EXPEDIENTE: SUP-JE-91/2019

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

Acuerdo mediante el cual se determina que la Sala Xalapa es competente para conocer y resolver del medio de impugnación promovido por Encarnación García Pérez, quien se ostenta como síndica única del Ayuntamiento de Coyutla, Veracruz, en contra de la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, dictada en el expediente TEV-JDC-739/2019.

ÍNDICE

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

De lo narrado en el acuerdo de consulta, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Toma de protesta. El primero de mayo de dos mil dieciocho, el ayuntamiento tomó protesta de ley a los agentes y subagentes municipales que resultaron electos en la respectiva jornada electiva.

2. Medio de impugnación local. El treinta de julio[2], Miguel Ángel Santiago García, en su calidad de subagente municipal de la Congregación Las Lomas, presentó ante el Tribunal local juicio ciudadano local por la supuesta falta del Ayuntamiento, de reconocerle el derecho a una remuneración y consecuentemente fijarla en el presupuesto de egresos.

3. Resolución impugnada. El cinco de septiembre, el Tribunal local emitió resolución dentro del expediente TEV-JDC-739/2019, en el que se le reconoció al subagente municipal el carácter de servidor público con derecho a percibir una remuneración.

4. Presentación de demanda. El trece de septiembre, la actora impugnó esa determinación ante el Tribunal local.

5. Remisión de demanda. El diecisiete de septiembre, el Tribunal local remitió a esta Sala Superior el escrito de demanda por la única razón de que dicho ocurso estaba dirigido a este órgano jurisdiccional.

6. Recepción y turno. Una vez que el Tribunal local remitió las constancias del medio de impugnación, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente SUP-JE-91/2019, y turnarlo a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

II. ACTUACIÓN COLEGIADA

La materia sobre la que versa la presente determinación compete a la Sala Superior, actuando en forma colegiada, en términos de lo dispuesto en el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interno, en virtud de que está implicada una modificación en la sustanciación ordinaria, ya que se controvierte una resolución del Tribunal local relacionada con el derecho de un Agente Municipal a percibir una remuneración por el desempeño de su cargo.[3].

III. Actuación colegiada.

1. Decisión.

Esta Sala Superior considera que la Sala Xalapa es competente para conocer y resolver el presente juicio ciudadano, porque:

1) Es la Sala que ejerce jurisdicción en el estado de Veracruz.

2) El acto que originó la impugnación es la determinación del Tribunal local que reconoció a Miguel Ángel Santiago García como servidor público con derecho a percibir una remuneración como subagente municipal de la Congregación de Las Lomas.

2. Marco normativo.

Los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución establecen que, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación.

La competencia de las Salas Regionales y de la Sala Superior de este Tribunal Electoral se determina en función del tipo de acto reclamado, del órgano responsable, o de la elección de que se trate.

La Sala Superior es competente para conocer y resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se promuevan por violación al derecho de ser votado en las elecciones de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, de diputaciones federales y senadurías por el principio de representación proporcional, así como gubernatura o de jefatura de gobierno de la Ciudad de México[4].

Por su parte, las Salas Regionales son competentes para conocer y resolver los juicios que se promuevan por la violación del derecho al voto pasivo en las elecciones federales de diputaciones y senadurías por el principio de mayoría relativa, de diputaciones locales, ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México[5].

A partir de lo anterior, la Sala Superior en el acuerdo general 3/2015[6] determinó que las Salas Regionales son competentes para conocer y resolver los medios de impugnación promovidos contra la negativa del pago total o parcial de las remuneraciones de los servidores públicos que ocupen cargos de elección popular o actos que afecten el acceso y ejercicio del cargo.

Asimismo, este órgano jurisdiccional ha sostenido que las Salas Regionales son competentes para resolver todo lo relativo a los procesos comiciales en los que se eligen servidores públicos municipales diversos a los integrantes del Ayuntamiento, como son los agentes y subagentes municipales.[7]

3. Caso concreto.

¿Qué se resolvió en la sentencia impugnada?

El Tribunal local declaró fundada la omisión del Ayuntamiento de otorgar una remuneración económica para Miguel Ángel Santiago García, en el desempeño de sus funciones como subagente municipal, la cual debe estar fijada en el presupuesto de egresos de 2019; así como infundado el pago del salario a partir de que entró en funciones en 2018.

Ordenó al Ayuntamiento implementar diversas acciones a fin de contemplar en el presupuesto de egresos una remuneración para los agentes y subagentes municipales para el ejercicio de su cargo.

Además, le ordenó la modificación de su presupuesto de egresos para fijar la remuneración de los agentes y subagentes de dicho municipio; estableció que no debía rebasar la remuneración que recibe la sindicatura y las regidurías, y que no debería ser inferior al salario mínimo vigente en la entidad, siguiendo lo establecido por esta Sala Superior en el precedente SUP-REC-1485/2017[8].

Asimismo, determinó que no era procedente el pago retroactivo de las remuneraciones del actor a partir del inicio de su encargo.

Finalmente, el Tribunal local estimó que no existía disposición jurídica que evidenciara la obligación de remunerar a agentes y subagentes municipales y su respectiva presupuestación, y le ordenó regular la remuneración para agentes y subagentes municipales.

¿Qué plantea la actora?

Argumenta que la resolución del Tribunal local vulnera el estado de derecho y la autonomía del Ayuntamiento, porque se ordena el pago de la remuneración al subagente municipal a partir de enero del presente año, sin estar previsto en el presupuesto de egresos.

Alega la indebida fundamentación y motivación de la resolución, ya que es inviable el pago de la remuneración al no estar contemplada en el presupuesto del Ayuntamiento.

Justificación de la decisión.

Del análisis de la resolución impugnada y de la demanda se advierte que la controversia consiste en resolver si, como lo consideró el Tribunal local, corresponde al Ayuntamiento otorgarles una remuneración a los agentes y subagentes municipales por el desempeño de su encargo.

Esto es así, ya que los agravios de la actora están encaminados a controvertir la decisión del tribunal local que declaró fundada la omisión del Ayuntamiento de otorgar una remuneración económica para Miguel Ángel Santiago García, en su carácter de subagente municipal.

En este sentido, la controversia está relacionada con el derecho a la remuneración de una autoridad auxiliar municipal -subagente- cuya competencia corresponde a las Salas Regionales conforme lo determinado por esta Sala Superior en el Acuerdo General 3/2015, así como en su jurisprudencia[9].

No obsta lo anterior, que la demanda se presentara ante el Tribunal local y que ésta fuera dirigida para su conocimiento a esta Sala Superior, ya que ello, no es motivo para asumir competencia.

Lo anterior porque:

1. La pretensión principal de la actora, en su carácter de síndica del Ayuntamiento, es que se le libere de cumplir con la resolución impugnada al no estar previsto el pago destinado a agentes y subagentes en el presupuesto de egresos del presente año.

Por tanto, la controversia se encuentra relacionada con el derecho a la remuneración de los agentes y subagentes municipales.

2. La controversia se limita a aspectos meramente locales, ya que se encuentra relacionada con la remuneración de autoridades auxiliares municipales, por lo que se encuentran involucrados recursos financieros de carácter estatal y sólo tienen que ver autoridades de la propia entidad federativa.

Controversia que, como se ha referido, es competencia de las Salas Regionales acorde con lo establecido por la normatividad aplicable y los criterios establecidos por esta Sala Superior.

3. Asimismo, este órgano jurisdiccional ha resuelto en similares términos en los juicios ciudadanos SUP-JDC-1652/2016, SUP-JDC-289/2018, SUP-JDC-336/2018, SUP-JDC-51/2019 y SUP-JDC-109/2019, en los cuales consideró que la competencia para conocer de este tipo de asuntos corresponde a las Salas Regionales.

En ese sentido, la Sala Xalapa deberá pronunciarse sobre si la determinación del Tribunal local se apegó o no a derecho.

Conclusión.

Esta Sala Superior concluye que, sin prejuzgar sobre la existencia de alguna causal de improcedencia que eventualmente pudiera actualizarse, lo procedente es remitir las constancias del expediente a la Sala Xalapa para que resuelva lo conducente conforme a sus atribuciones.

Por lo expuesto y fundado, es procedente dictar los siguientes:

IV. ACUERDOS

PRIMERO. La Sala Xalapa es competente para conocer del presente juicio ciudadano.

SEGUNDO. Remítanse a la Sala Xalapa las constancias del expediente, a efecto de que resuelva lo que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron la magistrada y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las ausencias de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el Magistrado José Luis Vargas Valdez. La secretaria general de acuerdos autoriza y da fe.