JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-226/2018

ACTOR: FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ESPEJEL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA

SECRETARIADO: SARA ISABEL LONGORIA NERI, ELIZABETH VALDERRAMA LÓPEZ Y GERMAN VÁSQUEZ PACHECO

COLABORÓ: ERNESTO CAMACHO OCHOA

Ciudad de México, a once de abril de dos mil dieciocho.

Sentencia que confirma el acuerdo del INE que tuvo por no presentada la solicitud de registro del actor como candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

ÍNDICE

GLOSARIO

ANTECEDENTES

I. Procedimiento para obtener candidatura independiente.

1. Inicio del proceso electoral federal. El 8 de septiembre de 2017, dio inicio el proceso electoral federal ordinario 2017-2018.[1]

2. Constancia de aspirante. El 15 de octubre siguiente, el Secretario Ejecutivo del INE expidió al actor la constancia de aspirante a candidato independiente a Presidente.

3. Solicitud de registro. El 18 de marzo, el actor presentó solicitud de registro como candidato independiente al cargo señalado[2].

4. Acuerdo que tuvo por no presentada la solicitud. El 29 de marzo, el Consejo General tuvo por no presentada la solicitud de registro del actor, como candidato a Presidente[3], básicamente porque no cumplió con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido en la Ley General ni la dispersión de aquéllos, en 17 entidades federativas.

II. Juicio ciudadano

1. Juicio ciudadano. Inconforme, el 6 de abril, el actor presentó juicio ante esta Sala Superior.

2. Recepción, trámite y sustanciación. Mediante el auto respectivo, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior integró el expediente citado al rubro y lo turnó a la Ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Asimismo, requirió el trámite de ley. El nueve siguiente, el INE remitió el informe circunstanciado y las constancias respectivas.

COMPETENCIA Y REQUISITOS PROCESALES

I. Competencia. La Sala Superior es competente para conocer el juicio conforme a los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución y 83, de la Ley de Medios, por tratarse de un medio de impugnación promovido por un ciudadano aspirante al cargo de Presidente.

II. Requisitos de procedibilidad.

a. Forma. La demanda cumple los requisitos del artículo 9, párrafo 1, de la Ley de Medios, dado que se presentó por escrito; se hace constar el nombre y firma del actor; se identifica el acto impugnado; se mencionan los hechos en que basa la impugnación; los agravios que le causa el acto impugnado; los preceptos presuntamente violados y se ofrecen pruebas.

b. Oportunidad. Se colma el requisito establecido en el artículo 8 de la Ley de Medios de presentarse dentro de los cuatro días siguientes la notificación correspondiente.

El acuerdo se emitió el 29 de abril, sin embargo, fue notificado al actor el 3 de abril, mientras que el escrito de demanda se presentó el 6 siguiente, de manera que está dentro del plazo de cuatro días siguientes a la notificación.

c. Legitimación. El juicio ciudadano fue promovido por parte legítima en términos de la Ley de Medios, en tanto que el actor promueve por su propio derecho[4].

d. Interés jurídico. Se cumple este requisito porque el actor impugna un acuerdo del Consejo General por el cual se tuvo por no presentada su solicitud como candidato a Presidente, lo que se vincula a la supuesta afectación en la esfera de su derecho de ser votado para tal cargo.

e. Definitividad. Dicho requisito se encuentra colmado, ya que, conforme a la legislación aplicable, contra el acuerdo impugnado, no procede algún otro medio de defensa por el que pudiera ser confirmado, modificado o revocado.

ESTUDIO DE FONDO

I. Materia a resolver

1. Acuerdo impugnado.

El Consejo General tuvo por no presentada la solicitud del actor como candidato independiente a Presidente, por las siguientes razones: 1. No alcanzó el porcentaje de apoyo ciudadano. Esto, porque el actor obtuvo un total de 192 apoyos ciudadanos de los 866,593 requeridos para el cargo al que pretendía contender y, 2. No acreditó la distribución geográfica respectiva. [5] Ya que no alcanzó el porcentaje en ninguna de las 17 entidades requeridas.

2. Planteamiento.

El actor señala que la resolución es indebida, porque la responsable debió inscribirlo en la boleta electoral como candidato no registrado, pues la Ley General contempla la figura de “candidatos no registrados”, categoría en la que él se colocó al tenerse por no presentada su solicitud de registro como candidato independiente a Presidente, por lo que los votos que se emitan resulten a su favor, deben contabilizarse de manera oficial.

Además, ni siquiera se pronunció respecto a la inscripción como “candidato no registrado”, situación que vulnera el artículo 8 constitucional[6].

3. Cuestión a resolver.

La cuestión a resolver es determinar si el actor tiene derecho a que se le inscriba en la boleta electoral correspondiente como candidato no registrado a Presidente.

II. Decisión.

No tiene razón el actor en su pretensión de que se le inscriba en la boleta como candidato no registrado, porque en el sistema jurídico no existe un artículo que obligue al INE a inscribirlo en la boleta como candidato no registrado, sino que dicho recuadro únicamente tiene una la finalidad estadística y de manifestación de ideas para los electores.

III. Justificación.

No existe un derecho a la inscripción como candidato no registrado en la boleta electoral.

Lo anterior, porque a partir de la reforma de 2012, la Constitución considera que el derecho político electoral en su vertiente pasiva, o derecho a ser votado, únicamente contempla dos vías de acceso. La primera, a través de los partidos políticos y la segunda, por la vía independiente. [7]

En el primer caso, los partidos políticos, en uso de su facultad de autoorganización, establecen dentro de su normativa partidista procedimientos internos de selección, así como los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a ser postulados para éstos.

Por otro lado, quienes pretendan contender por la vía independiente, en el caso de cargos federales, deben cumplir satisfactoriamente con las fases establecidas por el artículo 366 de la Ley General, para el proceso de selección de candidatos independientes[8], y serán candidatos registrados, quienes cumplan con cada una de las etapas y los requisitos exigidos por la ley. [9]

En suma, únicamente pueden ser inscritos en la boleta que se usa para constituir el voto, aquellas personas que, en términos legales, cumplan con los requisitos para ser registrados como candidatos partidistas o independientes.

De modo que carece de razón el actor en su planteamiento.

Ahora bien, es cierto que la Ley General establece que, en las boletas electorales y las actas de escrutinio y cómputo debe existir un recuadro de “candidatos o fórmulas no registradas”.[10]

Esto con la posibilidad de que los ciudadanos asienten el nombre de alguna persona que, a su parecer, podría ser electo.

Sin embargo, el rubro de “candidaturas no registradas” sólo sirve numéricamente para diversos cálculos, por ejemplo, el de la votación total emitida en la suma de los votos depositados en las urnas;[11] o bien, para el cálculo de la votación nacional emitida para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional.[12]

Esto es, dicho rubro únicamente sirve para calcular la votación válida emitida o la votación nacional emitida, así como para dar certeza de aquellos votos que no deben asignarse ni a los candidatos postulados por los partidos políticos ni a aquellos que participen por la vía independiente.

Como se ve, en las actas sólo se refleja el número total de votos emitidos por candidatos no registrados, sin que se desglose a favor de quién o quiénes fueron emitidos, de tal forma que no se considera un dato relevante porque, la ley no prevé un derecho o beneficio para ese tipo de candidatos, por los votos que hayan obtenido.

Además, de ahí, se puede concluir que en la legislación electoral mexicana no existe algún derecho que reconozca algún beneficio a favor de la persona cuyo nombre aparezca en alguna boleta extraída de la urna, en el apartado destinado a candidatos no registrados ni una consecuencia jurídica respecto de la persona respectiva.[13]

De ahí que el efecto de tales sufragios se reduce no sólo a permitir que la autoridad ejerza sus atribuciones relativas a la estadística electoral, sino a respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas, establecido en el artículo 6° constitucional.[14]

En consecuencia, se desestima lo alegado en cuanto a que no se atendió su petición de inscripción como candidato no registrado. De manera que a ningún fin práctico conduce el estudio de tal alegato.

Esto, porque al margen de ello, como se explicó no existe un derecho a ser registrado como candidato no registrado.

Máxime que el actuar de la responsable fue congruente porque éste se inscribió o solicitó su registro a una candidatura independiente y ante la falta de observación de los requisitos, se le negó su petición.

En tanto su petición de que se cuenten los votos de la boleta, en su caso, se trata de una consecuencia jurídica que debe operar conforme a las reglas del cómputo.

Al haberse desestimado los agravios expuestos por el actor, lo conducente es confirmar el acto impugnado.

En atención a lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado.

Notifíquese; como corresponda.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior, ante el Subsecretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.