México, Distrito Federal, veintitrés de agosto de dos mil dos.

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-785/2002, promovido por la agrupación política nacional “Movimiento de Acción Republicana”, en contra de la resolución identificada con la clave CG121/2002, de tres de julio de dos mil dos, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual le negó el registro como partido político nacional y,

R E S U L T A N D O :

I. El catorce de noviembre de dos mil, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el acuerdo por el que estableció los requisitos que deberían cumplir las organizaciones o agrupaciones políticas que quisieran obtener su registro como partido político nacional. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del mismo año.

II. El seis de abril de dos mil uno, se aprobó el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se reformó, modificó y adicionó el instructivo por el que estableció los requisitos que deberían cumplir, las organizaciones o agrupaciones políticas que quisieran obtener su registro como partido político nacional, mismo que denominó como “El Instructivo”. Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación  el dieciocho de abril de dos mil uno.

III. El doce de diciembre de ese mismo año, el mencionado órgano administrativo electoral emitió un diverso acuerdo por el que fijó la metodología que observaría la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión para la revisión de los requisitos y el procedimiento a que se sujetarían las organizaciones o agrupaciones políticas nacionales que pretendieran constituirse como partidos políticos nacionales, el cual denominó como “La Metodología”. Tal acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil dos.

IV. El treinta y uno de enero de dos mil dos, la organización política “Movimiento de Acción Republicana”, solicitó su registro como partido político nacional.

V. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria celebrada el tres de julio del año en curso, mediante resolución identificada con la clave CG121/2002, negó el registro como partido político nacional, a la organización política indicada en el resultando anterior, notificándole tal determinación el diez de julio del mismo año.

La resolución en comento, es del tenor literal siguiente:

“Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional de la Agrupación Política Nacional denominada “Movimiento de Acción Republicana”.

Antecedentes.

1. El catorce de noviembre de dos mil, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el instructivo que deberán observar las organizaciones  o agrupaciones políticas que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del mismo año.

2. El seis de abril de dos mil uno, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se reforma, modifica y adiciona el instructivo que deberán observar, las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener su registro como Partido Político Nacional, mismo que en lo sucesivo se denominará como “El Instructivo”. Este acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil uno.

3. El dieciséis de julio de dos mil uno, ante la oficina de la Secretaría Ejecutiva, la organización política denominada “Movimiento de Acción Republicana”, notificó al Instituto Federal Electoral su propósito de constituirse como Partido Político Nacional, presentando, según su dicho, la siguiente documentación:

I. El escrito de notificación, incluyendo:

A) Nombre completo de la agrupación política solicitante, Movimiento de Acción Republicana.

B) Nombre del representante legal de la misma, Francisco de Paula León Olea.

C) Domicilio para oír y recibir notificaciones, Sierra Vertientes 844, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, Distrito Federal, Delegación Miguel Hidalgo.

D) Nombre preliminar del Partido Político Nacional a constituirse, así como el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos, “Partido Republicano” “Un Partido joven para un nuevo México”, estas letras en negro 100%, en Pantone 185 el adorno degradado, en Pantone 289 el “PR”, plecas y el outline ovalo.

E) Una agenda preliminar de las posibles fechas y lugares en donde se pretendan llevar a cabo sus asambleas distritales o estatales y nacional, a efecto de dar cabal cumplimiento al principio rector de certeza que debe regir todas las actividades de este Instituto; presentó agenda preeliminar de asambleas distritales para realizar en los meses de julio a diciembre de dos mil uno en los Estados de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Morelos y Distrito Federal, de la manera siguiente:

DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

GUANAJUATO

JALISCO

SAN LUIS POTOSÍ

NUEVO LEÓN

QUERETARO

HIDALGO

VERACRUZ

MORELOS

F) Firma autógrafa del representante de la agrupación política. Se entregó escrito signado por su Presidente, el C. Francisco de Paula León Olea.

II. Documental pública consistente en copia certificada otorgada ante la fe del Notario Público número 23 del Distrito Federal, Licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, según consta en escritura sesenta y cinco mil doscientos veinte del libro mil ciento cincuenta y dos, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, con la cual se pretende acreditar la constitución de la organización denominada “Partido Republicano”.

III. Documental pública en copia certificada otorgada ante la fe pública del Notario Público número 23 del Distrito Federal, Licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, según consta en escritura sesenta y cinco mil doscientos veinte del libro mil ciento cincuenta y dos, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, con la cual pretende acreditar la personalidad de sus representantes legales.

4. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante diversos oficios girados durante el periodo comprendido entre los meses de julio de dos mil uno a enero de dos mil dos, solicitó a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Distritales respectivas que asistieran a las asambleas distritales de la organización política solicitante que se verificarían dentro de sus correspondientes demarcaciones geográficas, a efecto de certificar y/o en su caso, fungir como observadores de las mismas.

5. Los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales de los Estados que conforman la geografía electoral correspondiente, mediante diversos oficios dieron respuesta a la solicitud que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos les formuló y a la que se refiere el antecedente anterior de este instrumento.

6. El veintiuno de enero de dos mil dos, la organización política denominada “Movimiento de Acción Republicana”, solicitó la designación de un funcionario del Instituto Federal Electoral que certificará la celebración de su asamblea nacional constitutiva.

7. El veintiséis de enero de dos mil dos, la ciudadana licenciada Herandeny Sánchez Saucedo, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos asistió, como funcionario responsable designado por el Instituto Federal Electoral, a certificar la asamblea nacional constitutiva de la organización política solicitante, misma que tuvo verificativo en el Poliforum Cultural Siqueiros con domicilio en la calle de Filadelfia sin número, esquina Insurgentes, Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, Distrito Federal.

8. El doce de diciembre de dos mil uno, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se define la metodología que observará la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión para la revisión de los requisitos y el procedimiento que deberán cumplir las organizaciones o agrupaciones políticas nacionales que pretendan constituirse como partidos políticos nacionales, mismo que en lo sucesivo se denominará como “La Metodología”. Este acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil dos.

9. El treinta y uno de enero de dos mil dos, ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la agrupación política nacional denominada “Movimiento de Acción Republicana”, presentó su solicitud de registro como Partido Político Nacional, acompañándola, según su propio dicho y bajo protesta de decir verdad, de lo siguiente:

A. Copia certificada de la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos aprobados por sus miembros en los términos de los procedimientos de constitución, presentado también dos CD's, con la información respectiva.

B. Listas nominales de afiliados, agrupadas por distritos electorales, según corresponda.

C. Expedientes de las actas de asambleas celebradas en los distritos electorales, según corresponda, y la de su asamblea nacional constitutiva, debidamente certificadas por el fedatario correspondiente.

10. El dieciocho de febrero de dos mil dos, el maestro José Woldenberg Karakowsky, Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante oficio número PCG/037/02, informó a los integrantes del Consejo General de la solicitud de registro a que se hace referencia en el antecedente anterior.

11. El veintinueve de abril de dos mil dos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio número DEPPP/DPPF/1466/02, envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores el cien por ciento de las listas validables de afiliados que asistieron a las asambleas distritales y el cien por ciento de las listas validables con los demás militantes con que cuenta la organización política en el país, a efecto de verificar si los ciudadanos enlistados se encontraban inscritos en el Padrón Electoral.

12. El siete de mayo de dos mil dos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio número DEPPP/DPPF/1516/02, solicitó a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Distrito Federal que verificaran que los funcionarios que certificaron las asambleas distritales realizadas, dentro de su demarcación geográfica, se encuentren debidamente habilitados para tal efecto.

13. Mediante oficios VE/176/2002 de veintinueve de mayo, VS/1227/2002 de treinta de mayo de dos mil dos, JLE/VE/384/2002 de fecha veintiuno de mayo de dos mil dos, 260/2002 de trece de mayo de dos mil dos, VE/0498/2002 de fecha tres de junio de dos mil dos, VE/1511/2002, VE/1427/02 de catorce de mayo de dos mil dos, VE JLTX/869/2002, VE/1096/2002, 01410 de fecha seis de junio de dos mil dos y JL/0722/02 de siete de junio de dos mil dos los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales correspondientes de los Estados de Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Distrito Federal, Guanajuato y Veracruz, respectivamente dieron respuesta a la solicitud que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos le formuló según consta en el antecedente cuatro de este instrumento.

14. El veintiséis de junio de dos mil dos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, envió a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión el resultado de la verificación a que se hace referencia en el antecedente 11 de este instrumento.

15. El veintiséis de junio de dos mil dos, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión aprobó el proyecto de dictamen y de resolución respectivo, mismo que fue turnado a la Secretaría Ejecutiva a efecto de ser presentado al Consejo General, al tenor de los siguientes:

Considerandos.

I. Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el punto Primero del acuerdo en el que se establece la “Metodología”, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, en adelante “La Comisión”, con el apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y los órganos desconcentrados del Instituto, es competente para verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución que deben observar las organizaciones o agrupaciones políticas interesadas en obtener el registro como Partido Político Nacional, así como formular el proyecto de dictamen y resolución respectivos.

II. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se debe considerar que la organización política notificó oportunamente al Instituto Federal Electoral su propósito de constituirse como Partido Político Nacional, como se acredita con el documento a que se refiere el antecedente 3 de este proyecto de dictamen y resolución.

III. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 29, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el punto Quinto, párrafo 1, del “Instructivo”, la organización política presentó en tiempo su solicitud de registro, así como la documentación con la que pretende acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes, como se desprende del documento que se precisa en el antecedente 9 del presente instrumento, en el cual consta el sello de recibido.

IV. Que tal y como lo establece en el punto Tercero, numeral 2, del apartado relativo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, del acuerdo en el que se establece la “Metodología”, se analizó el documento público consistente en la copia certificada de la escritura pública pasada ante la fe del notario público número 23 del Distrito Federal, licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, según consta en escritura sesenta y cinco mil doscientos veinte del libro mil ciento cincuenta y dos, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve. Como resultado de dicho análisis, debe concluirse que con dicha documentación se acredita la legal constitución de la organización política denominada “Partido Republicano”, en términos de lo establecido en el punto Primero, párrafo 2 del “Instructivo”.

El desarrollo y resultado de este análisis se relaciona como anexo número uno, cuya foja única forma parte integral del presente proyecto de dictamen y resolución.

V. Que en términos de lo dispuesto en el punto Tercero, numeral 2 del apartado denominado Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del acuerdo de la “Metodología”, se revisó la documentación presentada para acreditar la personalidad de quien suscribe la notificación al Instituto Federal Electoral del propósito de constituirse como partido político nacional y la personalidad de quien suscribe la solicitud de registro correspondientes, las cuales consistieron en el documento público consistente en la copia certificada de la escritura pública pasada ante la fe pública del notario público número 23 del Distrito Federal, licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, según consta en escritura sesenta y cinco mil doscientos veinte del libro mil ciento cincuenta y dos, de fecha veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, para ambos casos. Como consecuencia de dicho análisis, se llega a la conclusión de que debe tenerse por acreditada la personalidad del ciudadano Francisco de Paula León Olea, de conformidad con lo establecido en el punto Primero, párrafo 3, del “Instructivo”.

El resultado de este examen se relaciona como anexo número dos, en el cual en una (1) foja útil, forma parte integral del presente proyecto de dictamen y resolución.

VI. Que atendiendo a lo dispuesto en el punto Tercero, numeral 3, del apartado denominado Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de la “Metodología”, se analizaron la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que presentó la organización política solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, párrafo 1, inciso a), en relación con el 24, párrafo 1, inciso a), ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de determinar si dichos documentos básicos cumplen en lo conducente con los extremos señalados por los artículos 25, 26, 27 del referido código.

Que del resultado de este análisis se desprende que la Declaración de Principios cumple parcialmente con lo establecido en el artículo 25 del código de la materia debido a las siguientes razones:

En lo referente al inciso c) del citado artículo 25, no se desprende por ninguna parte de la Declaración de Principios de la agrupación en cita, que se contemple la obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como no solicitar o en su caso rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que el Código de la materia prohíbe financiar a los partidos políticos.

Que por lo que hace al análisis del Programa de Acción, éste cumple con los requerimientos señalados en el artículo 26 del código invocado.

Que respecto del análisis de los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo dispuesto en el artículo 27 del multicitado código, ya que no prevé la forma ordinaria o extraordinaria de convocar a su Asamblea Nacional.

El resultado de estos análisis se relaciona como anexo número 3, constante en 2 (dos) fojas útiles, forma parte del presente proyecto de dictamen y resolución.

VII. Que con base en lo establecido en el punto Tercero, numeral 4 del apartado de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la “Metodología”, se verificó que los expedientes de las asambleas distritales celebradas por la solicitante, contuvieran la documentación e información requerida por la ley y el “Instructivo”.

Se corroboró que las asambleas distritales correspondieran con aquéllas sobre las cuales se informó al Instituto Federal Electoral de conformidad con el segundo párrafo y numeral 4, inciso a) del punto Tercero de la “Metodología”.

Asimismo, se constató que en el acta por la cual se certifica la asamblea se encontrara claramente consignado que concurrieron cuando menos 300 ciudadanos afiliados a las asambleas distritales; que los afiliados asistentes conocieron y aprobaron los documentos básicos (los cuales se anexan a la respectiva solicitud de registro), y el resultado de la votación obtenida; la designación de los delegados a la Asamblea Nacional Constitutiva, señalando el resultado de la respectiva votación y los nombres de dichos delegados; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación, y que quedaron formadas las listas de afiliados correspondientes, y que la información descrita se encuentre debidamente sellada, foliada y rubricada por el fedatario que certificó el evento, de conformidad con lo establecido en el punto Tercero, numeral 4, incisos b), c) y d) de la “Metodología”.

Se solicitó el apoyo de los órganos desconcentrados del Instituto con el fin de que asistieran a las asambleas, así como para que verificaran que los funcionarios que certificaron las asambleas se encuentren debidamente habilitados para tal efecto, dichos procedimientos se substanciaron con fundamento en lo dispuesto por el punto Quinto de la “Metodología” en relación con el numeral 4, inciso e) del apartado relativo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del punto Tercero del mismo acuerdo.

El análisis y procedimiento de verificación mencionados arrojaron el siguiente resultado:

Análisis de las actas de asamblea distritales

Por lo que corresponde a los comentarios vertidos en la quinta columna denominada observaciones, se tienen sólo como declaraciones respecto de lo sucedido en las asambleas correspondientes, debido a que el informe presentado por el representante electoral, no es suficiente para desvirtuar la fe pública de la que goza el Notario Público, por lo que se tienen por acreditadas las asambleas en comento.

Por otro lado, también se validan en lo que respecta a este punto, las asambleas donde el notario omitió manifestar el número de asistentes, debido a que haciendo un cotejo de las manifestaciones formales de afiliación que están foliadas y rubricadas por el fedatario se desprende que cumplían con el requisito de contar por lo menos con 300 afiliados asistentes a las asambleas.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior y la explicación que antecede, del presente análisis de las 107 (ciento siete) actas de asamblea distritales presentadas por la organización política solicitante, 106 (ciento seis) cumplen con los requisitos señalados por la ley de la materia y los acuerdos referidos, ya que en el acta de asamblea realizada en el distrito 6 de Veracruz el propio notario público asentó que no existía el quórum legal al no contar con la asistencia de 300 asistentes.

VIII. Que tal y como lo dispone en el punto Tercero, numeral 4, inciso b), del apartado relativo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la “Metodología”, se procedió a revisar que las manifestaciones formales de afiliación, se presentaran selladas, foliadas y rubricadas por el fedatario responsable, presentadas en hoja membreteada de la organización política solicitante se presentaran selladas, foliadas y rubricadas por el fedatario público y que aparecieran los apellidos (paterno y materno) y nombre (s), el domicilio, distrito y entidad federativa, y la clave de elector, así como la firma autógrafa del ciudadano o su huella digital y la manifestación de afiliarse voluntaria, libre y pacíficamente.

Las manifestaciones formales de afiliación que no cumplieron con los requisitos de contar con firma y nombre fueron descontadas del número total de afiliados que concurrieron a la asamblea en verificación, tal y como se dispone en el numeral 2, inciso b) del punto Segundo del “Instructivo” y el punto Tercero, numeral 4, inciso b) del acuerdo de “Metodología”. En el caso de las manifestaciones que no contenían clave de elector, domicilio o algún otro dato requerido no fueron descontados ya que existía la posibilidad de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pudiera ubicarlo en el padrón sin ningún otro dato aparte del nombre.

Dicha revisión arrojó el resultado que se anota en el cuadro subsecuente, cuya columna 1 (Distrito), sirve para identificar el distrito al que corresponden las manifestaciones formales de afiliación; la columna 2 (manifestaciones), al número de manifestaciones formales de afiliación que presentó y que corresponden a los asistentes a la asamblea del distrito correspondiente, en tanto que en la columna 3 (duplicado), la columna 4 (triplicado) y la columna 5 (menores de edad) se precisan los casos de manifestaciones formales de afiliación suscritas por una misma persona y que fueron presentadas dos, tres veces por la solicitante o que debido a la revisión de la clave de elector se desprende que por su edad no están facultados para integrar un Partido Político; en la columna 6 (s/firma o huella), se anotan las cantidades correspondientes a las manifestaciones formales de afiliación en que no aparece la firma o huella digital del ciudadano; en la 7 (validables) se anota el dato por distrito, resultante de restar a la columna 2 los datos de las columnas 3 a 6, y que es el que finalmente se contará para determinar el cumplimiento de los requisitos atinentes por los peticionarios.

Lo anterior, en el entendido de que, en aquellos casos en que la manifestación formal de afiliación de un mismo ciudadano presentara dos o más inconsistencias, se procedió de la siguiente manera: En el caso de duplicidad, triplicidad o cuadruplicidad, sólo se incluyó dentro de las validables una de ellas, siempre y cuando ésta contuviera todos los requisitos legales respectivos, porque de ser el caso contrario se descontaban todas las manifestaciones respectivas y no una sola (duplicidad), dos (triplicidad) o tres (cuadruplicidad). En el caso de las manifestaciones formales de afiliación que no tuvieran firma o huella digital, éstas fueron descontadas.

Del estudio del cuadro anterior, se desprende, que las asambleas correspondientes a los distritos 05, 18, 21, 25, del Distrito Federal, 06 de Guanajuato, 01, 12, 27 de México, 06 de Veracruz y 06 de Oaxaca, carecen de validez, debido a que como se comprueba en el cuadro anterior, no cumplieron con el quórum legal de contar con cuando menos 300 asistentes a las asambleas distritales marcado en el artículo 28, párrafo 1, inciso a), fracción I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En suma, de las 107 (ciento siete) asambleas distritales hasta ahora validadas de la organización política solicitante, nueve no cumplieron con el quórum legal, y una (06 de Veracruz) ya había sido descontada por otra irregularidad además de incumplir con el quórum legal, por lo que únicamente 97 (noventa y siete) cumplen con el requisito de mérito.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el punto Tercero, numeral 4 del apartado relativo a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de la “Metodología”, se procedió a revisar el total de las listas de afiliados por asamblea, a efecto de comprobar si las mismas se encontraban selladas, foliadas y rubricadas por el fedatario responsable y con los apellidos (paterno y materno) y nombre (s), la clave de elector y la residencia de las personas en ellas relacionadas, y si concordaban con las manifestaciones formales de afiliación presentadas, según se establece en el punto segundo, párrafo 2, inciso c), del “Instructivo”.

El procedimiento de revisión dio como resultado que únicamente aparecieran en las listas de asistentes a las asambleas los nombres que estaban sustentados con cédulas validables por lo que el número total de enlistado y cédulas fue de 33,796 (treinta y tres mil setecientos noventa y seis).

El resultado de este examen se relaciona como anexo número cuatro en 1 (una) foja útil, y en su respectiva relación complementaria en 12 (doce) fojas útiles. En el entendido de que ambos forman parte integral del presente proyecto de dictamen y resolución.

IX. Que con fundamento en lo establecido en el numeral 1, inciso a) del apartado de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del acuerdo por el que se establece la “Metodología”, y por acuerdo de la Comisión, tomando en sesión del miércoles diecinueve de junio de dos mil dos, se decidió enviar a la referida dirección ejecutiva las listas de afiliados asistentes del treinta por ciento de las asambleas presentadas por la asociación solicitante a efecto de que se corroborará que los afiliados validables, en términos del considerando anterior, y que asistieron a las asambleas distritales, tal y como se señala en el antecedente once de este instrumento, se encontraban inscritos en el Padrón Electoral.

La finalidad de esta verificación era determinar si los militantes que hubieren intervenido en esas asambleas distritales se encontraban en pleno goce de sus derechos político-electorales, y en esa medida fueron descontados del quórum legal de asistencia los participantes a las asambleas que no se encontraron en el Padrón Electoral.

La Comisión estimó que dicha verificación era necesaria a fin de dar vigencia a los principios constitucionales de certeza, objetividad y legalidad, y se realizó en aquellos casos, como el presente, en que resultará racional efectuarla, porque fuera escaso el número de afiliados con que sobrepasaba el mínimo legal que debían concurrir y participar en cada asamblea distrital 300 (trescientos) en términos de lo dispuesto en el artículo 28, párrafo 1, inciso a) fracción I, del Código federal electoral. Al respecto, es pertinente advertir que la búsqueda en el Padrón Electoral Federal de los afiliados que concurrieron a las citadas asambleas obedeció a un criterio de máxima exigencia, toda vez que existía una mayor probabilidad de que se incumpliera con un requisito legal y no se hizo con un propósito deliberado de perjudicar a la asociación interesada o brindar un tratamiento desigual, ya que por el carácter relativo de cada resolución en nada se beneficiaría o perjudicaría a ésta, por el hecho de que alguna otra organización se otorgará o negará el registro como partido político nacional, lo cual igualmente ocurriría a la inversa.

Asimismo, atendiendo al principio de economía procesal, la Comisión al verificar si se había cumplido con la realización del número mínimo de asambleas distritales, tal y como se prescribe en el artículo 28, párrafo 1, inciso a) fracción I, del Código Federal Electoral, estimó que era suficiente con realizar el análisis de 30 (treinta) de las asambleas y no del total de ellas, siempre que una vez descontado el número de aquellas en donde no se hubiere cumplido, deviniera en innecesario realizar el análisis de la totalidad, puesto que con ese margen de asambleas verificadas ya se habría demostrado en forma suficiente que no se cumplía con el requisito de mérito.

Resulta importante advertir que en el caso de que algunos de los asistentes a las asambleas distritales no se encontraran dentro del Padrón Electoral serían descontados en el entendido de que si por esta causa los asistentes validados fueran menos de 300 (treinta) (sic), la asamblea no se consideraría válida.

Cabe mencionar que la columna relativa a “Asistentes con manifestación”, resulta del cotejo de las listas de afiliados asistentes a las asambleas presentadas por la asociación civil, contra las manifestaciones formales de afiliación que las respaldan, una vez identificadas cada una de las inconsistencias de la misma.

Que con fundamento en lo establecido en el numeral 1, inciso a) del apartado de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del acuerdo por el que se establece la “Metodología”, y por acuerdo de la Comisión se envió el 30% de las listas de afiliados asistentes a las asambleas con el objeto de verificar que los asistentes se encontraban en el padrón electoral. En el caso de que alguno de los asistentes no se encontraban dentro del padrón electoral serían descontados, en el entendido que si por esta causa los asistentes validados fueran menos de 300 (trescientos), la asamblea respectiva no se consideraría valida por las siguientes razones jurídicas.

Dentro de las obligaciones de los ciudadanos está la de inscribirse en el Registro Federal de Electores y que éstos participen en la formación y actualización del Padrón Electoral, según lo prevé el artículo 139, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La ciudadanía mexicana puede perderse, por las razones fijadas en el artículo 37 inciso C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, los derechos políticos con que cuenta un ciudadano pueden suspenderse, por las causas previstas en el artículo 38 del mismo ordenamiento legal.

Por otra parte, el Instituto Federal Electoral tiene a su cargo en forma integral y directa la realización de actividades, entre otras, las relativas al padrón electoral y lista de electores según lo establece la Carta Magna en su artículo 41, fracción III, último párrafo. Así mismo, en lo dispuesto por el artículo 135, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Instituto por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presta los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, por conducto de sus Vocalías en las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales.

El Registro Federal de Electores se compone del Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral. El primero de los elementos mencionados contiene la información básica de los varones y mujeres mexicanas mayores de 18 años y en el segundo elemento, están los nombres de los ciudadanos que incluye el Catálogo General de Electores y de quienes han presentado su solicitud individual para incorporarse al mencionado Catalogo. Lo anterior de conformidad en los artículos 136, párrafo 1 y 137, párrafos 1 y 2 del Código Electoral.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, es el órgano encargado de integrar el Padrón Electoral y de expedir la Credencial para Votar según lo dispone el artículo 140, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así como de mantener permanentemente actualizado dicho Padrón, haciendo constar las altas o bajas de los ciudadanos como los fallecimientos de ciudadanos, la suspensión o pérdida de los derechos político-electorales, declaración de ausencia o presunción de muerte en términos de lo prescrito en los artículos 146, párrafo 1 y 162 del citado ordenamiento legal.

Por otro lado, la ley de la materia en su artículo 5, párrafo 1, dispone que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y que éstos son organizaciones de ciudadanos. Además que sólo los ciudadanos pueden afiliarse a los partidos políticos nacionales en términos de lo estatuido por el artículo 41, constitucional, fracción I, párrafo II.

Según la definición que da la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, respecto a lo que debe entenderse como afiliado o militante, en la siguiente Tesis Relevante, se tiene que:

“MILITANTE O AFILIADO PARTIDISTA. CONCEPTO. La acepción militante o afiliado contenida en los artículos 26, 27, 28 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se refiere a los ciudadanos mexicanos que formalmente pertenecen a un partido político, quienes participan en las actividades propias del mismo instituto ya sea en su organización o funcionamiento, y que estatutariamente cuentan con derechos, como el de ser designados candidatos a un puesto de elección popular, y obligaciones, como la de aportar cuotas.

Recurso de Apelación. SUP-RAP-011/2001. Partido de la Revolución Democrática. 19 de abril de 2001. Mayoría de 5 votos. Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Disidente: José Luis de la Peza, quien votó por el desechamiento.”

Por otra parte, corresponde al Instituto Federal Electoral, verificar el cumplimiento de todos los requisitos y del procedimiento de constitución que presenten las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político nacional, según se establece en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 todos ellos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De una interpretación sistemática de los preceptos que han quedado plasmados, es posible afirmar lo siguiente:

En principio, la organización política que pretenda su registro como partido político tiene la carga de demostrar, que sus afiliados (sic) mínimo el equivalente al 0.13% del padrón electoral, que significa en números reales la cantidad de 77,460 (setenta y siete mil cuatrocientos sesenta), son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales.

Para acreditar dicho requisito, la solicitante del registro debe entregar a esta autoridad administrativa lo relativo a las manifestaciones formales de afiliación, así como de las listas de afiliados con la anotación en cada una de ellas de la clave de elector entre otros datos. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 28, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y al Acuerdo del Consejo General de este Instituto, mediante el cual se aprobó el “Instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener el registro como partido político nacional”, en su punto Segundo, párrafo 2, incisos b) y c), y al punto Cuarto, segundo párrafo.

La aportación de datos como la clave de elector en las listas de afiliados y en las manifestaciones formales de afiliación, tanto de aquellos ciudadanos que se afiliaron durante la celebración de la asamblea distrital, como de los demás ciudadanos que se afiliaron en otro momento, constituye por un lado, un elemento que facilita a las organizaciones políticas solicitantes de registro, la mínima carga de probar que cuenta con un número determinado, en esta ocasión como ya se dijo 77,460 afiliados en el país, y por el otro, sirve de base en principio a esta autoridad administrativa, para verificar la calidad jurídica de todos los que pretenden afiliarse, ya que cuenta con las atribuciones y elementos necesarios para identificar quienes son los ciudadanos que se encuentran en pleno goce de sus derechos político-electorales y determinar con toda certeza, si la solicitante del registro cumple con el mínimo de afiliados que exige la ley electoral para tener por cumplido el mismo.

En efecto, la Comisión cuenta con las atribuciones para examinar de entre otros documentos, las listas de afiliados y manifestaciones formales de afiliación, tanto de aquéllos que estuvieron presentes durante el desarrollo de la asamblea respectiva, como de aquellos ciudadanos que se afiliaron a la organización política en otro momento, con el objeto de verificar el cumplimiento de acreditar que cuenta con una base social de al menos 77,460 (setenta y siete mil cuatrocientos sesenta), ciudadanos mexicanos afiliados.

Ahora bien, es importante destacar que de las disposiciones del código electoral no se desprende que la autoridad electoral esté obligada a considerar como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales a los individuos referidos en las actas distritales certificadas, con el sólo hecho de que en ellas conste la existencia e identidad de los mismos.

Lo anterior es así, en virtud de lo que establece el artículo 24 párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el sentido de acreditar por lo menos a 30,000 (treinta mil), de sus afiliados en el país por parte de la organización interesada. Para ello, la misma tiene que entregar las listas y manifestaciones formales de afiliación, de aquellas personas que estuvieron in situ durante la celebración de la asamblea.

Por su parte como ya se mencionó, el artículo 28 del mismo ordenamiento legal, le otorga facultades a la Comisión, para verificar entre otros requisitos, que todos los afiliados que dice tener la organización, estén en pleno goce de sus derechos político-electorales. Así lo interpretó el Consejo General cuando aprobó en uso de sus facultades reglamentarias, la Metodología en el Acuerdo Tercero, correspondiente a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, párrafo 1, inciso a), en donde se especifica que la Comisión, procederá a solicitar el apoyo de dicha Dirección para que constate si los afiliados se encuentran inscritos en el Padrón Electoral para lo cual le enviaría el 100 % (cien por ciento), de las listas de afiliados que asistieron a las asambleas a que hace referencia el primer párrafo, inciso a), fracción II del artículo y ordenamiento legal citado, y señala también, que la consecuencia de que los participantes a las asambleas que no fueran encontrados en el padrón serían descontados del total de asistentes que concurrieron a la asamblea.

Por otro lado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuenta con las facultades necesarias para negar el registro cuando se demuestre que una organización no cumple con alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 29 de la ley de la materia, fundamentando las causas que motiven dicha negativa.

En conclusión como ya se dijo, de una interpretación sistemática de los artículos 34, 36, fracción I, 37, inciso C), 38 y 41, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los artículos 5, párrafo 1, 24, párrafo 1, inciso b), 28, párrafo l, inciso a), fracciones I y II, e inciso b), fracción V, 30, 31, 135, párrafo 1, 136, párrafo 1, incisos a) y b), 137, párrafos 1 y 2, 139, párrafos 1 y 2, 142, párrafo 1, 146, párrafo 1, 147, párrafos 1 y 2, 148, párrafo 1 y 162, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es dable señalar que los partidos políticos nacionales deben estar integrados por afiliados o militantes, que éstos deben ser ciudadanos mexicanos quienes tienen la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Electores, conforme a lo que establece el artículo 139 del código electoral, porque lo fundamental de la organización o agrupación política solicitante del registro es que demuestre que sus afiliados son ciudadanos en pleno uso de sus derechos político-electorales, puesto que una persona que no tenga esa calidad no podría ser miembro de dicha organización y por ende no contar para efectos del recuento de afiliados que debe demostrar la solicitante a esta autoridad.

El Instituto Federal Electoral tiene a su cargo el Registro Federal de Electores, el padrón electoral y la lista de electores con los cuales esta autoridad administrativa puede determinar quienes son los ciudadanos que se encuentran en pleno goce de sus derechos políticos-electorales.

La Comisión cuenta con las atribuciones necesarias para verificar el cumplimiento del requisito que se refiere a acreditar que una organización que pretende obtener su registro como partido político nacional cuenta con una base de afiliados de por lo menos 77,460 (setenta y siete mil cuatrocientos sesenta), con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores quien es la que cuenta con los elementos suficientes para informar que ciudadanos se encuentran en pleno goce de sus derechos políticos-electorales.

Como se aprecia en el cuadro siguiente, del análisis de las 30 asambleas revisadas, que corresponden aproximadamente al 30% (treinta por ciento) de las asambleas realizadas por la organización política, se concluye que en 10 de ellas no se cumplió con el requisito establecido por el artículo 28, párrafo 1, inciso a), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo al número de afiliados asistentes a las asambleas para que las mismas sean consideradas válidas, que en ningún caso podrá ser menor de 300 tratándose de asambleas distritales, como es el caso que nos ocupa.

Validación por el Registro Federal de Electores de asistentes a Asambleas

Del cuadro anterior, se desprende que de las treinta asambleas en comento, diez no cumplen con el requisito de 300 asistentes establecido por el artículo 28 párrafo 1 inciso a) fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que carecen de validez legal para ser tomadas como válidas y en un conteo final serán descontadas del total de asambleas.

En suma, de las 97 (noventa y siete) asambleas distritales validadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, solamente 87 (ochenta y siete) cumplen con el requisito de contar con por lo menos 300 asistentes a que se refiere el artículo 28, párrafo 1, inciso a), en relación con el 24, párrafo 1, inciso b), ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por las siguientes consideraciones jurídicas:

El resultado de este examen se relaciona como anexo número cinco, en una foja útil y que en su respectiva relación complementaria en 59 cincuenta y nueve fojas útiles en el entendido que ambos forman parte integral del presente proyecto de dictamen y de resolución.

X. Que con fundamento en lo establecido en el punto Tercero, numeral 5, del apartado relativo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la “Metodología”, se analizó el contenido del acta de la Asamblea Nacional Constitutiva, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento señalados por el artículo 28, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el “Instructivo”.

En primer término, se verificó el número, los nombres (propietario y suplente) que fueron electos en cada una de las asambleas Distritales por la agrupación; a partir de esa información se verificó cuántos de los delegados asistieron a la Asamblea Nacional Constitutiva. Cabe recordar que durante el proceso de certificación de la asamblea en comento, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, levantó una lista de los asistentes y comprobó su identidad y residencia por medio de su credencial para votar con fotografía u otro documento fehaciente en el cuadro siguiente se resume la información aquí descrita.

Cabe señalar que del análisis anterior, se desprende que coincidieron en general los propietarios y suplentes que asistieron a la Asamblea Nacional Constitutiva, con los que se mencionan en las actas de la agrupación que fueron elegidos en las asambleas Distritales correspondientes, salvo la que corresponde al distrito 23 del Distrito Federal, en que no coincidió el nombre del delegado que se presentó a dicha Asamblea Nacional con el que se menciona en el acta correspondiente al distrito en comento.

Por otro lado, cabe señalar que se presentaron algunos casos donde personas se ostentaron como delegados de diferentes asambleas distritales, las cuales no se tomaron en cuenta en el presente cuadro debido a que no se acreditó de ningún modo su representatividad al no haber ofrecido la agrupación política, acta que acreditara que los mencionados, habían sido elegidos en una asamblea distrital, tal y como lo señala el artículo 28 párrafo 1 inciso b) fracciones I, II y III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De este análisis se desprende que asistieron 134 (ciento treinta y cuatro) delegados, representando a 108 (ciento ocho) distritos electorales uninominales federales en donde fueron celebradas las asambleas distritales, de un total de 214 (doscientos catorce) delegados electos en sus respectivas asambleas para asistir a la asamblea nacional constitutiva, con lo que se cumple a cabalidad con el quórum de asistencia requerido por la ley.

Que en el acta de Asamblea Nacional Constitutiva se da cuenta que se presentaron en ese acto 85 (ochenta y cinco) actas de asambleas distritales. El análisis de las mismas y las presentadas posteriormente por la citada agrupación, se efectúo en los considerandos VII, VIII y IX del presente instrumento; en el que se observa que únicamente 81 (ochenta y uno) cumplen con los requisitos necesarios para ser tomadas como válidas, en virtud de los motivos y fundamentos asentados en dichos considerandos, y que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos en el presente.

Adicionalmente, se constató del contenido del acta que la declaración de principios, programa de acción y estatutos de la organización política solicitante fueran aprobados por los delegados asistentes a la asamblea nacional constitutiva.

Que del resultado del análisis referido en el párrafo anterior, se acredita que los delegados presentes conocieron los documentos básicos en virtud de que se les preguntó si los conocían con anterioridad, a lo que respondieron afirmativamente. Asimismo, consta en el acta de asamblea que los referidos documentos básicos fueron aprobados por unanimidad.

XI. Que en términos de lo dispuesto por el punto Tercero, numeral 5, del apartado relativo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del acuerdo de la “Metodología”, se procedió a revisar que, en las manifestaciones formales de afiliación de los demás afiliados con que cuenta en el país la solicitante, apareciera el nombre (s) y apellidos (paterno y materno), el domicilio, distrito y entidad federativa, clave de la credencial para votar, así como la firma autógrafa del ciudadano o su huella digital y la manifestación de afiliarse de manera libre, individual y voluntaria.

Las manifestaciones formales de afiliación que no cumplieron con los requisitos de contener firma y nombre fueron descontadas del número total de afiliados con que cuenta la organización política, tal y como se prevé en el punto Tercero, numeral 5, inciso e), del acuerdo por el que se establece la “Metodología”. En el caso de las manifestaciones que no contenían clave de elector, domicilio o algún otro dato requerido no fueron descontadas ya que existía la posibilidad de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pudiera ubicarlo en el padrón electoral sin ningún otro dato aparte del nombre.

Dicha revisión arrojó el resultado que se anota en el cuadro subsecuente, cuya columna 1 (manifestaciones), al número de manifestaciones formales de afiliación, presentadas, de los demás militantes con que cuenta la organización política solicitante en el país, en tanto que en la 2 (duplic.), 3 (triplic.) y 4 (en copia fotostática) se precisan los casos de manifestaciones formales de afiliación suscritas por una misma persona y que fueron presentadas dos, tres o cuatro veces por la solicitante; en la columna 5 (s/firma o huella), se anotan las cantidades correspondientes a las manifestaciones formales de afiliación en que no aparece la firma o huella digital del ciudadano; en la 6 (validables) se anota el dato por entidad federativa, resultante de restar a la columna 1 los datos de las columnas 2 a 5, y que es el que finalmente se contará para determinar el cumplimiento de los requisitos atinentes por los peticionarios.

Lo anterior, en el entendido de que, en aquellos casos en que la manifestación formal de afiliación de un mismo ciudadano presentara dos o más inconsistencias, se procedió de la siguiente manera, en el caso de duplicidad, triplicidad o cuadruplicidad, sólo se incluyó dentro de las validables una de ellas, siempre y cuando ésta contuviera todos los requisitos legales respectivos. En el caso de las manifestaciones formales de afiliación que no tuvieran firma o huella digital, éstas fueron descontados.

Que del análisis anterior, se desprende que la agrupación política solicitante cuenta en el país con 48,491 afiliados adicionales que sumados a los asistentes a las asambleas tenemos que cuenta con 82,287 afiliados.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el punto Tercero, numeral 4, del apartado relativo a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de la “Metodología”, se procedió a verificar el contenido de las listas de afiliados de los demás militantes con que cuenta en el país presentadas por la agrupación solicitante, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigidos por la ley.

Se corroboró si dichas listas contenían el nombre (s) y apellidos (paterno y materno) del ciudadano, residencia de cada uno de ellos y la clave de elector, así como que se encontraran sustentadas por las correspondientes manifestaciones formales de afiliación, según lo establece el punto Cuarto del “Instructivo”.

El resultado de este examen se relaciona como anexo número seis, en una (1) foja útil, y en su respectiva relación complementaria en 11 fojas útiles. En el entendido de que ambos forman parte integral del presente proyecto de dictamen y de resolución.

XIII. (sic) Que con fundamento en lo establecido en el punto Tercero, numeral 1, inciso b), del apartado relativo a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del acuerdo por el que se establece la “Metodología”, la Comisión envió a la referida dirección ejecutiva las listas validables, tanto de los asistentes a las asambleas como de los demás afiliados con que cuenta la agrupación política en el país en términos del considerando anterior, tal y como se señala en el antecedente once de este instrumento, a efecto de verificar si los ciudadanos afiliados a la organización política se encontraban inscritos en el Padrón Electoral.

El resultado de este examen se relaciona como anexo número siete en una foja útil y que en 59 cincuenta y nueve fojas útiles respectivamente, en el entendido de que ambos forman parte del presente proyecto de dictamen y de resolución.

XII. (sic) Con fundamento en el acuerdo Quinto de la Metodología y por acuerdo de la comisión se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que verificara si existían afiliados a otras organizaciones solicitantes de registro como partido político nacional, con el objeto de descontarlos de los afiliados validables de la agrupación política solicitante.

En el caso de las 1,017 (mil diecisiete) manifestaciones formales de afiliación los cuales se afiliaron a Movimiento de Acción Republicana, organización que a través de su correspondiente representante presentó la respectiva solicitud de registro como Partido Político Nacional y, al propio tiempo, esos mismos ciudadanos se afiliaron a otra diversa organización política que igualmente presentó la solicitud de registro de mérito, según los datos y constancias que más adelante se precisan, efectivamente es de considerarse que no deben validarse y sí restarse del total de manifestaciones formales de afiliación y, consecuentemente, el número de afiliados en el país que se habían contabilizado a favor de la solicitante del registro, por las razones jurídicas siguientes:

a) Los nombres y demás datos que aparecen en las manifestaciones formales de asociación, así como los datos relacionados en las listas de ciudadanos coinciden tanto en la agrupación solicitante objeto de la presente resolución, como en las diversas asociaciones solicitantes y que pretenden constituirse en los siguientes partidos políticos: “Partido de la Revolución Mexicana”, “Fuerza Ciudadana”, “México Posible”, “Partido Liberal Progresista”, “Partido de la Justicia Social”, “Social Democracia”, “Partido Popular Socialista”, “Partido Campesino y Popular” y “Plataforma 4”, como se evidencia en el comparativo que se agrega en el mismo anexo número ocho, se demuestra que se trata del mismo ciudadano y no de homonimias o algún error superable, según la información proporcionada, por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, derivada del procedimiento de verificación, ordenado por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, en términos de lo dispuesto por el punto Quinto del acuerdo en el que se establece “La Metodología”.

b) En los artículos 9°, párrafo primero, y 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el derecho de asociación, se establece que no se puede coartar el derecho de asociación pacífica con cualquier objeto lícito, y que sólo los ciudadanos mexicanos pueden ejercer libre e individualmente dicho derecho para tomar parte en los asuntos políticos del país. Este derecho de asociación que se reconoce en favor de los ciudadanos, no se coarta o limita a través de una decisión como la presente.

En este sentido, debe tenerse presente que, bajo ciertas circunstancias, se podría llegar al extremo inadmisible de que se pudieran constituir tantos partidos políticos nacionales como solicitudes de registro presente ese número mínimo de 77,460 ciudadanos que se hubieran afiliado más de una vez a distintas organizaciones de ciudadanos solicitantes de ese registro, lo cual, por absurdo, debe rechazarse, máxime que se traduciría en un “cumplimiento” ficticio o aparente de lo dispuesto en el párrafo 1, inciso b) del artículo 24 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto es, en la medida de que los afiliados a una organización solicitante de su registro como Partido Político Nacional, al momento de que se llevan a cabo las asambleas estatales o distritales para constituir un Partido Político Nacional, conocen y aprueban la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, así como suscriben la manifestación formal de afiliación, en términos de lo dispuesto en el artículo 28, párrafo 1, inciso a), fracción I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es que debe concluirse que cada militante asume el ideario político, adquiere el compromiso de respetar y cumplir la normativa interna, así como se obliga a seguir o realizar puntualmente las tareas pragmáticas del partido político. De esta forma, debe concluirse que, por la propia naturaleza de los partidos políticos (en tanto adversarios en las continuas contiendas políticas), un ciudadano que se afilia simultáneamente a más de una organización solicitante de su registro como partido político nacional, difícilmente podría evitar enfrentarse a conflictos de intereses, ya que la regla de la experiencia demuestra que los partidos políticos nacionales no tienen contenidos idénticos o similares en su documentación básica y sí variadas concepciones políticas y géneros normativos partidarios.

Además, podría accederse a una situación diversa de la que aquí se concluye, sólo con el desconocimiento del principio general del derecho que se resume en la expresión latina pacta sunt servanda (lo pactado obliga a las partes y debe cumplirse de buena fe o, dicho en otros términos, los contratos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos), el cual es aplicable al presente asunto, en términos de lo prescrito en el artículo 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y está también reconocido en el numeral 1796 del Código Civil Federal. En efecto, considerando que la constitución de un partido político, en última instancia, es un acto unión por el cual las voluntades de los afiliados se van adhiriendo para dar concreción jurídica a una persona colectiva de interés público y obligarse al logro de su objeto social, mediante las normas corporativas que se suscriben por las partes, equivocadamente se podría sostener que es válida la afiliación múltiple a distintas personas colectivas que difieren en su normativa, así como en sus posiciones políticas y ordinariamente estarán enfrentadas durante las campañas electorales para la obtención del voto a menos que se coaliguen y tendrán posiciones ideológicas diferentes –sino es que diametralmente opuestas– para contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, en términos de lo estatuido en el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal.

a) Los partidos políticos nacionales son entidades de interés público que, entre otras finalidades, promueven la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyen a la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacen posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, mientras que el Instituto Federal Electoral, entre otros, tiene como fines, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y coadyuvar al desarrollo de la cultura democrática, así como también al Consejo General le corresponde resolver lo conducente sobre las solicitudes de registro de las organizaciones políticas interesadas, expresando, en caso de negativa, las causas que la motivan, y este mismo órgano superior de dirección tiene atribuciones implícitas necesarias para hacer efectivas las facultades que, en su favor, se señalan en el código, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, base I, de la Constitución, federal, y en los artículos 30, párrafo 1; 31, párrafos 1 y 2; 69, párrafo 1, incisos a), b) y d), y 82, párrafo 1, inciso z), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De lo anterior, se desprende que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene atribuciones suficientes para negar el registro, cuando existan circunstancias reales, actuales e inminentes que lleven a concluir que una organización política no vaya a promover la participación del pueblo en la vida democrática, porque sus integrantes formen parte, al mismo tiempo, de dos o más organizaciones políticas que hayan solicitado su registro como Partido Político Nacional; además, debe concluirse que el mismo Consejo General tiene las atribuciones necesarias para cumplir eficazmente con sus obligaciones constitucionales y legales, así como con sus finalidades, negando el registro como Partido Político Nacional a la organización política que posea los mismos asociados que otra, pues se generaría un dato no cierto y objetivo, ficticio, sobre el número de ciudadanos que efectivamente promueven la participación del pueblo en la vida democrática.

b) No es válido concluir que los ciudadanos tienen derecho a asociarse a dos o más organizaciones de ciudadanos para que éstas obtengan indiscriminadamente su registro como Partido Político Nacional, bajo la suposición equivocada de que no existe una prohibición legal expresa o literal que se los impida. Ciertamente, debe arribarse a la conclusión de que, en el orden jurídico nacional, ningún sujeto puede ejercer en forma abusiva sus derechos o cometer fraude a la ley, como ocurriría si se admitiera un proceder semejante.

Efectivamente, debe llegarse a dicha conclusión (no tener por acreditado el número mínimo de afiliados presentados por la solicitante del registro como Partido Político Nacional), atendiendo a los principios generales del derecho que se contienen en los aforismos neminen aequum est cum alteris damno locupletari (a nadie le es lícito enriquecerse a costa de otro), ab abusu ad usum non valet consequentia (no cabe consecuencia del abuso al uso) y ab omni negotio fraus abesto (ha de excluirse de todo negocio el fraude), los cuales resultan aplicables en la presente resolución, al tenor de lo prescrito en el artículo 3°, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que se recogen, por ejemplo, en los artículos 6°, 16, 20 y 840 del Código Civil Federal, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 6°. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.

Artículo 16. Los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este código y en las leyes relativas.

Artículo 20. Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados.

Artículo 840. No es lícito ejercer el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicios a un tercero, sin utilidad para el propietario.

De lo anterior deriva que:

1) La voluntad de los particulares no es razón válida para excusar el cumplimiento de la ley, o bien, para alterar o modificar sus efectos, principios o consecuencias. Es decir, esta regla jurídica permite sostener que, verbi gratia, está prohibido defraudar una finalidad constitucional o legal, como lo es la que está dirigida a asegurar la representatividad objetiva y cierta de las organizaciones que obtengan su registro como partidos políticos nacionales, así como aquella otra que busca garantizar la equidad en los elementos con que cuentan los partidos políticos para llevar a cabo sus actividades (artículo 41, párrafo segundo, fracciones I y II, de la Constitución federal);

2) No es lícito ejercer un derecho con perjuicio de la colectividad. Esto es, en virtud de esta norma jurídica prohibitiva, los gobernados deben ejercer sus derechos o disponer de sus bienes respetando los límites que derivan del orden jurídico en general, o bien, sin trastocar los derechos de los demás, porque incurrirían en un exceso o abuso. Ciertamente, se está en presencia de un abuso del derecho, porque se lesiona el orden jurídico, cuando se obtiene un tratamiento privilegiado o ventajoso en cuanto al eventual disfrute de las prerrogativas o derechos que se otorgan a los partidos políticos nacionales. El uso excesivo de un derecho desvirtúa el objeto primigenio de la norma jurídica (propiciar la participación política). Dicha situación, a la postre, iría en detrimento de los demás, ya que los ciudadanos que opten por afiliarse a una sola fuerza política obtendrían un beneficio inversamente decreciente al incremento que observaría el disfrute de dichas prerrogativas por aquellos que se hubieran afiliado a más de un partido político nacional (en términos de lo prescrito en el artículo 49, párrafo 8, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).Se arriba a esta conclusión, toda vez que, en los artículos 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el 133 de la Constitución federal, se dispone que todos los ciudadanos gozarán, sin distinciones discriminatorias o restricciones indebidas, del derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del país.

Esto significa que si un ciudadano ejerce su derecho de asociación para integrarse a una organización de ciudadanos que solicita su registro como Partido Político Nacional y ésta lo obtiene, entonces dicho ciudadano no podrá asociarse a otra organización que pretenda obtener un registro, porque dicho ciudadano estaría recibiendo un tratamiento privilegiado en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, puesto que recibiría mayores beneficios del Estado al pertenecer a más de un Partido Político Nacional. Es decir, el actuar del ciudadano devendría en un abuso del derecho.

En efecto, si se considera, por ejemplo, que los Partidos Políticos Nacionales con registro gozan de prerrogativas, entre las que se comprenden el tener acceso en forma permanente a la radio y televisión, en los términos que establece el código de la materia; gozar de un régimen fiscal que les permite estar exentos del pago de ciertos impuestos; disfrutar de franquicias postales y telegráficas, y financiamiento público para el apoyo de sus actividades, según se dispone en el artículo 41, base II, de la Constitución federal, y en los artículos 41; 44; 47; 49, párrafo 7; 50 y 53, del Código Federal de Instituciones y. Procedimientos Electorales, entonces ese ciudadano recibiría un mayor beneficio y tan creciente como sea capaz de “asociarse” a un número más alto de organizaciones políticas solicitantes de registro y que lo obtuvieran, en relación con otros ciudadanos que sólo pertenezcan a una organización que obtenga su registro, y

3) Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa aplicable, no se decidirá a favor de quien pretenda lucrar. En la especie, sí está evidenciado con las pruebas que se precisaron y que, como parte integral de esta resolución, obran como anexo ocho, así como la documentación que los soporta y que consta en el expediente relativo a la solicitud de registro respectiva, entonces se debe concluir que no se reúne el requisito previsto en el artículo 24, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De esta manera, con la aplicación de los efectos jurídicos que priman en dichas instituciones jurídicas (abuso del derecho y fraude a la ley), se asegura la eficacia de las normas jurídicas frente a los actos que persiguen fines contrarios al mismo ordenamiento jurídico nacional.

En suma, el ejercicio indiscriminado de su derecho de asociación (de ahí el abuso) le redituaría un beneficio económico creciente y desproporcionado en comparación de aquellos ciudadanos que sólo lo ejerzan en una sola ocasión, circunstancia que atenta contra lo dispuesto en el artículo 41, base II, de la Constitución federal, en la cual se prevé que la ley garantice que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.

Es decir, una conducta tal redundaría en una vía aparentemente lícita que permitiría eludir la vigencia del principio constitucional de equidad; sin duda alguna, este comportamiento representaría una forma fraudulenta de actuar, para evitar observar una norma que está dirigida a garantizar la equidad en la contienda electoral, lo cual es inaceptable.

c) En este caso, no cabe adjudicar o acreditar a los ciudadanos como afiliados de la presente organización o agrupación política solicitante, toda vez que en las manifestaciones formales de afiliación exhibidas en este caso y en el de las organizaciones antes mencionadas, no aparecen las fechas de suscripción, para que se pudiera determinar cuál fue la última que se suscribió y que daría lugar a la revocación de las manifestaciones de voluntad anteriores, como tampoco es posible determinar que una asamblea constitutiva sea anterior a otra y esto se traduzca en un elemento que permita resolver cuál fue la primera asamblea constitutiva de un partido político que pretendía obtener su registro como Partido Político Nacional, lo que permitiría dilucidar qué manifestación formal de ciudadanos surtió efectos plenos sobre cualquier otra posterior. Esto es, de los datos con los que cuenta esta autoridad no es posible desprender con certeza y objetividad la asociación a la que en última instancia determinó afiliarse el ciudadano.

El resultado de esta operación se muestra en el cuadro siguiente:

Con lo anterior se demuestra que la agrupación política solicitante cumple con el requisito de contar cuando menos con 77,460 afiliados en el país establecido en el artículo 24, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El resultado de este examen se relaciona como anexo número ocho, en una foja útil y que en su respectiva relación complementaria en 30 treinta fojas útiles, en el entendido de que ambos forman parte integral del presente proyecto de dictamen y de resolución.

XIV. Que por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión concluye que la solicitud de la organización política denominada “Partido Republicano”, no reúne los requisitos necesarios para obtener su registro como Partido Político Nacional, de acuerdo con lo prescrito por los artículos 24 a 29 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Acuerdo del Consejo General por el que se reforma, modifica y adiciona el instructivo que deberán de observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener su registro como Partido Político Nacional, publicado este último el dieciocho de abril de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación.

En consecuencia, la Comisión que formula el presente proyecto de resolución propone al Consejo General del Instituto Federal Electoral que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 y 80, párrafos 1, 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en ejercicio de las atribuciones que se le confieren en el artículo 31 y 82, párrafo 1, incisos k) y z), del mismo ordenamiento, dicte la siguiente:

Resolución.

Primero. No procede el otorgamiento de registro a “Partido Republicano”, como Partido Político Nacional en términos de los considerandos de esta resolución, toda vez que no reúne los requisitos de ley e incumple el procedimiento establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo. Notifíquese en sus términos la presente resolución a la organización política denominada “Movimiento de Acción Republicana”.

Tercero. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Federación.

La presente resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 3 de julio de 2002.”

VI. Inconforme con lo anterior, la referida agrupación, por conducto de su representante, mediante escrito presentado el dieciséis de julio del año que transcurre, ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Federal Electoral, promovió, en su contra, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

En la tramitación respectiva no compareció tercero interesado alguno a formular alegatos.

VII. Oportunamente, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, turnó el presente expediente a la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VIII. Concluida la sustanciación atinente, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver este asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso c) y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. La agrupación política nacional denominada “Movimiento de Acción Republicana”, en su escrito de demanda hace valer los siguientes agravios:

“Agravios.

Como consta del acto reclamado, la responsable niega el registro como Partido Político Nacional al Movimiento de Acción Republicana, indebidamente sin fundamento legal y causándonos un agravio fundamental y esencial en nuestros derechos electorales y constitucionales, basándose en los falaces y temerarios argumentos siguientes:

1. Que “...no se desprende por ninguna parte de la Declaración de Principios de la agrupación en cita, que se contemple, la obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como no solicitar o en su caso rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que el Código de la materia prohíbe financiar a los partidos políticos...”.

2. Que en los estatutos no se prevé “...la forma ordinaria o extraordinaria de convocar a su Asamblea Nacional...”.

3. Que habiendo examinado las asambleas, se desprende que 10 de ellas no cumplen con el quórum de asistencia de afiliados, luego de haber cotejado la existencia física de las afiliaciones y descontado las afiliaciones duplicadas, triplicadas, suscritas por menores de edad y sin huella o firma.

4. Que luego del examen indicado en el párrafo anterior, la autoridad procedió a descontar de las afiliaciones válidas, las de aquellas personas que no aparecieran en el padrón electoral y como resultado de ello declaró que no cumplían con el quórum legal 10 asambleas adicionales y por lo tanto no eran válidas.

5. Que por lo anterior, al no cumplir mi mandante en la Declaración de Principios y en los Estatutos con los requisitos de Ley, ni haber acreditado la celebración de 100 asambleas distritales con al menos 300 afiliados cada una, no era de concederse el registro.

Ante ello, entre otros conceptos, en los presentes agravios se demostrará:

1. Que la Declaración de Principios del Partido Republicano cumple suficientemente e incluso en exceso con la obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como no solicitar o en su caso rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que el Código de la materia prohíbe financiar a los partidos políticos; y que por alguna razón inexplicable quienes realizaron el examen de dicho documento fundatorio no lo advirtieron.

2. Que sí se previó la forma de realizar las asambleas, pero que en todo caso no es un requisito esencial o indispensable conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y por lo tanto su omisión no puede conducir a la negativa del registro, máxime que en el supuesto no concedido de que existiera alguna omisión, basta con una prevención de la autoridad para que mi representada ajustara sus estatutos, lo cual estaba previsto por los lineamientos de la responsable.

3. Que contrario a lo afirmado por la responsable y conforme a la fe de los notarios ante quienes se realizaron las asambleas, en la mayor parte de los 10 casos en los que el Consejo General del Instituto Federal Electoral consideró que no se había reunido el quórum, era mayor el número de afiliaciones reales, respecto de las que tomó en cuenta la responsable y que además existían inconsistencias en la revisión de duplicados, triplicados, afiliaciones suscritas por menores de edad y sin huella o firma, por lo que luego de realizar una revisión exhaustiva de las actas en que se hicieron constar las asambleas, tomando en consideración el carácter de prueba plena que tiene la fe pública y el conteo efectivo de las afiliaciones con base en las listas de afiliación o en su defecto de las afiliaciones que aparecen agregadas al testimonio, resultó que en la mayor parte de las asambleas si se reunió el quórum legalmente exigido.

4. Asimismo se acreditará que en las asambleas en las que según la autoridad no hubo quórum en virtud de que varios afiliados de mi mandante no estaban inscritos en el Registro Federal de Electores: i) era falso que no estuvieran inscritos en el padrón electoral; ii) que la inscripción o no inscripción en el padrón electoral, no era determinante para acreditar que un ciudadano esté o no en el goce de sus derechos políticos electorales, pues se puede encontrar en el Catálogo General de Electores; iii) que los acuerdos dictados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral conforme a los cuales se realizó la revisión, son contrarios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y por lo tanto ilegales.

5. Asimismo quedarán comprobadas las violaciones de la responsable a la normatividad por ella misma dictada, cometiendo errores y omisiones en el procedimiento y tratando de manera desigual a los iguales, ya que en el caso de otras organizaciones políticas que también solicitaron su registro como Partido Político Nacional y respecto de las cuales se determinó la procedencia o improcedencia de su registro en la misma fecha en que se dictó el acto reclamado en contra de mi mandante, les fue concedido el derecho de audiencia y la posibilidad de enmendar los errores u omisiones en que según la responsable incurrieron respecto de la documentación que acompañaron a su solicitud. Oportunidad de corregir que no fue concedida a mi mandante aun cuando la normatividad dictada por el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral la prevé.

El daño moral que el Instituto le causó a la agrupación política MAR, Movimiento de Acción Republicana, en virtud de la descalificación pública hecha en los medios producto de una filtración de información anticipada respecto a los dictámenes que sin haberme notificado previamente de manera oficial, se daba por un hecho, causándole a la sociedad mexicana que el Partido Republicano había incumplido con su compromiso social y electoral especialmente frente a sus propios afiliados. Lo anterior colocando a la agrupación en un estado de indefensión sin recurso alguno de apelación y sin ninguna explicación que otorgarle a sus afiliados.

Expuesto lo anterior, expreso los siguientes agravios:

Primero. Se violan en perjuicio de mi representada, lo establecido por los artículos 25, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En efecto, la autoridad electoral afirma que “...habiendo analizado la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos presentadas por la organización política que presido, se declara que los mismos cumplen con los extremos señalados en lo dispuesto en Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales...” No obstante lo anterior, la responsable afirma indebidamente:

“Que del resultado de este análisis se desprende que la Declaración de Principios cumple parcialmente con lo establecido en el artículo 25 del código de la materia debido a las siguientes razones: En lo referente al inciso c) del citado artículo 25, no se desprende por ninguna parte de la Declaración de Principios de la agrupación en cita, que se contemple la obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como no solicitar o en su caso rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que el Código de la materia prohíbe financiar a los partidos políticos.”

Lo aseverado por la responsable es infundado, toda vez que expresamente se puede leer en la Declaración de Principios en el punto tres dentro de los antecedentes históricos que “...por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia estaremos subordinados o sujetos a ninguna organización internacional, ni dependeremos de entidades o partidos políticos extranjeros. En este sentido queda excluido cualquier apoyo político, económico o propagandístico proveniente de cualquier asociación u organización religiosa y de cualquier entidad o personal prohibida según el artículo 25, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales...”.

Como puede apreciarse, es inexacto que “por ninguna parte” se prevea en la Declaración de Principios, lo establecido por el artículo 25, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino que antes bien, expresamente se prevé que el Partido no estará sujeto o subordinado a ninguna organización internacional, ni recibirá apoyo de ninguna índole de entidades religiosas; por si fuera poco, señala en la declaración de manera genérica que tales apoyos no serán recibidos de ninguna de las personas indicadas en el inciso indicado.

Podrá indicarse que no se establece expresamente que no aceptará “pactos o acuerdos” que sujeten o subordinen al partido, pero es obvio que sí se prevé meridianamente que por “ningún motivo o circunstancia” “estaremos sujetos o subordinados”. Y es obvio que “ningún motivo o circunstancia” comprende cualquier pacto o acuerdo de sujeción o subordinación e incluso va más allá: incluye cualquier hecho jurídico, invasión, etcétera.

Si el objeto de la norma es que desde los estatutos se asegure la independencia de los partidos de intereses religiosos o internacionales, es obvio que lo establecido en los estatutos de mi representada cumplen con ese objeto o ratio legis, pues no sólo se refiere a que no se subordinará o sujetará por pactos o acuerdos, si no incluso por ninguna circunstancia dentro de las cuales, me permito reiterada dada la generalidad del enunciado, se incluyen no sólo actos jurídicos como los pactos o acuerdos, sino cualquier hecho jurídico.

Continúa afirmando la responsable:

“EL resultado de estos análisis de los Estatutos se relaciona como anexo número 3, constante en 2 (dos) fojas útiles, forma parte del presente proyecto de dictamen y resolución.”

En cuanto a este punto, cabe mencionar que dicho anexo sólo tiene la relevancia que determina la resolución; es decir, el mismo es reconocido por la autoridad responsable en tanto lo hizo suyo y reprodujo substancialmente en la resolución que se combate. Lo anterior como más adelante se profundizará en el análisis y la revisión exhaustiva de estos argumentos.

Segundo. La autoridad responsable viola en perjuicio de mi representada lo establecido por el artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que aplica de manera inexacta su contenido. En efecto, la autoridad responsable sostiene:

“Que respecto del análisis de los Estatutos, los mismos cumplen parcialmente con lo dispuesto en artículo 27 del multicitado código, ya que no prevé la forma ordinaria o extraordinaria de convocar a su Asamblea Nacional.”

Al respecto debe indicarse que el artículo 27 del Código en cita, en ninguna parte prevé como requisito de los estatutos que prevean la forma ordinaria y extraordinaria de realizar las asambleas.

En efecto, conforme a dicho dispositivo los estatutos deben de contener: la denominación emblema y colores del partido; los procedimientos de afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones, dentro de los que se incluirán el participar en asambleas y convenciones y ser parte de los órganos directivos; los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos, así como sus funciones, facultades y obligaciones; los órganos con los que deberá contar el partido, dentro de los que al menos deben de encontrarse una asamblea nacional, un comité nacional, comités por entidades federativa, un órgano responsable de la administración o el equivalente de ellos; las normas de postulación democrática de los candidatos; la obligación de presentar una plataforma electoral; la obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; y las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y los medios y procedimientos de defensa correspondientes.