JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JE-1301/2023

ACTORA: KOLDAIMEX, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA

SECRETARIADO: FANNY AVILEZ ESCALONA Y ÁNGEL EDUARDO ZARAZÚA ALVIZAR

COLABORARON: CÉSAR AMÉRICO CALVARIO ENRÍQUEZ Y GUSTAVO ALFONSO VILLA VALLEJO

Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés.

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[1] que: 1) asume competencia para conocer el medio de impugnación promovido por la parte actora; y 2) revoca el acuerdo de  medidas cautelares y medidas de protección emitido por la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana[2] en el expediente IMPEPAC/GEE/CEPQ/PES/MC/024/2023, promovido en contra de diversos ciudadanos, así como la radiodifusora “El Txoro Matutino”, por la probable comisión de actos que pueden constituir violencia política en razón de género, presentada por las Magistradas que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.[3]

I. ASPECTOS GENERALES

(1)      El asunto tiene su origen en el escrito de queja presentado por las ciudadanas Martha Elena Mejía, Ixel Mendoza Aragón y Marina Pérez Pineda[4] en su calidad de magistradas integrantes del Tribunal local, en contra de Juan José Arrese García, José Antonio Montes Ramírez y Viridiana Arias Ramírez, así como de la radiodifusora “El Txoro Matutino” y/o Rodrigo Zamora Balderrama.

(2)      Ello por la posible comisión de conductas constitutivas de violencia política contra la mujer en razón de género, con motivo de su desempeño como magistradas, a partir de diversas declaraciones realizadas por los conductores los días treinta y uno de marzo y tres de abril de dos mil veintitrés, [5] en el programa “El Txoro matutino” que se transmite por Radio Desafío desde Cuernavaca, Morelos, así como por internet.

(3)      En el escrito de queja, las denunciantes solicitaron el dictado de medidas cautelares consistentes en ordenar que se dejaran de transmitir los programas en cuestión, en todos los medios digitales con los cuales contara dicho programa, así como para que en lo sucesivo los denunciados se abstuvieran de hacer referencia a ellas y su imagen personal con expresiones que les denigraran, ya que podría considerarse revictimización.

(4)      Al respecto, la responsable concedió, por una parte, las medidas cautelares solicitadas respecto de las publicaciones contenidas en las redes sociales Facebook y Youtube; ordenando así su retiro, bajo el apercibimiento de que, en caso de omisión, se aplicarían medidas de apremio contenidas en la normativa electoral vigente en el Estado de Morelos.

(5)      Y por otro lado, concedió la medida de protección solicitada, y vinculó a los ciudadanos denunciados, así como a la radiodifusora, hoy promovente, a que se abstuvieran a través de cualquier medio de comunicación, por sí o por interpósita persona, de realizar comentarios o publicaciones con contenido que pueda constituir violencia, así como actos de hostigamiento, intimidación, molestia, discriminación, denostación o similar, en contra de las denunciantes en su calidad de magistradas del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

(6)      Inconforme con la decisión anterior, la empresa KOLDAIMEX S.A DE C.V.[6] como titular del nombre comercial denominado radiodifusora “El Txoro Matutino”, promovió el presente medio de impugnación a fin de controvertirla.

II. ANTECEDENTES

(7)      De las constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes hechos:

(8)      1. Queja (IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/024/2023). El tres de abril, las magistradas integrantes del Tribunal local presentaron una queja ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,[7] en contra de diversas personas, en su carácter de conductores, así como de la radiodifusora “El Txoro Matutino” y/o Rodrigo Zamora Balderrama, por la posible comisión de conductas constitutivas de violencia política contra la mujer en razón de género, con motivo de su desempeño como magistradas, a partir de algunas declaraciones realizadas por dichas personas los días treinta y uno de marzo y tres de abril, solicitando el otorgamiento de medidas cautelares, así como medidas de protección en su favor.

(9)      2. Acuerdo impugnado. Después de diversas diligencias preliminares, en sesión extraordinaria del veintisiete de abril, la responsable acordó conceder las medidas cautelares y medidas de protección solicitadas por las denunciantes.

(10)  3. Impugnación federal. El diecisiete de mayo, la parte actora presentó medio de impugnación ante el Instituto local para controvertir el acuerdo antes referido, quien remitió las constancias respectivas a la Sala Regional de este Tribunal Electoral, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México.[8]

(11)  4. Consulta competencial. Mediante acuerdo de veinticinco de mayo, la Sala Ciudad de México formuló consulta competencial a esta Sala Superior, al razonar las siguientes cuestiones: a) la queja que da origen al asunto aduce la afectación en el desempeño de las denunciantes de su cargo como magistradas y la afectación a la función electoral estatal; b) la queja fue presentada por la totalidad de las magistraturas que integran el pleno del Tribunal local; c) ordinariamente el procedimiento sería revisado y resuelto por el pleno del Tribunal local, que en este caso es la parte denunciante, por lo que es necesario definir en qué órgano recae la competencia para conocer de este tipo de controversias a fin de que se agote el principio de definitividad; y d) dada la naturaleza de la controversia, eventualmente las magistraturas del Tribunal local podrían estar excusadas de conocer el asunto, lo que impactaría en la integración del órgano jurisdiccional.

III. TRÁMITE

(12)  1. Integración y turno. Por acuerdo de veinticinco de mayo, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-JE-1301/2023 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[9]

(13)  2. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el expediente en la Ponencia a su cargo; admitió a trámite la demanda y, al considerar debidamente integrado el expediente, declaró el cierre de instrucción.

IV. COMPETENCIA

(14)  Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver este medio de impugnación, por tratarse de un juicio electoral en el que se impugna el otorgamiento de medidas cautelares y de protección relacionadas con una queja promovida por las Magistraturas integrantes de un Tribunal Electoral, por posibles conductas constitutivas de violencia política en razón de género cometidas en su contra.[10]

(15)  Al respecto, esta Sala Superior ha delimitado la competencia entre las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en aquellos casos relacionados con la debida integración de las autoridades electorales de las entidades federativas[11] precisando que en estos casos, el derecho a integrar las autoridades electorales también comprende la tutela del desempeño del encargo; esto es, la posibilidad de revisar aquellos actos o resoluciones que atenten en contra del desarrollo o ejercicio pleno de la función electoral de los integrantes de los órganos electorales, de conformidad con los principios y valores que se establecen en la Constitución general.[12]

(16)  Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional federal especializado ha concluido que es competente para conocer de aquellos actos que incidan o puedan incidir en el desempeño del encargo de una Magistratura local y, residualmente, las Salas Regionales serán competentes para revisar aquellos asuntos relacionados con el desempeño del cargo de las y los funcionarios de Tribunales locales, diversos a las Magistraturas.

(17)  Aunado, esta Sala Superior ha asumido competencia para conocer de los medios de impugnación relacionados con la debida integración de un Tribunal Electoral local, así como el derecho a integrar autoridades electorales en una entidad federativa.[13]

(18)  En este sentido, dado que el presente asunto se dirige a controvertir la determinación sobre medidas cautelares y medidas de protección solicitadas por las titulares de las magistraturas del Tribunal local, por la posible comisión de conductas constitutivas de violencia política contra la mujer en razón de género, con motivo de su desempeño como magistradas, es que se considera que se actualiza la competencia de esta Sala Superior.

(19)  No pasa inadvertido que en el presente asunto la parte promovente tiene el carácter de denunciada en un procedimiento especial sancionador en materia de violencia política de género; no obstante, dado que en el caso lo que se controvierte es una determinación en materia de medidas cautelares y medidas de protección y que la promovente se trata de una persona jurídica, es que se considera que la vía idónea es el juicio electoral.[14]

(20)  En consecuencia, comuníquese esta decisión a la Sala Ciudad de México, en atención a la consulta que formuló.

V. NORMATIVA APLICABLE

(21)  En principio, cabe formular la precisión respecto de la normativa aplicable a este medio de impugnación, toda vez que el dos de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, destacándose que en el artículo cuarto transitorio del Decreto se determinó que no resultarían aplicables las modificaciones procesales y sustantivas para los procesos electorales de Coahuila y Estado de México que se celebrarían en dos mil veintitrés.

(22)  Ahora, tal Decreto fue impugnado por el Instituto Nacional Electoral[15] ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación[16] por lo que, el veinticuatro de marzo, el ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional que se promovió y determinó otorgar la suspensión solicitada sobre la totalidad del Decreto impugnado.

(23)  Derivado de ello, el treinta y uno de marzo siguiente esta Sala Superior emitió el Acuerdo General 1/2023,[17] con la finalidad de que las personas justiciables tuvieran pleno conocimiento de cuáles serían las reglas procesales aplicables para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. En tal sentido, se advierten los cuatro supuestos siguientes:

        Los asuntos promovidos con antelación a la entrada en vigor del Decreto referido serán resueltos en términos de la ley procesal electoral publicada en mil novecientos noventa y seis, con todas sus reformas.

        A los asuntos presentados del tres al veintisiete de marzo del año en curso, que no guarden relación con los procesos electorales de los estados de Coahuila y México, les será aplicable la ley adjetiva electoral publicada el dos de marzo del año que transcurre.

        Aquellos asuntos presentados del tres al veintisiete de marzo del presente año, vinculados con los procesos electorales de los estados de Coahuila y México, en términos del artículo cuarto transitorio del Decreto, se sustanciarán conforme la ley procesal electoral publicada en mil novecientos noventa y seis, con todas sus reformas.

        Los asuntos presentados del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés en adelante serán tramitados, sustanciados y resueltos con base en la ley procesal electoral publicada en mil novecientos noventa y seis, con todas sus reformas, debido a la concesión de la suspensión en la controversia constitucional 261/2023.

(24)  En ese sentido, si la actora presentó su demanda el diecisiete de mayo y su impugnación no está relacionada con la elección a la Gubernatura del Estado de México o Coahuila, es evidente que nos encontramos en el cuarto supuesto, razón por la cual lo procedente es resolver conforme a la normativa vigente al dos de marzo de dos mil veintitrés.

VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

(25)  La responsable afirma que el medio de impugnación resulta improcedente dado que, por una parte, el acuerdo impugnado no afecta el interés jurídico de la actora, al ser un acto intraprocesal que no decide de manera definitiva respecto de la queja presentada por las denunciantes; y, por otra, constituye un acto que se consumó de manera irreparable, ya que la actora ha realizado actos tendentes a dar cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por esa autoridad.

(26)  Se desestiman las causales de improcedencia planteadas ya que, en primer término, el hecho de que el acuerdo impugnado no resuelva el fondo del procedimiento sancionador, no significa que no se genere un impacto en la esfera jurídica de la parte actora. Esto es así, ya que el ordenarle el retiro de algunas transmisiones, así como abstenerse de realizar determinados actos, resulta suficiente para que la accionante pueda acudir a la instancia jurisdiccional a hacer valer sus derechos, toda vez que existe una actuación de la autoridad que podría incidir en su esfera jurídica, previamente al pronunciamiento de fondo.

(27)  Por otro lado, el hecho de que se diera cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo hoy impugnado no obsta para cuestionar la decisión de la autoridad en tanto que, de considerarse que tiene razón, este órgano jurisdiccional podría revocar el otorgamiento de las medidas cautelares, así como de las de protección, decididas por la Comisión Ejecutiva responsable, por lo que no puede considerarse como un acto consumado de manera irreparable.

(28)  De ahí que lo procedente sea desestimar las causales de improcedencia propuestas y entrar al estudio de fondo de la controversia.

VII. PRESUPUESTOS PROCESALES

(29)  En el caso se cumplen los requisitos de procedencia del medio de impugnación,[18] conforme a lo siguiente:

(30)  1. Forma. La demanda se presentó por escrito, consta el nombre de la accionante, así como la firma autógrafa de quien se ostenta como su representante legal; se identifica el acuerdo impugnado, la autoridad responsable; además de enunciarse los hechos y los agravios que se estiman pertinentes.

(31)  2. Oportunidad. El medio de impugnación se promovió de manera oportuna porque el acuerdo impugnado se notificó a la parte actora el once de mayo,[19] por lo que el plazo legal corrió del doce al diecisiete siguientes, sin considerar el sábado trece y el domingo catorce por ser días inhábiles y toda vez que no está relacionada la presente controversia con algún proceso electoral en curso, se estima que el escrito de demanda se presentó ante la responsable precisamente el último de los días indicados; de ahí que resulte oportuna su promoción.

(32)  3. Legitimación y personería. El medio de impugnación fue promovido por la radiodifusora denunciada -misma a la que se le vinculó al cumplimiento de medidas cautelares y de protección-, por conducto de su representante legal, como consta en el poder notarial que adjunta a su demanda, así como por el dicho de la responsable en su informe circunstanciado, aunado a que de la notificación del acuerdo impugnado se advierte que Ana Lilia Marure Yde es representante legal de la accionante.

(33)  4. Interés. Se satisface este requisito porque la parte actora alega que el acuerdo reclamado le perjudica su esfera jurídica, por lo que pretende que se revoque.

(34)  5. Definitividad. En el caso se advierte que el acto impugnado es un acuerdo emitido por el Instituto local en el marco del inicio de un procedimiento especial sancionador, el cual, de conformidad con el sistema de medios previstos a nivel local, podría ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral de Morelos.[20]

(35)  No obstante lo anterior, en el presente caso las personas que presentaron la queja ante el Instituto local son las magistradas integrantes de la totalidad del pleno del Tribunal local, órgano que como se adelantó, conocería ordinariamente de las controversias con motivo del dictado de medidas cautelares por la autoridad sustanciadora en los procedimientos especiales sancionadores locales.

(36)  Atendiendo a la particularidad anterior, es que se estima que, en el caso concreto, no es necesario que se agote un recurso o medio de impugnación previo, con lo cual se debe tener por satisfecho el requisito en estudio.

VIII. MATERIAL DENUNCIADO

(37)  Como se adelantó en apartados anteriores, las denunciantes promovieron queja en su calidad de magistradas integrantes del pleno del Tribunal local por actos constitutivos de violencia política en razón de género en su perjuicio, generado por las declaraciones realizadas los días treinta y uno de marzo y tres de abril, por los conductores Juan José Arrese García, José Antonio Montes Ramírez y Viridiana Arias Ramírez en el programa “El Txoro Matutino”.

(38)  Al respecto, la responsable al momento de levantar las actas circunstanciadas correspondientes advirtió que el contenido de las publicaciones era el siguiente:[21]

IX. CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE

(39)  Al respecto, al realizar un análisis preliminar de las publicaciones denunciadas, la responsable decidió conceder las medidas cautelares y de protección solicitadas por las denunciantes, conforme a las siguientes consideraciones torales:

A)    Medidas cautelares

Apariencia del buen derecho

         Los señalamientos denunciados se apartaron del ámbito periodístico, al no estar relacionados con las actividades o gestiones del cargo que desempeñan las denunciantes y que pudieran transmitir patrones de comportamiento que pueden conllevar a un trato desigual, reforzando estereotipos de género.

         Toda vez que del acta de verificación se deprende que el enlace en el que aduce se encuentran dichas expresiones no es de la misma duración que las denunciantes adujeron en su queja, es que la responsable determinó que era improcedente la medida cautelar en relación al primer enlace; sin embargo requirió a los denunciados a retirar la publicación denunciada para el caso de encontrarse en alguna otra red social o plataforma.

         En consecuencia a lo anterior, requirió a los denunciados que exhibieran el original de la transmisión en su versión completa del programa de treinta y uno de marzo; apercibiéndoles de que de no cumplir con ello se harían acreedores a una medida de apremio.

         Por cuanto hace a las publicaciones de tres de abril en Facebook y Youtube la responsable estimó procedente su retiro, ya que no estaba relacionada con las actividades o gestiones del cargo que desempeñan las denunciantes y que pudieran transmitir patrones que conlleven a un trato desigual, reforzando estereotipos de género en detrimento de las quejosas.

         Lo anterior porque cuando se encuentren en debate la libertad de expresión frente al derecho al honor o la vida privada de una persona cuya actividad tenga trascendencia para la comunidad general, debe hacerse un ejercicio de ponderación sobre el tipo de actividades que desarrolla o realiza el impacto o magnitud de esas actividades, temporalidad, la vinculación con las circunstancias que le dan proyección pública, contexto y proporcionalidad de la medida.

         De la certificación correspondiente y en apariencia de buen derecho, la responsable estimó que los denunciados realizaron actos que pueden constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de violencia mediática y violencia basada en roles y estereotipos de género.

b) Peligro en la demora

•       De las actas circunstanciadas se desprende que los denunciados publicaron en la red social Facebook y la plataforma Youtube, bajo el perfil “El Txoro Matutino”, a través de las cuales realizaron diversos calificativos a las denunciantes que pudieran constituir infracciones a la normatividad; señalamientos que, a criterio de las propias denunciantes les ocasiona un detrimento a los derechos que como mujeres les asisten, por lo que al estar acreditada la existencia de los hechos materia de la denuncia, se presume con ello la conculcación de los derechos de las denunciantes, por lo que estimó que se cumplía con el requisito en cuestión.

c) Irreparabilidad de la afectación

•       La responsable determinó que se acreditó el daño inminente e irreparable, traducido en una eventual afectación al interés legítimo de las denunciantes.

•       Lo anterior, en el entendido de que, al ser objeto de señalamiento por parte de los denunciados en una plataforma de la red social Facebook y de Youtube, a través de los perfiles “El Txoro Matutino” y que derivado de la exposición en plataformas digitales, estimó que los señalamientos denunciados pudieran replicarse y configurar un daño inminente e irreparable, además de interminable a las denunciantes, pudiendo configurarse violencia mediática, traduciéndose ello en una afectación a sus derechos.

•       De ahí que consideró adecuado el dictado de la medida cautelar, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y sin que implicara un pronunciamiento en relación con lo fundado de sus señalamientos; formulando así un apercibimiento de que de no cumplir con el retiro de las publicaciones en el tiempo otorgado se harían acreedores los denunciados de una medida de apremio.

B)    Medidas de protección

•       Los actos materia de la solicitud de la medida preventiva se encuentran relacionados con los comentarios y expresiones realizados por los denunciados a través de la red social Facebook y de la plataforma Youtube, con el perfil “El Txoro Matutino”; ello, porque las quejosas refieren que, a través de las publicaciones y la trasmisión de los videos del programa, mismo que es conducido por los denunciados, han sido objeto, de manera reiterativa y dolosa, de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

•       De tal forma que la responsable señaló que se presuponía un riesgo latente de que los actos denunciados puedan replicarse, por lo que consideró resultaba procedente adoptar la medida de protección solicitada, consistente en abstenerse a través de cualquier medio de comunicación, medios impresos, medios digitales o cualquier red social de realizar por si o interpósita persona comentarios o publicaciones con contenido que pudiera constituir violencia, hostigamiento, intimidación, molestia, discriminación o denostación de las denunciadas en su calidad de magistradas del Tribunal local.

X. PLANTEAMIENTO DE LA PARTE ACTORA

(40)  Por su parte, la actora cuestiona la decisión de la Comisión Ejecutiva responsable aduciendo sustancialmente, los siguientes agravios:

Falta de fundamentación y motivación

         El acuerdo impugnado está indebidamente fundado y motivado, además de ser ilegal e ilegítimo, ya que la responsable omitió fundar en precepto alguno la medida de apremio establecida y el apercibimiento decretado; además de no señalar la norma que la faculta para tomar tal decisión.

         La responsable pretende fundamentar la decisión de imponer medidas cautelares, refiriendo para tal efecto el acuerdo INE/CG252/2022, en el cual se aprobó el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

         Asimismo, si bien cita los artículos 37 y 42 de referido Reglamento, lo cierto es que no fundamentan la medida de apremio que a su vez generó el apercibimiento respectivo.

         El Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género es inaplicable ya que el ámbito de aplicación y su objeto es regula el trámite y sustanciación del procedimiento especial sancionador establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[23] para casos relacionados con violencia política en razón de género, competencia del INE.

         De igual forma, se pretende justificar el acuerdo impugnado, señalando para tal efecto, diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin que alguno de ellos contenga una hipótesis que pueda tomarse como base para el dictado de medidas cautelares. Ello pues si bien el numeral 463 Bis de la LGIPE señala un catálogo de medidas cautelares que podrán ser ordenadas en estos casos, la responsable soslayó señalar en cuál de dichas hipótesis supuestamente incurrieron los denunciados.

         La responsable tampoco funda o motiva el ilegal apercibimiento decretado en contra de los denunciados, por lo que la ausencia de fundamento implica la ausencia de motivación, por no existir una norma hipotética en la que se pueda encuadrar la conducta.

         En el caso, las denunciantes debieron solicitar ante “El Txoro Matutino” su derecho de réplica, puesto que la vía idónea para hacer frente a la crítica de un programa de debate debe ser la del ejercicio de ese derecho y no la de un procedimiento especial sancionador, dado que las expresiones no fueron de carácter personal sino dentro de un programa que tiene la sátira y el sarcasmo como formato de crítica y de debate.

         Por ello, no se observa que la responsable haya cumplido con las formalidades establecidas en la ley, por cuanto al señalamiento preciso de la norma que la faculta a dictar las medidas de apremio ordenadas, ni decretar un apercibimiento genérico, sin sustento legal alguno ni mucho menos motivado.

Desproporcionalidad de la medida cautelar

         Al respecto, la actora hace valer ad cautelam que causa agravio el atentado y violación a derechos fundamentales, como persona moral, bajo el amparo del artículo 6º Constitucional y personas físicas como comunicadores o periodistas, que solo por el hecho de expresar ideas se les limite la libertad de expresión consagrada en la Constitución general y en diversos tratados internacionales de los cuales México es parte.

         En este sentido, las medidas cautelares y de protección ordenadas en el acuerdo impugnado son desproporcionales, pues sin que exista una sentencia definitiva y sin agotar previamente el derecho de audiencia y debido proceso, ordenó que se retiraran las publicaciones en las que se encuentran las opiniones dentro del programa “El Txoro Matutino”. Situación que vulnera la labor periodística, que es el eje central de la circulación de ideas e información pública.

         Del contenido de los enlaces se puede advertir una descontextualización entre lo denunciado y el marco dentro del cual se desarrollan los comentarios y críticas de funcionarias públicas, que en ningún momento se atentó en contra de la dignidad de las mujeres por razón de género.

         Lo anterior, ya que las denunciantes buscando evitar las críticas por la fotografía que publicaron en sus redes sociales como funcionarias públicas y en la que hacen una seña que hizo famosa el actual gobernador del Estado de Morelos, pretenden ahora, a través de un procedimiento especial sancionador, callarlo.

         Al respecto, no debe pasar desapercibido que, tratándose de funcionarios públicos como lo es el caso de las Magistradas hoy actoras, no les es aplicable el derecho a la privacidad, puesto que en su caso éste se ve acotado por el derecho a la información y los principios democráticos que subyacen a éste. Incluso se puede afirmar que el control social al que se encuentran sujetos no versa exclusivamente sobre sus manifestaciones o actuaciones públicas, sino que también puede extenderse a las actividades que realicen de forma privada.

         A las magistradas del Tribunal local, no les aplica el derecho a la privacidad ya que al aparecer en la fotografía subida en redes sociales, donde en compañía del gobernador de Morelos imitan su famosa señal, consintieron que fuera del escrutinio público, pues al ostentar el cargo de servidoras públicas e impartidoras de justicia en materia electoral, perdieron el umbral de protección del derecho a la privacidad.

         Al respecto, los denunciados realizaron una crítica sarcástica de la fotografía, señalando al respecto que hace que dejen de ser imparciales en sus decisiones como magistradas.

         El umbral de protección del derecho a la privacidad del que gozan las personas privadas y sus respectivas cuentas en redes sociales se vio afectado por la propia voluntad de las magistradas, al decidir posar en una fotografía con un festejo del gobernador del Estado y subirla a sus redes como canal de comunicación con la sociedad.

         Por ello, las medidas cautelares ordenadas por la responsable son desproporcionadas y fuera de toda lógica jurídica, pues la publicación de mérito se considera de interés general, protegida por el derecho a la información, cuya restricción sólo puede estar apegada a los parámetros de regularidad constitucional.

         En ese orden de ideas, con el retiro de los programas y disfrazados de medidas cautelares deja sin materia el fondo del asunto, atentando contra la libertad de expresión de los denunciados.

         En el caso la responsable no justificó bajo ninguna circunstancia que se hayan vulnerado los derechos a las denunciadas, pues si bien éstas solicitaron las medidas cautelares alegando que los programas realizados el treinta y uno de marzo y tres de abril constituyen violencia política por razón de género, del análisis que hace la responsable no justifica la legalidad, fundamentación y motivación de la medida cautelar en la que ordena el retiro del programa en cuestión.

         No se aprecia que la responsable haya realizado una evaluación preliminar del caso concreto para determinar si se justifica el dictado de las medidas cautelas, ello pues no pasa que en el apartado de “apariencia del buen derecho” señale diversos dispositivos legales y convencionales en materia de violencia política en razón de género.

         Ni los argumentos señalados por la responsable en el apartado de “el peligro en la demora” ni en la “irreparabilidad de la afectación” se establecen elementos objetivos que le hayan permitido retirar de las redes sociales el programa realizado en las mencionadas fechas, pues al no hacer una valoración de los elementos probatorios, la medida cautelar resulta inexistente, injustificada y desproporcionada.

         En el caso: a) no se verificó si existe el derecho cuya tutela se pretende, b) no se justificó el temor fundado; y c) no se fundamentó y motivó si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en el que se produce y dentro de los límites del estudio preliminar, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado.

         De ahí que la medida de apremio es inexistente, injustificada y desproporcionada, además de que pone en riesgo sin justificación alguna su derecho respecto de la labor informativa vulnera mi derecho fundamental a la libertad de expresión, pues el Máximo Tribunal ha sostenido que los periodistas tienen una labor fundamental en el Estado Democrático y gozan de especial protección en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, reconocidos y garantizados en los instrumentos internacionales en la materia, en la Constitución general, así como en las leyes internas, especialmente por cuanto hace al desempeño de su labor.

         Así, la labor periodística goza de un manto jurídico protector y, por ello, debe considerarse como un principio general de ponderación normativa, la máxima protección a la labor periodística, lo que conlleva que, ante la duda, el juzgador debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable al periodista.

XI. PLANTEAMIENTO DEL CASO

1. Pretensión y causa de pedir

(41)  La pretensión de la accionante es que se revoque el acuerdo impugnado y se dejen sin efectos las medidas cautelares y de protección concedidas por la Comisión Ejecutiva responsable.

(42)  Su causa de pedir la hace depender de una indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado ya que desde su perspectiva, resulta insuficiente para el dictado de las medidas que cuestiona.

2. Controversia por resolver

(43)  En el presente caso se cuestiona la legalidad del acuerdo impugnado porque, desde la perspectiva de la accionante, la responsable no realizó un estudio adecuado de los elementos de prueba que obran en el expediente, ni tampoco fundó ni motivo debidamente su decisión de conceder las medidas cautelares y de protección solicitadas por las denunciantes.

(44)  En esos términos, el problema jurídico por resolver consiste en determinar si fue correcta la decisión de la responsable o, si como aduce la promovente, su acuerdo se encuentra indebidamente fundado y motivado, por lo que deba ser revocado.

3. Metodología

(45)  Los motivos de inconformidad hechos valer por la parte actora se analizarán agrupando aquellos que tienen vinculación entre sí, con independencia del orden propuesto en la demanda. Sin que dicha metodología de estudio genere perjuicio alguno al recurrente.[24]

XII. DECISIÓN

1. Tesis

(46)  La Sala Superior considera que debe revocarse el acuerdo impugnado, al resultar fundados los agravios de la parte actora relativos a que en el caso la responsable no acreditó que existiera un peligro en la demora o que se cuente con elementos objetivos que justificaran el dictado de las medidas cautelares y de protección respectivas.

2. Marco jurídico

Naturaleza de las medidas cautelares

(47)  Las medidas cautelares constituyen instrumentos que, en función de un análisis preliminar, puede decretar la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento; por ende, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias.

         Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo.

         Sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves.

         Su finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte.

(48)  Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, bajo un examen preliminar, la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo.

(49)  En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una determinación autónoma dentro de un procedimiento, cuyo objetivo principal es tutelar el interés público, razón por la cual el legislador previó la posibilidad de que sus efectos sean provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible infracción.

(50)  Ello, a efecto de evitar una afectación irreparable a los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución general o la legislación electoral aplicable, restableciendo el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, al desaparecer provisionalmente una situación presuntivamente antijurídica.[25]

(51)  Ahora bien, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con los principios de legalidad, fundamentación y motivación, debe ocuparse, cuando menos, de los aspectos siguientes: [26]

         La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso, y,

         El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama (periculum in mora).

(52)  Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

(53)  Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina apariencia del buen derecho y temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final.

(54)  Sobre la apariencia del buen derecho, debe precisarse que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.

(55)  Como se puede advertir, la verificación de ambos requisitos obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación preliminar del caso concreto -aun cuando no sea completa- en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares.

(56)  En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.

(57)  Por ello el análisis de los valores tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios que obren en el expediente, se convierte en una etapa fundamental para el examen de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que cuando menos se deberán observar las directrices siguientes:

         Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.

         Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia.

         Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte.

         Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que se produce y dentro de los límites que encierra el estudio preliminar, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado y si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito.

(58)  La medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos fundamentales, a saber: evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a los posibles afectados; todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral.

(59)  Tales consideraciones permiten identificar los principales elementos de las medidas cautelares, así como la finalidad y funcionalidad de su dimensión preventiva.

(60)  Razón por la cual, la autoridad competente deberá analizar de manera preliminar los valores y bienes jurídicos en conflicto, justificando la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar que se dicte o motivando las razones por las cuales aquélla se niegue.

(61)  En consecuencia, se deberá fundar y motivar si la conducta denunciada, trasciende por lo menos indiciariamente los límites del derecho o libertad que se considera violado y, si de manera preliminar, pudiera ubicarse o no en el ámbito de lo ilícito.

3. Caso concreto

(62)  Se estiman fundados y suficientes para revocar el acuerdo impugnado, los agravios de la parte actora relativos a que las medidas cautelares y de protección ordenadas en el acuerdo impugnado son desproporcionales, pues del análisis de acto reclamado, no se desprende que la responsable haya realizado una verdadera evaluación preliminar del caso concreto para determinar si se justificaba su adopción.

(63)  Lo anterior es así, ya que la responsable: a) no verificó si existe el derecho cuya tutela se pretende, b) no justificó el temor fundado; y c) no se fundamentó y motivó si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en el que se produce y dentro de los límites del estudio preliminar, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado.

(64)  De ahí que el acuerdo impugnado sea injustificado y desproporcionado, además de que, por el contrario, en esta sede preliminar, podría afectarse, sin justificación alguna, el derecho respecto de la labor informativa.

(65)  Al respecto, se llega a tal calificativa ya que es criterio de este órgano jurisdiccional que el incumplimiento al deber de fundar y motivar se puede actualizar por falta de fundamentación y motivación y, derivado de la incorrecta o indebida fundamentación y motivación.

(66)  La falta de fundamentación y motivación consiste en la omisión en que incurre la autoridad responsable de citar el o los preceptos que considere aplicables, así como de expresar razonamientos lógicos-jurídicos a fin de hacer evidente la aplicación de esas normas jurídicas.

(67)  En cambio, la indebida fundamentación de un acto o resolución existe cuando la autoridad responsable invoca algún precepto legal; sin embargo, no es aplicable al caso concreto porque las características particulares no actualizan su adecuación a la prescripción normativa.

(68)  Finalmente, hay indebida motivación cuando la autoridad responsable sí expresa las razones que tuvo en consideración para tomar determinada decisión, pero son discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable al caso.

(69)  En ese orden de ideas, es válido concluir que la falta de fundamentación y motivación implica la ausencia de tales requisitos, mientras que, una indebida fundamentación y motivación supone la existencia de esos requisitos, pero con una divergencia entre las normas invocadas y los razonamientos formulados por la autoridad responsable, respecto del caso concreto.

(70)  En ese sentido, esta Sala Superior estima que los agravios resultan fundados porque efectivamente del acuerdo impugnado no se logra advertir que la responsable haya motivado debidamente la imposición de las medidas.

(71)  Ello es así, ya que respecto al peligro de la demora únicamente razonó que de las publicaciones denunciadas se podía advertir el uso de diversos calificativos para hacer referencia a las denunciantes, situación que a su consideración podrían constituir infracciones a la normatividad; por lo que al haberse acreditado la existencia de los hechos materia de la denuncia, presumió la conculcación de los derechos de las denunciantes, teniendo por acreditado el requisito en cuestión.

(72)  En cuanto a la irreparabilidad de la afectación, la responsable adujo que al ser objeto de señalamiento por parte de los denunciados en una plataforma de la red social Facebook y de Youtube, a través de los perfiles “El Txoro Matutino” y que derivado de la exposición en plataformas digitales, se acreditaba un daño inminente e irreparable traducido en una eventual afectación al interés legítimo de las denunciantes.

(73)  Lo anterior al considerar que los señalamientos pudieran replicarse, pudiendo configurarse violencia mediática, traduciéndose ello en una afectación a sus derechos.

(74)  En ese sentido, el sistema electoral en nuestro país ha diseñado diversas herramientas de carácter procesal, tendientes a garantizar los principios y derechos que dotan de contenido el actuar institucional y personal de los actores políticos, servidores públicos y de la ciudadanía.

(75)  Para efectos de la ejecución de la herramienta cautelar, el análisis correspondiente del caso debe ajustarse a dos criterios esenciales. El primero (apariencia del buen derecho), apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la existencia del derecho que se pide proteger. El segundo (peligro en la demora) implica la posibilidad de que los derechos del solicitante de la medida se lesionen o frustren como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.

(76)  La combinación de los elementos referidos posibilita que se dicten medidas cautelares por la autoridad facultada para ello, entendiendo que esto implica una reflexión preliminar que no agote los elementos que conforman el expediente, ni genere un estatus jurídico permanente respecto de la existencia del derecho y la calificación lesiva de la conducta.

(77)  Así, el estudio realizado del dictado de medidas cautelares atiende a una percepción medianamente inmediata, que no pasa por el tamiz de un análisis exhaustivo de los elementos que constituyen el expediente y que por tanto no puede entenderse como una conclusión permanente.

(78)  Por lo que la autoridad está obligada a analizar la existencia de las conductas denunciadas, así como de realizar un análisis preliminar que le permita verificar si éstas son susceptibles de vulnerar algún principio o derecho tutelable por la materia, que traiga como consecuencia el otorgamiento de una medida cautelar ante el peligro en su dictado.

(79)  De tal forma que si en el caso concreto, la responsable, de manera preliminar, no justificó debidamente respecto al peligro de la demora y la posible irreparabilidad de la afectación, es que se concluye que debe revocarse el acuerdo impugnado.

(80)  Máxime que de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 14/2015 de rubro medidas cautelares. su tutela preventiva, las medidas cautelares constituyen los medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral, mientras se emite la resolución de fondo. Ello desde el enfoque de la tutela preventiva, que se dirige a la prevención de los daños, en tanto que exige a las autoridades la adopción de los mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de que se realicen conductas que a la postre puedan resultar ilícitas, por realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida.

(81)  Así, la tutela preventiva se concibe como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.

(82)  Situación que hace evidente que las medidas cautelares deben de dictarse en casos en los que se advierta que ante el peligro en la demora, se le pueda generar un daño inminente, en este caso a las denunciantes.

(83)  Para ello, esta Sala Superior ha determinado que a fin de demostrar la inminencia del acto o del daño, la autoridad debe precisar de qué manera o forma las conductas denunciadas pueden continuar o repetirse en el futuro sobre la base de elementos objetivos[27] y que, en apariencia de buen derecho, con su acontecimiento se pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos por las normas.

(84)  Sin que del acuerdo impugnado se logre advertir que la responsable haya emitido razonamientos que justificaran la urgencia para el dictado de las medidas cautelares relacionada a la posible conculcación de algún derecho de las denunciantes, pues dicha situación la hace depender únicamente del hecho de que se acreditaron los actos materia de la denuncia, por lo que se presume una afectación a su esfera jurídica.

(85)  Por lo que esta autoridad no advierte que ante la negativa de dictado de medidas cautelares, los derechos de las denunciantes se verían afectados, ya que si bien las expresiones denunciadas están relacionadas al ejercicio de su encargo como magistradas del Tribunal local; lo cierto es que el hecho de que las publicaciones se encuentren alojadas en la red social Facebook y la plataforma Youtube, no genera un obstáculo para que las denunciantes puedan continuar con el desempeño de sus funciones.

(86)  Ello pues desde un análisis preliminar se advierte que se trata de una crítica relacionada a las acciones llevadas a cabo por las magistradas en el ejercicio de su función, sin que las expresiones se ubiquen en el ámbito de lo antijurídico, sobre todo si se trata de un ejercicio periodístico en el que se busca favorecer el ejercicio de la libertad de expresión.

(87)  Por otro lado, en lo tocante a las medidas de protección ordenadas, consistentes en que los denunciados se abstengan de realizar comentarios o difundir en cualquier medio de comunicación contenido que pudiera constituir violencia política contra las denunciadas en su calidad de magistradas del Tribunal local; esa Sala Superior concluye que de igual manera deben de ser revocadas.

(88)  Se arriba a la anterior conclusión ya que ha sido criterio de este órgano jurisdiccional que el dictado de medidas de protección corresponde únicamente en casos excepcionales, ante hechos que puedan constituir infracciones o delitos que impliquen violencia, y que la finalidad de su dictado sea el proteger el interés superior de la posible víctima.[28]

(89)  Así también, en el juicio ciudadano SUP-JDC-936/2020 este órgano jurisdiccional determinó que el dictado de órdenes de protección y la pertinencia de su emisión debe considerar los derechos que se encuentran en riesgo.

(90)  Lo cual resulta de suma importancia, ya que debe ponderarse si se pone en peligro la vida, la integridad y/o libertad de una o más personas que justifique, el dictado de tales medidas.

(91)  Situación que en el caso concreto no se actualiza, al no estar justificada la urgencia en que existe un riesgo inminente para la vida, integridad y/o libertad de las magistradas solicitantes.

(92)  Ello pues la relevancia de acotar las medidas a cuestiones urgentes y a riesgos vinculados a la vida, la integridad y la libertad tiene que ver, desde luego, con la protección de la persona y con el estándar probatorio requerido para el otorgamiento de las medidas.

(93)  Máxime que, como se advierte de las medidas dictadas en su momento por la autoridad responsable, no se advierte que un riesgo inminente de afectar la vida, integridad o libertad de las denunciantes; ello pues a pesar de tratarse de un asunto en el que podrían constituirse actos de violencia política de género, lo cierto es que esta Sala Superior ha determinado que se deben de tomar en consideración los derechos que se encuentran en riesgo, ponderando así una protección urgente de la víctima, la cual en el presente asunto no se actualiza.

(94)  En consecuencia, dado el sentido de la presente resolución se estima que la parte actora alcanzó su pretensión que era la revocación del acuerdo de medidas cautelares y medidas de protección emitido por el Instituto local; es que se hace innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso ya que no depararía un mayor beneficio para la promovente. 

(95)  Finalmente, se ordena notificar a la Sala Ciudad de México la presente resolución, al haber sido la autoridad que formuló la consulta competencial a este órgano jurisdiccional.

XIII. RESUELVE

PRIMERO. Esta Sala Superior es competente para conocer del asunto.

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo impugnado.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su caso devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.