juicioS para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

EXPEDIENTES: SUP-jdc-8818/2020 y acumulados

parte actora: SILVINA RAMÍREZ DELGADO y otras personas

AUTORIDAD responsable: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL Instituto Nacional Electoral

MAGISTRADO PONENTE: felipe alfredo fuentes barrera

SECRETARIA: maría de los ángeles VERA OLVERA

Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veinte.

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la que se desestiman los agravios planteados por las y los actores, por la supuesta vulneración a sus derechos de asociación, afiliación y audiencia, con motivo de la “omisión o rechazo” de su afiliación a la organización de ciudadanas y ciudadanos denominada “Nosotros”.

  ÍNDICE

A N T E C E D E N T E S

1. Afiliación a la Organización

2. Juicios ciudadanos

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Competencia

2. Acumulación

3. Radicación, admisión y cierre de instrucción

4. Improcedencia

5. Procedibilidad

6. Estudio de fondo

6.1. Síntesis de agravios, pretensión y causa de pedir

6.2. Metodología de estudio

6.3. Tesis de la decisión

6.4. Consideraciones que sustentan la decisión

6.5. Análisis del caso

R E S U E L V E

A N T E C E D E N T E S

1. Afiliación a la Organización

1.1. Notificación de intención de constituir un partido político nacional. En su oportunidad, la Organización presentó ante la Dirección Ejecutiva, escrito de intención para constituirse como partido político nacional. En atención a ello, en febrero de dos mil diecinueve, le fue notificada la procedencia de su manifestación y se le dio viabilidad a la recaudación de afiliaciones respectivas.

1.2. Afiliación por régimen de excepción. Las partes actoras manifiestan que, en su momento, las personas auxiliares de afiliación les informaron los fines y objetivos de la Organización, por lo que, una vez que conocieron sus valores y estatutos, accedieron a afiliarse libre y voluntariamente bajo la vía de régimen de excepción; hecho lo anterior, se les otorgó un “número de afiliado”.

1.3. Información de estatus de afiliación. Las y los actores manifiestan que recibieron una llamada telefónica por parte de la dirigencia de la Organización, en la que se les hizo de su conocimiento que se había rechazado su afiliación; asimismo, argumentaron desconocer las razones de la autoridad administrativa para tomar tal determinación.

2. Juicios ciudadanos

2.1. Promoción. Ante la posible vulneración de sus derechos de afiliación y de audiencia, las ciudadanas y ciudadanos actores promovieron sendos medios de impugnación.

2.2. Turno. En su oportunidad, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar los expedientes en el que se actúa y ordenó que se turnaran a su ponencia, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

  CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Competencia

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los juicios al rubro indicado,[1] porque se controvierte la posible afectación a los derechos de asociación y afiliación de los y las actoras, atribuida a la Dirección Ejecutiva, con motivo del procedimiento de constitución de partidos políticos nacionales.

2. Acumulación

Procede acumular los juicios ciudadanos, al existir conexidad en la causa, esto es, identidad en la autoridad responsable, así como del acto motivo de controversia, por lo que resulta conveniente que el estudio se realice en forma conjunta.[2]

En consecuencia, los expedientes SUP-JDC-8819/2020 a SUP-JDC-9348/2020, así como SUP-JDC-9466/2020 al SUP-JDC-9912/2020 se deben acumular al diverso SUP-JDC-8818/2020, por ser el primero que se recibió en esta Sala Superior.

Por tanto, se deberá glosar la certificación de los puntos resolutivos de la sentencia a los expedientes acumulados.

3. Radicación, admisión y cierre de instrucción

En términos del artículo 19 de la Ley de Medios y en atención al principio de economía procesal, en la propia sentencia se: i) radican los medios de impugnación, ii) ordena integrar las constancias atinentes y iii) se tiene a la responsable rindiendo el respectivo informe circunstanciado.[3]

Asimismo, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 189, fracción XIX, y 199, fracciones VII y XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 19, párrafo 1, incisos e) y f), de la Ley de Medios, así como 15, fracciones I y IX del Reglamento Interno de este Tribunal, se admiten a trámite y, al estar debidamente integrados los expedientes, se declara cerrada la instrucción.[4]

4. Improcedencia

4.1. Falta de firma

Los juicios ciudadanos SUP-JDC-9126/2020 y SUP-JDC-9136/2020, no reúnen los requisitos para su procedencia[5], en atención a las consideraciones siguientes.

El artículo 9, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios establece que los medios de impugnación, dentro de los que se encuentra incluido el juicio ciudadano, deben promoverse mediante escrito, que contenga, entre otros requisitos, el nombre y la firma autógrafa de la parte actora.

Por su parte, el párrafo 3, del artículo citado, dispone el desechamiento de la demanda de los medios de impugnación, cuando ésta carezca de firma autógrafa.

Ello, dado que la importancia de colmar tal requisito radica en que la firma autógrafa es el conjunto de rasgos puestos del puño y letra de la o el promovente, que producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la finalidad de asentar esa firma consiste en dar autenticidad al escrito de demanda, identificar a la persona autora o suscriptora del documento y vinculante con el acto jurídico contenido en el ocurso.

De ahí que, la firma constituya un elemento esencial de validez del medio de impugnación que se presenta por escrito, cuya carencia trae como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica procesal.

Por tanto, ante el incumplimiento de ese requisito, la ley dispone la improcedencia del medio de impugnación, debido a la falta del elemento idóneo para acreditar la autenticidad de la voluntad del enjuiciante para ejercer el derecho público de acción.

En los casos en estudio, es de resaltar que, del análisis de las hojas que integran el escrito de demanda de cada juicio ciudadano, en ninguna de ellas se observa que se hubiera asentado la firma autógrafa de quienes presuntamente promueven los juicios.

De ahí que, como ya se explicó, las circunstancias relativas a que no se haya plasmado por puño y letra la rúbrica de la parte actora en la demanda, producen incertidumbre sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción sin que ello se desvirtúe con alguna otra constancia que obre en los expedientes.

En tales condiciones, si las demandas carecen de la firma autógrafa, de conformidad con lo previsto en el artículo 9, párrafos 1, inciso g), y 3, de la Ley de Medios, lo conducente es declarar su improcedencia y dado que fueron admitidos previamente, debe decretarse su sobreseimiento.

4.2. Preclusión

Los juicios que se precisan enseguida son improcedentes y, por tanto, deben sobreseerse, al haber precluido el derecho de acción de las partes promoventes con la presentación de una demanda previa.

Lo anterior, toda vez que las y los promoventes se encuentran impedidos jurídicamente para hacer valer su derecho de acción, mediante la presentación de un nuevo escrito de demanda en el que aduzcan motivos de inconformidad similares respecto a su primer escrito presentado, ya que, esta ejecución implica el ejercicio de una facultad ya consumada, así como el indebido retorno a etapas procesales concluidas definitivamente.

El artículo 9, párrafo 3, de la Ley de Medios prevé la improcedencia de los juicios, entre otros supuestos, cuando se agota el derecho de impugnación, por controvertirse el mismo acto que en una primera demanda ya fue combatido por la misma persona promovente.

A partir de las disposiciones procesales que regulan la presentación y la sustanciación de los medios de impugnación, previstas en los artículos 3, 8, 17, 18 y 19 de la Ley de Medios, esta Sala Superior ha sustentado el criterio de que el derecho a impugnar sólo se puede ejercer dentro del plazo legal correspondiente en una sola ocasión en contra del mismo acto.

En ese sentido, ha establecido que la presentación –por primera vez– de un medio de impugnación en contra de cierto acto implica el ejercicio real del derecho de acción por parte del sujeto legitimado. En consecuencia, por regla general, las partes promoventes no pueden presentar nuevas demandas en contra del mismo acto y, de hacerlo, aquellas que se presenten posteriormente deben desecharse[6].

Así, la preclusión de la facultad procesal para iniciar un juicio deriva de los principios que rigen el proceso.

En virtud de lo anterior, tales efectos jurídicos constituyen razón suficiente y justificada para que, una vez promovido un medio de impugnación tendente a controvertir determinado acto, resulte jurídicamente improcedente presentar ulteriores demandas.

En el caso, se actualiza la referida causal de improcedencia, en la medida que, de forma previa, las y los promoventes señalados habían presentado demandas ante este órgano jurisdiccional conforme lo que se señala a continuación, en las que hicieron valer idénticos planteamientos, vinculados con la presunta afectación a sus derechos de afiliación y de audiencia.

Por tanto, ante la identidad de argumentos, se estima que el derecho a impugnar ha precluido, toda vez que, está jurídicamente vedado que en un escrito posterior se pretenda perfeccionar o replicar los planteamientos ya formulados.

En consecuencia, se sobreseen los expedientes indicados, en términos del artículo 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios.

4.3 Inexistencia del acto

El artículo 9, párrafo 3, de la Ley de Medios, al haberse presentado la demanda sin previa emisión de algún acto de autoridad, hace que se actualice una causa de improcedencia que impide el conocimiento de fondo del asunto.

Respecto de los asuntos precisados en la siguiente tabla, la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, informa que, contrario a lo sostenido por las partes enjuiciantes, su afiliación a la Organización es completamente válida.

Al respecto, se tiene en cuenta que en el artículo 41, párrafo segundo, base IV, de la Constitución, se prevé el establecimiento de un sistema de medios de impugnación para garantizar los principios de legalidad de los actos y resoluciones electorales, en los términos que señale la propia Constitución y la ley.

Conforme a lo previsto en los artículos 99, cuarto párrafo, fracción V, del ordenamiento constitucional invocado; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3 y 79 de la Ley de Medios, a este órgano jurisdiccional corresponde conocer y resolver en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos y ciudadanas de votar, y ser votados y votadas en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Sin embargo, para que el juicio de la ciudadanía sea procedente, debe existir un acto o resolución al cual se le atribuya la conculcación de esa clase de derechos, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, párrafo 1, de la Ley de Medios, las resoluciones que recaen al juicio referido pueden tener el efecto de confirmar el acto o resolución impugnado, o bien, de revocarlo o modificarlo, para restituir a quien lo promueve en el goce del derecho político-electoral conculcado.

Lo anterior es relevante, pues si no existe el acto o la omisión atribuida a una autoridad electoral, la consecuencia jurídica es el desechamiento de la demanda ante la imposibilidad material y jurídica para ocuparse del estudio del caso, pues no existe posibilidad de analizar las cuestiones de fondo y, en su caso, dictar la resolución que se pronuncie sobre los derechos involucrados.

Esto es así, porque si no existe un acto o resolución con las características referidas, no se justifica la instauración del juicio, y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 11, párrafo 1, inciso c), en relación con el numeral 9, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios.

Tal requisito no debe entenderse únicamente desde un punto de vista formal como la simple mención, en el escrito de demanda, de un acto (positivo o negativo), sino también en un sentido material, que implica la existencia misma en el mundo fáctico del acto reclamado, de manera que, si no existe el acto positivo o negativo, no se justifica la instauración del juicio.

En el caso, el acto materia de impugnación es inexistente, puesto que la autoridad responsable sostiene como válido el registro de las y los actores a la Organización, lo cual implica que no hay motivo de controversia respecto de lo que deba pronunciarse esta Sala Superior.

Lo anterior, sobre la base de que la impugnación se sustenta a partir de una llamada por parte de la dirigencia de la organización de referencia, en la que les hace de su conocimiento que supuestamente se dejó de contabilizar su afiliación en favor de la Organización.

Sin embargo, como en los casos señalados la afiliación a la Organización es válida y cuenta con plena vigencia, como lo informa la responsable, no existe un acto de autoridad que respalde lo afirmado en la comunicación de referencia.

Por ello, ante la inexistencia del acto impugnado, es imposible integrar un litigio; por tanto, se debe sobreseer en los juicios señalados.

5. Procedibilidad

En los siguientes juicios se satisfacen los presupuestos procesales, así como los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79 y 80, de la Ley de Medios.

5.1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito; se hace constar el nombre y firma autógrafa de las y los promoventes; se identifica el acto motivo de controversia; se enuncian los hechos y agravios en los que se funda la impugnación; así como los preceptos presuntamente violados.

5.2. Oportunidad. Las demandas fueron presentadas oportunamente considerando que el reclamo lo constituye la posible afectación de los derechos de asociación, afiliación y audiencia de las y los actores, por la omisión del INE de notificarles las razones que sustentan la “omisión o rechazo” de su afiliación a la Organización.

Por tanto, los medios de impugnación se promovieron en tiempo, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia 15/2011, de rubro PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES, que indica que cuando se controvierten omisiones de una autoridad electoral, debe entenderse, en principio, que el mencionado acto (omisión) genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido.

5.3. Legitimación. Los medios de impugnación se promueven por parte legítima, dado que las actoras y actores son ciudadanos que impugnan un acto que estiman afectan sus derechos de afiliación y audiencia.

5.4. Interés jurídico. Esta exigencia se encuentra satisfecha porque las y los promoventes manifiestan una afectación a su ámbito de derechos con motivo de la determinación del INE de rechazar su afiliación a la Organización.

5.5. Definitividad. Los actos que se controvierten son definitivos, porque no prevén algún recurso o medio que pueda ser agotado por las y los actores, mediante el cual puedan ser tutelados sus derechos que estiman violentados; por tanto, se trata de un acto definitivo y firme para la procedencia de cada juicio ciudadano, en tal sentido, no se actualiza la figura de salto de instancia solicitada por las y los actores.

Así, al haberse colmado los requisitos de procedencia, se estima conducente estudiar el planteamiento que hace valer la actora. 

6. Estudio de fondo

6.1. Síntesis de agravios, pretensión y causa de pedir

Las y los actores hacen valer los siguientes motivos de agravio.

         El rechazo de su afiliación es ilegal y contrario a los principios de certeza, legalidad y debida motivación y fundamentación, así como a sus derechos de audiencia y asociación.

         La ilegal y arbitraria “omisión o rechazo” de la autoridad responsable, al suprimir sus afiliaciones de la Organización, sin que se les haya notificado los motivos para ello.

         Al respecto, destacan que tal circunstancia vulnera sus derechos de asociación, así como de seguridad jurídica, al no haber sido oídos y vencidos en juicio, con las garantías de debido proceso, de conformidad con el marco nacional e internacional en materia de derechos humanos.

En este contexto, la pretensión de las y los actores es que sea considerada su afiliación a la Organización, en el marco del proceso de creación de nuevos partidos políticos.

Su causa de pedir la sustentan en el hecho de que la “omisión o rechazo” de su afiliación a la Organización vulnera sus derechos de asociación política y afiliación, así como de audiencia, al no haber recibido notificación de las razones para tal determinación.

6.2. Metodología de estudio

El análisis de los agravios se realizará por temas, de conformidad con la razón por la cual no fue contabilizada la afiliación de cada una de las personas actoras, sin que tal situación genere agravio a las partes promoventes porque no es la forma como los agravios se estudian lo que puede originar un perjuicio a las y los inconformes, ya que lo trascendente es que todos los motivos de inconformidad sean analizados.[7]

6.3. Tesis de la decisión

Los agravios se consideran infundados porque la autoridad responsable de manera justificada, en cada caso, advirtió la falta de manifestación formal de afiliación física a través del régimen de excepción, o bien, del requisito indispensable establecido en el Instructivo.

6.4. Consideraciones que sustentan la decisión

Para analizar los planteamientos de las y los enjuiciantes es necesario precisar los alcances y distinciones de los derechos de asociación, asociación en materia político-electoral y afiliación, para determinar si el acto impugnado vulnera tales prerrogativas. Así, como determinar el marco normativo que regula el ejercicio de estos derechos dentro del procedimiento de constitución de nuevos partidos políticos nacionales.

6.4.1. Derecho de asociación

El derecho de asociación se encuentra previsto en el artículo 9 de la Constitución General, al establecer que no podrá coartarse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con un objeto lícito, siendo prerrogativa únicamente de las personas que cuentan con ciudadanía mexicana reunirse para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Ha sido criterio de esta Sala Superior que se trata de un derecho complejo compuesto por libertades de índole positiva y negativa que permiten que cualquier individuo pueda establecer, por sí mismo y junto con otras personas, una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo objetivo y finalidad lícita sea de libre elección[8], o bien, exclusivamente pueda adherirse a una organización previamente instituida.

Este derecho se manifiesta en tres dimensiones:

1.        Como el derecho de asociarse formando una asociación o incorporándose a una ya existente;

2.        Como el derecho a permanecer en una asociación o renunciar a ella, y

3.        Como el derecho de no asociarse, lo que en sentido opuesto implica la correlativa obligación de la autoridad de no limitar estos derechos ni de obligar a asociarse[9].

6.4.2. Derecho de asociación en materia político-electoral

En materia político-electoral, el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución General, que establece como derecho de la ciudadanía, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

Esta libertad propicia el pluralismo político y la participación ciudadana en los asuntos públicos, de modo que constituye una condición necesaria de todo Estado constitucional democrático de Derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas, sino que incidiría negativamente en la eficacia de distintos principios constitucionales como el principio democrático, entre otros; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos[10] y es condición necesaria para una democracia.

Al respecto, el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Además, que el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás

Por su parte, el numeral 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras y el ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Sobre este último precepto, el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General No. 25, destacó que los ciudadanos “también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo público con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse. Esta participación se respalda garantizando la libertad de expresión, reunión y asociación.”[11]

El derecho de libre asociación en materia política supone que los Estados establezcan las condiciones necesarias para garantizar dicha libertad. Una de esas condiciones está relacionada con la constitución y registro de los partidos políticos, por considerar que éstos constituyen una de las formas mediante las cuales se ejerce esta libertad.

6.4.3. Derecho de afiliación

Sobre el derecho de afiliación, esta Sala Superior ha establecido que se trata de un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas.

Es decir, para concretizar el derecho de afiliación es necesaria una decisión administrativa o jurisdiccional previa dentro del procedimiento de constitución de una organización ciudadana como partido político[12].

Sin esta determinación formal, las personas que se adhieran a una organización de ciudadanos que pretende obtener su registro como partido político no tienen el carácter de afiliadas o afiliados en sentido estricto, pues si bien cuentan con el derecho de asociarse en materia política y lo ejercen al adherirse a una organización con fines políticos, no cuentan con las prerrogativas específicas que tiene una persona afiliada a un partido o agrupación política.

Esta distinción es de gran relevancia en el caso porque las partes promoventes aducen vulneración a su derecho de afiliación a una organización de ciudadanos que pretende obtener su registro como partido político nacional.

Al respecto, se destaca que las personas que se adhieran a las distintas organizaciones con la pretensión de ser registradas como partidos políticos, si bien se pueden asumir como afiliadas al pertenecer a una asociación, en un sentido lato, gramatical, de la palabra, no tienen este carácter desde una óptica jurídica estricta, pues lo obtienen cuando la organización a la que forman parte es registrada como instituto político.

Si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución General.

Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse[13].

6.4.4. Procedimiento de asociación a organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional

En lo que interesa, el artículo 41, párrafo tercero, base I, primer párrafo, de la Constitución General dispone que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal.

En cumplimiento a lo anterior, el artículo 10, párrafos 1 y 2, incisos a) y b), de la Ley de Partidos establece que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional deberán obtener su registro ante el INE, para lo cual, se deberá verificar que cumpla, entre otros, con los requisitos siguientes:

                Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esa Ley; y

                Contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Por su parte, el artículo 11, párrafo 1, de la misma Ley, señala que la organización ciudadana que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el Instituto deberá informar tal propósito en el mes de enero del año siguiente al de la elección Presidencial.

La Dirección Ejecutiva es el órgano facultado para conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como partido político nacional, recibir solicitudes de registro de quienes hayan cumplido requisitos, e integrar el expediente respectivo, para que el Secretario Ejecutivo lo someta a la consideración del Consejo General del INE. [14]

Para ello, el INE verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento, por lo que constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en formación, ya sea a través de un método aleatorio en los términos de los lineamientos que establezca el Consejo General.[15]

Una vez que se dé el aviso de intención de registro de un partido político nacional, la organización deberá acreditar en principio la celebración de asambleas estatales o distritales, así como la nacional en los términos estipulados en la Ley, y la elaboración de sus documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos).[16]

Hecho lo anterior, la organización que desea constituirse en un partido político nacional, deberá llevar a cabo la manifestación formal de afiliación, que refleje de manera cierta y objetiva que la voluntad de adhesión de la ciudadanía guarda vigencia y actualidad en relación al proceso de registro.[17]

La totalidad de solicitudes de afiliaciones que la organización envíe o entregue al INE se considerarán preliminares y estarán sujetas a revisión. Para ello, se cuenta con una aplicación móvil para recabarlas, lo que permitirá a la autoridad verificar y validar las afiliaciones, ya que permite conocer la situación registral en el padrón electoral, elaborar reportes para verificar nombres y número total de solicitudes recibidas.

En todos los casos las listas de afiliadas y afiliados[18] deberán cumplir con los requisitos siguientes:[19]

        Apellidos paterno y materno, nombre (s);

        Domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio y entidad);

        Clave de elector;

        Folio de la credencial para votar (OCR); y

        Estar sustentadas por las respectivas manifestaciones.

La Dirección Ejecutiva realizará el cruce de información de las solicitudes de afiliación, a fin de evitar alguna duplicidad, en el portal web se podrán verificar el número de registros de afiliaciones, inconsistencias detectadas y en las mesas de control las organizaciones obtendrán un listado de ellas.[20]

Al respecto, en el Instructivo se precisan los elementos objetivos con los que se constatará el cumplimiento de los requisitos y procedimientos señalados en la Ley General, para constituirse en partido político nacional.

El Instructivo aprobado indica cuáles registros deben considerarse no válidos:

a)       Aquellos cuya imagen no corresponda con el original de la Credencial para Votar, que emite el Instituto a favor de la persona que manifiesta su voluntad para afiliarse a través de la aplicación móvil.

b)       Aquellos cuya imagen de la Credencial para Votar únicamente esté al anverso o reverso.

c)       Aquellos cuyo anverso y reverso no correspondan a la misma credencial para votar.

d)       Aquellos cuyo anverso y reverso sean distintas credenciales.

e)       Aquellos cuya imagen de la credencial para votar corresponda a una fotocopia, ya sea en blanco y negro o color.

f)         Aquella cuya supuesta imagen de la credencial para votar no haya sido obtenida directamente del original, sin presencia física al momento de realizar la manifestación.

g)       Aquellos cuya imagen del original de la Credencial para votar sea ilegible: fotografía; clave de elector; firma; OCR, CIC, Código QR, Código de Barras.

h)       Aquellas cuya fotografía (presencial) no corresponda con la persona a la que pertenece la credencial para votar, según se advierta de la revisión de datos biométricos.

i)          Aquellos que no se encuentren respaldado por la firma, carece de validez un punto, línea, cruz, paloma, “X”, y en general cualquier símbolo distinto al que tiene registrado en la credencial para votar, o se plasme un nombre distinto.

En la revisión que realice la Mesa de Control de los registros de afiliación que remitió en su oportunidad la Organización, de detectarse alguna irregularidad en éstos se clasificarán como no válidos o con inconsistencias.[21]

6.5. Análisis del caso

En el caso, las y los promoventes aducen que la “omisión o rechazo” de su afiliación a la Organización, vulnera sus derechos de asociación, afiliación y de audiencia, al no haber recibido notificación de las razones para tal determinación. Sin embargo, la autoridad responsable no se encontraba en posibilidad de considerar su registro como se expone a continuación.

6.5.1 Duplicidad de registros

En este supuesto se encuentran los siguientes juicios: