juicio electoral

EXPEDIENTE: SUP-je-1171/2023

ACTOR: rodrigo antonio pérez roldán

RESPONSABLE: sala regional especializada DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAGISTRADO PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES

SECRETARIADO: MARTHA LILIA MOSQUEDA VILLEGAS, JENNY SOLÍS VENCES Y XAVIER SOTO PARRAO

COLABORARON: PAULA SOTO REYES LORANCA Y mOISÉS mESTAS FELIPE

Ciudad de México, a doce de abril de dos mil veintitrés.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el juicio promovido por Rodrigo Antonio Pérez Roldán, en el sentido de confirmar la diversa emitida por la Sala Regional Especializada recaída en el expediente SRE-PSC-20/2023, respecto a la inexistencia de actos anticipados de precampaña, campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos en los actos denunciados.

I.  ASPECTOS GENERALES

Rodrigo Antonio Pérez Roldán controvierte la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSC-20/2023[1] por la cual determinó la inexistencia de las infracciones atribuidas a Marcelo Luis Ebrard Casaubón —en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores— y a Abelina López Rodriguez —en su calidad de alcaldesa de Acapulco, Guerrero— por el supuesto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, así como la inexistencia de la realización de actos anticipados de precampaña y campaña, atribuidas al mencionado funcionario.

II.  ANTECEDENTES

De lo narrado por el promovente en su escrito de demanda y de la revisión de las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente:

1.              A. Queja. El catorce de diciembre del año pasado, el actor presentó escrito de queja en contra de Marcelo Luis Ebrard Casaubón (secretario de Relaciones Exteriores) y Abelina López Rodríguez (alcaldesa de Acapulco, Guerrero) por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña por parte del canciller, derivado de su participación en tres eventos en los cuales interactuó con la ciudadanía ostentándose como posible candidato a la elección presidencial en el proceso electoral federal 2023-2024; el uso indebido recursos públicos porque los eventos fueron trasmitidos en el canal de YouTube oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores; así como, la promoción personalizada por parte de las dos personas denunciadas.

2.              B. Registro, desechamiento parcial, admisión y reserva de emplazamiento. El quince de diciembre de dicha anualidad, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral acordó registrar el expediente UT/SCG/PE/RAPR/CG/509/2022 y, entre otras cuestiones, desechó la queja respecto de uno de los tres eventos denunciados, el correspondiente al “Primer Foro de Mujeres por una vida Digna”, al advertir que, en la diversa queja UT/SCG/PE/RSA/JD04/GRO/401/2022 se denunciaron los mismos hechos y, con posterioridad, la Sala Regional Especializada al resolver el SRE-PSC-189/2022 determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas, por lo que se actualizaba la eficacia refleja de la cosa juzgada.

3.              Asimismo, reservó lo referente a la admisión de la queja y el emplazamiento, al tener diligencias pendientes de realizar.

4.              El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la autoridad instructora admitió a trámite la queja e indicó que todavía existían diligencias pendientes de realizarse, por lo que determinó acordar lo conducente en el momento oportuno.

5.              C. Medidas cautelares. Mediante acuerdo ACQyD-INE-3/2023 de veinte de enero de dos mil veintitrés, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, entre otras cuestiones, declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas, en su vertiente de tutela preventiva, al establecer que, bajo la apariencia del buen derecho, los hechos denunciados se trataban de actos cuyo objetivo era dar a conocer un proyecto de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Acapulco, Guerrero.

6.              D. Resolución SRE-PSC-20/2023 (Acto impugnado). Una vez recibido el expediente y verificada la debida integración, el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la Sala Regional Especializada determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas, consistentes en el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada atribuidas a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores y Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, así como de la realización de actos anticipados de precampaña y campaña, atribuidas al mencionado secretario.

7.              E. Demanda. Inconforme con lo anterior, el veinticuatro de marzo del año en curso, el actor presentó su demanda ante la autoridad responsable.

8.              F. Integración y turno. Recibidas las constancias, el magistrado presidente acordó integrar el expediente SUP-AG-198/2023 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Indalfer Infante Gonzales para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

9.              G. Reencauzamiento. El día treinta y uno de marzo inmediato, mediante acuerdo plenario, esta Sala Superior acordó reencauzar el medio de impugnación a juicio electoral, por ser la vía idónea para controvertir la resolución impugnada.

10.          H. Turno. En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo plenario antes referido, se integró el expediente SUP-JE-1171/2023, y turnarlo a la ponencia del magistrado Indalfer Infante Gonzales para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

11.          I. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó la demanda, la admitió a trámite y, agotada la instrucción, la declaró cerrada, con lo cual, los autos quedaron en estado de resolución.

III.  NORMATIVA APLICABLE

12.          En principio, cabe formular la precisión respecto de la normativa aplicable a este medio de impugnación, toda vez que, el dos de marzo del año que transcurre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Se destaca que en el artículo cuarto transitorio del Decreto se determinó que no resultarían aplicables las modificaciones procesales y sustantivas para los procesos electorales de Coahuila y Estado de México que se celebrarían en dos mil veintitrés (procesos que actualmente se encuentran en curso).

13.          Ahora, tal Decreto fue impugnado por el Instituto Nacional Electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación[2], por lo que, el veinticuatro de marzo posterior, el ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional que se promovió y determinó otorgar la suspensión solicitada sobre la totalidad del Decreto impugnado.

14.          Derivado de ello, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, esta Sala Superior emitió el Acuerdo General 1/2023[3], con la finalidad de que las personas justiciables tuvieran pleno conocimiento de cuáles serían las reglas procesales aplicables para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. En tal sentido, se advierten los cuatro supuestos siguientes:

i.                     Los asuntos promovidos con antelación a la entrada en vigor del Decreto referido serán resueltos en términos de la ley procesal electoral publicada en mil novecientos noventa y seis, con todas sus reformas.

ii.                  A los asuntos presentados del tres al veintisiete de marzo del año en curso, que no guarden relación con los procesos electorales de los estados de Coahuila y México, les será aplicable la ley adjetiva electoral publicada el dos de marzo del año que transcurre.

iii.                 Aquellos asuntos presentados del tres al veintisiete de marzo del presente año, vinculados con los procesos electorales de los estados de Coahuila y México, en términos del artículo cuarto transitorio del Decreto, se sustanciarán conforme la ley procesal electoral publicada en mil novecientos noventa y seis, con todas sus reformas.

iv.                Los asuntos presentados del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés en adelante serán tramitados, sustanciados y resueltos con base en la ley procesal electoral publicada en mil novecientos noventa y seis, con todas sus reformas, debido a la concesión de la suspensión en la controversia constitucional 261/2023.

15.          En ese sentido, si la parte actora presentó su demanda federal ante la responsable el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés y su impugnación no está relacionada con la elección a la gubernatura del Estado de México o Coahuila, es evidente que nos encontramos en el segundo supuesto, razón por la cual, lo procedente es sustanciar el presente asunto conforme a la normativa adjetiva publicada el dos de marzo de dos mil veintitrés.

16.          Sin embargo, se hace la precisión que se resolverá con las disposiciones sustantivas vigentes antes de la entrada en vigor del referido decreto, al ser las que regían al momento en que se inició la sustanciación del procedimiento especial sancionador.[4]

IV.  COMPETENCIA

17.          Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente juicio electoral de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI; y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 166, fracción III, inciso h), y 169, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3, párrafo 2, inciso b); 4, párrafo 1, 36, párrafo 2, inciso c) y 39, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde se prevé que el juicio electoral es procedente para conocer de las impugnaciones en contra de acuerdos y resoluciones dictados en el procedimiento especial sancionador y resoluciones emitidas por la Sala Regional Especializada.

V.  REQUISITOS DE PROCEDENCIA

18.          El medio de impugnación reúne los presupuestos procesales y los requisitos de procedencia, previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8; 9, párrafo 1; 12, párrafo 1, incisos a) y b); y 13, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se explica a continuación:

19.          Forma. La demanda cumple con los requisitos de forma, porque: i) se presentó de manera escrita; ii) consta el nombre y firma autógrafa de la parte actora; iii) se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable de la misma; y, iv) se mencionan los hechos en los que se basa la impugnación respectiva y los agravios que considera le causa el acto impugnado.

20.          Oportunidad. La presentación de la demanda fue oportuna porque el acto impugnado se emitió el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés y fue notificado al promovente el día veintiuno inmediato[5], por lo que el plazo para impugnar transcurrió del veintidós al veintisiete de marzo, descontando los días sábado y domingo, al no estar involucrado ningún proceso electoral en curso. Por lo tanto, si la demanda se presentó el veinticuatro de marzo, resulta evidente que se satisface este presupuesto procesal, al haberse presentado dentro de los cuatro días que establece la Ley electoral.

21.          Interés jurídico. Se colma tal requisito, toda vez que el actor fue parte denunciante en el procedimiento especial sancionador cuya resolución ahora se controvierte y mediante la cual se le determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas.

22.          Definitividad. Se considera colmado este requisito, ya que en la normativa aplicable no se prevé algún otro medio de impugnación que deba agotarse previamente, es decir, antes de acudir a esta instancia.

VI.  ESTUDIO

A. Contexto y acto impugnado

23.          En diciembre del año pasado, el actor presentó una queja en contra del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, y la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña (atribuibles al canciller), uso indebido de recursos públicos, así como promoción personalizada por parte de las dos personas denunciadas. Lo anterior, con motivo de su asistencia y participación en tres eventos realizados en Acapulco, con el supuesto fin de posicionar a Marcelo Luis Ebrard Casaubón como posible candidato a la presidencia de la República mexicana, en el proceso electoral federal 2023-2024.

24.          Instaurado el procedimiento[6], la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral desechó la queja por lo que ve a uno de los tres eventos denunciados, el correspondiente al “Primer foro de mujeres por una vida digna”, al advertir que, en la diversa queja UT/SCG/PE/RSA/JD04/GRO/401/2022 se denunciaron los mismos hechos y, con posterioridad, la Sala Regional Especializada al resolver el SRE-PSC-189/2022, determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas, por lo que estimó actualizada la eficacia refleja de la cosa juzgada y, en su oportunidad, admitió a trámite la queja de los otros dos eventos e indicó que todavía existían diligencias pendientes de realizarse.

25.          Recibidas las constancias en la Sala Regional Especializada, el dieciséis de marzo del año en curso, dictó sentencia[7] y determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas atribuidas a ambos funcionarios, por considerar, esencialmente, que la asistencia y participación del canciller, Marcelo Ebrard, no actualizan la infracción consistente en actos anticipados de precampaña y campaña, ya que no se acredita el elemento subjetivo de la infracción, es decir, llamados expresos o manifestaciones que sean explícitas e inequívocas de llamar al voto en favor o contra de éste.

26.          Al respecto, la Sala responsable consideró —medularmente— que:

         El evento fue de carácter oficial, organizado por el ayuntamiento de Acapulco y tuvo como objeto presentar un proyecto de inversión internacional de colectores para capacitación, conducción y tratamiento de aguas residuales en el citado municipio.

         En relación con la rueda de prensa denunciada, consideró que fue bajo el ejercicio de preguntas y respuestas dirigidas, en su mayor parte, al canciller y a la alcaldesa de Acapulco, sobre detalles específicos del proyecto presentado; en tanto que, no tuvo acreditada la infracción porque no se actualizaron elementos adicionales, objetivos y razonables que les permitieran concluir que se encontraban en presencia de posicionamientos adelantados que pudieran vulnerar la equidad en la contienda.

         Señaló que ambos eventos (presentación del proyecto y rueda de prensa) transmitidos en las cuentas oficiales de Twitter y YouTube de la Secretaría de Relaciones Exteriores —a su juicio— se encontraban justificados por tratarse de eventos de carácter oficial para la presentación de un proyecto de inversión de la empresa extranjera “Red Meters”.

         Respecto a la promoción personalizada, concluyó que no se actualizaron las infracciones atribuidas al canciller y a la alcaldesa, en atención a que, del contenido del mensaje se advierte que se informó de una situación concreta (proyecto de inversión) sin buscar logros, adhesión o el consenso de la ciudadanía.

         Además, al sostener inexistente la promoción personalizada en favor de las personas del servicio público denunciadas (por no haberse beneficiado con el evento), concluyó que no hubo un uso indebido de recursos públicos.

27.          Inconforme con dicha sentencia, Rodrigo Antonio Pérez Roldán interpuso el presente medio de impugnación.

B. Agravios

28.          Del escrito de demanda del actor, se advierte que, esencialmente, señala lo siguiente:

         El acto impugnado es contrario a los principios de legalidad, fundamentación, motivación, exhaustividad y congruencia, toda vez que la responsable no tomó en cuenta de manera integral el contexto del sujeto denunciado y su abierta intención de participar en la encuesta de MORENA para ser designado como candidato a la Presidencia de la República.

         La Sala responsable obvió pronunciarse y realizar un estudio exhaustivo sobre el contexto integral de los hechos denunciados, en contraste con las expresiones realizadas en los eventos por las personas involucradas.

         Contrario al dicho de la autoridad, los eventos denunciados sí constituyen una estrategia fraudulenta para que el funcionario se pueda posicionar de manera anticipada ante la ciudadanía, ya que los hechos no forman parte de las competencias y atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

         Reitera que la responsable debió analizar las competencias y facultades a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para verificar si el actuar del funcionario denunciado tiene base legal; toda vez que, su carácter es reconocido como aspirante a un cargo de elección popular, en contraste con las competencias y facultades de la Secretaría que encabeza.

         Al respecto, considera que su actuación para presentar y anunciar la implementación de un proyecto de tratamiento de agua en un ayuntamiento en Guerrero escapa de la esfera competencial de su encargo y ello hace evidente que dichos eventos formaron parte de la implementación de la estrategia fraudulenta que —medularmente— denunció; destacando que ningún otro titular de las Secretarías del Estado participaron en los eventos.

         La Sala Regional no fue exhaustiva al calificar los eventos denunciados como “oficiales”; cuyos gastos y el origen de los recursos erogados (presentación y rueda de prensa) se tuvieron por acreditados; en tanto que, debió ordenar las diligencias mínimas necesarias a fin de que se aclarara por qué un secretario de Estado, al acudir a un “evento oficial”, debe asumir los gastos necesarios para concretar su participación. De ahí que pregunta ¿por qué el funcionario acreditado desearía absorber todos los gastos?

         Argumenta que, al tratarse de un evento oficial y/o comisión oficial reconocida por la Secretaría, existiría un mayor grado de convicción de que se trató de eventos que debían contar con recursos públicos inherentes a la Secretaría que encabeza el denunciado, por lo que la negativa de su utilización, en todo caso, al tratarse de un evento oficial, debía ser aclarada por el denunciado y verificada de manera exhaustiva por la autoridad responsable.

         Por su parte, acusa la indebida motivación que dictó la Sala Regional al declarar la inexistencia de los actos anticipados de precampaña y campaña, por no tener por acreditado el elemento subjetivo. En ese orden de ideas, señala que se realizó un análisis del contenido de equivalencias funcionales de forma deficiente y sin tomar en consideración el análisis contextual integral de los hechos denunciados; dado que, no tomó en cuenta las aspiraciones reconocidas del denunciado a ser candidato a la Presidencia de la República, ni que, el cargo que ostenta no tiene competencia ni atribuciones para encabezar la presentación del proyecto referido.

         Asimismo, apunta que omitió analizar las expresiones de Abelina López Rodríguez (que forman parte integral de las conductas denunciadas) puesto que, dichas manifestaciones benefician la imagen de Marcelo Luis Ebrard Casaubón y no tienen sustento para su emisión, pues se descontextualiza la función pública presuntamente ejercida —en su calidad de canciller— y se llevan el escenario a un ámbito político, propio de eventos proselitistas, que buscan posicionar su nombre e imagen; cuyo objeto es romper la equidad y trastocar el principio de legalidad.

         Por otra parte, afirma que la Sala responsable debió valorar de manera íntegra los elementos visuales y auditivos de los hechos acontecidos en la rueda de prensa; y no solo señalar frases generales y limitarse a enunciar elementos probatorios.

         Reitera que la participación del denunciado de manera directa en la rueda de prensa va más allá de sus facultades y competencias, lo que evidencia que se trata de un evento en donde el sujeto obtiene un beneficio electoral para posicionarse.

         Al respecto, destaca que la responsable obvió y dejó de valorar elementos que forman parte del contexto, ya que, no obra en autos requerimiento alguno para verificar la asistencia y tipo de medios informativos que cubrieron la rueda de prensa, lo anterior, con el fin de evidenciar un auténtico ejercicio periodístico y no uno simulado.

         Refiere que, no obstante que la responsable invocó el expediente SUP-REP-139/2019, en donde esta Sala Superior señaló que más allá del formato de preguntas y respuestas lo relevante es el contenido, no analizó las respuestas del denunciado, pues fueron más allá de lo cuestionado y se dieron fuera del contexto de la naturaleza del evento de saneamiento de aguas residuales.

         Respecto a la promoción personalizada, acusa que la Sala Regional omitió analizar las expresiones de manera exhaustiva y se limitó a señalar que se trataron de temas informativos; además, aduce que dichas manifestaciones enaltecieron las cualidades de los propios denunciados.

         En relación con lo expuesto, insiste en que la Sala responsable sostuvo indebidamente que no se utilizaron recursos públicos, ya que omitió analizar el contexto integral de los recursos públicos y materiales e inmateriales que tienen a su disposición los servidores públicos.

29.          Finalmente, solicita que se revoque la resolución controvertida y se emita una nueva donde se analicen las conductas denunciadas, considerando todos los elementos que —aduce— obvió la Sala responsable.

C. Decisión de la Sala Superior.

Metodología

30.          Para efecto del estudio de los planteamientos de la persona recurrente, se analizarán en primer término los agravios dirigidos a evidenciar una violación procesal y posteriormente los de fondo, atendiendo al orden temático expuesto en la sentencia controvertida, iniciando por aquellos relacionados con supuestos hechos presuntamente constitutivos de actos anticipados de precampaña y campaña y, posteriormente, los relativos a la presunta promoción personalizada de personas servidoras públicas y el uso de recursos públicos en los hechos denunciados.

Falta de exhaustividad en la investigación

31.          La parte recurrente argumenta que la Sala responsable no desahogó las diligencias mínimas necesarias de investigación de los actos denunciados, particularmente relacionadas con el origen de los gastos erogados por Marcelo Luis Ebrard Casaubón para asistir a los eventos cuestionados; así como, las relativas a verificar la asistencia y tipo de medios informativos que cubrieron la rueda de prensa.

32.          Deviene ineficaz el anterior planteamiento, en virtud de que el procedimiento especial sancionador se rige preponderantemente por el principio dispositivo, lo cual implica que el denunciante tiene la carga de presentar los medios de convicción suficientes de los que sea posible desprender, cuando menos, indicios sobre la existencia de las presuntas infracciones a la legislación electoral.

33.          En efecto, en la línea jurisprudencial de este órgano jurisdiccional se ha establecido que, por su naturaleza, el denunciante o sujeto que inicie este tipo de procedimientos tiene la carga de la prueba, por lo que deberá ofrecer, preparar y exhibir los medios de convicción con los que cuente o, en su caso, mencionar los que requerirá, cuando no esté en aptitud legal de recabarlos por sí; por tanto, deberá expresar con toda claridad los hechos y acreditar sus afirmaciones, con el objeto de que se generen los indicios suficientes o, en su caso solicitarlo, para que, con base en ello, la autoridad, de estimarlo procedente, ordene la realización de otras diligencias en el marco de la respectiva investigación.

34.          El criterio descrito, por su ratio essendi, se desprende de la jurisprudencia 12/2010, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.”

35.          Asimismo, esta Sala Superior ha sustentado que, si bien el procedimiento especial sancionador se rige preponderantemente por el principio dispositivo, como se ha señalado, ello no limita a la autoridad electoral para que ejerza su facultad investigadora, en términos de la jurisprudencia 22/2013, de rubro “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN.”

36.          Ahora bien, como se destacó, el recurrente en sus agravios se limita a afirmar que la autoridad instructora omitió realizar las diligencias mínimas necesarias para aclarar los gastos erogados por el canciller para la asistencia y permanencia en el puerto de Acapulco con motivo de los eventos oficiales denunciados —se sostuvo que no existieron en virtud de que corrieron por cuenta del mencionado funcionario— y respecto de la asistencia y tipo de medios informativos que cubrieron la posterior rueda de prensa.

37.          Argumentos que devienen ineficaces toda vez que el inconforme no precisa cuáles son las diligencias que, en su opinión, la autoridad omitió, es decir, cuál era la línea de investigación a partir de la cual debieron llevarse otras de las ya practicadas, cuáles eran los hechos que se probarían a partir de las actuaciones que en su concepto se debieron verificar o qué aspectos de los hechos denunciados se dejaron de atender u observar para que, con base en los elementos de prueba aportados, fuera posible justificar el inicio de una nueva línea de investigación.

38.          En ese contexto, al analizar el expediente, se advierte que la investigación desplegada en la fase de instrucción se realizó a partir de los elementos de prueba ofrecidos por el denunciante en su queja primigenia y conforme lo estimó pertinente la autoridad, sin que el recurrente haya ofrecido otro elemento probatorio o información adicional que lleve a colegir que la línea de investigación debió ser diferente.

39.          En efecto, el recurrente en su escrito de queja denunció al secretario de Relaciones Exteriores y a la alcaldesa de Acapulco, por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, derivado de su asistencia y participación en dos eventos, el primero de ellos, relacionado con la colaboración de la empresa “Red Meters” en el citado municipio, denominado “Presentación del Proyecto de Inversión Internacional en Colectores de Aguas Residuales en Acapulco, Guerrero”, así como la posterior conferencia de prensa vinculada con ello; con el objeto de sustentar su dicho, ofreció las imágenes de los eventos denunciados y solicitó la certificación de direcciones electrónicas para efecto de verificar su existencia.

40.          Posteriormente, se levantó el acta circunstanciada identificada con el número INE/DS/OE/CIRC/356/2022, de quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que se certificó la existencia y contenido de dieciséis páginas de internet; además, recibió el oficio ASJ-00330 signado por el director de lo Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que informó, entre otras cosas, que los eventos denunciados fueron organizados por el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez; Marcelo Luis Ebrard Casaubón no fue organizador ni coorganizador del evento; la invitación al evento fue realizada por Abelina López Rodríguez presidenta municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; y, los gastos corrieron a cargo de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, por lo que no existen facturas que acrediten la utilización de recursos públicos.

41.          Con base en lo expuesto, la autoridad instructora llevó a cabo la investigación conforme a los indicios que surgieron a través de los elementos de prueba aportados por el propio denunciante, investigación que llevó a la Sala Regional Especializada a concluir la inexistencia de los hechos denunciados.

42.          En otras palabras, la indagatoria que se llevó a cabo por la autoridad atendió a los elementos que fueron proporcionados por el entonces quejoso, específicamente a través de la certificación de la existencia y contenido de los eventos en cuestión; sin que se hubiera obtenido datos adicionales a través de los cuales justificara el inicio de otro tipo de investigación, aunado a que el denunciante tampoco los solicitó.

Actos anticipados de precampaña y campaña

43.          Esta Sala Superior estima que son infundados los planteamientos de la parte recurrente toda vez que la sentencia se encuentra debidamente fundada y motivada, aunado a que, como lo expuso la responsable, los actos denunciados no son susceptibles de actualizar el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña, porque analizados junto con los otros elementos (personal y temporal) en el contexto integral y fáctico de su realización y difusión no permiten generar indicios suficientes de que afecten la equidad en la contienda o constituyan o formen parte de una estrategia de posicionamiento planificada o sistemática encaminada a la promoción de una candidatura; en consecuencia, la sentencia tampoco vulneró el principio de exhaustividad.

44.          Ello es así, porque, contrario a lo señalado por el recurrente, se considera que no basta que una persona sea reconocida como aspirante o bien manifieste su interés en participar en un próximo o futuro proceso electoral como candidata a un cargo de elección popular, para tener por actualizado el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña; ya que es necesario que tales manifestaciones se den en un contexto susceptible de incidir en la contienda electoral de forma tal que generen un riesgo real, sustancial o inminente en el principio de equidad, ya sea de la contienda interna en un partido (tratándose de actos anticipados de precampaña) o en la contienda electoral (tratándose de actos anticipados de campaña).

45.          Lo anterior encuentra justificación al considerar las razones que subyacen a la prohibición de los actos anticipados de precampaña o campaña, esto es, se debe considerar especialmente que el objeto principal de prohibir la realización de los actos anticipados de precampaña o campaña es la protección a las condiciones de equidad de la contienda electoral. Además, existen otras finalidades sustantivas, como son la de garantizar la integridad y la trasparencia en el origen y destino de los recursos en toda elección y en el inicio de las diferentes etapas y subetapas de cada proceso electoral; considerando que en ocasiones se imposibilita o se dificulta la fiscalización de los gastos asociados con tales actos, debiendo evitar que se genere incertidumbre o confusión en la ciudadanía –y en los propios actores políticos– respecto de las reglas y periodos válidos para la realización de actos de precampaña y campaña.

a) Marco normativo

46.          El artículo 41, base IV, de la Constitución General dispone que la ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidaturas a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y campañas electorales. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone:

Artículo 3. 1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;

b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;[8]

47.          Sobre esta base, esta Sala Superior ha considerado que para la configuración de los actos anticipados de promoción político-electoral se deben actualizar tres elementos: temporal, personal, y subjetivo.[9]

48.          Adicionalmente, se deben considerar dos subelementos consistentes en:

a)    que las manifestaciones o expresiones sean explícitas e inequívocas (ya sea a partir de promoción manifiesta o mediante equivalentes funcionales) y

b)    que tengan trascendencia a la ciudadanía, para lo cual debe analizarse el contexto integral de las manifestaciones, atendiendo, entre otros elementos, a las características del auditorio, el lugar del evento; el modo y la forma de difusión del mensaje, el momento en el que se llevó a cabo, el uso de equivalentes funcionales en el mensaje.[10]

49.          El elemento temporal de los actos anticipados de campaña se refiere al periodo en el cual ocurren los hechos, el cual puede acontecer con anterioridad a las campañas o incluso antes del inicio del proceso electoral.[11]

50.          Adicionalmente, esta Sala Superior es consciente de que la realidad social y electoral genera situaciones no previstas expresamente en el ordenamiento, pero que deben analizarse en el contexto de los fines y objetivos de la normativa constitucional y legal, para efecto de que no se generen situaciones atípicas que tengan por objeto o resultado defraudar tales normas, a partir de nociones como el abuso del derecho, el fraude a la ley o el abuso de poder.

51.          Esto es, lo que se busca con un estudio contextual e integral es que no se generen, a partir de la realización de acciones que pudieran estar, en principio, permitidas, afectaciones al principio de equidad en la contienda, a partir de actos que no están justificados a la luz de los principios que rigen la contienda electoral, lo que lleva a considerar como prohibidas tales conductas, pues de otra forma se generan situaciones de riesgo grave de afectación a tales principios, lo que puede también incidir en la validez de los resultados de la contienda electoral.

52.          Así, entre los fenómenos políticos que se advierten en los recientes procesos electorales y en las denuncias presentadas ante las autoridades electorales, que pueden generar dudas sobre su legalidad o justificación, está la denuncia de actos anticipados de campaña a partir del desarrollo de supuestas estrategias de promoción o propaganda que implican el posicionamiento anticipado y sistemático de una persona, meses o incluso años antes del inicio de los procesos electorales.

53.          Ello supone una conducta atípica en el sentido de que, en condiciones ordinarias, una manifestación de intención en participar en un procedimiento para obtener una candidatura en un futuro proceso electoral, varios meses o años antes de su inicio, no debería tener un impacto real o sustancial en la equidad de la contienda; no obstante, ante circunstancias de reiteración, sistematicidad o planificación, tales conductas sí son susceptibles de generar riesgos o un impacto sustancial en los principios que rigen la contienda electoral, tanto en la equidad como en la integridad y trasparencia en el uso y destino de los recursos en apoyo a una precandidatura.

54.          Si bien puede considerarse que un acto aislado y espontáneo de manifestación de una aspiración política ocurrido meses o años antes de que inicie un proceso electoral no es susceptible de incidir en los principios que rigen la contienda, en la medida en que existen diversas mecanismos de garantía a lo largo de todo el proceso electoral y la ciudadanía no necesariamente se ve influenciada por tales actos aislados; no puede considerarse lo mismo cuando se está ante una estrategia sistemática encaminada al posicionamiento de una persona que públicamente se ostenta, o es presentada, como aspirante a una próxima candidatura, pues tal situación sí es susceptible de generar o tener un impacto en los principios rectores de la materia electoral en la medida en que se configure una situación de inequidad respecto a otras u otros posibles participantes en la elección respectiva.

55.          Por lo antes expuesto es que, al momento de analizar las conductas posiblemente violatorias de la normativa electoral, se debe ponderar tanto si la manifestación o manifestaciones que hace una persona aspirante a un cargo de elección popular se da antes del inicio formal del proceso electoral o del inicio del periodo de campañas (elemento temporal), así como si tal conducta puede o no afectar la equidad en la contienda respectiva. Para ello será preciso valorar sus circunstancias, entre ellas: si existe sistematicidad, reiteración, su impacto territorial, sus formas de ejecución, el contenido de los mensajes o el uso de otros elementos inequívocos –visuales, auditivos o simbólicos– para determinar si con ello se está presentando de forma anticipada una posible candidatura con la finalidad de obtener una ventaja indebida e injustificada.

56.          Así, los actos susceptibles de configurar una infracción electoral deben ser de tal magnitud que generen de manera real o manifiesta una ventaja indebida e injustificada susceptible de trascender a la equidad de la contienda y a la debida rendición de cuentas, pues no basta la mera manifestación de una intención de una persona de participar o ser designada como candidata a un cargo de elección popular en una futura elección, si con ello no se advierten elementos o circunstancias contextuales que permitan advertir que tal manifestación es, en realidad, parte de una campaña proselitista, esto es, de un acto de propaganda sistemático o planificado encaminado a incidir en las preferencias electorales y con la posibilidad de hacerlo en un grado razonable que justifique ser considerado como una infracción a la normativa electoral.

57.          Tal análisis es necesario porque, en principio, en una sociedad democrática las personas tienen una amplia libertad para externar sus preferencias, deseos e intenciones políticas, pues ello contribuye al debate público sobre temas de interés general y, en consecuencia, tales manifestaciones o expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión en su doble vertiente (individual y social o colectiva), en la medida en que, al tratarse de asuntos políticos y electorales, existe un legítimo interés de la ciudadanía por conocer tales preferencias, deseos o intereses, tanto de las personas privadas como de las personas públicas, cuando están vinculadas con la participación política.

58.          Es por ello que se afirma que no toda manifestación de intención de una persona en participar como candidata en una elección configura una promoción anticipada indebida, susceptible de afectar la equidad en la contienda; solamente aquellas manifestaciones que impliquen una vulneración o una defraudación a los principios que rigen la materia electoral ameritan una respuesta o medida sancionatoria por parte del Estado, pues estas medidas son de ultima ratio o de último recurso para proteger los bienes jurídicos más relevantes.

59.          De hecho, sancionar cualquier pronunciamiento en el que se exprese la intención de participar en un proceso electoral podría generar un efecto inhibidor del debate público, innecesario o injustificado, respecto de manifestaciones que no ocasionan un riesgo real o sustancial al proceso electoral.

60.          No obstante, las libertades de expresión e información aludidas no son absolutas y encuentran sus límites en otros derechos y principios protegidos por las normas constitucionales y legales, como son, en el presente caso, la equidad en la contienda electoral, la legalidad en el cumplimiento de las distintas etapas del proceso comicial y la certeza respecto de los plazos, términos y condiciones de la participación política, así como la transparencia y rendición de cuentas, aunado a otras normas que protegen la equidad en la contienda, como son el principio de imparcialidad o neutralidad de quienes ejercen una función pública y la prohibición del uso de recursos públicos para fines electorales.

61.          En este sentido, la prohibición de los actos anticipados de campaña para que resulte razonable debe atender al principio de necesidad y proporcionalidad respecto a la posible injerencia o afectación de los posicionamientos que se denuncian como anticipados y los principios y derechos que se ven involucrados o posiblemente afectados.

62.          Lo anterior implica que para determinar si una conducta configura un acto anticipado de campaña, se debe valorar, por una parte, la libertad de expresión de las personas respecto de la vida política y pública y, por la otra, analizar si tales expresiones violentan los principios de equidad, certeza y legalidad en la contienda electoral.

63.          Este análisis supone que la temporalidad, como elemento de los actos anticipados de campaña, debe analizarse sobre la base de aspectos relevantes que permitan razonablemente concluir que la propaganda que se difunde antes del inicio del periodo de campañas, o incluso del proceso electoral, resulta trascedente para la ciudadanía y las condiciones de equidad en la contienda, lo que supone el análisis de dos cuestiones contextuales ineludibles: la proximidad de la conducta en relación con el inicio del proceso electoral y su sistematicidad.

64.          Así, en la medida en que los actos de promoción anticipada se verifiquen con mayor cercanía al inicio del proceso electoral o a la etapa de campaña, más fuerte será la presunción de afectación y trascendencia de los efectos de la conducta en los principios que rigen la materia electoral, en particular, en el de equidad en la contienda, puesto que es razonable asumir que quienes realizan tales actos buscan orientar su conducta para efecto de impactar anticipadamente en las preferencias de la ciudadanía y en los diferentes actores políticos y generar una ventaja indebida a su favor.

65.          Ahora bien, el elemento personal requiere que los actos sean realizados por alguno de los sujetos o personas obligadas, como son los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.

66.          Esto es, como lo ha precisado esta Sala Superior, no cualquier persona debe ser considerada como sujeto activo de la infracción de actos anticipados de campaña, sino solamente aquellas personas o entidades que están en una situación real de incidir con sus actos de manera injustificada en los principios de la contienda electoral, como son los partidos políticos, o las y los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, pero no la ciudadanía en general, personas privadas y sin relación directa y probada con los partidos políticos[12].

67.          De esta forma, en el análisis del elemento personal son también relevantes las circunstancias de comisión de las conductas, pues tratándose de actos sistemáticos o planificados es posible que diferentes sujetos participen en su comisión en diferentes grados, incluso para beneficiar a una persona distinta, pero respecto de la cual existe un vínculo o afinidad política.

68.          Asimismo, para el análisis del elemento personal deben considerarse los aspectos circunstanciales, en particular los aspectos temporales, ya que la calidad de “aspirante” de una persona depende del momento previo a un proceso electoral o a sus diferentes etapas, aunado a que tal concepto puede hacer referencia tanto a cuestiones fácticas como jurídicas.

69.          Es por ello que la noción de aspirante a un cargo de elección popular ya sea que se haga referencia a una noción en sentido amplio o en sentido específico, esto es formal o material, implica a toda aquella persona que manifiesta públicamente su interés para obtener una precandidatura o candidatura, a partir de actos específicos e idóneos como son pronunciamientos o reconocimientos públicos, con independencia de contar con un registro formal.

70.          En este sentido, lo relevante para que una persona sea sujeto activo de este tipo de actos es que busque posicionarse frente a la ciudadanía para obtener una candidatura de forma anticipada.[13]

71.          Adicionalmente, se debe considerar que en una persona a la que se le imputen actos anticipados de campaña pueden concurrir varias calidades, es decir, puede ser aspirante, precandidata o candidata (dependiendo si es previo o durante el desarrollo de un proceso electoral) y, al mismo tiempo, militante, simpatizante de un partido y servidor o servidora pública.

72.          Así, en casos en que se denuncian actos anticipados, es relevante analizar no sólo sus elementos propios (temporal, personal y subjetivo), sino también aquellos vinculados a la posible difusión de propaganda gubernamental, al uso de recursos públicos y a la participación de personas del funcionariado público, porque puede existir una estrategia o conducta sistemática que implica la concurrencia de factores y circunstancias con el propósito común de promover de manera injustificada a una persona que se ostenta o es reconocida públicamente como aspirante; aunado a que deben analizarse si los actos pretenden un beneficio propio o ajeno a un funcionario o funcionaria pública, pues de ello dependerá el tipo de medida preventiva o sancionatoria que, en su caso, resulte procedente.

73.          Además, si se trata de acciones de terceras personas en beneficio de algún aspirante, se debe analizar si se trata de actos en ejercicio legítimo de su libertad de expresión o se trata de casos de simulación o abuso en el ejercicio de este derecho, por encargo o con la participación de un sujeto obligado, que implican una promoción anticipada injustificada de alguna persona aspirante formal o material, lo que podría también trascender a la ciudadanía y tener un impacto en la equidad de la contienda.

74.          Finalmente, el elemento subjetivo implica que los actos o las expresiones revelen la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento interno de selección o un proceso electoral; o bien, que se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una candidatura, a partir de elementos explícitos o de equivalentes funcionales.

75.          Esta Sala Superior ha determinado que la autoridad electoral debe verificar: i) si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta e inequívoca, denote el propósito de llamar a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, publicitar una plataforma electoral o posicionar a alguien con el fin de obtener una candidatura, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca y ii) que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.[14]

76.          En este sentido, el criterio de este órgano jurisdiccional se ha orientado, entre otros aspectos, por la finalidad que persigue la norma y por el bien jurídico tutelado.

77.          Por tal motivo, en principio, solo los mensajes explícitos y abiertos, de apoyo o rechazo al voto de una opción política se consideran infractores de la norma; aunque se admite que expresiones equivalentes pueden también tener un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y la legalidad.[15]

78.          Por lo anterior se deben considerar los subelementos siguientes: las manifestaciones sean explícitas e inequívocas[16], considerando los equivalentes funcionales de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, así como la trascendencia a la ciudadanía y que valorado en su contexto pueda afectar la equidad en la contienda.[17]

79.          Esto es, atendiendo a la realidad social y electoral, así como al devenir histórico y las formas de comunicación hechas por los actores políticos, se debe realizar un análisis contextual e integral del mensaje, considerando no solo las palabras o signos empleados, sino también las características del auditorio, el lugar del evento o modo y forma de difusión del mensaje, el momento en el que se llevó a cabo, lo que permitirá justificar correctamente su impacto en la equidad en la contienda.[18]

80.          Con este parámetro se pretende evitar conductas fraudulentas cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida o encubierta, evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales; aunado a que abona a la realización de un análisis mediante criterios objetivos. De esta manera, se reduce la posibilidad de caer en un terreno de discrecionalidad por parte de la autoridad electoral, sujeta a sus percepciones, puesto que ello atentaría en contra de la certeza jurídica de todos los actores políticos, en cuanto a que determinado acto pueda ser considerado como una propaganda electoral.[19]

81.          Lo anterior tiene la finalidad de prevenir y sancionar aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y la legalidad, por lo que se han destacado dos niveles de análisis de un mensaje: su análisis literal y su análisis contextual.

82.          De esta forma, si el mensaje o publicación no contiene un llamamiento o rechazo explícito al voto, entonces se genera una presunción en el sentido de que implica un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. No obstante, tal presunción se desvirtúa si del análisis exhaustivo e integral del mensaje existen elementos que –de forma objetiva y razonable– permiten concluir que el mensaje tiene un significado equivalente a la solicitud del voto, sin que haya una posibilidad de otorgarle un sentido distinto.

83.          Esto es, el propósito de la citada jurisprudencia 4/2018 es restringir en la menor medida posible el debate o la discusión de asuntos de interés público, delimitando que el elemento subjetivo de tal infracción solamente se actualiza cuando se advierten expresiones que manifiesta e indubitablemente tienen como propósito influir en una contienda electoral, ya se trate de participación en eventos públicos, ruedas de prensa, publicaciones en redes sociales, pintas de bardas o propaganda en promocionales, difusión de propaganda impresa, escritos o manifestaciones públicas de índole similar.[20]

84.          En este sentido, esta Sala Superior ha sostenido el criterio relativo a que fuera de lo abiertamente prohibido, todos los partidos tienen libertad para ofertarse política y electoralmente, lo cual facilita el desarrollo de sus actividades internas y evita afectar su estrategia electoral (que es una manifestación de su libre autoorganización), pues les da la certeza de que sus acciones no serán interpretadas como actos anticipados de campaña.[21]

b) Caso concreto

85.          Como se adelantó, esta Sala Superior considera infundados los agravios porque, como acertadamente lo determinó la Sala responsable, no se advierte la acreditación del elemento subjetivo en el análisis integral y contextual, conjuntamente con los elementos temporal y personal, de una situación que implique un posicionamiento anticipado injustificado o un contexto de conductas sistemáticas, reiteradas o planificadas que impliquen una intención real de incidir en la contienda electoral o un riesgo de afectación atendiendo a la falta de proximidad y sistematicidad de la conducta.

86.          Lo anterior es así, porque el ahora recurrente denunció la asistencia y participación del secretario de Relacionales Exteriores al evento denominado “Presentación del Proyecto de Inversión Internacional en Colectores de Aguas Residuales en Acapulco Guerrero” realizado el veintiuno de julio de dos mil veintidós.

87.          Ahora bien, tal como lo destacó la Sala Especializada, se trató de un evento de carácter oficial, organizado por el ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, que tuvo como objeto presentar un proyecto de inversión internacional de colectores para captación, conducción y tratamiento de aguas residuales en el citado municipio, en el que efectivamente las personas denunciadas participaron en él, haciendo uso de la voz.

88.          Asimismo, se observa la participación de diversas personas servidoras públicas, como el director de la CAPAMA (servicio de agua potable y saneamiento de Acapulco, Guerrero), el Subdirector General de Agua Potable Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA, una diputada federal y diputaciones locales, además del propietario de la empresa “Red Meters”, así como una habitante de la comunidad haciendo referencias y señalamientos sobre la importancia de la disminución de las fuentes de contaminación mediante la captación de aguas residuales.

89.          Se advierte, además, la exposición y presentación de un proyecto de inversión que, se aduce, generará la rehabilitación de los colectores de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como el agradecimiento realizado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las autoridades municipales por el impulso del proyecto.

EVENTO

90.          De igual forma, el recurrente denunció la rueda de prensa realizada con posterioridad al evento del que se ha dado noticia, la cual fue publicada en la plataforma YouTube, en el canal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la que se advierte que, la presidenta municipal explicó la presencia del canciller y destacó las acciones realizadas por el citado funcionario para la participación de la empresa “Red Meters” en el proyecto del que derivó el evento; posteriormente, el canciller en uso de la voz expresó de qué se trataba el proyecto de saneamiento propuesto, de la empresa extranjera interesada en éste y de lo prioritario que es atraer inversiones en el país para el presidente de la República; finalmente, se dio paso a la ronda de preguntas y respuestas.

RUEDA DE PRENSA

91.          Ahora bien, la parte recurrente cuestiona de manera específica las siguientes expresiones realizadas en el evento: por el canciller “Acapulco sea el destino más limpio de toda América” y las formuladas por Abelina López Rodríguez “Una voluntad firme y constante de hacer el bien superará las más grandes dificultades…” frase del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García. Saludo con gusto, emoción y alegría, con gran cariño al licenciado Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, quién ha tenido a bien enfrentar y resolver las grandes dificultades en nuestro país, vaya para usted mi reconocimiento…” y, “Siempre he dicho, siempre he dicho, que la nobleza de la política es la que te permite servir, y que quien tiende la mano al que lo necesita es ejemplo de nobleza, eso es usted canciller, eso es usted”

92.          Asimismo, controvierte las manifestaciones del canciller realizadas en la rueda de prensa en las que hizo referencia a sus aspiraciones políticas para ser presidente de la República; así como aquellas en las que adujo que existieron eventos a los que no asistió por COVID, pero que sí había sido convocado —según refiere el inconforme a manera de destacar su presencia—; que el presidente ya dijo que se extinguió el dedazo, haciendo énfasis en que la metodología para elegir al candidato de MORENA sería por encuestas, como en el año 2011; señala que el presidente ya lo “destapó” al menos cinco veces y que existe un vínculo con el actual titular del Ejecutivo Federal, al exponerse como el “AMLISTA fundador”; así el recurrente afirma el denunciado busca posicionarse y ser reconocido como una de los autodenominados “corcholatas”.

93.          Sin embargo, se considera, contario a lo afirmado por el recurrente, que las citadas manifestaciones y su difusión en redes no son de la entidad suficiente para considerar que se trata de equivalentes funcionales a la solicitud del sufragio o la promoción indebida de una persona, pues en ninguna de ellas se puede concluir que resulta equiparable o equivalente a la solicitud del voto, esto es, no se dirigieron a la ciudadanía en general para efecto de solicitar o promover alguna candidatura, sino para promover el propio proyecto de inversión, como lo sostuvo la Sala responsable.

94.          Por otro lado, se estima que no asiste razón a la parte recurrente cuando aduce que la responsable no analizó las respuestas del denunciado —no obstante que en el fallo reclamado citó lo determinado por esta Sala Superior en el expediente SUP-REP-139/2019—[22] pues refiere que fueron más allá de lo cuestionado y se dieron fuera del contexto de la naturaleza del evento de saneamiento de aguas residuales.

95.          Es así, porque de la sentencia reclamada se advierte que la sala sí se ocupó del contenido de las respuestas expresadas por el denunciado en la rueda de prensa e hizo hincapié en que se formularon preguntas y respuestas vinculadas con los comicios para la presidencia de la República en 2023-2024, en los que se cuestionó a Marcelo Ebrard sobre la posibilidad de ser uno de los candidatos para el mencionado proceso por su cercanía, relación y manifestaciones del titular del Ejecutivo Federal; asimismo, se aprecia que se refirió a aquellas en las que el denunciado hizo referencia a sus aspiraciones para ser presidente de la República, al señalar que el presidente ya lo “destapó” al menos cinco veces, que el método de selección de MORENA será por encuesta y que existe un vínculo con el actual titular del Ejecutivo Federal, al exponerse como el “AMLISTA fundador”; sin embargo, consideró que tales manifestaciones se hicieron en un contexto de respuestas a lo solicitado por los medios de comunicación, sin que en alguna de ellas se advirtiera un posicionamiento o exposición de alguna plataforma electoral o la solicitud clara o unívoca de apoyo a esa posible candidatura, por parte del denunciado.

96.          Con independencia de lo anterior, es menester referir que, podría estimarse que el secretario de Relaciones Exteriores realizó algún señalamiento o pronunciamiento que evidenció su intención o deseo de participar como candidato a la presidencia de la República; sin embargo, tales manifestaciones no pueden ser consideradas como actos anticipados porque no existen elementos en los autos o en los planteamientos del recurrente que permitan afirmar que las personas denunciadas hayan realizado actos o conductas públicas que implicaran un actuar idóneo, consistente, sistemático o planificado con miras a solicitar de la ciudadanía su apoyo para la obtención de una precandidatura o candidatura. Máxime que, como se observó, ello se dio en un contexto de respuesta a los cuestionamientos concretos de los medios de comunicación y no como lo afirma la parte recurrente de forma descontextualizada.

97.          Ello es así, pues en las circunstancias actuales, las manifestaciones de las personas denunciadas, aun reconociéndose Marcelo Luis Ebrard Casaubón como aspirante en sentido material, no son de la entidad suficiente para suponer que solicita el apoyo de la ciudadanía para obtener una precandidatura o candidatura.

98.          si bien existen pronunciamientos sobre la intención de participar como candidato a la presidencia de la República, tal manifestación no puede tenerse como un posicionamiento que actualice un acto anticipado de campaña, porque, se insiste en que, se trató de un evento en el que se presentó un proyecto de inversión, sin que exista ningún otro elemento que pudiera generar convicción de que, los actos de las personas denunciadas se encuentran en una acción coordinada, planificada o sistemática, equivalente a una campaña adelantada para su promoción.

99.          Además, al tener en cuenta los elementos de proximidad de la contienda y sistematicidad de la conducta, que han sido enfatizados por el recurrente como aspectos a considerar para realizar un análisis integral y contextual de la conducta, se advierte que los actos se realizaron antes[23] del inicio del proceso electoral a la presidencia de la República, el cual iniciará en la primera semana de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que en principio se presumen amparados por la libertad de expresión, salvo que existan elementos de sistematicidad, reiteración o planificación, u otros, susceptibles de incidir en los principios que rigen las contiendas electorales, los cuales, como se ha dicho no están acreditados.

100.      Por lo anterior, es posible colegir que correspondía a la parte denunciante, ahora recurrente, proporcionar los elementos que permitieran razonablemente concluir que los actos denunciados configuraban actos anticipados de precampaña y de campaña, al no advertirse una proximidad relevante ni una sistematicidad, reiteración o planificación manifiesta de los actos denunciados.

101.      Al respecto, la Sala Especializada consideró que, no obstante que se actualizaban los elementos temporal y personal, no se acreditó el elemento subjetivo, dado que las expresiones denunciadas no tuvieron como intención llamar a votar o pedir apoyo para la postulación u obtención de una candidatura, en el caso, al cargo de presidente de la República, ni de forma explícita ni mediante el uso de equivalentes funcionales, toda vez que se emitieron en el marco del evento de carácter oficial, organizado por el Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, con la finalidad dar a conocer el proyecto internacional de colectores de aguas residuales.

102.      Por su parte, el recurrente se limita a afirmar, que todas las respuestas del canciller fueron más allá de lo cuestionado y fuera del contexto de la naturaleza del evento de saneamiento de aguas residuales de Acapulco, para posicionarse de manera anticipada, reiterada, sistemática y planificada frene al electorado.

103.      Adicionalmente, el recurrente afirma que la responsable no analizó que en el evento denunciado se realizó la expresión “la bahía de Acapulco será la más limpia de América” manifestación de promoción de un proyecto y plataforma política con las que se busca llegar a la ciudadanía para ganar adeptos de forma anticipada.

104.      Como se advierte, el recurrente no expone circunstancias que reflejen un contexto de promoción sistemática, planificada o reiterada de las personas denunciadas, y se circunscribe a cuestionar las expresiones realizadas en el evento y posterior rueda de prensa, así como su difusión.

105.      Así, los argumentos propuestos por el recurrente son ineficaces para controvertir las conclusiones de la Sala Especializada responsable, en la medida en que no se trata de actos susceptibles de configurar actos anticipados, pues se insiste en que la mera afirmación de un interés general en obtener una candidatura para un futuro proceso electoral o bien la manifestación de que “la bahía de Acapulco será la más limpia de América”, la cual se estima se emitió en el contexto del evento, no hace que éste y posterior rueda de prensa, en sí mismos, puedan considerarse como actos anticipados de precampaña y de campaña, así como tampoco las expresiones que en el contexto de dichos eventos fueron emitidas, toda vez que tuvieron como principal propósito dar a conocer un proyecto de inversión internacional.

106.      En ese orden de ideas, esta Sala Superior no advierte elementos que permitan arribar a una conclusión distinta a la que llegó la Sala Especializada en el sentido de que no se acredita el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y de campaña, puesto que de las expresiones cuestionadas y su difusión no se advierte que las personas denunciadas hayan realizado actos idóneos o eficaces tendentes a ello o bien que los actos denunciados formen parte de una estrategia de promoción anticipada a partir de actos previos o posteriores de los cuales pudiera advertirse algún elemento contextual que reforzara el planteamiento de la parte recurrente.

107.      Es oportuno referir, a mayor abundamiento, que las manifestaciones impugnadas por el recurrente realizadas por Marcelo Luis Ebrard Casaubón en respuesta a los cuestionamientos que le fueron realizados en la rueda de prensa, vinculados con el proceso electoral, se encuentran amparadas por la libertad de expresión en su dimensión colectiva, porque sus expresiones corresponden con la reacción a manifestaciones de un tercero (presidente de la república) con motivo de un cuestionamiento que fue realizado en un ejercicio periodístico en un tema de interés público que está sujeto al debate.

108.      Así, se reitera que las expresiones del denunciado al reconocer su intención de participar como candidato en el próximo proceso electoral federal no pueden actualizar de forma automática una infracción en materia electoral pues son necesarios elementos adicionales, objetivos y razonables sobre la presentación de su precandidatura o candidatura ante la ciudadanía, lo cual no se acreditó.

109.      Ahora bien, por lo que hace a la expresión “presidente, presidente”, se advierte, como lo sostuvo la Sala responsable, que no fue emitida por las personas denunciadas, por lo que no puede atribuírseles responsabilidad de ello; aunado a que, esta Sala Superior[24] ya ha determinado que la expresión en sí misma no constituye un llamamiento o promoción a favor de la persona denunciada, dado que no nos encontramos en un contexto electoral, pues sostener lo contrario implicaría restringir el ámbito de libertades de las personas respecto de su derecho a manifestar sus opiniones o consideraciones políticas.

110.      El estudio de la expresión “presidente, presidente” a partir de la figura de los equivalentes funcionales tampoco lleva a la conclusión que pretende la recurrente, puesto que, desde el punto de vista de quien lo emite, se trata, de un coro hecho por personas distintas al denunciado, por tanto, el denunciado no hizo un llamamiento equivalente al voto a favor o en contra de alguna candidatura.

111.      En ese marco de libertades y restricciones, no es dable afirmar que la frase puede ser vista como la presentación de una candidatura y/o de un posicionamiento anticipado.

Propaganda personalizada y uso de recursos públicos

112.      En la sentencia impugnada la Sala Especializada consideró, respecto de la propaganda personalizada, que del contenido de las expresiones y de los eventos en sí, no se apreciaba que se hubieren destacado logros, se hubiera buscado adhesión o el consenso de la ciudadanía que tuvieran como finalidad incidir en algún proceso electoral, pues se informó sobre un proyecto concreto en el que la denunciada participó, del cual, además, no se acredita que tuviera el propósito de realizarse para incidir en alguna contienda electoral, esto, porque únicamente destacó su participación en función de lo que como canciller tiene encomendado para apoyar iniciativas con empresas extranjeras, sin que se advierta la exposición de planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de las atribuciones del cargo público que ejerce, ni se alude a alguna plataforma política o proyecto de gobierno, por lo que, consideró como inexistente la promoción personalizada.

113.      Por otra parte, respecto del uso indebido de recursos públicos, la Sala Especializada consideró que, de las pruebas que aportó el promovente y de las constancias del expediente, no se desprendía un uso indebido de recursos públicos.

114.      Estableció que las personas del servicio público denunciadas, así como el director General en la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el secretario de Finanzas y Administración del ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, manifestaron que no solicitaron recursos públicos para acudir al evento controvertido, más allá de los utilizados para la celebración del evento —de naturaleza oficial— los cuales quedaron acreditados en el expediente.

115.      Además, refirió que, si bien el evento, así como la posterior rueda de prensa, se organizó por el ayuntamiento de Acapulco y se difundió en las cuentas oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores —como señaló el denunciante y quedó acreditado—al tratarse de un evento oficial que se realizó en el marco de la presentación de un proyecto de aguas residuales entre el citado municipio y la empresa extranjera “Red Meters” que no se tildó de ilegal, al no advertir que tuviera una finalidad partidista ni la intención de posicionar al canciller como candidato a la presidencia de la República para 2024, no configuraba la existencia de la infracción.

116.      Aunado a lo anterior, la responsable concluyó que, al determinarse la inexistencia de la promoción personalizada en favor de las personas del servicio público denunciadas, ya que no se beneficiaron con el evento, no hubo un uso indebido de recursos públicos.

117.      En cuanto a la propaganda personalizada, el inconforme manifiesta, que la responsable omitió analizar las expresiones realizadas por los denunciados, en las que enaltecieron cualidades uno del otro y de sí mismos y que no tienen ninguna relación con la naturaleza del evento, toda vez que buscaban promocionar la imagen y nombre del canciller mediante la exaltación de cualidades personales, virtudes o de agradecimientos personalizados, generando la falsa percepción en el electorado de que las acciones fueron realizadas por dichas virtudes y no por la obligación que les impone el servicio público.

118.      Las expresiones alegadas son las siguientes:

119.      Por otra parte, respecto del uso indebido de recursos públicos, el recurrente aduce que fue errónea la determinación de la Sala Especializada, toda vez que omitió analizar el contexto integral de los hechos denunciados, las aspiraciones del sujeto beneficiado y la ausencia de base legal de sus facultades y/o competencias como secretario de Relaciones Exteriores, lo que era necesario para verificar si se utilizaron indebidamente los recursos públicos materiales e inmateriales.

120.      Al respecto, esta Sala Superior considera que son ineficaces los citados planteamientos, porque parten de la premisa inexacta de que los eventos denunciados se trataron de promoción electoral; sin embargo, como se determinó, no hay elementos para suponer que los actos en las condiciones de su realización y difusión puedan considerarse eventos proselitistas y, por tanto, no se actualiza la promoción personalizada o el uso de recursos públicos a partir de la presencia de personas funcionarias o servidoras públicas.

121.      Esta Sala Superior ha sostenido los siguientes criterios en relación con la participación de servidores públicos en actos proselitistas:[25]

         Existe una prohibición a los servidores del Estado de desviar recursos públicos para favorecer a un determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección de popular.

         Se ha equiparado al uso indebido de recursos públicos, la conducta de los servidores consistente en asistir a eventos proselitistas en día u horario hábil, dado que se presume que su simple asistencia conlleva un ejercicio indebido del cargo, pues a través de su investidura pueden influir en la ciudadanía o coaccionar su voto.

         En aras de salvaguardar el derecho de libertad de reunión o asociación, se ha determinado que todos los servidores públicos pueden acudir en días inhábiles a eventos proselitistas.

         Si el servidor público, en razón de determinada normativa, se encuentra sujeto a un horario establecido, puede acudir a eventos proselitistas, fuera de ese horario.

         Por otra parte, los servidores públicos, que por su naturaleza deban realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo, solo podrán asistir a eventos proselitistas en días inhábiles.

         En todas las hipótesis referidas, existe una limitante a los servidores públicos a su asistencia en eventos proselitistas, a saber: que no hagan un uso indebido de recursos públicos y tampoco emitan expresiones mediante las cuales se induzca de forma indebida a los electores.

122.      En el caso, contrariamente a lo manifestado por el recurrente, esta Sala Superior no advierte elementos que permitan suponer que el evento denunciado y su posterior rueda de prensa se trataron de eventos proselitistas, al tratarse de actos por los cuales se dio a conocer un proyecto de inversión internacional, pues si bien, el canciller expresó su interés por obtener una candidatura y se realizaron expresiones de agradecimiento y reconocimiento, por sí mismas, incluso interpretadas en su contexto, carecen de un sentido proselitista, pues no se advierten elementos que permitan suponer que se busca el apoyo de la ciudadanía para efecto de la promoción de un programa o una candidatura.

123.      Es menester precisar que en el supuesto no concedido de que se estimara que tales manifestaciones son actos de proselitismo, no son de la entidad suficiente para considerar que los eventos denunciados tuvieron ese carácter, pues se trata de expresiones aisladas que no fueron repetidas o difundidas como parte sustancial o medular del evento, sin que el recurrente exprese consideraciones que permitan llegar a una conclusión distinta más allá de las afirmaciones genéricas ya señaladas.

124.      Máxime que, al realizar el análisis de la infracción de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada a la luz de las manifestaciones cuestionadas, se obtiene que no se acredita uno de los elementos necesarios para configurarla, a saber, el temporal, como se evidencia a continuación:

125.       Elemento personal. Está probado, pues, no existe controversia en cuanto a que las personas denunciadas son servidores públicos plenamente identificables y realizaron manifestaciones tanto en la presentación del proyecto, como en la rueda de prensa.

126.       Elemento objetivo o material. De las manifestaciones cuestionadas se advierten logros o acciones de carácter positivo y benéfico que se asocian con la persona denunciada como parte de su trabajo gubernamental y proyecto de gobierno, entre otras cosas, se señaló su compromiso con la ciudadanía para rehabilitar los colectores de las plantas de aguas residuales.

127.      Elemento temporal. No se acredita, toda vez que el evento y posterior rueda de prensa se efectuaron el veintiuno de julio de dos mil veintidós, es decir, fuera del proceso electoral federal, el cual tendrá verificativo en septiembre del año en curso, como lo destaca la Sala responsable; además, tampoco se actualiza la proximidad de la conducta en relación con el inicio del proceso electoral en comento y su sistematicidad, toda vez que los actos no se dieron en un tiempo cercano y con características de regularidad; de ahí que no pueda estimarse que estuvieran dirigidos a tener un impacto en la contienda.

128.      A partir de lo anterior, es posible concluir que las manifestaciones realizadas en el evento y posterior rueda de prensa no constituyen propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, al no actualizarse un elemento necesario para configurar el ilícito mencionado; consecuentemente, los disensos propuestos devienen ineficaces.

129.      Por otro lado, resulta ineficaz el concepto de agravio relativo a la supuesta omisión de llevar a cabo un estudio de las facultades y competencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para determinar si la actuación del denunciado al presentar y anunciar la implementación de un proyecto de tratamiento de agua en un Ayuntamiento de Guerrero se encuentra dentro de ellas.

130.      Lo anterior es así, porque parte de la premisa incorrecta relativa a que se acreditó algún tipo de infracción en materia electoral, lo cual no quedó demostrado.

131.      En ese sentido, no se actualiza la omisión que atribuye a la autoridad responsable ya que al no haber quedado demostradas ninguna de las conductas constitutivas de infracción que fueron motivo de la denuncia, resultaba innecesario llevar a cabo algún estudio adicional en los términos que señala el promovente, aunado a que no argumenta de qué manera el referido estudio hubiera permitido tener por acreditadas las conductas denunciadas.

132.      En mérito de lo expuesto, ante lo infundado e ineficaz de los agravios planteados, lo procedente es confirmar la resolución recurrida.

Por lo expuesto y fundado se aprueba el siguiente punto.

VII.  RESOLUTIVO

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda a las partes y demás interesados.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine M. Otálora Malassis y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales (ponente) y Reyes Rodríguez Mondragón, con la ausencia de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe que esta determinación se firma de manera electrónica.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.