JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA

EXPEDIENTES: SUP-JDC-2336/2025 Y ACUMULADOS

ACTORES: HÉCTOR VEGA ROBLES Y OTROS[1]

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TERCEROS INTERESADOS: MÓNICA KEMP ZAMUDIO Y OTROS[2]

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIADO: OLIVIA Y. VALDEZ ZAMUDIO Y ARES ISAÍ HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COLABORÓ: IRERI ANALÍ SANDOVAL PEREDA

Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veinticinco

Sentencia definitiva que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de la cual se revoca parcialmente la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí TESLP/JNE/09/2025 y Acumulados, que a su vez confirmó el Acuerdo CG/2025/JUN/94 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por el que se asignaron los cargos de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, concretamente:

         Se confirma la elegibilidad de las candidaturas impugnadas respecto al pase automático y al requisito académico.

         Se declara inelegible a José Luis Ruiz Contreras como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, al estar acreditado que fue fiscal general del Estado hasta el 9 de mayo de 2024 y no cumplió con el año de separación exigido por la Constitución general antes de la convocatoria de enero de 2025.

GLOSARIO

1. ASPECTOS GENERALES

(1)            En el marco del Proceso Electoral en el cual se renovaron diversos cargos del Poder Judicial local, el Instituto Electoral local asignó los cargos de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, entre ellos a José Luis Ruiz Contreras, Mónica Kemp Zamudio, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, Arturo Morales Silva y Juan David Ramos Ruiz.

(2)            Inconformes, Héctor Vega Robles, Yanet Hernández Trejo, José de Jesús Cárdenas Turrubiartes y Juan Paulo Almazán Cue, en su calidad de candidatos a magistrados del Tribunal Superior del Estado de San Luis Potosí, impugnaron la asignación de los ciudadanos mencionados al considerar que son inelegibles.

(3)            El Tribunal local confirmó el acuerdo impugnado porque consideró que, si bien, corresponde a la autoridad administrativa local efectuar el análisis de elegibilidad previo a la asignación de cargos o declaración de validez de la elección, en el segundo momento de revisión se parte de una presunción de validez del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que debe ser desvirtuada con elementos de prueba, lo cual no aconteció y respecto al pase automático, el órgano jurisdiccional estimó que las personas en funciones, con licencia o permiso sí cuentan con una incorporación automática para participar en el proceso electoral local extraordinario y de resultar ganadores o ganadoras, ostentar el cargo.

(4)            En estos casos, esta Sala Superior debe determinar si fue correcto que el Tribunal de San Luis Potosí confirmara el acuerdo impugnado.

2. ANTECEDENTES

(5)            Jornada electoral en el estado de San Luis Potosí. El 1. ° de junio, se llevó a cabo la jornada electoral en el estado de San Luis Potosí para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial local.

(6)            Sumatoria Final[3]. El 15 de junio, el Instituto Electoral de San Luis emitió la sumatoria final de los cómputos de la elección a los cargos de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina judicial y juezas y jueces de primera instancia a integrar el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025.

(7)            Asignación de magistraturas[4]. Con base a lo anterior, en la misma fecha, el Instituto Electoral de San Luis asignó los cargos de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, quedando la integración siguiente:

(8)            Demandas locales. Inconformes, el 19 de junio, Juan Paulo Almazán Cue, Yanet Hernández Trejo, Héctor Vega Robles y Jesús Cárdenas Turrubiartes, en su calidad de candidatos a una magistratura del Tribunal Superior de Justicia promovieron medio de impugnación ante el Tribunal de San Luis Potosí contra el acuerdo de designación de magistraturas, ya que consideran que diversos candidatos designados son inelegibles.

(9)            Sentencia impugnada (TESLP/JNE/09/2025 y acumulados[5]). El 1. ° de agosto, el Tribunal local confirmó el acuerdo impugnado esencialmente porque, si bien, corresponde a la autoridad administrativa local efectuar el análisis de elegibilidad previo a la asignación de cargos o declaración de validez de la elección, en el segundo momento de revisión se parte de una presunción de validez del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que debe ser desvirtuada con elementos de prueba, lo cual no aconteció y respecto al pase automático, el órgano jurisdiccional estimó que las personas en funciones, con licencia o permiso sí cuentan con una incorporación automática para participar en el proceso electoral local extraordinario y de resultar ganadores o ganadoras, ostentar el cargo.

(10)        Demandas ante esta Sala Superior. Inconformes, el 5 y 6 de agosto, Héctor Vega Robles, Yanet Hernández Trejo, Jesús Cárdenas Turrubiartes y Juan Paulo Almazán Cue promovieron juicios ciudadanos ante el Tribunal de San Luis Potosí en contra de la determinación anterior.

(11)        Escritos de terceros interesados. El 08 de agosto, mediante diversos escritos en diversos expedientes, Mónica Kemp Zamudio, José Luis Ruiz Contreras, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, Graciela Treviño Rodríguez, Juan David Ramos Ruiz y Arturo Morales Silva, comparecieron como terceros interesados.

(12)        Escrito (SUP-JDC-2342/2025). El 14 de agosto, Juan Paulo Almazán Cue, presentó escrito mediante el cual, remite documentación al expediente relacionada con su elegibilidad.

3. TRÁMITE

(13)        Registro y turno. En su oportunidad la magistrada presidenta ordenó formar los expedientes siguientes:

(14)        Estos expedientes, en su oportunidad, se turnaron a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

(15)        Radicación, admisión y cierre de instrucción. En términos del artículo 19 de la Ley de Medios, se radican los expedientes en la ponencia del magistrado instructor, se admiten los medios de impugnación y se cierran su instrucción, al no estar pendiente ninguna diligencia.

4. COMPETENCIA

(16)        Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los juicios, porque se controvierten una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en relación con la elección de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del estado de San Luis Potosí. Así, por la naturaleza de los cargos involucrados en la impugnación ante esta instancia y de lo razonado en el Acuerdo General 1/2025 de esta Sala Superior, este órgano es competente para resolver el asunto[6].

5. ACUMULACIÓN

(17)        Del análisis integral de las demandas, se advierte que existe conexidad en la causa, debido a que en los medios de impugnación se señala la misma autoridad responsable y se impugna la misma resolución del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral local por medio del cual se designaron a las magistraturas del Tribunal Superior del mismo estado.

(18)        Por tanto, en atención al principio de economía procesal y para evitar el dictado de sentencias contradictorias, se acumulan los expedientes SUP-JDC-2338/2025, JDC-2339/2025 y JDC-2342/2025 al diverso SUP-JDC-2336/2025, por ser este el juicio que se originó con la primera demanda que se recibió en esta Sala Superior[7].

(19)        En consecuencia, deberá agregarse una copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes acumulados.

6. PROCEDENCIA

(20)        Los juicios de la ciudadanía cumplen con los requisitos de procedencia[8], por las razones que se desarrollan en los subapartados siguientes:

(21)        Forma. Los requisitos se cumplen, porque en las demandas consta el nombre y la firma de quien promueve, se precisa el acto de autoridad que se reclama, los hechos que motivan las controversias, así como los argumentos mediante los cuales se pretende demostrar que existe una afectación en perjuicio de los actores.

(22)        Oportunidad. La sentencia del Tribunal de San Luis Potosí se notificó a las partes el 1° y 3 de agosto, por lo que el plazo para controvertirla transcurrió del lunes 4 al jueves 7 de agosto. En consecuencia, si las demandas se presentaron el 5 y 6 de agosto, se presentaron oportunamente, dentro del plazo de cuatro días establecido legalmente para ese efecto. Cabe señalar que la materia de controversia se relaciona con el proceso electoral judicial en San Luis Potosí, por lo que todos los días se consideran hábiles[9].

(23)        Interés jurídico y legitimación. Se satisfacen los requisitos, porque los actores comparecen por su propio derecho, e impugnan la sentencia en la que fueron promoventes, la cual consideran que les causa perjuicio a su esfera de derechos.

(24)        Definitividad. Se cumple, ya que no existe ningún otro medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir ante esta instancia.

7. ESCRITOS DE TERCEROS INTERESADOS

(25)        Esta Sala Superior considera que los escritos de tercería presentados por Mónica Kemp Zamudio, José Luis Ruiz Contreras, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, Graciela Treviño Rodríguez, Juan David Ramos Ruiz y Arturo Morales Silva son procedentes, conforme a las siguientes consideraciones.

(26)        Forma. En los escritos consta el nombre y la firma de quien presenta el escrito, la razón en la que funda su interés y su pretensión concreta.

(27)        Oportunidad. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Medios, las personas cuentan con un plazo de 72 horas para presentar un escrito de tercería, a partir de la publicación del medio de impugnación, al respecto se tiene los siguiente:

De lo anterior se advierte que todos los escritos se presentaron dentro del plazo de 72 horas a partir de la publicación del medio de impugnación.

8. ESTUDIO DE FONDO

8.1. Contexto de la controversia

(29)        En el marco del Proceso Electoral en el cual se renovaron diversos cargos del Poder Judicial local, entre ellos los del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del estado de San Luis Potosí, elección en la que se obtuvo la votación siguiente:

(30)        En su oportunidad, el Instituto Electoral de San Luis Potosí asignó los cargos de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, 8 mujeres y 7 hombres, alternadamente, entre ellos a José Luis Ruiz Contreras, Mónica Kemp Zamudio, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, Arturo Morales Silva y Juan David Ramos Ruiz.

(31)        Inconformes, Héctor Vega Robles, Yanet Hernández Trejo, José de Jesús Cárdenas Turrubiartes y Juan Paulo Almazán Cue, en su calidad de candidatos a magistrados del Tribunal Superior del Estado de San Luis Potosí, impugnaron la asignación de los ciudadanos mencionados al considerar que son inelegibles, por las razones siguientes:

8.1. Resolución impugnada

(32)        El Tribunal Local considero que, si bien, corresponde a la autoridad administrativa local efectuar el análisis de elegibilidad previo a la asignación de cargos o declaración de validez de la elección, sin embargo, en el segundo momento de revisión se parte de una presunción de validez del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que debe ser desvirtuada con elementos de prueba.

(33)        Señaló que, con base en precedentes de Sala Superior, existen dos momentos para que se puede cuestionar la elegibilidad de una persona. La primera, en la etapa de postulación de candidaturas ante los Comités de Evaluación y, la segunda, en la etapa de asignación y/o calificación y declaración de validez.

(34)        En el caso específico determinó que, los actores no precisan, ni evidencian, que hicieron valer ante el Instituto Electoral local previo a la emisión del acuerdo controvertido alguna petición formulada por escrito mediante la cual manifestaran que alguno de los ciudadanos y ciudadana controvertida no reunían los requisitos de elegibilidad que ahora invocan.

(35)        Por lo anterior consideró que, correspondía a los inconformes ofrecer medios de prueba tendientes a evidenciar la falta de algún requisito de elegibilidad de las candidaturas ganadoras ya que la reforma únicamente previó la emisión de los listados de candidaturas al Instituto Electoral local a efecto de que procediera a emitir la documentación electoral correspondiente y dar pauta a las siguientes etapas del proceso, pero no estableció la remisión de la documentación de registro de cada candidatura postulada.

(36)        Consideró que el motivo de inconformidad concerniente a la verificación parcial de requisitos de elegibilidad efectuados por el Instituto Electoral local tiene una base fundada, pero resulta inoperante en razón de que la presunción de validez de los requisitos de elegibilidad de cada uno de los candidatos electos no fue controvertida con un soporte probatorio que permitiera al Instituto Electoral local desvirtuar dicha presunción, pues debe entenderse que la posibilidad de controvertir los requisitos de elegibilidad en la etapa de asignación no se traduce en una nueva valoración oficiosa por parte de la autoridad electoral equiparable con la de la etapa de postulación, sino que esta, exige del promovente una carga probatoria activa y suficiente.

(37)        Por otra parte, señaló que, los requisitos de elegibilidad se clasifican doctrinalmente en requisitos de carácter positivo y requisitos de carácter negativo. Los primeros comprenden condiciones objetivas que deben ser acreditadas activamente por la persona postulada, tales como la ciudadanía mexicana por nacimiento, la residencia efectiva, la antigüedad en el ejercicio profesional, entre otros. El cumplimiento de estos requisitos debe ser verificado por la autoridad encargada de ello en la etapa de registro o postulación, ya que forman parte del expediente que da origen a la validez de la candidatura. Por su parte, los requisitos de carácter negativo, como la ausencia de procesos penales, inhabilitación o suspensión de derechos, se presumen cumplidos, salvo que se presente prueba en contrario. Es así como, una vez superada la etapa de postulación, los requisitos de carácter positivo también adquieren la presunción de cumplimiento, por lo que la carga de la prueba recae en quien intenta desvirtuar su cumplimiento, en esta segunda etapa para controvertirlos.

(38)        Así, la presunción de validez generada en la etapa de postulación implica que, en ausencia de elementos objetivos que cuestionen de forma frontal la idoneidad de las candidaturas, la autoridad administrativa debe mantener la presunción de legalidad respecto del cumplimiento de los requisitos de carácter positivo verificados en dicha etapa.

(39)        Por otra parte, respecto al pase automático, el órgano jurisdiccional estimó que las personas en funciones, con licencia o permiso sí cuentan con una incorporación automática para participar en el proceso electoral local extraordinario y de resultar ganadores o ganadoras, ostentar el cargo.

(40)        Lo anterior porque, el artículo 92 de la Constitución Local en su último párrafo estableció que para la primera elección de funcionarios judiciales, se considerará como elegibles a las personas que a la fecha de emisión de la primera convocatoria se encuentren en funciones de Magistrados, Magistradas, Jueces o Juezas del Poder Judicial del Estado, por lo que serán incorporadas automáticamente y sin necesidad de integrar expediente, a los listados de los Comités de Evaluación para participar en la elección extraordinaria del año 2025, salvo que informen que deseen participar en la elección para un cargo diverso al que se encuentran ocupando, o bien, declinen de su candidatura previo al cierre de la convocatoria.

(41)        Aunado a lo anterior señaló que el artículo transitorio que, aquellos Magistrados, Magistradas, Jueces o Juezas de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado que desearan participar en el mismo o en diverso cargo, o bien, se encuentren gozando de licencia o permiso temporal, deberán informar al Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado, a efecto de que éste determine la inclusión de la persona en el listado que se le notifique al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

8.2. Síntesis de agravios

8.2.1. Síntesis de agravios de Héctor Vega Robles (SUP-JDC-2336/2025) y Yanet Hernández Trejo (SUP-JDC-2338/2025).

(42)        Los actores manifiestan esencialmente que la sentencia del Tribunal Local vulneró el principio del congruencia y exhaustividad porque omitió analizar sus agravios siguientes:

(43)        i) Indebido otorgamiento de pase automático de Mónica Kemp Zamudio, José Luis Ruiz Contreras y Ángel Gonzalo Santiago Hernández, al no encontrarse en funciones.

(44)        ii) Omisión del Instituto Electoral local de revisar los requisitos de elegibilidad de la totalidad de candidatos ganadores en la elección de Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, incluido el establecido en el inciso e) de la fracción II del artículo 92 de la Constitución local, que señala que para postularse a los cargos de persona Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia se requiere no haber sido persona titular de la Fiscalía General del Estado, en el año inmediato anterior al día de la publicación de la convocatoria por parte del Comité de Evaluación que lo proponga.