JUICIO ELECTORAL

 

EXPEDIENTE: SUP-JE-002/2015

 

ACTOR: ERNESTO POMPEYO CERDA SERNA

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

 

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

SECRETARIA: AURORA ROJAS BONILLA

 

México, Distrito Federal, a diecinueve de febrero de dos mil quince.

 

Vistos, para resolver los autos del juicio electoral, identificado con la clave SUP-JE-002/2015, promovido por Ernesto Pompeyo Cerda Serna, para controvertir la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el expediente PES-005/2014, que declaró inexistente la violación objeto de la denuncia presentada por el ahora promovente en contra de Roberto Ugo Ruíz Cortés, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, por la comisión de actos anticipados de campaña vinculados con la elección de Gobernador.

 

R E S U L T A N D O:

 

PRIMERO. Antecedentes. De la narración de hechos de la demanda y de las constancias que obran en autos del juicio que se analiza, se advierte lo siguiente:

 

1. Denuncia. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, Ernesto Pompeyo Cerda Serna presentó denuncia ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra de Roberto Ugo Ruíz Cortés, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, previstos en la fracción III del artículo 370 de la Ley Electoral Estatal.

 

Lo anterior, al considerar que en diferentes medios de comunicación el denunciado manifestó su interés por contender para la gubernatura de Nuevo León e instaló espectaculares con su imagen y nombre fuera del área geográfica del Municipio.

 

2. Procedimiento especial sancionador. En la misma fecha, la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral acordó reencauzar la denuncia a fin de que se tramitara como procedimiento especial sancionador, ordenó emplazar al denunciado y señaló día y hora para la audiencia de pruebas y alegatos.

 

3. Remisión y recepción del expediente del procedimiento especial sancionador. El siete de noviembre, la referida Dirección Jurídica remitió el expediente junto con el informe circunstanciado al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en términos de lo previsto en el artículo 373 de la Ley Electoral local, el cual fue radicado con la clave PES-005/2014.

 

4. Sentencia impugnada. El diecisiete de noviembre siguiente, el Tribunal Electoral Local resolvió declarar inexistente la violación objeto de denuncia.

 

La sentencia de mérito se notificó al actor el dieciocho de noviembre inmediato.

 

SEGUNDO. Juicio de revisión constitucional electoral. El veintidós de noviembre de dos mil catorce, el actor presentó demanda de juicio de revisión constitucional electoral para impugnar la sentencia local antes mencionada.

 

1. Remisión a Sala Regional. El veintitrés de noviembre posterior, mediante oficio TEE-428/2014, de la misma fecha, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Local remitió a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, la demanda mencionada, el informe circunstanciado y demás documentación que estimó atinente.

 

2. Acuerdo de incompetencia. El propio veintitrés de noviembre, con base en el Acuerdo General 2/2014, el Magistrado Presidente de la Sala Regional referida, al estimar que sobre la materia de la presente impugnación no se surtía la competencia de dicha Sala, acordó remitir a esta Sala Superior los autos del juicio al rubro citado.

 

3. Recepción en la Sala Superior. El veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, en cumplimiento del acuerdo antes citado, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior la documentación relacionada con el presente juicio.

 

4. Turno a Ponencia. En esa misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-JRC-456/2014 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López para que propusiera a la Sala Superior la determinación que en derecho estimara procedente respecto del planteamiento de incompetencia.

 

5. Radicación. En su oportunidad, el Magistrado Instructor acordó radicar en su Ponencia el medio de impugnación señalado.

 

6. Reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de esta Sala Superior de doce de enero siguiente, se determinó reencauzar el juicio de revisión constitucional electoral a juicio electoral, lo cual motivó la integración del expediente SUP-JE-002/2015, el cual fue turnado nuevamente a la Ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López.

 

7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado ponente radicó, admitió el juicio electoral y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia.

 

C O N S I D E R A N D O:

 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el juicio electoral al rubro identificado, con fundamento en los artículos 17, párrafo segundo; 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Ello, toda vez que se trata de una impugnación promovida por un ciudadano por su propio derecho, respecto de la cual, si bien no procede alguno de los medios de impugnación expresamente previstos en la legislación adjetiva electoral federal, en aras de garantizar el acceso a la justicia y por estar involucrado el análisis de la constitucionalidad y legalidad de la determinación de una autoridad electoral local, mediante la cual declaró inexistente la violación objeto de la denuncia presentada por el ahora promovente en contra de Roberto Ugo Ruíz Cortés, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, por la comisión de actos anticipados de campaña vinculados con la elección de Gobernador, esta Sala Superior es competente para conocer y resolver la controversia planteada, de conformidad con las razones expuestas en el acuerdo de reencauzamiento dictado el pasado doce de enero de la anualidad en curso en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-456/2014.

 

SEGUNDO. Causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable. La autoridad responsable aduce en su informe circunstanciado que en la especie impera la causal de improcedencia prevista en el párrafo 2 del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el inciso b), párrafo 1, del propio numeral, toda vez que, en su opinión, la resolución combatida no vulnera precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Esta Sala Superior considera que debe desestimarse la causal de improcedencia hecha valer por la responsable, toda vez que el supuesto invocado no es aplicable al juicio electoral en estudio.

 

En efecto, el Tribunal Electoral Local invoca una causa de improcedencia vinculada con el supuesto incumplimiento de un requisito especial de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral. Sin embargo, debe estimarse que si bien dicha vía fue la intentada por el promovente, lo cierto es que una vez reencauzada la demanda, únicamente deben satisfacerse los requisitos de procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto impugnado.

 

Lo anterior encuentra sustento en el criterio sustentado por  esta Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 1/97, de rubro:MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA”[1].

 

En el caso, mediante acuerdo plenario de doce de enero de dos mil quince, este órgano jurisdiccional determinó reencauzar el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-456/2014 al juicio electoral en que se actúa, por tanto, la procedibilidad del presente medio de impugnación dependerá del cumplimiento de los requisitos que le son inherentes a esta vía impugnativa.

 

En este sentido, se estima que para la procedencia del juicio electoral únicamente es necesario cumplir con los requisitos generales de todos los medios de impugnación en materia electoral, relativos a la forma, oportunidad, legitimación e interés jurídico del promovente, así como a la definitividad del acto impugnado, tal como lo disponen los artículos 8 y 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en relación con el diverso numeral 10, párrafo 1, incisos b) y c), al no estar prevista en la citada ley adjetiva una regla particular para determinar su procedibilidad, según lo dispone el artículo 6, párrafo 1, de la citada ley procesal electoral.

 

En este orden de ideas, se estima innecesario que el juicio electoral en estudio cumpla con el requisito especial de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral relativo a que el acto reclamado se susceptible de violar algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido que debe entenderse como un requisito formal y que el actor aduzca esa infracción.

 

Sin que pase inadvertido que el actor sí aduce que el acto reclamado, produce violaciones a varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que es infundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, por lo que lo procedente conforme a derecho es analizar si en el caso se satisfacen los requisitos de procedibilidad aplicables al juicio electoral.

 

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. A juicio de esta Sala Superior se surten los requisitos generales de procedibilidad del medio de impugnación, como se analiza enseguida:

 

a) Forma. La demanda se presentó ante la autoridad responsable; contiene nombre y firma autógrafa del promovente; en ella se señala domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se relatan los hechos y los agravios que estima le causa el acto impugnado; se mencionan los preceptos presuntamente violados y se ofrecen pruebas, de ahí que deban estimarse cumplidas las formalidades esenciales para su procedibilidad.

 

b) Oportunidad. La promoción del medio de impugnación se considera oportuna, toda vez que la resolución reclamada fue notificada al actor el dieciocho de noviembre de dos mil catorce y la presentación de la demanda se hizo el veintidós de noviembre siguiente; por ende, se interpuso dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8, párrafo 1, en relación con el diverso numeral 7, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al estar en curso el proceso electoral local en el Estado de Nuevo León.

 

c) Legitimación. El ciudadano actor está legitimado para promover el presente juicio electoral, en tanto que fue quien presentó la denuncia que dio origen al procedimiento especial sancionador local de cuya resolución se queja en esta instancia.

 

Al respecto, resulta aplicable, mutatis mutandis, la jurisprudencia 10/2003, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS CIUDADANOS DENUNCIANTES ESTÁN LEGITIMADOS PARA APELAR LA DETERMINACIÓN EMITIDA"[2].

 

d) Interés jurídico. El promovente, como denunciante de los hechos objeto de análisis en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-005/2014, tiene interés jurídico para impugnar la sentencia recaída a éste.

 

Lo anterior, toda vez que ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional electoral federal que los sujetos involucrados en un procedimiento administrativo sancionador, sean denunciantes o denunciados, cuentan con interés jurídico directo para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades electorales que recaen a un procedimiento de esa naturaleza, pues cuentan con el derecho de que tales decisiones se apeguen a los principios de constitucionalidad y de legalidad.

 

Además, en el caso particular, el juicio electoral es el medio de impugnación eficaz para reparar las conculcaciones a tales principios rectores de la materia electoral.

 

e) Definitividad. El acto combatido reviste las características de definitividad y firmeza que hacen susceptible la impugnación ante este órgano jurisdiccional federal, porque en la normatividad electoral del Estado de Nuevo León no se prevé algún medio de impugnación eficaz para controvertirlo; esto es, algún recurso que pudiera hacer susceptible su revocación o modificación.

 

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de procedencia del presente juicio, y al no advertir que se actualice ninguna causal de improcedencia, se procede al estudio del fondo de la controversia planteada.

 

CUARTO. Sentencia impugnada. De conformidad con el principio de economía procesal y, en especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, se estima innecesario transcribir la sentencia impugnada; máxime que se tiene a la vista en el expediente respectivo para su debido análisis.

 

Al respecto, resulta criterio orientador las razones contenidas en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: “ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO[3].

 

QUINTO. Agravios. Con base en el principio de economía procesal y en especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto de la presente ejecutoria, resulta innecesario transcribir las alegaciones expuestas en vía de agravios por el accionante, ya que no existe disposición alguna que obligue a esta Sala Superior a transcribirlos en la presente ejecutoria, en tanto que es suficiente con el hecho de que ésta sea clara, precisa y congruente con la pretensión del justiciable.

 

SEXTO. Resumen de agravios.

 

En los cinco agravios expresados en su demanda, el promovente manifiesta que la sentencia impugnada vulnera lo dispuesto en los artículos 1; 14; 16; 41, fracción VI; 116, fracción IV y 134 de la Constitución Federal, así como los correlativos  de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en relación con los artículos 1; 3; 4; 7, fracción II; 85 fracciones I, II, III, IV, V y VI, y 347, fracción XIV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, así como los principios que rigen a los derechos humanos y a la materia electoral.

 

En específico, en su agravio primero el enjuiciante aduce que el acto controvertido vulnera el principio de legalidad electoral, toda vez que, desde su perspectiva, se encuentra indebidamente fundado y motivado pues, contrario a lo expuesto por el Tribunal Electoral Local, considera que en el expediente sí existen documentales, allegadas por la propia Comisión Estatal Electoral, que acreditan la intención del denunciado de contender como candidato a Gobernador, entre las que se encuentran diversas notas periodísticas y audios de diferentes medios de comunicación, las cuales relaciona con la diligencia de inspección a diferentes espectaculares instalados en varios municipios del Estado de Nuevo León.

 

En el segundo de sus motivos de inconformidad, el actor se queja de que la responsable transgrede el principio de exhaustividad que debe regir las resoluciones, pues no examinó todas las pruebas que obran en el expediente.

 

Al respecto, el impetrante argumenta que, al resolver, el Tribunal Electoral Local no tomó en cuenta la instrumental de actuaciones existente dentro del expediente, pues en ninguna de sus partes menciona lo realizado dentro de la audiencia de pruebas y alegatos, sino que sólo se limita a señalar la celebración de la misma. Igualmente sostiene que en ninguna parte de la sentencia impugnada se hizo alusión a la documental en vía de informe realizada por el Departamento de Comunicación de la Comisión Estatal Electoral, ni a la diligencia de inspección realizada por dicha autoridad electoral, no obstante que tales documentales reúnen los requisitos legales establecidos para ser considerados como prueba.

 

En ese tenor, el actor considera que el Tribunal responsable dejó de aplicar diversas tesis jurisprudenciales emitidas por esta Sala Superior, con los rubros: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”, “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”, “DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA”, “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”, “PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES” y “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”.

 

Por otro lado, en el agravio tercero del accionante estima que es contrario a Derecho que el Tribunal responsable considerara que, aun en el supuesto de que se hubiera acreditado el acto anticipado de campaña realizado por el denunciado en relación con la gubernatura del Estado de Nuevo León, ello resultaba irrelevante.

 

El actor refiere que, en el supuesto sin conceder que él mismo fuera candidato a dicho cargo de elección popular, la campaña sería completamente inequitativa, pues aun sin encontrarse en curso el periodo de precampaña, ni mucho menos el de campaña, el denunciado, al pronunciarse como aspirante a tal gubernatura, ya tendría tiempo posicionándose ante la ciudadanía, con lo que estaría tomando una posición privilegiada respecto de los demás ciudadanos que pretendan ser candidatos. Por lo que concluye que el razonamiento del Tribunal Electoral Local es conculcatorio de los principios de igualdad y de equidad en la contienda.

 

Apoya su argumentación en las jurisprudencias emitidas por este órgano jurisdiccional con los rubros: “ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL”, “ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS PRECANDIDATOS PUEDEN SER SUJETOS ACTIVOS EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”, “PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD”.

 

En otro orden de ideas, en el cuarto motivo de inconformidad el enjuiciante expresa que la resolución impugnada transgrede los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben regir todos los actos de las autoridades electorales porque, a pesar de que el propio Tribunal responsable reconoció que la difusión del informe anual de labores debe realizarse dentro del ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, contrario a Derecho, emitió un razonamiento relativo a la cobertura regional haciendo una comparación con los canales de radio y televisión, actos completamente diferentes a colocación de espectaculares.

 

De acuerdo con el enjuiciante, si bien es cierto que el radio y la televisión tienen cobertura regional, también lo es que los anuncios panorámicos son ubicados donde lo solicite el funcionario y, en la especie, los espectaculares se colocaron fuera del ámbito geográfico de responsabilidad del denunciado, por lo que considera que los razonamientos expuestos por el Tribunal Electoral Local no tienen aplicación en el caso analizado.

 

Al respecto, cita los siguientes criterios jurisprudenciales de esta Sala Superior, de los que sostiene se establecen las condiciones para distinguir la propaganda gubernamental de la propaganda electoral: “PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”, “PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA”, y cita los recursos de apelación 74, 75, 173, 197 y 213 de dos mil ocho, así como 43 y 150 de dos mil nueve, del índice de este órgano jurisdiccional federal.

 

Finalmente, en el agravio quinto el promovente sostiene que el Tribunal responsable incumplió las obligaciones previstas en el artículo 1º de la Constitución Federal y su correlativo de la Constitución local, porque, en primer lugar, en la resolución no se consideraron los principios rectores de los derechos humanos de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.

 

En segundo lugar, porque el Tribunal Electoral local no aplicó lo expuesto en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, en específico, lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En relación con lo cual el impetrante considera que también se incumple con el criterio sustentado el doce de julio de dos mil catorce por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que reconoce la obligación de todas las autoridades jurisdiccionales de llevar a cabo el control de constitucionalidad y convencionalidad.

 

Por todo lo anterior, el actor solicita a esta Sala Superior que revoque la sentencia impugnada a fin de que el Tribunal Electoral responsable emita otra en la que tome en cuenta los principios rectores de los derechos humanos, así como aquellos que rigen la materia electoral.

 

SÉPTIMO. Estudio de fondo.

 

Planteamiento del caso

 

La pretensión del actor consiste en que se revoque la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el expediente PES-005/2014, que declaró inexistente la violación objeto de la denuncia presentada por el ahora promovente en contra de Roberto Ugo Ruíz Cortés, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, por la comisión de actos anticipados de campaña vinculados con la elección de Gobernador.

 

Lo anterior a fin de que se determine que el citado Presidente Municipal incurrió en actos anticipados de campaña derivado de que ha hecho pública su manifestación de contender para la elección de Gobernador en la entidad, en diversos medios de comunicación.

 

La causa de pedir la hace consistir, por un lado, en la falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada y, por otro, en virtud de que, por un lado, la responsable omitió valorar pruebas que fueron allegadas al expediente por la autoridad requerida y, por otro, no se valoraron de manera correcta las pruebas que obran en autos, lo que ocasionó, según el actor, que incorrectamente se estimara que los hechos denunciados no constituían actos anticipados de campaña.

 

En consecuencia, la litis del juicio electoral se centra en determinar si la resolución reclamada cumple con las garantías de fundamentación y motivación, a partir de la valoración del acervo probatorio.

 

Esta Sala Superior considera infundados los agravios, en los cuales, el actor sostiene, en lo medular, que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada, al estimar que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, pues en concepto del demandante, de las pruebas se demuestra dicho elemento.

 

Por principio, conviene tener presente que la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa.

 

En efecto, el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: a) la derivada de su falta; y, b) la correspondiente a su inexactitud.

 

Así, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.

 

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.

 

De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto.

 

Tal diferencia permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura de la resolución controvertida, procederá revocar la determinación impugnada; y en el segundo caso, consiste en una violación material o de fondo, porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo favorable, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada equivocación.

 

En suma, la obligación de fundar un acto o determinación, establecida en el artículo 16, de la Constitución Federal, se traduce en el deber, por parte de la autoridad emisora, de expresar con claridad y precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto; es decir, citar las disposiciones normativas que rigen la medida adoptada.

 

Por su parte, la motivación es la exposición de las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar a la emisión del acto reclamado, indicándose las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que sirvan de sustento para la emisión de dicho acto, con lo cual se tiende a demostrar racionalmente que determinada situación de hecho produce la actualización de los supuestos contenidos en los preceptos invocados en ese acto de autoridad.

 

Así, resulta ineludible la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia con número de registro 238212, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos 97-102, Tercera Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

 

En primer lugar y a efecto, de dilucidar el motivo de inconformidad bajo análisis, por cuanto hace a la falta e indebida fundamentación y motivación, conviene tener presentes las consideraciones generales emitidas, por el Tribunal Electoral local, en la resolución impugnada, las cuales, en esencia, son del orden siguiente:

 

En primer lugar, el Tribunal Local procedió a fundar y motivar su competencia, así como a transcribir los hechos señalados en el escrito de denuncia y a exponer la definición de actos anticipados de campaña y de precampaña, para lo cual se apoyó en el artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[4].

 

Posteriormente, refirió que, en relación con el tema, la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-204/2012, sostuvo que los elementos subjetivo, personal y temporal resultaban indispensables para actualizar los actos anticipados de campaña y, consecuentemente, la violación a la norma electoral que prohíbe su realización.

 

En cuanto al elemento subjetivo, refirió que el criterio citado dispone que su actualización sólo se demuestra a través de los medios probatorios pertinentes, si el denunciante evidencia el propósito fundamental del denunciado de presentar una plataforma electoral o bien, si se postula a un cargo de elección popular mediante la petición del voto, pues la prohibición restringe únicamente a este tipo de hechos y no a otros diversos.

 

En seguida, el Tribunal Electoral Local procedió a analizar los hechos denunciados.

 

Al respecto, estimó que no era dable analizar los hechos marcados con los números uno al tres, en tanto que no contenían conducta alguna prevista en la norma electoral analizada con motivo de la denuncia.

 

Esto porque se trataba de declaraciones en las que se señalaba: que el denunciado, Roberto Ugo Ruíz Cortés, ocupa el cargo de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el periodo constitucional 2012-2015; que en junio del presente año se celebrarán elecciones en dicha entidad federativa para elegir al Gobernador, así como a los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos, y que si bien a la fecha de la denuncia había comenzado el proceso electoral, aún no había iniciado el periodo de precampañas.

 

En relación al hecho marcado con el número cuatro, el Tribunal Electoral Local señaló que la denuncia alude a la manifestación pública que se atribuye a Roberto Ugo Ruíz Cortés, respecto de su intención de contender para la gubernatura del Estado de Nuevo León en las próximas elecciones.

 

De manera que precisó que conforme al criterio de la Sala Superior previamente citado, ello no entraña violación alguna a la norma electoral ni podría considerarse como un acto anticipado de precampaña o de campaña, pues aun en el extremo de que lo afirmado por el denunciante resultara debidamente acreditado, sería completamente intrascendente e irrelevante, al no constituir un hecho que amerite la instauración de un procedimiento especial sancionador.

 

Ahora bien, en los hechos marcados con los números cinco y seis, el hoy actor, por una parte, denunció como actos anticipados de campaña, la instalación de distintos espectaculares en los que se incluye la imagen y nombre de Roberto Ugo Ruíz Cortés en diversos lugares del Estado de Nuevo León, esto es, fuera del área geográfica del municipio en donde es presidente municipal y tiene la obligación de rendir su informe; y, por otra, señaló que dichos espectaculares hacen prueba plena de las pretensiones objetivas y reales de su aspiración a un cargo de elección popular.

 

En lo concerniente a dichos hechos, el Tribunal responsable señaló que, acorde a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la difusión del informe anual de labores o gestión de los servidores públicos no puede ser considerada como propaganda, ya que se permite difundir tal información, inclusive a través de radio y televisión, con la restricción de que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional que corresponda al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.

 

Con base en dicha norma, el Tribunal Electoral Local razonó que la difusión de los informes en radio y televisión se encuentra acotada a las estaciones y canales con cobertura regional, en contraposición a los que transmiten nacional o internacionalmente, sin que ello exija que la transmisión se limite al ámbito territorial de responsabilidad del servidor público, sino que, siendo canales regionales, correspondan a ese ámbito.

 

En ese sentido, consideró que si en la norma se permite la difusión en radio y televisión, que son medios de comunicación masiva, con mayor razón debe permitirse la difusión a través de anuncios panorámicos, en tanto que éstos sólo pueden ser advertidos por quienes transiten por los lugares en que los mismos se encuentren instalados, siempre y cuando tales anuncios se ubiquen dentro del ámbito espacial de cobertura regional.

 

Al respecto, puntualizó que los canales de radio y televisión con cobertura regional, que corresponden al ámbito territorial de responsabilidad del servidor público denunciado, se captan en el área conurbada a la cual pertenece el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es decir, que no transmiten exclusivamente en ese municipio, sin que por ello se varíe su condición de cobertura regional.

 

Por tanto, concluyó que si la colocación de publicidad relativa al informe de labores del servidor público denunciado se realizó en espectaculares ubicados dentro del área conurbada, ello no constituía propaganda, ni podía ser considerado como un acto anticipado de precampaña o de campaña.

 

Finalmente, explicó que en los hechos marcados con los números siete al nueve, el actor señaló, primero, que la conducta denunciada encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 347, fracción XIV, de la Ley Electoral local, que prevé sancionar con multa al aspirante que realice actividades de proselitismo o difusión de propaganda por cualquier medio antes de la fecha de inicio de las precampañas; segundo, que acompañaba a la denuncia diversas fotografías con la ubicación de los panorámicos denunciados, solicitando la inmediata realización de la inspección ocular a fin de corroborar su existencia y, tercero, que solicitaba se iniciara el “procedimiento de fincamiento de responsabilidad” en contra del denunciado, así como que, en su momento, se dictara una resolución en la que se le aplicara la sanción a que hubiere lugar.

 

En relación con tales hechos, el Tribunal Electoral hizo un pronunciamiento conjunto, en el sentido de que las manifestaciones consignadas en los mismos constituían apreciaciones subjetivas derivadas de la interpretación realizada por el denunciante respecto de diversos numerales de la Ley Electoral local, que no ameritaban mayor análisis, toda vez que, en concepto del órgano jurisdiccional responsable, éstos no contenían hechos diversos a los ya estudiados.

 

En esas condiciones, el Tribunal Electoral Local concluyó que si, por un lado, la manifestación pública atribuida al denunciado, aun en el más extremo de los casos, únicamente lo convertiría en aspirante a un cargo de elección popular y, por otro, la colocación de publicidad correspondiente al informe de labores de dicho servidor público dentro de los municipios del área conurbada no puede ser entendida como propaganda, ni equipararse a actos anticipados de precampaña o de campaña, entonces resultaba inexistente la violación denunciada.

 

En consecuencia, determinó declarar inexistente la violación objeto de la denuncia, relativa a la comisión de actos anticipados de campaña, interpuesta por el ahora enjuiciante en contra de Roberto Ugo Ruíz Cortés, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

 

Ahora bien, en concepto de este órgano jurisdiccional electoral federal, lo infundado del motivo de inconformidad, radica en que, contrariamente a lo sostenido por el actor, la autoridad responsable sí fundo y motivó la resolución impugnada, porque citó los preceptos aplicables al caso concreto y esgrimió las razones por las que consideró que no estaba acreditado los hechos denunciados constituyeran actos anticipados de campaña.

 

En efecto, el tribunal electoral local invocó los preceptos constitucionales y legales que regulan los actos anticipados de campaña, los cuales resultan aplicables, en razón de que, la resolución controvertida, deriva de un procedimiento especial sancionador instaurado en contra de Roberto Ugo Ruíz Cortés, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña vinculados con la elección de Gobernador.

 

Además de que, tampoco se soslaya que la autoridad responsable invocó los criterios esgrimidos por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-204/2012, en relación con que los elementos subjetivo, personal y temporal resultaban indispensables para actualizar los actos anticipados de campaña y, consecuentemente, la violación a la norma electoral que prohíbe su realización

 

En segundo término, cabe resaltar que también deviene infundado el motivo de inconformidad en el que el actor sostiene que la resolución impugnada, se encuentra indebidamente fundada y motivada, porque la autoridad responsable omitió valorar diversas pruebas, y valoró incorrectamente otras, las que según el demandante acreditan la intención del denunciado de contender como candidato a Gobernador el Estado y, por ende, los actos anticipados de campaña; pero para la autoridad es irrelevante, que se acredite esa intención, con lo que viola el principio de exhaustividad.

 

Al respecto, cabe precisar que el actor sostiene que en el expediente sí existen documentales allegadas por la propia Comisión Estatal Electoral, que acreditan la intención del denunciado de contender como candidato a Gobernador, que la responsable omitió valorar, entre las que se encuentran diversas notas periodísticas y audios de diferentes medios de comunicación, la diligencia de inspección a diferentes espectaculares instalados en varios municipios del Estado de Nuevo León, los propios espectaculares y la instrumental de actuaciones, pues según el actor, el tribunal electoral local no menciona lo realizado dentro de la audiencia de pruebas y alegatos, sino que sólo se limita a señalar la celebración de la misma.

 

Lo infundado del agravio deviene de que contrariamente a sostenido por Ernesto Pompeyo Cerda Serna, en el caso no se acredita el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña y, por ende, una infracción a la normativa constitucional, legal y reglamentaria en la materia por parte de Roberto Ugo Ruíz Cortés, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que la sentencia reclamada no viola el principio de legalidad, como se verá en seguida.

 

Por principio, cabe destacar que no era admisible que la autoridad responsable valorara la diligencia de inspección a diferentes espectaculares solicitada por el actor, porque ésta fue desechada en la diligencia de pruebas y alegatos de seis de noviembre de dos mil catorce, conforme el acta levantada, ante la autoridad administrativa electoral local, que consta en el cuaderno accesorio dos (páginas cincuenta y nueve a sesenta y ocho).

 

En efecto, en la referida diligencia consta lo siguiente:

 

“…Acto continuo, siendo las once horas con dieciséis minutos, y con fundamento en la fracción III del artículo 372 de referencia se declara abierta la etapa de pruebas, por lo que se traen a la vista en primer término, las probanzas del accionante Ernesto Pompeyo Cerda Serna, ofrecidas en su escrito de denuncia, las cuales se admiten de conformidad con lo establecido en los numerales 360 fracciones III, V y VI, y 372, párrafo segundo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, a excepción de la inspección ocular, la cual se desecha de plano, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 372, párrafo segundo, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, en el procedimiento especial sancionador, no serán admisibles más pruebas que la documental y la técnica. Ahora bien, por lo que hace a las pruebas ofrecidas en este acto por la licenciada Blanca Rocío Carranza Arriaga, las mismas se desechan, en virtud de que no fueron ofrecidas en el escrito inicial de denuncia, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 360, párrafo segundo, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

 

Lo anterior evidencia que el referido medio de prueba no podía ser objeto de valoración por la autoridad administrativa electoral local ni por el tribunal electoral responsable, porque fue desechado en el procedimiento especial sancionador generador del acto reclamado, acto procesal que se encuentra firme al no ser cuestionado en esta instancia por el promovente.

 

Por ello, la falta de mención de esa prueba por parte de la responsable en la sentencia reclamada no vulnera los principios señalados por el inconforme.

 

Por otro lado, si bien es cierto que la autoridad responsable no hizo referencia en la sentencia reclamada a las notas periodísticas, audios de diferentes medios de comunicación y documentales allegadas por la Comisión Estatal Electoral, así como a la instrumental de actuaciones, también lo es que esa situación no produce afectación alguna al actor, porque del contexto de la sentencia reclamada se advierte que el Tribunal responsable sí llevó a cabo la valoración de las pruebas aportadas al Procedimiento Especial Sancionador.

 

Esto es así porque la razón implícita de la responsable para no hacer referencia a tales medios de convicción, se debió a que partió de la base de la certeza de las declaraciones a que hizo alusión el denunciante en el hecho cuatro de su denuncia, respecto a la intención del denunciado de contender para la gubernatura del Estado de Nuevo León, y su difusión en diferentes medios de comunicación.

 

Esto es, en realidad la autoridad responsable valoró las declaraciones que transcribió el ahora actor en su denuncia y que de alguna manera se vieron reforzadas a través de las pruebas que allegó la Comisión Estatal Electoral, consistentes en las notas periodísticas, audios de diferentes medios de comunicación y demás documentación, que hacía referencia a la existencia de esas declaraciones.

 

Sin embargo, para el tribunal responsable, esas declaraciones respecto a la intención del denunciado de contender para la gubernatura del Estado de Nuevo León, y su difusión en diferentes medios de comunicación eran insuficientes para tener por acreditados los actos anticipados de campaña.

 

Es decir, esa simple manifestación para la autoridad responsable no era un hecho que ameritara la instauración de un procedimiento especial sancionador.

 

Lo anterior porque se desprende que para dicha autoridad el elemento subjetivo, junto con el temporal y el personal, que conforme al precedente que cita, de esta Sala Superior, debía demostrarse para tener por acreditada la infracción denunciada, no estaba justificado, porque las declaraciones sobre la intención del denunciado de contender para la gubernatura del Estado de Nuevo León, y su difusión en diversos medios de comunicación, no evidenciaban su propósito fundamental de presentar una plataforma electoral ni su postulación a un cargo de elección popular mediante la petición del voto.

 

La anterior determinación es correcta, porque las declaraciones a que hace referencia el actor en el escrito de denuncia y que la responsable tuvo por acreditadas, no son aptas para demostrar la existencia de actos anticipados de campaña, porque efectivamente con ellas no se advierte que el denunciado presente una plataforma electoral ni que pretenda postulación a un cargo de elección popular mediante la petición del voto.

 

Sobre todo que en la demanda del presente juicio, el actor no hace referencia de manera concreta qué medio de convicción y porqué razones, acreditan los actos anticipados de campaña.

 

Por lo que sólo se hará referencia a las declaraciones que señaló en su escrito inicial de queja.

 

En efecto, de la denuncia que motivó la indagatoria del procedimiento generador del acto reclamado, Ernesto Pompeyo Cerda Serna expuso fundamentalmente que  Roberto Ugo Ruíz Cortes, fue nombrado Presidente Municipal de San Pedro Garza, García, Nuevo León, para el periodo 2012-2015, en tanto que al treinta y uno de octubre de dos mil catorce que presentó la queja ya había iniciado el proceso electoral; pero no así periodo de precampañas para las elecciones en el Estado de los tres órdenes de gobierno.

 

En el punto número cuatro de la denuncia se advierten los hechos que a continuación se transcriben:

 

4.- En diferentes medios de comunicación, el C. Ugo Ruíz ha hecho pública su manifestación de contender para la gubernatura del Estado de Nuevo León en la elección que se llevará a cabo en el año 2015- dos mil quince, como se demuestra con las siguientes declaraciones:

 

"Martes 28 de Octubre 2014 a las 19:31 hrs.

San Pedro.- Si existe la posibilidad de aspirar al cargo político más alto en Nuevo León evidentemente levantaría la mano, afirmó ayer el alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz.

 

Lo que yo he dicho es que si se presenta una condición y esa condición es precisamente un apoyo un impulso, ya considero la opción, si no existe ese impulso, no dije nada, dijo Ruiz, tras dejar en claro sus aspiraciones políticas durante su segundo informe, Ruiz indico que faltará ver si se cuenta con el apoyo suficiente.

 

"Tengo 20 años dentro del PAN y he estado en gobiernos estatales, municipales, federales, en el Congreso, con esa vocación yo me veo en los próximos años sirviendo a la comunidad en San Pedro y en Nuevo León y en México", comentó.

 

Pese a ello, dijo que no está 'obsesionado' y que continuaría sirviendo a su municipio en caso de no recibir suficiente apoyo.

 

Las anteriores declaraciones, aun cuando se hubieran difundidos en los medios de comunicación que refiere al denunciante, son insuficientes para acreditar la infracción a la normativa electoral.

 

Esto es así, porque en ellas sólo se advierten manifestaciones de Roberto Ugo Ruíz Cortés sobre la posibilidad de contender para la gubernatura del Estado de Nuevo León en la elección que se llevará a cabo en el presente año, en caso de que tuviera el apoyo de su partido, pues de lo contrario no contendería, declaraciones que no constituyen de ninguna manera, la presentación de una plataforma electoral ni se advierte que sea su pretensión postularse a un cargo de elección popular mediante la petición del voto, requisitos indispensables para poder tener por acreditados los actos anticipados de campaña.

 

De ahí que sea posible estimar que la conclusión del Tribunal Electoral Local sobre el tema es correcta.

 

Además, contrariamente a lo sostenido por el actor, en la parte específica de que se trata de la sentencia impugnada, no es verdad que la autoridad responsable haya aceptado que se acreditó el acto anticipado de campaña y que aun así haya declarada la inexistencia de la violación objeto de denuncia.

 

Esto, porque como ya se vio, el tribunal electoral parte de la base de que se emitieron las declaraciones a que se ha hecho referencia con antelación y que transcribe el denunciante en el escrito de queja, relacionadas con su intención o no de participar en la contienda en caso de recibir apoyo de su partido; pero en ningún momento aceptó que con ello se demostrara los actos anticipados de campaña, por el contrario, señaló que no se acreditaba el elemento subjetivo sobre la presentación de una plataforma electoral o el llamado al voto para un cargo de elección popular.

 

En este orden de cosas como el argumento del actor se sustenta en la falsa premisa que ha quedado identificada, la conclusión a la que pretende llegar carece de validez, para demostrar la ilegalidad del fallo reclamado.

 

Por otro lado, contrariamente a lo sostenido por el demandante, es legal la conclusión de la sentencia reclamada, en la parte en que se hace referencia a los hechos cinco y seis de la denuncia, relacionados con la supuesta realización de actos anticipados de campaña, por la instalación de distintos espectaculares en los que se incluye la imagen y nombre de Roberto Ugo Ruíz Cortés en diversos lugares del Estado de Nuevo León, esto es, fuera del área geográfica del municipio en donde es presidente municipal y tiene la obligación de rendir su informe.

 

En lo concerniente a dichos hechos, como ya se vio, el Tribunal responsable señaló que, acorde a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la difusión del informe anual de labores o gestión de los servidores públicos no puede ser considerada como propaganda, ya que se permite difundir tal información, inclusive a través de radio y televisión, con la restricción de que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional que corresponda al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.

 

Con base en dicha norma, el Tribunal Electoral Local razonó que si se permite la difusión en radio y televisión, que son medios de comunicación masiva, con mayor razón debe permitirse la difusión a través de anuncios panorámicos, en tanto que éstos sólo pueden ser advertidos por quienes transiten por los lugares en que los mismos se encuentren instalados, siempre y cuando tales anuncios se ubiquen dentro del ámbito espacial de cobertura regional.

 

Al respecto, puntualizó que los canales de radio y televisión con cobertura regional, que corresponden al ámbito territorial de responsabilidad del servidor público denunciado, se captan en el área conurbada a la cual pertenece el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es decir, que no transmiten exclusivamente en ese municipio, sin que por ello se varíe su condición de cobertura regional.

 

Por tanto, concluyó que si la colocación de publicidad relativa al informe de labores del servidor público denunciado se realizó en espectaculares ubicados dentro del área conurbada, ello no constituía propaganda, ni podía ser considerado como un acto anticipado de precampaña o de campaña.

 

Ahora bien, independientemente de la validez intrínseca de las consideraciones resumidas de la resolución impugnada, lo cierto es que en el caso no es posible tener por acreditada la infracción denunciada, por falta de prueba, como se verá en seguida.

 

Lo estatuido en los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encaminó, por un lado, a que se aplicaran los recursos públicos con imparcialidad para no afectar la equidad en la contienda y, por otro, que se realizara propaganda estrictamente institucional, al fijar la restricción general y absoluta para los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, así como para cualquier ente de los tres órdenes de gobierno y para los servidores públicos, de realizar propaganda oficial personalizada.

 

Lo dispuesto en el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, excluye los informes de labores de lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la difusión de propaganda gubernamental.

 

Es decir, existe una regla general establecida en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe la inclusión de elementos de promoción personalizada en la propaganda gubernamental; sin embargo, el aludido artículo de la ley de la materia, no considera como mensajes de tipo gubernamental los informes de gobierno, siempre que se trate de un informe de gobierno o de fin de gestión o de mensajes que difundan el mismo y cumplan con las siguientes reglas:

 

1. Su difusión debe ocurrir sólo una vez al año.

 

2. En canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.

 

3. No debe exceder de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

 

4. No debe realizarse dentro del periodo de campaña electoral y,

 

5. En ningún caso la difusión de tales informes debe tener fines electorales.

 

Así, el cumplimiento irrestricto del cúmulo de hipótesis legales para la difusión lícita de informes de labores por parte de servidores públicos, por una parte, asegura que la ciudadanía pueda ejercer plenamente su derecho a informarse sobre los resultados obtenidos a raíz de la gestión pública efectuada por aquéllos y, por la otra, asegura igualmente que con ello no se pretenda influir en una contienda electoral, lo cual, como se afirmó, es acorde con el propósito de la norma constitucional prevista en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal.

 

El referido artículo de la ley general electoral contiene dos tipos de reglas, una relacionada con la temporalidad en la que se pueden rendir los informes y otra relativa al ámbito geográfico en el que el servidor público desempeña sus funciones.

 

En el caso concreto se destaca el ámbito geográfico, ya que se aduce la difusión del informe de gobierno de un servidor público fuera del territorio del municipio en donde fue electo, a través de espectaculares

 

En ese sentido, si bien se prevé la difusión de informes de gobierno, también se les sujeta a que su difusión reúna los requisitos ahí establecidos, entre los que destaca el elemento de territorialidad relacionado con el área geográfica en la que el funcionario informante desempeña sus funciones, para con ello evitar la promoción personalidad del servidor público que de impedir una sobrexposición territorial con la divulgación de su imagen fuera de la región en la que ejerce el cargo.

 

Una vez precisado lo anterior, lo conducente es el análisis de las pruebas admitidas a fin de verificar si el denunciante demuestra sus afirmaciones sobre que mediante espectaculares instalados fuera del área geográfica en la que el funcionario informante desempeña sus funciones, realizó actos anticipados de campaña.

 

Las únicas pruebas aportadas por el denunciante al respecto, admitidas en el procedimiento especial sancionador son tres impresiones fotográficas en las que aparece la imagen de quien al parecer es Ugo Ruiz; sin embargo, al no estar concatenadas con otros medios de convicción son insuficientes para tener por demostrados los pretendidos actos anticipados de campaña, sobre todo porque de ellas no se desprenden circunstancias de tiempo modo y lugar.

 

Además, la prueba con que el actor pretendió perfeccionar dichas impresiones, consistente en la diligencia de inspección, a fin de verificar la existencia de los espectaculares referidos en la denuncia, fue desechada dentro del procedimiento especial sancionador, como ya se señaló con antelación, sin que el accionante se queje de ello en la demanda del presente juicio electoral.

 

De ahí que como el denunciante no cumplió con la carga de la prueba, prevista en el artículo 371, inciso e), de la Ley Electoral de Nuevo León, es evidente que no demostró que los hechos narrados en el escrito de denuncia relacionados con los espectaculares, constituyeran actos anticipados de campaña, de manera que al llegar a esa conclusión el tribunal electoral responsable, resolvió legalmente.

 

Por último, es infundado el agravio relativo a que el tribunal responsable incumplió las obligaciones previstas en el artículo 1º de la Constitución Federal y su correlativo de la Constitución local, al no considerar los principios rectores de los derechos humanos de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad; no aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el criterio sustentado el doce de julio de dos mil catorce por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que reconoce la obligación de todas las autoridades jurisdiccionales de llevar a cabo el control de constitucionalidad y convencionalidad.

 

Lo infundado de los agravios deriva de la circunstancia de que el actor los sustenta en la falsa e implícita premisa de que los planteamientos sobre la infracción a las garantías de fundamentación y motivación así como al principio de legalidad resultaron fundados; sin embargo esto no es así, pues como ya quedó demostrado, se desestimaron fundamentalmente porque en el procedimiento especial sancionador no acreditó los actos anticipados de campaña objeto de la denuncia y, por ende, la infracción a la normativa electoral que hizo valer.

 

En este orden de cosas, no existe base alguna para considerar que la autoridad responsable hubiera estado obligada a realizar el pretendido control constitucional y convencional, en cuanto a determinada disposición electoral, porque a final de cuentas la pretensión del actor no puede ser acogida, por falta de prueba para demostrar los hechos denunciados.

 

Por último, en este orden de cosas, es claro que las tesis invocadas por el actor no tienen aplicación al presente caso, puesto que como ya se vio, el denunciante, ahora actor no cumplió con la carga probatoria que le correspondía para tener por acreditados los hechos en que se sustentó su denuncia.

 

En esa tesitura, al haberse desestimado los motivos de inconformidad del actor, procede confirmar la sentencia impugnada.

 

Por lo expuesto y fundado se

 

R E S U E L V E:

 

ÚNICO. Se confirma la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el expediente PES-005/2014, que declaró inexistente la violación objeto de la denuncia presentada por el ahora promovente en contra de Roberto Ugo Ruíz Cortés, en su carácter de Presidente Municipal de San Pedro Garza García, por la comisión de actos anticipados de campaña vinculados con la elección de Gobernador.

 

NOTIFÍQUESE, por correo electrónico a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; personalmente al actor, por conducto de la Sala Regional citada; por correo electrónico al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León; y por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, párrafo 3; 27; 28 y 29, párrafo 5, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 102, 103 y 110, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Subsecretaria General de Acuerdos en funciones, quien da fe.

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

 

 

 

MAGISTRADA

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

MAGISTRADO

 

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

 

MAGISTRADO

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

 

MAGISTRADO

 

 

 

SALVADOR OLIMPO NAVA

GOMAR

MAGISTRADO

 

 

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

 

 

SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

EN FUNCIONES

 

 

MARÍA CECILIA SÁNCHEZ BARREIRO

 


[1] Consultable en las páginas 434 a 436 del Volumen 1, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Compilación 1997-2013.

[2] Localizable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, a fojas 549 a 551.

[3] Visible en la página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época.

[4] Artículo 3. 1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.