JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SUP-JDC-323/2005.

ACTOR: LATIFA MUZA SIMÓN.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS Y VIGILANCIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: IVÁN CASTILLO ESTRADA.

México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de dos mil cinco.

V I S T O S, para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-323/2005, promovido por Latifa Muza Simón, para impugnar la resolución de trece de mayo, dictada por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, en la cual confirmó la declaración de validez de la elección de Consejeros Nacionales en el Estado de Quintana Roo, de ese partido.

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Antecedentes. De las constancias del expediente, se advierte:

1. El trece de diciembre de dos mil cuatro, el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática emitió convocatoria para renovar su integración.

2. El veinte de marzo se celebró la elección en el estado de Quintana Roo. La actora encabezó la planilla 5 en esa entidad. Conforme a los resultados de la jornada, la planilla 17 se ubicó en primer lugar, con 2,911 votos, seguida de la planilla 22 con 821 y la planilla 5 con 307. El órgano electoral interno declaró la validez de dicha elección.

3. Inconforme, el veintisiete de marzo Latifa Muza Simón interpuso medio de impugnación interno, en el cual solicitó la nulidad de esa elección y, como consecuencia, la celebración de elecciones extraordinarias, para ser restituida plenamente en su derecho político electoral de ser votada.

4. El cinco de abril, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia tramitó esa impugnación, y la acumuló a otra con idéntica pretensión. El trece de mayo, se modificó el cómputo y se confirmó la declaración de validez de esa elección.

La actora afirma haber sido notificada de esa resolución el dieciséis de mayo, lo cual se tiene por cierto al no estar desvirtuado.

SEGUNDO. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Inconforme, el veinte de mayo, Latifa Muza Simón promovió el presente juicio.

El diez de junio se recibió en esta Sala Superior la demanda, la cual fue turnada en la misma fecha por el Presidente de este órgano jurisdiccional al magistrado Leonel Castillo González, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El magistrado instructor radicó el asunto y el veintidós de junio, fue admitido y puesto en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 184, 186 fracción III inciso c), y 189 fracción I inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 83 apartado 1 inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

SEGUNDO. Improcedencia. Son infundados los motivos de improcedencia planteados por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática.

No asiste razón a la responsable, cuando afirma la falta de precisión de la elección impugnada, porque, en su concepto, la promovente pretende la nulidad de diversas elecciones, a partir de la declaración de nulidad de la elección de Presidente y Secretario General en el Estado de Quintana Roo hecha por el órgano responsable.

Esto, porque el actor sí identifica cual es la elección impugnada, al señalar que cuestiona la resolución de trece de mayo del año en curso, dictada por el órgano responsable, la cual sólo se refiere a la elección de Consejeros Nacionales en el Estado de Quintana Roo, sin que sea obstáculo el hecho de tratar de apoyar su pretensión de nulidad de esa elección, sobre la base de lo declarado en otra determinación, pues lo fundado o infundado de esas alegaciones sería, en todo caso, materia de estudio de fondo en esta ejecutoria, porque la sola existencia del agravio satisface el requisito de procedibilidad.

Tampoco asiste razón al órgano partidista, respecto a las diversas manifestaciones en las cuales defiende la legalidad de su resolución, y afirma falta de acreditación de los argumentos del actor para lograr el acogimiento de sus pretensiones, por lo cual, pide el desechamiento del juicio.

Lo anterior, porque tales consideraciones únicamente pueden ser analizadas al estudiar el fondo del presente asunto, pues para los fines de la procedencia el artículo 9º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es suficiente la expresión de agravios o de hechos de los cuales puedan extraerse aquellos. De esta suerte, la determinación de si asiste razón al enjuiciante en sus planteamientos o la suficiencia de los medios de convicción aportados son aspectos propios del examen del fondo del juicio.

TERCERO. Las consideraciones fundantes de la resolución, en el apartado reclamado, son:

“D) QUE PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS POR EL PRESENTE REGLAMENTO RECIBAN LA VOTACIÓN;

Respecto a la casilla del distrito 2 del Municipio de Othon P. Blanco debe decirse que el actor señala esencialmente que:

“.... la grave violación a los lineamientos que deben observarse por parte de quien tiene la obligación de realizar los actos para llevar a cabo las elecciones internas de los órganos de dirección, se ha visto conculcada en detrimento de mi representado y de los principios que enmarca la institución política de la cual es miembro mi representado. Prueba fehaciente e irrefutable que hace prueba plena de lo que manifiesto, y que se anexa a la misma impugnación, las Actas de la Jornada Electoral y las Actas de Escrutinio y Cómputo de la Elección de Dirigencias, el hecho de que se procedió a la instalación de la casilla y fungieron como funcionarios de la misma durante toda la jornada electoral personas que no se encuentran en la publicación oficial y definitiva de integración y ubicación de casillas aprobadas por el Servicio Estatal Electoral de Quintana Roo; ni como propietarios, ni como suplentes. Aún más, en la mayoría de los casos no se puede constatar si los referidos ciudadanos aparecen en el Listado del Padrón de Afiliados al PRD correspondiente al Distrito. Local Electoral, en que fungieron como funcionarios de casilla; y en otros supuestos no aparecen en los referidos padrones del PRD.”

Respecto a ÓSCAR GÓMEZ BETANCOUR debe decirse que conforme al encarte aparece como presidente, respecto a LILIA E. CAAMAL PECH sucede exactamente lo mismo. Por lo que es falsa la afirmación del actor.

Respecto a la gran mayoría del resto de las casillas los actores establecen el siguiente cuadro:

Respecto a los siguientes funcionarios de la Casilla 2 del Distrito X Norma Luz Arteaga Fernández y Xiomara de la Cruz Quintal fueron nombradas para recibir la votación de la casilla lo cual de la revisión de las constancias que obran en el expediente por sí mismo no generan convicción sobre su nombramiento fue ilegal, debiendo tomar en cuenta que obra en autos acta mediante la cual la encargada del Servicio Electoral da posesión a los funcionarios. Cabe aclarar que esto opera respecto a la causal de nulidad en el que se resuelve.

Respecto a la Casilla 1 del Distrito XI Francisco Javier Guevara, según se desprende de las constancias fungió como funcionario en dicha casilla y de igual forma no se acreditan elementos que actualicen la causal de nulidad ya que el funcionario realizó su función sin existir elementos que permitan suponer otra irregularidad. Por lo que no ha lugar a declarar la nulidad de la casilla respecto a esta causa de nulidad.

Respecto a Ezequiel Dzul Azul de la casilla 1 del Distrito VI, no existen constancias de que dicho cambio haya afectado en forma determinante el resultado de la votación o que al efecto se haya producido una afectación que generaría incertidumbre sobre la elección pues no se establece ningún hecho particularizado, tampoco ninguna irregularidad que permita concluir que se alteró el orden o existieron condiciones de inequidad en dicha casilla en lo que tiene que ver con la causal de nulidad referida. Por lo que toca a la casilla 1 del Distrito VI no ha lugar a declarar la nulidad de la misma.

Respecto al caso de América Ramos en donde fungió como funcionaría no se desprende que a pesar de que haya seguido fungiendo como tal existan indicios de haber realizado su función en forma indebida o con irregularidades, de la lectura de los escritos se desprende un incidente en donde Fabián Magaña Canche señala que los funcionarios fueron corridos con intentos de golpes, sin embargo no existen elementos que refuercen su dicho, pues de la lectura de las notas periodísticas aportadas se desprenden algunos indicios leves que señalen directamente a la casilla 3 de ese distrito, ya que al efecto se llevaron las urnas para poder contabilizar la votación en el Comité del Servicio Electoral del Partido en el Estado. En tal orden de ideas y tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos que constan en las constancias, se procede a señalar no ha lugar a anular la votación por cuanto hace a esta causal de nulidad ya que no se actualizan las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de la sustitución ilegal de funcionarios.

Respecto a que Jesús Daniel lc Martínez no fue el funcionario designado debe decirse que es la misma persona pues de la lectura del encarte se desprende que sólo es un error en el asentamiento de su nombre. Respecto a Isaura Gallegos Pérez, cornos se desprende de las constancias y de lo señalado por la actora se puede tener por acreditado que es la misma persona que firma todas y cada una de las actas correspondientes.

Respecto al resto de las casillas puestas a consideración como se observa de la simple lectura del encarte respectivo y de las constancias que integran el expediente, así como por lo razonado en el cuadro de análisis se llega a la conclusión de que en las sustituciones planteadas, si bien existen personas distintas a las designadas y que no pertenecen al ámbito territorial de la casilla, esta situación si bien puede representar alguna anomalía, en sí misma, no representa una causa de nulidad de la votación en la casilla, siendo que en el presente los actores no refieren elementos adicionales o causales que se desprendan de que personas distintas a los ámbitos territoriales reciban la votación

Al respecto es de señalar que el artículo 50 del Reglamento interno de elecciones, establece la posibilidad de que la votación sea recibida por miembros del partido que pertenezcan, a un ámbito territorial que comprenda la casilla. En tal orden de ideas no es procedente declarar la nulidad de las casillas en los distritos denunciados por los actores.

CUARTO. Los agravios son del tenor siguiente:

“HECHOS

1. El día tres de diciembre del año dos mil cuatro, el V Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, expidió la Convocatoria a las Elecciones de los Órganos de Dirección y Representación del Partido de la Revolución Democrática, realizándose, entre tales Elecciones, la de Consejeros Nacionales del Partido de la Revolución Democrática, en la cual contendí como candidata atinente al Estado de Quintana Roo, tal como consta en los autos del expediente precitado, toda vez que me registré oportunamente para ello.

2. El día veinte de marzo del año en curso, se llevó a cabo la elección multicitada, en todo el Estado de Quintana Roo; pero, en virtud de las irregularidades suscitadas en la jornada electoral correspondiente, me vi orillada a interponer el medio de impugnación respectivo, ante la instancia autorizada para ello, de conformidad con la normatividad interna partidaria, lo que hice el día 27 de marzo próximo pasado, dentro del término dispuesto para ello en la expresada normatividad, habida cuenta de que, en la declaración oficial de los resultados de dicha elección, no se consideraron tales irregularidades que, por su magnitud, trascendencia y cantidad, acarrean como consecuencia la nulidad de la archicitada (sic) elección, acorde a las prerreferidas (sic) normas internas.

3. El día dieciséis de los corrientes, me fue notificada la resolución que ahora se menciona como acto reclamado, en cuyos dos primeros puntos resolutivos, se resolvió que:

“PRIMERO. Se declara la nulidad de las casillas, 2 del Distrito XI y 1 y 2 del Distrito XII por las razones y consideraciones vertidas en el considerando V de la presente resolución.

SEGUNDO. Se modifica el cómputo de la elección de Consejeros Nacionales en el Estado de Quintana Roo y se confirma la declaración de validez de la Elección.”

Dicha resolución fue dictada dentro del expediente arriba mencionado, iniciado por mi citada impugnación, al cual se acumuló el diverso expediente número l/NAL/927/2005. No se omite manifestar que en el escrito en el que interpuse el mencionado medio de impugnación, como consta en la expresada resolución; en la inteligencia de que, en mi referido escrito, se impugnó la elección que nos ocupa, al igual que otras elecciones, tal como la expresada en dichos puntos resolutivos, ello, en la inteligencia de que, en la citada normatividad interna partidaria, no existe disposición alguna que prohíba hacerlo, ni que sea una causa de improcedencia el hecho de impugnar más de una elección en un mismo escrito, ni de sobreseimiento del procedimiento conducente.

4. Como se observa en dichos puntos resolutivos, fue confirmada la declaración de validez de la elección en ellos expresada, ya que, únicamente, la autoridad responsable declaró la nulidad de tres de las veintiséis casillas que se instalaron en el Estado de Quintana Roo, para que en ellas se sufragara a propósito de tal elección.

5. En el expediente número l/NACIONAL/625/2005 Y ACUMULADOS, recayó la resolución de fecha quince de abril del año en curso, en la cual se determinó la nulidad de la elección del Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Quintana Roo, en virtud de estimar configuradas diversas causas de nulidad de la misma, acorde a la normatividad aplicable, fundamentalmente, por la causal contemplada en el inciso i) del artículo 74 del Reglamento General de Elecciones, Consulta y Membresía del Partido político citado, conocida como causal “genérica”, en virtud de que contempla la hipótesis de que ocurran irregularidades graves, que afecten en forma determinante las garantías del voto previstas en el Estatuto de dicho Partido y en el precitado Reglamento, es decir, no se refiere concretamente a que se hayan suscitado irregularidades que atañen únicamente a una sola elección, como lo sería en el caso de que exista error o dolo en el cómputo de los votos; en razón de lo anterior, la ahora autoridad responsable estimó, en la resolución mencionada, que tal causal, al operar en una cantidad mayor al veinte por ciento del total de las veintiséis casillas instaladas, devenía en la anulación de tal elección, de conformidad con la invocada normatividad interior.

Ahora, bien, no obstante lo expuesto al final del párrafo que antecede inmediatamente a éste, como se desprende de una simple lectura a la resolución del 15 de abril último emitida por la propia autoridad responsable, las casillas en las que ocurrieron las susodichas causas de nulidad, son las mismas casillas, ni más ni menos, en las que se realizó la elección que ahora nos ocupa, a la cual, esa resolución hace referencia sin considerar que la causal de nulidad que estimó actualizada en las casillas, como lo determinó en la resolución, son igualmente aplicables a las casillas en las que se realizó la elección que ahora nos ocupa, básicamente por ser las mismas casillas, ni más ni menos, amén de que es la misma Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia de dicho instituto político la que resuelve en ambos casos, sin exponer, ni justificar, la causa por la cual optó por ignorar el criterio sustentado por ella misma en un expediente vinculado íntimamente a la elección que nos atañe, determinando un criterio diferente en otro, sobre todo, como acontece en la especie, cuando la causal concluida oficialmente por la responsable es la “genérica”, invocada en mi respectivo escrito de impugnación, de donde es inconcuso que dicha causal opera en todas y cada una de las elecciones que se realizaron en dicha casilla en esa misma jornada electoral, al afectar nada más, ni nada menos que las garantías del voto emitido para las elecciones efectuadas en dicha jornada electoral, siendo a todas luces inadmisible, incomprensible, inexplicable e injustificable, conforme a la lógica y a la lógica-jurídica, toda vez que la causal de nulidad prevista en el invocado inciso i) del artículo 74, no puede operar únicamente para una sola elección, sino para todas necesaria y lógicamente, ni puede aducir desconocimiento de dicho criterio la responsable, ni de que no aconteció la hipótesis prevista en tal inciso i), toda vez que, con antelación lo admitió, en esas mismas casillas durante la referida jornada electoral, por lo que es inobjetable que tal causal debe operar para todas y cada una de las elecciones que se realizaron en tales casillas, máxime cuando se resuelve en aras de defender la equidad y la certeza de la votación atinente a la elección que nos ocupa, relativa a la renovación de los órganos del partido político, la cual debió realizarse mediante elecciones libres y auténticas, por lo cual, su inobservancia violenta lo dispuesto en el artículo 1º del Estatuto del mencionado partido político, al igual que en el precitado Reglamento interno de elecciones y los dispositivos constitucionales homólogos.

En consecuencia, al omitir resolver la autoridad responsable en el mismo sentido en ambas elecciones, agravia a la suscrita en mis multicitados derechos, es decir, su omisión de aplicar el mismo criterio pronunciado previamente, atinente a la misma casilla y a la misma jornada electoral, en la que acontecieron hechos tan graves que le hicieron concluir que se actualiza dicha causal genérica de nulidad de la votación para la precitada elección de presidente y de secretario general, habida cuenta de que los mismos hechos son del pleno conocimiento de la propia autoridad resolutora, y esos mismos hechos son aplicables necesariamente para todas las elecciones registradas en esas mismas casillas, durante esa misma jornada, toda vez que por el tipo de causal es absolutamente inadmisible, a la luz de la inteligencia, estimarlas configuradas para una elección, pero no para las otras habidas en esa misma jornada electoral, dado que es una causal genérica que opera para la nulidad de la votación en cada una de esas casillas (en cantidad superior al veinte por ciento del total de las instaladas, como lo he expresado), sea cualquiera que fuere la elección habida en dichas casillas, por lo que resulta incomprensible e injustificable sostener lo opuesto o soslayar que sucedieron hechos tan graves que ameritaron la nulidad de una elección (tal vez la más importante habida en dichas casillas). Por ello, la resolución que se reclama me agravia, dado que es notorio mi interés por haber contendido en ella, como se encuentra reconocido a lo largo de esa propia resolución; amén de que, en la especie, no existe motivo alguno para que, al haber sido admitidas por la expresada resolutora las causas de nulidad en la votación efectuada en las casillas en las que, igualmente, se efectuó la votación para la elección en estudio, no se admitan, también, para esta última elección, omisión que me causa perjuicio en mis derechos político-electorales y que únicamente se puede presumir que se haya debido a un descuido totalmente involuntario de la resolutora, en virtud de la carga de trabajo acumulado, lo cual puede, dicha resolutora, confirmar en su informe a esa Honorable Sala, a la que me veo precisada a recurrir como última opción, de conformidad con nuestra Carta Magna, la legislación secundaria vigente en la materia y el criterio sostenido por esa Honorable Sala Superior, ya que, conforme al artículo 72 del Reglamento General de Elecciones, Consulta y Membresía del Partido de la Revolución Democrática, las resoluciones de la autoridad responsable son definitivas e inatacables.

[…]

AGRAVIOS

Como lo menciona el resultando 3 de la resolución que se impugna, el total de las casillas instaladas fueron las siguientes:

De lo anterior, se concluye que hubo un total de veintiséis casillas instaladas en dicha entidad federativa, ergo seis de ellas constituyen un porcentaje superior a la quinta parte de las instaladas (veinte por ciento, por lo menos), requerida por el artículo 75 inciso a) del Reglamento de Elecciones multicitado, para que se convoque a elección extraordinaria, en virtud de la procedencia de las causales de nulidad de la votación recibida en una casilla, previstas por el artículo anterior, es decir, el 74.

Es inconcuso que la resolución a estudio declaró la nulidad de la votación recibida en tres de esas veintiséis casillas, concretamente las casillas: 2 del Distrito XI y 1 y 2 del Distrito XII. De donde, se infiere, inconcusamente, que si opera alguna de las causales de nulidad en, por lo menos, tres casillas más de ese total, la nulidad de la elección precitada deviene operante lógica y necesariamente.

La autoridad responsable, a pesar de haber acumulado el expediente iniciado a partir de mi escrito inicial, al de otros, en relación con la impugnación a la premencionada elección de Presidente y Secretario General, a nivel estatal, sin justificación legal alguna, desacumuló mi propio escrito de impugnación no sólo de los demás medios, sino de mi mismo escrito, dictando diversas resoluciones, todas en sentido negativo, de modo que, pareciera, que el propósito fue el de resolver en sentido opuesto todas las demás elecciones impugnadas mediante él.

En el Considerando V de la resolución que nos atañe, se alude a la causal invocada en los escritos de impugnación, acorde al inciso d) del artículo 74 del Reglamento de Elecciones atinente, consistente en el hecho de que personas distintas a las facultadas por el referido Reglamento recibieron la votación, al respecto, es pertinente observar el siguiente cuadro, en el que se expresan los nombres de los funcionarios autorizados para fungir como receptores de dicha votación, la casilla en la que debían estar, Distrito y los nombres de los funcionarios que realmente estuvieron recibiendo tal votación:

Pues bien, en el considerando V de la resolución que se impugna por este medio, se expresa sobre el tema lo siguiente, textualmente:

“Respecto a los siguientes funcionarios de la casilla 2 del Distrito X Norma Luz Arteaga Fernández y Xiomara de la Cruz Quintal fueron nombradas para recibir la votación de la casilla lo cual de la revisión de las constancias que obran en el expediente por si mismo no generan convicción sobre su nombramiento fue ilegal, debiendo tomar en cuenta que obra en autos acta mediante la cual la encargada del Servicio Electoral da posesión a los funcionarios. Cabe aclarar que esto opera respecto a la causal de nulidad en el que se resuelve.

Respecto a la casilla 1 del Distrito XI Francisco Javier Guevara, según se desprende de las constancias fungió como funcionario en dicha casilla y de igual forma no se acreditan elementos que actualicen la causal de nulidad ya que el funcionario realizó su función sin existir elementos que permitan suponer otra irregularidad. Por lo que no ha lugar a declarar la nulidad de la casilla respecto a esta causa de nulidad.”

Al respecto, es pertinente señalar que el inciso d) del invocado artículo 74 del Reglamento multicitado, se concreta a establecer como causal de nulidad:

“Que personas distintas a las facultadas por el presente Reglamento reciban la votación.”

Es decir, en ninguna parte de dicha causal de nulidad se prevé que el funcionario de casilla que indebidamente asumió tal cargo, al no haber sido nombrado conforme a dicho Reglamento, tenga que efectuar “otra irregularidad” para que haya lugar a declarar la nulidad de la votación recibida en esa casilla, es decir, tal causal de nulidad no se encuentra sujeta a que se realice una irregularidad más, por lo que notoriamente se encuentra confundido el órgano resolutor al adoptar ese criterio, ya que, con ello, distingue, como juzgador, donde la Ley no lo hace, con lo cual no ajusta su actuación al marco legal, es decir, a la legalidad, a la que se encuentra obligado a reverenciar en todo momento, sin que le sea permitido soslayarlo, por ser un principio rector en la materia, con lo cual, me causa perjuicio, al violar lo preceptuado en el citado inciso d), concretamente en esa casilla 1 del Distrito XI.

Igualmente, en relación con la misma causal de nulidad prevista por el mismo inciso d), comete el mismo error la autoridad responsable, al afirmar en el propio Considerando V que:

“Respecto a Ezequiel Dzul Azul (sic) de la casilla 1 del Distrito VI, no existen constancias de que dicho cambio haya afectado en forma determinante el resultado de la votación o que al efecto se haya producido una afectación que generaría incertidumbre sobre la elección pues no se establece ningún hecho particularizado, tampoco ninguna irregularidad que permita concluir que se altero el orden o existieron condiciones de inequidad en dicha casilla en lo que tiene que ver con la caudal de nulidad referida. Por lo que por lo que toca a la casilla 1 del Distrito VI no ha lugar a declarar la nulidad de la misma.”

Resulta sumamente notorio que el citado órgano colegiado resolutor insiste en distinguir donde la Ley no lo hace, toda vez que pretende hacer creer que la usurpación perpetrada en esa casilla, toda vez que dicha persona no aparece como funcionario nombrado para ella, debe ser determinante para afectar el resultado de la votación, sin precisar por qué no lo es, ni en qué consiste para dicho resolutor tal determinancia, ni en que artículo se fundamenta para expresarlo así, ya que el inciso d) no lo exige. A mayor abundamiento, agrega la resolución que no existen constancias de que: “al efecto se haya producido una afectación que generaría incertidumbre sobre la elección pues no se establece ningún hecho particularizado, tampoco ninguna irregularidad que permita concluir que se alteró el orden o existieron condiciones de inequidad en dicha casilla en lo que tiene que ver con la causal de nulidad referida.” De lo anterior, queda claro que se distingue donde la ley no lo hace, agregándose requisitos no previstos por el ordenamiento normativo aplicable, toda vez que tal sustitución indebida de funcionario de casilla, amén de que únicamente existió un solo funcionario receptor de la votación en tal casilla, por sí sola es suficiente causa de nulidad, conforme a la hipótesis prevista por el susodicho inciso d) del artículo 74, siendo absolutamente indebido, contrario al principio de legalidad, por ende, perjudicial para los derechos político electorales de la suscrita, la afirmación transcrita, toda vez que sostiene la validez de la elección en dicha casilla 1 del Distrito VI. Asimismo, continúa afirmando dicha resolución:

“Respecto al caso de América Ramos en donde fungió como funcionaría no se desprende que a pesar de que haya seguido fungiendo como tal existan indicios de haber realizado su función en forma indebida o con irregularidades, de la lectura de los escritos se desprende un incidente en donde Fabián Magaña Canche señala que los funcionarios fueron corridos con intentos de golpes, sin embargo no existen elementos que refuercen su dicho, pues de la lectura de las notas periodísticas aportadas se desprenden algunos indicios leves que señalen directamente a la casilla 3 de ese distrito, ya que al efecto se llevaron las urnas para poder contabilizar la votación en el Comité del Servicio Electoral del Partido en el Estado. En tal orden de ideas y tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos que constan en las constancias, se procede a señalar no ha lugar a anular la votación por cuanto hace a esta causal de nulidad ya que no se actualizan las circunstancias de modo tiempo y lugar respecto de la sustitución ilegal de funcionarios.”

La afirmación transcrita de la resolución es sumamente sorprendente, extraña, ilegal e injustificable, ya que la frase “no se desprende que a pesar de que haya seguido fungiendo como tal (funcionaría de casilla) existan indicios de haber realizado su función en forma indebida o con irregularidades”, de donde vuelve a ser notorio que la resolutora confunde la causal de nulidad que opera en esa casilla, conforme al inciso d) multicitado, con el hecho de que tal causal debe estar concatenada a una irregularidad más, es decir, no basta la actualización de la hipótesis establecida por dicho inciso d), sino que debe haber otra irregularidad porque así lo establece tal autoridad, aun cuando esto último no se encuentre previsto en ordenamiento normativo alguno, por lo que me duelo de que no se haya aplicado la ley al conculcarse el principio de legalidad en dicha resolución, toda vez que no se declaró la nulidad de la votación recibida en la casilla 3 del Distrito XI.