JUICIOS ELECTORALES

EXPEDIENTES: SUP-JE-186/2021 Y SUP-JE-187/2021, ACUMULADOS

ACTORES: INDIRA VIZCAÍNO SILVA Y OTROS[1]

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ[2]

MAGISTRADA ENCARGADA DEL ENGROSE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIO: JOSÉ AARÓN GÓMEZ ORDUÑA

Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintiuno.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el sentido de modificar la resolución dictada en el expediente PES-47/2021, mediante la cual el Tribunal Electoral del Estado de Colima tuvo por acreditada la infracción consistente en actos anticipados de campaña atribuidos a Indira Vizcaíno Silva, así como a MORENA y Nueva Alianza Colima por culpa in vigilando.

ANTECEDENTES

1.     Denuncia. El veintiséis de febrero del presente año[3], el Partido Fuerza por México denunció a Indira Vizcaíno Silva por la probable comisión de actos anticipados de campaña, derivado de la realización de diversas reuniones públicas, difundidas en Facebook, así como por la realización de una entrevista en el medio de comunicación “E1 Debate Colima”.

También denunció a MORENA y Nueva Alianza Colima, quienes la postularon como candidata a Gobernadora, por culpa in vigilando.

2.     Audiencia de pruebas y alegatos. El veintisiete de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral local desahogó la audiencia respectiva, en la que estuvieron presentes la parte denunciante y los denunciados, por conducto de apoderado legal y representantes, respectivamente.

3.     Resolución impugnada. El veinticinco de junio, el Tribunal local emitió sentencia en el procedimiento especial sancionador PES-47/2021, en la cual determinó que Indira Vizcaíno Silva cometió actos anticipados de campaña, y que MORENA y Nueva Alianza Colima son responsables de la citada infracción por culpa in vigilando.

4.     Juicios electorales. El veintinueve de junio, Indira Vizcaíno Silva y el Partido Nueva Alianza Colima, interpusieron sendas demandas de juicio electoral en contra de la resolución señalada en el punto anterior, ante el Tribunal Electoral del Estado de Colima.

5.     Recepción y turno. Una vez recibidas las demandas y demás constancias relacionadas con los juicios, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar y registrar los expedientes SUP-JE-186/2021, así como SUP-JE-187/2021, y turnarlos a la Ponencia a su cargo.

6.     Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó los medios de impugnación en su ponencia, los admitió y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción.

7.     Engrose. En sesión pública del catorce de julio, el Pleno de esta Sala Superior rechazó el proyecto en los términos que se sometió a su consideración y encargó su engrose a la ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Competencia.

La Sala Superior es competente para conocer de los presentes asuntos, por tratarse de juicios promovidos por una ciudadana, así como por un partido político, en contra de la sentencia dictada por un Tribunal local, en un procedimiento especial sancionador en el que una de las denunciadas fue una ciudadana, otrora candidata a Gobernadora de Colima, de ahí que, por el tipo de elección, la competencia sea exclusiva de este órgano jurisdiccional.[4]

SEGUNDO. Justificación para resolver por videoconferencia.

Este órgano jurisdiccional emitió el acuerdo 8/2020[5], en el cual, si bien reestableció la resolución de todos los medios impugnación, en el punto de acuerdo segundo se determinó que las sesiones continuarían realizándose por medio de videoconferencias, hasta que el Pleno de esta Sala Superior determine alguna cuestión distinta.

En ese sentido, está justificada la resolución de los presentes medios de impugnación de manera no presencial.

TERCERO. Acumulación.

Procede acumular los presentes medios de impugnación, porque estos se promueven a efecto de cuestionar el mismo acto, toda vez que se controvierte la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, dentro del expediente PES-47/2021.

En consecuencia, al existir identidad en la autoridad responsable y en el acto impugnado, atendiendo al principio de economía procesal, y a fin de resolver de manera conjunta y expedita los medios de impugnación, lo procedente es acumular el juicio electoral SUP-JE-187/2021 al diverso SUP-JE-186/2021, por ser el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

Por lo anterior, debe glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia, a los autos del medio de impugnación acumulado.

CUARTO. Procedencia de los juicios.

Los medios de impugnación en estudio reúnen los requisitos legales de procedencia[6], como se explica a continuación:

I. Requisitos formales. Las demandas cumplen con los requisitos de forma porque: i) se presentaron por escrito ante la autoridad responsable; ii) consta el nombre de los accionantes, así como la firma autógrafa de sus representantes para promover los medios de impugnación, y también se señala domicilio para recibir notificaciones; iii) se identifica la resolución impugnada y a la autoridad responsable de la misma, y iv) se mencionan los hechos en los que se basan las impugnaciones; los agravios que les causa el acto impugnado; y los preceptos presuntamente vulnerados.

II. Oportunidad. Los juicios electorales fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8, apartado 1, en relación el diverso 7, apartado 2, de la Ley de Medios; dado que, como los asuntos están vinculados con el proceso electoral de Colima, para el cómputo del plazo correspondiente se cuentan todos los días como hábiles.

Así, de las constancias de autos se advierte que la sentencia impugnada fue emitida el veinticinco de junio, y que las demandas se presentaron ante el Tribunal local el veintinueve siguiente, por lo cual es inconcuso que su presentación fue oportuna.

III. Legitimación, personería e interés. Indira Vizcaíno Silva, así como el Partido Nueva Alianza Colima se encuentran legitimados para promover los presentes medios de impugnación, al haber tenido la calidad de denunciados en el procedimiento sancionador del que deriva la sentencia impugnada; además de que, a través del fallo controvertido, fueron sancionados por la actualización de la infracción denunciada.

Por otra parte, Roberto Rubio Torres tiene reconocida la representación para promover en nombre de Indira Vizcaíno Silva, y José Ignacio Delgado Rosales para hacerlo respecto del Partido Nueva Alianza Colima, al ser quienes comparecieron como apoderado y representante, respectivamente, en la instrucción del procedimiento especial sancionador, además de que dicha calidad les fue reconocida por la autoridad responsable.

Asimismo, los accionantes cuentan con interés jurídico para promover los juicios, en virtud de que fueron sancionados por virtud de la sentencia que controvierten.

IV. Definitividad. La determinación impugnada es definitiva y firme, toda vez que, del análisis de la legislación adjetiva electoral aplicable, se advierte que no existe medio impugnativo que deba ser agotado previamente, y cuya resolución pudiera tener como efecto revocarlo, anularlo o modificarlo. De ahí que se tenga por cumplido el presente requisito.

QUINTO. Estudio de fondo.

I. Pretensión y agravios.

La pretensión de los promoventes es que se revoque la resolución impugnada que tuvo por acreditada la comisión de actos anticipados de campaña por parte de Indira Vizcaíno Silva, así como la culpa in vigilando atribuida a MORENA y al Partido Nueva Alianza Colima. Para ello, exponen los agravios que a continuación se mencionan.

A. Planteados por Indira Vizcaíno Silva

Indebida motivación de la resolución impugnada al considerar que:

A.1. Respecto a las publicaciones de imágenes y mensajes en Facebook.

1) Indebido estudio del elemento subjetivo respecto a la configuración de los hechos denunciados como actos anticipados de campaña, al estimar que:

Del material probatorio no se advierte, ni siquiera de forma indiciaria, que las reuniones tuvieran una finalidad electoral, que se hubieran llevado a cabo con el objetivo de promocionar la candidatura de la ciudadana Indira Vizcaíno Silva, que en las referidas reuniones hubiese aparecido en su calidad de precandidata a la Gubernatura de Colima.

De las publicaciones e imágenes sólo se puede desprender una reunión de cuatro o cinco personas que parecen saludarse y conversar, pero no así, palabra o expresión alguna que, de manera objetiva, manifiesta, abierta, y sin ambigüedad denote algún fin de naturaleza electoral, que se llame a votar a favor o en contra de alguna candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.

No se promociona alguna candidatura o palabra que vincule la publicación de Facebook denunciada con el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Colima.

La sola imagen, presencia y trato directo con la ciudadanía y su publicación son insuficientes para tener por acreditado el elemento subjetivo.

De manera subjetiva se establece un nexo/vínculo directo entre la entrevista realizada y las supuestas reuniones celebradas en Villa de Álvarez, Tecomán, Cuauhtémoc y Quesería.

Se toman expresiones vertidas en la entrevista denunciada y las vincula con imágenes publicadas en Facebook, sin que ambos acontecimientos tengan relación alguna.

Que del material probatorio que obra en autos, no es posible concluir de forma objetiva y razonable se acreditan los elementos de los actos anticipados de campaña.

Se otorga un alcance indebido al contenido del material probatorio que obra en autos.

A.2. Respecto a la entrevista realizada por “E1 Debate Colima” que fue materia de la denuncia:

Omisión de pronunciarse sobre la protección al periodismo.

Violación al principio de presunción de inocencia, libertad de expresión en su modalidad de libertad de prensa.

Se trató de una auténtica labor periodística que no constituye una conducta prohibida por la normativa electoral;

Omisión de señalar de qué forma se superó la presunción de licitud de la entrevista, a pesar de sostenerlo en la contestación a la denuncia;

Del contenido de la entrevista no se desprende que contenga propaganda electoral pues no aparecen logos o emblemas de partidos políticos;

De las preguntas realizadas y de las respuestas brindadas no se advierte palabra o expresión alguna que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote que se publicite plataforma electoral, se promocione una candidatura o se rechace una opción electoral de una forma inequívoca.

A.3. Indebida responsabilidad al partido Morena por culpa in vigilando.

En la temporalidad de los hechos denunciados la ciudadana Indira Vizcaíno Silva aún no era postulada como candidata común de Morena y Nueva Alianza.

El partido Morena no tuvo participación alguna en los hechos denunciados.

B. Planteados por Nueva Alianza Colima

Dicho instituto político no tuvo precandidatura a la Gubernatura de Colima.

Fue hasta el veintisiete de febrero que el Partido Nueva Alianza tuvo un vínculo jurídico con la ciudadana Indira Vizcaíno Silva, y fecha en que dicho instituto político le tomó protesta su candidata a la gubernatura de Colima.

Inobservancia de los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que deben regir los procedimientos especiales sancionadores.

II. Litis y método de estudio.

La litis en los presentes juicios consiste en determinar si los hechos que el Tribunal local tuvo por acreditados efectivamente constituyen actos anticipados de campaña.

Precisado lo anterior, cabe decir, que no hay controversia en relación con la existencia de los hechos, por tanto, debe verificarse si la determinación del Tribunal responsable sobre la existencia de actos anticipados de campaña fue conforme a Derecho.

Para ello será necesario exponer, en primer término, cuáles son los hechos acreditados en el caso; en segundo lugar, deberá exponerse la valoración que de tales hechos realizó el Tribunal local; posteriormente se enunciará el marco jurídico aplicable al caso; y finalmente se fijará la postura de este órgano jurisdiccional, a partir del análisis conjunto de los agravios de los actores.

III. Hechos acreditados.

Del análisis y valoración de las pruebas que obran en el expediente del procedimiento especial sancionador, la responsable tuvo por acreditados, entre otros, los siguientes hechos:

a. Existencia del perfil de Facebook.

En la red social Facebook existe una página cuyo usuario es “Indira Vizcaíno”, en la cual se promocionó la candidatura de Indira Vizcaíno Silva, postulada por los partidos MORENA y Nueva Alianza, como se muestra.

b. Publicaciones en Facebook.

En el perfil señalado en el apartado anterior, los días veintidós y veintitrés de febrero se realizaron las siguientes publicaciones:

“Hoy tuve la oportunidad de platicar con mis amigos taxistas de los municipios de Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. Platicamos las problemáticas del sector al igual que sus inquietudes ante la renovación y ampliación de concesiones en el Estado #EstamosListas”

“#EstamosListas para seguir escuchando atentamente a la población, hoy visitamos Quesería, nos llevamos sus peticiones e inquietudes.”

“Escuchar para transformar; solo así podremos saber qué es lo que necesita nuestro estado.

Hoy platicamos con algunos choferes de taxis en #Tecomán, nos compartieron sus inquietudes y problemáticas.”

c. Entrevista.

El dieciséis de febrero, “E1 Debate Colima”, por conducto de Nohemí Guadalupe Hernández realizó una entrevista a Indira Vizcaíno Silva, misma que a continuación se transcribe.

IV. Valoración realizada por la responsable.

A partir de la valoración de los hechos señalados anteriormente, el Tribunal local consideró que se actualizaban los elementos personal, temporal y subjetivo para acreditar los actos anticipados de campaña, de acuerdo con lo siguiente.

En cuanto al elemento personal, sostuvo que se satisfacía porque en las fechas en que acontecieron los hechos denunciados, Indira Vizcaíno Silva ya contaba con el carácter de precandidata a Gobernadora del Estado por los partidos MORENA y Nueva Alianza Colima.

Por lo que respecta al elemento temporal, la responsable señaló que se cumplía, ya que los hechos denunciados tuvieron verificativo los días dieciséis, veintidós y veintitrés de febrero, respectivamente, fechas anteriores al periodo de campañas, que inició el seis de marzo, de conformidad con el artículo 178 del Código Electoral local.

En relación con el elemento subjetivo, la responsable lo tuvo por acreditado, por lo siguiente:

         Los hechos denunciados y acreditados se realizaron dentro del marco del proceso electoral local 2020-2021, cuando Indira Vizcaíno Silva tenía la calidad de precandidata a Gobernadora por los partidos MORENA y Nueva Alianza Colima.

         La citada ciudadana obtuvo una ventaja indebida ante el electorado, en perjuicio del resto de los contendientes, al haberse expuesto públicamente ante la ciudadanía por acudir a diversas reuniones públicas con choferes de taxis, sosteniendo diálogos sobre las problemáticas del sector y sus inquietudes.

Al respecto, la responsable consideró que era un hecho notorio para la sociedad colimense que, desde hacía más de un año, los choferes de taxi, concesionarios y choferes de ruta se habían manifestado por la inclusión de transportes privados que se manejan a través de plataformas digitales y la operación de mototaxis, realizando bloqueos, manifestaciones y cierres de vialidades importantes en el Estado, exigiendo a las autoridades de Gobierno su regulación y/o exclusión.

En ese sentido consideró que, al haber existido un acercamiento por parte de la entonces precandidata con el referido sector, resultaba innegable que su actuar se interpretaba de manera objetiva como una influencia positiva para su futura campaña.

En concepto de la responsable, el acercamiento de la candidata con ese sector, antes que cualquier otro candidato y/o partido, representó un beneficio no cuantificable para su futura candidatura, al mostrarse interesada en su sentir, en sus “problemas”, en sus “inquietudes”, lo que a todas luces podía calificarse como un llamamiento equivalente al voto, pues si ella fue quien se acercó y los escuchó, antes que el resto de los competidores, su futura candidatura representaría una solución a su problemática.

De igual forma consideró lo relativo a la reunión pública llevada a cabo con los pobladores de Quesería, en donde tuvo un acercamiento que se abrieron con ella para externarle sus “peticiones” e “inquietudes”. Es decir, el Tribunal local estimó que esas personas se sintieron escuchadas y tomadas en cuenta por una precandidata que aún no podía realizar campaña, pero que ya estaba llevando actos tendientes a la obtención del voto porque efectuaba reuniones públicas, dirigidas a ciudadanos, en donde promovía una futura candidatura.

Lo anterior, máxime que la entonces precandidata a Gobernadora, en ese acto, estuvo acompañada de un legislador de la bancada de MORENA, lo que pudo generar en el imaginario de la ciudadanía, que resultaría más viable que “sus peticiones e inquietudes” tuvieran una mejor manera de concretarse y/o llevarse a cabo, por el respaldo de la bancada de dicho instituto político, lo que —en estima de la responsable— la posicionó de manera indebida frente al resto de los futuros contendientes.

Por otra parte, el Tribunal local consideró que en la entrevista llevada a cabo el dieciséis de febrero, otorgada al medio de comunicación digital “E1 Debate Colima”, se visualizó la imagen de Indira Vizcaíno Silva, se mencionó su nombre y se hizo referencia a su postulación y a uno de los partidos políticos que la postularon.

Señaló también que, en dicha entrevista, la precandidata vertió expresiones que la posicionaron y beneficiaron como una buena opción al cargo de la Gubernatura del Estado, al resaltar su trayectoria política y señalar cuestiones positivas sobre su desempeño en anteriores cargos. Asimismo, que realizó diversas críticas al gobierno actual, y que realizó una promoción directa del partido MORENA, al cual pertenece y que, junto con Nueva Alianza Colima, la postularon como candidata.

A partir de lo anterior, la responsable sostuvo que si bien no existían llamamientos expresos al voto, del análisis en conjunto del caudal probatorio, de las expresiones proferidas por Indira Vizcaíno Silva y de la sola presencia y acercamiento directo con ciudadanos de tres municipios diferentes, resultaba incuestionable que obtuvo una ventaja indebida, al iniciar de manera anticipada su campaña electoral, promoviendo su candidatura entre la ciudadanía y difundiendo ese acercamiento previo en Facebook, lo cual era funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto.

Es decir, para la responsable, no importó que en las imágenes y mensajes denunciados no se advirtieran elementos tales como los emblemas de los partidos que la postularon, ni frases que la identificaran como precandidata, pues bastaba su imagen, presencia y trato directo con la ciudadanía y su publicación, basados en la trayectoria notoria y conocida por la sociedad colimense, para concluir que existió un posicionamiento indebido, cuando aún no era permitido, por lo que tuvo por acreditados los actos anticipados de campaña.

En consecuencia, impuso como sanción a Indira Vizcaíno Silva la multa de quinientas unidades de medida y actualización, equivalentes a $44,810.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.); y a los partidos MORENA y Nueva Alianza Colima —por culpa in vigilando— la multa de cien unidades de medida y actualización, consistentes en $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.).

V. Marco jurídico.

Acorde a lo previsto en el artículo 242, párrafos 1 y 2 de la Ley General; se entiende por campaña electoral al conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto; mientras que los actos de campaña se conciben como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas

Por su parte, el artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la mencionada Ley General, define a los actos anticipados de campaña como aquellas expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.

Por cuanto a la legislación de Colima se prevé, en el artículo 86, fracción II, de la Constitución local, que será la ley de la materia la que fije las reglas para la precampaña y campañas electorales de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, así como las sanciones para quienes las infrinjan.

Así, el artículo 2º, inciso C) fracciones I y II del Código Electoral local establece la definición de actos anticipados de campaña como aquellos actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.

Por tanto, los artículos 288, fracción I, y 288 BIS, fracción II, del Código Electoral local prevén dentro de las hipótesis de infracción de los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular lo relativo a los actos anticipados de campaña; conductas sancionables a través de procedimientos instruidos por el Instituto Electoral, en términos de lo previsto en el artículo 317, fracción III, del referido Código.

Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido que los actos anticipados de precampaña y campaña se actualizan por la coexistencia de determinados elementos[7]; de modo que el tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los siguientes elementos:

Personal. Que los realicen los partidos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos y, en el contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan plenamente identificable al sujeto de que se trate.

Temporal. Es el periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que los mismos se realicen antes del inicio formal de las precampañas o campañas.

Subjetivo. Consiste en que una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento interno de selección o un proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una precandidatura o candidatura para un cargo de elección.

Por cuanto, a la acreditación del elemento subjetivo, esta Sala Superior ha considerado que el análisis de los elementos proselitistas en la publicidad no puede ser una tarea mecánica o aislada de revisión formal de palabras o signos, sino que incluye necesariamente el análisis del contexto integral de la propaganda y las características expresas en su conjunto, a efecto de determinar si la publicidad constituye o contiene un equivalente funcional de buscar un apoyo electoral.

Así, para determinar si la propaganda posiciona o beneficia electoralmente al denunciado, se debe establecer si puede ser interpretada de manera objetiva como una influencia positiva para las aspiraciones electorales de un sujeto; esto es, si el mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto, como lo es el posicionarse ante el electorado como una opción política real en una contienda.

Con este parámetro se evitan conductas fraudulentas cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida o encubierta, evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales; aunado a que abona a la realización de un análisis mediante criterios objetivos.

Asimismo, la jurisprudencia 4/2018[8] también establece que para que una expresión pueda considerarse como equivalente de otra, su significado debe ser inequívocamente —sin lugar a duda o confusión—esto es, debe ser una expresión que de forma inequívoca tenga una finalidad electoral.

Así, la jurisprudencia señala cuáles son las finalidades que se consideran eminentemente electorales: llamar a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político; y/o publicitar una plataforma electoral.

De igual forma, indica que posicionar a alguien con el fin de obtener una candidatura es una finalidad electoral; precisando que este último elemento está referido a una actividad propia de una precampaña por lo que de forma expresa no se estableció para ser aplicado a los actos anticipados de campaña.

No obstante, la jurisprudencia 4/2018 antes referida no hace referencia a los aspectos siguientes:

         No señala de forma expresa el deber de motivar la equivalencia.

         No explicita en qué condiciones es válido asumir que una expresión es equivalente de otra.

         No indica qué alcance debe darse a la expresión “posicionamiento” para actos anticipados de campaña.

Por ello, esta Sala Superior ha fijado criterios[9] para precisar algunos elementos que no estaban suficientemente explicados en la Jurisprudencia 4/2018, esto es, se establece qué tipo de argumentación es exigible cuando una autoridad electoral busca establecer la existencia de un equivalente funcional de un llamado expreso a votar, conforme a lo siguiente:

i) Deber de motivación de la equivalencia funcional. Esto es, las autoridades que busquen establecer que una frase denunciada es equivalente a una expresión del tipo “vota por mí” están obligadas a motivarlo debidamente.

ii) Elementos para motivar la equivalencia.  Como serían precisar cuál es el tipo de expresión objeto de análisis; establecer cuál es el mensaje electoral de referencia que presuntamente se actualiza mediante equivalencia; justificar la correspondencia de significado. Para que exista equivalencia debe actualizarse una correspondencia o igualdad en la significación de dos expresiones, esto es, entre el mensaje parámetro cuyo empleo está evidentemente prohibido y el mensaje denunciado.

Algunos parámetros básicos para esto serían:

o       La correspondencia de significado debe ser inequívoca, tal como ya lo manda la Jurisprudencia 4/2018.

o       La correspondencia debe ser natural y conservar el sentido de la expresión. Esto significa que la expresión denunciada debe poder traducirse de forma razonable y objetiva como una solicitud del tipo “vota por mí”.

o       No puede acudirse a inferencias subjetivas para establecer la equivalencia.

o       Es posible intentar establecer la intención del mensaje a partir de una racionalidad mínima, pero es necesario explicitar los parámetros que se utilizarán y los argumentos que justifican la conclusión.

o       No solo es válido, sino necesario, acudir al contexto, en la medida que se expliquen los elementos que se consideran para ese efecto y cómo refuerzan o refutan el análisis de equivalencia de significados.

Por otra parte, en relación con el empleo de la expresión “posicionamiento electoral”, esta Sala Superior consideró que, en términos de la Jurisprudencia 4/2018, no debe entenderse como la consideración de una figura diversa a los llamados expresos al voto o a los equivalentes funcionales.

En los precedentes de esta autoridad jurisdiccional en los que ha revisado la actualización de actos anticipados de precampaña o campaña, ha sido común la referencia a la idea de “posicionamiento electoral” o de “posicionarse frente al electorado”, pero entendida como la finalidad o consecuencia de un llamado expreso al voto, o bien, de un mensaje que tiene un significado equivalente de forma inequívoca.

De esta manera, la noción de “posicionamiento electoral” no debe emplearse como una hipótesis distinta para tener por actualizado el elemento subjetivo, sino que es una expresión para referirse a una de las finalidades electorales, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se difunda una plataforma electoral o a alguien asociado a una candidatura. Entonces, el “posicionamiento electoral” debe derivar necesariamente de una solicitud expresa del sufragio o de una manifestación con un significado equivalente funcionalmente.

Lo señalado significa que la autoridad electoral a quien corresponde resolver un procedimiento sancionador no debe limitarse a señalar que determinadas frases o características de un mensaje o publicación posiciona o beneficia electoralmente al sujeto denunciado, sino que es necesario que desarrolle la justificación de cuáles son las razones para dotarles de un significado que conlleve necesariamente esa consecuencia, ya sea por tratarse de un llamamiento expreso a ese respaldo o porque tiene un significado equivalente, sin lugar a una duda razonable.

En síntesis, se estima que el posicionamiento electoral es el resultado (consecuencia) del empleo de una solicitud de voto expresa o de una solicitud de voto mediante un equivalente funcional en los términos previamente precisados.

Ello, es así porque lo que se busca privilegiar es la tutela de la libre expresión y maximizar el debate público. La restricción a la libertad que supone el sistema de sanciones por actos anticipados de precampaña o campaña persigue evitar que se dejen de realizar sólo aquellas conductas que efectivamente impliquen una oferta o solicitud de apoyo o rechazo electoral adelantado de forma unívoca e inequívoca, en la temporalidad que no corresponde ya sea de manera directa o bien a través de conductas fraudulentas realizadas a través de frases que, de manera directa o en determinado contexto, resulten equivalentes.

VI. Decisión.

Este órgano jurisdiccional considera que los agravios de los accionantes relacionados con la falta de elementos para acreditar la infracción, analizados en su conjunto, son fundados y suficientes para revocar la resolución impugnada únicamente por cuanto a las publicaciones relacionadas con las visitas de la denunciada a los sitios de taxis referidos y a la población de Quesería. Lo anterior, porque de los hechos que la autoridad responsable tuvo por acreditados en el procedimiento especial sancionador, no se desprende la actualización de actos anticipados de campaña.

Por lo que hace a la entrevista denunciada, esta Sala Superior considera que la resolución impugnada debe confirmarse, en virtud de que sí se actualiza la comisión de actos anticipados de campaña.

Para demostrar lo anterior, esta Sala Superior analizará en primer término lo relativo a las publicaciones en Facebook, y posteriormente la entrevista, hechos por los cuales la responsable tuvo por acreditados los actos anticipados de campaña.

a. Publicaciones en Facebook

Como se vio en el apartado IV de este considerando, existe un reconocimiento por parte del Tribunal local en el sentido de que, de los hechos que se tuvieron por acreditados, no se advierten llamados expresos a votar a favor o en contra de candidatura alguna, o de promover una plataforma electoral.

La razón por la cual la responsable tuvo por acreditados los actos anticipados de campaña se debió a que, desde su óptica, las publicaciones en Facebook de las reuniones llevadas a cabo con choferes de transporte público y con habitantes de la localidad de Quesería, tuvieron como finalidad posicionarse en la ciudadanía colimense como una opción política viable y favorable previo a la etapa de campañas electorales, lo que constituyó un equivalente funcional a un llamamiento al voto.

A juicio de esta Sala Superior, la conclusión a la que arribó el Tribunal local es equivocada, en virtud de que, del análisis de las publicaciones en Facebook denunciadas, no se advierten llamados expresos al voto o promoción de una plataforma electoral (como lo reconoció la responsable), ni un equivalente funcional de llamamiento al voto.

Como se puede apreciar, de ninguna de las publicaciones se logra advertir un llamamiento expreso al voto en favor o en contra de candidatura alguna, o la promoción de una plataforma electoral, pues en cada una de ellas solo se hace referencia a las reuniones llevadas a cabo con choferes de transporte público de los municipios de Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Tecomán, así como con habitantes de la localidad de Quesería.

Asimismo, si bien es verdad que en las publicaciones se hace referencia a que Indira Vizcaíno Silva platicó sobre las inquietudes y  problemáticas del sector (trasporte público); y que se llevó peticiones e inquietudes de habitantes de la localidad de Quesería, lo cierto es que esa circunstancia es insuficiente para considerar que las reuniones fueron de naturaleza electoral, pues no existe elemento alguno, ni siquiera indiciario, que permita sostener que las reuniones fueron programadas, planeadas y que en ellas se solicitó el voto de la ciudadanía a la que se escuchó.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que no es jurídicamente factible limitar el derecho a la libertad de expresión ni de reunión, a partir de especulaciones en relación a la posible realización de actos anticipados de campaña pues, como se sostuvo en las premisas jurídicas que sustentan este fallo, para la acreditación de la citada infracción es necesario que se demuestre fehacientemente el llamamiento al voto en favor o en contra de alguna candidatura o la exposición y promoción de una plataforma electoral.

Además, si bien es verdad que es posible la acreditación de la infracción a partir de la demostración de equivalentes funcionales, en el caso se considera que ello no sucedió, pues del análisis de las citadas publicaciones no se observa que alguna de las palabras, frases, o incluso el contenido de las imágenes, se emplee —de manera inequívoca— con la intención de llamar al voto en favor o en contra de candidatura alguna, o de promocionar una plataforma electoral.

Al respecto, resulta oportuno mencionar que al resolver los expedientes SUP-REC-803/2021 y SUP-REC-806/2021, esta Sala Superior determinó que las autoridades que busquen establecer que una frase denunciada es equivalente a una expresión del tipo “vota por mí” están obligadas a motivarlo debidamente; abarcando los siguientes elementos: a) Precisar cuál es el tipo de expresión objeto de análisis, b) Establecer cuál es el mensaje electoral de referencia que presuntamente se actualiza mediante equivalencia, y c) Justificar la correspondencia de significado.

Al analizar las publicaciones de Facebook que son motivo de estudio por parte de esta Sala Superior, la responsable sólo concluyó que se actualizaba una equivalente funcional de llamamiento al voto a partir de una inferencia de que con tales reuniones la ciudadana buscaba posicionarse frente al electorado, se considera que ello no satisface la carga argumentativa a la que estaba obligada la responsable, ya que su conclusión se basó en apreciaciones subjetivas, que a la postre afectaron injustificadamente las libertades de expresión y de reunión de Indira Vizcaíno Silva.

En ese sentido, es que asiste razón a la parte actora cuando aduce que tales publicaciones no constituyen actos anticipados de campaña.

b. Entrevista

La actora plantea que la sentencia reclamada indebidamente determinó que con la entrevista denunciada incurrió en actos anticipados de campaña. Al respecto, plantea que de las preguntas realizadas y de las respuestas brindadas no se advierte palabra o expresión alguna que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote que se publicite una plataforma electoral, se promocione una candidatura o se rechace una opción electoral de una forma inequívoca. Asimismo, refiere que del contenido de la entrevista no se desprende que contenga propaganda electoral pues no aparecen logos o emblemas de partidos políticos.

En ese sentido, la actora también estima que, en la decisión reclamada, el Tribunal local omitió pronunciarse sobre la protección al periodismo y de qué forma se superó la presunción de licitud de la entrevista. En cambio, al determinar la existencia de una infracción a la ley electoral violó principio de presunción de inocencia y libertad de expresión en su modalidad de libertad de prensa. La actora estima que, contrario a lo que sostuvo el Tribunal local, la entrevista en la que participó es una auténtica labor periodística que no constituye una conducta prohibida por la normativa electoral.

En principio, como se precisó con antelación, es importante considerar que no son materia de controversia la existencia, la temporalidad y la forma en que ocurrieron los hechos que fueron materia de la denuncia (medios comisivos), como tampoco lo es la aspiración que tenía la denunciada para ser precandidata a Gobernadora por el partido MORENA —al momento de la presentación de la queja—, así como la acreditación de los elementos personal y temporal, para tener por configurados los actos anticipados de precampaña.

Por lo que hace al estudio de los agravios referidos, por cuestión de método, se hará en su conjunto, lo que no genera perjuicio alguno a la parte actora, porque lo trascedente es que se atiendan todos sus planteamientos[10].

En concepto de este órgano jurisdiccional, los agravios expresados por la parte actora son infundados, ello en virtud de que la responsable concluyó de forma debida que con la realización de la entrevista se actualizó una infracción a la normativa[11], ello a través de un análisis completo, holístico y detallado no solo de los elementos que se ofrecieron como prueba, sino también de las circunstancias en que los hechos denunciados se presentaron; en particular, si se toma en cuenta  que se estuvo ante una entrevista de más de media hora de duración, en la que se realizaron una serie de manifestaciones               que, en su conjunto, exaltaban la imagen de la entrevistada en su carácter de contendiente a la gubernatura.

Lo anterior, porque en concepto de esta Sala Superior, se observan manifestaciones que se efectuaron durante la entrevista, de las cuales se desprenden llamados al voto mediante equivalentes funcionales y otras expresiones que exaltan la persona de la denunciada, lo cual no puede disociarse de las circunstancias en que éstas se emitieron.

Al respecto, la responsable resalta que la entrevista denunciada se menciona el nombre de la denunciada, su calidad de aspirante a la gubernatura del Estado de Colima, ello asociado a un partido político en específico, con lo cual quedó plenamente acreditado que la calidad con la que se realizaron las manifestaciones vertidas durante la referida entrevista.

De igual forma se resalta en la resolución que la denunciada vertió expresiones que la identificaron como una buena opción al cargo de la Gubernatura del Estado, al resaltar su trayectoria política y señalar cuestiones positivas sobre su desempeño en anteriores cargos, como se desprende de la entrevista ya transcrita y de la cual se resaltó lo siguiente por la responsable[12]:

“... tuve la oportunidad de ser diputada federal muy joven y conocer todo lo que tiene que ver con el proceso de la legislación y la importancia de atender adecuadamente las necesidades de la sociedad...

... tuve la oportunidad de ser presidenta municipal, como tú también comentas, en una administración municipal que se convirtió́ en ejemplo, en donde nos bajamos el sueldo a la mitad, en donde creamos un programa entrega de uniformes escolares gratuitos a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria, que fuimos el primer municipio en hacerlo, en donde no pedimos un solo peso de deuda, abonamos a más del cincuenta por ciento de la deuda que tenia el municipio, nunca le quedamos a deber a los trabajadores, siempre les pagamos puntualmente todas sus prestaciones, en donde además jamás pedimos adelanto de participaciones, le aumentamos el sueldo a los policías, los capacitamos, los equipamos, hicimos más obra publica que la que se había hecho en los últimos diez anos y todo eso solamente con un solo detalle que es el que más añoramos, no robamos el dinero.

... es lo que más deseamos las y los colimenses tener políticos, políticas honestas...

... no robamos el dinero y nos dimos cuenta que alcanzaba para más...

...Luego otra vez como diputada federal que pedí́ licencia para incorporarme a la delegación, que es uno de los trabajos más bonitos que he tenido en mi vida, porque es primero consolidar un proyecto por el que hemos luchado por anos, literal, más de cuatro sexenios, luchando por esto. Y ahora tener la posibilidad de ver que eso se cristalice, y que cristalice en el estado y que puedes estar cerca de la gente que más lo necesita, pues para mí fue el mejor trabajo del mundo, pero bueno, todo esto, todo este bagaje, todo este aprendizaje, pues, forma parte de, pues, de la mujer que ahora soy, y de lo que me ha llevado a adquirir, pues, estos casi diez años de experiencia, casi doce más bien, ya me quería quitar dos, casi doce años de experiencia, y que no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque todas las decisiones que he tomado las he hecho basada en dos cosas, primero en ayudar a la gente en lo que más pueda, y segundo, siempre apegada a mis principios y a lo que marcan las normas y las leyes...”

En el caso concreto, se comparte la conclusión del Tribunal local, pero a partir del estándar que se fijó previamente. Es decir, si bien se observa que en la entrevista se abordan diversos temas que no actualizan una infracción electoral (por ejemplo, las temáticas de género) en otros fragmentos de la entrevista se observan diversas expresiones que, valoradas en su contexto y de forma objetiva, también tienen un significado equivalente a un llamado al voto de forma inequívoca, tal como se justifica a continuación:

Como se observa, no es que la exposición o identificación positiva de una persona lo que, por sí misma, actualiza el equivalente funcional que justifica confirmar la conclusión del tribunal local. El aspecto base que actualiza la conducta prohibida es el uso de expresiones que cumplen la función de una solicitud de voto, como las antes destacadas.

A partir de esa base objetiva, es que el resto de las expresiones que presentan positivamente a la candidatura pueden entenderse como un refuerzo o respaldo a la solicitud de voto hecha mediante equivalente funcionales. Es decir, la exaltación positiva, la referencia a la trayectoria profesional o a la historia personal de una persona se vuelven reprochables en este caso solo porque están asociadas claramente a un equivalente funcional.

Las expresiones identificadas con anterioridad, las cuales tienen un significado equivalente de llamado al voto, llevan a dotarle de una finalidad electoral a lo expuesto por la denunciada respecto de su trayectoria y desempeño, aunado a las opiniones hechas valer respecto del partido al que pertenece, del cual hace promoción directa, en contraste con la crítica realizada a otros partidos adversos. Lo anterior, en el contexto en que se vierten dichas manifestaciones, esto es, en un periodo previo a la campaña, genera que tales manifestaciones se aparten de los parámetros permitidos por la norma, lo cual fue advertido de manera correcta por la responsable, tal y como se explica en los siguientes párrafos hechos notar por ésta[13]:

“...Sí, mira que es muy importante, porque se ha insistido mucho por parte de nuestro presidente nacional, en esta frase, que es unidad y movilización y creo que estas dos palabras se engloban perfectamente lo que el Movimiento de Regeneración Nacional necesita en Colima, pero en todos los estados de la republica...

... una elección en la que vamos a participar por eh tercera ocasión como Movimiento de Regeneración Nacional...

... lo que nos une en el Movimiento Regeneración Nacional que es un partido movimiento es la convicción que hay algo más grande, que es la transformación de nuestro país...

... lograr que Morena se consolide como la fuerza política más importante de nuestro país...

...Morena desde antes incluso de que hubiera está resolución del INE que obligaba a los partidos a que el cincuenta por ciento de sus candidatas a las gubernaturas fueran mujeres o bueno por lo menos siete de las quince eh desde antes de eso Morena ya se había definido por buscar llevar a por lo menos siete mujeres candidatas eso habla de que en Morena se impulsa la participación política de las mujeres y se generan condiciones para que eso suceda y sea una realidad, pero también de que se impulsa la formación política de cuadros de género femenino...

... entonces eso habla de este enorme apertura pero sobre todo convicción de Morena de permitir que las mujeres ocupen el espacio que les corresponde...

... dentro de Morena pues somos capaces de reconocer esa capacidad y tenemos toda la voluntad y madurez para respaldarla...

...pensaban completamente distinto a la manera en la que yo fui formada y en la que yo crecí́, que es la visión de la izquierda, que es la visión de Manuel López Obrador, que es la visión de la cuarta transformación...”

Cabe resaltar que, de manera adicional al análisis de equivalencia de frases, las circunstancias y contexto que envuelve la emisión de la entrevista permiten corroborar la intención de la denunciada de que dichas expresiones tuvieran una difusión dirigida a posicionarla frente al electorado de manera previa a la etapa en la que es permitido y, por ello, en detrimento de otros participantes en la contienda.

Ejemplo de lo anterior se encuentra cuando la entrevistadora pregunta a la denunciada: “-Morena es un partido incluyente y me refiero a lo siguiente porque pues buscan ciudadanos también que quieran sumarse al proyecto” a lo cual en la respuesta dada por la denunciada hace alusión su partido, al proyecto llamado la “Cuarta Transformación”, incluso haciendo una invitación abierta “a aportar en beneficio de la transformación de Colima”, pero sobre todo exaltado su persona como una buena política en contraste con otros, tal y como se aprecia en la siguiente transcripción de una parte de la respuesta en comento:

“Si por supuesto a ver es un movimiento como tal el movimiento está abierto a todas aquellas personas que quieran aportar en beneficio del movimiento de la cuarta transformación o el Movimiento Regeneración Nacional, o en este caso de la transformación de Colima, por supuesto, porque a ver, si bien es cierto que este hay personajes políticos que se han encargado de tomar todas las decisiones políticas y económicas y beneficiarse de ello, también es cierto que en esos partidos políticos hay personas buenas, ¿eh? Yo les digo, a ver, los buenos o los malos no son los partidos, somos las personas, los políticos y así como hemos tenido muchos políticos malos, también habemos buenos “

Al respecto, la responsable advierte[14], de manera correcta, que:

“si bien, como ya se dijo, de los diferentes elementos que componen el mensaje y las publicaciones, analizados de manera individual, no se advierte un llamamiento expreso al voto; del análisis integral y contextual, visto como un conjunto y no solo como la acumulación de elementos visuales y lingüísticos, se advierte que los elementos valorativos que destacan o resaltan son: a) la imagen de la ciudadana denunciada; b) el nombre de “Indira Vizcaíno Silva”; c) Criticas al Gobierno actual y manifestación de su experiencia política...; f) la siempre identificación de su postulación y/o precandidatura al cargo de la Gubernatura, en tiempo no permitido.”

Conforme lo anterior, se aprecia que la responsable analizó de forma integral las particularidades del caso, esto es, verificó el alcance de las manifestaciones utilizadas por la denunciada, la forma y modo en las que se difundieron, lo cual le permitió determinar las manifestaciones que sí encuadran en lo que se ha desarrollado por esta Sala Superior como un equivalente funcional, como lo es la promoción de la imagen de la candidata o candidato para buscar un apoyo electoral derivado de la exaltación a su trayectoria personal y familiar en las que existen adjetivos positivos que asocia a su imagen, al tiempo que se resalta la relación manifiesta con un partido político.

De igual forma, se advierte que la responsable no limitó su análisis a verificar, de forma mecánica, la localización de manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y/o un llamamiento directo al voto en favor o en contra de alguna candidata o candidato, sino que siguió los parámetros marcados por esta Sala Superior e identificó de manera correcta las expresiones cuya equivalencia demostró, sin que con los agravios hechos valer se desvirtúe la conclusión a la que llegó. 

Cabe insistir, en que para determinar si un hecho o una propaganda específica posiciona o beneficia electoralmente a una persona, los tribunales deben analizar si la difusión del mensaje puede ser interpretada de manera objetiva como una influencia positiva o negativa para una precampaña o campaña, a partir de una expresión que constituya un equivalente funcional, conforme a los parámetros desarrollados en la presente.

Lo anterior, tiene la finalidad de evitar, por un lado, conductas fraudulentas cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida o bien encubierta, evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos, tal y como lo razonó esta sala en el precedente SUP-REC-803/2021 y SUP-REC-806/2021 ya referidos.

En tal sentido, los mensajes denunciados constituyen una manifestación de apoyo o promoción equivalente a un posicionamiento expreso, pues de manera razonable pueden ser interpretados, en su conjunto, como una manifestación inequívoca en favor de la denunciada, en su aspiración de lograr el cargo de elección popular.

Cabe hacer referencia al diverso SUP-JE-95/2021, en el cual esta Sala Superior arribó a conclusiones similares a las ya expuestas al pronunciarse en el sentido de confirmar la existencia de actos anticipados de campaña derivados de equivalentes funcionales a partir de, entre otros, una entrevista otorgada por la denunciada.

En dicha ejecutoría, se advirtió que la entrevista realizada sí posicionaba a la entonces candidata Indira Vizcaíno Silva, “al estar dando a conocer opciones, propuestas y exaltaciones de su persona, dar a entender que es una mejor opción, porque ella sí es honesta y tiene valores.”[15]

Sin perder de vista, que en el contexto de dicha entrevista “dejó ver las necesidades que tiene Colima, la carencia de opciones, por ello hace alusión a la esperanza, a la transformación y particularmente a su trayectoria, con lo cual refuerza la idea de que es la mejor opción, en el momento histórico en donde, a su parecer no ha habido alternancia, por ello es necesario, el cambio, como abre su entrevista.”

Por lo que hace al agravio expresado por la parte actora en el que afirma que de manera subjetiva se establece un nexo/vínculo directo entre la entrevista realizada y las supuestas reuniones celebradas en Villa de Álvarez, Tecomán, Cuauhtémoc y Quesería, resulta fundado pero insuficiente para revocar la resolución de mérito en cuanto a que la realización de la entrevista, que se analiza, constituyó un acto anticipado de campaña; lo anterior porque, como se explicó, existen elementos diversos al vínculo señalado por la actora que permitieron a la responsable, de forma válida, concluir que con esa conducta se infringió la norma.

Por lo que hace al agravio en el que se aduce por la parte actora la violación al principio de presunción de inocencia, libertad de expresión en su modalidad de libertad de prensa, se considera infundado, ya que, en este caso lo que se cuestiona no es la labor periodística realizada por la entrevistadora, pues lo que es objeto de reproche son las manifestaciones vertidas por la entrevistada y que son de su absoluta responsabilidad, en el caso, al no existir evidencia de acuerdo previo de las preguntas y respuestas a realizarse, por lo que el deber de cuidado de que dichas manifestaciones no incluyeran cuestiones contrarias al marco normativo electoral era, exclusivamente, de la denunciada y de los partidos de los que fue candidata, a partir de su deber de cuidado.

En ese sentido, se tiene que la libertad de expresión de la denunciada no se ve afectada más allá del límite objetivo establecido en la ley, que prohíbe expresamente la realización de actos anticipados de campaña, sin que ello viole dicha garantía.

Finalmente, por cuanto hace a los agravios hechos valer por los partidos MORENA y Nueva Alianza respecto de su responsabilidad por el deber de vigilancia o culpa in vigilando en los que aducen que en la temporalidad de los hechos denunciados la ciudadana Indira Vizcaíno Silva aún no era postulada como candidata común por ellos, y que se inobservaron los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que deben regir los procedimientos especiales sancionadores, se estima que los mismos son por un parte infundados y por otra inoperantes.

Resultan infundados los argumentos que pretenden eludir la responsabilidad que se les atribuye derivada de la temporalidad en la que se dieron los hechos denunciados, en virtud de que el convenio de candidatura común para participar en la elección local de que se trata celebrado por los partidos políticos en comento, fue firmado desde el diez de diciembre de dos mil veinte y aprobado por el Instituto local el siguiente día quince[16], por lo que la obligación de vigilancia existía en conjunto para ambos partidos en desde esa fecha y de manera previa en lo individual respecto de sus simpatizantes y militantes de conformidad con el artículo 25 apartado 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos que prevé́ como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; este último precepto regula: a) El principio de respecto absoluto de la norma; y b) La posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros, simpatizantes y candidatos.

Por otra parte, los agravios en estudio resultan inoperantes en virtud de que no combaten de manera frontal los razonamientos de la responsable, lo cuales comparte esta Sala Superior, respecto de que en el caso particular, MORENA y Nueva Alianza incurren en culpa in vigilando, pues son responsables de forma solidaria o indirecta de las actuaciones de su entonces precandidata, por la entrevista otorgada al medio de comunicación digital “E1 Debate Colima”, el cual constituyó un acto anticipado de campaña, conforme lo razonado con anterioridad, sin que al efecto hubieren presentado deslinde alguno de las conductas atribuidas a la entonces precandidata, ni se hubiese ejercido acción tendiente a evitarla.

En consecuencia, lo procedente es modificar la sentencia del Tribunal local, a efecto de que únicamente se tenga acreditada la comisión de actos anticipados de campaña por parte de la actora con la participación de la entrevista que fue analizada.

Por tanto, lo procedente es ordenar al Tribunal responsable que, a partir de la modificación de su sentencia, reindividualice la sanción que corresponda, por la comisión de los actos anticipados de campaña, a partir de la realización de la entrevista.

Lo anterior en virtud de que, en principio, la competencia para la determinación e individualización de la sanción corresponde al Tribunal local, sin que existan condiciones de urgencia derivadas de la proximidad de la conclusión de alguna etapa del proceso electoral que apremie el que esta Sala Superior asumiera plenitud de jurisdicción para imponer la sanción, con lo cual también se garantiza la posibilidad de que, de ser el caso, se pueda revisar la resolución que se dicte al respecto por esta autoridad jurisdiccional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se acumulan los medios de impugnación, en los términos precisados en esta sentencia.

SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada en los términos precisados en la sentencia.

NOTIFÍQUESE en términos de Ley.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior, con la usencia del Magistrado Indalfer Infante González y con el voto en contra del Magistrado José Luis Vargas Valdez y de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quienes formulan voto particular, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicte con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LA MAGISTRADA MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO Y EL MAGISTRADO JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 187, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN LOS JUICIOS ELECTORALES SUP-JE-186/2021 Y SUP-JE-187/2021, ACUMULADOS.

I. Introducción

1                    Con el debido respeto a nuestros pares, disentimos de la sentencia aprobada pues, desde nuestra óptica, la resolución impugnada debe revocarse lisa y llanamente y no modificarse, ya que consideramos que en el caso no se actualizan los actos anticipados de campaña por ninguno de los hechos denunciados primigeniamente.

2                    En efecto, la mayoría considera que las publicaciones de Facebook que fueron denunciadas no actualizan la referida infracción (lo cual compartimos); no obstante, estima que la entrevista realizada el dieciséis de febrero del presente año por el “E1 Debate Colima” (por conducto de Nohemí Guadalupe Hernández), a Indira Vizcaíno Silva, sí configura los actos anticipados de campaña por equivalentes funcionales de llamamiento al voto.

3                    A nuestro juicio, la difusión de la referida entrevista tampoco actualiza la infracción de actos anticipados de campaña, ni siquiera bajo una apreciación de equivalencias funcionales, pues lo único que logra advertirse es la realización de un auténtico ejercicio periodístico, el cual goza de presunción de licitud, sin que se adviertan elementos que logren desvirtuar tal presunción.

4                    Además, consideramos que del análisis de la entrevista no se logra apreciar que Indira Vizcaíno Silva haya empleado frases que puedan considerarse equivalentes funcionales de llamamiento al voto, por lo cual, nuestra postura va en el sentido de que no puede limitarse la libertad de expresión ni la libertad del ejercicio periodístico a partir de meras presunciones y especulaciones.

5                    II. Postura mayoritaria.

6                    Nuestros pares estiman que la decisión del Tribunal local, al considerar que la entrevista denunciada actualizaba un acto anticipado de campaña, fue acertada. Lo anterior pues, desde su óptica, se trató de una entrevista de más de media hora de duración, en la que se realizaron una serie de manifestaciones que, en su conjunto, exaltaban la imagen de la entrevistada en su carácter de contendiente a la gubernatura de Colima.

7                    Asimismo, la posición mayoritaria se sustenta en que, de diversas manifestaciones efectuadas durante la entrevista, se desprenden llamados al voto mediante equivalentes funcionales y otras expresiones que exaltan la persona de la denunciada.

8                    A manera de ejemplo, en la decisión aprobada se inserta el cuadro siguiente, para evidenciar que algunas de las frases empleadas durante la entrevista se tratan de equivalentes funcionales de llamamiento al voto de forma inequívoca.

9                    A partir de dicho análisis, nuestros pares determinan que el aspecto base que actualiza la conducta prohibida es el uso de expresiones que cumplen la función de una solicitud de voto, como las señaladas, y que el resto de las expresiones que presentan positivamente a la candidatura pueden entenderse como un refuerzo o respaldo a la solicitud de voto hecha mediante equivalentes funcionales. Es decir, que la exaltación positiva, la referencia a la trayectoria profesional o a la historia personal de una persona se vuelven reprochables en el caso, sólo porque están asociadas claramente a un equivalente funcional.

III. Razones del disenso.

10                 En principio, queremos dejar claro que nuestro disenso se sustenta en una cuestión de valoración de la entrevista. Es decir, estamos de acuerdo en que los actos anticipados de campaña pueden actualizarse a partir de equivalentes funcionales de llamamiento al voto y no sólo de solicitudes expresas; sin embargo, a nuestro modo de ver, en el caso no existe claridad en que las expresiones señaladas por nuestros pares sean equivalentes funcionales y, por ende, ante la duda, debe prevalecer el ejercicio de la libre expresión.

11                 En efecto, del análisis integral a la entrevista realizada a Indira Vizcaíno Silva, no se advierte que ésta se haya posicionado previamente ante el electorado ni expresamente, ni de manera velada, pues en todo momento, sus expresiones se dirigieron —únicamente— a responder las preguntas que le formulaba la entrevistadora, mismas que, evidentemente, iban a tratar sobre temas políticos, en virtud de que la citada ciudadana es una persona que ha desarrollado su trayectoria en el ámbito político.

12                 Es decir, una persona que desarrolla su trayectoria en el ámbito político es una persona pública, y por ende es entendible que en una entrevista, las preguntas que se le formulen vayan dirigidas hacia ese ámbito; lo cual, a nuestro juicio, no constituye infracción alguna, a menos que se utilice dicha forma de comunicación como un pretexto para posicionarse anticipadamente ante los electores, lo cual no acontece en el caso.

13                 Para efectos de claridad, insertaremos nuevamente el cuadro con las expresiones expuestas por la mayoría y calificadas como equivalentes funcionales de llamamiento al voto, evidenciando que éstas en realidad no lo son, sino que constituyen manifestaciones realizadas en ejercicio de la libertad de expresión.

14                 Como se ve, existen otras formas de entender las manifestaciones de la actora expresadas durante la entrevista, que no implican la solicitud velada de votar en su favor, por lo cual, ante la duda, consideramos que debe prevalecer —conforme la línea jurisprudencial de esta Sala Superior—, el ejercicio de la libertad de expresión.

15                 Pensar lo contrario, implicaría aceptar que las personas que desarrollan su actividad en el ámbito político están impedidas a participar en cualquier tipo de entrevista que se les formule, lo cual no sólo limita injustificadamente la aludida libertad de expresión, sino también el ejercicio de la libertad periodística, lo cual no compartimos, pues va en contra del postulado de cualquier Estado que se considere democrático.

16                 Finalmente, tampoco compartimos las consideraciones relativas al tiempo de duración de la entrevista, pues en todo caso ello se debe al formato del programa en que participó, pero esa circunstancia en modo alguno implica una infracción pues, como hemos dejado claro, del contenido no se advierten expresiones que tengan por objeto llamar al voto de forma expresa, ni velada.

17       En conclusión, ante la falta expresiones inequívocas para determinar un posicionamiento de la denunciada ante la ciudadanía, es nuestra convicción que no se acredita el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña en su vertiente de equivalente funcional.

IV. Conclusión

18       Debido a las razones anteriores, consideramos que lo procedente era revocar la resolución impugnada, para efecto de no tener por demostrada la actualización de actos anticipados de campaña por ninguno de los hechos denunciados primigeniamente.

19       En tal virtud, formulamos el presente voto particular.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.