ÍNDICE

GLOSARIO

ASPECTOS GENERALES

1. ANTECEDENTES

2. TRÁMITE

3. COMPETENCIA

4. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE LA CIUDADANÍA

5. ESCRITO DE TERCERO INTERESADO

6. ESTUDIO DE FONDO

7. RESOLUTIVO

(64)        En efecto, para aplicar de manera adecuada y proporcional los criterios en materia de paridad de género que ha sustentado este Tribunal, es necesario considerar tanto el diseño normativo de la legislación respectiva, como los actos administrativos firmes que determinaron las condiciones de la elección.

(65)        Esta revisión permitirá determinar si existe alguna medida afirmativa diseñada desde la etapa de la preparación de la elección que haga innecesario hacer un ajuste en favor de las mujeres en la etapa de resultados.

(66)        Inclusive, no debe perderse de vista que, a efecto de tutelar el principio de paridad en favor de las mujeres, esta Sala Superior ha sostenido que es posible implementar acciones afirmativas en favor de otros grupos vulnerables en las convocatorias siempre y cuando tales acciones no incidan en los espacios reservados para las mujeres[11].

(67)        Por tanto, si en la convocatoria correspondiente se reservan cargos y esta reserva no es cuestionada en la etapa de preparación de la elección, tal decisión adquiere firmeza, en atención al principio de definitividad de las etapas del proceso electoral, siendo irreparables los posibles efectos del acto respectivo, tal como reiteradamente lo ha establecido este Tribunal electoral[12].

(68)        En el caso de la elección judicial del Tribunal de Disciplina del Estado de México sí por virtud de la convocatoria correspondiente se reservaron cargos y esta reserva no fue cuestionada en la etapa de preparación de la elección —con independencia de si dicha medida es o no adecuada—, en la etapa de resultados no puede solicitarse desconocer tal reserva o pretender un efecto diverso al que ya fue decidido y que además garantiza la paridad.

      Caso concreto

(69)        En el caso, la actora alega que la asignación de cargos vulnera los principios de democracia, paridad e igualdad. De la lectura del acuerdo de asignación de cargos en el Tribunal de Disciplina del Estado de México, se advierte que el Instituto local, llevó a cabo los siguientes pasos:

a)     Realizó una lista de mujeres y una de hombres, cuyo orden de prelación lo ordenó a partir del número de votos obtenido por cada candidatura, conforme con lo previsto por el artículo 9, párrafo 1, de los Lineamientos de paridad[13], la cual quedó en los términos siguientes:

b)     Enseguida, procedió a asignar las dos candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos, en donde una vacante se la asignó a la mujer más votada y la otra al hombre más votado, quienes ocuparán el cargo por un periodo de ocho años; ello en términos de lo previsto por la fracción II, del referido artículo 9 de los Lineamientos de paridad[14].

c)     Por último, el Instituto local asignó los 3 cargos restantes. Para ello, inició con la lista de mujeres, observando el principio de alternancia de género. Estos cargos ocuparán el cargo por un periodo de cinco años, tal como lo dispone la fracción III, también del artículo 9 de los Lineamientos de paridad[15].

(70)        Así, dado que resultaron electas 3 mujeres y 2 hombres, se consideró cumplido el principio de paridad de género.

(71)        El Instituto local al hacer la asignación señalada en el párrafo anterior, consideró que la alternancia en la elección judicial es una regla que tiene su origen en la materialización del principio de paridad en forma efectiva, esto es, que las mujeres accedan efectivamente a los cargos de elección, lo que se traduce en disminuir la brecha que ha prevalecido entre mujeres y hombres en el Poder Judicial del Estado de México[16].

(72)        Ello, en atención a que tal autoridad administrativa estableció que, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, las personas tuvieron la oportunidad de votar por tres mujeres y por dos hombres. Sostuvo que esta particularidad se marcó desde la propia Convocatoria para la integración específica de ese tribunal.

(73)        Esta conclusión también la compartió el Tribunal local, pues en la foja 62 de la resolución que aquí se cuestiona, sostuvo precisamente que, en la Base primera de la Convocatoria general realizada por el Congreso del Estado, para la elección judicial sostuvo de forma específica que el Tribunal de Disciplina Judicial, se integraría por cinco personas magistradas, tres del género femenino y dos del género masculino o indistinto.

(74)        Así, esta Sala Superior también comparte tales afirmaciones, porque efectivamente en el diseño constitucional y legal de la elección de las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, a partir de una interpretación sistemática de esas normas, puede advertirse con claridad que el legislador de dicha entidad decidió que este órgano se integraría por cinco personas, tres del género femenino y dos del género masculino o indistinto.

(75)        Como puede advertirse, esta forma de integración del órgano implica una aplicación garantizada del principio de paridad, puesto que reserva la mayoría de los cargos -3 de 5- al género femenino, y sólo deja dos para el género masculino o indistinto -personas no binarias-.

(76)        En efecto, debe recordarse que la fracción III, del artículo 116 de la Constitución general, establece en lo que interesa a las elecciones de personas juzgadoras en los estados, que las Constituciones locales y las leyes orgánicas de cada entidad, establecerán, entre otras cosas, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, conforme a las bases establecidas por dicha norma fundamental.

(77)        Asimismo, el artículo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, en su párrafo segundo, señala entre otras cosas, que las entidades federativas tendrán un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de ese decreto, para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales en materia del poder judicial.

(78)        Así, mediante decreto 63 emitido por el Congreso del Estado de México, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el seis de enero del año en curso, se reformaron algunos artículos de la Constitución de dicha entidad. En lo que interesa, se estableció en el artículo 106 de la Constitución local, establece que la disciplina en el Poder Judicial estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, conforme a las bases que señala esa propia constitución.

(79)        En lo que aquí interesa, el artículo 107 de dicho cuerpo normativo prevé que el Tribunal de Disciplina Judicial se integrará por cinco personas electas por la ciudadanía a nivel estatal, conforme al procedimiento establecido en el artículo 89 de esa misma constitución.

(80)        El artículo 89 en comento, en su párrafo cuarto, fracción I, establece en lo que interesa, que la legislatura publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los treinta días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones de año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir.

(81)        La fracción IV de dicho párrafo, establece el procedimiento para la integración de las cinco personas electas, el cual consiste en que el Instituto local efectuara los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, conforme al principio de paridad de género.

(82)        En ese sentido, el Congreso del Estado de México emitió la Convocatoria Pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarían en la elección de personas juzgadoras que ocuparían los cargos de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Juezas y Jueces del Poder Judicial en dicha entidad.

(83)        De forma específica, en la Base Primera denominada: INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE EVALUACIÓN Y CARGOS SUJETOS A ELECCIÓN, se convocó a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la entidad, para que integren e instalen sus respectivos comités de evaluación y para que, a través de ellos, en los términos de lo previsto en el artículo 89 de la Constitución local, llamen y convoquen a la ciudadanía interesada mediante procesos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios a participar en la elección de las personas que ocuparían los siguientes cargos:

a)     Una (1) persona Titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

b)     Cinco (5) personas Magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado, tres (3) del género femenino y dos (2) del género masculino o indistinto.

c)     Veintiocho (28) personas Magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado que se señalan en los apartados correspondientes a cada región y distrito judicial, respecto de las materias competenciales de cada cargo.

d)     Cincuenta y cinco (55) personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado que se señalan en los apartados correspondientes a cada región y distrito judicial, respecto de las materias y tribunales competenciales de cada cargo.

(84)        Como puede advertirse, para la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial, la convocatoria de referencia estableció que se someterían a elección, cinco cargos, tres del género femenino y dos del género masculino o indistinto.

(85)        De lo anterior, esta Sala Superior advierte que el poder legislativo del Estado de México, al momento de realizar la convocatoria general para el proceso de personas juzgadoras, implementó una regla para garantizar la forma en la cual se integraría el Tribunal de Disciplina por géneros, aplicando el principio de paridad.

(86)        Lo anterior es así, en atención a que, de los cinco cargos sujetos a elección, se estableció que tres deberían ser forzosamente integrados por personas del género femenino y sólo dos podrían ser ocupados por personas del género masculino o indistinto, entendiéndose por género indistinto, a las personas no binarias[17], lo cual resulta acorde con los criterios de esta Sala Superior, en los cuales se ha sostenido que los espacios de postulación de mujeres se deben garantizar exclusivamente para ese género; y, por ello, es en las listas de postulación de hombres, en la que pueden incorporar a personas no binarias[18].

(87)        Cabe señalar que en este asunto no se juzga sobre la validez o idoneidad de la reserva de cargos en favor de los hombres, pues lo relevante es que dicha reserva se materializó en la convocatoria correspondiente y no fue modificada o revocada por virtud de algún medio de impugnación.

(88)        En esa medida, en este caso, la reserva en favor de los hombres o personas de género indistinto no puede ser modificada y sus efectos deben surtir efectos plenos en virtud de los principios de certeza y definitividad de las etapas de los procesos electorales.

(89)        Tampoco puede modificarse la reserva en favor de tres mujeres, que es una acción afirmativa que permite lograr para esta elección una integración paritaria del Tribunal de Disciplina del Estado de México.

(90)        A partir de dicha medida, el resultado de la votación sólo resulta trascendente para saber cuáles serían las tres mujeres más votadas y los dos hombres o personas de género indistinto con mayor número de votos, pero siempre con la garantía de que el Tribunal de Disciplina se integraría con tres mujeres y otras dos personas (hombres o de género indistinto).

(91)        En virtud de lo anterior, el Instituto local, emitió el acuerdo identificado con la clave IEEM/CG/29/2025[19], a través del cual estableció los Lineamientos de paridad. En estos destaca lo previsto en el artículo 6, en el cual se estableció que el principio de paridad de género se promoverá desde el diseño de cada boleta electoral, a partir de la definición del número de candidaturas por género por las que podrá votar el electorado, de modo que se cuente con certeza respecto de la cantidad de hombres y mujeres que podrán ocupar los cargos de personas juzgadoras sujetos a elección. Asimismo, en dicho precepto se estableció que cada boleta electoral contendría el número de cargos a elegir por entidad, región o distrito y, en su caso, materia para cada género.

(92)        Asimismo, en el artículo 7, fracción II, de dichos lineamientos, se estableció que para el ejercicio del voto se seguirían como directrices, para la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, que el electorado podría votar por tres mujeres y dos hombres.

(93)        Como puede advertirse, el Instituto local al emitir los Lineamientos de paridad, buscó promover e implementar el principio de paridad de género desde el diseño de la boleta electoral, dándole congruencia reglamentaria a la reserva de cargos establecida por el Congreso del Estado al emitir la Convocatoria general para la elección de personas juzgadoras, puesto que, en relación con la integración del Tribunal de Disciplina Judicial, éste se integraría por tres mujeres y dos hombres.

(94)        Inclusive, esta Sala Superior advierte que el artículo 12 también de los Lineamientos de paridad, el Instituto local estableció que en caso de que sea necesario realizar ajustes para alcanzar la paridad de género en la asignación de cargos, tratándose de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado de México, debía valorarse cada caso particular, con el objeto de que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar la paridad, no implicaran una afectación desproporcionada o innecesaria a otros principios rectores de la función electoral

(95)        Lo anterior es relevante porque el propio Instituto local al establecer los Lineamientos de paridad, no consideró en el referido artículo 12, al Tribunal de Disciplina Judicial para realizar ajustes que pudieran resultar necesarios para alcanzar la paridad de género al momento de llevar a cabo la asignación de cargos, puesto que sólo aprobó la posibilidad de realizar este tipo de ajustes sobre las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y de las jueces y los jueces en el Estado.

(96)        Lo cual es acorde con la propia convocatoria general emitida por el congreso del estado para el inicio de la elección de personas juzgadoras, porque al momento de convocar para todos los cargos, siempre se refirió de manera genérica, sin establecer una reserva de cargos por género como lo hizo en relación con el Tribunal de Disciplina, puesto que, para el resto de los cargos sujetos a elección, señaló como ya se precisó, lo siguiente:

(97)        Por tanto, si en esa norma no se estableció al Tribunal de Disciplina como aquéllos en los que podría realizarse algún ajuste para cumplimentar el principio de paridad en caso de resultar necesario al momento de realizar la asignación de cargos, ello obedeció a que, como ya se señaló en párrafos previos, la integración paritaria de ese órgano se garantizó desde el momento en que se convocó a dicha elección, puesto que su integración tendría que realizarse con tres mujeres y dos hombres o personas de género indistinto.

(98)        Inclusive, el Instituto local también en su momento, emitió el acuerdo identificado con la clave IEM/CG/49/2025, a través del cual, determinó la cantidad de votos válidos que podría emitir cada elector en una misma boleta, en función del tipo de elección y el número de cargos a elegir en el proceso de personas juzgadoras de la referida entidad federativa. En dicho acuerdo quedó claro que, para la elección del Tribunal de Disciplina del Estado, se elegirían cinco magistraturas a nivel estatal, por lo cual que existiría un solo modelo de boleta. En esta se podrían emitir hasta cinco votos válidos; y la ciudadanía podría votar en esta boleta por tres mujeres y dos hombres de los listados en ella[20].

(99)        Inclusive esta Sala Superior advierte que el diseño de la boleta electoral utilizada en la elección que aquí se analiza, resultó acorde con todo lo hasta aquí expuesto, puesto que en la misma se estableció claramente que para elegir a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial en la entidad, se elegirían a tres mujeres y dos hombres o personas de género indistinto, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

(100)     Es por estas razones que, a juicio de esta Sala Superior, si la inconforme desde el momento en que el Poder Legislativo emitió la convocatoria general para el inicio del proceso de selección de personas juzgadoras que se celebraría en el Estado de México, conoció la forma en la cual se realizaría la integración del Tribunal de Disciplina, es decir, por tres mujeres y dos hombres o personas de género indistinto, entonces estuvo en aptitud de impugnar el diseño de asignación ahí establecido, si consideraba que el hecho de que sólo se reservaran tres de los cinco cargos para el género femenino o la reserva de cargos en favor de los hombres resultaba contrario con el principio de paridad de género y restrictivo de las candidaturas del género femenino, lo cual no sucedió, puesto que se registró y decidió participar en el proceso electoral bajo esas reglas específicas; de ahí que se estime correcta la decisión del Tribunal local en ese sentido.

(101)     Además, a juicio de esta Sala Superior, también debe confirmarse la decisión del Tribunal local que aquí se cuestiona, puesto que, como ya se precisó, la conformación del Tribunal de Disciplina quedó reservada desde la emisión de la convocatoria general en la que se estableció con claridad, la forma en la cual quedaría conformado por género dicho órgano, a partir del modelo de asignación aprobado por el Poder Legislativo; modelo que por cierto, sólo utilizó para el Tribunal de Disciplina, puesto que, como también se precisó, para la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado y los Juzgados de instancia, no se realizó una reserva de cargos en los términos señalados.

(102)     Es por estas razones que, a juicio de este órgano jurisdiccional, no le asiste la razón a la inconforme, cuando señala que el hecho de haber obtenido una mayor cantidad de sufragios que el candidato hombre a quien se asignó el segundo de los cargos, implicó en su perjuicio una vulneración a los principios democráticos, de paridad y de no discriminación, ni tampoco el Instituto local aplicó la regla de alternancia en su perjuicio, puesto que, la integración de cargos del Tribunal de Disciplina se realizó de conformidad con la reserva de cargos por género existente y respetando la cantidad de votos obtenido por cada candidatura, de acuerdo con los principios de representatividad y alternancia.

(103)     Además, esta Sala Superior considera que, a partir de las características de este caso en particular, si se llegara a aplicar una regla de alternancia no neutral en los términos solicitados por la inconforme, se modificarían las reglas de paridad previstas al inicio del proceso electoral, lo cual no puede hacerse salvo cuando se advierta su necesidad, a partir de circunstancias extraordinarias plenamente justificadas[21].

(104)     Sin embargo, como ya se precisó en párrafos previos, en este caso en particular no se justifica ese tipo de modificaciones, puesto que el diseño normativo de la elección e integración paritaria del Tribunal de Disciplina Judicial quedó garantizada desde que se convocó a la elección en comento y por ende, a fin de no trastocar el principio de certeza jurídica que debe imperar en todo proceso electoral, no pueden realizarse el cambio de las reglas del juego electoral que ya son conocidas no solo por las propias candidaturas participantes, sino también por la ciudadanía que ya acudió a las urnas a votar por los mejores perfiles para cada cargo sujeto a elección.[22]

(105)     Por último, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que la inconforme señala que en días recientes, este órgano jurisdiccional resolvió los juicios de inconformidad identificados con las claves SUP-JIN-339/2025, SUP-JIN-340/2025, SUP-JIN-342/2025, SUP-JIN-348/2025, SUP-JIN-539/2025, SUP-JIN-553/2025, SUP-JIN-730/2025, SUP-JIN-745/2025 y acumulados, SUP-JIN-817/2025 y SUP-JIN-821/2025 y acumulados, en los cuales las mujeres candidatas tuvieron más votos que los hombres y esta Sala Superior aplicó en cada caso el criterio de alternancia no neutral para garantizar una integración paritaria de los órganos que ella denomina como paridad no flexible.

(106)     Sin embargo, la inconforme pierde de vista que los precedentes que señala en su demanda, fueron asuntos relacionados con la elección de personas juzgadoras del ámbito federal –Magistraturas de Circuito y personas juzgadoras de Distrito–, en donde este órgano jurisdiccional advirtió la necesidad de realizar los ajustes de paridad pertinentes precisamente al no advertir en la convocatoria de esas elecciones, la existencia de cargos reservados desde la etapa de la preparación de la elección en favor de las mujeres.

(107)     En consecuencia, cuando en casos como el de la presente controversia se advierte que desde la convocatoria (que en el caso no fue cuestionada) existe un modelo de asignación paritario en donde se garantiza su resultado a partir de tener cargos reservados por género (sin que se prejuzgue sobre la validez de una reserva en favor de los hombres), con independencia del resultado de la votación que obtenga cada candidatura, ello no implica que la aplicación estricta y neutral de las reglas de asignación que en su caso se emitan, genere una vulneración a los criterios interpretativos que han sido emitidos por esta Sala Superior, porque precisamente, al tratarse de un modelo fijo de asignación de cargos dirigido en todo momento a garantizar una política paritaria, ya no resulta viable la intervención de los órganos jurisdiccionales para realizar alguna interpretación flexible a favor de las mujeres.

(108)     Lo anterior, sobre todo si se toma en cuenta que el diseño electoral del Estado de México, contemplo la conformación integral del cuerpo colegiado desde el inicio, sin fraccionar los cargos a través de distintas boletas para efectos de la votación. Bajo este esquema, la paridad no se dejó como un asunto sujeto a una revisión o ajuste correctivo ex post, sino que quedó garantizada desde el propio mecanismo de votación, el cual permitió a las y los electores emitir un sufragio que, en sí mismo, ya implicaba la conformación completa del órgano con apego al principio de igualdad de género.

(109)     De esta manera, no era viable realizar una verificación adicional respecto de la integración final, ni mucho menos aplicar criterios de corrección que reasignaran lugares con el propósito de equilibrar la representación entre hombres y mujeres. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial local, la unidad del proceso y la forma de la boleta aseguraron que la paridad se preservara desde la elección misma, haciendo innecesaria cualquier actuación posterior en este sentido.

(110)     Por último, no está por demás señalar que la actora pierde de vista que la reserva de vacantes por género y por materia establecida por el Congreso del Estado, determinó que la votación fuera realizada de manera separada, es decir, las mujeres compitieron entre ellas mismas por tres lugares y los hombres y/o las personas de género indistinto por los otros dos, por ello, a partir del diseño de la elección que aquí se cuestiona, no puede tomarse como referencia la votación emitida a favor de un género determinado para aplicarlo a favor del otro, puesto que, al estar reservados los cargos por género, ello implicó que se tratara de elecciones distintas; de ahí que esta Sala Superior no pueda compartir el planteamiento de la inconforme pues de hacerlo, implicaría llegar al extremo de poner a una mujer con más votación en una elección en la cual no compitió, lo cual no resulta viable.

(111)     Es por ello que se deben desestimar los motivos de queja hechos valer por la actora y, en consecuencia, resulte procedente confirmar la resolución que aquí se cuestiona.