JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SUP-JIN-32/2024 Y SUP-JIN-198/2024 ACUMULADOS

PARTE ACTORA: MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: 02 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE COAHUILA

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

MAGISTRADA ENCARGADA DEL ENGROSE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIADO: ROCÍO ARRIAGA VALDÉS Y OMAR ESPINOZA HOYO

Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil veinticuatro[1].

En los juicios de inconformidad identificados con las claves SUP-JIN-32/2024 y SUP-JIN-198/2024 promovidos por Movimiento Ciudadano (en adelante MC o partido actor), y por el Partido de la Revolución Democrática (en adelante: PRD o parte actora) para impugnar los resultados del acta de cómputo distrital de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, consignados por el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, con residencia en San Pedro (en adelante: 02 Consejo Distrital); la Sala Superior determina: en el SUP-JIN-32/2024, declarar improcedente ya que la persona que comparece en representación de Movimiento Ciudadano no acreditó su personería y en el SUP-JIN-198/2024 confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital impugnada.

A N T E C E D E N T E S:

I. Jornada electoral. El dos de junio se llevó a cabo la jornada electoral, para renovar, entre otros cargos, la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Sesión de cómputo distrital. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 310 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante: LGIPE), el 02 Consejo Distrital inició el cinco de junio y concluyó el seis de junio el cómputo distrital de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho cómputo, atendiendo a la votación obtenida por las candidaturas postuladas[2], arrojó los resultados siguientes:

III. Juicios de inconformidad. El nueve de junio el PRD por conducto de su representación ante el 02 Consejo Distrital; y el diez de junio MC por conducto de su representación ante el Consejo General, promovieron respectivamente sus demandas de juicio de inconformidad para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de la “Presidencia de la República”, correspondiente al 02 distrito electoral federal en el estado de Coahuila, con cabecera en San Pedro; el Partido de la Revolución Democrática en el juicio de inconformidad SUP-JIN-198/2024 solicitó la nulidad de la votación recibida en las cuarenta y siete casillas siguientes: 116 Básica, 116 Contigua 3, 134 Contigua 1, 134 Contigua 2, 146 Contigua 2, 177 Contigua 2, 182 Básica, 184 Contigua 1, 186 Contigua 1, 192 Contigua 1, 192 Contigua 2,   193 Básica, 198 Básica, 198 Contigua 2, 199 Básica, 199 Contigua 1, 206 Contigua 1, 451 Básica, 451 Contigua 1, 451 Contigua 2, 453 Básica, 455 Básica, 455 Contigua 1, 467 Básica, 467 Contigua 1, 468 Básica, 468 Contigua 1, 475 Contigua 1, 475 Contigua 2, 476 Básica, 478 Contigua 1, 484 Contigua 1, 487 Básica,  494 Básica, 494 Contigua 2,[3] 495 Contigua 1, 496 Básica, 500 Contigua 1, 502 Básica, 526 Contigua 2, 531 Básica, 534 Básica, 1040 Básica, 1040 Contigua 1, 1040 Contigua 2, 1127 Básica, 1145 Básica, así como la nulidad de la votación recibida en todas las casillas que se instalaron el dos de junio, porque en opinión de la parte actora: “hubo conductas graves de violencia generada por el crimen organizado” y, porque dicha votación “se encontró viciada desde antes del referendo proceso electivo, por la indebida intervención del Gobierno Federal.”

IV. Comparecencia de la parte tercera interesada. El trece de junio, el Partido Político Morena, por conducto de su representación propietaria acreditada ante el 02 Consejo Distrital, presentó escrito compareciendo con la calidad de parte tercera interesada.

V. Recepción, registro y turno. El diez y diecinueve de junio, se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior el escrito de demanda de MC y el oficio sin número por medio del cual, el Presidente del 02 Consejo Distrital remite el escrito de demanda del PRD y diversa documentación. En las mismas fechas, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior ordenó registrar las demandas con las claves de expedientes SUP-JIN-32/2024 y SUP-JIN-198/2024, y turnarlos a la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en adelante: LGSMIME).

En el expediente SUP-JIN-32/2024 la Magistrada Presidente requirió a la autoridad responsable rindiera su informe circunstanciado, diera el trámite a la demanda y remitiera las constancias atinentes

VI. Radicación y requerimiento. El siete de julio, el Magistrado Instructor radicó en su ponencia el expediente SUP-JIN-198/2024; y, asimismo, requirió diversa información al 02 Consejo Distrital.

VII. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor tuvo por desahogado el requerimiento, admitió el medio de impugnación, y toda vez que el expediente se encontraba debidamente sustanciado, y al no existir diligencia o requerimiento por realizar, declaró cerrada la instrucción y ordenó pasar el asunto a sentencia.

VIII. Radicación (SUP-JIN-32/2024). En su momento, el magistrado instructor radicó el expediente SUP-JIN-32/2024 en su ponencia.

IX. Rechazo de proyecto y engrose. En su oportunidad, el Magistrado Instructor presentó al pleno proyecto de sentencia, el cual fue rechazado por mayoría de votos. En tal virtud, mediante turno aleatorio, se encargó a la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso la elaboración del engrose correspondiente.

C O N S I D E R A C I O N E S:

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver los presentes asuntos[4], por tratarse de dos juicios de inconformidad en el que se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital del 02 distrito electoral federal del estado de Coahuila, con cabecera en San Pedro, de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda se advierte que existe identidad en las pretensiones, el acto impugnado y la autoridad responsable, pues en ambas se controvierten los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, correspondiente al 02 Distrito Electoral Federal, con cabecera en San Pedro, Coahuila, en relación con la elección a la Presidencia de la República, por lo tanto, atendiendo al principio de economía procesal y para evitar sentencias contradictorias, se procede a acumular el Juicio de Inconformidad SUP-JIN-198/2024, al diverso SUP-JIN-32/2024, por ser este el primero que se recibió y registró en esta Sala Superior. En consecuencia, se deberá agregar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.[5]

TERCERA. Improcedencia del SUP-JIN-32/2024. Esta Sala Superior considera que el medio de impugnación es improcedente y, por tanto, debe desecharse, ya que, con independencia de que se actualice otra causal, el promovente no cuenta con facultades para controvertir en nombre de MC los resultados consignados en el acta de cómputo distrital que impugna, respecto de la elección de la Presidencia de la República, en términos del artículo 13, numeral 1, inciso a)[6], en relación con el artículo 9, numeral 3[7], ambos, de la Ley de Medios.

3.1. Marco normativo.

En el artículo 13 de la Ley de Medios se les reconoce la personería a los representantes legítimos de los partidos políticos, entendiéndose por éstos a los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados.

El juicio de inconformidad puede ser promovido por los partidos políticos, y les corresponde la presentación de los medios de impugnación a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por ellos, entre otros, los formalmente registrados ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado, en cuyo caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual se encuentren acreditados.[8]

Con base en la normativa puntualizada, queda claro que los partidos políticos actuarán ante los órganos administrativos y jurisdiccionales de cada ámbito, federal o estatal, por medio de los representantes que acreditan también ante las autoridades de cada esfera competencial.

De este modo, se advierte que los sujetos que contarán con legitimación para promover los juicios de inconformidad serán los partidos políticos, a través de sus legítimos representantes ante el órgano que emite el acto impugnado.

Así, en primer término, debe concluirse que MC está legitimado para interponer el juicio de inconformidad, pero  podrá realizarlo únicamente a través de quien acredite contar con personería, lo que se entiende como la facultad que se le confiere a una persona para actuar en representación de otra.

3.2. Caso concreto.

El representante de MC ante el Consejo General del INE carece de personería, porque los partidos políticos deben impugnar mediante su representación ante el órgano que emite el acto que se controvierte.

En el caso, el órgano responsable de la emisión del acuerdo que se impugna es el Consejo Distrital, por lo que quien debió promover el medio de impugnación es la representación de MC ante ese órgano desconcentrado. 

En el escrito de demanda el promovente se ostentó como representante de MC ante el Consejo General del INE y para demostrar dicha representación exhibió copia certificada de su nombramiento. Por tanto, el promovente pretende impugnar actos del Consejo Distrital sin que de las constancias de autos se advierta que cuenta con facultades de representación ante dicho órgano. 

Finalmente, tampoco se actualiza el supuesto previsto en el artículo 54, párrafo 2 de la Ley de Medios[9], en tanto que del escrito de demanda se advierte que la pretensión de MC es la modificación de los cómputos llevados a cabo en el Consejo Distrital, al alegar irregularidades en casillas y no la nulidad de toda la elección.

La normativa en cita prevé la posibilidad de impugnar la elección presidencial a partir del informe que rinda el secretario ejecutivo al Consejo General del INE, sin embargo, ese supuesto no se actualiza en el caso concreto, pues lo que pretende MC es la impugnación de un cómputo distrital.

En consecuencia, queda demostrado que en este asunto la representación de MC carece de personería para interponer el medio de impugnación, por lo que procede el desechamiento de plano de la demanda.

En tal sentido, por economía procesal y considerando el principio general de derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se considera que no es necesario emitir ningún pronunciamiento sobre la admisión o no del escrito de tercero interesado de Morena, dado el desechamiento de la demanda.

CUARTA. Tercera interesada en el SUP-JIN-198/2024. La Sala Superior tiene como parte tercera interesada a Morena, porque su escrito cumple con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 17, párrafo 4, de la Ley de Medios, conforme a los siguientes apartados.

4.1. Forma. En el escrito consta el nombre del representante de Morena ante la autoridad responsable y su firma autógrafa.

4.2 Interés jurídico. Se acredita el interés opuesto al del partido recurrente, porque pretende que se confirmen los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, correspondiente al 02 Distrito Electoral Federal, con cabecera en San Pedro, Coahuila, en relación con la elección a la Presidencia de la República.

4.3. Oportunidad. Dado que la cédula de publicitación del escrito de demanda se fijó el diez de junio a las once horas,[10] el plazo de 72 horas para presentar el escrito de tercería finalizó el trece de junio siguiente a esa misma hora; por tanto, si el escrito se presentó el trece de junio a las nueve horas con quince minutos, es evidente que se presentó oportunamente.

4.4. Personería. Luis Iván Rojas Becerra tiene personería para presentar el escrito de comparecencia, porque en las constancias del expediente está acreditado su carácter de representante propietario de Morena ante el Consejo Distrital responsable.[11]

QUINTA. Causales de improcedencia. Morena señala que el juicio debe desecharse de plano porque se actualizan las siguientes hipótesis de improcedencia: i) se impugna más de una elección; ii) los actos impugnados no son definitivos ni firmes; iii) la demanda fue presentada extemporáneamente y, iv) la causal genérica que se hace valer no es aplicable a la elección presidencial. 

Las causales de improcedencia serán analizadas en el orden expuesto por la parte tercera interesada.

5.1. Se impugna más de una elección

En su escrito de tercería, Morena señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios, porque el partido actor impugna más de una elección. Según Morena, el PRD impugna, además de la elección de la Presidencia, la de senadurías y diputaciones federales.

Es infundada la causal de improcedencia, porque contrario a lo argumentado por la tercera interesada, el actor impugna únicamente la elección de la Presidencia y señala como actos controvertidos los resultados consignados en las actas de cómputo distrital por la nulidad de la votación recibida en diversas casillas o por nulidad de elección.

Así, aunque el PRD identifica como actos reclamados la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría, tal afirmación no implica la improcedencia de la demanda, porque resalta la voluntad del partido político de impugnar únicamente la elección presidencial.  

Por lo tanto, se considera que la demanda del PRD cumple con lo establecido en los artículos 50, párrafo 1, inciso a)[12] y 52, párrafo 1, inciso a),[13] de la Ley de Medios.

5.2. Los actos impugnados no son definitivos y firmes

La parte tercera interesada señala que el medio de impugnación es improcedente, porque el PRD impugna actos futuros de realización incierta, pues –a la fecha– no se ha emitido ni la declaratoria de validez ni la entrega de las constancias de mayoría de las elecciones presidencial y de senadurías.

Morena argumenta que la impugnación del PRD se refiere a circunstancias genéricas, vagas, subjetivas y sin sustento fáctico o normativo, pues no existe acto concreto que combatir o que le genere alguna afectación.

Se desestima la causal de improcedencia, porque la impugnación del cómputo distrital de la elección presidencial es un acto definitivo y firme para la procedencia del juicio de inconformidad según lo establecen los artículos 50, párrafo 1, inciso a) y 52, párrafo, incisos c) y d) de la Ley de Medios.

Las disposiciones anteriores señalan, respectivamente, que en la elección presidencial son actos impugnables los resultados consignados en el acta de cómputo distrital y que en la demanda debe señalarse de manera individualizada el acta de cómputo distrital o de entidad federativa que se impugna.

El presente juicio cumple el requisito de definitividad y firmeza, porque los cómputos distritales de la elección presidencial son susceptibles de combatirse únicamente mediante el juicio de inconformidad del conocimiento de la Sala Superior.

Por las razones anteriores, no es posible tener como actos impugnados en este juicio, la declaratoria de validez y el otorgamiento de la constancia de presidente o presidenta electa, porque, como se asentó, el acto susceptible de impugnación –tratándose de la elección presidencial– es el cómputo distrital asentado en el acta respectiva.

5.3. Extemporaneidad de la demanda

Morena señala que la demanda es extemporánea; sin embargo, no proporciona las fechas con base en las cuáles pretende justificar su dicho.

Asimismo, la demanda del PRD fue presentada de manera oportuna, de acuerdo con los razonamientos expresados en el apartado de procedencia correspondiente.

5.4. La causal genérica de nulidad no es aplicable a la elección

Morena sostiene que la causal genérica de nulidad prevista en el artículo 78, de la Ley de Medios no es aplicable a la elección presidencial, ya que no existe una norma que la prevea.

(1)            Debe desestimarse el planteamiento que expone el tercero interesado, ya que el análisis de la causal genérica corresponde al estudio de fondo y no a la procedencia del juicio de inconformidad.

SEXTA. Requisitos generales y especiales del SUP-JIN-198/2024. Se considera que el escrito de demanda cumple los requisitos para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

I. Requisitos Generales:

1. Forma. En su escrito de demanda presentado ante la autoridad responsable, la parte actora: a) Precisa su nombre y el carácter con el que comparece; b) Identifica el acto impugnado; c) Señala a la autoridad responsable; d) Narra los hechos en que sustenta su impugnación; e) Expresa conceptos de agravio; f) Ofrece pruebas y, g) Asienta su nombre y firma autógrafa. Por lo tanto, se tienen por cumplidos los requisitos formales previstos en el artículo 9, párrafo 1[14], de la LGSMIME. [15]

2. Legitimación y personería. La parte actora cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a)[16], de la LGSMIME, en tanto que se trata de un partido político nacional con registro ante el Consejo General del INE.

Por otro lado, se reconoce la personería de Gabriela Salas Mata, como representante propietaria del PRD ante el 02 Consejo Distrital, de conformidad con el informe circunstanciado[17].

Lo anterior es así, en atención a que, el cómputo distrital concluyó el seis de junio, tal como se advierte del Acta de Cómputo Distrital que fue remitida junto con el informe circunstanciado; por lo que el plazo para impugnar los resultados transcurrió del siete al diez de junio; por tanto, si el PRD presentó su demanda ante la autoridad responsable el nueve de junio, resulta evidente su oportunidad.[18]

4. Interés jurídico. Este requisito se cumple, porque se trata de un partido político nacional, cuya pretensión es la nulidad de la votación recibida en diversas casillas del distrito impugnado, en relación con la elección de presidente de la República, en la cual participó sin alcanzar el umbral mínimo requerido para conservar su registro.

II. Requisitos Especiales:

El escrito de demanda presentado por el PRD satisface los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la LGSMIME, en tanto que su impugnación se dirige a controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de la Presidencia de la República, correspondientes al 02 distrito electoral federal del estado de Coahuila, con cabecera en San Pedro, realizados por el 02 Consejo Distrital. 

Asimismo, en la demanda se precisan las casillas cuya votación se solicita sea anulada, los hechos y las causales de nulidad que se invocan en cada caso, conforme a la tabla siguiente:

En consecuencia, al encontrarse satisfechos en la especie los requisitos de procedencia de este juicio, lo conducente es entrar al estudio de fondo.

SÉPTIMA. Estudio de fondo

I. Anotaciones preliminares

1. Elementos comunes para analizar las causales de nulidad de votación recibida en casilla. El estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casillas se hará tomando en consideración que el elemento “determinante” deberá colmarse en cada uno de los supuestos jurídicos previstos en el artículo 75 de la LGSMIME en los que se encuentra expresamente señalado, así como en aquellos en que no se menciona, pero está implícito, de conformidad con el criterio contenido en la Jurisprudencia 13/2000, con rubro “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”[19], en que se precisa que el señalamiento expreso o implícito del elemento determinante repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante para el resultado de la votación; y en cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito significa que -por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de su prueba- existe la presunción iuris tantum de que la irregularidad es “determinante” para el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se actualizará la nulidad.

En adición, cabe precisar que para el análisis del elemento “determinante” de las irregularidades que se invoquen, se utilizará cualquiera de los dos criterios siguientes: a) Cuantitativo o aritmético; y b) Cualitativo[20]; y sin perder de vista “el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados”[21], al momento de analizar el elemento de lo “determinante”.

Lo anterior, de conformidad con los criterios contenidos en la Jurisprudencia 39/2002, con rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO"[22], así como en la Jurisprudencia 9/98, con rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN[23]”, respectivamente.

2. La suplencia de la deficiente argumentación de los agravios. Previo al examen de la controversia, en términos del artículo 23, párrafo 1, de la LGSMIME, la Sala Superior debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios que haga valer la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducirse claramente de los hechos expuestos.

De ahí, que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve el juicio de inconformidad, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente. Al respecto, resultan aplicables la Jurisprudencia 3/2000, con título: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”[24]; así como la Jurisprudencia 2/98, con título: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”[25].

Lo anterior no implica que exista una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con lo establecido el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la LGSMIME, la parte actora debe mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que basa su impugnación, así como los agravios que le causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados. Lo anterior, con apoyo en la Tesis CXXXVIII/2002, con rubro: “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”[26].

II. Análisis de las causales de nulidad de votación recibida en casilla invocadas

1. Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados legalmente (artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la LGSMIME)

a) Planteamientos de la parte actora

En el escrito de impugnación, el PRD hace valer que en las casillas que enseguida se citan:

En la columna del lado derecho de la gráfica en que menciona las referidas casillas, solamente se insertan las palabras, indistintamente “SEGUNDO SECRETARIO/Funcionario de la fila”, o bien “PRIMER SECRETARIO/Funcionario de la fila”, lo anterior, sin que se advierta el nombre de la persona que, se aduce, integró indebidamente la mesa directiva de casilla.

En este apartado se precisa que, si bien el PRD impugna la casilla 502 Básica por la causal de nulidad de votación en estudio, de su agravio no se advierte qué ciudadano o funcionario integró indebidamente la casilla, pues solo refiere que una “Persona de la casilla B depositó las boletas en la C1”, lo cual no constituye un hecho del cual se desprenda el agravio que hace valer, en ese sentido la referida casilla no será motivo de análisis. 

Refiere la parte actora que el domicilio de las personas que ocuparon algún cargo, de primera o segunda secretaría, no corresponde a la sección en que se encuentra instalada la casilla y, que dichas personas no se encuentran inscritas en el listado nominal.

b) Marco jurídico

Conforme a lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los facultados conforme a la normativa electoral vigente.

Al respecto, el artículo 82, párrafo 1, de la LGIPE, dispone que las mesas directivas de casillas se deben conformar por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales y, para el caso que concurran dos procesos electorales, el mismo dispositivo prevé la adición de un secretario y un escrutador.

Dichos ciudadanos son designados en la etapa preparatoria de la elección mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 254 de la Ley General citada, sin embargo, ante el hecho de que estos no acudan el día de la jornada electoral, la propia normativa prevé el procedimiento que debe seguirse para sustituir a los funcionarios de casilla ausentes a fin de que ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores.

En efecto, el párrafo 3 del artículo 274 de la LGIPE dispone que toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores que se encuentren formados en la casilla para emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

De esta manera, se tiene por acreditada la causal de nulidad que se invoca si se demuestra que la mesa directiva de casilla se integró por:

a) personas que no fueron previamente designadas y además que no están incluidas en el listado nominal de la sección, o bien,

b) son representantes de los partidos políticos o coaliciones.

Lo mismo ocurrirá en el supuesto de que las mesas directivas de casilla no se integren con todo el funcionariado designado, con la salvedad de que, en este caso, se debe atender a las funciones que tiene encomendado el funcionario faltante, así como la plena colaboración de los demás integrantes, con la finalidad de determinar si existió certeza en la recepción del sufragio, en virtud de que resulta equiparable la ausencia de la presidencia de casilla y la de los escrutadores.

c) Determinación

Una vez precisado lo anterior, se procederá con el análisis de las casillas respecto de las cuales el partido actor refiere su nulidad al actualizarse la causal e) del aludido artículo 75 de la Ley de Medios.

Del análisis que esta Sala realiza a la demanda, se aprecia que, por lo que refiere a las cuarenta y un casillas cuestionadas, la parte actora aduce la sustitución indebida de funcionarias y funcionarios con personas de la fila, cuyo domicilio no pertenece a la sección a que corresponden dichas casillas; es decir, aduce que se permitió recibir la votación por personas no facultadas por la ley; sin embargo, no menciona los nombres de las funcionarias y los funcionarios que, a su parecer, ocuparon los cargos de primera y segunda secretaría, sin tener autorización en la ley.

Respecto a esto, es importante señalar que si bien la Sala Superior de este Tribunal, en el expediente SUP-REC-893/2018, estimó procedente interrumpir la jurisprudencia 26/2016 cuyo rubro era “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO”, analizando los precedentes que la conformaron, concluyó que se buscaba evitar que a través de argumentos genéricos y sin sustento se permitiera que los promoventes trasladaran a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

De otra forma, las partes accionantes podrían afirmar que todas las casillas de una elección se integraron por presidencias, secretarías y escrutadores que no pertenecían a la sección electoral, y el tribunal respectivo tendría la obligación de: a) revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos; b) corroborar si esas personas aparecen en los encartes de la sección respectiva y, en su caso, y, c) verificar si se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.

En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

Así, en dicha resolución concluyó como elementos mínimos la identificación de la casilla y el nombre completo de la persona considerada sin facultades para recibir la votación.

Asimismo, en la referida ejecutoria se determinó que, como mínima exigencia para que el órgano jurisdiccional estuviere en aptitud de analizar el planteamiento en vía de agravio, resultaba necesario que se proporcionara: a) la identificación de la casilla y, b) el nombre de la persona que indebidamente asumió alguna función en la mesa directiva de casilla.

Ello, superando el criterio que exigía que también se proporcionara un tercer elemento, consistente en mencionar el cargo indebidamente asumido.

Aunado a que, en el citado fallo se concluyó que “… para efecto de analizar si una persona participó indebidamente como funcionario de casilla, es suficiente contar con el número de la casilla cuestionada y el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente.”

En tal orden de ideas, en la ejecutoria de mérito se determinó que, en las casillas en las que no se señaló el nombre del funcionario cuestionado, se desestimó el estudio del agravio respectivo, debido a que, el hecho de no proporcionar el nombre se consideraba que se estaba en presencia de datos insuficientes para el estudio de la causal.

En el presente caso, según se advierte del escrito de demanda, como se ha señalado, la parte actora no menciona los nombres de cincuenta y tres personas que, a su parecer, ocuparon los cargos de primera y segunda secretaría, sin tener autorización en la ley, lo que hace inoperante su alegación, pues acorde con los criterios antes señalados, tal requisito es indispensable para el análisis de la irregularidad aducida, relacionada con la indebida integración de las casillas cuestionadas.

Esto es, de conformidad con el referido precedente, a efecto de que, este órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar el estudio correspondiente de la causal de nulidad, resulta necesario que se identifique la casilla y el nombre del funcionariado, objeto de cuestionamiento, por lo que resulta insuficiente que sólo se haga referencia en la demanda, a la casilla y al funcionario atinente, pues no es posible realizar su identificación y, por consecuencia, si pertenece o no a la sección de la mesa directiva de casilla en la que presuntamente participó de forma indebida para derivar en una eventual nulidad de la votación recibida en casilla.

Por lo tanto, debido a que, en la especie, no se identificaron los nombres de las personas funcionarias cuestionadas, entonces no es posible emprender el estudio respectivo, lo que evidencia lo inoperante de los motivos de disenso, en torno a la causal de nulidad materia de análisis.

2. Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación (artículo 75, párrafo 1, inciso g), de la LGSMIME)

a) Planteamientos de la parte actora

En el escrito de demanda que se examina, se advierte que con relación a la causal de nulidad de votación que invoca, el PRD realiza los señalamientos siguientes:

b) Marco jurídico

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, de la LGIPE, para estar en aptitud de ejercer el derecho de voto, además de los requisitos que fija el artículo 34 de la Constitución, los ciudadanos deben estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar.

Por otra parte, el artículo 131, párrafo 2, de la LGIPE prevé que la credencial para votar es el documento indispensable para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto.

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 86, 278 y 279, de la LGIPE, para ejercer su derecho de voto, las personas electoras deben mostrar su credencial para votar con fotografía, debiendo la/el secretario de la mesa directiva de casilla comprobar que el nombre de la persona electora figure en la lista nominal correspondiente; hecho lo anterior, quien desempeñe la presidencia de la mesa directiva le entregará las boletas de las elecciones.

En este orden de ideas, el artículo 75, párrafo 1, inciso g), de la LGSMIME establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite el supuesto consistente en permitir a la ciudadanía “sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta Ley”; precisándose que los casos de excepción que se aluden corresponden a:

La interpretación de las disposiciones antes señaladas permite sostener que la causal de nulidad de que se trata tiende a la tutela del principio de certeza, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, los que deben expresar fielmente la voluntad de la ciudadanía. De permitir votar al electorado que no cuente con credencial para votar, o que teniéndola no esté registrados en el listado nominal, entonces esa voluntad ciudadana podría verse viciada con los votos de quienes les corresponde, por disposición de ley, emitir su voto en diversa casilla.

Para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla con apoyo en la causal que se prevé en el inciso g) del párrafo 1 del artículo 75 de la LGSMIME, se deben colmar los elementos siguientes:

Para acreditar este segundo elemento, debe demostrarse fehacientemente, que la irregularidad ocurrida en la casilla es decisiva para el resultado de la votación, y que, de no haber ocurrido, el resultado pudiese haber sido distinto. Para este fin, puede compararse el número de personas que sufragaron irregularmente, con la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar y considerar que, si el número de personas es igual o mayor a esa diferencia, se colma el segundo de los elementos, y, por ende, debe decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla.

También puede actualizarse el segundo de los elementos, cuando sin haber demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, queden probadas en autos circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y, por tanto, se afectó el valor que tutela esta causal.

c) Análisis del caso

En el caso, respecto de cinco casillas, el PRD alega que se permitió a ciudadanos votar sin credencial o sin aparecer en la lista nominal, por lo que, a su consideración, se actualiza la causal de nulidad en la votación prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso g).

Señala que se permitió a muchas personas votar sin aparecer en la lista nominal lo que constituye una irregularidad grave y plenamente acreditada, ya que tales incidencias obran en las actas de la jornada electoral; hojas de incidentes y escritos de protesta.

En cuanto a la casilla precisada 494 Contigua 2, no se analizará agravio alguno, porque la autoridad responsable, a través del Oficio INE/COAH/02/DE/VS/332/2024[28], informó que “la casilla identificada como 494 Contigua 2, es inexistente en el 02 Distrito Electoral Federal”.

Respecto de las casillas 134 Contigua 1, 494 Básica y 534 Básica, el agravio resulta inoperante, porque el PRD no estableció cuál de los dos supuestos a que alude fue el que prevaleció en la casilla que impugna (voto sin credencial o voto sin aparecer en la lista nominal), además de omitir referir hechos relacionados con dicha irregularidad.

Es a la parte actora a la que le compete cumplir indefectiblemente con la carga procesal de la afirmación, en este caso, con la mención particularizada que debe hacer en su demanda de las casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se actualiza en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan.

De ahí que no basta con señalar, de manera vaga y genérica que, en determinadas casillas, votaron personas sin cumplir con los requisitos legales, pues con esa sola mención no es posible analizar el agravio o hecho concreto que motiva la inconformidad como requisito indispensable para que se esté en condiciones de pronunciarse. Por tanto, el agravio respecto de las tres casillas precisadas es ineficaz.

Por otra parte, además, con respecto a las casillas 134 Contigua 1, 134 Contigua 2, 494 Básica y 534 Básica, el PRD se limita a señalar que presuntamente se permitió votar irregularmente a una persona por cada casilla; es decir, que sufragó sin contar con credencial para votar o sin estar en el listado correspondiente de la mesa directiva.

En el caso, aun cuando se acreditara que en cada una de las casillas que aquí se analizan, se dejó votar a quien no contaba con credencial de elector o que no se encuentra en el listado nominal correspondiente, lo cierto es que no se actualiza la causal de nulidad, ya que la irregularidad detectada no es determinante para el resultado de la votación.

En efecto, como se advierte del cuadro siguiente, el voto presuntamente irregular no es igual o mayor a la diferencia de los sufragios obtenidos entre el primer y segundo lugares de las casillas, por lo que es evidente que no resulta determinante para el resultado de la votación.

Además la parte actora omite identificar la persona que supuestamente emitió su voto de manera irregular, lo que conlleva a la imposibilidad de verificar si quien supuestamente votó se encuentra incluido en la lista nominal de electores correspondiente, actuó representando a un partido político o candidatura independiente o bien, lo hizo por encontrarse habilitado mediante sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, al no resultar determinante para el resultado de la votación obtenida en las casillas que aquí se analizan, aun cuando pudiera acreditarse la irregularidad invocada, no podría declararse la nulidad de la votación recibida en cada una de ellas.

Por lo tanto, es inoperante el agravio planteado respecto de las casillas 134 Contigua 1, 134 Contigua 2, 494 Básica y 534 Básica.

Finalmente, resulta ineficaz el planteamiento relativo a que se permitió a muchas personas votar sin aparecer en la lista nominal, lo que constituye una irregularidad grave y plenamente acreditada, ya que tales incidencias obran en las actas de la jornada electoral; hojas de incidentes y escritos de protesta.

Es ineficaz, porque se trata de un argumento genérico e impreciso, ya que no especifica a cuántas personas se les permitió votar sin derecho a ello, y en qué casillas concretamente, para que se pudiera realizar el análisis respectivo, por lo que debe desestimarse el planteamiento.

En conclusión, no se actualiza la causal de nulidad de votación establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso) g), de la LGSMIME.

III. Violaciones sustanciales

1. Agravios

La parte actora solicita que se declare la nulidad de la votación recibida en todas las casillas que se instalaron durante la jornada electoral celebrada el dos de junio de esta anualidad para la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, al estimar que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 78, párrafo 1, de la LGSMIME.

Para sustentar su pretensión, aduce, en esencia, lo siguiente:

a)  En el Distrito Electoral Federal cuyo cómputo se cuestiona se actualizó la causa de nulidad de referencia, dado que, durante la jornada electiva, se cometieron en forma generalizada, violaciones sustanciales, las que fueron determinantes para el resultado de la elección.

b)  La votación recibida en todas las mesas directivas de casilla instaladas el dos de junio, se encontró viciada desde antes del proceso electivo y durante el desarrollo del mismo, por la indebida intervención del Gobierno Federal dirigida a beneficiar la candidatura a la Presidencia de la República postulada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en contravención a los principios de certeza, equidad, objetividad, imparcialidad y neutralidad, transgrediendo el derecho de la ciudadanía a emitir su sufragio universal, libre, secreto y directo.

Como se advierte, la parte actora aduce, esencialmente, que previo al inicio del proceso electivo, así como durante la preparación del proceso electoral y el desarrollo de las campañas, existieron irregularidades graves que afectaron la equidad de la elección, particularmente, por la supuesta intervención de diversos servidores públicos del gobierno federal dirigida a favorecer la candidatura ganadora.

2. Análisis de los agravios

Los agravios son inoperantes, toda vez que no se encuentran dirigidos a controvertir el cómputo distrital impugnado, ni se exponen razones o motivos tendentes a evidenciar la comisión de irregularidades acontecidas en el Distrito Electoral que no fueron reparables durante la jornada electoral y que hayan afectado la certeza de la votación recibida en las casillas instaladas en el Distrito Electoral cuyo cómputo se impugna.

En efecto, como se advierte de la síntesis de agravios previamente expuesta, los planteamientos de la parte actora están relacionadas con la causa de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, prevista en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la LGSMIME y no con la materia del juicio de inconformidad que se resuelve, en el que se analiza la legalidad de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital emitida por el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, con residencia en San Pedro.

Lo anterior, de conformidad con lo que se explica a continuación.

a) Marco jurídico

En términos de lo dispuesto en los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases establecidas en esa norma constitucional, en tanto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Constitución.

En el señalado artículo 99 constitucional, se dispone que la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de la persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones planteadas y formulará la declaración de validez de la elección y la de Presidencia Electa.

De tal manera que a esta Sala Superior corresponde realizar:

Ello, a partir de los resultados obtenidos en cada uno de los trescientos distritos electorales uninominales, o en su caso, de lo resuelto en los juicios que inconformidad que se hubieren promovido precisamente para cuestionar dichos cómputos, conforme a lo previsto en los artículos 225, párrafos 5 y 6, así como 317, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGIPE.

Atento a lo señalado, resulta evidente que esta Sala Superior es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación al que se le asignó la encomienda constitucional de resolver las impugnaciones, realizar el cómputo y, en su caso, declarar la validez de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la verificación del cumplimiento de los principios constitucionales en materia electoral a fin de dotar de certeza jurídica a quienes participan en el proceso electoral.

Resulta pertinente mencionar que, con la finalidad de que se cumpla con esa función, y garantizar la congruencia del orden jurídico en razón con el momento y acto del proceso electoral que se considere que incumplió con los principios constitucionales de las elecciones, el legislador federal dispuso en la LGSMIME que el juicio de inconformidad es el mecanismo jurídico para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales atinentes a la referida elección a la Presidencia de la República.

En ese sentido, en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), de la señalada ley adjetiva electoral, se prevé que, mediante el juicio de inconformidad, son impugnables en la elección de titular a la Presidencia de la República, los actos siguientes:

I.            Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en casillas, o por error aritmético; y

II.            Por nulidad de toda la elección.

En consonancia, en los artículos 9, párrafo 1, de la LGSMIME, con relación a lo señalado en el artículo 317, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGIPE, los juicios de inconformidad promovidos en contra de los cómputos distritales de la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos deben presentarse ante el Consejo Distrital respectivo.

Cabe precisar que el medio de impugnación deberá presentarse dentro de los cuatro días siguientes a que concluya la práctica del cómputo distrital correspondiente, como se establece en el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 52, párrafo 5, de la LGSMIME, cuando se impugne toda la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de inconformidad deberá presentarse ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en tanto que debe presentarse dentro de los cuatro días siguientes a que el Secretario Ejecutivo informe al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del resultado de las sumas de las actas de cómputo distrital de dicha elección, por (coalición) partido y candidato, conforme a lo previsto en el párrafo 2 del referido artículo 55, del ordenamiento jurídico de referencia.

Conforme a las reglas mencionadas, se tiene que los juicios de inconformidad que se promuevan en contra de los cómputos distritales, deben dirigirse a evidenciar la existencia de hechos irregulares acontecidos en el Distrito correspondiente, que hayan incidido en la votación distrital y que no fueran reparables durante la jornada comicial o que hayan incidido en los resultados obtenidos en el cómputo correspondiente, precisamente porque se trata de un medio de impugnación previsto para analizar las presuntas irregularidades acontecidas en las casillas instaladas el día de la jornada electiva de la demarcación respectiva o durante el cómputo correspondiente.

Es de hacer énfasis en que, a través del juicio de inconformidad[29] mediante el que se impugne toda la elección presidencial es posible analizar las irregularidad que se planteen para cuestionar la validez de toda la elección, en el entendido que éstas deberán estar dirigidas a evidenciar que se afectó la certeza de la votación y que resultaron determinantes para el resultado de la elección, pero no aquéllas vinculadas con la pretensión de lograr la nulidad de la votación recibida en casillas o la corrección de algún error aritmético detectado en un cómputo distrital, ya que estos casos deben plantearse en el juicio de inconformidad en el que se cuestionen los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de que se trate.

Por tanto, acorde con el marco jurídico antes analizado, en el juicio de inconformidad mediante el que se impugnan los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, únicamente procede examinar las irregularidades vinculadas con la solicitud de nulidad de votación recibida en las casillas que de manera específica se identifiquen, o bien por error aritmético; quedando en consecuencia vedada cualquier posibilidad jurídica de estudiar actos que se invoquen y que no guarden relación directa con los supuestos mencionados.

Tal situación no implica denegación de justicia, pues como ya ha quedado expuesto, es mediante el juicio de inconformidad dirigido a controvertir la elección de titular a la Presidencia de la República, en el que las partes inconformes tienen la posibilidad jurídica de alegar cualquier tipo de irregularidades que no guarden relación con la nulidad de la votación recibida en casillas o el error aritmético.

b) Caso concreto

Conforme a la síntesis de agravios expuesta de manera previa, se evidencia que los planteamientos del partido político actor consisten, en esencia en que:

Ahora bien, como se adelantó, los agravios son inoperantes debido a que los planteamientos expuestos no satisfacen los supuestos que pueden ser materia de un juicio de inconformidad promovido contra un cómputo distrital de la elección a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos porque:

Así, dado que los planteamientos no se dirigen a evidenciar la existencia de irregularidades acontecidas en el distrito respectivo o la manera concreta en que incidieran en el cómputo correspondiente, sino que tienen por finalidad demostrar la supuesta existencia de irregularidades acontecidas antes del inicio del proceso electoral y durante la etapa de preparación de la elección, afirmando que incidieron en el resultado de toda la elección, resulta evidente que no podrían ser objeto de estudio en un medio de impugnación como el que se resuelve.

Lo anterior, porque la pretendida nulidad de elección de Presidencia de la República es una cuestión que debe plantearse en el juicio de inconformidad que se presente para impugnar toda la elección presidencial, y no en el juicio mediante el que se controvierten los resultados consignados en las actas de cómputo distrital en los términos descritos a lo largo del presente apartado, de ahí lo inoperante del agravio.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que ante esta Sala Superior se presentaron diversos juicios de inconformidad a través de los cuales se controvierte en su totalidad la elección presidencial y, en cuyos escritos impugnativos se hacen valer los planteamientos referidos con antelación.

De ahí que, el hecho de que en el presente juicio no se analicen dichos temas no podría generarse una denegación de justicia en perjuicio del partido actor, pues tales planteamientos serán motivo de análisis en los expedientes por los que se pretende la nulidad de la elección de la Presidencia de la República.

OCTAVA. Efectos

Al haber resultado inoperantes e infundados los agravios formulados por la parte actora, lo conducente es confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, correspondientes al 02 distrito electoral federal en el estado de Coahuila, con cabecera en San Pedro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se acumula el Juicio de Inconformidad SUP-JIN-198/2024 al diverso SUP-JIN-32/2024, en los términos precisados en esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda del Juicio de Inconformidad SUP-JIN-32/2024.

TERCERO. Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, correspondientes al 02 distrito electoral federal en el estado de Coahuila, con cabecera en San Pedro.

NOTIFÍQUESE, como en Derecho proceda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias originales y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron las magistraturas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, integrante de la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral. Lo anterior de conformidad con lo acordado por el Pleno de este órgano jurisdiccional en sesión privada de dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ser la magistrada regional con mayor antigüedad en ese cargo y mayor antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. Con el voto particular parcial en contra de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y el voto concurrente del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón respectivamente. Ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR PARCIAL[30] QUE FORMULA LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD IDENTIFICADO AL RUBRO.

Formulo el presente voto parcial en contra para explicar las razones por las que no comparto el criterio mayoritario por el cual se declaran inoperantes los planteamientos relacionados la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso e) de la Ley de Medios.

Contexto del asunto

El PRD promovió juicio de inconformidad contra los resultados del cómputo distrital de la elección presidencial reclamado en el presente asunto, en el que hizo valer, entre otras cuestiones, la causal de nulidad de votación recibida en casilla, por haberse recibido por personas distintas a las previstas legalmente.

Sentencia de la Sala Superior

En la sentencia, la mayoría de los integrantes de este órgano jurisdiccional votó en contra de la propuesta de estudio planteado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y consideró calificar como inoperantes los conceptos de agravio relativos a la causal de nulidad de votación recibida en casilla, por haberse recibido por personas distintas a las previstas legalmente.

Lo anterior, porque se consideró que el actor no aportó los elementos mínimos para su análisis, a saber, el nombre y apellido de la persona que, supuestamente, integró indebidamente la mesa directiva de casilla.

Al respecto, se razonó que ha sido criterio consistente de la Sala Superior[31] que existe la carga para la parte actora de señalar el o los nombres de las personas que, en su consideración, no cumplen con los requisitos para integrar válidamente la mesa directiva de casilla. Ello, para que el órgano jurisdiccional cuente con elementos mínimos necesarios para verificar si se actualiza o no la causal de nulidad.

Consideraciones del voto parcial en contra

No comparto que la decisión relativa a la causal de nulidad planteada por el partido actor se le haya dado tratamiento de inoperancia, como se explica.

En primer lugar, esta Sala Superior es primera y única instancia del medio de impugnación y, por tanto, existe suplencia de la queja deficiente.

En segundo, porque el actor sí precisó la casilla y el cargo del funcionariado que, en su consideración, indebidamente integró la mesa directiva de casilla.

En ese sentido, al contar con estos dos elementos, la Sala Superior estaba en condiciones de verificar si se actualizaba o no la causal de nulidad alegada, como lo evidenciaba el estudio propuesto por el Magistrado Rodríguez Mondragón.[32]

En efecto, al existir datos de identificación mínimos como la casilla y el cargo del funcionariado que indebidamente integró la casilla impugnada, resultaba viable analizar en sus méritos la irregularidad planteada, mediante el estudio de fondo, máxime que el partido tomó como base las incidencias reportadas en el Sistema de Información de la Jornada Electoral y, en el caso, con base en la documentación electoral existente en cada expediente era viable revisar si le asistía o no razón.

Incluso, se podía instruir el asunto y tener los elementos de prueba necesarios para hacer el estudio respectivo –sin que ello implique una verificación oficiosa– por lo que, desde mi punto de vista, no se debió calificar como inoperante el planteamiento del PRD respecto de esta causal.

Con base en lo expuesto, no comparto el análisis y conclusiones derivado de la calificativa de inoperancia de los agravios con relación a la causal de nulidad prevista en el inciso e) de la Ley de Medios, porque se pretende que los planteamientos de invalidez de votación cumplan con una forma específica de identificar casillas, exigencia que, además de carecer de respaldo legal,  constituye un criterio regresivo respecto de aquellos empleados con anterioridad, que apelaban a cualquier forma de indentificación de la causa de pedir para proceder al estudio de mérito.

Por estas razones, es que emito el presente voto parcial en contra.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Así como el acuerdo general 2/2023.

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN CON RESPECTO A LA SENTENCIA DICTADA EN LOS JUICIOS DE INCONFORMIDAD 32 Y 198, AMBOS DE 2024, RELACIONADOS CON LA IMPUGNACIÓN DE LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN AL CARGO DE TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN EL DISTRITO ELECTORAL 02, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON SEDE EN SAN PEDRO, EN EL ESTADO DE COAHUILA[33]

Emito este voto concurrente, porque comparto el estudio realizado respecto de las causales de nulidad invocadas, excepto el relativo a la causal de nulidad de votación en casilla, relacionado con la debida integración de las mesas directivas, debido a que disiento del criterio aprobado por mayoría de votos, en cuanto a que la parte demandante debe proporcionar el nombre de las personas que desempeñaron diversos cargos en las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral que cuestiona en su demanda de juicio de inconformidad. La causa de mi disenso deriva de que, si bien el demandante no proporcionó los nombres de las personas que desempeñaron los cargos en las mesas directivas de casilla, sí proporcionó los datos esenciales que permiten a la Sala Superior realizar el estudio de lo planteado.

Contexto del caso

El partido demandante impugnó los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección al cargo de titular de la Presidencia de la República en el distrito electoral señalado en el rubro, por la nulidad de la votación recibida en 47 casillas (42 de estas por la causal de nulidad prevista en el artículo 75, numeral 1, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en que personas u órganos distintos a los facultados por la normativa legal aplicable recibieron la votación; y 5  por la causal prevista en el inciso g) del artículo citado, consistente en permitir el sufragio a ciudadanos que no cuenten con su credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores).

Este voto se circunscribe únicamente a mi disenso sobre el tema relacionado con la primera de las causales mencionadas, es decir, la relativa a que personas u órganos distintos a los facultados por la normativa legal aplicable recibieron la votación.

En relación con las casillas respectivas vinculadas a este tema, el demandante alegó, que se actualizó la causal de nulidad de votación en casilla, porque las mesas directivas de casilla se integraron por personas u órganos distintos a los facultados por la normativa legal aplicable, ya que, si bien fueron tomadas de la fila de electores el día de la jornada electoral, no se encontraban inscritas en las listas nominales de electores de la casilla o de alguna otra casilla de la misma sección electoral respectiva.

Para sustentar su planteamiento respecto de esta causal de nulidad de votación recibida en casilla, el demandante proporcionó una tabla que contiene la siguiente información:

         La entidad federativa

         El número y la sede del distrito electoral

         El número y tipo de casilla

         El cargo de la mesa directiva de casilla cuestionado por el actor.

Decisión por mayoría de votos

En relación con esta causal de nulidad de votación recibida en casilla, en la decisión aprobada por mayoría se consideró que los agravios son inoperantes, debido a que el demandante no proporcionó el nombre de las personas que, en su criterio, integraron indebidamente las mesas directivas de las casillas cuya votación impugnó, lo cual era indispensable para estar en aptitud de analizar y definir si la integración de la mesa directiva de casilla estuvo conformada de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable.

A partir de ello, en la decisión aprobada por mayoría, se omite el estudio de la causal de nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas por esa razón concreta, lo cual tiene como consecuencia la confirmación del cómputo distrital.

Razones que sustentan mi voto

Considero que los agravios planteados por el demandante, respecto de la causal de nulidad de votación recibida en casilla en análisis, no son inoperantes, porque en la demanda se proporcionan los elementos suficientes para el estudio de la causal relativa a la recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la normativa legal aplicable, puesto que, como mencioné, el demandante proporcionó una tabla que contiene la entidad federativa, el número y la sede del distrito electoral, el número y tipo de casilla, así como el cargo de la mesa directiva de casilla cuestionado por el actor.

Estimo que los elementos aportados por el demandante son suficientes para realizar el estudio de la causal de nulidad que planteó.

Esto es relevante porque, si los planteamientos fueran fundados y se llegara a anular una sola casilla, sería necesario modificar el cómputo distrital.

La decisión adoptada por mayoría de votos, en cambio, lleva a confirmar el cómputo distrital, sin revisar si se actualiza una posible causa de nulidad de votación recibida en casilla, por estimar que no se proporcionaron datos suficientes.

Estimo que, con los datos aportados por el demandante, sí es posible analizar sus planteamientos sobre la nulidad de la votación recibida en las casillas que impugna, por las siguientes razones.

Planteamiento del caso en la demanda del JIN respecto de la causa de nulidad de casilla relativa a que personas u órganos distintos a los facultados por la normativa legal aplicable recibieron la votación

El PRD demandó la nulidad de votación recibida en 42 casillas, porque afirmó que en ellas se actualizó la causal de nulidad prevista en el artículo 75, numeral 1, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en que personas u órganos distintos a los facultados por la normativa legal aplicable recibieron la votación. El PRD alega que se dio validez a la votación recibida por personas que tienen su domicilio en un lugar distinto al que corresponde a las secciones electorales de las respectivas mesas directivas de casilla instaladas por la autoridad electoral.

Marco jurídico aplicable

Las mesas directivas de casilla son los órganos electorales integrados por personas –previamente capacitadas, insaculadas y designadas por la autoridad electoral–, facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República.[34]

Las mesas directivas de casilla, como autoridad electoral, tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo de los votos. En cada casilla se instalará una mesa directiva.[35] 

Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados para integrar las mesas directivas de casilla no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de las personas insaculadas previamente por la autoridad electoral, con la finalidad de garantizar que las mesas directivas de casilla se integren aun ante la ausencia de las personas designadas previamente por la autoridad electoral. En este sentido, la LEGIPE prevé los siguientes escenarios:

a. La actuación del funcionariado suplente.

b. El corrimiento de funciones entre las personas integrantes de la mesa directiva de casilla previamente insaculadas por la autoridad electoral.

c. La integración de la mesa directiva de casilla por personas que, sin haber sido designadas por la autoridad electoral, se encuentren formadas para emitir su voto, cuenten con credencial para votar con fotografía, pertenezcan a la sección electoral y estén inscritas en la lista nominal de electores respectiva.[36]

Los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores, por tanto, es posible que se cometan errores no sustanciales que evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos. Por ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, esto es, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

Si bien la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, la Sala Superior ha sostenido que no procede la nulidad de la votación en los casos siguientes:

a)     Cuando se omite asentar en el Acta de la Jornada Electoral la causa que motivó la sustitución de funcionarios de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa directiva de casilla, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada.[37]

b)    Cuando los ciudadanos originalmente designados intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas.[38]

c)     Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida, de cualquier manera, por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el Consejo Distrital.

d)    Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de electores de la sección correspondiente a esa casilla.[39]

e)     Cuando faltan las firmas de funcionarios en algunas de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza.

La inobservancia de alguna regla procedimental contemplada para la sustitución de las personas designadas o la falta de asentamiento en el acta circunstanciada o en la hoja de incidentes de las circunstancias que motivaron la sustitución, no constituyen, por sí mismas, causas invalidantes de la votación, en tanto no pongan en entredicho un bien o valor trascendente para la validez en la emisión del sufragio, pues debe privilegiarse la recepción de la votación válidamente emitida.

Para verificar qué personas actuaron como integrantes de la mesa receptora, es necesario examinar los rubros en los que se asientan los cargos, los nombres y firmas de los funcionarios que aparecen en las Actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, de los datos que se obtienen de las hojas de incidentes, de la Constancia de Clausura, o bien de los demás documentos que forman parte del paquete electoral de cada casilla.

La Sala Superior ha considerado que basta con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados para concluir que sí estuvieron presentes los funcionarios actuantes.[40]

Lo anterior es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros se podría deber a una simple omisión del funcionario que, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de dicha persona.

Incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo se ha señalado que la ausencia de las firmas de todos los funcionarios que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre y cuando existan otros documentos que se encuentren rubricados, pues –a través de ellos– se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera derivarse con motivo de la falta de firmas, como se señala a continuación:[41]

         Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o se escriben con diferente ortografía o falta alguno de los nombres o de los apellidos; esto supone un error de quien se desempeña como secretario o secretaria, quien es la persona encargada de llenar las actas, además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos.[42]

        Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se estima que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos o de todos los escrutadores[43] no genera la nulidad de la votación recibida.

Ahora bien, el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios señala que la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite que fue recibida por personas u órganos distintos a los facultados por la LEGIPE.

En atención a esta casual, la Sala superior ha señalado que debe anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

         Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva.[44]

         Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

        Cuando se habilita a representantes de partidos o candidaturas independientes para suplir a un funcionario designado.[45]

La Sala Superior, en principio, sostuvo que para que los órganos jurisdiccionales estuvieran en condiciones de estudiar la referida causal de nulidad era necesario que en la demanda se precisaran los siguientes requisitos: i) identificación de la casilla impugnada; ii) indicación del cargo del funcionario que se cuestiona y iii) mención del nombre completo de la persona que se alega indebidamente recibió la votación o algunos elementos que permitan su identificación.[46] 

El criterio en cuestión buscó evitar que a través de argumentos genéricos y sin sustento se permitiera que los promoventes trasladaran a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

De otra forma, se podría propiciar, por ejemplo, que los promoventes simplemente afirmaran que todas las casillas de una elección se integraron por presidencias, secretarías y escrutadores que no pertenecían a la sección electoral y el Tribunal respectivo tuviera la carga de: a) revisar las Actas de Escrutinio y Cómputo y de la Jornada Electoral para identificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos; b) corroborar si, una vez indagados los nombres de las personas cuyos cargos se pusieron en duda por la parte demandante, esas personas aparecen en los encartes de la sección respectiva y, en su caso, c) verificar si se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección electoral a la que pertenece la casilla impugnada. 

En ese sentido, bastaría una afirmación genérica en las demandas para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

Sin embargo, en el precedente del Recurso de Reconsideración SUP-REC-893/2018, con el fin de privilegiar un análisis racional de los elementos que en cada caso hagan valer los demandantes, para estimar actualizada la causal de nulidad relativa a que personas no facultadas recibieron la votación  en una casilla, la Sala Superior consideró procedente interrumpir dicha jurisprudencia y adoptar el criterio de que es suficiente que el interesado aporte 1) los datos de identificación de cada casilla, así como 2) el nombre completo de las personas que considera que recibieron la votación sin tener facultades para ello.

Se precisó que, con esto no se incentivaba una conducta como la que la referida jurisprudencia pretendió inhibir, pues el criterio adoptado no permite que se analice una causa de nulidad a partir de argumentos genéricos, sino únicamente cuando se proporcionen elementos mínimos razonables que permitan identificar con certeza la persona que presuntamente actuó de manera ilegal, como es: 1) la casilla y 2) el nombre completo de la persona cuya actuación se cuestiona.

Además, consideró que era suficiente con verificar las Actas de Escrutinio y Cómputo y las de la Jornada Electoral, para advertir si la persona que mencionó el actor fungió o no como funcionario de casilla y, en su caso, posteriormente verificar en el encarte y en el listado nominal correspondiente si esa persona estaba designada para ese efecto o pertenecía a la sección respectiva.

Acorde con el criterio señalado, considero que, para garantizar un acceso pleno a la justicia electoral[47] que privilegie la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales,[48] es plausible sostener, que para el estudio de los agravios que se planteen respecto de la nulidad de la votación recibida en casilla, cuando personas no autorizadas por la ley integren las mesas directivas de casilla, es suficiente con que el demandante señale datos que permitan el análisis de la irregularidad planteada, tales como, la identificación de las casillas impugnadas y el cargo del funcionario que se afirme que indebidamente integró la mesa directiva o, en su caso, el nombre completo de las personas que presuntamente recibieron la votación indebidamente.

El criterio adoptado en este voto coincide con el establecido en el Recurso SUP-REC-893/2018, en el sentido de que en ambos casos se busca privilegiar la solución de las  impugnaciones de los resultados de elecciones oficiales, cuando se haga valer la causal de nulidad de votación recibida en casilla relacionada con su indebida integración[49], lo cual se cumpliría, se insiste, si el promovente aporta, además de la identificación de la casilla impugnada, el cargo específico de la mesa directiva de casilla que se estima se vio afectado por haber sido ejercido por una persona no autorizada por la ley.

Es pertinente aclarar que, si bien es cierto que en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-893/2018, la Sala Superior consideró que el promovente tiene el deber de proporcionar el nombre completo de las personas que recibieron la votación sin tener facultades para ello, esta circunstancia no es limitante en aquellos casos en que se identifique el cargo que ocupó la persona en la mesa directiva durante la jornada electoral, ya que ese dato, junto con la identificación de la casilla impugnada, sería suficiente para que el órgano jurisdiccional proceda al estudio de la causal e identifique si la casilla se integró por personas no autorizadas por la ley.  

Por ello, se estima que, en los casos en los que el promovente no proporcione el nombre completo de las personas que indebidamente integraron la casilla, pero sí identifique el cargo de la mesa directiva de casilla que pone en duda, se está en presencia de un elemento mínimo suficiente, junto con la identificación de la casilla, para el estudio de la causal de nulidad de votación recibida en casilla del artículo 75, inciso e), de la Ley de Medios.

En estos términos, una vez precisado el cargo del funcionariado de las mesas directivas de casilla y las casillas controvertidas, elementos considerados como mínimos para el estudio de la causal de nulidad del artículo 75, inciso e), de la Ley de Medios, se podrá corroborar en las Actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, en el encarte y en el listado nominal de electores, si la persona señalada estaba designada para integrar la casilla o si pertenece a esa sección electoral. 

Caso concreto

En este juicio, el PRD alega que, en 42 casillas de las instaladas en el Distrito Electoral impugnado, las mesas directivas de casilla estuvieron integradas con una o más personas que no están autorizadas por la ley para ese efecto. Con ese fin, el partido proporciona una tabla en la que precisa la siguiente información la entidad federativa, el número y la sede del Distrito Electoral, el número y tipo de casilla, así como el cargo de la mesa directiva de casilla que cuestiona.

Estudio de la causal

No se actualiza la causal de nulidad invocada por el PRD, relativa a la indebida integración de las 42 mesas directivas de casilla que precisa en su demanda, ya que, en 51 de los 54 casos en los que se indicó casilla y cargo involucrado, las personas que fueron identificadas se encuentran en el encarte o son personas sustitutas en términos de ley o bien aparecen en la lista nominal de la sección electoral correspondiente; y respecto de otros 3 casos no fue posible obtener los nombres de las personas que habrían recibido la votación indebidamente.

De ahí que respecto de 39 casillas el agravio resulta infundado. En cuanto a las otras 3 casillas impugnadas el agravio resulta inoperante, porque el partido actor no proporcionó el cargo o el nombre de la persona que presuntamente recibió indebidamente votación, por lo que esta Sala Superior no cuenta con los elementos mínimos para poder determinar si se actualiza o no la causal de nulidad invocada en esos casos.

En el caso, no se actualiza la causal invocada, porque, en respuesta[50] al requerimiento formulado por el magistrado instructor, la autoridad responsable remitió las constancias de las cuales se advierte que en 51 de los 54 casos[51] en los que el partido actor proporcionó el dato de la casilla y el cargo, las personas que ocuparon los cargos indicados en las casillas precisadas en la demanda se encuentran en el encarte, es decir, en la integración originalmente aprobada de las mesas directivas de casilla, o bien son las personas que sustituirían a las originales, en términos de la ley[52], o, en su caso, se encuentran en el listado nominal de la sección electoral correspondiente, tal como se desglosa en la siguiente tabla:

Tabla 1.

El resumen de la tabla anterior es el siguiente:

Tabla 2.

El PRD solo proporcionó los datos de las casillas impugnadas, así como el cargo de la persona que presuntamente habría integrado indebidamente una mesa directiva de casilla en 51 casos, en los cuales fue posible obtener el nombre de la persona, respecto de quienes se constató que sí estaban facultados para recibir la votación en las casillas impugnadas, por las respectivas razones expuestas en cada caso, conforme a la columna “Observaciones” de la Tabla 1. Por tanto, respecto de esos casos el agravio relativo a la causal de nulidad en análisis resulta infundado.

Sólo en tres casos (filas 31, 32 y 44 de la Tabla 1) no fue posible obtener un nombre, porque el PRD se limitó a proporcionar los datos de las casillas impugnadas, pero no proporcionó un dato adicional como el cargo, o bien, el nombre de las personas que presuntamente no contaban con facultades para recibir la votación. De ahí que, en esos casos el agravio resulta inoperante, porque esta autoridad no cuenta con elementos mínimos para poder realizar el análisis respectivo y proceder a determinar si se actualiza o no la causal de nulidad en casilla invocada.

Conforme con lo razonado y analizado, estimo que los elementos proporcionados por el demandante sí resultan suficientes para estudiar los planteamientos de nulidad de votación recibida en casilla, de manera que, al no analizar esos planteamientos por decisión mayoritaria, se confirma el cómputo distrital impugnado, sin evaluar la correcta integración de las mesas directivas de las casillas controvertidas, pasando por alto que, en el caso, el análisis sí resultaba posible y llevó a concluir que el agravio era infundado respecto de 39 casillas e inoperante respecto de 3. De ahí que, si bien acompaño el sentido de confirmar los resultados impugnados, tal decisión deriva del análisis de la causal que la mayoría decidió que no era factible realizar.

Por las razones expuestas, emito el presente voto concurrente.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Así como el acuerdo general 2/2023.