JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JE-43/2019

PROMOVENTE: CLAUDIA CARRILLO GASCA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

TERCERAS INTERESADAS: MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA Y OTRA.

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ

SECRETARIOS: MARIANA SANTISTEBAN VALENCIA, AIDÉ MACEDO BARCEINAS Y CARLOS VARGAS BACA.

COLABORÓ: JESÚS ALBERTO GODÍNEZ CONTRERAS

Ciudad de México, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

S E N T E N C I A

Que dicta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de confirmar la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[1] que, entre otras cuestiones, declaró infundado el procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra de diversos consejeros electorales y titulares de áreas administrativas del Instituto Electoral de Quintana Roo[2].

Al tenor del siguiente:

ÍNDICE

R E S U L T A N D O

1           I. Antecedentes. De la narración de los hechos expuestos en la demanda, así como de las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente:

2           A. Queja. El cinco de septiembre de dos mil dieciséis, la entonces Consejera Electoral del IEQROO, Claudia Carrillo Gasca[3] –hoy actora– presentó queja ante el INE, en el cual hizo del conocimiento de dicha autoridad hechos efectuados en su contra, al considerar que podrían constituir violencia política por razón de género.

3           B. Cuaderno de antecedentes. El diecinueve de septiembre de ese año, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral[4] del INE acordó no iniciar procedimiento administrativo sancionador, ya que, a su juicio, no se acreditaba alguna conducta que pudiera vulnerar la normatividad electoral.

4           C. Primer Juicio Electoral (SUP-JE-102/2016). En contra de dicha determinación la quejosa promovió juicio electoral, el cual fue resuelto por esta Sala Superior el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en el sentido de revocar la determinación impugnada, para que la autoridad responsable: (i) Se pronunciara de inmediato sobre las medidas pertinentes con relación a los hechos, con apoyo en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres[5]; (ii) realizara un examen integral y contextual de todo lo planteado en la denuncia primigenia, en función de la hipótesis que se sostenía en la acusación, desde una perspectiva de género, a efecto de que la autoridad responsable estuviera en aptitud de tomar una decisión informada respecto a si debía o no iniciar un procedimiento administrativo sancionador y, en su caso, dictar un nuevo acuerdo.

5           D. Medidas precautorias. El veinte de octubre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la sentencia referida, la UTCE determinó continuar con la investigación preliminar de los hechos denunciados. Asimismo, como tutela preventiva, dictó medidas precautorias para evitar mayores daños a la víctima.

6           E. Procedimiento Sancionador Ordinario. Mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, el Titular de la UTCE ordenó admitir el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/CCG/54/2016.

7           F. Emplazamiento. El diez de enero de dos mil diecisiete, el Titular de la UTCE ordenó el emplazamiento de los denunciados para que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se les imputaba y para que aportaran las pruebas correspondientes.

8           G. Segundo Juicio Electoral (SUP-JE-107/2016). Inconforme con dicho acuerdo, la quejosa interpuso un segundo juicio electoral.

9           El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, esta Sala Superior dictó sentencia en el sentido de modificar el acuerdo impugnado para que la UTCE, entre otras cosas: a) emplazara a un procedimiento ordinario sancionador electoral a tres consejeros electorales del IEQROO, a los directores de Organización, de Partidos Políticos y Radiodifusión, así como al Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social de ese Instituto Electoral local, que fueron señalados en la denuncia, y b) realizara un análisis de los hechos en su contexto integral, conforme con el resultado de la investigación que hiciera dentro del procedimiento respectivo.

10       H. Primera resolución INE/CG1350/2018. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante acuerdo INE/CG1350/2018, el Consejo General del INE, entre otras cosas, declaró infundado el procedimiento sancionador ordinario en virtud que no se acreditó el acoso laboral, violencia política por razón de género, o incumplimiento a los principios rectores de la función estatal electoral en contra de la quejosa [6].

11       I. Recurso de apelación y tercer juicio electoral (SUP-RAP-393/2018 y acumulado SUP-JE-63/2018). Inconforme con dicha resolución, el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, MORENA interpuso recurso de apelación; en tanto que, Claudia Carrillo Gasca promovió juicio electoral el veinticinco de octubre siguiente.

12       J. El veinte de febrero de dos mil diecinueve, esta Sala Superior dictó sentencia en los referidos medios de impugnación, en el sentido de revocar la resolución INE/CG1350/2018, respecto al procedimiento sancionador ordinario de clave UT/SCG/Q/CCG/54/2016, entre otras cosas, para los siguientes efectos:

a) Que el INE ordenara todo lo necesario para contar con la pericial de audio y video respecto al audio ofrecido por el entonces Consejero Avilés Demeneghi en el que se contenía una conversación con el entonces Magistrado Presidente del TEQROO.

b) Que abriera una fase conclusiva en la que pusiera a la vista de las partes el expediente, para que, formularan las consideraciones lógica-jurídicas respecto a la totalidad del caudal probatorio y, una vez hecho esto, cerrara la instrucción.

c) Emitiera la resolución respectiva, a partir de una valoración integral de todos los elementos con los que contara.

13       K. Segunda resolución INE/CG217/2019 (acatamiento). El diez de abril de este año, mediante acuerdo INE/CG217/2019, el Consejo General del INE consideró infundado el procedimiento ordinario sancionador, en virtud que no se acreditó el acoso laboral, violencia política por razón de género, o incumplimiento a los principios rectores de la función estatal electoral en contra de la quejosa.

14       II. Juicio electoral. En contra de dicha determinación, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la enjuiciante promovió el presente juico electoral.

15       III. Turno. Recibidas las constancias en esta Sala Superior, se integró el expediente SUP-JE-43/2019, mismo que fue turnado a la Ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[7].

16       IV. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad el Magistrado Instructor radicó el expediente, admitió la demanda y cerró instrucción, quedando el expediente en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia.

17       Esta Sala Superior es competente para conocer el presente asunto, porque se trata de un juicio electoral por el que se controvierte una resolución emitida por el Consejo General del INE, en el procedimiento sancionador ordinario de clave UT/SCG/Q/CCG/54/2016, iniciado a partir de una queja presentada por posibles hechos constitutivos de violencia política por razón de género y acoso laboral en contra de una ex Consejera Electoral del IEQROO, Claudia Carrillo Gasca.

18       En efecto, se conoce del presente medio de impugnación a fin de salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, en virtud de la improcedencia de los demás juicios y recursos expresamente previstos en la Ley de Medios, ya que este órgano jurisdiccional es competente para garantizar los principios rectores en materia electoral y resolver las controversias relacionadas con actos de autoridades electorales, con excepción de las que son competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las salas regionales.

19       Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17; 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo primero, de la Constitución Federal; 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a los Lineamientos Generales para la identificación e integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de doce de noviembre de dos mil catorce.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

20       El presente juicio cumple con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8; 9, párrafo 1, de la Ley de Medios.

21       A. Requisitos formales. Se cumplen los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley de Medios, porque el escrito de demanda se presentó ante la autoridad responsable; en él se identificó la resolución impugnada; se narran los hechos en que se sustenta la impugnación; se expresan agravios, y se asienta el nombre y firma autógrafa de quien promueve.

22       B. Oportunidad. El juicio electoral fue promovido dentro del plazo establecido por el artículo 8 de la Ley de Medios.

23       En efecto, la enjuiciante presentó su demanda el veintinueve de abril del año en curso, manifestando que la resolución controvertida le fue notificada el veinticuatro de ese mes y año[8]; por tanto, el plazo transcurrió del día veinticinco al treinta del mismo mes, sin tomar en cuenta el sábado y el domingo por ser inhábiles. De ahí que resulte incuestionable que ésta se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto en la Ley.

24       C. Legitimación y personería. La actora promueve con legitimación, al haber sido quejosa en el procedimiento sancionador ordinario.

25       D. Interés jurídico. Se colma el requisito en estudio por parte de la enjuiciante, toda vez que controvierte la determinación del Consejo General del INE, al considerar que la investigación y la resolución del procedimiento sancionador ordinario, iniciado con motivo de su queja por hechos que estima constitutivos de violencia política por razón de género y acoso laboral, no se ajustaron a la normativa nacional e internacional.

26       E. Definitividad. También se reúne este requisito, porque en contra de la determinación del Consejo General del INE, no procede algún otro medio de impugnación, en virtud de la cual pueda ser modificada, revocada o anulada.

27       Al haberse cumplido los requisitos analizados y, en virtud, de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley de Medios, se procede a realizar el estudio de fondo planteado en la demanda, exponiendo previamente la síntesis de la sentencia impugnada, así como de los disensos esgrimidos por la promovente.

TERCERO. Terceras interesadas

28       Durante la sustanciación, oportunamente, comparecieron Mayra San Román Carrillo Medina y Thalía Hernández Robledo, en su calidad de terceras interesadas.

29       Los escritos de comparecencia cumplen con los requisitos previstos en la Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

30       A. Forma. En ambos escritos se hace constar el nombre y firma autógrafa de la compareciente, y se exponen las razones por las que se considera debe subsistir el acto reclamado.

31       B. Oportunidad. El medio de impugnación se publicitó a las diecinueve horas del dos de mayo de dos mil diecinueve en los estrados del INE, retirándose de éstos a las diecinueve horas del siete de mayo siguiente, por lo que, considerando que los días cuatro y cinco de ese mes fueron sábado y domingo, cuyas horas no deben computarse en términos del artículo 7 de la Ley de Medios[9], la presentación de los escritos de comparecencia fue oportuna.

32       En efecto, Thalía Hernández Robledo presentó el referido ocurso el día seis de mayo del presente año a las quince horas con quince minutos, en tanto que Mayra San Román Carrillo Medina lo presentó en la fecha de retiro a las dieciséis horas con cuatro minutos; ambas ante la Junta Local Ejecutiva de Quintana Roo, quien fungió como órgano auxiliar de la autoridad responsable para la notificación de la resolución impugnada[10].

33       Por su parte, el juicio electoral se publicitó a las diecinueve horas del veintinueve de octubre en los estrados del INE, retirándose de éstos a las diecinueve horas del primero de noviembre siguiente, por lo que, si el escrito de comparecencia se recibió en la Oficialía de Partes de dicho instituto, en esta última fecha a las nueve horas con treinta y dos minutos, su presentación es oportuna.

34       C. Legitimación e interés jurídico. Las comparecientes cuentan con legitimación e interés jurídico, al haber sido parte denunciada en el procedimiento sancionador ordinario, y tienen un interés legítimo derivado de un derecho incompatible con la actora, toda vez que expresan argumentos con la pretensión de que se confirme la resolución controvertida, en la que se determinó que no existieron elementos que permitieran concluir que los actos u omisiones que se les atribuyeron constituían violencia política por razones de género en contra de la enjuiciante.

CUARTO. Estudio de fondo.

I.                    Resolución impugnada

35       Previo a cualquier consideración es pertinente señalar que la enjuiciante, otrora Consejera Electoral del IEQROO, presentó denuncia en contra de diversos servidores públicos y representantes de partidos ante el órgano de dirección de dicho Instituto, por considerar que con sus acciones u omisiones cometieron en su contra violencia política por razón de género, acoso laboral y afectación a la función electoral.

36       Los servidores públicos que mencionó en sus escritos de queja son:

         Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta;

         Juan Manuel Pérez Alpuche, Consejero Electoral;

         Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral;

         Juan Alberto Manzanilla Lagos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional[11];

         Armando Miguel Palomo Gómez, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza[12];

         Mauricio Morales Beiza, Representante Propietario del Partido del Trabajo[13];

         Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización;

         José Luis González Nolasco, Director de Partidos Políticos y Radiodifusión;

         Alfredo Figueroa Orea, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social;

         Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo[14], y

         Carlos Alejandro Lima Carvajal, Magistrado del Poder Judicial del Estado.

37       Conforme a la sentencia dictada por esta Sala Superior en el expediente SUP-JE-107/2016, antecedente del presente asunto, el INE no era competente para sancionar a través del procedimiento ordinario sancionador las conductas presuntamente ilícitas atribuidas a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa ni a un magistrado del Tribunal Electoral local, toda vez que no se encontraban dentro de aquéllas contempladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[15] como infracciones a normatividad electoral, en los términos del artículo 449 de ese ordenamiento.

38       Sin que lo anterior impidiera al INE el conocer de los hechos denunciados de manera completa. Ello, con el propósito de no fragmentar la investigación respecto a las conductas atribuidas a personas que, pese a no poder ser vinculadas al procedimiento sancionador podrían ser tomadas en cuenta para acreditar o delimitar el posible contexto de violencia política contra la mujer por razones de género.

39       En ese sentido, respecto a los referidos magistrados, la autoridad responsable estaría en posibilidad de dar las vistas que considerara pertinentes en caso de advertir algún hecho que pudiera ser constitutivo de algún ilícito.

40       Ahora bien, como se señaló en el punto diez de los antecedentes de la presente ejecutoria, esta Sala Superior revocó la primera determinación de fondo emitida por el Consejo General del INE, mediante sentencia dictada en el diverso recurso de apelación SUP-RAP-393/2018 y su acumulado, entre otros aspectos, para los siguientes efectos:

a)  Que el INE ordenara todo lo necesario para contar con la pericial de audio y video respecto al material ofrecido por el entonces Consejero Avilés Demeneghi, relativa a la conversación que sostuvo con el entonces Magistrado Presidente del TEQROO.

b)  Que abriera una fase conclusiva en la que pusiera a la vista de las partes el expediente, para que formularan las consideraciones lógica-jurídicas respecto a la totalidad del caudal probatorio y, una vez hecho esto, cerrara la instrucción.

c)  Emitiera la resolución respectiva, a partir de una valoración integral de todos los elementos con los que contara.

41       En acatamiento a dicha sentencia, la autoridad responsable emitió una nueva resolución, que es la que se revisa ahora; en donde, en esencia, la responsable se enfocó a determinar si los hechos denunciados existieron y, en su caso, verificar si constituían o no violencia política por razón de género, acoso laboral o afectación de la función electoral en contra de la actora Claudia Carrillo Gasca, con base en las pruebas que existen en el expediente administrativo.

42       Derivado de dicho análisis, respecto a los hechos denunciados, la responsable determinó lo que efectivamente se acreditó, así como aquello que no se acreditó, y que, para efectos de una mejor comprensión del caso, se precisa de manera sintética en las siguientes tablas, de manera temática, precisando las páginas de la resolución en donde se encuentra el estudio correspondiente.

43       Derivado de lo anterior, el Consejo General del INE arribó a las siguientes conclusiones:

•         No advirtió que existiera alguna vulneración a la función electoral de la quejosa, ni violencia política de género o acoso laboral, al no desprenderse de los acontecimientos narrados, que la denunciante se hubiera visto impedida para desempeñar de forma adecuada el cargo de consejera electoral, ni advirtió que existiera la intención de los sujetos denunciados de humillarla, denigrarla, devaluarla, difamarla, aislarla o excluirla.

•         Del conjunto de hechos denunciados, sólo tuvo por acreditados tres, de los cuales consideró que no constituyeron actos discriminatorios por razón de género, ni existió sistematicidad en los mismos para poderlos considerar acoso laboral, toda vez que, conforme a su análisis, se trataron de hechos completamente aislados y llevados a cabo en distintos años.

•         Así, tuvo por acreditada la conversación que sostuvieron el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Electoral Local[16] y el Consejero Avilés. No obstante, consideró que ello no impactó en el trabajo desarrollado al interior del IEQROO, es decir, que todas las acciones propuestas de intromisión y exclusión por parte del Magistrado hacia la quejosa, no lograron materializarse mediante acciones u omisiones de alguno de los sujetos denunciados.

•         También tuvo acreditado que la denunciante fue excluida de la entrega de una compensación económica por proceso electoral. Sin embargo, estimó que no se trató de un hecho dirigido a perjudicarla de forma exclusiva; por lo que no lo consideró un acto constitutivo de violencia política o de acoso laboral.

•         Acreditó que dos funcionarios del Instituto Electoral local auxiliaron como abogados a un sujeto denunciado ante la Fiscalía General del Estado.  No obstante, a juicio de la responsable ello ningún perjuicio o acto denigratorio le causó a la hoy actora.

•         Asimismo, consideró que las responsabilidades a las que pudieran hacerse acreedores tanto el entonces Magistrado Presidente del TEQROO, como el Magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal debían ser analizados por el Órgano Interno de Control del Tribunal y por el Tribunal Pleno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, respectivamente, por lo que ordenó dar las vistas correspondientes.

II.                 Pretensión de la actora y agravios

44       La actora afirma que la resolución impugnada debe ser revocada por esta Sala Superior, por indebida fundamentación y motivación, al no estar sustentada en los instrumentos internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la utilización de metodologías y protocolos para juzgar con perspectiva de género.

45       Además, sostiene que la resolución carece de exhaustividad, valoración integral de indicios y contra indicios, así como de estudio en orden cronológico de los hechos denunciados.

46       En ese sentido, reclama la revocación de la resolución dictada por el Consejo General del INE y, como consecuencia de ello, en plenitud de jurisdicción que esta autoridad determine si en el caso se tiene por actualizada la violencia política por razón de género o acoso laboral.

47       De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte la necesidad de establecer una sistematicidad adecuada respecto de todos los argumentos y hechos que plantea, a efecto de poder realizar un correcto estudio y análisis del caso, para con ello cumplir cabalmente con el principio de exhaustividad, y emitir una sentencia debidamente fundada y motivada.

48       En este sentido, uno de los planteamientos centrales de la ahora actora se refiere a que el INE no llevó a cabo una investigación que cumpliera con los principios de eficacia y exhaustividad para el esclarecimiento de los hechos denunciados. De manera particular, aduce que la responsable no realizó una valoración integral de los indicios y contra indicios, así como un estudio cronológico de los hechos denunciados, a efecto de tener por actualizada la violencia política por razón de género y el acoso laboral del cual alega haber sido víctima. 

49       De todo lo anterior, se advierte que la pretensión de la actora es que esta Sala Superior revoque la determinación de la responsable y, en plenitud de jurisdicción valore aquellos elementos y pruebas que acreditan la violencia política de género y el acoso laboral del que se refiere como víctima.

50       Al efecto, su causa de pedir radica en la deficiente investigación, así como la indebida valoración probatoria llevadas a cabo por la responsable.

51       Por lo tanto, la litis en el presente asunto es calificar si la resolución dictada por el Consejo General del INE fue apegada a derecho.

III.               Método de estudio.

52       A partir de lo anterior, se estudiarán aquellos agravios relativos a la falta de exhaustividad en la investigación e indebida valoración de las pruebas que obran en el expediente, para estar condiciones de calificar la actuación de la responsable en el marco de la investigación llevada a cabo, así como la acreditación de los hechos materia de la denuncia, a partir de las temáticas enumeradas con anterioridad.

53       Concluido el examen relativo a la acreditación de los hechos materia de la denuncia es que este órgano jurisdiccional se encontrará en posibilidad de valorar, bajo los estándares establecidos para la impartición de justicia con perspectiva de género aquellas conductas que pudieron representar para la actora acoso laboral o violencia política de género.

54       Lo anterior, sin que ello cause afectación alguna a la ahora actora, de conformidad con la jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.[17]

55       En este sentido, esta Sala Superior advierte que los motivos de inconformidad pueden analizarse de conformidad con las temáticas sistematizadas a través del siguiente:

SUB ÍNDICE TEMÁTICO

Pag.

56       Finalmente, previa descripción de los elementos normativos y conceptuales que conforman la violencia política en razón de género, así como el acoso laboral, este órgano jurisdiccional formulará las conclusiones atinentes respecto del caso bajo a estudio, a efecto de determinar si, a partir de los hechos acreditados se configuraron conductas irregulares en perjuicio de la actora.

IV.              Suplencia de la queja.

57       Esta Sala Superior considera procedente suplir las deficiencias en los planteamientos de la enjuiciante, en atención a que se alega una circunstancia de vulnerabilidad, a partir de la supuesta existencia de hechos generados en un contexto de violencia política de género.

58       Tal suplencia permite a este órgano jurisdiccional incorporar una perspectiva de género a partir de un análisis integral de la situación manifestada, en congruencia con la tesis XX/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA”. [18]

59       Así como con la jurisprudencia 22/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de ese mismo órgano jurisdiccional, cuyo rubro es “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. [19]

60       Ahora bien, previo al estudio de los motivos de inconformidad expuestos en el escrito de demanda, se estima conveniente señalar los principios procesales que deben considerarse en los procedimientos administrativos disciplinarios.

V.                Principios que deben privilegiarse en los procedimientos materialmente jurisdiccionales.

61       De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo estipulado en los artículos 442, numeral 1, inciso f), 449, numeral 1, inciso f), 457, 458, 464, numerales 1 y 8, inciso d), 466, numeral 4, 468, numerales 1 y 2 de la Ley General; 6, 20, 27, numerales 1, inciso d) y 2, 45 y 46 del Reglamento de Quejas y Denuncias[20] del Instituto, la finalidad del Procedimiento Ordinario Sancionador es sustanciar las quejas y denuncias presentadas, para determinar la existencia de faltas a la Ley General y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

62       El procedimiento ordinario sancionador busca restituir el orden alterado e inhibir conductas violatorias a normas y principios que rigen la materia electoral.  Al efecto, la investigación que realice la UTCE para el esclarecimiento de los hechos debe cumplir con los principios de eficacia y exhaustividad establecidos en artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Quejas y se debe realizar con apego a los principios de legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, celeridad, mínima intervención y proporcionalidad, en términos de los establecido por el artículo 468 de la Ley General y 17, numeral 1 del Reglamento de Quejas.

63       Ahora bien, los artículos 14 de la Constitución Federal y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen las formalidades esenciales del procedimiento, que son el conjunto de requisitos que deben observar las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, es decir, toda actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.

64       Así, ambos artículos consagran los lineamientos del referido debido proceso legal e implican medularmente el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos[21].

65       Dentro de tales garantías, en el caso concreto, cobran especial relevancia los principios siguientes:

a. Principio de presunción de inocencia.

66       El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal, establece que uno de los derechos de toda persona imputada en cualquier tipo de proceso (civil, penal, administrativo o laboral) consiste en que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; en el mismo sentido, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

67       Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos[22] ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales[23]. La presunción de inocencia implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia o no culpabilidad mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, administrativa, civil o laboral de modo tal que debe recibir del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada[24].

68       En relación con lo anterior, el principio de presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado o sancionado salvo la existencia de prueba plena, tras un proceso sustanciado de acuerdo con las debidas garantías[25]. Por lo que si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente no es procedente condenarla, sino absolverla[26]. Debe recordarse que la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia o resolución condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia[27].

69       Sirve de apoyo a lo anterior, en lo aplicable al caso, la tesis jurisprudencial: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO”[28]. Se dice “en lo aplicable”, ya que la tesis se refiere al ámbito del Derecho Penal, y no se ajusta necesariamente o en los mismos términos a los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados con violencia política de género o acoso laboral, en donde el estándar probatorio que debe regir es más bajo, dado que el Derecho penal es de última ratio.

70       Este estado jurídico de inocencia se proyecta en diversas obligaciones que orientan el desarrollo de todo proceso. Por tanto, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, administrativa o laboral, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora[29].

71       Una de las principales características del principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores o bien la autoridad sancionadora competente, no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito o conducta administrativa que se le imputa[30].

72       En este sentido, como se adelantó, la presunción de inocencia exige que el acusador deba probar que el ilícito penal o administrativo es atribuible a la persona imputada, es decir, que ha participado culpablemente en su comisión y que las autoridades deban fallar con un criterio más allá de toda duda razonable para declarar la responsabilidad penal o administrativa individual del imputado.

73       Por ende, debe resaltarse que el principio de presunción de inocencia es un eje rector en cualquier procedimiento sin importar su materia y un estándar fundamental en la apreciación probatoria que establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial y administrativa. Así, en un sistema democrático la apreciación de la prueba debe ser racional, objetiva e imparcial para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza tanto de la responsabilidad penal o bien, como destacadamente acontece en el caso, de la administrativa.

74       Respecto a ello, el máximo Tribunal del país ha considerado que el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa.

75       Lo anterior debido a la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo tipo de procedimiento de cuyo resultado pudiera imponerse una sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención del derecho al debido proceso.

76       Tales consideraciones están contenidas en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006590, de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES”[31].

b. Inversión de la carga de la prueba.

77       La demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción a imponer, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado.

78       En ese orden de ideas, el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito o falta administrativa que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado[32]. En consecuencia, al presumir la culpabilidad del inculpado, requiriendo que sea éste quien demuestre que no es culpable, genera la llamada inversión de la carga de la prueba y se vulnera frontalmente el derecho a la presunción de inocencia[33].

79       Por tanto, debe destacarse que la carga de la prueba se sustenta en la parte acusadora o en su caso en el órgano estatal, quien tiene el deber de probar la hipótesis de la acusación y la responsabilidad penal o administrativa, por lo que no existe la obligación del acusado de acreditar su inocencia ni de aportar pruebas de descargo.

80       Así, resulta válido concluir que la inversión de la carga de la prueba se verifica en cualquier proceso indagatorio en el que el órgano instructor, obliga al acusado a presentar elementos probatorios que hagan presumir que no es culpable de las faltas administrativas o delitos que se le imputan, incidiendo de manera destacada en la vulneración del principio de presunción de inocencia. Ello en atención al principio general de la prueba que se traduce en que el que afirma está obligado a probar.

c. Igualdad procesal.

81       El principio de igualdad procesal, reconocido en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el propósito de procurar la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como una regla de actuación del juez, el cual, como director del proceso debe mantener en lo posible esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones.

82       Asimismo, la igualdad procesal de las partes, inmersa en el derecho al debido proceso, está íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición.

83       Dicho criterio está inserto en la Tesis 1a. CCCXLVI/2018 (10a.) de la Primera Sala, de rubro: “PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES”[34].

84       Sobre el particular, la Corte Interamericana ha considerado que para que exista un debido proceso legal es necesario que el justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables[35]. Lo anterior, tomando en cuenta la existencia de relaciones jerárquicas como elemento contextual, por ejemplo.

d. Principio de contradicción.

85       El principio de contradicción hace posible el enfrentamiento dialéctico entre las partes en el proceso, permitiendo así el conocimiento de los argumentos de la contraparte y la manifestación ante el órgano instructor de los propios; constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso público con todas las garantías, para cuya observancia se requiere el deber de los órganos judiciales de posibilitarlo.

86       En ese sentido, es patente que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para que pueda existir el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos, lo que implica entre otras cosas, que rija el principio contradictorio.

87       De este principio se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efecto de evitar desequilibrios procesales, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en fase de instrucción por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el éxito de la investigación.

88       Ahora bien, con respecto a la íntima conexión entre el principio de contradicción y la prueba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en materia probatoria rige el principio de contradicción, que tiene por objeto respetar el derecho de defensa de las partes[36].

89       En particular, cobra especial relevancia el citado principio en aquellos casos en que se encuentran vinculados los derechos del acusado en procesos relativos a violencia política de género, acoso laboral o abuso sexual.

90       Ante ese tipo de circunstancias, para determinar si el acusado en un procedimiento de tal naturaleza ha recibido un trato equitativo que cumpla -entre otros-, con el principio de contradicción, debe tenerse en cuenta el derecho al respeto de la vida privada de la presunta víctima. Por lo tanto, en algunos casos pueden tomarse algunas medidas para proteger a la víctima, siempre que sean conciliables con el ejercicio adecuado y efectivo del derecho de defensa[37].

VI. Elementos normativos para investigar y juzgar casos de violencia política de género y acoso laboral.

91       De manera previa a valorar si, a partir de la acreditación de ciertos hechos denunciados se configuraron conductas de violencia política en razón de género o acoso laboral en perjuicio de la actora, es fundamental establecer el marco normativo y conceptual, al amparo del cual, este órgano jurisdiccional llevará a cabo una valoración con perspectiva de género.

a. Perspectiva de género

92       Para este tribunal, el juzgar con perspectiva de género conlleva el impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desigualdad en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -que no necesariamente está presente en cada caso- como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debían asumir, como un corolario inevitable de su sexo.

93       Del mismo modo, esta Sala Superior estima, con sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 22/2016 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, que todo órgano jurisdiccional electoral debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual tiene que implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.

94       En ese sentido, la Sala Superior de este Tribunal Electoral sostuvo que quien ostenta el papel de juzgador debe tener en consideración los siguientes elementos[38]:

         Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes;

         Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;

         En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones;

         De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del Derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género;

         Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas; y,

         Procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación.

b. Violencia política de género

95       La jurisprudencia 48/2016 de esta Sala Superior de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES” menciona que cuando se alegue violencia política por razones de género, al tratarse de un problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.

96       Así, esta Sala Superior[39] ha señalado que en este tipo de procedimientos las autoridades deben tomar en cuenta que:

         Actuar con debida diligencia es un deber reforzado en casos donde se alega violencia contra las mujeres. Ello, de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

         Todos los hechos y elementos del caso deben estudiarse de forma integral ya sea para determinar la procedencia del inicio de un procedimiento o bien para fincar las responsabilidades;

         Se deben explorar todas las líneas de investigación posibles con el fin de determinar qué fue lo sucedido y qué impacto generó;

         Cuando el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para detectar dichas situaciones;

         La oportunidad de la investigación debe privilegiarse;

         Se debe analizar si los hechos tuvieron lugar en un contexto de discriminación en razón de género, ya que ello repercute en el estándar de prueba para tener por demostrado el acto en cuestión. En este tipo de asuntos, si bien las pruebas podrían reducirse al dicho de la víctima, por lo que resulta fundamental contar con todas las probanzas que puedan apoyar la verosimilitud del testimonio de la víctima

         Es preciso detectar si existe una relación asimétrica de poder entre la actora y las personas que son parte de la investigación y cuáles son las consecuencias de ello;

         Debe estudiarse si esa asimetría se basa en el género y/o sexo de la víctima, las razones por las que ello ocurre y la forma de solventarlo, en su caso;

         Asimismo, se debe estudiar si existe un impacto diferenciado de los hechos materia de denuncia a partir del género y/o sexo de la víctima para a partir de ello valorarlos y otorgarles las consecuencias jurídicas correspondientes, y

         Se deben detectar las cuestiones estructurales que generaron la violencia, a fin de que, en la medida de lo posible, sean atendidas en la resolución más allá de las reparaciones concretas que el caso amerite.

97       Por otro lado, este Tribunal ha razonado que los actos de violencia basada en el género, tales como la emisión verbal de cierto tipo de amenazas, tienen lugar en espacios privados donde ocasionalmente sólo se encuentran la víctima y su agresor y, por ende, no pueden someterse a un estándar imposible de prueba, por lo que su comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima leído en el contexto del resto de los hechos que se manifiestan en el caso concreto[40].

98       Sin embargo, es preciso acotar que, durante la fase de instrucción del procedimiento sancionador, el dicho de la víctima cobra especial preponderancia pues ello permite agotar todas las líneas de investigación posibles que lleven al esclarecimiento de los hechos denunciados; sin embargo, una vez concluida la investigación y a la luz de las pruebas que obren en el expediente, la valoración del testimonio de la víctima deberá llevarse a cabo en adminiculación con el resto de las probanzas.

99       Lo anterior es así, porque si bien durante la fase de investigación se privilegia llevar a cabo diligencias que cumplan con el estándar reforzado que este tipo de casos amerita, ello no puede traducirse en la inobservancia de los principios que garantizan la adecuada defensa y el debido proceso, tales como la presunción de inocencia, la inversión de la carga de la prueba, la igualdad procesal y el principio de contradicción.[41]

100   En este sentido, resulta patente que esta Sala Superior, en la Jurisprudencia 21/2018, de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO” [42], reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y violencia, lo cual se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos.

101   Lo anterior, se evidencia aún más con los diversos criterios que se apoyan en las directrices y lineamientos para juzgar con perspectiva de género, los cuales buscan inhibir formas indirectas o veladas de discriminación, a fin de detectar y contrarrestar los tratamientos desproporcionados de poder y los esquemas de falta de igualdad entre géneros:

         Jurisprudencia 48/2016, de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”;

         Jurisprudencia 11/2018, de rubro: “PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES”, y

         Tesis XXXI/2016, de rubro: “LENGUAJE INCLUYENTE. COMO ELEMENTO CONSUSTANCIAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PROPAGANDA ELECTORAL”.

c. Acoso laboral

102   En México, el acoso laboral o “mobbing” no ha sido suficientemente regulado como una conducta que amerite un tratamiento específico.

103   Sin embargo, disposiciones relativas a los derechos humanos y de reivindicación de los derechos de las personas trabajadoras, como los artículos 1°, 4° y 123 constitucionales, de cuya lectura armonizada se obtiene implícita la prohibición de la conducta de hostigamiento laboral.

104   La Ley Federal del Trabajo reconoce el hostigamiento como una conducta que puede dar lugar a la rescisión de la relación laboral y que genera una sanción.[43]

105   Por otra parte, se reconoce que la víctima de acoso laboral tiene acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos.[44]

106   Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que existe acoso laboral o mobbing cuando se presentan conductas en el entorno laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o para satisfacer la necesidad que presente el hostigador de agredir, controlar o destruir.[45]

107   Asimismo, establece que la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, o una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte.[46]

108   Igualmente ha señalado que el acoso laboral deriva de actos o comportamientos, en un evento o en varios, en el entorno laboral o con motivo de este, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, que atenten contra la autoestima, salud, integridad o seguridad de las personas.[47]

109   Por otra parte, en el acuerdo del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emite las bases para investigar y sancionar el acoso laboral se establece que los actos o comportamientos humillantes u ofensivos que atentan contra una persona en el trabajo tienen como resultado interferir en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo en el trabajo.[48]

110   Algunas formas de expresión del acoso laboral son a través de[49]:  1. medidas organizacionales[50]; 2. aislamiento social[51]; 3. ataques a la vida privada de la persona[52]; 4. violencia física[53]; 5. agresiones verbales[54]y 6.  agresiones psicológicas.[55]

111   Por su parte, esta Sala Superior ha considerado[56] que el acoso laboral es una forma de discriminación constituida por acciones que tienen por fin menoscabar la honra, dignidad, estabilidad emocional, e incluso integridad física de las personas para aislarlas, o bien, generar una actitud propicia para los deseos o intereses del agente hostigador o agresor.

112   Así, las acciones que se presenten entre quienes integran un órgano electoral con el fin de incidir injustificadamente en el desempeño o toma de decisiones de funcionarios electorales constituyen una infracción a la profesionalidad, independencia y autonomía que rigen el ejercicio de la función electoral y un impedimento para el libre ejercicio del cargo. [57]

113   En ese sentido, la acción de acosar consiste en perseguir, hostigar, importunar, o asediar, traduciéndose en una o varias conductas con la que se persigue dañosamente a una persona de manera insistente y continuada, ocasionándole molestias.

114   En el ámbito laboral, se ha definido como un “fenómeno en el cual una persona ejerce acciones hostiles, de forma sistemática y recurrente -al menos una vez por semana- y durante un tiempo prolongado -más de seis meses- sobre otra persona en el lugar de trabajo, con el fin de destruir sus redes de comunicación, su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que acaben abandonando el trabajo”.[58]

115   Dichas actuaciones si son tomadas de forma aislada podrían parecer insignificantes, pero su repetición constante tiene otros efectos perjudiciales, de ahí la importancia de su sistematicidad.

116   Una aproximación al concepto jurídico del acoso laboral o mobbing se constituye a partir de una o varias conductas habituales y reiteradas de acciones de diversa naturaleza que cometidos en el ámbito laboral provocan sufrimiento, degradación, o humillación de especial intensidad, contrarias a la igualdad, dirigidos a reducir su empleabilidad mediante la desacreditación profesional, impedirle mantener su reputación personal o laboral y obtener la renuncia.

117   El acoso laboral es una práctica presente en los sectores público y privado, en el cual el comportamiento recurrente y sistemático en algunos casos puede gozar de apoyo o encubrimiento tácito de la organización, creando un ambiente intimidatorio, humillante o desagradable para la persona trabajadora.

118   c.1) Elementos. De la definición del acoso laboral, se desprenden usualmente cinco elementos característicos que deben acreditarse para su configuración, que son:

1) material (agresión u hostigamiento),[59]

2) temporal (sistemático y reiterado durante un tiempo determinado; sin embargo, también puede constituir acoso un solo evento, sin ser necesaria la reiteración),

3) tipo (ejercido por una persona o un grupo en contra de una trabajadora, ya sea de su mismo nivel laboral, subordinada o superior),

4) geográfico (en el lugar de trabajo o en espacios como eventos o reuniones realizadas en el marco de las relaciones laborales) y

5) finalidad[60] (la búsqueda de perjudicar la dinámica laboral y opacándola y, que genera o responde a un ambiente hostil e intimidatorio que provoca el control, aislamiento y finalmente la renuncia).

119   Respecto al elemento material, éste se concreta en actos de hostigamiento que producen padecimientos degradantes, humillantes a la persona trabajadora.

120   En el carácter temporal de los comportamientos contribuyen a dotar de intensidad y gravedad precisa a las acciones o conductas, para que originen un cierto interés jurídico.

121   En ese sentido, los criterios para determinar una reiteración o sistematicidad exigida de conductas, a través de la cual se valore la presencia de un comportamiento de acoso laboral, por lo que son los órganos jurisdiccionales quienes deben valorarlo.

122   Para lo anterior, debe considerarse quién o quiénes son las personas denunciadas por cometer un acto hostil, el cómo, el cuándo y el lugar en que la conducta se realizó, así como la situación laboral de la persona trabajadora que denuncia.

123   La inexistencia del elemento de la finalidad u objetivo que con miras a excluir a la persona ya sea de sus labores, de la organización o de mermar alguno de sus derechos hasta ocasionar el posible abandono del puesto de trabajo, obliga a prescindir del concepto de mobbing, puesto que es condictio sine qua non en la calificación del acoso laboral.[61]

124   Así, en la construcción de un concepto jurídico de mobbing, es relevante observar cada uno de los cinco elementos mencionados, ya que no se debe prescindir de ninguno de ellos, pues son fundamentales en la delimitación de las exigencias que lo materializan jurídicamente. [62]

125   En ese orden de ideas, el resolutor debe determinar, en un primer momento, si los hechos denunciados configuran el elemento material del acoso laboral, lo que quiere decir que se debe acreditar, como presupuesto esencial la existencia de conductas que agredan u hostiguen al presunto afectado, porque de no actualizarse resultaría innecesaria la verificación del resto de los elementos.

c.2) Alcances. Es importante advertir que existen excepciones respecto a las conductas o acciones que se manifiestan en un ambiente laboral.

126   En ese sentido, hay comportamientos que no constituyen o configuran el acoso laboral, por ejemplo, aquellos relacionados con el orden disciplinario; el cumplimiento de obligaciones; los conflictos temporales entre miembros del lugar de trabajo, cuando el objetivo es mejorar el rendimiento laboral, entre otras.

127   Además, pueden existir tensiones entre colegas, conflictos jerárquicos, agresiones u ofensas, que pueden presentarse en las relaciones laborales mas no necesariamente deben ser considerados como acoso laboral.[63]

128   Por ejemplo, de acuerdo con el tipo de cargo que se desempeña, un elemento que debe considerarse para identificar el acoso laboral, deben ser las decisiones que se dan de forma colegiada, que pueden darse en el ámbito de un debate respecto al tema que se aborda, en el que pueden darse manifestaciones o críticas severas, sin que necesariamente se trate de mobbing. 

129   Por otra parte, si en el ejercicio de las labores cotidianas en los órganos colegiados, se advierte que existen hechos o actuaciones que pueden dañar el desempeño de uno de sus integrantes, si estos, al analizarse conjuntamente, acreditan sistematicidad, reiteración, hostilidad son injustificables hacia una persona, ello sí puede, conllevar a la existencia del mobbing.

130   Además, por su parte cabe señalar que es responsabilidad de servidores y servidoras públicas evitar, investigar, y en su caso, sancionar este tipo de actos.

131   Atento a todo lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional considera que para la resolución de este asunto, por acoso laboral o mobbing, se entenderá toda conducta que constituya agresión u hostigamiento,[64] sistemática y reiterada durante un tiempo determinado, ejercida por una persona o un grupo (hombres o mujeres) en contra de una trabajadora (sujeto pasivo), ya sea de su mismo nivel laboral, subordinada o superior, en el lugar de trabajo, que busca repercutir y perjudicar la dinámica laboral opacándola o amedrentándola, y, que responde a un ambiente hostil e intimidatorio, que provoca el control, aislamiento y posiblemente la renuncia.

132   De acuerdo con lo anterior, el análisis del caso que nos ocupa, implica que este órgano jurisdiccional garantice, en todo momento, tanto la búsqueda de la verdad, como el derecho a la defensa y el equilibrio procesal entre las partes, por lo que: 

        Se deberá observar para ambas partes las garantías constitucionales del debido proceso.

        Se otorgarán a las afirmaciones de quien denuncia un carácter preponderante en el contexto de los hechos denunciados y a partir del acervo probatorio que obre en el expediente.

        Respetar la presunción de inocencia del denunciado.

        Valorar con objetividad todos los medios de prueba, teniendo en cuenta que el juzgamiento con perspectiva de género es perfectamente compatible con una valoración racional de la prueba, conforme a lo siguiente:

i.               Verificar la inexistencia de elementos que resten credibilidad a las pruebas testimoniales (enemistad, parcialidad o algún otro elemento que priven de certeza al testimonio).

ii.               Analizar la solidez de la declaración y elementos indiciarios derivados de otras pruebas que robustezcan, con cierto grado de razonabilidad, la imputación (otras declaraciones, dictámenes, etc.).

        Identificar el contexto en que se presentaron los supuestos hechos.

        Cuando en un procedimiento coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por la autoridad sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa.

        Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes para condenar. En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo.

        Confrontar los elementos de los que pudiera desprenderse la responsabilidad del presunto infractor, frente a aquellos que desvirtúen la acusación.

        Las conclusiones sobre la acreditación de los hechos denunciados derivarán del estudio integral de todos los medios de convicción que conformen el expediente, entre los que incluyen aquellos ofrecidos por la denunciante, los recabados por la responsable y los aportados por los imputados, pues sólo a partir de la valoración adminiculada e integral del acervo probatorio se deberá sancionar a los sujetos denunciados, en términos de la normativa aplicable.

VII. Análisis de los agravios

133   En el presente apartado se analizarán y se dará respuesta a los motivos de inconformidad que expresa la actora en su demanda, como se señaló, se llevará a cabo en el orden de las temáticas antes enunciadas.

a. Acciones de magistrados.

a.1 Reunión con el entonces Magistrado Presidente del TEQROO.

134   El seis de noviembre de dos mil quince, los Consejeros Electorales del OPLE de Quintana Roo, asistieron a una reunión con el entonces Magistrado Presidente del TEQROO, en donde la quejosa afirma que fue amenazada por dicho Magistrado al negarse a favorecer al PRI en el proceso electoral local de ese año.

135   De manera concreta, la enjuciante se duele de que la responsable hubiere tenido por acreditada la reunión a la que fue convocada por el entonces Presidente del Tribunal Electoral Local, el seis de noviembre de dos mil quince, pero no así, los actos de intimidación y presión de los que fue víctima, al negarse a favorecer al PRI en el proceso electoral local.

136   Al respecto, alega que los consejeros Poot Pech, Hernández Robledo, Pérez Alpuche y San Román Carrillo, al comparecer ante la responsable, reconocieron la existencia de dicha reunión pero no valoró que los consejeros Poot Pech y San Román Carrillo laboraron en el Tribunal Electoral Local como Secretarios de Estudio y Cuenta; y en el caso de la consejera Hernández Robledo, como Directora Jurídica del IEQROO, por lo que resultaba evidente su relación con el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Local.

137   Adicionalmente, aduce que aun y cuando la intimidación sufrida en la oficina del Magistrado Vivas Vivas fue de realización oculta, la responsable omitió juzgar con perspectiva de género al imponerle un estándar probatorio imposible, como es una prueba directa del hecho.

138   El agravio es infundado por una parte e inoperante otra, como se explica a continuación.

139   Si bien de las constancias que obran en autos, se pudo tener por acreditado que el seis de noviembre de dos mil quince, por invitación de la Consejera Presidenta, la actora y los consejeros electorales Hernández Robledo, Poot Pech, Pérez Alpuche, Avilés Demeneghi sostuvieron una reunión en las instalaciones del Tribunal Electoral Local con el entonces Magistrado Presidente, lo cierto es que ante la divergencia en las declaraciones de cada uno de los involucrados y que se pueden aprecian en el expediente, no puede tenerse por probados los asuntos que se trataron en la misma.

140   Además, de las consideraciones vertidas por la responsable en la resolución impugnada, se advierte que de la investigación llevada a cabo y de los testimonios recabados por los asistentes a la reunión, no tuvo a su alcance algún elemento probatorio ni siquiera de carácter indiciario, que le permitiera concluir que efectivamente se perpetraron en contra de la actora, actos de violencia política por razones de género.

141   Como es referido por la autoridad responsable, la hoy actora denunció que el seis de noviembre de dos mil quince, por invitación de la Consejera Presidenta del OPLE, asistió a una reunión en el TEQROO junto con otros consejeros electorales del mismo Instituto, donde el Magistrado Presidente refirió que su designación como consejeros era gracias a él, al Magistrado Lima Carvajal y al entonces Gobernador de Quintana Roo, por lo que solicitaba su apoyo para beneficiar al PRI y a la coalición que integrada con el PANAL y el PVEM.

142   La enjuiciante señaló además que, al negarse a otorgar dicho apoyo, fue amenazada por parte del Magistrado Vivas, diciéndole “que no dijera nada, que las cosas van a hacerse como deben hacerse, y que tenía que cooperar en beneficio de su partido, y que si no aceptaba le iría mal”.

143   Ahora bien, como resultado de la investigación llevada a cabo por la autoridad administrativa electoral, no se acreditó que la Consejera Presidenta hubiera llevado bajo engaños a los Consejeros Electorales a la reunión en cuestión, así como tampoco que el objeto de dicha reunión hubiera sido de felicitación por la designación de los Consejeros Electorales, quienes habían sido nombrados días previos o buscar colaboración entre ambas instituciones electorales locales, al existir distintas versiones sobre los hechos acontecidos por quienes acudieron a la reunión.

144   Asimismo, estimó que no se acreditaba que el entonces Magistrado Presidente haya referido que los Consejeros Electorales presentes le “debieran el cargo a él, al Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal y al Gobernador del Estado”, al no existir elementos probatorios con valor pleno, para arribar a dicha conclusión, ni que hubiera sugerido que el Instituto electoral local emitiera Lineamientos contrarios al INE o a la Ley General, o que hubiera reprimido o amenazado a la actora en los términos precisados en su denuncia. No obstante, la responsable razonó que al existir una presunción este hecho, sería analizado en concatenación con otros medios de prueba en el contexto del resto de los hechos narrados en la denuncia.

145   Lo anterior, a partir de las respuestas a los requerimientos de información formulados por la autoridad sustanciadora mediante acuerdos de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis y tres de marzo de dos mil diecisiete, a la Consejera Presidenta, a las y los Consejeros Electorales Hernández Robledo, Poot Pech y Pérez Alpuche, así como al entonces Magistrado Presidente del TEQROO, respecto de los cuales refirieron que estuvieron presentes en la reunión en cuestión y relataron lo que ahí aconteció, en los términos siguientes:

146   Al efecto, se puede advertir que la responsable apuntó que, al haber señalado la promovente que los hechos de intimidación ocurrieron en la oficina del entonces Magistrado Presidente, procedió a realizar diversas diligencias de investigación a fin de allegarse de elementos suficientes para esclarecer los hechos denunciados; como son los requerimientos hechos a los distintos consejeros electorales presentes en la misma reunión, así como al mismo Magistrado Electoral ya señalado, a fin de que precisaran el contenido de la misma.

147   Así las cosas, si bien los consejeros requeridos y el Magistrado Presidente admitieron que sí se llevó a cabo la reunión en cuestión, -con excepción del Consejero Avilés Demeneghi- los consejeros señalaron que acudieron por invitación de la Consejera Presidenta, que en dicha reunión el Magistrado citado los felicitó por su nombramiento y que se habló de generar un acercamiento entre las dos autoridades electorales del estado a efecto de trabajar de forma conjunta y coordinada, por lo que no se advierte coincidencia con lo afirmado por la quejosa en su escrito de denuncia.

148   Ahora bien, no escapa a esta autoridad jurisdiccional que -tal y como lo razona la responsable- lo referido por el Consejero Avilés Demeneghi, en cierta forma, respalda las afirmaciones que realiza la actora; sin embargo, ello era insuficiente para tener por cierta la temática de la reunión, toda vez que su valor probatorio se ve disminuido en su verosimilitud ante las manifestaciones realizadas por los restantes participantes en dicha reunión.

149   Aunado a ello, también concluyó el órgano resolutor que ninguno de los consejeros requeridos sostuvo que el Magistrado Vivas Vivas hubiera amenazado a la quejosa o que está se hubiera quedado al final de la reunión, por el contrario, según refirió la Consejera Presidenta, al concluir la reunión ésta se quedó en privado con el Magistrado con el objeto de comentar algunos puntos para el trabajo conjunto que se llevaría a cabo con posterioridad, sin referir que antes de ello el Magistrado hubiera increpado a la Consejera Carrillo, lo que fue respaldado por el Magistrado Electoral en cuestión.

150   En ese sentido, contrario a lo afirmado por la enjuiciante, la autoridad responsable sí valoró y tomó en cuenta las declaraciones de los consejeros electorales Poot Pech, Hernández Robledo, Pérez Alpuche y San Román Carrillo, en el sentido de que la reunión aconteció.

151   No obstante, se coincide con lo razonado por la responsable en el sentido de que no existen elementos para afirmar que efectivamente el entonces Magistrado Presidente se haya conducido de la forma como lo refirió la hoy actora, ni que éste la hubiera amenazado en los términos afirmados por ésta.

152   Ahora bien, la actora también refiere que la responsable soslayó en la valoración de la comparecencia de los consejeros Poot Pech, Hernández Robledo, Pérez Alpuche y San Román Carrillo, que éstos habían laborado previamente a su nombramiento en el Tribunal Electoral Local (como Secretarios de Estudio y Cuenta) y en el caso de la consejera Hernández Robledo, como Directora Jurídica del IEQROO, por lo que resultaba evidente su relación con el entonces Magistrado Presidente del Tribunal Local.

153   El agravio es inoperante, pues para este órgano jurisdiccional la conclusión a la que arribó la responsable no puede verse afectada por el dicho de la actora en el sentido de que las declaraciones de los consejeros pudieron estar influenciadas en razón de la relación laboral previa  que sostuvieron con el Magistrado Presidente, pues tal afirmación se trata de una conjetura, al no existir medio de convicción que permita suponer que su comparecencia se encontraba comprometida por esa sola circunstancia.

154   En síntesis, tal y como afirmó la autoridad responsable, de autos no se advierten elementos probatorios, ni siquiera de carácter indiciario, que permitiera a la responsable su adminiculación y, posiblemente, la acreditación del hecho denunciado, pues como se señaló la existencia de versiones distintas relacionadas con los asuntos desahogados en la reunión no permite concluir la existencia de actos de violencia política en razón de género.

155   Esto es, diverso a lo afirmado por la actora, la autoridad responsable no pasó por alto que la conducta denunciada, atribuida al Magistrado Vivas Vivas, era de realización oculta sino, al contrario, consideró que era necesario la adminiculación de las pruebas, incluidas, las de carácter indiciario, para estar en posibilidad de acreditar los extremos fácticos que permitieran inferir la verificación de un hecho; pero que, en el caso, no existía algún elemento probatorio, ni siquiera de carácter indiciario, que permitiera concluir que las amenazas fueron efectivamente cometidas.

156   Cabe recordar que la responsable carecía de competencia para conocer de una presunta violación cometida por el Magistrado Electoral Vivas Vivas en términos de lo resuelto por esta Sala Superior mediante sentencia dictada en el expediente SUP-JE-107/2016. Sin embargo, de advertirse hechos que pudieran constituir posibles conductas ilícitas de tal funcionario, la responsable no estaba imposibilitada para dar vista a las autoridades competentes para que fueran ellas quienes investigaran y, en su caso, sancionaran a tales servidores públicos.

157   En ese orden de ideas, aun cuando la actora señala que al tratarse de hechos de oculta realización la responsable debía dar preponderancia a los dichos de la víctima, lo cierto es que, tal preponderancia sólo puede tener ese carácter cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción que obren en el sumario; máxime que se destacan las versiones contradictorias de los motivos de la reunión[70].

158   Ciertamente esta Sala Superior ha sostenido que los actos de violencia basada en el género, tales como la emisión verbal de cierto tipo de amenazas, tienen lugar en espacios privados donde ocasionalmente sólo se encuentran la víctima y su agresor y, por ende, no pueden someterse a un estándar imposible de prueba, por lo que su comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima, leído en el contexto del resto de los hechos que se manifiestan en el caso concreto[71] y -se insiste- adminiculado con las pruebas que integran la investigación.

159   Por tanto, si para la acreditación de este tipo de conductas –de realización oculta– es necesaria la adminiculación de pruebas, incluso las de carácter indiciario, para acreditar el hecho denunciado, es apegado a derecho que, en observancia al principio de presunción de inocencia, la autoridad responsable no haya considerado que se cometió violencia política por razón de género en contra de la actora, como producto de la reunión que ella relató en su escrito de denuncia. 

a.2) Llamadas telefónicas del Magistrado del Poder Judicial Local a la actora.

160   La ahora actora refiere que al salir la reunión del seis de noviembre de dos mil quince (analizada en el numeral anterior), iba camino a comer con los consejeros Pérez Alpuche y Avilés Demeneghi, y que en ese momento recibió una llamada del Magistrado Lima Carvajal, quien le dijo que “ya sabía lo que había pasado en dicha reunión, infiriéndole diversas groserías, desvalorizándola por el hecho de ser mujer y exigiéndole obediencia a él, al magistrado Vivas Vivas y a entonces Gobernador Constitucional de Quintana Roo, amenazándola a ella y a su familia”.

161   Asimismo, refiere que el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, recibió otra llamada del referido Magistrado, en la que le dijo que la averiguación previa instaurada en su contra era para que se “aplaqué” y no siga de “rebelde”.

162   La actora aduce que fue indebida la valoración de las pruebas hecha por la responsable, pues a partir de la correcta adminiculación de los elementos probatorios que obran en el expediente, se podía advertir que había sido víctima de violencia política de género a partir de las llamadas recibidas, pues en todo momento debía considerarse que se trata de hechos que ocurren en un ámbito privado, por lo que debía privilegiarse, en todo momento, los dichos de la víctima.

163   El agravio bajo análisis resulta infundado, pues, tal y como lo razonó la responsable, no existe medio de convicción alguno, así sea de carácter indiciario, que permita corroborar el dicho de la actora, tal y como se explica a continuación:

164   En la resolución ahora impugnada, se puede advertir que, de las constancias que obran en autos, la autoridad responsable tuvo por acreditado que al salir de la reunión precisada en el numeral anterior, la Consejera Carrillo Gasca recibió una llamada telefónica, durante un trayecto a bordo de un vehículo en compañía de los Consejeros Electorales Pérez Alpuche y Avilés Demeneghi; y que al concluir la llamada telefónica, refirió a los presentes que ésta fue con una persona de nombre Carlos Lima, lo que permite presumir que, en efecto, la llamada en cuestión fue realizada por el Magistrado señalado.

165   Además, la responsable razonó que, derivado de una conversación entre el entonces Magistrado Presidente del TEQROO y el Consejero Avilés Demeneghi existen indicios que, adminiculados con el dicho de la quejosa, podían llevan a la convicción de que existió la intención de presionar a la entonces Consejera por parte del Magistrado aludido.

166   Lo anterior, sin que ello significara tener por acreditada la llamada en los términos referidos por la actora, es decir, que en dicha llamada telefónica haya sido amenazada o que le hubieran inferido groserías o se le hubiera desvalorizado por el hecho de ser mujer. Lo anterior, en atención a los principios de presunción de inocencia, igualdad procesal e inversión de la carga de la prueba.

167   No obstante, la responsable razonó que tal circunstancia sería analizada mediante la adminiculación de otros medios de prueba, así como dentro del contexto del resto de los hechos narrados por la quejosa; de ahí que sólo exista la convicción de existió la intención de presionar a la actora, más no la violencia de género de la que refiere haber sido víctima.

168   Tales consideraciones tienen como soporte los medios de prueba que recabó la responsable, y que, sobre el particular, son la respuesta a los requerimientos de información formulados por la autoridad sustanciadora, mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, a los Consejeros Avilés Demeneghi[72] y Pérez Alpuche[73].

169   En sus contestaciones dichos consejeros refirieron que estando a bordo de un vehículo con la Consejera Carrillo Gasca, ésta recibió una llamada telefónica en su teléfono celular, que ella señaló era de una persona a la que identificó como Carlos Lima, pero precisaron que no les constaba que se tratara del Magistrado señalado por la ahora actora, ni tampoco el contenido de la comunicación por tratarse de una llamada privada.

170   Asimismo, la responsable también se basó en la respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora al Magistrado de Poder Judicial del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal,[74] quien reconoció que el número indicado por la quejosa correspondía a su teléfono celular; sin embargo, negó haber sostenido una llamada telefónica con la entonces Consejera Carrillo Gasca en la fecha por ella indicada en su escrito de queja.

171   Adicionalmente a lo anterior, también se tomaron en consideración como medios de prueba los siguientes:

•  Respuestas al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora, el veintiocho de marzo del presente año, a las empresas TELCEL, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., MOVISTAR PEGASO PCS, S.A. DE C.V. y AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V, por medio del cual se les solicitó que proporcionaran información relacionada con las líneas telefónicas de la quejosa y del Magistrado Lima Carvajal. Al respecto dichas empresas informaron sobre la imposibilidad legal de proporcionar dicha información.[75]

•  Copia simple, de la denuncia presentada por Sergio Avilés Demeneghi ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a la que adjunta un disco compacto que contiene un audio de una supuesta conversación sostenida con el Magistrado Presidente del TEQROO Víctor Venamir Vivas Vivas, la cual refiere, tuvo verificativo en la oficina de este último en diciembre de dos mil quince.[76]

172   En este sentido, en la resolución ahora impugnada se precisa que en relación con la conversación sostenida entre el Magistrado Presidente y el Consejero Avilés se advertían expresiones en las que, presumiblemente, el Magistrado Vivas hace alusión al Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Alejandro Lima Carvajal y respecto de las cuales se desprenden indicios que, adminiculados con lo afirmado por la quejosa en su escrito de queja, permitían concluir que el Magistrado Lima Carvajal pudo haber ejercido cierta presión sobre la actora, a través de la llamada telefónica que refiere; sin que se pudiera arribar a la convicción que la presión del Magistrado Lima fuera por la condición de mujer de la Consejera Carrillo Gasca y que, por ello, se trate de violencia política por razón de género.

173   Así, la responsable consideró que tampoco era posible concluir que la presión ejercida por el Magistrado Lima sobre la quejosa se trasladara a actos de presión, discriminación, acoso, violencia política por razón de género u obstaculización en el ejercicio de su cargo, pues en ningún momento se hace referencia a que por no obedecer al Magistrado Lima, se ordenara la orquestación de una estrategia de presión sobre la entonces quejosa para actuar de una determinada manera en favor de una fuerza política.

174   A partir de lo antes razonado, se estima que la autoridad responsable realizó una investigación exhaustiva y recabó los elementos de prueba necesarios para poder determinar, por una parte, que existen indicios que permiten suponer la existencia de la llamada telefónica a la ahora actora, mas no el contenido de ésta ni las expresiones que configuren la violencia política de género; de ahí lo infundado del agravio bajo análisis.

175   Por otra parte, respecto a la segunda llamada telefónica atribuida al Magistrado Carlos Lima, resulta necesario precisar que, a partir de las constancias que obran en autos, el Consejo General del INE consideró que no se tenía por acreditado, entre otros aspectos, que la quejosa recibiera una llamada telefónica del Magistrado, al no existir medios de prueba idóneos para tener por cierto lo anterior.

176   Lo anterior, pues la autoridad responsable señaló que, si bien tratándose de denuncias por violencia política por razón de género, los hechos denunciados no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima, sin embargo éste debe ser leído en el contexto del resto de los hechos manifestados en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.[77] 

177   A partir de lo anterior, se considera que no asiste razón a la actora pues, efectivamente, en el caso, no existe ningún elemento probatorio, ni siquiera indiciario, que le permitiera a la responsable realizar la adminiculación con otros elementos probatorios para verificar la existencia del hecho denunciado pues, en atención a los principios de presunción de inocencia, contradicción e inversión de carga de la prueba, los resultados arrojados por la investigación debía corroborar el dicho de la quejosa para que su testimonio adquiriera un carácter preponderante.

a.3) Conversación entre el entonces Magistrado Presidente y el ex Consejero Avilés.

178   De las constancias que obran en autos, se advierte que, en diciembre de dos mil quince, se llevó a cabo una conversación entre el entonces Magistrado Presidente y el otrora Consejero Avilés Demeneghi, de cuyo audio aportado por este último, la actora refiere que la responsable no analizó debidamente el contenido de éste.

179   Señala la enjuiciante que la propia autoridad responsable reconoció que del contenido de dicha conversación se deduce que existió presión y coacción del referido Magistrado al Consejero Avilés Demeneghi, así como expresiones que denotan que existió la intención de presionar a integrantes del IQROO para favorecer a una determinada fuerza electoral. Además de que, la referida presión o intimidación no solo fue por parte del Magistrado Electoral, sino también por el Magistrado Lima Carvajal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

180   El agravio es infundado porque para esta Sala Superior el contendido de dicha probanza únicamente constituye un indicio del cual únicamente es posible advertir que existió una conversación entre el Magistrado y el entonces Consejero, en la que se habla de un supuesto compromiso de algunos de los consejeros del IEQROO con el Magistrado referido y de una presunta presión sobre la quejosa por parte de “Carlos Lima”; sin que sea posible determinar, -sólo con la conversación- que existió violencia política por razón de género en contra de la actora o que la presión a la que se refiere llegó a materializarse en acciones concretas que denotaran acoso laboral.

181   El contenido de la conversación en cuestión es el siguiente[78]:

“PERSONA 1: Pues aquí haciendo cambios, Brother me pegaron una santa cagada, este… entonces, yo quiero hablar bien contigo bien, en serio, y que me digas tú qué pasó y aunque tú me digas tu versión, de todas maneras el Gober ya tiene otra, y eso, eso te debe preocupar, si te debe preocupar “uta” porque de entrada ya me cagotearon a mí, este ya el Gober tiene una versión de tú eres de los que se está saliendo del huacal, que no quieres apoyar, que estás haciendo grillas internas. Y esta madre ya me preocupó pues porque el responsable soy yo. Ya te grillaron por el lado de Claudia y por el lado de Juan Manuel, porque a los dos como ya los acalambraron ya dijeron: “no pues es que es Sergio…”. Te lo digo en serio Brother, este a mí lo que me dice el Gober, Víctor tú me sugeriste a ésta persona, tú sabías perfectamente que aunque pataleara él no iba a llegaba si yo lo bloqueaba.

Entonces me pidió que hable contigo, ¿por qué? Me dice: “Víctor entre otras cuestiones en tres años vamos a hacer otra vez cambios yo ya no voy a estar de Gobernador pero los del equipo siguen siendo los mismos. Tú vas a querer ser magistrado o vas a querer buscar otras cosas, que me apoye ahorita, las palabras de Juan Manuel y las palabras de Claudia, porque a Claudia le pusieron una cagada de dos horas ayer, es que, este… pues tú de entrada no estuviste conforme con la Rocío, de que tu hiciste todo un show, que junto con Claudia dijiste que vas a mayoritiar junto con Juan Manuel y con Botello, este… que incluso a Juan Manuel le dijiste que “Ni Carlos Lima ni Víctor Vivas son mis jefes”, entonces… escúchame, escúchame para que yo te diga todo lo que ya sabe el Gober.

PERSONA 2: No estoy hablando.

PERSONA 1: Y yo por eso te dije hace rato, si es cierto checo yo ya no soy su jefe, no lo soy, pero ustedes tienen un compromiso conmigo porque yo lo tengo más arriba.

La pregunta que le hiciste a Mayra, si es que todo tienen que pedir permiso y todo tienen que revisar la respuesta es ¡Si!  Al menos en éste Proceso Electoral, ¡Sí!, 

El Gober está excesivamente nervioso, es más con decirte que “like” que dan a las notas de Carlos Joaquín me las manda, él está pendiente de todos esos temas y hay un cabrón que es el gobernador. …

Me está mandando mensajes ese Güey, y este y él mismo me mandó una foto de un tío… ya la borré; me mandó una foto de un tío de Adrián Díaz, donde él comenta en una de las notas de Carlos Joaquín y la desesperación de Borge y no sé qué mamada…, imagínate me dice pártele la madre a Adriancito y dile que hable con su tio; él está pendiente de todo el rollo. Entonces… platícame qué paso y dime qué madres… PERSONA 2: Bueno, mira ahí estaba Juan Manuel, y se lo dije a Mayra, oye Mayra…, ella nos dijo un día antes, no se lo dijo a Claudia. Dice: “Nolasco sabes que iba Nolasco, porque Carlos tiene meses que lo estaba diciendo”. 

Mira el problema de Claudia y Carlos, no sé qué pedos tenga, no sé qué acuerdos tengan, no sé qué pase ahí, ni creo que tú lo sepas, son pleitos que ellos tienen o no

pleitos, uta es amor apache ¿me explico?, mira… PERSONA 1: Carlos Cat… Lima, Lima y Claudia…

PERSONA 2: No, Lima, Lima, Lima. Él cree que la controla y se le sale del huacal y yo le digo a Mayra, mira pasó esto, pasó esto, pasó esto… Ahorita, ¿qué pasó?, entra “oye ¿Y el oficio éste para qué es? voy a ir a una reunión”, ahí lo dice Claudia le digo, es para la revisión de un curricular, “Ah sí, viene Nolasco a Jurídico”, y luego Juan Manuel comentó ahí, “no, no viene al jurídico, viene a partidos políticos”, y se queda “¿cómo?”. Haber, hay una oportunidad que se le está dando a Maogany le digo, es justo. “Si, si, si pero éste cabrón no tiene la capacidad…, y pobre Roció, esto y el otro…”. 

¿Ahí estaba Juan Manuel eh?, qué bueno que estaba Juan Manuel ahí. 

Haber le digo, tranquilízate por favor, “no, es que voy a hablar con Mayra”, si, pero aguántame.

Le hablo a Mayra, “oye Mayra se le salió esto a Juan Manuel, no bueno no se le salió que preguntó ésta niña de que se trataba, se le dijo y se alborotó.” “Chinga, creo que se me pasó a mí avisarle, ella ya lo sabía, pero iba por otro puesto, por Director Jurídico, eso pasó”. Eso fue lo que le movió a ella. A mí Nolasco me cae bien brother, osea

Nolasco “uta”… 

PERSONA 1: Aunque te caiga mal hijo.

PERSONA 2: Si…, mira. Aquí el problema de Carlos Lima es que como no la puede controlar le quiere cargar el muerto a otra persona…

PERSONA 1: Haber espérame, aquí es donde tú tienes que ser más inteligente. Claudia como Consejera no vale ni una puta madre.

Claudia yo la conozco desde que era Ministerio Público, Claudia es bipolar, Claudia está loca. Claudia una cosa te dice a ti, otra cosa le dice a Juan Manuel, otra… ¿osea me explico?

Y cuando la cagotean que la hacen a llorar y a la ponen a temblar, ella se sacude. “No soy yo, es Sergio”. Y a ti ya te echaron toda la mierda, toda la mierda. Porque Cortés va a desayunar creo el lunes o martes con, con Juan Manuel, para otra vez leerle la cartilla. Ustedes en torno a Mayra, que Claudia se quede sola, ¡sola! PERSONA 2: Se lo dije a Mayra, todo lo que está pasando se lo estaba comentando a Mayra, el pedo es que… que hago Víctor ¿¡si ésta niña va a mi oficina y va a la de Juan Manuel, va a mi oficina y va a la de Juan Manuel?! “puta”

Hoy le pegué una cagada a Claudia delante de Juan Manuel. “Haber Claudia, deja de estar alborotando a la gente, se lo puedes preguntar a Juan Manuel, ¿Tú dices que tienes cuatro votos, cuáles cuatro votos? ¿Tú, el profe, Juan Manuel y yo? ¿O qué votos, de qué hablas?, estás mal. -Sí, me dice… ahí la regué-. Es que no debes decir eso, por qué nos embarras… 

PERSONA 1: Eso de los cuatro votos ¿sabes qué dijo? Que tú fuiste a buscarla para decirle “yo no estoy de acuerdo y están presionando para que se vayan, tenemos voto, tenemos a Botello, ahorita mayoriteamos y no se dá.” Osea que tú lideraste todo ese tema.

PERSONA 2: No, para nada.

PERSONA 1: No, por eso, Checo te digo la cagada que me dieron a mí y yo sin saber ni puta madre, ¿porque? Porque yo estoy acá cabrón, si te fijas yo desde que vi la entrada de ustedes, que no tuviera pedo Mayra con los partidos, que no tuviera pedo Mayra con los medios, acá hicimos una rueda de prensa privada, ya después de ahí, yo a ustedes los solté, ¿para qué? Porque ustedes ya tienen que empezar a jugar su rol, porque Mayra ya tiene que tomar decisiones fuertes, ¿sí?, Mayra la tienen igual que puta a mí y a todos la tienen encima. 

Entonces cuando venga Claudia a decirte todas esas mamadas, “sabes qué por favor, a mí no me vengas a hacer riña…”

PERSONA 2: Si quieres que lo haga lo hago, y se lo dije a Mayra, “si viene ésta niña, cualquier cosa échame la culpa, no te metas en problemas”, se lo dije a Mayra.

PERSONA 1: Ya ella, ya ayer le cantó así todito y le dijo. “Haber Claudia, tu nombramiento es de 3 años. Y le dice: desde que se creó el IEQROO siempre han habido uno o dos votos que puta son los difíciles, son los que se hacen del rogar ¿y que ha pasado? nada, ¡nada!”.

Hasta gente que se supone que era de nuestro lado, como era el Magistrado Mario Aguilar Laguardia que él puta decía y se iba por la libre… Chan Cob, Rafa, puta madre... ¿Y qué pasaba? ¡Nada!

Y le dijeron: Claudia, ¿qué pasó?, ¿ve donde está Rafael ahorita? y ese hijo de puta estuvo 7 años en el Consejo. Velo está peleando, es más a mí me dijo que acá, aunque sea de auxiliar se venía, aunque sea auxiliar cabrón. Le dije “No puedo Rafa, no te puedo dar chamba”, está… 

Le dijeron “A ti, haber hija tú tres años acá, tres años se van así, qué chingados vas a hacer después de que termines de Consejera, porque en el gobierno no vas a poder trabajar. Le dijeron ¿¡Qué hija de puta vas a hacer!?

Entonces piensa muy bien, ¿si quienes seguir haciendo tus grillitas? O quieres sumarte al equipo, si quieres estar en la línea desde ahorita bien.

Lo que le dijo Lima a Claudia: Nada más que a partir de ya, se va a llamar a Sergio, se va a llamar a Alpuche, y eventualmente el Doctor va a necesitar billete o va a necesitar algo, solito se va a tener que entrar.

Ya se le pidió audiencia al Gober, para una comida con él, los Magistrados nuevos y los Consejeros. Uno por uno, salvo que a mí que yo estaba desde antes, uno por uno los va a pasar el Gober y los va cagar o los va a felicitar, y ya que estén todos en la línea vamos a salir a comer y a tomar los tragos con él.

Y a Claudia se lo dijeron, “Claudia, Botello no está invitado a esa comida, no va a estar invitado, para que no sienta que hay calor, solito se va a enterar después que hubo reunión con el Gober y él no estuvo invitado”, 

PERSONA 2: Si tú me quieres apoyar y respaldar, si tú quieres y consideras que es necesario para que realmente sepas la verdad, bueno convócanos o como ahorita, si tú, piénsalo, para que me respaldes.

PERSONA 1: Es que yo a ella no la quiero convocar.

PERSONA 2: Convócanos, a Claudia, Juan Manuel y a mí, y a Mayra. ¿Haber cómo estuvo ese asunto? Así fueron las cosas…  El problema es que yo creo que a Carlos se le salió…

Me habló ésta niña a las doce de la noche ayer, me habla… PERSONA 1: La acababan de cagar.

PERSONA 2: “Oye, me habló Lima y me dice que tú le hablaste a Lima…” Le digo: “No tengo ni el teléfono de Lima, no tengo y tú lo sabes, no tengo el teléfono de Lima, lo único que tengo es el pin y porque tenía cuestiones laborales, no tengo el teléfono de Lima. “Pues me habló…” Mira Claudia eres infantil, le digo eres infantil tú, como Lima si realmente te dijo esa cuestión, mira no tengo por qué hablar mal de ti, y aparte yo no, ni Juan Manuel, ni el Doctor, nadie te dijo.

PERSONA 1: Sólo una cosa quiero que tengan pendiente, hagan de cuenta que Lima es como, como si fuera Roberto Agundis, puede venirme acá y decirme una cosa y pues eventualmente le creen.

El abogado general del Gobernador es Lima, es más no sabes cuántas veces ha llorado, pataleado el cabrón de Labastida… “Es que yo soy el Consejero” “Tú no eres ni puta madre dale las cosas a Lima que él las ve”. Y ni pedo y así, no es Lima quiera, es porque es una instrucción del Gobernador.

(TOCAN LA PUERTA.)

PERSONA 1: Diga

SE ESCUCHA UNA VOZ MASCULINA -¿Magistrado algún pendiente?- PERSONA 1: No. 

VOZ MASCULINA: -Hasta el lunes.-

PERSONA 1: Es una instrucción del Gobernador, y si Lima cagotea dos horas a Claudia y Claudia te hecha la mierda a ti. Eso es la llamada que me hicieron a mí en la madrugada igual, y cuando el Gober preguntó ¿Qué puta madre pasó? ¿Le dieron una versión de Claudia eh?

Yo por eso desde temprano cuando me llamaron a mí, “Tú sabes que los del TEQROO (IEQROO) son tu responsabilidad, qué puta madre está pasando”. -Gobernador ¿no sé ni qué madre pasó?, “Pasó esto, esto, esto y lo otro…y que éste cabrón que no eres su jefe”. –A puta discúlpeme Gobernador, ahorita yo lo atiendo, dame un segundo…  PERSONA 2: Pero esa tesitura de “jefe” si te lo comenté Víctor, pero fue en cuestión de que…

PERSONA 1: Ya me lo habían comentado desde antes…

PERSONA 2: De que yo quería tocar los puntos contigo y no con Lima, ¿me explico?, yo quería que tú me dijeras… ¿sabes qué? ¡Va! ¿Me explico? Pero si dices puta con Lima, pues ok.

PERSONA 1: No mira, es que son dos cosas distintas. 

De entrada los tres del TEQROO debemos… no hacer un equipo aparte, debemos ser leales. Tú y Jorge a Mayra, ayudarla en esas sesiones difíciles, no convertirse puta en una traba. Lo que Mayra disponga es porque Mayra, o ya tiene instrucción o ya lo decidió. Esa es de entrada.

Alpuche, Alpuche ya es…, incluso Alpuche ya se sentó con Mayra, y él si te fijas ya va a votar todo lo que Mayra diga. Como sea va a desayunar el martes con Cortés y le van a volver a leer la cartilla a Alpuche.

Thalía, Thalía es responsabilidad de Lima, es pedo de Lima, ¿ok?.

PERSONA 2: Y hoy estaba Thalía y estaba Jorge, algo dijo Alpuche de Nolasco, algo así dijo “Le voy a preguntar por qué no pasó el examen” que no sé qué tanto, haber le digo haber, y se lo dije ahí delante de todos, estaba ahí Thalía. “Si vas a hacer la pregunta hazla, pero deja de estar calentando.” Se lo dije ¿me explico?.

PERSONA 1: Por eso entonces ustedes sean más inteligentes, en tu caso, cuando esté grillando Claudia, “Sabes qué Claudia no me interesa”, A chingar a su madre, que empiece a cacarear sola, que no encuentre ese pedo. –Oye pero es que…

“Discúlpame no, velo con Mayra es tu pedo”. Ya no le entres al juego, ¿por qué? Porque a ti ya te embarró. Lo mismo le va a decir a Juan Manuel… “A si bien, gracias, adiós, a ti”, se va a quedar sola, se va a quedar sola.

PERSONA 2: Si tienes oportunidad brother, si el martes puedes acompañar a Cortés con Juan Manuel, para que veas brother cómo fueron las cosas.

PERSONA 1: Yo no me quiero involucrar.

PERSONA 2: Juan Manuel estaba ahí, ¡ahí mismo!

PERSONA 1: A Claudia ya la cagotearon, yo ya no me voy a involucrar brother, ¿por qué? Porque yo ya no confío en Claudia. 

PERSONA 2: Pero me preocupa eso, que puta Carlos Lima él arme su versión que no la controla, se le salga de…, se putean, y al rato le echan la culpa al más pendejo.

PERSONA 1: No es que la controlé…, pero tú pues te debes de preocupar.

PERSONA 2: Por eso… es lo que me preocupa.

PERSONA 1: Porque si el Gobernador ya se emputó. 

Te acuerdas de…. (RUIDO) Gober?… como dijo al Doctor Pech? –“¡A chingar a su madre, vámonos!” Beto es cabrón güey, por eso se hizo todo éste circo para tener conformado un equipo fuerte.

A mí no creas que me dolió cuando, puta me llegan a decir “Sergio dijo que no tiene que consultar nada con Víctor porque no es su jefe y menos Lima”. Pues tienes razón, jurídicamente no tenemos por qué hacerlo, no tienen por qué hacerlo Sergio, yo nomás les pido que te quites esa pinche idea de tu cabeza, porque si es cierto no soy tu jefe pero tienes una responsabilidad conmigo. ¡Y con Lima, puta! Es más no le pidan permiso, ténganle miedo. Él va a revisar todos los pedos que te eches, es su chamba, ¡es su chamba! Ni pedo Checo, tú sabías desde el primer día que estaban acá, que les pregunté si querían jugarla para Consejeros.

PERSONA 2: Se dio la oportunidad y pues todos participamos.

PERSONA 1: Si hijo, pero haber… Es como ésta madre de Magistrados… ¡Qué casualidad que llegamos los tres afines!

A los Consejeros, dime porqué entonces otros abogados del PRD no llegaron.  Hijo ésta madre te lo dije antes, me costó una lana, no fue porque seas tan chingón Sergio, sí lo eres.

PERSONA 2: Es que nadie está diciendo eso Víctor, tú siempre lo dices como yo… PERSONA 1: No, sí lo eres.  

PERSONA 2: Cuándo me he jactado, en mi pared, cuándo he puesto un Título mío.  PERSONA 1: No, si, pero sí lo eres. Pero quiero que sepan que ésta madre, así como yo, tú también se la debes al Gober.  

PERSONA 2: He tratado de ser lo más humilde la verdad, la lealtad contigo y te lo dije desde un principio, la lealtad es contigo y más que nada la amistad. Pero

Víctor… ¡me están cargando muertos que no son míos!

PERSONA 1: Pues deshazte de ellos, deshazte de ellos, manda a la verga a Claudia.  PERSONA 2: Yo por ejemplo, gano lo mismo que cualquiera de los 6 changos que estamos ahí, no he pedido ni computadora no he pedido absolutamente nada.

PERSONA 1: Si Claudia te está creando éste problema, hazte a un lado de Claudia, de veras, tú no trates de controlarla, no es tu pedo, es pedo de Lima y si la controla bien, de entrada nunca fue gente de Lima.

PERSONA 2: Fíjate, y te lo comento, y la verdad el respeto hacia ti y hacia la Institución, y hacia donde me dio y me ha dado satisfacciones. 

Maribel, “Oye habla con Víctor”. -No voy a hablar con Víctor, él sabe lo que hace, no voy a presionar, no puedo presionar- ¿me explico? -Si no estás de acuerdo, renuncia y punto, renuncia y punto, “A ok”. Te lo juro, te lo juro y eso no te lo había comentado, y eso no te lo había comentado

PERSONA 1: Porqué quiere renunciar.

PERSONA 2: No, porque quería una oportunidad que ahorita hay cambios en la Sala.

Le digo, él sabe los cambios, cómo vienen las cosas…

PERSONA 1: Si ahorita me están mandando a Rocío, ¿Tú crees que la quiero traer acá?

PERSONA 2: Yo lo sé, yo lo sé, mira. Yo no puedo hacer tampoco nada en eso ¿me explico?, si tú no estás conforme, renuncia mi amor, le digo, renuncia mi amor, buscamos otra oportunidad no hay problema, si ya no te sientes agusto, te juro que te apoyo, pero va.

PERSONA 1: La única que me quedaba libre, porque la otra me la ocupó Rocío, las dos finalistas están entre Maribel y Sarahi. Y el único motivo por el que hoy en Pleno se la di a Sarahi, es porque desde que se fue Pepe Cortés hasta el día de hoy, no ha llegado ni un día Maribel antes de las nueve y media de la mañana, ni un día.  PERSONA 2: ¿Solamente por eso?

PERSONA 1: No es que…

PERSONA 2: Ni me meto en esas cuestiones.

PERSONA 1: Entre otras cuestiones… 

PERSONA 2: Ella me dice “Tengo calificaciones, tengo mejores que esto, tengo más cursos…”

PERSONA 1: Checo, a mí lo que me interesa es la disponibilidad de la gente, y éstos no son decisiones que yo tomo al vapor ¿sí?, no son decisiones que yo tomo al vapor, pero eso es punto y aparte. 

A mí lo que me interesa es tu actitud de frente al Consejo General checo, es lo único que te pido.

PERSONA 2: Es correcto, pregúntale a Mayra cuándo no la he respaldado en frente de los seis Consejeros de mis compañeros. Hoy, por ejemplo, en la entrevista, “Claudia eso no es…” o sea, Cuándo no la he respaldado.

PERSONA 1: Checo, te voy a hablar al chile. Cuando viniste la vez pasada que platicamos así muy light. Yo no quise hablar más fuerte contigo, ¡porque pues bueno!, tenía primero que platicar… ya viste que medio te solté y dije “ya no soy su jefe si es cierto” pues bueno. 

La petición de Mayra, era que yo platicara contigo y que tú la respaldaras más. Y que tú fuiste el que le preguntaste a Mayra “Puta, ¿y así vamos a estar siempre?, ¡¿cada pinche acuerdo hay que pedir permiso!? ¿Nunca vamos a tomar decisiones?” Que esa fue tu pregunta hacia Mayra, entonces… PERSONA 2: Sabes que yo no me conduzco así.

PERSONA 1: Por eso, Mayra me lo está diciendo, Mayra es la Presidenta Sergio qué hago ¡Mayra es la Presidenta! 

PERSONA 2: Y yo soy un Consejero por tres años y punto. 

PERSONA 1: No me estás entendiendo.

PERSONA 2: Si te estoy entendiendo Víctor.

PERSONA 1: Mayra tiene una autoridad bien grande. 

PERSONA 2: Y se lo dije y la respaldo. Ve los mensajes que le mando.

PERSONA 1: Si Mayra me llama para decirme “Lic. ando preocupadona, checo está haciendo como que muy dificilona la cosa…me está preguntando esto. Que él no quiere que toquemos base con todo lo que diga Lima” Es más, que Mayra te dijo “Checo ¿por qué no le consultas al Magistrado Víctor?” y que tú respuesta fue “Víctor no es mi jefe” Mayra me lo dijo, te lo juro checo.

PERSONA 2: Pero fue al contrario, que le dije que yo quería preguntar contigo las cosas ¡vaya! Tocar base contigo. 

PERSONA 1: Por eso, si, pero yo no estoy tomando las decisiones ahí de cómo van a sacar tal acuerdo o no, yo no lo estoy estudiando. Si ustedes tienen una duda de oye nos están diciendo esto, consúltalo con quien quieras. Pero cómo están acordando ustedes el sentido de los acuerdos no lo estoy viendo yo, Lima directo lo está viendo, Lima directo. A mí cuando me dicen “oye va a salir esto, si apoyas”, está bueno. Cuando tú me mandaste el de… el de… bueno… los cuatro acuerdos, que me dijiste “éste lo van a impugnar”, Le hablé a Lima ¿oye metiste mano? “No, tú mismo te vas a dar cuenta que el acuerdo está bien hecho”, tá bueno; lo leí se lo compartí a los Magistrados y dije “De una vez háganse la idea de que esto se va a confirmar”. No sabíamos ni a quién le iba a tocar, ¿me explico?, pero entonces, yo no puedo salirme de eso. Cuando Mayra me pide ayuda, por eso pasaste y yo entré a Secretaria de casualidad te vi, “A pásale pasamos a platicar” y fue una cosa muy light. 

Ahorita que me vuelven a decir que tú… ¡puta madre dije ya! Y a mí lo que sí me encabronó porque ayer a las doce de la noche que me habla Lima y me dijo “No es que tú y Claudia, Sergio, Alpuche…” Dije “Yo no me hago cargo de ninguno, Sergio sí es mío, es mi responsabilidad y ni pedo”. 

Claro hoy en la mañana que le pasan el reporte al Gober… ¿Qué pasó? ¿Qué madres está haciendo? ¡Hijo de puta! y me cagotean a mí. ¡Puta y yo porqué! Qué chingados estoy haciendo, no estoy quieto en primera.

PERSONA 2: Tú dices que no quieres tratar con Claudia, pero ¿si tienes la oportunidad? Lima quedó con ella, para que cuando venga, para que Lima vea de quien es…

PERSONA 1: ¿Sabes cómo te puedes zafar de éste pedo?, siéntate con Mayra, siéntate con Mayra y que les acompañe Adriancito Díaz; y ahí sentados los tres dile a Mayra que ya platiqué contigo, que a mí ya me cagotearon, que de ahora en adelante dile a Mayra ¿cómo te ayudo?, Así pintándole raya a Claudia, que se haga pendeja y que haga como que quiera pero que no encuentre eco, que le cierre la puerta, que Mayra te diga cómo le ayudas y listo. ¿Para qué? Para que cuando le vuelvan a preguntar a Mayra, y por abajo le van a preguntar a Adrián, diga “checo está en la mejor disposición de hacer equipo” Y a chingar a su madre y a respaldar decisiones Esa va a ser la única manera. ¿Porque? Porque si tú sigues escuchando las mamaditas que dice Claudia. Claro cuando la cagoteen va a decir “Es checo” eso va a decir. Alpuche (inentendible) su madre porque es pendejo, él quiere escuchar, pero ya con la cagada que le pusieron.

PERSONA 2: Ayer en la entrevista “Lo bueno es que todos son gente… todos son gente de aquí del Instituto”, sabemos que hay ocasiones que no es gente, no sé si es… hay mucha ingenuidad o no miden las palabras con que dicen las cosas. Y se lo dije

“¿Oye sabes qué? la regaste aquí” Y dice “Ah!, dice, pues es que, me pasaron lo de las ratificaciones”. Le dije: “No, eran ratificaciones y designaciones, le digo, “son nueve personas”.

PERSONA 1: Platica con Mayra, en serio, platica con ella Dile “Ahora sí ¿Cómo te ayudo?” ¡Chingar a su madre! Yo voy a platicar en un ratito más con ella. Y este… Y en serio dile ¡¿qué madres es lo que está fallando conmigo?! Y dile esto pasó con Claudia y explícaselo bien. 

Y a Claudia… olvídate de ella, eso no va a ser pedo tuyo, ni va a ser pedo mío, ¿por qué? Porque yo aquí la quise llamar y me salió contraproducente. Entonces yo lo que hice fue hablar con Lima y le dije “No, con esa muchacha ya no vuelvo a platicar”. 

PERSONA 2: Esa niña no lee no eso, lo único que va es… ir a platicar (inentendible). O Juan Manuel o Thalía, de esos tres que va a recorrer.

PERSONA 1: Que le raje la madre eso, va a ser pedo de Mayra y de Lima, y si no la pueden controlar, ¡pues ni pedo! Nada más que entonces se quede sola.

PERSONA 2: Y que a nadie alborote, que de su voto y punto. Es a lo que voy. PERSONA 1: Pero que se quede sola ¿me explico?

PERSONA 1: Si tú ves que vez que empieza a grillar con no sé qué idea, “¿Sabes qué? discúlpame, velo con la Presidenta”, y tú le avisas “Presidenta hay está Claudia está haciendo sus mamadas”.

PERSONA 2: (inentendible) Tiene media hora o un poquito más… “Haber Claudia, le digo, deja de estar diciendo, ahí está Juan Manuel eh. Que yo voy a votar en contra, que Juan Manuel va a votar en contra, y que… o sea… por qué (inentendible)4 votos, ¿de dónde estás sacando esa idea?

PERSONA 1: Eso fue lo que ella dijo, pero lo que dijo es, no que ella conjuntó los cuatro votos, que tú idea fue entonces “A nosotros somos cuatro votos, vamos a ver a Mayra y ésta madre no va a pasar” después... Ayer (inentendible) Rocío me vino a ver ayer… dije ¿y yo qué pedo?.

PERSONA 2: Y fíjate estaba ahí, cuando pasó Rocío puta, estaba con Juan Manuel y estaba con Claudia y estaba platicando de éste tema, entra Rocío porque… para darme unas tarjetas y le llaman, si estábamos hablando ¡puta! Y entra (inentendible) “párame” le digo a Claudia, voy a checar el casset con este Juan Manuel. “Oye, es verdad…” y empieza Rocío “es verdad que ya te vas que nos dejas, que no sé qué” y Rocío le dijo “Si, tengo una nueva oportunidad yo hace mucho tiempo que estaba esperando una oportunidad y ya me la dieron, la verdad estoy muy contenta, estoy bien, estoy (inentendible)”  

PERSONA 1: Te voy a decir algo, a Rocío no la están corriendo, ella no quiso quedarse allá, y a mí me pidieron que le diera una oportunidad, no se le quería yo dar pero ni pedo, con tal de zafar a Mayra de ese pedo.

PERSONA 2: Y te digo… y esto y el otro y shalalá shalalá. Ok gracias… ¿Claudia entonces? “Ay bueno, es que, pues es madre soltera, yo por eso…” -¿Entonces? Le digo. Ya está, Rocío directamente aquí, Juan Manuel, tú, dijo que ella ya se quiere ir, que tiene una nueva oportunidad, imagínate si yo tengo una nueva oportunidad, ¡puta me voy! ¿Y por eso entonces voy a estar peleando por algo?

PERSONA 1: Aquí va a ganar menos, tú sabes que va a ganar menos.

PERSONA 2: Si, me imagino.

PERSONA 1: Ahí gana 35, acá va a ganar 27 más bonos, gana menos, llega a 30 o 31 (inentendible).

…(LLAMADA A VÍCTOR)

PERSONA 2: “Yo ni a mi vieja controlo”, le digo, si tú quieres renunciar renuncia y punto le dije. – Ah!, ok.- me dice.

PERSONA 1: Platica con Mayra y que te cuente, bien, bien cuál es la versión que tiene Lima, las pendejadas que dijo Claudia, pregúntaselo para que tengas una película. 

PERSONA 2: Y se lo voy a pedir a ella, se lo voy a pedir y le voy a decir “llama a

Claudia por favor” el tema es este…

PERSONA 1: Ya lo que diga de Mayra, si los quiere llamar o no, o si la quieren…

PERSONA 2: … Ya Mayra expresamente… si… llama a Juan Manuel, llama a… ¿vamos me explico? es lo que yo quisiera.

PERSONA 1: Por eso, pégate con Mayra y que Mayra te diga qué chingados hacen, cómo la van a tratar, si la van a bloquear, si la van a hacer como loquita que haga lo que quiera, ¿me explico? Porque en éste pedote, que ¡puta!, ella quiso hacer todo un show y a la hora que vio que se empalmaron los putazos dijo “no, no fui yo, fue Sergio”, y te echó toda la puta culpa. 

PERSONA 2: Y ahorita, en ese tipo… es mas ayer… es que las acciones no concuerdan con lo… Ayer, que estábamos revisando expedientes, es más le digo a

Mayra, (inentendible) Nolasco todavía… O sea… ¿me explico?… ¡es que chinga!...  PERSONA 1: Yo nomás te digo que ahorita en alguna oportunidad que tengas, siéntate con Mayra dile “Mayra acabo de platicar con Víctor, me dijo que me habían echado la culpa de esto, esto y esto, puta yo te quiero aclarar…”, y que te cuente ella la versión que también seguramente ya escuchó de Claudia y que te cuente cómo está el pedo, de verás. Pero hasta ayer, ¡puta!, que Claudia dijo “No, ¡puta! pues a mí el que me vino a decir fue ¡puta! Sergio, él dijo que juntemos los votos, que ahí están presionando a Rocío, que no lo íbamos a permitir…” Te lo juro, platica con Mayra hijo, no me hagas caso.

PERSONA 2: Rocío, si quieres te muestro, tengo los mensajes de Rocío, institucionalmente, es más, cuando le hablo a su extensión, tengo tres o cuatro mensajes de toda la conversación de ella así de que dice “ahorita subo consejero…” PERSONA 1: Platica con Mayra, platica con Mayra, de veras, y que Mayra te diga

“pasó esto, esto y lo otro…” y dile “¿Cómo chingados te ayudo? Ya para que todo termine con éste pinche pedo con esta loca” Y ¡puta!, para que salgas adelante cabrón, de verás. 

PERSONA 2: O que la bequen, o… te lo juro…o ¡chinga es que está cabrón!.

PERSONA 1: ¡Está cabrón! Pero platica de verás con Mayra, y que te diga cómo está el pedo y qué le fueron a decir al Gober, de verás, porque a mí, te digo, tempranito me pegaron mi cagada.

PERSONA 2: Te juro me enoja, neta; bueno… y a lo mejor… cabeza fría y todo… lo de Lima ¿me explico? que puta la responsabilidad me querían colgar a mí. Cuando sabe…

PERSONA 1: Lima no te quiere colgar ninguna responsabilidad, Lima habló para cagotear a Claudia, Claudia te echó todo el pedo a ti. Pues sí, o sea, quítate a Lima de la cabeza, ¡haz de cuenta que Lima es como tu jefe coño! Ni pedo.  Tú crees que Mayra, al principio no se sacudió porque me lo dijo “Lic. yo…” Ella quiere poner a Dalia, ¡no puede!...  PERSONA 2: ¿quién? Ella.

PERSONA 1: …Quiere tomar decisiones, ¡no puede!, ¿Y por qué no puede? Porque sabía perfectamente que ésta oportunidad, por su propio pie, no la iba a tener. Lo sabía perfecto y lo aceptó como tal, le dijeron “Te vamos a acompañar en todo el puto proceso”, y ella dijo que sí.

De entrada, porque si ahorita empieza a patalear, “que no, que es mi tribunal, que es mi Instituto…”, a chingar le van a cerrar la llave y a ver cómo hijo de puta le haces, ¿me explico?, cuando empiecen los pedos, hasta el INE los van a correr a todos ustedes y a la verga, ¡pues no! Mayra ya lo entendió, Mayra por eso ahorita ya está… ¡puta! come, caga y duerme con Lima y con Adrián; por eso ya la vez tomando decisiones más libre, más segura. 

Ahora lo que necesita es que la acompañen, y de veras siéntate y habla con ella y que te platique todas las pendejadas que dijo Claudia, que te lo platique para que tú veas cómo te echaba la mierda. Para que ella te diga “¿Sabes que Sergio mejor?, cada vez que venga esta vieja, mejor dile, -no, no, no, mejor velo con la Presidenta, a mí no me andes calentando- y a la verga” Que te lo diga Mayra, y ya tú toma la decisión que tú quieras cabrón, sabes que aquí tienes a un amigo, lo sabes.

Sabes de todas maneras que en tres años vas a venir a tocar las puertas, ¿por qué? Porque seguro vas a querer ser Magistrado, lo sabes checo.

PERSONA 2: Tengo un proyecto personal, a lo mejor luego te lo digo…, terminando el proceso tengo un proyecto personal, personal, este… terminando el proceso probablemente. 

Pero pues bueno… es parte del show, colaborar la verdad hacer el mejor trabajo que se puede hacer, y este… no cometer esos errorcitos tontos, que ahí hay errores tontos, de primaria la verdad. Vaya… mucha información la estamos sistematizando y me gusta sistematizar todo, ya organicé muchas cosas en éstos días, pero es difícil trabajar, ¡puta cuando mucha gente ve fantasmas!

PERSONA 1: Si, ¡yo acá cabrón, estoy pasando también las de Caín! Y pregúntaselo a Jazmín es tu gente, pregúntaselo a Elizabeth es tu gente. Desde que llegó Muñoz, no me ha podido hacer una puta acta buena, por eso estoy emputado con Elizabeth, porque también si no le dicen las cosas le vale verga y no las hace, ¡y la acabo de ascender ahorita!

Muñoz no le cae el veinte o igual yo me acostumbré a que tú ya tenías un manejo completo de esa oficina y yo me preocupaba lo menos posible, entonces ahí no estoy avanzando. Ya vez que a Vicente le vale ¡ni viene!, no estoy avanzando. A Nora le tengo que andar medio cuidando, ¿porque? Porque apenas igual le está agarrando otra vez la onda a éste rollo; no tengo a la gente para sacar el proceso adelante; no tengo el dinero Sergio; puta yo igual estoy presionado ¡y no me quejo!

PERSONA 2: Y tú me conoces, independientemente de que a veces nos enojábamos o… chispas! No está de acuerdo te lo decía de frente y punto. A lo mejor tú también a veces ¡puta! No, es que Checo, esto… Bueno me equivoqué va, lo solventábamos… PERSONA 1: Ahorita si me preocupé, porque una cosa es que Lima venga “oye

(inentendible), ahí los del TEQROO…” bueno, chinga su madre… Pero ya que (inentendible) ya es otro pedo cabrón!, ¡ya es otro pedo cabrón! Porque a ti ya te tienen en la mira y ya me dijo ¡El responsable eres tú hijo de puta! Entonces también a mí me van a rajar la madre. Entonces yo, de veras…

PERSONA 2: Me hago responsable de mis propios actos Víctor…

PERSONA 1: Si hijo, pero si tú le dices eso al Gobernador, el Gober, él le va a rajar la madre al que él quiera. Y su filtro, su confianza, su todo, es Lima, ¡ni pedo! Es algo que no podemos salvar, ni ustedes, es un mal necesario. Y yo a Mayra le dije “hija, tranquila, saca el puto proceso que es lo que quiere el Gober, te va a ir a toda madre, terminar acciones, entrando el nuevo Gobernador, ahora sí hija ya es tú Instituto. Ya es otro Gober, la de Ayuntamientos ya vas a estar más enganchada, ya todo mundo está más tranquilo. Ahorita ¡apechuga! ¡Esto es de huevos Mayra y lo sabes! ¡Y ni pedo! PERSONA 2: Qué pasó con esos cuatro acuerdos, tres teníamos, a lo último en uno nada más nos impugnaron… ¡apechugar vaya! 

PERSONA 1: Por eso, entonces yo de verás Checo, te recomiendo que vayas y que platiques con Mayra y que te diga al chile que pasó, que te diga al chile que dijo Claudia. Y pues ya ustedes pónganse de acuerdo cómo la van a tratar a ella de ahora en adelante.

PERSONA 2: Y me gustaría… te juro que sí

PERSONA 1: Y que te diga Mayra cuántas órdenes recibe y cuánto tienen qué apechugar para que… (Inentendible)

PERSONA 2: Y se lo dije a Mayra “mira, te voy a apoyar en todo”, se lo dije, “lo que no me gusta es que me echan la culpa de algo que no está sucediendo” y se lo voy a decir a Mayra, si ella cree que conveniente “Te voy a pedir un favor Mayra. Háblale a Claudia aquí…”  

PERSONA 1: Les recomiendo que hablen. Yo mañana voy a estar en México, bueno no mañana, el Lunes vamos a ir al curso a las 11 de la mañana,… si quieres llego desde las 10…

PERSONA 2: “…háblale a Claudia aquí por favor…, estoy muy… me regañaron por algo que no es, y ella lo sabe, quién la regañó”. Quiero que me expliquen a mí, porqué me involucran en pendejadas, quiero saber.

PERSONA 1: Pues velo con ella. Yo voy a hablar con Mayra ahorita, ahorita y de todas maneras voy a ir al curso y si quieres ahí nos sentamos y todos, y que se sepa la verdad. Pero sí te tienes que poner abusado, porque te están echando todo y tú no tienes la culpa. Conoces a Mayra… ni te va a convenir a ti, ni le va a convenir a nadie. Ya vámonos cabrón… porque tengo que ver a mi vieja… (Se escucha ruido) (inentendible)

Bueno… está bueno checo, nos vemos entonces el lunes.  PERSONA 2: ¡Órale! Se despiden”

182   Cabe puntualizar que, en agosto de dos mil dieciocho, la responsable obtuvo un dictamen pericial de análisis de voz del referido audio a través de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, solicitado a efecto de que se corroborara si alguna de las voces que se escuchan en el audio corresponde al entonces Magistrado Presidente.

183   En dicho peritaje se concluyó que: 

“6. CONCLUSIONES.

6.1. De acuerdo a los estudios realizados, la voz de interés “L1”, obtenida del archivo de audio almacenado en el CD-R marca Verbatim con leyendas: “Audio PES.54/2016; S.2”; es coincidente con la voz de interés “LVVVV” obtenida de los archivos de audio almacenados en el CD-R marca Verbatim con leyendas: “Audio de confronta”.

6.2. no corresponde a la especialidad de Análisis de Voz determinar si el material analizado es íntegro o se encuentra editado.”

184   Ahora bien, en su escrito de demanda del medio de impugnación SUP-JE-63/2018 resuelto de forma acumulada al SUP-RAP-393/2018, en donde se combatió la primera resolución recaída al procedimiento ordinario sancionador objeto de estudio, la actora solicitó que se contara con todos los elementos que permitieran a la autoridad analizar de forma integral todas las pruebas aportadas, entre ellas, con los peritajes necesarios respecto de un audio que contenía una conversación entre el Magistrado Electoral Vivas Vivas y el Consejero Avilés Demeneghi, conversación que presuntivamente tuvo verificativo en diciembre de dos mil quince[79].

185   En atención a ello, el veinte de febrero de este año, esta Sala Superior determinó revocar la resolución impugnada para el efecto de que, entre otras cosas, el INE llevara a cabo todo lo necesario a fin de contar con la pericial de audio y video respecto al audio referido.

186   En acatamiento, la autoridad sustanciadora solicitó la colaboración del Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República a efecto de que se designara un perito para la realización del peritaje de audio y video; con la finalidad de corroborar que el disco compacto denominado “audio_platica_VVVV_y_SAD”, en el cual consta una comunicación entre el Consejero Avilés Demeneghi y el entonces Magistrado Presidente Vivas Vivas, era integro o se encontraba editado.

187   Al respecto, una vez hecha la designación solicitada, Roberto Euroza Martínez, perito en Audio y Video de la Fiscalía General de la República, proporcionó a la responsable el peritaje indicado, en donde precisó lo siguiente:

6. CONCLUSIÓN

6.1. Se realizó la reproducción del archivo de audio denominado “audio_platica_VVVV_y SAD.m4a” contenido en el disco elemento de estudio en el cual existe una reproducción lineal desde su inicio hasta su final, es decir, que no se percibe corte alguno.

6.2. No es posible determinar si el audio denominado “audio_platica_VVVV_y_SAD.m4a” se encuentra editado, si presenta características originales, si fue manipulado o alterado.

188   Derivado de lo anterior, de forma posterior, la autoridad sustanciadora requirió al Perito en audio y video para que precisara los motivos, razones o circunstancias por los cuales, según su pericia en la materia, no era posible determinar si el audio referido se encontraba editado, si presentaba características originales, si había sido manipulado o alterado; si existía alguna imposibilidad técnica para contar con la información solicitada, y que, en su caso, señalara qué tipo de peritaje debe realizarse a efecto de contar con la información precisada respecto del audio referido. 

189   Al efecto, el Perito antes precisado desahogó el requerimiento en los términos siguientes: 

“Al respecto me permito informarle que las funciones de la Especialidad de Audio y Video son las de realizar secuencias fotográficas, transcripciones y filmaciones, en cuanto a su planteamiento de determinar si el archivo de audio denominado “audio_platica_VVVV_y_SAD.m4a”, se encuentra editado, si presenta características originales, no se puede determinar debido a que se desconoce su origen y el tratamiento que se le haya dado al mismo, en cuanto a si dicho archivo de audio fue manipulado o alterado se determinó que existe una reproducción lineal desde su inicio hasta el fin, que no se percibe corte alguno, dando así por atendida su atenta solicitud.” 

190   Así, para la responsable fue posible concluir que:

•         Las personas que participaron en la conversación contenida en el audio aportado al expediente en que se actúa, son el Magistrado del TEQROO, y el entonces Consejero electoral Avilés Demeneghi. 

•         La grabación no contiene cortes, de ahí que exista una fuerte presunción de que esta no fue editada o alterada, por lo que su valor probatorio, por cuanto hace a su contenido y autenticidad, es pleno, no obstante que deba ser adminiculada con otros elementos de prueba para estar en posibilidad de tener por acreditado si lo que se dice en dicho audio efectivamente aconteció.

•         Del contenido del audio en cuestión no es posible determinar que existe violencia política por razón de género en contra de la actora por parte de los sujetos denunciados en el procedimiento sancionador ordinario, sino que, en su caso, la conducta presuntamente infractora correspondería al Magistrado Electoral.

191   En tanto que, las conclusiones a las que arribó respecto al contenido mismo del audio fueron: 

         Que existe una relación de confianza, amistad y complicidad entre ambos Magistrado Presidente del TEQROO, Víctor Vivas, y el entonces consejero del IEQROO, Sergio Avilés Demeneghi;

         Que el Magistrado le exige al Consejero lealtad y que se sume a lo que le ordenaban el entonces Gobernador de Quintana Roo, así como Carlos Lima, (se presume que se habla de Carlos Alejandro Lima Carvajal, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad);

         El Consejero le refiere al Magistrado que le tiene lealtad y que por ello está dispuesto a hacer lo que se le indica.

         El Magistrado le refiere al Consejero que no cause problemas, que no se sume a Claudia (se presume que se está hablando de Claudia Carrillo Gasca, quejosa en el presente procedimiento);

         Asimismo, le dice que cagaron (sic) a Claudia y que por eso ella le está echando la culpa;

         Que Claudia es problema de Lima;

         Que Lima es quien debe “controlar” a Claudia;

         Que Claudia se está saliendo del “huacal”;

         Que dejen sola a Claudia;

         Hay expresiones que denotan desprecio del Magistrado Vivas por Claudia Carrillo, por ejemplo, que como consejera no vale ni una puta madre(sic), que es bipolar, que está loca;

         Que Mayra recibe instrucciones del Gobernador o de Lima, por lo que el consejero Avilés Demeneghi debe apoyarla (se presume que se habla de Mayra San Román, Consejera Presidenta del IEQROO)

         Que el entonces Consejero Avilés Demeneghi le debe su puesto al Magistrado Vivas y al entonces Gobernador.

192   En esa tesitura, esta Sala Superior coincide con la responsable en cuanto a que el contendido de dicha probanza constituye un indicio del cual únicamente es posible advertir que existió una conversación entre el Magistrado Vivas Vivas y el entonces Consejero Avilés Demeneghi, en la que se habla de un supuesto compromiso de algunos de los consejeros del IEQROO con el Magistrado referido y con una presunta presión sobre la quejosa por parte de “Carlos Lima”. Esto es, que existió, en lo que interesa al caso, la intención de presionar a la hoy actora.

193   Ahora bien, no escapa a este órgano jurisdiccional que, derivado de las expresiones realizadas en la conversación y de las cuales se advierte una intención de presionar a la actora, así como de influir en el resto de los Consejeros Electorales, en principio, son conductas que deben ser reprochadas bajo cualquier circunstancia, pues además de no corresponder a la investidura de un magistrado electoral, atentan contra la independencia y funcionamiento de los órganos electorales.

194   Ello es así, pues ostentar un cargo público, como lo es una magistratura, le demanda a quien la ejerce, responsabilidad absoluta en sus palabras y acciones.

195   El poder de influencia que ostenta en su labor como juez le exigía en todo momento ser ajeno y apartado en la voluntad de influir en la dinámica al interior del organismo electoral; con independencia de la relación interpersonal que lo vinculara con algún consejero, pues -se reitera- su investidura le demandaba ser neutral y aséptico en cuanto a simpatías o enemistades que pudieran afectar la función electoral. 

196   Así, el principio de imparcialidad debe entenderse en dos dimensiones: la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios que conoce; y la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas que deben ser aplicadas por el juez al analizar un caso y resolverlo en determinado sentido.

197   Por tal motivo, para esta autoridad jurisdiccional la valoración hecha por la responsable fue apegada a derecho toda vez que del contenido de la conversación no es posible determinar que existe violencia política por razón de género en contra de la quejosa por parte de los sujetos denunciados en el presente procedimiento sancionador ordinario, porque para ello era necesario verificar que ello se hubiese materializado al seno del IEQROO, lo cual no ocurrió, conforme a lo razonado por la responsable en la determinación impugnada.

198   Aunado a que, en todo caso, la conducta presuntamente infractora derivada de la conversación misma correspondería al Magistrado Electoral Vivas Vivas, respecto del cual el Consejo General del INE carecía de competencia para conocer de una presunta violación cometida por éste, en términos de lo resuelto por esta Sala Superior del TEPJF en la resolución correspondiente al SUP-JE-107/2016.

199   Sin que ello implicara que, si la responsable advertía hechos que pudieran constituir posibles conductas ilícitas de tales funcionarios, estuviera imposibilitada para actuar, pues en ese caso estaba en aptitud de dar vista a las autoridades competentes para que fueran ellas quienes investigaran y, en su caso, sancionaran a tales servidores públicos.

200   Situación que ocurrió, precisamente porque al quedar acreditada la conversación ya señalada, la responsable consideró que de ella pueden desprenderse conductas infractoras de la normatividad electoral por parte del Magistrado Vivas Vivas, por lo que ordenó dar vista al Órgano Interno de Control del TEQROO para que, conforme a sus atribuciones, determinara lo que en derecho corresponda. En igual sentido, ordenó dar vista al Tribunal Pleno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo respecto del Magistrado Lima Carvajal, ello por una posible coacción o presión en contra de la hoy enjuiciante.

201   Ahora bien, la actora se duele de que, a su parecer, la responsable analiza y saca conclusiones propias más allá de lo no corroborado con medio idóneo alguno, como testimoniales o requerimientos hechos a las partes y sus apreciaciones son indebidas al sostener que “entre el magistrado y el ex consejero existía una relación de confianza, amistad y complicidad entre ambos” o bien que “el exconsejero le refiere al magistrado que le tiene lealtad y por ello está dispuesto a hacer lo que se le indica.”

202   No obstante, para esta Sala Superior, tal afirmación es infundada, toda vez que, de la revisión del contenido del audio referido, sí es posible arribar a dichas conclusiones.

203   En efecto, respecto de que entre el Magistrado Vivas Vivas y Consejero Avilés Demeneghi existía una relación de confianza, amistad y complicidad entre ambos o bien que el mismo Consejero le refiere al magistrado que le tiene lealtad y por ello está dispuesto a hacer lo que se le indica, se advierten expresiones como:

         Te lo digo en serio Brother, este a mí lo que me dice el Gober, Víctor tú me sugeriste a ésta persona, tú sabías perfectamente que aunque pataleara él no iba a llegaba si yo lo bloqueaba.

         es cierto checo yo ya no soy su jefe, no lo soy, pero ustedes tienen un compromiso conmigo porque yo lo tengo más arriba.

         No, Lima, Lima, Lima. Él cree que la controla y se le sale del huacal y yo le digo a Mayra, mira pasó esto, pasó esto, pasó esto…

         Aquí el problema de Carlos Lima es que como no la puede controlar le quiere cargar el muerto a otra persona

         Se lo dije a Mayra, todo lo que está pasando se lo estaba comentando a Mayra, el pedo es que… que hago Víctor ¿¡si ésta niña va a mi oficina y va a la de Juan Manuel, va a mi oficina y va a la de Juan Manuel?! “puta” Hoy le pegué una cagada a Claudia delante de Juan Manuel”

         Si quieres que lo haga lo hago, y se lo dije a Mayra, “si viene ésta niña, cualquier cosa échame la culpa, no te metas en problemas”, se lo dije a Mayra.

         Si tú me quieres apoyar y respaldar, si tú quieres y consideras que es necesario para que realmente sepas la verdad, bueno convócanos o como ahorita, si tú, piénsalo, para que me respaldes. He tratado de ser lo más humilde la verdad, la lealtad contigo y te lo dije desde un principio, la lealtad es contigo y más que nada la amistad.

         Víctor… ¡me están cargando muertos que no son míos!

204   Ello, considerando que, de acuerdo al dictamen pericial de voz “persona 1” es el Magistrado Electoral la “persona 2” es el Consejero Avilés Demenegui.

205   Como se lee, existen expresiones de camaradería como que el Magistrado se refiera hacia el Consejero como “Brother”, o que el propio Consejero se refiera hacia el Magistrado por su nombre de pila “Víctor”. Además, también hay expresiones como “la lealtad es contigo” o “si quieres que lo haga lo hago” que pudieran denotar lealtad o colaboración. Por tanto, a juicio de esta Sala Superior, la apreciación de la responsable es correcta.

206   Lo anterior, sin que la actora aporte mayores elementos para derrotar las conclusiones a las que arribó la responsable, en tanto que, a las que ella arriba[80], son coincidentes con las ya apuntadas y que fueron referidas por el Consejo General del INE. Tales como, que el Magistrado Electoral exige lealtad, que Claudia es problema de Lima, que se le deje sola o que se realizan expresiones que denotan desprecio, entre otras.

207   Finalmente, respecto a que la conversación debe ser analizada de manera integral y contextual a la luz de las demás conductas denunciadas, se indica que dicho estudio corresponderá a la valoración final que haga esta Sala Superior en el apartado último de esta ejecutoria, a fin de determinar si efectivamente ocurrió violencia política por razón de género en contra de la promovente. Sin que ello impida hacer las referencias atinentes en el análisis individual de las mismas.

a.4) Mensajes de texto enviados por el Magistrado del Poder Judicial Local a la actora.

208   La actora refiere que en el punto cuatro de su denuncia le hizo saber a la responsable que, en enero de dos mil dieciséis, tras un recorrido para verificar y elegir las sedes distritales en el Estado, propuso que se buscaran mejores opciones, tras lo cual recibió varios mensajes de texto por parte del magistrado Carlos Lima Carvajal, quien la instó a que “no se meta en temas de dinero”, que luego no “chille” y que “esperara las consecuencias”; agrega que dichos mensajes se acreditaban con el acta de certificación de hechos 0001/2016 realizada por la asesora jurídica de la Junta Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo.

209   Aduce que la responsable omitió valorar que el propio Magistrado reconoció como propio el número telefónico referido por la quejosa mediante escrito de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete; siendo el mismo desde el cual había recibido los mensajes y las llamadas intimidatorias, por lo que la responsable debía tener por acreditados los hechos, si era la misma voz de la grabación telefónica proporcionada por el ex consejero Avilés Demeneghi.

210   El agravio es infundado, por una parte, e inoperante por otra, como se explica a continuación:

211   En la resolución impugnada la responsable consideró que, de las constancias de autos no se podía acreditar que la actora hubiera recibido los mensajes de texto, porque:

         Había extraviado el teléfono celular en el que aseguraba había recibido los mensajes de texto aludidos.

         No obstante que refería haberlos resguardado en una cuenta personal de correo electrónico (y respecto de la cual se levantó el acta a la que hace referencia en su denuncia[81]).

         Se trata de una prueba técnica, que por sí misma no generaba convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados al no poder ser concatenado con ningún otro elemento probatorio[82].

         En respuesta al requerimiento de información formulado por la responsable, el Magistrado Lima Carvajal, negó haber intercambiado mensaje de texto alguno con la actora.[83]

         No se pudo corroborar la información relacionada con las líneas telefónicas de la actora y del Magistrado Lima pues las empresas TELCEL, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., MOVISTAR PEGASO PCS, S.A. DE C.V. y AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V, en sus respuestas al requerimiento de información formulado por la autoridad sustanciadora informaron sobre la imposibilidad legal de proporcionar dicha información.[84]  

212   En este sentido, la responsable consideró que a partir del audio aportado por el ex Consejero Avilés Demeneghi, respecto a la multirreferida conversación sostenida entre éste y el entonces Magistrado Presidente del TEQROO, se advertían ciertas expresiones a partir de las cuales el Magistrado Lima Carvajal pudo haber ejercido cierta presión sobre la entonces quejosa a través de los mensajes de texto lo que podría constituir una conducta presuntamente infractora, se trata de una cuestión respecto de la cual el INE carecía de competencia en términos de lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-JE-107/2017.

213   En este sentido, contrariamente a lo argumentado por la enjuiciante, la responsable sí concedió valor probatorio a lo dicho por la ahora actora en su escrito de denuncia respecto a la presión de la que fue víctima por parte del Magistrado Lima y si bien, en atención a los principios de contradicción de la prueba y presunción de inocencia, no podía tener por acreditada la existencia de los mensajes -en los términos referidos por la actora- lo cierto es consideró que existía un indicio de una posible presión del referido Magistrado sobre la actora, al juzgar el resto de los hechos con perspectiva de género, esto es:

                     Mediante la adminiculación del resto de los medios de prueba que constaban en el expediente con el contexto de los hechos narrados por la actora y

                     Sin someter los hechos denunciados a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa.

214   Así, si bien la responsable razonó que, tratándose de denuncias por violencia política por razón de género, la comprobación debía tener como base principal el dicho de la víctima, lo cierto es que al no existir otros elementos probatorios con los cuales se adminiculara su dicho, no era posible tenerlos por acreditados en los términos referidos por la enjuiciante, por lo que sólo a partir del contenido de la multireferida conversación, la responsable pudo concluir que existía la intención de presionar a la entonces Consejero, pero, se insiste, ello no puede significar que se tuvieran por acreditados los mensajes de texto y, menos aún, que devinieran en actos de violencia política de género.

215   En este sentido, si bien la actora afirma haber sido presionada por medio de mensajes de texto, esta Sala Superior considera que, del caudal probatorio aportado por las partes, y de las que se allegó la autoridad, no es posible acreditar el hecho.

216   Por otra parte, resulta inoperante lo referido por la actora, en tanto que se limita a repetir los hechos formulados en su denuncia sin objetar verdaderamente lo razonado por la responsable en la resolución que se impugna, esto es, la vista ordenada a partir de la probable conducta irregular atribuida a dicho Magistrado.

a.5) Control del entonces Magistrado Presidente sobre Consejeros del IEQROO.

217   La actora alega que el entonces Magistrado Presidente del TEQROO mantenía control sobre las decisiones dentro del OPLE, con el afán de favorecer a ciertos partidos y ejercía presión sobre los consejeros con intimidaciones para desacreditar a la quejosa, así como “ordenar que se le deje sola”.

218   En este sentido, la actora aduce que la responsable debió advertir que a la luz del audio proporcionado por el ex Consejero Avilés Demeneghi era indudable que existió presión por parte del entonces Magistrado Presidente del tribunal local sobre algunos de los consejeros del IEQROO por instrucciones del entonces Gobernador de la entidad, así como del Magistrado Lima; todo lo cual, a su juicio acredita la coacción e intención de control por parte del Magistrado Vivas Vivas sobre la hoy actora y, en consecuencia, la supuesta exclusión y discriminación de la que, aduce, fue víctima.

219   Por lo que toca al supuesto control que el Magistrado Presidente pudo ejercer sobre integrantes del IEQROO el agravio es infundado, pues contrariamente a lo que señala la actora, la responsable analizó los hechos denunciados y concluyó que no se actualizaba dicho control, de acuerdo con lo siguiente:

220   Respecto de la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores, en el expediente se acreditó que en las reuniones a las que asistió el Magistrado Víctor Vivas a las instalaciones del IEQROO, -y de las que refiere la actora fue excluida al igual que los entonces consejeros Avilés y Santander- se trataron temas relacionados con la suscripción de un convenio en materia de procedimientos especiales sancionadores, lo cual resultaba oportuno y necesario en atención a la naturaleza jurídica de dichos procedimientos.

221   En este sentido, la responsable señaló que no existían elementos que permitieran llegar a la conclusión de que existió algún tipo de intervención más allá de lo constitucional y legalmente previsto por parte del entonces Magistrado Presidente, pues lo razonable era que existieran reuniones previas a la firma del convenio a efecto de establecer canales de comunicación y colaboración institucional en la materia.[85]

222   Por otra parte, respecto de la vista ordenada por el Tribunal local a la UTCE para el inicio de un procedimiento de remoción de consejeros, derivado de que una supuesta actuación incorrecta de la autoridad electoral, al momento de otorgar una constancia de asignación por representación proporcional en el proceso 2015-2016, la responsable consideró que dicha cuestión no podía considerarse como acoso laboral o violencia política de género en su contra, pues se trató de una determinación adoptada por el pleno del órgano jurisdiccional, por lo que no se trató de una decisión unilateral, sino colegiada; objeto de discusión en una sesión pública y sin que ello implicara la existencia de un control hacía los integrantes del citado OPLE.

223   En este sentido, la responsable razonó que no se acreditaba que, derivado de la vista ordenada por el TEQROO, el Magistrado Vivas hubiera ejercido algún tipo de presión sobre la ahora actora o el resto de los consejeros y que, por dicha circunstancia, hubieren actuado en contra de ésta provocando una situación de acoso, intimidación, discriminación o de violencia política por razón de género, pues la responsable consideró que aun adminiculando tal hecho con el audio al que se ha hecho alusión con antelación, que contiene una conversación entre el Magistrado electoral aludido y uno de los entonces consejeros, la vista se otorgó con motivo de una resolución consensada por un órgano colegiado, por cuestiones inherentes al funcionamiento del órgano, a partir de una consideración de carácter netamente jurídico; de ahí lo infundado del argumento de la actora.[86]

224   Finalmente, es infundado lo aducido por la actora, respecto a que el entonces Magistrado Presidente pretendió ejercer un control sobre ésta, pues precisamente fue a partir de la valoración del audio, que la responsable consideró procedente dar vista al Órgano Interno de Control del TEQROO por la probable responsabilidad del referido Magistrado.

225   De tal forma que, contrariamente a lo alegado por la ahora actora, la autoridad responsable sí se ocupó de que, los hechos acreditados durante el desarrollo del procedimiento sancionador ordinario, tuvieran las consecuencias derivadas de la normativa aplicable, como ocurrió respecto de las conductas que determinó como atribuibles al Magistrado Presidente del Tribunal electoral local.

a.6) Falta de análisis del tráfico de influencias del entonces Magistrado Presidente del TEQROO.

226   Ahora bien, la actora aduce que la autoridad responsable omitió corroborar el hecho de que el entonces Subprocurador de Justicia del Estado de Quintana Roo, Zona Norte Ludwing Alejandro Vivas Arjona era el primo del Magistrado Vivas Vivas, con lo que podía evidenciarse tráfico de influencias y un contubernio para afectarla. Ello, en torno a que se le iniciaron averiguaciones previas para presionarla.

227   En concepto de esta Sala Superior el agravio es inoperante.

228   Dicha calificación obedece a que, si bien asiste razón a la actora, en cuanto a que la responsable no desplegó su actividad investigadora a efecto de corroborar el parentesco denunciado, lo cierto es que la falta de esta información no varía las conclusiones a las que llegó el Consejo General del INE, y que comparte este órgano jurisdiccional.

229   Destacadamente, la autoridad responsable concluyó que no existían elementos que permitieran sostener que por medio del inicio de averiguaciones previas en su contra se le hubiera coaccionado, amenazado, presionado y mucho menos que ello pudiera traducirse en violencia política por razón de género en su contra[87].

230   Lo anterior, ya que si bien existió una averiguación previa en su contra ésta fue iniciada el tres de septiembre de dos mil catorce, es decir, antes de su nombramiento como consejera electoral. Aunado a que, en dicha investigación, se determinó el no ejercicio de la acción penal desde el cuatro de julio de dos mil dieciséis, lo cual fue confirmado por el Fiscal General del Estado, el nueve de enero siguiente; sin que conste que con motivo de dicha investigación se hubiera amenazado, hostigado o presionado a la quejosa.

231   En ese sentido, se advierte claramente que aun y cuando se comprobase que existe una relación de parentesco entre el Magistrado Vivas Vivas y el entonces Subprocurador de Justicia del Estado, por sí solo, ello no llevaría a concluir que ese Magistrado gestionó una investigación de carácter penal en contra de la enjuiciante con el propósito de presionarla, de ahí su inoperancia.

232   Por otra parte, la enjuiciante se duele de que la responsable dejó de considerar que fue objeto de presión a través de una averiguación previa, y respecto de la que se determinó en el no ejercicio de la acción penal al haberse encontrado elementos en su contra en la época en que ejerció funciones de ministerio público y por el supuesto delito de abuso de autoridad, cuando la única finalidad de dicho procedimiento fue hostigarla, tal y como se corrobora de la llamada telefónica hecha por parte del Magistrado Lima Carvajal en el mes de abril de dos mil dieciséis y en donde de forma sarcástica le informa que eso era para que se aplacara y tuviera con que entretenerse si seguía de rebelde; cuestiones que fueron soslayadas por la autoridad en su resolución y respecto de las cuales también soslayó el posible tráfico de influencias pues el entonces subprocurador de justicia del Estado era familiar del Magistrado Vivas, por lo que existió contubernio en la denuncia formulada en su contra.

233   Al respecto, la autoridad señalada como responsable sí se ocupó de tales alegatos[88] como se explica a continuación:

234   En primer término, advirtió que la quejosa refirió que el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, fue informada por agentes judiciales, ex compañeros de la Policía Judicial del Estado, que personal de la Dirección Jurídica de la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado pretendían que firmaran declaraciones testimoniales en su contra por abuso de autoridad, a lo que se negaron por lo que fueron amenazados de represalias laborales.

235   Asimismo, en la resolución ahora impugnada se precisa que, por lo anterior, la quejosa manifestó que por conducto de su abogado Alejandro Buenfil Aguirre, trataron de tener conocimiento del expediente y solicitar una fecha de comparecencia para rendir su declaración como presunta responsable y presentar sus testigos de descargo.

236   Sin embargo, a decir de la entonces quejosa, el entonces Subprocurador de Justicia del Estado, Zona Norte, Ludwing Alejandro Vivas Arjona, quien, a dicho de la quejosa, es primo del magistrado Vivas Vivas, le negó su derecho a defenderse, hasta que no lo consultara con el Fiscal General de Justicia del Estado, siendo que fue hasta después del cinco de junio de dos mil dieciséis que pudo tener acceso al expediente respectivo, el cual, según su opinión, es un hecho que pudo haber sido un acta administrativa y lo convirtieron en una averiguación previa después de dos años de sucedidos los hechos, siendo que tal conducta, a dicho de la quejosa, se encontraba prescrita.

237   De tal forma, la entonces quejosa manifestó ante la responsable que tenía preocupación de que dolosamente se afectara su persona, libertad personal o su trabajo, por ser una Consejera imparcial que da atención por igual a todos los partidos políticos.

238   Asimismo, la ahora actora refirió que el veintiocho de abril de dos mil dieciséis recibió una llama telefónica del Magistrado Carlos Lima Carvajal, donde de forma sarcástica, le informó que eso es para que se “aplaque” y tenga con qué entretenerse si sigue de “rebelde”.

239   Ahora bien, como se advierte de la propia resolución impugnada, el Consejo General del INE precisó que de las constancias que obran en autos se tuvo por acreditado que el tres de septiembre de dos mil catorce, se dio inicio en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Zona Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, a la Averiguación Previa en contra de Claudia Carrillo Gasca, por el delito de abuso de autoridad; que el cuatro de julio de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en la indagatoria precisada y el nueve de enero de dos mil diecisiete, dicha determinación fue confirmada por el Fiscal General del Estado.

240   Además, que no existe denuncia y/o querella desde el seis de noviembre del dos mil quince, al veintisiete de octubre de dos mil dieciséis en contra de Claudia Carrillo Gasca ni que los agentes de la Policía Judicial del Estado que comparecieron como testigos en la averiguación previa precisada, declararon  al señalar que fueron llamados por la actora, quien en ese momento se desempeñaba como agente del Ministerio Público en el Estado, a efecto de que la apoyaran pues una persona de sexo masculino estaba siendo violento, gritando y ofendiendo a la actora.

241   Por otra parte, la autoridad responsable precisó que, de las constancias de autos no había quedado acreditado:

         Que se hubieran iniciado investigaciones o averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de la quejosa como medio de coacción por los hechos que refiere en su escrito de queja.

         Que la averiguación previa iniciada en contra de la quejosa se haya promovido como consecuencia de algún hecho suscitado con posterioridad a su nombramiento como consejera electoral, ya que la averiguación previa en cuestión se inició el tres de septiembre de dos mil catorce y su nombramiento como consejera electoral se aprobó el treinta de octubre de dos mil quince, esto es, con más de un año de anticipación.

         Que a partir del nombramiento de la quejosa como consejera electoral del IEQROO se hayan iniciado investigaciones, indagaciones o averiguaciones previas en su contra como medida de coacción. 

         Que la quejosa recibiera una llamada telefónica del Magistrado Carlos Lima Carvajal, al no existir medios de prueba idóneos para tener por cierto lo anterior. 

         Si bien, tratándose de denuncias por violencia política por razón de género, los hechos denunciados no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima, sin embargo éste debe ser leído en el contexto del resto de los hechos manifestados en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.[89] 

         Sin embargo, en el caso no existe ningún elemento probatorio, ni siquiera indiciario, para que esta autoridad pudiera realizar la adminiculación con otros elementos probatorios y estar en posibilidad de verificar la existencia del hecho denunciado, además de que el contexto del dicho de la quejosa, en relación con el resto de los hechos denunciados, no lleva a esta autoridad electoral a concluir la veracidad de la afirmación de la quejosa

242   Ahora bien, tales consideraciones de la ahora responsable, tuvieron sustento en las siguientes pruebas:

         Respuesta a los requerimientos de información formulados por la autoridad sustanciadora al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, el seis de septiembre[90] y el veintiuno de octubre[91] de dos mil dieciséis, así como el tres de marzo de dos mil diecisiete[92], en los que, en lo que interesa, informó lo siguiente:

o        “Los hechos por los cuales se inició la averiguación previa n con motivo de la denuncia presentada, quienes manifestaron que la C. Claudia Carrillo Gasca, Agente de Ministerio Público del Fuero Común, lo trato de manera arrogante, déspota, y autoritaria, le dijo que no le iba a tomar su declaración a su esposa y que regrese otro día porque no traía abogado y que no le iba hacer el examen médico, porque no había médico legista de guardia, al insistirle con el examen médico, la licenciada dijo que regresara al otro día, motivo por el denunciante dijo que otro día iba acudir con la Coordinadora de Ministerios Públicos para decirle lo que había pasado, a lo que el Ministerio Público se alteró y llamo a la Judicial y lo detuvieron, estando detenido aproximadamente 36 horas y tuvo que pagar caución para salir.”

o        “…no existe denuncia y/o querella desde el día seis de noviembre del dos mil quince, hasta la presente fecha en contra de la ciudadana CLAUDIA CARRILLO GASCA.”

o        “…el día 04 de julio del año 2016, el Agente del Ministerio Público del Fueron Común, emitió la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal en la Indagatoria ****/****/***/**/***/****, y con fecha 09 de enero del año 2017, el Mtro. Miguel Ángel Pech Cen, Fiscal General del Estado, emitió resolución en la cual se ha confirmado la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal de la referida indagatoria.”

         Copia certificada del acuerdo de inicio de averiguación previa de tres de septiembre de dos mil catorce, en el que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Licenciado Julio Cesar Díaz Borbolla, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Zona Norte, determinó dar inicio a la averiguación previa, por el delito de abuso de autoridad y/o lo que resulte, cometido en agravio de ******* ******* ********, en contra de la Licenciada Claudia Carrillo Gasca y/o quien o quienes resulten responsables.[93]

         Copia certificada de la determinación de cuatro de julio de dos mil dieciséis, emitida en la averiguación previa    por la Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en la que se decretó el NO EJERCICIO de la acción penal a favor de la Ciudadana Claudia Carrillo Gasca, Agente del Ministerio Público, por el delito de abuso de autoridad.[94]  

         Copia Certificada de la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete, emitida en el expediente de la averiguación previa, emitida por el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, mediante la cual se confirmó la determinación del No ejercicio de la acción penal de cuatro de lulio de dos mil dieciséis[95].

         Copia simple del nombramiento como Consejera Electoral del IEQROO de Claudia Carrillo Gasca, de tres de noviembre de dos mil quince.[96]

243   Como puede advertirse de lo antes precisado, la autoridad responsable sí se ocupó de atender los argumentos expresados por la entonces quejosa, así como de allegarse de los medios de convicción que consideró necesarios, sin que finalmente arribara a la convicción de que los señalamientos expresados por la ahora actora quedaran debidamente acreditados.

244   Ahora bien, a partir de todo lo antes precisado y que consta en la resolución ahora impugnada, además de encontrarse sustentando en las constancias que obran en autos, se puede advertir que, respecto del aspecto bajo estudio, no existe ningún elemento probatorio, ni siquiera indiciario, que adminiculado con otros elementos probatorios, permitiera estar en posibilidad de verificar que la integración de la referida averiguación fue con la intención de intimidarla o presionarla, y de ahí lo infundado de su agravio.

Conclusión preliminar sobre las “Acciones de Magistrados”

245   A partir de la investigación y del análisis realizado por la autoridad responsable, así como de la revisión llevada a cabo por este órgano jurisdiccional, respecto de las conductas denunciadas por la actora presuntamente cometidas por los Magistrados Vivas y Lima, únicamente se advierte que existió la intención de presionar a la ahora promovente, a partir de la conversación sostenida entre el entonces Magistrado Presidente y el Ex Consejero Avilés sin que por sí sola materialice los actos de acoso laboral y violencia política denunciados.

b. Acciones de representantes de los partidos políticos.

b.1) Violencia política de género por el representante del PRI en las instalaciones del IEQROO y durante las sesiones del OPLE.

246   En sesión de diecinueve de noviembre de dos mil quince, la actora aduce que fue sometida a cuestionamientos por parte del representante del PRI, poniendo en duda su debida designación como consejera, así como sus conocimientos en la materia.

247   De manera particular, señala que con motivo de la celebración de la sesión del Consejo General del Instituto Electoral local el diecinueve de noviembre de dos mil quince, fue designada como Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

248   Sin embargo, se le negó su participación por parte de la Consejera Presidenta de dicho Instituto aduciendo ser un tema que no cuadraba durante la organización de la jornada electoral, situación que, a decir de la impetrante, fue aprovechada por el representante del PRI para exhibirla.

249   Por otra parte, refiere que en sesión del Consejo General del treinta de junio de dos mil dieciséis, tal y como se advierte de la versión estenográfica de la sesión de referencia, dicho representante manifestó lo siguiente:

“creo que no es válido, aunque es posición de cada quine (sic) participar o no en las reuniones de trabajo y no solamente venir a esta mesa a manifestar en contra de sus CONVENIENCIAS, no sabemos que se proponen; yo le solicitaría a todos los integrantes de este Consejo General y me refiero a los consejeros como unos dijeron que tienen mucha energía y muchas ganas de aportar, que a lo menos se preocupen sesionar sus comisiones, creo que más de uno en esta mesa no a (sic) sesionado su comisión como debe ser y de ser así, solicitaría, v se siente aludido a que me demuestre con copia de las actas de sus comisiones si estoy en un error y ahí si se demostraría su capacidad y sus ganas de aportar y trabajar para lo que fueron designados”.

250   El agravio es infundado, como se explica a continuación:

251   En la resolución ahora impugnada, se precisa que, de las constancias que obran en autos se advierte que se tiene por acreditado que la Consejera Carrillo Gasca fue nombrada por el Consejo General del IEQROO como Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por acuerdo aprobado en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil quince.

252   Asimismo, que durante la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO, celebrada el treinta de junio de dos mil dieciséis, en la discusión del PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PROPIO INSTITUTO, el representante del PRI ante el Consejo General del IEQROO, Juan Alberto Manzanilla Lagos, refirió en su intervención en la discusión del Punto de Acuerdo en cuestión, lo aludido por la quejosa.

253   Sin embargo, de las manifestaciones realizadas, en la sesión, y precisadas por la propia denunciante, en forma alguna pueden considerarse como violencia política por razón de género en su contra, toda vez que, por una parte, no se realizó referencia expresa alguna hacia su persona y, por otra, se trata de una crítica generalizada a los consejeros por supuestamente, no sesionar sus comisiones, sin que se especifique a qué Consejera o Consejero se refiere o a qué comisiones.

254   Al efecto, cabe destacar que entre los medios de prueba analizados por la responsable, se encuentra la copia certificada del acta de sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO de treinta de junio de dos mil dieciséis,[97] que en la parte que interesa, el contiene lo siguiente: 

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el OPLE, Juan Alberto Manzanilla Lagos:

(…) es posición de cada quien participar o no en la reuniones de trabajo y no solamente venir a esta mesa a manifestar en contra de sus conveniencias, no sabemos que se proponen; yo le solicitaría a todos los integrantes de este Consejo General y me refiero a los consejeros como unos dijeron que tienen mucha energía y muchas ganas de aportar, que a lo menos se preocupen sesionar sus comisiones(…)

(…) más de uno en esta mesa no ha sesionado su comisión como debe ser y de ser así, solicitaría, se siente aludido a que me demuestre con copia de las actas de sus comisiones si estoy en un error y ahí sí se demostraría su capacidad y sus ganas de aportar y trabajar para lo que fueron designados (…)

(…) si bien es cierto, que todas las comisiones que analizan trabajos y que llegan a acuerdos, aquí es el órgano de deliberación y discusión donde se somete a consideración los acuerdos que muchas veces vienes de comisiones, de trabajos de comisiones y que al final aquí se toman las últimas decisiones (…)

(…) no le tengamos miedo a la transparencia y la apertura, obviamente es un trabajo técnico, reitero, y en consecuencia se requiere personas capacitadas con ese perfil que se ha propuesto (…)

255   A partir de lo anterior, esta Sala Superior arriba a la convicción de que, contrariamente a lo alegado por la ahora recurrente, de las sesiones diecinueve de noviembre de dos mil quince y treinta de junio de dos mil dieciséis, no se desprende que haya existido algún tipo de violencia en su contra, pues en la primera de ellas se trató de su designación como Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en tanto que en la segunda, las expresiones realizadas por el representante del PRI no hacen mención expresa de la consejera Carrillo Gasca, ni siquiera de la referida Presidencia de Comisión, por lo que sus manifestaciones resultan genéricas y pueden haber estado referidas a cualquiera de los integrantes del IEQROO, de ahí que el agravio resulte infundado.

256   Por otra parte, la actora refiere que el veintisiete de febrero, el dos de junio, el veintitrés de agosto y el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en sesiones del Consejo del IEQROO, el representante del PRI expresó manifestaciones agresivas, groseras y denostativas en su contra; lo que se repitió en junio de ese año, pues en un pasillo del Instituto el sujeto denunciado, le dijo que “seguro le das las nalgas al candidato del PRD-PAN”.

257   Al respecto, se duele de que la responsable dejó de valorar las expresiones contenidas en las versiones estenográficas de las sesiones del Consejo General del IEQROO correspondientes al veintisiete de febrero, dos de junio, y veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, por parte de los representantes de los partidos PRI, Nueva Alianza y del Trabajo, quienes se limitaron a negar de manera dogmática los hechos y expresiones que se les imputan; siendo que, la responsable indebidamente calificó que dichas conductas permanecían dentro de los márgenes de la libertad de expresión, a la luz de un debate en un órgano colegiado.

258   Respecto de cada una de las sesiones en las que refiere que sufrió violencia política en razón de género, la actora se duele de que la consejera presidente jamás llamara a las mociones de orden correspondientes y la responsable en su resolución soslayara dicha situación, cuando se trató de una omisión en el cumplimiento de sus funciones, en términos de lo establecido por los artículos 6 y 46 del Reglamento de Sesiones de dicho órgano colegiado, pues ello implicó la normalización de las agresiones verbales, al amparo de una supuesta libertad de expresión.

259   El agravio también es infundado, como se explica a continuación:

260   Por lo que se refiere a la presunta violencia política por razón de género durante la sesión del Consejo General del IEQROO, celebrada el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, resulta necesario exponer lo que la responsable razonó en la resolución ahora impugnada.

261   Así, consideró que el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, en sesión ordinaria del Consejero General del IEQROO, se votó el acuerdo por el que se determinaron los límites del financiamiento privado que podrían recibir los partidos políticos, y que en dicho asunto la quejosa refiere que votó en contra del proyecto por considerarlo ilegal y contrario a lo establecido en la norma local.

262   La quejosa adujo que, en dicha sesión, en el punto de Asuntos Generales del Orden del Día, fue sometida a cuestionamientos respecto al sentido de su voto por parte del representante propietario del PRI, Juan Alberto Manzanilla Lagos, conducta presuntamente contraria al artículo 18, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEQROO, poniendo en duda su debida designación como Consejera, así como sus conocimientos en la materia.

263   Al respecto, en la resolución ahora impugnada[98] se advierte que la autoridad responsable sostuvo que de las constancias que obran en autos se advertía que se tenía por acreditado lo siguiente:

         Que, en la sesión del Consejo General indicada por la quejosa, en el punto doce relativo a asuntos generales, el representante propietario del PRI, Juan Alberto Manzanilla Lagos y el representante del PRD Carlos Leonardo Vázquez Hidalgo, solicitaron que la Consejera Claudia Carrillo Gasca fundara y motivara el sentido de su voto en contra de un acuerdo que había sido sometido a su consideración, sobre lo cual, el primero de ellos, insistió en dos ocasiones.

         Que la quejosa adujo que, respecto al sentido de su voto, se allanaba a lo expresado por sus compañeros consejeros y exhortó al representante del PRI a que leyera el reglamento de sesiones, sin precisar algún precepto en particular.

         Que el representante del PRI argumentó en su segunda intervención que la Consejera Claudia Carrillo es experta en la materia al haber concursado por un cargo para el cual se requería conocer la materia electoral y le exhortó a que le indicara el artículo reglamentario al que había hecho alusión en su intervención.

264   Asimismo, en la resolución ahora impugnada[99] se advierte que no se tuvo por acreditado que en las intervenciones de los representantes de los partidos políticos existan expresiones por las cuales se haya denostado a la quejosa o se le agreda o insulte por su calidad de mujer, o que pueda traducirse en violencia política por razón de género.

265   Para determinar lo previamente señalado, en la propia resolución se precisa que la probanza a partir de la cual la autoridad responsable arribó a la conclusión antes señalada fue la copia certificada del acta de la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO, de veintisiete de febrero de dos mil dieciséis,[100] la cual, en la parte que interesase advierten las manifestaciones siguientes:

266   Como puede advertirse de lo anterior, contrariamente a lo señalado por la ahora actora, no se advierte la falta de exhaustividad alegada, al abordar el estudio de la violencia política de género, pues sí analizó las expresiones realizadas durante la referida sesión.

267   En cuanto a la sesión del dos de junio de dos mil dieciséis, en la resolución dictada por la autoridad responsable se advierte que se analizó lo relativo a que presuntamente en dicha sesión el representante del PRI realizó señalamientos irrespetuosos en contra de la quejosa.[101]

268   Durante la referida sesión ordinaria del Consejo General del Instituto local, se discutió el Proyecto de Acuerdo respecto a la solicitud de los partidos políticos de la Revolución Democrática y MORENA, sobre el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, así como cualquier otro medio de reproducción de imágenes, al interior de las casillas.

269   La quejosa refirió que, con posterioridad a su intervención en dicha discusión, el representante del PRI, Juan Alberto Manzanilla Lagos, dijo: “que me parecía escuchar algunos integrantes de este Consejo General, ser representantes de partidos políticos y no representantes de ciudadanos”, siendo que dicha manifestación no puede ser considerada pacífica y respetuosa, sin que la Consejera Presidenta llamara a mantener el orden durante la sesión.

270   Ahora bien, de las constancias que obran en autos la autoridad responsable tuvo por acreditado:

         Que en la sesión extraordinaria, con el carácter de urgente del Consejo General del IEQROO, celebrada el dos de junio de dos mil dieciséis, se discutió el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL IEQROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA RESPECTO A LA SOLICITUD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MORENA RELACIONADA CON EL USO AL INTERIOR DE LAS CASILLAS ELECTORALES DE TELÉFONOS CELULARES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS O VIDEO ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES, CON LA FINALIDAD DE GRABAR O TOMAR FOTOGRAFÍAS DENTRO DE DICHAS CASILLAS ELECTORALES. 

         Que el referido Proyecto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros presentes.

         Que previamente al uso de la voz por parte de la quejosa, intervinieron en la discusión el representante propietario del PRD, el representante suplente del PAN y el Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello.

         Que la quejosa, en uso de la voz, manifestó que, en su concepto, el proyecto sometido a su consideración no era exhaustivo, realizó algunas sugerencias en torno a su contenido, argumentó que no veía inconveniente en que previo a unos días de llevarse a cabo la Jornada Electoral, no se pudiera llevar a cabo dicha medida como una invitación dirigida al elector a no usar dispositivos para tomar imágenes al momento de votar dentro de la mampara, en que eso sea considerado como una incidencia ni causal de imputación, sino como una mera prevención de un delito.

         Que con posterioridad a la intervención de la quejosa, el representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEQROO, solicitó el uso de la voz y manifestó, entre otras cuestiones, lo siguiente: “…he escuchado con atención las intervenciones de quienes me han antecedido en la palabra, en algún momento de alguna sesión lo señalé, que me parecía escuchar algunos integrantes de este Consejo General, ser representantes de partidos políticos y no representantes de ciudadanos, …”

         Que, durante la discusión del referido Punto de Acuerdo, la Consejera Presidenta del Consejo General del IEQROO en ningún momento llamó al orden en la sesión.

271   Asimismo, a partir de las constancias en autos, razonó que no fue acreditado que el representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEQROO hubiera hecho alguna alusión personal respecto de alguno de los consejeros en particular, sino que manifestó que -en su concepto- algunos integrantes de ese Consejo eran representantes de partidos y no de ciudadanos, lo que en forma alguna implica un señalamiento directo en contra de la quejosa que suponga violencia política por razón de género.

272   Todo lo anterior lo sustentó en los medios de prueba consistentes en, por una parte, la copia certificada del acta de la sesión extraordinaria con el carácter de urgente celebrada por el Consejo General del IEQROO, celebrada el dos de junio de dos mil dieciséis, cuyo contenido, en la parte que interesa, es el siguiente:

273   Así, se tomó en cuenta la respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora a Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEQROO[102], mediante Acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que en el tema bajo análisis manifestó lo siguiente:

“Al respecto me permito señalar que el artículo 38 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo establece que “…los integrantes de dicho consejo se abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otro miembro del consejo, así como realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones…”, por lo tanto, en la sesión precisada en el requerimiento, o alguna otra, me he abstenido de realizar señalamiento o alusiones, en lo personal o en lo particular, de algún integrante del Consejo General.”

274   Como puede advertirse de lo antes precisado, la autoridad responsable sí se ocupó de los hechos denunciados por la ahora actora, cumpliendo con el principio de exhaustividad, sin que además se llegué a advertir la actualización de los presuntos ataques en su contra, pues no se advierte una referencia puntual o precisa respecto de la consejera Carrillo Gasca, y de ahí que su agravio resulte infundado, en este aspecto.

275   Por otra parte, la actora refiere que en junio de dos mil dieciséis el representante del PRI se condujo de manera irrespetuosa hacia su persona, toda vez que en el pasillo le dijo “seguro le das las nalgas al candidato del PRD-PAN”.

276   Al respecto, mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis9, la autoridad instructora requirió a Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEQROO, para que proporcionara diversa información, entre la cual se encontraba que informara si en algún momento dijo o insinuó a la Consejera Claudia Carrillo Gasca “que seguro le da las nalgas al candidato del PRD-PAN” o comentario ofensivo similar, y de ser el caso, indicara bajo qué contexto lo hizo.

277   En su respuesta, el referido representante manifestó lo siguiente: “En ningún momento realicé o insinué a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, el comentario descrito en el requerimiento, ni algún otro comentario respectivo, toda vez que no tuve ningún tipo de interlocución con la citada consejera.”

278   En razón de lo anterior, la autoridad instructora requirió a la Consejera Carrillo con el objeto de constatar si existían otras personas a quienes les constara el hecho narrado en su queja, a lo que contestó lo siguiente:

“No existen personas que le consten los hechos por tratarse de una acción personal y directa entre el C. Juan Antonio Manzanilla Lagos y la suscrita. Máxime que en los casos de denostación y agresión verbal como éstas por lo regular son de realización oculta; es decir, en ausencia de testigos que puedan presenciar y por tanto testificar a cerca de la conducta del C. JUAN ALBERTO MANZANILLA LAGOS, quien realizaba dichas aseveraciones como una forma de justificar los motivos por los cuales la suscrita ejercía y ejerce su derecho de uso de voz y voto como consejera electoral (aparentemente por creer que tengo inclinaciones por un partido diverso al que representa) y que en apariencia no beneficiaban a su partido político el cual representa.”

279   Asimismo, se requirió a la Consejera Presidenta, Mayra San Román y a la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo, a efecto de que informaran si Juan Alberto Manzanilla Lagos, representante propietario del PRI, se había referido hacia ellas de forma verbal o de cualquier otra que, en su concepto, constituyera un trato denostativo o irrespetuoso, mediante amenazas, insultos humillaciones, hostigamiento, devaluación, marginación o cualquier otra que pudiese constituir violencia política de género, así como si les constaba que el representante antes señalado se ha conducido hacia alguna otra persona de sexo femenino dentro del Instituto de tal forma.

280   La respuesta a tal cuestionamiento, por parte de la Consejera Presidenta, fue:

“… en ningún momento se ha suscitado por parte de los representantes partidistas aludidos en dicho requerimiento, alguna referencia hacia mi persona en el sentido que se señala en el mismo. … a la suscrita no le consta que los representantes partidistas aludidos se hayan conducido de esa manera hacia alguna persona de sexo femenino dentro de este instituto.”

281   Por su parte la Consejera Hernández Robledo respondió:

“En ningún caso los representantes partidistas se han referido a mi persona en los términos señalados o en cualquier otro con los que pudiera considerarme violentada por mi condición de mujer. … No me consta en forma alguna que los representantes partidistas en alusión se conduzcan o hayan conducido en esos términos o en cualquier otro que pudiera constituir violencia de género hacia alguna persona del sexo femenino fuera o dentro del Instituto Electoral de Quintana Roo.”

282   Ante ello, la autoridad responsable consideró que los actos de violencia basados en el género, tales como la emisión verbal de agresiones o amenazas, tienen lugar en espacios privados donde sólo se encuentran la víctima y su agresor, por lo que no pueden someterse a un estándar imposible de prueba o la exigencia de la presentación de una prueba directa, por lo que la comprobación debe tener como base principal el dicho de la víctima.

283   Sin embargo, agregó que éste debe ser leído en el contexto del resto de los hechos manifestados en el caso concreto, y debe ser analizado a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación del hecho de que se trate.[103]  

284   De tal forma, el Consejo General del INE arribó a la convicción de que, en el caso, la quejosa únicamente hace referencia en su escrito de denuncia que la manifestación realizada por el representante en cuestión ocurrió “previo a las sesiones me ha dicho en los pasillos” sin especificar mayores datos, esto es, nunca precisó un número aproximado de ocasiones en que supuestamente fue objeto de esas agresiones verbales, la forma en la cual se lo decía y el entorno en el que sucedía.

285   Así, en la resolución ahora impugnada la autoridad responsable argumentó que, considerando que en el caso se denuncia violencia política por razón de género y que en el procedimiento administrativo sancionatorio opera el principio de investigación integral, de conformidad con el cual corresponde a la autoridad la plena atribución de obtener los elementos de convicción que estime pertinentes y relevantes para llegar a la verdad de los hechos, por lo que se dio a la tarea de investigar el hecho denunciado y allegarse de los elementos necesarios para acreditar, aunque fuera de forma indiciaria, lo afirmado por la quejosa.

286   Sin embargo, determinó que, en el caso bajo análisis, no existen elementos mínimos de prueba por los cuales se pueda considerar que en efecto el representante del PRI ante el Consejo General del IEQROO se haya referido a la entonces quejosa de la forma irrespetuosa, grosera, denostativa o agresiva, aun adminiculando el dicho de la víctima con otros medios probatorios que constan en el expediente.

287   Lo anterior es así, pues considerando que la responsable debía verificar la existencia de los hechos denunciados, a partir de los principios de presunción de inocencia, inversión de carga de la prueba y de contradicción, concluyó que no se había advertía que dicha persona se hubiera conducido de manera grosera, denostativa o agresiva hacia la quejosa, ya que no se encontraban acreditadas circunstancias de tiempo, modo ni lugar por las cuales pudiera inferirse, ni siquiera de forma indiciaria, que se hubiera conducido de esa forma.

288   Por ello, el agravio en estudio resulta infundado, pues la autoridad responsable sí realizó las diligencias pertinentes a fin de dilucidar la veracidad de lo afirmado por la ahora actora, pero sin lograr obtener los elementos de convicción necesarios que le permitieran acreditar su dicho.

b.2) Violencia política de género de los representantes del PRI, PANAL y PT durante sesiones del Consejo.

289   En sesiones de veintitrés de agosto y treinta de abril de dos mil dieciséis, la enjuiciante señala que trataron el tema de la captura de información de las listas nominales, en tanto que los representantes del PRI, PANAL y PT realizaron diversos ataques en su contra, sin que la Consejera Presidenta diera vista a la FEPADE o al Órgano de Control, aún y cuando Morena lo pidió.

290   Al efecto, la actora refiere que, desde su denuncia primigenia le manifestó a la responsable, que previamente a la celebración de la sesión ordinaria del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, le fue informado por el C. Eduardo Arreguín Chávez, ex representante del PRD ante el CG del IEQROO, que la Consejera Presidenta había realizado diversas llamadas telefónicas a representantes de partidos políticos a fin de que durante dicha sesión hicieran cuestionamientos severos a la hoy actora, por lo que le causa agravio que la responsable ni siquiera hubiera requerido al referido representante para que corroborara tal situación.

291   Al respecto, aduce que precisamente de la lectura al acta de la versión estenográfica de dicha sesión, se podían advertir los ataques hechos a la actora e, inclusive, se advertía la petición hecha por parte del representante suplente de MORENA para que se activara en su favor el Protocolo.

292   Por otra parte, señala que las versiones estenográficas que requirió la UTCE al Consejo local, carecen de la firma autógrafa de los integrantes del IEQROO, por lo que no se les debió otorgar valor probatorio pleno.

293   El motivo de agravio es infundado, por una parte, e inoperante por la otra, como se razona a continuación:

294   En la resolución ahora impugnada se precisa que, con motivo de lo anterior, la quejosa señaló que durante la Sesión Ordinaria del Consejo General del IEQROO celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, fue objeto de violencia por diversos representantes de partidos políticos y los Consejeros Electorales Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche. Lo anterior derivado de que, en su concepto, en el contexto de la discusión que se llevó a cabo durante un punto de Asuntos Generales de la citada sesión, respecto de la denuncia presentada por un posible uso indebido del listado nominal, así como la filtración de dicho asunto a medios de comunicación, se podía establecer una coalición de representantes de partidos y consejeros a efecto de atacarla directamente y hacerla responsable de que los medios de comunicación estuvieran indagando el tema del manejo del listado nominal.

295   De igual forma, en la resolución combatida se señala que, la quejosa refiere que ha recibido una serie de mensajes anónimos, que ella piensa provienen de servidores públicos del Instituto local, donde le informan que diversos Consejeros Electorales y la Dirección Jurídica de la autoridad electoral local, están trabajando diversos tipos de denuncias a modo en su contra.

296   Ahora bien, en la resolución aprobada por el Consejo General del INE se precisa que, de las constancias que obran en autos se advierte que se tiene por acreditado:

         Que en la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en el Punto de Acuerdo relativo a asuntos generales se agendó, entre otros, el tema relativo a la captura de información de las listas nominales por personal del Instituto, hecho denunciado por la quejosa y cuestionado por otros consejeros y representantes de partidos políticos. 

         Que, en la referida sesión ordinaria, en el Punto de Acuerdo de asuntos generales, la Consejera Presidente detalló en qué consistieron los trabajos que se realizaron respecto de las listas nominales y las medidas que se tomaron para la protección de datos personales. 

         Que en la discusión del Punto de Acuerdo en cuestión el representante del PT ante el Consejo General hizo referencia a la denuncia interpuesta por la quejosa y le solicitó que expresara los cuatro señalamientos que se hacían en medios de comunicación. Asimismo, le solicitó que explicara ¿en qué se basaba para hacer la denuncia con respecto a la apertura ilegal de la paquetería electoral?, así como ¿Quién hace la sustracción de las listas nominales, el hostigamiento y las amenazas que ha recibido por parte de los directivos del Instituto Electoral de Quintana Roo?

         Que el Consejero Sergio Avilés Demeneghi manifestó su inconformidad por lo ocurrido y se quejó de que el Director de Organización no había dado contestación a los oficios en los cuales le había cuestionado sobre lo ocurrido con las listas nominales.

         Que la quejosa en el uso de la voz realizó diversas manifestaciones en torno a los hechos ocurridos el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, refirió que cuestionó a Luis Alberto Alcocer Anguiano y a José Luis González Nolasco del porqué de dicha actividad y que de ello devino violencia, amenazas y ocultamiento de información. Hizo hincapié en la existencia del protocolo de violencia de género y que a pesar de formar parte del Consejo General había sido víctima, sin precisar en qué había consistido dicha violencia.

         También refirió que, ante el posible uso indebido de las listas nominales, así como de la vulneración de datos personales se dio a la tarea de dar aviso al Vocal Ejecutivo del INE, así como a la autoridad ministerial. En dicha intervención la quejosa reconoció que tomó diversas fotografías y recalcó que al momento en que pasó su escrito a la Secretaria de la Presidenta también ella tomó fotos de su escrito, y que el personal que estaba capturando la información igualmente tomó fotografías.

         Que por oficio CE/CCG/045/16, de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa hizo del conocimiento de la Consejera Presidenta que en esa misma fecha se había percatado que personal del Instituto y personas externas se encontraban capturando información de las listas nominales de electores que fueron utilizadas en la Jornada Electoral celebrada ese año, que al cuestionar al personal que se encontraba realizando dicha actividad le manifestaron desconocer la finalidad de ésta, por lo que al considerar que se podría estar haciendo un uso indebido o ilícito de las listas nominales de electores, así como vulneración a datos personales al estar capturando el OCR y la clave de elector, solicitó a la Presidenta que le informara a la brevedad, para lo cual le realizó una serie de cuestionamientos relacionados con dichos hechos.

         Que por oficio PRE/736/2016 de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la Consejera Presidenta dio respuesta al oficio CE/CCG/045/16, en el que dio contestación puntual a cada uno de los cuestionamientos formulados por la quejosa. 

         Que la quejosa cuestionó a Luis Alberto Alcocer Anguiano, Director de Organización de Instituto local, respecto de las circunstancias bajo las cuales se estaba realizando dicho trabajo, sin embargo, de las constancias de autos no consta que la respuesta de dicho funcionario haya sido en los términos precisados por la quejosa, ni que en forma alguna la conversación sostenida por tal motivo, hubiera dado lugar a algún tipo de violencia política por razón de género.

297   En relación con lo anterior, en la resolución ahora impugnada se precisa que no se acreditó lo siguiente:

       Que durante la Sesión Ordinaria del Consejo General del IEQROO, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa haya sido objeto de violencia política por diversos representantes de partidos políticos, así como de los Consejeros Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo y Juan Manuel Pérez Alpuche, ni tampoco se acreditó que existiera una “coalición” en su contra para atacarla directamente y hacerla responsable de que los medios de comunicación estuvieran indagando el tema del manejo del listado nominal.

Lo anterior, toda vez que las intervenciones realizadas durante la citada sesión ordinaria, por los sujetos referidos en el escrito de queja, no suponen violencia en contra de la quejosa, pues en ninguna de ellas se hace alusión directa hacia su persona, tampoco se le denosta, humilla o discrimina, sino que se trata de manifestaciones amparadas en el ejercicio de libertad de expresión, tomando en consideración que estas se presentaron dentro de un debate al seno del Consejo General del Instituto electoral local, en el que se discutió respecto de la legalidad o ilegalidad en la captura de datos de las listas nominales utilizadas durante el último Proceso Electoral celebrado en la mencionada entidad federativa. 

Asimismo, si se considera que la propia quejosa reconoce haber denunciado los hechos ante la autoridad administrativa electoral como de la autoridad ministerial, no resulta calumnioso el que se haya señalado dicha situación durante la sesión, pues ella misma lo refirió en una de sus intervenciones dentro del debate respectivo. 

Por cuanto hace a las manifestaciones del representante del PRI, tampoco se considera que éstas constituyan violencia política por razón de género en contra de la quejosa, pues en ningún momento se hace alusión directa hacia su persona y, además, se trata de una crítica severa hacia los consejeros que integran el referido órgano colegiado, amparada en su ejercicio de libertad de expresión.

Por último, por cuanto hace a lo argumentado por la Consejera Thalía Hernández Robledo en torno a las fotografías difundidas en medios de comunicación, tampoco se puede interpretar como violencia política en su contra, pues si bien la referida consejera refirió que “la propia Consejera fue a tomar fotografías, y luego sus fotografías yo las veo en los medios de comunicación”, ello en forma alguna debe considerarse como un ataque en su contra, pues se trata del señalamiento de un hecho para ella evidente, que se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión en los debates que se llevan a cabo al seno de cualquier órgano colegiado.

       Que la Consejera Presidenta del IEQROO, hubiera realizado llamadas telefónicas a la mayoría de los representantes de los partidos políticos y Consejeros Electorales con el objeto de atacar directamente a la quejosa y hacerla responsable de que los medios de comunicación indagaran sobre el tema relativo al manejo de las listas nominales. 

       Que el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, José Luis González Nolasco, entonces Director de Partidos Políticos del IEQROO, se hubiera presentado en la oficina de la quejosa y la hubiera amenazado en los términos precisados por ésta, ni tampoco que hubiera recibido una llamada telefónica del referido funcionario, en los términos referidos en su escrito de queja.

No obsta a lo anterior que tratándose de violencia por razón de género, conductas como la que refiere la quejosa sean de realización oculta y, que por ello, sea difícil la aportación de las pruebas directas que, por sí mismas, tengan valor probatorio pleno; sin embargo, en la doctrina jurídica se ha reconocido que puede ser a través de la adminiculación de las pruebas, incluidas, las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación de un hecho.

No obstante, en el caso no existe ningún elemento probatorio, ni siquiera de carácter indiciario, para que esta autoridad pudiera realizar la adminiculación con otros elementos probatorios, además del dicho de la quejosa, y estar en posibilidad de acreditar el hecho denunciado.

       Que la quejosa hubiera recibido mensajes anónimos, supuestamente provenientes del Instituto local, en los cuales se le informara que diversos Consejeros Electorales y la Dirección Jurídica se encontraban trabajando diversos tipos de denuncias a modo en su contra.

Si bien en la diligencia practicada por la Oficialía Electoral el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, constan en el teléfono de la quejosa dos mensajes, en apariencia anónimos, en los cuales se hace referencia a la captura de los datos de las listas nominales, con estos no se acredita que en efecto algunos consejeros y la Dirección Jurídica se encontraran trabajando alguna denuncia en su contra, pues además de que no existen constancias por las cuales se acredite que se iniciara algún procedimiento en su contra por los hechos en cuestión, por tratarse de una prueba técnica, por sí misma no genera convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados al no poder ser concatenado con ningún otro elemento probatorio, lo anterior en términos de lo previsto en los artículos 462, párrafos 1 y 3 de la LGIPE, así como 22, fracción III y 27 párrafos 1, 3 y 5, del Reglamento de Quejas.

298   En la propia resolución se precisan los medios de prueba[104] a partir de los cuales se arribó a las consideraciones antes precisadas, entre los cuales se encuentran la copia certificada del acta de la sesión ordinaria del Consejo General del IEQROO, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis[105]; copia certificada del oficio CE/CCG/045/16, firmado por Claudia Carrillo Gasca, a través del cual realizó diversos cuestionamientos a Mayra San Román Carrillo sobre la captura de las listas nominales de electores [106]; copia certificada del oficio PRE/736/2016, firmado por Mayra San Román Carrillo, a través del cual da contestación a diversos cuestionamientos sobre la lista nominal formuladas por Claudia Carrillo Gasca[107]; copia simple de los oficios CE/CCG/046/16 y CE/CCG/048/16, firmados por Claudia Carrillo Gasca, dirigidos al Subdelegado de la PGR de Chetumal, Quintana Roo, a través de los cual amplia hechos relacionados con la captura de las listas nominales[108]; copia certificada del oficio CE/SAD/044/2016, firmado por Sergio Avilés Demeneghi en el que le solicita a Mayra San Román Carrillo informar sobre la captura de las listas nominales[109]; copia simple del oficio CE/LCSB/045/16, firmado por Luis Carlos Santander Botello, en el que le solicita a Mayra San Román Carrillo informar sobre la captura de las listas nominales[110]; copia simple del oficio sin número, de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por Cinthya Yamile Millán Estrella, representante del PAN ante el Consejo General del IEQROO, mediante el cual le solicita al Consejo General que se le informen los motivos por los cuales se hizo uso de la documentación electoral[111].

299   Ahora bien, resulta pertinente reseñar lo discutido durante esa sesión, a efecto de advertir que no se presentó la violencia de la que se viene quejando la ahora actora.

300   En este sentido, se advierte que, tanto el contenido de tales probanzas, así como las respuestas dadas a los referidos requerimientos, fueron valorados por la autoridad responsable, sin que se arribe a la conclusión que pretende la ahora actora.

301   Aunado a lo anterior, si bien es cierto que, de la lectura de la versión estenográfica de dicha sesión, se puede advertir la petición hecha por parte del representante suplente de MORENA para que se activara el protocolo contra la violencia política de género en favor de la Consejera Carillo Gasca, no se advierte que ello haya sido con motivo de las expresiones que se estaban dando durante el desarrollo de la sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.

302   En efecto, lo manifestado por dicho representante fue lo siguiente:

“En realidad sería tres puntos que agendé; el de activación del protocolo contra la violencia política a favor de la Consejera Claudia Carrillo Gasca; pues quiero recordarle y dirigirme al Secretario General que es de su conocimiento que esta representación solicito desde el mes pasado se activara el protocolo contra la violencia política a favor de la Consejera Claudia Carrillo Gasca, ya que en sesión ella manifestó por su propio derecho que es víctima de violencia política y es el caso que solicitamos que en su momento se diera vista del caso a la FEPADE al dependiente de la Procuraduría General de la República y la solicitud se la hicimos ante este Pleno, en consecuencia, la pregunta es ¿Qué se está haciendo al respecto? máxime que es público y notorio que la ciudadanía Consejera Electoral ha sido amenazada por el Director de Partidos Políticos de este Instituto Electoral de Quintana Roo, como consta en los medios de comunicación de esta entidad, al respecto le recuerdo que no espere usted a que se materialice la violencia física, a que esto pueda llegar a más, es mejor prevenir que lamentar siempre, y se estaría incurriendo en una notoria negligencia por parte de este Instituto; es cuánto.

303   Como se puede advertir, sí existió la petición hecha por parte del representante suplente de MORENA para que se activara el protocolo contra la violencia política de género en favor de la ahora actora, pero como se adelantó, ello no fue con motivo de las expresiones e ideas que se estaban dando durante el desarrollo de la sesión de mérito.

304   En cuanto a la presunta violencia política por razón de género en contra de la quejosa durante la sesión del Consejo General del IEQROO celebrada el treinta de abril de dos mil dieciséis, en la resolución ahora impugnada[112] se puede advertir se estudiaron en particular tales hechos, advirtiendo que en dicha sesión se aprobó el convenio de colaboración entre el IEQROO y el Tribunal Electoral de dicha entidad federativa en materia de Procedimiento Especial Sancionador; al respecto la quejosa manifestó que dicho instrumento jurídico carecía de análisis, por lo que sugirió mecanismos más seguros de información que abonarían a la máxima publicidad, además de que, en su concepto, con dicho convenio se justificaría la intervención de personal del Tribunal Electoral del Estado en las funciones del Instituto Electoral local.

305   Ahora bien, como se advierte en la resolución ahora impugnada, la quejosa señaló que, en dicha sesión, el representante del partido Nueva Alianza realizó una serie de comentarios ofensivos en su contra por ser originaria de Cozumel, Quintana Roo. 

306   Asimismo, la quejosa consideró que dichas manifestaciones fueron consentidas por la Consejera Presidenta, pues no llamó al orden, ni aplicó las medidas de apremio establecidas en la normativa, siendo que el Secretario General del Instituto fue quien invocó el artículo 38 del Reglamento de Sesiones para recordar a todos los integrantes que se deben abstener de entablar polémicas o debates personales en forma de diálogo con otros integrantes del Consejo General, así como realizar alusiones personales que puedan generar controversia o discusión ajena a los asuntos que se están desahogando en el orden del día.

307   Al respecto, en la resolución impugnada se precisa que, de las constancias que obran en autos se tenía por acreditado lo siguiente:

a)  Que en la sesión extraordinaria del Consejo General del IEQROO, celebrada el treinta de abril de dos mil dieciséis, se discutió, entre otros asuntos el PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

b)  Que votaron en contra de dicho acuerdo la Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca, así como los consejeros Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello.

c)   Que, durante su intervención en la discusión de dicho asunto, el representante del PNA ante el Consejo General del IEQROO, Armando Miguel Palomo Gómez realizó aseveraciones relacionadas con gente de otras regiones a quienes les pidió respeto, así como referencias a la ciudad de Chetumal.

d)  Que, durante una de sus intervenciones en la discusión del asunto antes referido, el representante de MORENA ante el Consejo General del IEQROO se refirió a la ciudad de Trujillo, confundiéndola con la ciudad de Chetumal.

e)  Que la referencia realizada por el representante del PNA fue hacia otro u otros representantes de partidos políticos al referir lo siguiente: “yo si invitaría ya a mis compañeros representantes de los partidos políticos, a que fuéramos respetuosos, a que acá en nuestro estado nosotros queremos lo mejor, se entiende que todo estamos representando un partido político y pues nuestros candidatos de acá y la verdad todos buenos; entonces no tiene caso, que una persona de fuera venga a tratar de subir incluso la imagen de los candidatos a este tema de estar exigiendo y aporreando…”

f)     Que al concluir las rondas de intervenciones en la discusión del acuerdo en cuestión, y antes de tomar la votación respectiva, el Secretario General invocó el artículo treinta y ocho del Reglamento de Sesiones, con la finalidad de recordar a todos los integrantes del Consejo General, de que durante las deliberaciones todos los integrantes se deben de abstener de entablar polémicas o debates personales en forma de diálogo con otros integrantes del Consejo General, así como de realizar alusiones personales que puedan generar controversia o discusión ajenas a los asuntos que se están desahogando en el orden del día, sin que se hiciera referencia a alguno de los integrantes de dicho Consejo.

g)  Que, durante la discusión del Proyecto de Acuerdo en cuestión, la Consejera Presidenta en ningún momento llamó al orden en la sesión.

308   Asimismo, a partir de las constancias que obran en autos se determinó que no se acreditó que en su intervención el representante partidista se hubiera referido a la quejosa o realizado alguna alusión personal, ni tampoco que su intervención estuviera encaminada a menospreciar a la quejosa por el hecho de ser mujer, por lo que no puede entenderse como violencia política por razón de género en su contra.

309   Uno de los medios de prueba que sirvieron a la responsable para arribar a la conclusión antes precisada, fue la copia certificada del acta de sesión extraordinaria del Consejo General del IEQROO celebrada el treinta de abril de dos mil dieciséis[113]. (Punto 3, referente al Convenio de Colaboración Interinstitucional que celebran el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en materia del Procedimiento Especial Sancionador), que en la parte que interesa para el presente caso, contiene lo siguiente:

310   El otro medio de convicción en que se basó la responsable es la respuesta al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora a Armando Miguel Palomo Gómez, representante propietario del PNA ante el Consejo General del IEQROO, mediante Acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que, por cuanto hace al hecho que se le imputa manifestó lo siguiente:

o Nunca me he referido en contra de ningún consejero o consejera, ni representante de partido político ni persona alguna, con argumentos de descalificación o irrespetuosos relacionados con su entidad de origen o cualquier otra característica particular o personal que en su caso tenga, siendo que siempre me he conducido de manera respuestas hacia todos y todas.

o El contexto de la única intervención que el suscrito tuvo durante la sesión del 30 de abril de este año, en la que mis manifestaciones únicamente se relacionan con comentarios realizados por el compañero representante del partido MORENA, quien en una de sus participaciones dijo: (se transcribe)

o Dicha intervención resulta visible en la foja 24 del Acta de dicha Sesión, misma que adjunto al presente en copia debidamente certificada, como sustento de mi dicho.

o De ahí que el suscrito cuando pedí el uso de la voz y solo por la cuestión de la no identificación de la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, es que manifesté: (se transcribe)

o Como resulta evidente, el contexto de mis manifestaciones fueron, siempre en el ámbito de respeto, y en relación con el comentario del representante de MORENA que según él dijo, confundió el nombre de la Ciudad de Chetumal con el de “Ciudad Trujillo”, por lo que, solamente hice uso de mi derecho a expresar opiniones en la mesa del Consejo General en mi calidad de representante de partido, por lo que, de tomarse mis manifestaciones como un agravio en contra de persona alguna, se estaría incurriendo en una inhibición a ese derecho de expresión que como representante partidista tengo.

o Asimismo, en la propia sesión al término de mi intervención, me disculpé si con dichas manifestaciones habría ofendido o señalado a alguien en particular, ya que no fue en ese sentido mi comentario.

311   Como puede advertirse de lo anteriormente precisado, la autoridad responsable sí cumplió con el principio de exhaustividad, toda vez que se ocupó de allegarse de los medios de convicción para analizar los señalamientos de la quejosa, en torno a lo que ocurrió en la sesión del treinta de abril de dos mil dieciséis.

312   Ahora bien, además de lo antes precisado, no se advierte que en las referidas sesiones del Consejo General del IEQROO se haya presentado violencia política de género en contra de la ahora actora, y de ahí que el agravio resulte infundado.

313   Finalmente, la actora alega que las versiones estenográficas que requirió la UTCE al Consejo local, carecen de la firma autógrafa de los integrantes del IEQROO, por lo que no se les debió otorgar valor probatorio pleno.

314   Aduce que la responsable indebidamente otorgó valor probatorio a documentos que contienen las versiones estenográficas de diversas sesiones de Consejo General del IEQROO, sin que éstas cumplieran con las formalidades que exige su normativa interna, pues carecen de la firma de los integrantes de dicho órgano colegiado; y aduce que ello pudo generar su alteración, respecto del desarrollo de esas sesiones.

315   Señala, de manera particular, que en su escrito de alegatos presentado ante la responsable el pasado mes de marzo, le hizo saber a la responsable que las actas de las sesiones correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de dos mil dieciséis, remitidas por el Secretario General del IEQROO a solicitud de la UTCE del INE carecían de valor probatorio, por no contener las firmas de autorización de los integrantes del Consejo, cuando dichas actas ya se encontraban firmadas y autorizadas.

316   Al respecto, la responsable consideró que no obstante que la quejosa argumentó en su escrito de alegatos, que la versión estenográfica de las sesiones ordinaria y extraordinaria del Consejo General del IEQROO celebradas el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis y remitida por la Consejera Presidenta, mediante escrito de ocho de noviembre del mismo año, carecía de valor probatorio; en realidad se trataba de copias certificadas de los proyectos de acta de sesión, cuya certificación fue realizada por el Secretario Ejecutivo del Instituto local conforme a las atribuciones que legalmente tiene conferidas, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 462, párrafo 2, de la Ley General, así como 22, párrafo 1, fracción I, inciso a) y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en contrario pues la entonces quejosa se limitó a referir que ya estaban revisadas y firmadas por cada miembro del Consejo General, sin que ello constituyera un elemento probatorio que le restara valor a dichas documentales.

317   Al respecto, este órgano jurisdiccional comparte dicha determinación y, como se anunció, considera inoperante el agravio de la actora, pues las copias certificadas fueron emitidas de conformidad con la normativa previamente precisada, además de que -como lo sostiene la responsable- gozan de valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, sin que en el caso se advierta que exista algún señalamiento puntual, por parte de la ahora actora, respecto de que alguna de tales documentales no correspondan con las manifestaciones y expresiones que efectivamente se dieron en las referidas sesiones del Consejo General del IEQROO.

Conclusión preliminar sobre las “Acciones de representantes de partidos políticos”

318   En cuanto a las conductas denunciadas por la actora consistentes en agresiones durante las sesiones del OPLE por parte de los representantes de los institutos políticos señalados, no se advierte que las intervenciones hechas tuvieran por objeto violentar a la actora y tampoco se acreditó que de manera previa a las sesiones le hubieran proferido insultos o vejaciones por su condición de mujer.

c. Acciones de funcionarios del OPLE.

c.1 Trato diferenciado por parte del Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social e impedimento para ejercer su derecho de réplica

319   La demandante alega que la responsable dejó de valorar el indebido trato recibido por parte del titular del área de Comunicación Social del IEQROO, pues soslayó que éste siempre fue diferenciado respecto a sus pares, además de haber sido altanero y negarle su apoyo para la difusión de sus actividades en redes sociales, boletines oficiales, así como tampoco proporcionarle información necesaria para que estuviera en condiciones de ejercer el derecho de réplica en aquellas situaciones que así lo ameritaron.

320   De manera particular destaca que dicho funcionario le negó el apoyo solicitado, al contestarle que él sólo dependía de la Consejera Presidenta y que el dolo con el que siempre se condujo fue de tal magnitud que, incluso, difundía boletines con información falsa o alterada, retrasaba su publicación o lo hacía con errores que afectaban su imagen.

321   Además, la enjuciante le hizo saber a la responsable que las fotografías captadas por el área de comunicación social eran precisamente las mismas utilizadas por las notas periodísticas que la denigraban, por lo que claramente podía advertirse el contubernio bajo el cual operaban.

322   En este sentido, la actora se queja de la indebida actuación de la autoridad electoral, en la valoración de los hechos denunciados pues soslayó que denunciado fue omiso en contestar a la responsable si -en relación con las publicaciones de fechas 8 y 9 de marzo de 2016 en el periódico “NOVEDADES- efectivamente le prestó auxilio a la actora para su adecuada defensa ante la publicación de notas que afectaban su honra y reputación o si efectivamente proporcionó información de forma tardía, lo que no le permitió ejercer su derecho de réplica o respecto a la difusión que hizo de sus actividades como presidenta de la Comisión de Igualdad Entre Hombre y Mujeres del Instituto Local.

323   Así, para la hoy actora, la responsable le dio valor probatorio a supuestos mensajes de textos enviados por el funcionario respecto a una carta de aclaración dirigida a un reportero y desestimó las pruebas aportadas por ella, cuando -en realidad- si bien el funcionario contestó el mismo día en que fue hecha la petición, fue hasta seis días después que remitió la versión estenográfica solicitada; situación que la responsable calificó como un “tiempo razonable” de respuesta sin valorar el daño a la reputación de la actora ante la dilación por la falta de elementos para responder.

324   El agravio es infundado, pues contrariamente a lo señalado por la actora, la valoración de la responsable fue apegada a derecho, en atención a lo siguiente:

325   Respecto a la solicitud formulada al funcionario para el ejercicio del derecho de réplica, en la resolución ahora impugnada se precisa que la entonces quejosa refería que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se publicó una nota en el link SCR noticias[114] en la red social Facebook intitulada “Se detracta consejera electoral en acusaciones por utilización de listas nominales.”

326   Asimismo, se señala que la hoy actora afirmó que dicha nota era falsa, por lo que solicitó al Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto local, por escrito CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la versión estenográfica del audio de las entrevistas que le hicieron los medios de comunicación al término de la sesión del Consejo General del veintitrés de agosto de ese año, con la finalidad de solicitar su derecho de réplica.

327   Al respecto, la enjuiciante manifiesta que fue hasta el treinta de agosto siguiente que el referido funcionario, le informó que dichos audios fueron enviados a su correo electrónico institucional, situación que, a decir de la quejosa, no pasó.

328   Ahora bien, a partir de las constancias que obran en autos el INE tuvo por acreditado:

      Que por oficio CE/CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa solicitó al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social copia del audio de la entrevista que le fuera realizada al término de la sesión celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, así como la elaboración de una versión estenográfica de la misma.

      Que el veintiséis de agosto siguiente, se envió al correo electrónico ieqroo.claudia.carrillo@gmail.com audio de la entrevista con versión estenográfica, mismo que fue remitido de nueva cuenta el primero de septiembre del mismo año de forma completa, por la misma vía.

      Que las únicas comunicaciones formales con el funcionario referido relacionadas con la intención de la quejosa para ejercer su derecho de réplica, las cuales fueron atendidas, son los oficios CE/CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis; UTCS/306/16, de la misma fecha y UTCS/310/16, de dos de septiembre del mismo año, en los cuales consta que la quejosa solicitó al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social copia del audio de una entrevista que le fue realizada posterior a la sesión del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, así como el oficio CE/CCG/086/16, mediante el cual la quejosa solicitó al referido funcionario su apoyo para ejercer su derecho de réplica, el cual fue atendido mediante oficio UTCS/369/2016, los cuales no tienen relación con las notas periodísticas señaladas por la quejosa en el presente apartado.

329   Por otra parte, también se advierte que la responsable no tuvo por acreditado que la quejosa haya solicitado de manera formal al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social su apoyo para ejercer su derecho de réplica, o bien que haya ejercido formalmente su derecho de réplica por la nota precisada en el presente hecho.

330   Tales consideraciones por parte de la autoridad responsable tuvieron como sustento los siguientes medios de prueba:

•            Copia certificada del oficio CE/CCG/052/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por la Consejera Claudia Carrillo Gasca, dirigido a Alfredo Figueroa Ulloa, Jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del IEQROO, por medio del cual le solicitó copia del audio de la entrevista posterior a la sesión de veintitrés de agosto anterior, así como que se realizara una versión estenográfica de la misma.[115]

•            Copia simple del oficio UTCS/306/16, de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, con sello de recibido de treinta de agosto siguiente, suscrito por José Alfredo Figueroa Orea, dirigido a la Consejera Claudia Carrillo Gasca, mediante el cual remite el audio y versión estenográfica de la entrevista que le fue realizada el veintitrés de agosto anterior, la cual había sido enviada al correo institucional ieqroo.claudia.carrillo@gmail.com.[116]