, el plazo para impugnar transcurrió del veintiocho de junio al uno de julio. Por tanto, si las respectivas demandas se presentaron en esa última fecha, es evidente su oportunidad.

3. Legitimación e interés jurídico. El actor está autorizado para impugnar, poque es un ciudadano. En cuanto al interés, se actualiza el requisito, porque el actor fue parte en la instancia local y aduce agravios derivados de las sentencias impugnadas.

4. Definitividad y firmeza. Se satisface porque no existe otro medio de impugnación que se deba agotar de forma previa.

V. ESTUDIO DEL FONDO

1. Decisión

La Sala Superior confirma las sentencias impugnadas, porque, como consideró el Tribunal local, el actor carece de interés jurídico y legítimo para controvertir los resultados y validez de la elección de magistradas y magistrados tanto del Tribunal Superior de Justicia como del de Disciplina, ya que no participó como candidato en la elección que pretende controvertir.

2. Justificación

2.1 Marco normativo sobre el interés jurídico para controvertir las elecciones de personas juzgadoras en el estado de Durango

El artículo 11, numeral 1, fracción II, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, establece que los medios de impugnación serán improcedentes, entre otros, cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de la parte actora.

Así, el interés jurídico se actualiza si se alega la vulneración de algún derecho sustancial del promovente que, a su vez, hace necesaria y útil la intervención del órgano jurisdiccional para reparar esa violación[8].

Por tanto, para que tal interés exista, el acto o resolución impugnada en materia electoral debe afectar de manera clara y suficiente el ámbito de derechos de quien acude al proceso.

De llegar a demostrar en el juicio la afectación ilegal de algún derecho del que la parte demandante es titular, solo se le podrá restituir en el goce de la prerrogativa vulnerada mediante la sentencia que se dicte en el juicio.

Así, el interés jurídico, como requisito de procedencia, exige que quien impugne demuestre:

I. La existencia del derecho subjetivo político-electoral que se dice vulnerado, y

II. Que el acto de autoridad afecte ese derecho, del que deriven los agravios del recurso.

Ahora, respecto al juicio electoral local, conforme a lo previsto en los artículos 38, numeral 2, 39 numeral 1, 41, numeral 1, 42, 43, 44, 49, numeral 2, y 59 de la ley de medios local, cuando se impugne la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, la demanda deberá presentarse solo por la persona candidata interesada para controvertir irregularidades que considere que afectaron la validez de la elección en la que hubiere participado, o bien, cuando por causa de inelegibilidad, las autoridades electorales competentes determinen no otorgar, o en su caso, revocar la constancia de mayoría o de asignación respectiva.

2.2 Marco de decisión del tribunal local

El Tribunal electoral local desechó las demandas del actor, al considerar, sustancialmente, que carecía de interés jurídico y legítimo para controvertir los resultados de los diversos cómputos municipales y validez de la elección de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y de Disciplina del estado.

Lo anterior, porque un hecho notorio que no contendió como candidato y la ley solo autoriza a personas candidatas a impugnar los resultados de las elecciones.

Además, ningún beneficio podría alcanzar con su impugnación declarar la nulidad en la votación de diversas casillas por: i. Los integrantes de las mesas directivas de casilla no realizaron el escrutinio y cómputo de los votos; ii. Se celebró el escrutinio y cómputo en un lugar distinto al de la instalación de las casillas; y, iii. Los integrantes del Consejo Municipal Electoral respectivo violentaron los sellos de diversos paquetes electorales y procedieron a realizar un escrutinio y cómputo ilegal.

Es más, los resultados de la elección no le generan una afectación a su esfera de derecho al sufragio activo o pasivo, pues el acto reclamado no restringe, condiciona, limita o modula ese derecho en lo más mínimo.

La responsable consideró que el actor carece de interés legítimo para representar colectivamente a la ciudadanía residente en los municipios que impugna, de manera que la anulación del acto reclamado le redunde en un beneficio relacionado con sus derechos u obligaciones electorales o los de la colectividad, conforme a la jurisprudencia 11/2022 de rubro: REVOCACIÓN DE MANDATO, POR REGLA GENERAL, LA CIUDADANÍA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIR LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA, aplicable por analogía.

3. Caso concreto

En el caso, es un hecho no controvertido y notorio que el actor no contendió como candidato a la elección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia y de Disciplina del estado.

En ese sentido, la Sala Superior considera que deben desestimarse los agravios en los que afirma que sí cuenta con interés jurídico para impugnar los resultados correspondientes a la elección de magistradas y magistrados del Tribunal Superior y de Disciplina del estado.

Lo anterior, porque el actor no confronta de forma directa las razones que dio el Tribunal local para estimar que se actualizaba esta causal de improcedencia, sino que se limita a realizar afirmaciones genéricas sobre que sí debe reconocerse su interés, al ser ex aspirante, pero deja de derrotar el argumento del Tribunal local de que la ley exige haber sido candidato.

Asimismo, se desestima lo alegado respecto a la supuesta afectación a su derecho de defender la democracia, porque, el sistema de impugnación está diseñado para que los actos y resoluciones de la elección de personas juzgadoras sean controvertidas solo por personas candidatas, ello a fin de salvaguardar los actos públicos válidamente celebrados y la legalidad de actuaciones del proceso.

Ello, porque el actor pierde de vista que, para estar en posibilidad de demandar ante un tribunal, cualquiera que éste sea, no basta con estar en desacuerdo; se necesita contar con interés jurídico. Esto significa que la ley debe reconocerle explícitamente como una persona o entidad autorizada para iniciar esa acción legal específica.

En el caso, el Tribunal local explicó que los resultados de la elección no eran susceptibles de generar afectación a alguno de los derechos político-electorales en lo individual ni en forma colectiva, por lo que carecía de interés jurídico y legítimo. Consideraciones que no son derrotadas por el actor de manera eficaz.

En efecto, el Tribunal local sostuvo que la Ley de Medios local era clara en establecer que solo las personas candidatas a cargos de juzgadores cuentan con interés jurídico para interponer el juicio electoral local y no abre a los ciudadanos de forma individual para este tipo de juicio.

Contrariamente a lo sostenido por el actor, tal decisión no afecta sus derechos a ser votado o a votar ni a defender la democracia, porque la razón de ser de esta restricción es práctica y busca dar estabilidad al sistema electoral. Si cada uno de los millones de ciudadanos que votaron pudiera, a título personal, impugnar el resultado nacional de una elección, el sistema judicial se vería inundado y paralizado. Sería imposible procesar las impugnaciones y declarar resultados firmes en un tiempo razonable.

Finalmente, no le asiste la razón al actor al afirmar que es indebido que el Tribunal local aplicará por analogía la Jurisprudencia 11/2022.

Lo anterior, porque para la Sala Superior sí es aplicable la ratio essendi de la Jurisprudencia, porque sostiene que, para cualquier acto vinculado directa o indirectamente con un proceso electoral, en términos generales, la ciudadanía no cuenta con interés jurídico o legítimo para controvertir los actos correspondientes a la etapa de organización, desarrollo y cómputo de la votación de una elección, salvo que su interés derive de una afectación real y directa de sus derechos político-electorales.

Por ello, la ley canaliza la defensa del voto ciudadano a través de los actores principales de la contienda: los partidos y los candidatos, quienes actúan como representantes de los intereses de sus electores.[9]

En virtud de las consideraciones expuestas, al desestimarse los agravios, procede confirmar las resoluciones impugnadas.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:

VI. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumulan los juicios, conforme a lo expuesto en la ejecutoria.

SEGUNDO. Se confirman las resoluciones impugnadas.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación atinente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe, así como de que la presente ejecutoria se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.