JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA

EXPEDIENTE: SUP-JDC-2280/2025

PARTE ACTORA: CLAUDIA CERVANTES ROSALES

PERSONAS TERCERAS INTERESADAS: JUAN PABLO TENA OCHOA Y VIOLETA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIO: SERGIO IVÁN REDONDO TOCA

COLABORARON: MICHELLE PUNZO SUAZO Y MOISÉS GONZÁLEZ VILLEGAS

Ciudad de México, a trece de agosto de dos mil veinticinco[1]

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca la resolución TET-JDC-057/2025, emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala y, en consecuencia, invalida el Acuerdo ITE-CG63/2025, en lo relativo a la asignación de una magistratura en el Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario para la elección de los diversos cargos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 2024-2025.             

Esta determinación se sustenta en que la autoridad responsable omitió juzgar con perspectiva de género y no consideró que: i) si bien la regla de alternancia de género surgió en el contexto de las elecciones ordinarias en la postulación de las listas de candidaturas por representación proporcional que presentan los partidos políticos, el modelo electoral de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y de los estados la combina con dos principios constitucionales: el sistema de mayoría de votos y el principio de paridad de género. Por lo tanto, ii) la responsable tenía el deber de garantizar el principio constitucional de paridad y privilegiar que las mujeres que obtuvieron mayor votación que los hombres fueran asignadas a un cargo, al contar con un mejor derecho acorde al respaldo de la ciudadanía y iii) no se puede aplicar la regla de alternancia de género en términos neutrales y sin asumir una perspectiva de género.

Lo anterior, para efectos de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones verifique los requisitos de la actora, de conformidad con el artículo 21 de los Lineamientos de asignación y, en caso de considerarles cumplidos, le asigne a la actora el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala.

GLOSARIO

ASPECTOS GENERALES

(1)            Este asunto tiene su origen en la elección de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala, en el Proceso Electoral Extraordinario del estado de Tlaxcala, que se celebró el pasado 1.o de junio.

(2)            Conforme a la regla de alternancia prevista en los Criterios de paridad, el primero de los cargos se asignó a la mujer con más votos, el segundo al hombre más votado, y el tercero a la segunda mujer más votada. La actora, se inconforma de esa determinación, ya que señala haber obtenido una mayor cantidad de sufragios que el candidato hombre a quien se asignó el cargo.

(3)            Argumenta que se vulneraron los principios democráticos, de paridad y de no discriminación, por lo que solicita se inaplique la regla de alternancia.

(4)            Por otro lado, impugna la elegibilidad de las candidaturas a las que se les asignó el cargo.

(5)            Por lo tanto, esta Sala Superior debe determinar si la asignación fue ajustada a los principios constitucionales de democracia y paridad.

1.     ANTECEDENTES

(6)            Reforma judicial. El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial de la Federación, en la que, entre otros aspectos, se estableció que la elección de las personas juzgadoras se llevaría a cabo por medio del voto popular. En el Octavo Transitorio se determinó que las entidades federativas debían realizar las adecuaciones constitucionales locales.

(7)            Inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario. El 17 de diciembre de 2024 se dio inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025.

(8)            Convocatoria pública[2]. El 14 de enero se publicó la Convocatoria General Pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

(9)            Publicación del listado de candidaturas[3]. En su momento, el Instituto local aprobó el listado actualizado de las candidaturas a las diversas magistraturas, así como para juezas y jueces del Poder Judicial local, en el cual se incluyó a la actora.

(10)        Criterios de paridad (ITE-CG11/2025)[4]. El 23 de febrero, se aprobaron los criterios para garantizar el principio constitucional de paridad de género en el Proceso local.

(11)        Lineamientos para la asignación de cargos (ITE-CG22/2025)[5]. El 13 de marzo, se aprobaron los lineamientos para la asignación de cargos en el Proceso local.

(12)        Jornada electoral. El 1.o de junio, se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente.

(13)        Resultado de los cómputos[6]. El Instituto local publicó los votos obtenidos por las candidaturas para la elección de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, conforme a lo siguiente:

(14)        Asignación de los cargos (Acuerdo ITE-CG63/2025)[7]. El once de junio, el Consejo General del Instituto local realizó la asignación de los cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales correspondieron a Violeta Fernández Vázquez, Juan Pablo Tena Ochoa y Dora Delia Hernández Roldán.

(15)        Juicio de la Ciudadanía local (TET-JDC-057/2025). En contra de la asignación de los cargos, la actora presentó un juicio de la ciudadanía local. El 14 de julio, el Tribunal local determinó confirmar el Acuerdo ITE-CG63/2025.

(16)        Juicio de la ciudadanía federal. El 19 de julio, la actora presentó la demanda del juicio en el que se actúa.

2.     TRÁMITE

(17)        Turno. Una vez recibido el asunto, la magistrada presidenta acordó integrar el expediente SUP-JDC-2280/2025, y turnarlo a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para su trámite y sustanciación.

(18)        Trámite. En su momento, el magistrado instructor radicó el medio de impugnación en su ponencia, lo admitió y, una vez que consideró que el medio de impugnación se encontraba debidamente sustanciado, ordenó el cierre de instrucción respectivo y la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

3.     COMPETENCIA

(19)        Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, ya que se trata de un juicio de la ciudadanía por el que se impugna la asignación de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala[8].

4.     PROCEDENCIA DEL JUICIO DE LA CIUDADANÍA

(20)        Forma. Se satisface este presupuesto, ya que la demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable y en ella consta: i) el nombre y la firma de quien promueve; ii) se señala el domicilio para oír y recibir notificaciones; iii) se identifica el acto impugnado y a la autoridad responsable; y iv) se señala la elección que se impugna.

(21)        Oportunidad. La demanda es oportuna, ya que se notificó personalmente a la actora sobre la sentencia impugnada el 15 de julio, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del 16 al 19 de julio. En consecuencia, si la actora presentó su demanda el último día del plazo, resulta evidente su oportunidad.

(22)        Interés Jurídico. La parte actora cuenta con interés jurídico para promover el presente medio de impugnación, ya que es una ciudadana que participó como candidata al cargo materia de la controversia y que controvierte la designación de otra persona candidata al cargo, así como la entrega de las constancias de mayoría respectiva.

(23)        Legitimación. Se cumple con este requisito, puesto que la promovente acude por su propio derecho en su carácter de candidata en la elección impugnada.

(24)        Definitividad. El requisito se encuentra cumplido, ya que no se prevé ningún recurso o medio de impugnación que deba agotarse previamente a al juicio de la ciudadanía federal.

5.     ESCRITOS DE PERSONAS TERCERAS INTERESADAS

(25)        Esta Sala Superior considera que los escritos de comparecencia presentados por Juan Pablo Tena Ochoa y Violeta Fernández Vázquez son procedentes, conforme a las siguientes consideraciones:

(26)        Forma. En los escritos consta el nombre y la firma de las personas que los presentan, la razón en la que fundan sus intereses y su pretensión concreta.

(27)        Oportunidad. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Medios, el escrito debe presentarse dentro del plazo de 72 horas posteriores a la publicación del medio de impugnación.

(28)        En el caso, de acuerdo con las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el medio de impugnación se publicó el 19 de julio a las 23:41 horas y el escrito de tercería se presentó el 22 de julio a las 19:01 horas.

(29)        En el caso del escrito presentado por Violeta Fernández Vázquez, este se presentó ante la autoridad responsable el mismo 22 de julio 09:59 horas.

(30)        Por lo tanto, las presentaciones son oportunas.

(31)        Interés jurídico y legitimación. Las personas ciudadanas cuentan con interés jurídico, ya que se cuestiona la sentencia del Tribunal local por la que se confirmó el Acuerdo del Instituto local, en el cual se entrega de constancia de mayoría y se declara la validez de la elección. Por lo tanto, tienen un interés incompatible con la promovente.

(32)        Asimismo, las personas comparecientes acuden por su propio derecho, en su carácter de personas candidatas ganadoras de la elección impugnada.

6.     ESCRITO DE AMICUS CURIAE

(33)        Juan Carlos Espinoza Tapia, en su calidad de maestro en matemática, presenta un escrito de amicus curiae, con la finalidad de otorgar una opinión técnica respecto de la controversia planteada en el presente juicio de la ciudadanía.

(34)        Del análisis del escrito presentado, se concluye que reúne las características de establecidas en la Jurisprudencia 8/2018[9] de esta Sala Superior para ser admitido, ya que:

i)       El escrito se presentó durante la sustanciación del medio de impugnación.

ii)     Quien suscribe es una persona ajena al proceso litigioso.

iii)   Busca aportar elementos de índole técnica para coadyuvar en la resolución.

(35)        En el escrito presentado, se advierte que Juan Carlos Espinoza Tapia formula planteamientos vinculados con los siguientes temas:

a)     Análisis de la inequidad del sistema electoral.

b)     Explicación matemática de la asignación.

c)     Argumento matemático del sesgo y la probabilidad.

d)     Simulación de Montecarlo.

(36)        Con base en estas consideraciones, se procede a reconocer la calidad de persona amiga del Tribunal al compareciente.

7.     ESTUDIO DE FONDO

7.1. Planteamiento del caso

(37)        La controversia se originó con la elección para los cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina de Tlaxcala, en la que la actora contendió con cinco mujeres y seis hombres por tres cargos, la cual arrojó los siguientes resultados:

(38)        Así, en virtud de la metodología de asignación establecida en los Acuerdos ITE-CG11/2025 e ITE-CG22/2025, se determinó asignar de manera alternada entre las mujeres y los hombres más votados, iniciando en todos los casos por una mujer.

(39)        En el caso de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial se elegiría a tres personas juzgadoras. Así, las personas candidatas que se declararon electas fueron Violeta Fernández Vázquez (50,480 votos), Juan Pablo Tena Ochoa (29,494 votos) y Dora Delia Cervantes Rosales (43,329 votos).

(40)        La actora presentó una solicitud ante el Instituto local, el cual concluyó que se implementaron las medidas establecidas para garantizar la paridad, por lo que la asignación fue correcta.

7.1.1. Sentencia local

(41)        La actora argumentó la inelegibilidad de las personas asignadas por el Instituto local, ya que incumplían con diversos requisitos establecidos en las convocatorias.

(42)        Por otro lado, argumenta que se vulneró su derecho a la igualdad y no discriminación, ya que no se asignó el cargo a una mujer que obtuvo una mayor cantidad de votos que el candidato hombre a quien se le otorgó la magistratura, por lo que se dejó de observar el principio democrático y la paridad flexible.

(43)        El Tribunal local determinó infundados los agravios de la actora relacionados con la verificación del principio de paridad flexible. Esto, ya que la asignación se hizo de conformidad con el Acuerdo ITE-CG11/2025, asignando alternadamente entre mujeres y hombres, y se comprobó que la designación fue paritaria, resultando en dos mujeres y un hombre. Si bien la actora tuvo un mayor número de votos que el candidato hombre, la asignación fue conforme a la Constitución general y local, los criterios de paridad y los lineamientos de asignación.

(44)        El Acuerdo ITE-CG11/2025, el cual no fue impugnado y adquirió firmeza, garantizó la paridad de género flexible dentro del marco de sus facultades constitucionales y legales. Sus criterios optimizaron la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y se obtuvo un beneficio en mayor medida a las mujeres que participaron y obtuvieron mayor votación. Además, la actora no impugnó los acuerdos respecto de los criterios de paridad y asignación, por lo que estos quedaron firmes.

(45)        Respecto del incumplimiento de los requisitos de elegibilidad e idoneidad de las candidaturas ganadoras, la responsable calificó los agravios de infundados, ya que el Instituto local no puede revisar la validez de las etapas de valoración de idoneidad de los aspirantes, ni la de insaculación. En otro aspecto, se calificaron de inoperantes los agravios relacionados con la elegibilidad del candidato hombre, ya que la actora contendió para ocupar una de las dos magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial asignadas para las mujeres y no para la magistratura que se asignaría a un hombre.

(46)        Respecto de los agravios relacionados con la idoneidad de Violeta Fernández Vázquez, se calificaron como inoperantes, ya que no puede analizarse nuevamente lo realizado por el Comité Estatal de Evaluación.

(47)        Respecto de la presunta falta de currículum vítae, se considera infundado, ya que la candidata sí cumplió con su presentación. Los agravios relacionados con la postulación de Violeta Fernández Vázquez son infundados, ya que parten de la premisa errónea de que se tuvo que inscribir como candidata “en funciones”, cuando no aspiró para el cargo en el que se encontraba en funciones.

(48)        Respecto de los agravios relacionados con la inelegibilidad de Dora Delia Hernández Roldan, se consideran inoperantes, ya que solo se menciona de manera genérica que no se verifican los requisitos previstos en la normativa aplicable.

(49)        En consecuencia, se confirma el Acuerdo impugnado.

7.1.2. Agravios de la parte actora

(50)        La pretensión de la actora es que se inaplique la regla de alternancia que se prevé en el Acuerdo ITE-CG11/2025, en el contexto de la elección de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala.

(51)        Su causa de pedir consiste en los siguientes agravios:

a)     Vulneración a los principios de legitimidad democrática y paridad (flexible). El cargo se le debió asignar a ella, dado que obtuvo más votos que el candidato hombre a quien se le asignó. El Instituto y el Tribunal local tratan la paridad como un límite estricto, impidiendo que una mayoría de mujeres, legalmente electas, accedan al cargo. El criterio de asignación perjudica a las mujeres que obtuvieron una mayor cantidad de votos.

b)     Vulneración al principio de igualdad. Las medidas afirmativas y su aplicación para el caso de las mujeres siempre deben ser en su beneficio, jamás en su perjuicio, porque ello conlleva a una discriminación. Con la entrega de la constancia de validez a un hombre que obtuvo menor votación se pierde la obligación de maximizar los derechos de las mujeres, por lo que existe una vulneración al principio de igualdad.

Advierte también que en el Estado de Tlaxcala persiste la brecha de género, ya que el 73.58 % de los lugares de la administración pública están ocupados por hombres, mientras que solo el 26.42 % lo ocupan mujeres.

c)     Incumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Las personas que resultaron electas no cumplen con los requisitos de elegibilidad. En primer lugar, el Instituto local estaba obligado a analizar los requisitos de elegibilidad e idoneidad. Las tres personas que resultaron electas incumplen alguno de los requisitos de elegibilidad.

(52)        Ahora bien, el análisis de los agravios se hará de manera conjunta, bajo el criterio de que la forma en que se estudien no causa afectación, mientras que se analicen todos[10].

7.2. Determinación de la Sala Superior

(53)        Esta Sala Superior considera —aplicando el principio de mayor beneficio—que el agravio de la actora relacionado con una vulneración al principio de paridad de género es fundado y suficiente para revocar la sentencia impugnada, ya que:

a)     Si bien la regla de alternancia de género surgió en el contexto de las elecciones ordinarias en la postulación de las listas de candidaturas por representación proporcional que presentan los partidos políticos, el modelo electoral de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación la combina con dos principios constitucionales: el sistema de mayoría de votos y el principio de paridad de género;

b)     La responsable tenía el deber de garantizar el principio constitucional de paridad y privilegiar que aquellas mujeres con mayor votación fueran asignadas a un cargo, al contar con un mejor derecho acorde al respaldo de la ciudadanía; y

c)     De los criterios de paridad se advierte que la alternancia es una regla implementada para asegurar el mayor acceso de mujeres a los cargos de la elección judicial, por lo que su aplicación no puede ser en términos neutrales y sin perspectiva de género.

(54)        En consecuencia, el Instituto local deberá verificar los requisitos de la actora, de conformidad con el artículo 21 de los Lineamientos de asignación y, en caso de considerarles cumplidos, la deberá asignar como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala, en términos de lo que se expone enseguida.

7.3. El Tribunal local omitió considerar el principio de paridad y de representatividad democrática al momento de aplicar los criterios respectivos

Se llega a tal conclusión tal como se explica en los apartados siguientes.

7.3.1. Marco normativo general

7.3.2. Marco normativo aplicable al estado de Tlaxcala

“…Para la elección extraordinaria del 1° de junio de 2025 se elegirán a las siguientes personas juzgadoras: […]

3. Tres cargos de Magistradas o Magistrados, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

1.    Para cada uno de los Tribunales se ordenarán las candidaturas por género y conforme al número de votos obtenidos en orden descendente, es decir, una lista de mujeres y otra de hombres.

2.    Se iniciará la asignación en cada uno de los Tribunales, por la mujer más votada, posteriormente para cumplir con la alternancia de género, se asignará al hombre más votado y así sucesivamente hasta integrar la totalidad de los cargos vacantes, lo anterior de conformidad con las listas que fueron generadas.

Esta disposición se vio reflejada en el modelo de la boleta que aseguró que los electores podían elegir en condiciones paritarias en favor de las mujeres, colocándose espacios para elegir hasta 2 mujeres y 1 hombre, tal como se aprecia enseguida:

7.3.3. Caso concreto

8.     EFECTOS

(138)     Al resultar fundado y suficiente el agravio de la actora, se revoca la sentencia impugnada, así como el Acuerdo ITE-CG63/2025, en lo relativo a la asignación y entrega de la constancia de mayoría y validez de Juan Pablo Tena Ochoa como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala.

(139)     En consecuencia, se vincula al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para que, a la brevedad, verifique los requisitos de la actora, de conformidad con el artículo 21 de los Lineamientos de asignación y, en caso de considerarles cumplidos, le asigne a la actora el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala.

9.     RESOLUTIVO

ÚNICO. Se revoca la sentencia controvertida para los efectos precisados en la presente ejecutoria.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación pertinente.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron las magistraturas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los votos en contra de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR CONJUNTO QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS FELIPE DE LA MATA PIZAÑA Y FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA, CON RELACIÓN AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-2280/2025. [37]

ÍNDICE

Respetuosamente, disentimos del sentido de la sentencia aprobada por la mayoría. Por ello, formulamos voto particular en los siguientes términos.

1. Tesis del voto particular

No compartimos la sentencia mayoritaria, porque en nuestro concepto se debe confirmar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, en el juicio TET-JDC-057/2025, en la que confirmó la asignación de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial de esa entidad, realizada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante acuerdo ITE-CG63/2025, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario para la elección de los diversos cargos del Poder Judicial del estado 2024-2025.

Ello, toda vez que dicha asignación se realizó conforme a los criterios de paridad aprobados por el Instituto local[38], los cuales al no haber sido impugnados eran definitivos y firmes, y, en ese sentido, resulta inexacto que se pretendan desconocer dichas reglas bajo una “lectura no neutral del principio de alternancia”.

Así, en el caso, las reglas sobre la asignación de cargos de manera alternada entre mujeres y hombres tienen base constitucional, por lo que no ha lugar a aplicar un mecanismo diverso, porque se trata de reglas previamente establecidas. 

2. Contexto

La controversia se originó con la elección para los cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina de Tlaxcala, en la que la actora contendió con cinco mujeres y seis hombres por tres cargos. Los resultados fueron los siguientes:

Según la metodología de asignación establecida en los Acuerdos ITE-CG11/2025 e ITE-CG22/2025, se asignó de manera alternada entre las mujeres y los hombres más votados, iniciando en todos los casos por una mujer.

En el caso, las personas candidatas que se declararon electas fueron Violeta Fernández Vázquez (50,480 votos), Juan Pablo Tena Ochoa (29,494 votos) y Dora Delia Cervantes Rosales (43,329 votos).

La actora presentó una solicitud ante el Instituto local, el cual concluyó que se implementaron las medidas establecidas para garantizar la paridad, por lo que la asignación fue correcta.

La actora impugnó la asignación, bajo el argumento de que se vulneró su derecho a la igualdad y no discriminación, ya que no se asignó el cargo a una mujer que obtuvo una mayor cantidad de votos que el candidato hombre a quien se le otorgó la magistratura, por lo que se dejó de observar el principio democrático y la paridad flexible.

El Tribunal local determinó infundados los agravios de la actora relacionados con la verificación del principio de paridad flexible. Esto, ya que la asignación se hizo de conformidad con el Acuerdo ITE-CG11/2025, asignando alternadamente entre mujeres y hombres, y se comprobó que la designación fue paritaria, resultando en dos mujeres y un hombre. Si bien la actora tuvo un mayor número de votos que el candidato hombre, la asignación fue conforme a la Constitución general y local, los criterios de paridad y los lineamientos de asignación.

El Acuerdo ITE-CG11/2025, el cual no fue impugnado y adquirió firmeza, garantizó la paridad de género flexible dentro del marco de sus facultades constitucionales y legales. Sus criterios optimizaron la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y se obtuvo un beneficio en mayor medida a las mujeres que participaron y obtuvieron mayor votación.

3. Sentencia aprobada

La mayoría revocó el acuerdo impugnado al considerar que la regla de alternancia debía favorecer a las mujeres cuando éstas tuviesen mayor votación que los hombres, atendiendo a que es una regla que tiene como génesis que se materialice de forma efectiva el principio de paridad, por lo que debe interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio a las mujeres.

Así, se estableció que la regla de alternancia no debe aplicarse en términos neutrales, sino que se deben cuestionar los efectos diferenciados de la norma y, en consecuencia, en el caso de que las mujeres por sí mismas alcancen lugares a través de un mayor número de votos, se les debe asignar el cargo.

4. Disenso

Desde nuestra perspectiva, el criterio fijado en la sentencia aprobada resulta en una vulneración a los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio de los participantes de la contienda electoral, por lo que estimamos que la asignación debe atender a las reglas previstas en la Constitución; por el propio Instituto y convalidadas por la Sala Superior. 

En consecuencia, al desestimarse los agravios planteados por la actora, lo procedente es confirmar, en la materia de impugnación, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, en el juicio TET-JDC-057/2025, en la que confirmó la asignación de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial de esa entidad, realizada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mediante acuerdo ITE-CG63/2025.

Marco normativo. El nuevo procedimiento de designación de personas juzgadoras tiene su origen en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.[39]

Esta nueva forma de selección de personas juzgadoras es un procedimiento inédito y complejo. En el Decreto de la reforma constitucional se estableció que las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, en los términos y modalidades que estos determinen; en cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027.[40]

Asignación alternada. En la Constitución se establece que el INE efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. [41]

El artículo segundo transitorio, párrafo noveno, del Decreto de reforma constitucional establece que el Consejo General del INE asignará los cargos los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.

Además, en el artículo segundo transitorio, párrafo quinto, del Decreto de reforma constitucional establece que el Consejo General del INE podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para, de entre otras cosas, garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género. Por su parte, el artículo 94 constitucional prevé que en la integración de los órganos jurisdiccionales deberá observarse el principio de paridad de género.

En ese contexto, en Tlaxcala, el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, la modificación constitucional local en materia reforma al Poder Judicial local[42].

Entre los cambios establecidos se contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado. Conforme al numeral 85 Ter de la Constitución local reformada, se establece dicho órgano se integrará por “tres personas”, magistradas y magistrados, electas por la ciudadanía a nivel estatal” mediante voto popular y conforme al procedimiento establecido en el diverso numeral 84 de ese ordenamiento”.

A su vez, el artículo segundo transitorio, párrafo 7, de la referida reforma constitucional local hace alusión a la boleta que se utilizará, entre otros, en la elección de las personas integrantes del Tribunal de Disciplina y señala que: “la boleta garantizará que las y los votantes asienten la candidatura de su elección respetando en todo momento la paridad de género”.

Por su parte, el artículo 79, párrafos 4 y 5, de la Constitución local refieren que el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala se integrará de siete personas y señala que “…en la integración de Tribunal Superior de Justicia se observará el principio de paridad de género, por lo que no habrá más de cuatro magistrados del mismo sexo”.

Asimismo, la convocatoria[43] emitida por el Congreso local para la selección de personas juzgadoras en el orden local de Tlaxcala, en su punto de acuerdo V, dispone que:

“…Para la elección extraordinaria del 1° de junio de 2025 se elegirán a las siguientes personas juzgadoras: […]

3. Tres cargos de Magistradas o Magistrados, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

A su vez, el artículo transitorio segundo, párrafo 5, de la reforma constitucional local menciona que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de elecciones podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia del proceso electoral extraordinario de 2025 observando el principio de paridad.

En ese sentido, el veintitrés de febrero de dos mil veinticinco, el referido Instituto aprobó el Acuerdo ITE-CG11/2025, en el que determinó los criterios para garantizar el principio de paridad de los géneros en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del estado 2024-2025.

Criterios de asignación. En el mencionado acuerdo se definió un criterio aplicable para la asignación de cargos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala observando la paridad en los términos siguientes:

3.       Para cada uno de los Tribunales se ordenarán las candidaturas por género y conforme al número de votos obtenidos en orden descendente, es decir, una lista de mujeres y otra de hombres.

4.       Se iniciará la asignación en cada uno de los Tribunales, por la mujer más votada, posteriormente para cumplir con la alternancia de género, se asignará al hombre más votado y así sucesivamente hasta integrar la totalidad de los cargos vacantes, lo anterior de conformidad con las listas que fueron generadas.

Cabe señalar que, como lo señaló el Tribunal local, el acuerdo ITE-CG11/2025 no fue impugnado y, por tanto, adquirió firmeza.

Caso concreto.

Del análisis del escrito de demanda, se advierte que la actora impugna la sentencia del Tribunal local, en el juicio TET-JDC-057/2025, que confirmó la asignación de cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala, realizada por el Instituto local[44], a quienes obtuvieron el mayor número de votos.

La actora sostiene que la asignación es indebida, porque aplican de manera incorrecta el principio de paridad, pues desde su perspectiva la regla de alternancia debe ceder cuando se advierta que una mujer tiene más votos que un hombre.

Consideramos que no asiste razón a la actora, porque la regla de asignación alternada está prevista expresamente en la Constitución local, como un mecanismo para lograr o alcanzar la paridad en los cargos judiciales de elección popular.

En dicha Constitución se establece claramente que el INE entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.

En los criterios sobre paridad, emitidos por el Instituto local, se previó que se conformarían dos listas, una de mujeres y otra de hombres, las cuales se ordenarían según el número de votos obtenidos.

Los cargos se asignarían de manera alternada entre las mujeres y los hombres con más votos, iniciando siempre con una mujer.

El resultado de los Criterios aprobados por el Instituto local es doble. En primer lugar, se genera una especie de doble contienda diferenciada entre géneros. En segundo lugar, se genera un modelo de asignación paritaria que tiene como finalidad reservar espacios específicos en función del género.

Respecto del primer punto, dado que el Instituto local ordenó la creación de una lista de hombres y otra de mujeres y, con base en estas listas se inicia la asignación —empezando, siempre, por mujer—, esto materialmente se traduce en que las mujeres compiten entre ellas y los hombres entre ellos. Como consecuencia de esto, estamos ante una contienda diferenciada entre géneros.

En estos escenarios no es jurídicamente viable mezclar las contiendas a fin de determinar que, dado que una candidata obtuvo más votos que un candidato, es ella quien debe integrar el órgano.

Lo incorrecto de este razonamiento es que el diseño de asignación de cargos procuró armonizar dos principios: el principio democrático con el principio paritario.

Así, la armonización de estos dos principios implica que se deberá observar el principio democrático (asignación a la candidatura con mayor votación), por cada uno de los géneros. O sea, se asignará a la candidata con mayor votación de entre las mujeres, y al candidato con mayor votación de entre los hombres, y así, alternadamente entre géneros hasta agotar el número de vacantes.

De esta forma, no se está vulnerando ni el principio democrático y tampoco el principio de paridad de género. Incluso, sirve como criterio orientador, el que esta Sala Superior, al confirmar los Criterios de paridad aprobados por el INE (SUP-JDC-1284/2025), validó que el principio democrático se viera modulado en aras de preservar la paridad de género, por lo que esta propia Sala Superior ya determinó que, en la elección de personas juzgadoras, el principio democrático debe interpretarse en función de la naturaleza de esta elección y, por tanto, admite modulaciones e interpretaciones.

En segundo lugar, las reglas adoptadas por el Instituto local para llevar a cabo la asignación de cargos de forma paritaria implicaron el diseño, ex ante, de un modelo de asignación paritario. En este modelo de asignación, su característica principal es que -por medio de las reglas desarrolladas por el Instituto local- se generó una reserva de vacantes para cada género.

En efecto, la consecuencia material de que se empiece la asignación siempre por mujer tiene como resultado que:

         En casos de número par de vacantes, la mitad recaiga en mujeres y la mitad en hombres;

         En casos impares, el género mayoritario recaerá en una mujer.

Con base en estas reglas, es posible desprender que existe un modelo previamente definido por medio del cual el Instituto local determinó números específicos de cargos destinados para cada género.

En este modelo de asignación paritaria, la votación obtenida es relevante para determinar qué mujeres accederán a los cargos reservados para ellas, y qué hombres accederán a los reservados para ellos.

Ahora bien, el modelo de asignación paritario desarrollado por el Instituto local incorporó una perspectiva de género y una lectura no neutral de las reglas de asignación previstas en la Constitución general. En efecto, el artículo 96, fracción IV de la Constitución señala que la asignación de cargos deberá ser alternada entre hombres y mujeres.

No obstante, a fin de maximizar el mandato de paridad de género y de interpretar de forma no neutral la regla de alternancia constitucionalmente prevista, el Instituto local diseñó un modelo de asignación en el que incorporó dicha regla. Es decir que, al iniciar con una mujer y al alternar los espacios reservados en función de género, trasladó la regla de alternancia al modelo de asignación paritaria.

De esta forma, advertimos que el modelo de asignación paritaria definido por el Instituto no es propiamente una acción afirmativa que requiera ser interpretada y aplicada de forma no neutral. Contrariamente, se trata de un modelo enmarcado en la política paritaria que fue integrado por medio de interpretar de forma no neutral diversas reglas paritarias y medidas afirmativas.

Bajo esta lógica, la actora parte de una premisa incorrecta al estimar que el modelo de asignación definido por el Instituto local debe ser interpretado y aplicado de forma que maximice el beneficio en favor de las mujeres.

Lo incorrecto de este razonamiento es que, como ya se señaló, no se trata propiamente de una acción afirmativa que requiera una interpretación y aplicación desde una perspectiva no neutral. Sino que se trata de un modelo de asignación que ya incorporó, en su diseño, diversas reglas y medidas en favor de las mujeres.

De esta forma, la pretensión de la actora resulta inviable porque implicaría inaplicar el modelo de asignación definido por el Instituto local que es firme y definitivo, por lo que, en aras de preservar el principio de certeza y de seguridad jurídica, esta Sala Superior estima que no es posible acceder a la pretensión de la actora.

Además, en el caso, la paridad de género se está preservando y, por lo tanto, no resultaría necesario otorgar una vacante adicional a una mujer bajo el argumento de que se está favoreciendo el principio democrático y la paridad de género.

Al respecto, se debe precisar que la paridad de género tiene un enfoque grupal que consiste en verificar que tanto hombres como mujeres ocupen, de forma igualitaria, los espacios públicos. Si, en el caso, esto se está logrando, entonces no resulta necesario hacer ajustes adicionales que no estuvieran previstos inicialmente.

Finalmente, cabe señalar que el enfoque grupal que se debe adoptar al momento de analizar si se vulnera o no el mandato constitucional de paridad de género tiene como consecuencia válida que, en un caso determinado, una mujer obtenga una mayor votación que un hombre y, no obstante, no acceda al cargo.

Lo válido de esta situación radica en dos cuestiones. La primera, que como ya se señaló, se trata de una contienda diferenciada entre géneros, con lo cual, materialmente, las mujeres compiten contra las mujeres y los hombres contra los hombres. La segunda es que, precisamente por el sistema de reglas que implementó el Instituto local, se está cumpliendo con la asignación paritaria, o sea, existen —como mínimo— el mismo número de mujeres que de hombres en la asignación.

Al cumplirse este objetivo, y por la naturaleza de la asignación diferenciada de cargos en esta elección, es que resulta válida la asignación que llevó a cabo el Instituto local y que confirmó el Tribunal de Tlaxcala, a pesar de que la actora tenga más votos que uno de los candidatos a los que se les asignó el cargo.

De esta forma, contrario a lo que sostiene la parte promovente, la asignación de los cargos se realizó conforme a la votación obtenida, en atención al número de cargos a asignar, de conformidad con los criterios previamente aprobados por el Instituto local en el acuerdo ITE-CG11/2025.

De esa manera, las reglas establecidas expresamente en la Constitución y legislación de Tlaxcala, y desarrolladas por el Instituto local previeron un mecanismo para que se lograra la paridad en la asignación de los cargos judiciales de elección popular.

En el caso concreto, no asiste razón a la actora porque en la lista de mujeres obtuvo el tercer lugar, de tal manera que si se estableció que se asignarían tres cargos de magistrados del Tribunal de Disciplina de Tlaxcala, dos se asignarían a mujeres y uno a hombres, pero en listas separadas.

En ese sentido, la pretensión de la actora respecto a que se implemente un mecanismo de asignación diverso, en el que no se contemple la alternancia en la asignación, no tiene asidero constitucional ni legal o reglamentario, pues implica la modificación de reglas previamente establecidas.

Por otro lado, no asiste razón a la parte actora cuando alega que la regla de asignación de cargos de manera alternada entre las mujeres y los hombres más votados debe ceder cuando se advierte que las mujeres tienen más votos que los hombres.

Lo incorrecto de este razonamiento radica en que, como ya se explicó, el modelo de asignación paritaria definido por el Instituto local ya incorporó, durante su proceso de diseño, una lectura no neutral de la regla de alternancia de género. De esta forma, en este momento no nos encontramos ante una acción afirmativa que requiera ser interpretada y aplicada desde una perspectiva no neutral, y tampoco es viable alterar el modelo de asignación paritaria porque i) ya se verificó la paridad de género en la asignación de los cargos y ii) esto atentaría en contra del principio de certeza y de seguridad jurídica.

De esta manera, con esta aplicación del modelo, no se está vulnerando los criterios interpretativos en favor de las mujeres en el que se señala que la paridad de género es solo un mínimo y no un techo, y respecto a que las acciones afirmativas en el marco de la paridad de género deben leerse y aplicarse de forma no neutral.

En efecto, la jurisprudencia 11/2018 de rubro PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES, señala que, dada la finalidad de las acciones afirmativas en el marco de la paridad de género y al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben aplicarse e interpretarse procurando su mayor beneficio, aun cuando en su formulación las disposiciones normativas que incorporen un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida no incorporen de manera expresa criterios interpretativos específicos.

Sin embargo, en el caso de esta elección no estamos ante supuestos en los que se deba incorporar un criterio interpretativo, porque no estamos ante la aplicación e interpretación de acciones afirmativas sino, como ya se señaló, ante un modelo de asignación paritaria.

Con motivo de ello, se estima correcto el procedimiento seguido por el Instituto local y confirmado por la responsable, ya que el establecimiento de reglas diferenciadas, que tienen como finalidad garantizar el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género.

Además, las reglas para garantizar la paridad de género surgen en la necesidad de aplicar ese principio en la integración global de los órganos judiciales, no de manera aislada para cada cargo individual.

En conclusión, las medidas adoptadas por el Instituto local para garantizar la paridad de género en el proceso electoral extraordinario de Tlaxcala resultan proporcionales y razonables en el contexto de la reforma constitucional. Lo cual se razonó en términos similares por esta Sala Superior, al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1284/2025 y acumulados.

De ahí que los criterios adoptados por el Instituto local para realizar la asignación de los cargos —materia de análisis— representan un equilibrio adecuado entre la implementación efectiva del principio de paridad y el respeto a otros principios constitucionales como la voluntad popular expresada mediante el voto.

Finalmente, es importante mencionar que el criterio que aquí se sostiene es acorde con el principio de libertad configurativa estatal, en tanto que el modelo de asignación que diseño el legislador de Tlaxcala, privilegió la alternancia de géneros en la asignación de los cargos, en atención a su amplio margen de actuación, previsto en el artículo 116, base tercera de la Constitución General.[45]

Por lo tanto, resultaría invalido atraer el criterio que se ha utilizado en casos similares relacionados con la regulación federal para aplicarlos a un caso relacionado con la legislación de una entidad federativa, en donde el legislador local estableció expresamente un modelo especifico de alternancia para asignar los cargos que se renovarían en el Poder Judicial local.

5. Conclusión.  

En consecuencia, consideramos que las reglas sobre la asignación de cargos de manera alternada entre mujeres y hombres tiene base constitucional, por lo que no ha lugar a aplicar un mecanismo diverso, porque se trata de reglas previamente establecidas, por lo que se debió confirmar la resolución impugnada.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.