JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-510/2012 Y ACUMULADOS

ACTORES: JOSÉ MARCELO MEJÍA GARCÍA Y OTROS

RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y OTRAS

TERCEROS INTERESADOS: IRMA LETICIA TIRADO SANDOVAL Y OTROS

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIO: CARLOS VARGAS BACA Y MAURICIO HUESCA RODRÍGUEZ

México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil doce.

VISTOS, para resolver, los autos de los expedientes de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que a continuación se identifican:

R E S U L T A N D O

Dadas las manifestaciones de los promoventes y de las constancias que obran en autos se tiene que:

1. Inicio del proceso electoral federal. El siete de octubre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral declaró el inicio del proceso electoral federal 2011-2012, a fin de elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y diputados y senadores del Congreso de la Unión.

2. Acuerdo de criterios para el registro de candidaturas. En la misma fecha, dicho Consejo General aprobó el Acuerdo CG327/2011, por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el citado proceso electoral federal.

3. Convocatoria partidista. El pasado veintinueve de noviembre, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional expidió convocatoria para postular candidatos a senadores y diputados federales por el principio de mayoría relativa, que competirán en las elecciones del primero de julio de dos mil doce.

4. Sentencia. El treinta siguiente, esta Sala Superior resolvió los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, en los que se impugnó el Acuerdo precisado en el resultando “2” que antecede, ordenando su modificación.

5. Acatamiento de sentencia. El catorce de diciembre del mismo año, en cumplimiento a la sentencia mencionada en el resultando anterior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG413/2011, por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012, cuyo punto decimotercero quedó como sigue:

DECIMOTERCERO. De la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a Diputados y Senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del sesenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. Además, se verificará que los partidos políticos hayan observado los porcentajes de género establecidos en sus propios Estatutos.

Quedan exceptuadas de la regla de género señalada en el párrafo anterior, las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático.

Esto es, en caso de que el partido político, elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático observando y privilegiando lo previsto en sus Estatutos respecto de la forma de elección, el partido político o coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el artículo 220, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (mínimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a Senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.

6. Resolución incidental. El dieciséis de febrero de dos mil doce, esta Sala Superior dictó sentencia incidental en los expedientes SUP-JDC-12624/2011 y acumulados y SUP-JDC-14855/2011 y acumulados, en la que determinó vincular al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que verificara y dictara las medidas pertinentes para que sus diversos órganos tomaran los acuerdos necesarios a fin de que se aplicara en sus términos el punto decimotercero del referido Acuerdo CG413/2011; esto es, para el “… efecto de que en el actual proceso electoral y por lo que atañe a la cuota de género prevista en el párrafo 1 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se registren las fórmulas de candidatos a diputados y senadores por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en la exacta proporción señalada en el punto de acuerdo relativo, debiendo dichas fórmulas integrarse necesariamente por personas del mismo género”.

7. Acatamiento de resolución incidental. El pasado veintidós de febrero, a fin de cumplir la mencionada sentencia incidental, el Consejo General del Instituto Federal Electoral ordenó hacer del conocimiento de los partidos políticos y coaliciones, cómo debiera entenderse el punto decimotercero del citado Acuerdo CG413/2011.

8. Solicitud de registro de candidaturas. Durante el periodo comprendido del quince al veintidós de marzo de dos mil doce, la coalición “Compromiso por México” y el Partido Revolucionario Institucional solicitaron a los distintos órganos competentes del Instituto Federal Electoral el registro de sus candidatos a senadores y diputados federales por el principio de mayoría relativa, para el proceso electoral federal 2011-2012.

9. Acuerdo de inicio de procedimiento especial. El pasado veintiséis de marzo, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG171/2012, por el que se inicia el procedimiento especial al que se refiere el artículo 221 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, otorgando a diversos partidos políticos y a las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, un plazo de cuarenta y ocho horas para que sustituyeran por candidaturas del mismo género aquellas que conforman las fórmulas de cuota de género previstas en los artículos 219 y 220, párrafo 1, del citado ordenamiento legal, y no cumpla con alguno de los requisitos previstos para tal efecto.

10. Acuerdo partidista de sustitución de candidaturas. Al día siguiente, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional aprobó el acuerdo por el que determinó sustituir diversos candidatos a senadores y diputados federales por el principio de mayoría relativa, en acatamiento al Acuerdo precisado en el resultando que antecede.

11. Rectificación de solicitudes de registro. El veintiocho de marzo de dos mil doce, los representantes del aludido partido político y de la coalición “Compromiso por México” ante el citado Consejo General rectificaron las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos a senadores y diputados federales por el principio de mayoría relativa.

12. Acuerdos de registro de candidaturas. El veintinueve del referido mes y año, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó los Acuerdos CG192/2012 y CG193/2012, por los que registró las candidaturas a senadores y diputados por ambos principios, presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, a fin de participar en el presente proceso electoral federal.

13. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Inconformes con los Acuerdos CG171/2012, CG192/2012 y CG193/2012, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como con la determinación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y de la coalición “Compromiso por México”, por la que realizaron diversas sustituciones de candidatos a senadores y diputados federales por el principio de mayoría relativa, los hoy actores promovieron ante la autoridad u órgano partidista que estimaron responsable los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

14. Terceros interesados. Dentro del plazo de publicitación de las demandas relativas a los expedientes SUP-JDC-514/2012, SUP-JDC-527/2012, SUP-JDC-570/2012 y SUP-JDC-637/2012, se recibieron los respectivos escritos de terceros interesados.

15. Remisión de los juicios ciudadanos. En su oportunidad, las distintas Salas de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron las demandas origen de los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y sus anexos, los respectivos informes circunstanciados y la demás documentación que se estimó necesaria para la solución de los asuntos.

16. Acuerdo General de Sala Superior. El cuatro de abril de dos mil doce, este órgano jurisdiccional aprobó el Acuerdo General 1/2012, en el que ordenó a las Salas Regionales de este Tribunal Electoral remitirle los medios de impugnación que hubieren recibido o reciban, en los cuales se realicen planteamientos relacionados con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo resuelto por esta Sala Superior respecto de los Acuerdos CG327/2011 y CG413/2011, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de que ésta analice y, en su caso, determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción, dada la trascendencia e importancia de cada uno de ellos, conforme a las normas legales aplicables.

Dicha determinación fue acatada respecto de los casos que, según consideraron las citadas Salas Regionales, se ubicaban en la hipótesis prevista en ese Acuerdo General.

17. Integración, registro y turno a Ponencias. Recibidas en esta Sala Superior las demandas origen de los presentes juicios ciudadanos, se determinó integrar, registrar y turnar los respectivos expedientes a las distintas Ponencias de este órgano jurisdiccional.

18. Acuerdos de atracción. El dieciocho de abril del año en curso, esta Sala Superior determinó ejercer su facultad atracción respecto de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a estudio, dada su importancia y trascendencia.

19. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitieron a trámite las demandas origen de los presentes juicios ciudadanos y, agotada su instrucción, se declaró cerrada, por lo que los autos quedaron en estado de dictar sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Dadas las razones esgrimidas en los Acuerdos por los que se determinó atraer los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, precisados en el resultando “18” de este fallo, esta Sala Superior es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver tales medios de impugnación federal.

SEGUNDO. Precisión de actos impugnados y de autoridad u órgano partidista responsable. De acuerdo con la jurisprudencia 04/99, consultable en la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral 1997-2010, Volumen 1, páginas 382 a 383, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.”, tratándose de los medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la demanda correspondiente, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo; es decir, la demanda debe analizarse en conjunto para que el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

De ahí que si el promovente plantea agravios contra un determinado acto o expresa hechos a partir de los cuales es factible deducir claramente aquéllos, debe reputarse el acto de referencia como impugnado, al ser la conclusión lógica y necesaria de expresar algún tipo de disenso contra el actuar de una autoridad u órgano partidista, que presuntamente ocasiona algún tipo de perjuicio contra la parte actora.

Ahora bien, según se precisó al inicio de este fallo, de las demandas origen de los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se advierte que los promoventes impugnan destacadamente los siguientes Acuerdos CG171/2012, CG192/2012 y CG193/2012, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil doce, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por el que determinó sustituir diversos candidatos a senadores y diputados federales por el principio de mayoría relativa, en acatamiento al invocado Acuerdo CG171/2012.

Lo anterior con la precisión de que algunos actores controvierten uno o más actos de los antes referidos, según se especifica en la tabla que se inserta al inicio de esta ejecutoria.

En esa tesitura, para efectos de resolución de los juicios ciudadanos en comento, se tiene como responsables:

     Al Consejo General del Instituto Federal Electoral; y,

     Al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Y como actos impugnados:

     El Acuerdo CG171/2012, del aludido Consejo General, “… por el que se inicia el procedimiento especial al que se refiere el artículo 221 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”;

     El Acuerdo CG192/2012, del referido Consejo, “… por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza, así como por las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, y las candidaturas a senadores por el principio de representación proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo, y Movimiento Ciudadano, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.”;

     El Acuerdo CG193/2012, del citado órgano superior de dirección “… por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, y las candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.”; y,

     El acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil doce, por el que el citado partido político determinó sustituir diversos candidatos a senadores y diputados federales por el principio de mayoría relativa, en acatamiento al invocado Acuerdo CG171/2012.

TERCERO. Acumulación. Del examen de las demandas origen de los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se advierte conexidad en la causa, ya que, según se ha precisado en el considerando que antecede, existe identidad de actos reclamados, así como de autoridad y órgano partidista responsables, aunado a que los actores expresan similares agravios, lo cual deriva en la misma pretensión, consistente en que esta Sala Superior revoque los actos combatidos, a efecto de que se adopten las medidas necesarias para que los promoventes sean restituidos en sus derechos constitucionales que aducen trasgredidos.

Así, por razones de economía procesal y a fin de resolver de manera conjunta, expedita y completa lo relativo a la procedencia de los medios de impugnación que en este fallo se analizan, con fundamento en los artículos 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y, 86 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, se decreta la acumulación de todos los juicios identificados al inicio de esta sentencia, sirviendo de índice el expediente identificado con la clave SUP-JDC-510/2012, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

CUARTO. Per saltum. Respecto de las demandas en las que los actores promovieron per saltum los respectivos escritos, bajo el argumento fundamental de que, de agotar la cadena impugnativa prevista en la instancia partidista, se podrían volver irreparables las violaciones alegadas; esta Sala Superior considera que existen razones jurídicas suficientes para justificar el per saltum, conforme con lo siguiente.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé como requisito de procedencia que, antes de acudir mediante juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se agoten las instancias previas establecidas en las respectivas normas legales e internas de los partidos políticos para combatir los actos cuestionados.

En ese sentido, se tiene presente el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de rubro: “MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD”[1], en la que se establecen los siguientes requisitos:

1.    Los órganos partidistas competentes estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos;

2.    Se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de sus integrantes;

3.    Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente, y

4.    Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos político-electorales transgredidos.

De tal manera que, cuando falte alguna de esas exigencias o se presenten inconvenientes a que su inexistencia dé lugar, no existe para los justiciables dicha obligación, sino que tales instancias internas quedan como optativas, por lo que el afectado podrá acudir ante las autoridades jurisdiccionales, per saltum.

Como se anticipó, las causas aducidas por los accionantes son eficaces para justificar la procedencia del per saltum solicitado.

Los artículos 16, 79, 80, 81, y 82 del Reglamento de Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional, prevén, en lo que interesa, lo siguiente:

Reglamento de Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional

Artículo 16.- ...

El Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante deberá interponerse dentro de los cuatro días hábiles contados a partir del día siguiente del que se hubiese notificado, publicado o conocido el acto o resolución impugnado.

Artículo 79.- El Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante procederá en los términos del Artículo 5 fracción IV de este Reglamento.

Artículo 80.- El Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante sólo podrá ser promovido por militantes del Partido que impugnen los actos que estimen les cause agravio personal y directo.

La falta de legitimación será causa para que el medio de impugnación sea desechado de plano.

Artículo 81.- El trámite y resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante se sujetará exclusivamente a las reglas generales previstas en el Título III del presente Reglamento.

Artículo 82.- Las sentencias que resuelvan el fondo del juicio, podrán tener los efectos siguientes:

I. Confirmar el acto impugnado, y

II. Revocar o modificar el acto impugnado y, consecuentemente, proveer lo necesario para reparar la violación que se haya cometido.

De los artículos transcritos se constata que la normatividad del Partido Revolucionario Institucional establece la existencia del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, el cual sólo podrá ser promovido por militantes del partido, que impugnen los actos que estimen les cause agravio personal y directo.

Los efectos de las resoluciones recaídas al citado juicio pueden consistir en la confirmación, modificación o revocación del acto impugnado y, en su caso, la reparación de la violación cometida.

Como puede advertirse de todo lo anterior, la normativa partidista citada contiene un medio impugnativo específico, creado exclusivamente para que el militante partidario impugne aquellos actos y resoluciones que estime le causen agravio personal y directo, mismo que procede contra actos recurribles conforme a sus estatutos.

Sin embargo, también ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, que el promovente de un medio de impugnación en materia electoral queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio.

Tal criterio se recoge en la jurisprudencia de rubro “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO”[2].

A juicio de esta Sala Superior, la materia sobre la que versan los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se relacionan, en lo esencial, con la designación, postulación y registro de candidatos, por lo que dado que las campañas electorales iniciaron el pasado treinta de abril, existe la necesidad de una resolución pronta, en aras de no colocar en riesgo los derechos que los actores consideran conculcados, razón por la que se estima que, en la especie, no era necesario que se agotara el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante previsto en el Reglamento antes citado.

En efecto, en los juicios que se resuelven, se advierte que los mismos se encuentran relacionados con la sustitución de su postulación como candidato a diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa. Por ello, se hace patente la celeridad de resolver en definitiva la impugnación intentada por los actores, lo que justifica la procedencia del presente juicio pese a que no se agotó, de manera previa, el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante previsto en el Reglamento antes citado.

Lo anterior es congruente con lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Por lo que, a fin de garantizar certeza, definitividad y expedientes en la designación, postulación y registro del candidatos a diputados federales y senadores postulados por el Partido Revolucionario Institucional, y evitar que la promoción del referido medio de impugnación partidista, pudiera ocasionar un perjuicio a los actores e incluso a terceros, por ver disminuido el tiempo para agotar cabalmente los medios señalados, esta Sala Superior considera necesario en el presente caso, de manera excepcional, tener por satisfecho el referido requisito procesal de definitividad.

Por lo que se refiere a aquellas demandas promovidas per saltum en contra de los Acuerdos CG/171/2012, CG/192/2012 y CG/193/2012, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, no es procedente acordar conforme a lo solicitado por los correspondientes accionantes, en virtud de que en contra de esos actos, no procede otro medio de defensa por el que pudieran ser confirmados, modificados o revocados, por lo que su estudio compete directamente a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

QUINTO. Causas de improcedencia. María Angélica Magaña Zepeda, tercera interesada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-570/2012, aduce en su escrito de comparecencia que la correspondiente demanda es improcedente porque:

a) El actor la presentó ostentándose como candidato, siendo que la debió de haber promovido como ciudadano, “es decir por su propio derecho”, lo que hace improcedente el juicio, porque sólo lo pueden promover los ciudadanos, además de que el accionante no es candidato.

b) Debió tramitarse a través del Partido Revolucionario Institucional, por ser el órgano responsable, agotando los medios ordinarios de defensa.

Son infundados los motivos de improcedencia que se hacen valer.

Tocante a lo sintetizado en el inciso a), cabe decir que se parte de la premisa equivocada de que el impugnante promovió su demanda, ostentándose como candidato, lo cual es inexacto, porque precisamente lo que reclama es que se le haya sustituido como candidato a diputado federal por el Distrito 17 de Jalisco.

Pero además, de acuerdo con el artículo 34 de la Carta Magna, son ciudadanos de la República, los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido dieciocho años y tengan un modo honesto de vivir, sin la circunstancia de que sean candidatos a algún puesto de elección popular, los haga perder tal calidad, motivo por el cual, los candidatos, o quienes pretendan serlo, como en el caso del accionante, cumpliendo con los requisitos previstos en la normativa atinente, válidamente pueden promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que procede precisamente cuando los ciudadanos aleguen presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado, habida cuenta que, es cuestión de fondo decidir si tienen o no la razón, lo que torna infundado el motivo de improcedencia de que se trata.

Respecto de lo resumido en el inciso b), es menester recordar que en el presente juicio se reclaman actos, tanto del Partido Revolucionario Institucional, como del Consejo General del Instituto Federal Electoral; por tanto, al tener ambos la calidad de responsable, el enjuiciante estaba en aptitud de presentar su demanda ante la autoridad electoral, habida cuenta que, en el juicio se ordenó al órgano responsable que le diera el trámite correspondiente.

Asimismo, el actor, en el caso, válidamente presentó su demanda per saltum, sin agotar los medios de defensa intrapartidistas, porque de haberlo hecho, agotando la cadena impugnativa, correría el riesgo, de asistirle la razón, de que su derecho se hiciera nugatorio, tal como se explica ampliamente en esta sentencia en el apartado correspondiente.

SEXTO. Sobreseimiento. Dadas las razones que a continuación se exponen, esta Sala Superior considera que en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-557/2012, SUP-JDC-560/2012, SUP-JDC-614/2012 y SUP-JDC-637/2012, debe sobreerse.

A. Pérdida de derecho para impugnar. Previo a la promoción de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-557/2012, SUP-JDC-560/2012 y SUP-JDC-614/2012, los respectivos actores agotaron su derecho de acción mediante la presentación de los diversos SUP-JDC-512/2012, SUP-JDC-513/2012 y SUP-JDC-616/2012, respectivamente; por tanto, no pueden volver a intentarlo, al haberse extinguido ese derecho.

En efecto, dicha hipótesis deriva de la interpretación de los artículos 17, 41, base VI, y 99, cuarto párrafo fracción V, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 8, 9, párrafo 3, y 10, párrafo 1, inciso b) in fine, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como de los principios generales de derecho de preclusión y de caducidad procesal, susceptibles de invocarse en la materia, a la luz del precepto 2°, primer párrafo, de la propia ley de medios.

La interpretación de dichos preceptos conduce a estimar que el derecho de acción de los gobernados, dado para poner en movimiento la función jurisdiccional del Estado, mediante la promoción de alguno de los medios de impugnación en materia electoral, con el propósito de que se resuelva un litigio, se agota precisamente cuando se ha ejercido ante el tribunal u órgano jurisdiccional competente respectivo.

Por ello se explica que el derecho impugnativo esté sujeto al plazo de cuatro días para su ejercicio (artículo 8 citado) y que, los medios de impugnación que no se insten dentro de dicho lapso, se tornen improcedentes si se intentan de manera extemporánea [artículo 10 párrafo 1 inciso b) de la ley].

Estas disposiciones jurídicas forman parte del sistema impugnativo electoral, por virtud del cual se dota de firmeza y definitividad a los actos y resoluciones electorales, así como a las etapas que conforman el proceso electoral (artículos 41 y 99 constitucionales citados).

Las anteriores disposiciones entrañan el reconocimiento y regulación de los principios generales de derecho relativos a la preclusión y la caducidad procesal, los cuales implican la extinción de un derecho o una potestad procesal por el transcurso del tiempo previsto en la ley sin haberse ejercido, o cuando se ha ejercido el derecho impugnativo correspondiente, o bien, cuando no se cumplen las exigencias que como condiciones previas deben satisfacerse para ejercerlo válidamente.

Tales figuras jurídicas extintivas del derecho a promover los medios de impugnación en materia electoral han sido reconocidos por esta Sala Superior en diversas jurisprudencias y tesis relevantes, en las cuales ha explicado que una vez presentada una demanda, es decir, hecho valer un medio de impugnación, es inadmisible promover un segundo o ampliar el primero, porque al haberse ejercido tal derecho se agotó, o que cuando se ha dejado de formular la impugnación en el plazo establecido para tal efecto, no puede plantearse fuera de él, por haber caducado el derecho a impugnar.

Sobre estas bases, es válido concluir que la pérdida del derecho para impugnar, es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente.

Tal extinción o consumación de una facultad procesal o de un derecho, resulta normalmente de tres situaciones:

a) No haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto;

b) Haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y

c) Haber ejercido una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha).

Lo anterior sirve de base a la conclusión consistente en que los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral son improcedentes, entre otros supuestos, cuando se extingue el derecho a promoverlos, lo cual ocurre, entre otros casos, cuando se intentan en contra de actos respecto de los cuales ya se ha promovido en una ocasión anterior, alguno de los medios impugnativos de los previstos en dicho sistema, porque el derecho de acción de los justiciables se agota al ejercerse una vez válidamente, salvo los casos de excepción en que proceda la ampliación de la demanda por hechos nuevos o desconocidos para el impugnante.

No obsta al agotamiento del derecho a impugnar, el que en el primero de los juicios o recursos intentados, la sentencia que lo decida sea de fondo o inhibitoria (cuando no se decide el fondo de la pretensión, por la existencia de alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento, por ejemplo), porque finalmente se ha ejercido el derecho de acción, el cual es autónomo al derecho sustantivo traído a juicio, y lo que se agota es el derecho a impugnar; además, si la sentencia inhibitoria obedece a una situación jurídica que materialmente impide definitivamente el conocimiento de la causa de mérito planteada, como cuando se advierte la falta de interés jurídico en el actor o la extemporaneidad de la impugnación, resulta inconcuso que esa situación una vez decretada determina en definitiva la inviabilidad jurídica de la impugnación.

En suma, si respecto de un segundo acto, el promovente instó un anterior juicio, con ello precluyó su derecho a impugnarlo, al haberlo agotado de manera plena; por tanto, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-557/2012, SUP-JDC-560/2012 y SUP-JDC-614/2012, devienen improcedentes, al actualizarse la hipótesis invocada.

En efecto, al haber agotado su derecho de impugnación con la presentación de otro medio de impugnación en contra de los mismos actos, expresando en idénticos términos sus agravios y señalando a la misma responsable, resulta incuestionable que el derecho de impugnación se ha extinguido, sin que sea obstáculo a lo anterior, que los impugnantes hubieran presentado sus medios de impugnación en momento posterior, pues esa situación no podría generar un nuevo medio de impugnación o ampliación a la demanda, puesto que, como se advierte de la confrontación de las demandas, las mismas están formuladas en idénticos términos, de ahí que resulte innecesario tenerla como ampliación de demandas, pruebas o hechos, a fin de considerarlo un medio de impugnación distinto. 

A lo anterior se debe agregar que los actores no aducen hechos nuevos o desconocidos para apoyar su impugnación, ni esta Sala Superior advierte tal circunstancia; por el contrario, lo que se aprecia de las respectivas demandas es que los enjuiciantes aducen las mismas razones fácticas y jurídicas expuestas en el juicio anterior para combatir los referidos actos.

Bajo esas condiciones y dada la admisión previa de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-557/2012, SUP-JDC-560/2012 y SUP-JDC-614/2012, lo procedente es sobreseer en los mismos.

B. Extemporaneidad. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-637/2012, promovido por Raúl Gerardo Espinosa Torres, esta Sala Superior considera que se debe sobreseer en el mismo, toda vez que no se promovió dentro del plazo de cuatro días que establece el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la referida Ley, establece la improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral cuando no se hubiera interpuesto el medio de impugnación dentro de los plazos establecidos por la ley.

Nuestro sistema jurídico tiene como pieza fundamental de su conformación el principio de seguridad jurídica, al amparo del cual, tiene sustento la figura jurídica de la “pérdida de derecho para impugnar”, esto es, la extinción de un derecho al no ser ejercido dentro del plazo que marca la ley.

Esto es, la facultad de ocurrir a la vía jurisdiccional para hacer valer un derecho cesa por el transcurso del tiempo fijado por la sociedad a través del legislador, toda vez que si el interés para obrar resulta imprescindible a toda acción, en consecuencia si el primero no resulta patente, esta última se extingue.

Por ende, lo que sanciona el Estado a través de esa figura procesal es la negligencia del titular de un derecho ante su inactividad continuada para ejercitarlo dentro de un lapso determinado, lo cual presume el abandono del mismo; toda vez que es una necesidad tanto de la sociedad como de las instituciones garantizar la estabilidad de su esfera de derechos y atribuciones contra las reclamaciones diferidas, para con ello favorecer la concordia y tranquilidad indispensables para el desarrollo del Estado al poner fin a la indecisión de los derechos y disipar las incertidumbres del pasado.

Dicha figura procesal se encuentra establecida en el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que es del siguiente tenor:

“Artículo 8.

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiera notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.”

El precepto legal transcrito, en lo que interesa al presente estudio, establece que el plazo genérico para la interposición de los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (dentro de los cuales se encuentra el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano) es de cuatro días, cuyo cómputo comenzará a partir del día siguiente al en que se hubiera tenido conocimiento del acto o resolución impugnado.

Por tanto, una vez transcurrido dicho plazo, opera la figura de la extinción del derecho que les asiste a los gobernados para impugnar los actos o resoluciones electorales a través del juicio ciudadano.

En la especie, de la demanda del juicio ciudadano que nos ocupa se advierte que el hoy actor impugnó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral de veintinueve de marzo de dos mil doce, el cual se identifica como CG193/2012.

Asimismo, en su segundo hecho el hoy actor adujo:

“2. Posteriormente y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que con fecha 02 de Abril del 2012 me entero por diversos medios, que el Partido Revolucionario Institucional me había sustituido como candidato a diputado federal del Distrito Electoral mencionado designando en mi lugar a la C. SANDRA BENITEZ AGUILAR, pero resulta que hasta la fecha no he sido notificado legalmente, por ninguna de las partes involucradas en el presente recurso, tal y como lo ordena la ley, dejándome en total estado de indefensión”.

Por otra parte, del escrito presentado por el hoy promovente, el diez de abril de dos mil doce en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, denominado “demanda complementaria del juicio de controversia de impugnación de mis derechos políticos electorales”, se advierte lo siguiente:

“ACTO IMPUGNADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE: EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, ASÍ COMO POR LAS COALICIONES COMPROMISO POR MÉXICO Y MOVIMIENTO PROGRESISTA, Y LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PRESENTADAS POR DICHOS PARTIDOS, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, de fecha 29 de marzo de 2012, así como la arbitraria determinación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional de sustituirme en la candidatura a Diputado Federal por el principio de mayoría relativa.

El cual bajo protesta de decir verdad tuve conocimiento del acto el día domingo 1 de abril de 2012”.

De lo transcrito se advierte la manifestación del hoy promovente  en el sentido de que tuvo conocimiento del acto impugnado los días uno y dos de abril de dos mil doce.

En la interpretación más favorable para el hoy inconforme, si el cómputo se hiciera tomando como punto de partida el dos de abril del año en curso, el plazo de cuatro días correría del tres al seis siguientes.

Por tanto, si la demanda del juicio ciudadano que nos ocupa se presentó el nueve de abril de dos mil doce ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, se presentó de manera extemporánea y, en consecuencia, agotó el derecho del promovente de controvertir el acuerdo emitido por el Consejo General de Instituto Federal Electoral el veintinueve de marzo de dos mil doce, identificado como CG193/2012, a través del presente juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por consiguiente, que se deba sobreseer en el juicio ciudadano SUP-JDC-637/2012, con fundamento en el artículo 11, párrafo 1, inciso c), de la referida Ley.

SÉPTIMO. Procedencia. Con excepción de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-557/2012, SUP-JDC-560/2012, SUP-JDC-614/2012 y SUP-JDC-637/2012, respecto de los cuales se han actualizado los motivos de sobreseimiento aducidos en el considerando que antecede, el resto de los medios de impugnación a estudio reúnen los requisitos constitucionales y legales de procedencia, según se verificó en cada caso por el respectivo Magistrado encargado de la instrucción, por lo siguiente:

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad u órgano partidista responsables; constan los nombres de los actores y su domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto impugnado y al responsable del mismo; se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones y los conceptos de agravio; y, se constan los nombres y firmas autógrafa de quienes promueven, por lo que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Oportunidad. Los medios de impugnación se promovieron dentro del plazo de cuatro días a que se refiere el artículo 8, párrafo 1 de la invocada Ley General, por lo que resultan oportunos.

3. Legitimación. Los juicios se promovieron por parte legítima, pues de acuerdo con los artículos 79, párrafo 1, en relación con el 80, párrafo 1, inciso g), ambos de la citada Ley adjetiva federal, corresponde instaurarlo a los ciudadanos, entre otros supuestos, cuando consideren que los actos o resoluciones de la autoridad electoral y del partido político al que están afiliados violan su derecho político de ser votados; siendo que en la especie quienes promueven son precisamente ciudadanos, en su carácter de candidatos a senadores o diputados federales de mayoría relativa, sustituidos para cubrir la cuota de género.

4. Interés jurídico. Se cumple con este requisito, toda vez que los actores alegan haber sido sustituidos de la candidatura al cargo de elección popular para el que fueron postulados por el Partido Revolucionario Institucional o la coalición “Compromiso por México”, lo cual impacta directamente en sus esferas jurídicas, al grado tal que elimina la posibilidad legal y material de contender al cargo que pretendían, por lo que en la especie cuentan con interés jurídico.

5. Definitividad. Atento a las consideraciones vertidas en el considerando CUARTO de esta sentencia, en el que se analizó la excepción al principio de definitividad, este requisito se satisface respecto de los actos impugnados de la autoridad y órgano partidista responsables.

Al haberse cumplido los requisitos mencionados en los párrafos que anteceden y en virtud de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, se pasa al estudio de fondo de la cuestión planteada, previa transcripción de los actos impugnados.

OCTAVO. Acuerdo CG171/2012. Dicho Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en lo que interesa, señala:

ACUERDO

PRIMERO.- Se otorga a los partidos políticos nacionales y coaliciones, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Compromiso por México, Movimiento Progresista, Partido de! Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, un plazo de 48 horas, para que rectifiquen las solicitudes de registro de las candidaturas correspondientes, apercibidos de que en caso de no hacerlo se procederá en términos de lo dispuesto en el considerando 13 del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento de los partidos políticos nacionales que, en caso que de la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 8; 214, párrafo 3; 218, párrafos 2 y 4; y 225, párrafos 3 y 4, todos del código electoral federal, se desprenda que alguna o algunas de las candidaturas que conforman las fórmulas de cuota de género previstas en los artículos 219 y 220, párrafo primero del mismo ordenamiento legal, no cumpla con alguno de los requisitos previstos, deberán ser sustituidas por candidatos del mismo género.

Lo mismo resulta aplicable a las sustituciones y cancelaciones de candidaturas que se presenten.

TERCERO.- El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su aprobación.

CUARTO.- Se instruye al Secretario del Consejo General a notificar inmediatamente a los partidos políticos que no hayan estado presentes en la sesión el contenido del presente Acuerdo.

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

NOVENO. Acuerdo CG192/2012. Dicho Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en lo que interesa, señala:

ACUERDO

PRIMERO.- Se registran supletoriamente las fórmulas de candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa para las elecciones federales del año 2012, presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones denominadas “Compromiso por México” y “Movimiento Progresista”, ante este Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos que a continuación se relacionan:

RELACION DE FORMULAS DE CANDIDATOS A SENADORES AL

CONGRESO DE LA UNION

POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

COMPROMISO POR MEXICO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

SEGUNDO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa presentadas supletoriamente ante este Consejo General por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones denominadas “Compromiso por México” y “Movimiento Progresista”.

TERCERO.- Conforme a lo señalado por el artículo 98, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el punto primero, numeral 4, inciso e) del “Acuerdo del Consejo General por el que se expide el Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de Senadores y Diputados por el principio de Mayoría Relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012” el partido político al que originalmente pertenecen y el grupo parlamentario en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos, los candidatos de las coaliciones “Compromiso por México” y “Movimiento Progresista”, son los que se enlistan a continuación:

…

CUARTO.- Comuníquense vía correo electrónico las determinaciones y los registros materia del presente Acuerdo a los Consejos Locales del Instituto Federal Electoral. Así mismo, a través del Secretario del Consejo General, remítase a los Consejos Locales respectivos copia de los expedientes de todas las fórmulas registradas.

QUINTO.- Se registran las fórmulas de candidatos a Senadores por el principio de representación proporcional para las elecciones federales del año 2012, presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, ante este Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos que a continuación se relacionan:

…

SEXTO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatos a Senadores por el principio de representación proporcional presentadas ante este Consejo General por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

SEPTIMO.- Se otorga un plazo improrrogable de veinticuatro horas a los partidos políticos señalados en el Considerando 37 del presente Acuerdo a fin de que rectifiquen las solicitudes de registro a que el mismo se refiere o presenten la correspondiente solicitud de sustitución, apercibidos de que en caso de no hacerlo se procederá a la cancelación de las candidaturas respectivas.

OCTAVO.- Se dejan sin efectos las constancias de registro expedidas por los Consejos Locales de este Instituto en las que se encuentren contenidas candidaturas distintas a las señaladas en el presente Acuerdo.

NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

DÉCIMO. Acuerdo CG193/2012. Dicho Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en lo que interesa, señala:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se registran supletoriamente las fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa para las elecciones federales del año dos mil doce, presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como las presentadas por las coaliciones denominadas "Compromiso por México" y "Movimiento Progresista" ante este Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos que a continuación se relacionan:

RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

...

SEGUNDO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa presentadas supletoriamente ante este Consejo General por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como por las coaliciones "Compromiso por México" y "Movimiento Progresista".

TERCERO.- Conforme a lo señalado por el artículo 98, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el punto primero, numeral 4, inciso e) del "Acuerdo del Consejo General por el que se expide el Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, para el Proceso Electoral Federal 2011-2009" el partido político al que originalmente pertenecen y el grupo parlamentario en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos, los candidatos de las coaliciones son, en el caso de la Coalición Compromiso por México, los referidos en el considerando del presente Acuerdo, y en el caso de la Coalición Movimiento Progresista los que se enlistan a continuación:

…

CUARTO.- Comuníquense vía correo electrónico las determinaciones y los registros materia del presente Acuerdo a los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral. Asimismo, a través del Secretario del Consejo General, remítase a los Consejos Locales copia de los expedientes de las fórmulas registradas de mayoría relativa que correspondan a su entidad, para que éstos a su vez los hagan llegar a los Consejos Distritales respectivos.

QUINTO.- Se registran las fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional para las elecciones federales del año dos mil doce, presentadas por los partidos políticos nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, ante este Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos que a continuación se relacionan:

…

SEXTO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional presentadas ante este Consejo General por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

SÉPTIMO.- Se otorga un plazo improrrogable de veinticuatro horas a los partidos políticos señalados en el Considerando 37 del presente Acuerdo a fin de que rectifiquen las solicitudes de registro a que el mismo se refiere o presenten la correspondiente solicitud de sustitución, apercibidos de que en caso de no hacerlo se procederá a la cancelación de las candidaturas respectivas.

OCTAVO.- Se dejan sin efectos las constancias de registro expedidas por los Consejos Distritales de este Instituto en las que se encuentren contenidas candidaturas distintas a las señaladas en el presente Acuerdo.

NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

DÉCIMO PRIMERO. Acuerdo partidista. Dicho Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en lo que interesa, señala:

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE SE REALIZAN LAS SUSTITUCIONES DE CANDIDATOS A SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA QUE SERÁN POSTULADOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LO INDIVIDUAL Y POR LA COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO QUE CORRESPONDEN AL PRI; PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012; EN ACATAMIENTO AL ACUERDO CG171/2012 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 fracción I, II, III y XIV, 86 fracciones I, X y XXIV y 191 de los Estatutos de nuestra organización política, y

ANTECEDENTES

I. El 7 de octubre de 2011, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, identificado con la clave CG327/2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha tres de noviembre de dos mil once.

II. Con fecha 29 de noviembre del año 2011, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional expidió las Convocatorias para postular candidatos a diputados federales propietarios y senadores propietarios, por el principio de mayoría relativa, que competirán en las elecciones federales del 1 de julio de 2012, para renovar ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

III. En sesión extraordinaria de 14 de diciembre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo número CG413/2011 por el que, modificó el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

IV. En fecha 22 de marzo del presente año, el Partido Revolucionario Institucional, de manera individual, presentó para su registro las candidaturas a senadores en 22 estados individualmente y en 10 como integrante de la Coalición Compromiso por México, así como candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa en 101 distritos electorales uninominales en los que postula individualmente y en 199 distritos electorales de la Coalición Compromiso Por México.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el día 28 de marzo del año que transcurre, el Consejo General del Instituto Federal Electoral celebró sesión extraordinaria en la que aprobó el Acuerdo CG171/2012 por el que se inicia el Procedimiento Especial al que se refiere el Artículo 221 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En dicho acuerdo, el referido órgano electoral determinó lo que se transcribe a continuación.

"De la revisión respecto al cumplimiento de la cuota de género señalada, se ha podido advertir que algunos partidos políticos y coaliciones no alcanzan el mínimo de 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género a Diputados y Senadores, respectivamente, tal y como lo dispuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos de los dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como resultado de dicho análisis, se advierte el incumplimiento de los partidos políticos y coaliciones conforme a lo siguiente:

Porcentaje por género de los candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa

Porcentaje por género de los candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa