JUICIO DE INCONFORMIDAD.

INCIDENTE SOBRE LA PRETENSIÓN DE NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

EXPEDIENTE: SUP-JIN-49/2012.

ACTORES: PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO, INTEGRANTES DE LA COALICIÓN “MOVIMIEMTO PROGRESISTA”.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL 22 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

TERCERO INTERESADO: COALICIÓN “COMPROMISO POR MÉXICO”.

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.

SECRETARIOS: JUAN MANUEL ARREOLA ZAVALA Y VALERIANO PÉREZ MALDONADO.

México, Distrito Federal, a tres de agosto de dos mil doce.

V I S T O S, para resolver los autos del incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo relativo al juicio de inconformidad número SUP-JIN-49/2012, promovido por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición “Movimiento Progresista”, a través de sus representantes, en contra de los resultados del Cómputo Distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el Distrito Electoral 22 del Instituto Federal Electoral, del Estado de México, con cabecera en Naucalpan de Juárez; y,

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De lo narrado por los promoventes y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1.    Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil once inició el proceso electoral federal, para elegir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para el período 2012-2018.

2.    Jornada electoral. El primero de julio de dos mil doce se llevó a cabo la jornada electoral.

3.    Sesión de cómputo distrital. El día cuatro siguiente, de conformidad con el artículo 294 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 22 Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral, en el Estado de México, con cabecera en Naucalpan de Juárez, inició la sesión de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

4.    Nuevo escrutinio y cómputo parcial. Durante la sesión de cómputo distrital se llevó a cabo nuevo escrutinio y cómputo parcial de la votación recibida en las mesas directivas de casilla.

5.    Cómputo distrital. Concluido el cómputo distrital, el cinco de julio de dos mil doce, se obtuvieron los siguientes resultados:

II. Juicio de inconformidad. El nueve de julio de dos mil doce, los partidos Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición “Movimiento Progresista”, a través de sus representantes Luis Meza Chávez, Miriam Morales Montoya y Josefina Heredia Carrera, acreditados ante el Consejo Distrital mencionado, interpusieron demanda de juicio de inconformidad, en contra de los resultados antes referidos.

III. Tercero interesado. Durante la tramitación del juicio en el que actúa, la Coalición “Compromiso por México”, por conducto de su representante ante la autoridad señalada como responsable, presentó escrito de tercero interesado.

IV. Remisión y recepción en Sala Superior. El trece de julio de dos mil doce, la demanda de juicio de inconformidad se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las constancias atinentes al trámite, a la publicación de la demanda, así como el informe circunstanciado y las constancias que remitió el consejo distrital demandado.

V. Turno a ponencia. Por acuerdo de trece de julio del año en curso, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente con la clave SUP-JIN-49/2012 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-5415/12 del Secretario General de Acuerdos.

VI. Incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla. En el mismo escrito de demanda, los partidos enjuiciantes solicitan a esta Sala Superior, se lleve a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la votación en las siguientes casillas:

VII. Radicación y requerimiento Mediante proveído de veintidós de julio de dos mil doce del Magistrado instructor, se radicó y requirió a la autoridad responsable el envío de diversa documentación para la sustanciación del presente juicio en el que se actúa, mismo que fue desahogado en su oportunidad.

VIII. Admisión y apertura de incidente. En su oportunidad, el Magistrado instructor acordó admitir el presente juicio y ordenó la apertura del incidente; y

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los medios de impugnación al rubro indicados, de conformidad con lo previsto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción II, y 189, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 21 bis, 50, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 53, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por ser un juicio de inconformidad promovido por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”, para controvertir la negativa del 22 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en diversas mesas directivas de casilla instaladas en ese distrito electoral.

SEGUNDO. Causal de improcedencia. Por ser de estudio preferente se procede a analizar la causal de improcedencia alegada por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

Lo anterior, en virtud de que su estudio es de carácter preferente, que atañe a la procedibilidad del medio de impugnación identificado con la clave SUP-JIN-49/2012, para analizar después los requisitos de procedibilidad, ordinarios y especiales, del juicio de inconformidad, así como, en su caso, del fondo de la litis planteada.

Al efecto, la autoridad responsable aduce que los promoventes no atienden lo previsto en el artículo 295, párrafo 9, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a que en ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales.

A juicio de esta Sala Superior la anterior causal de improcedencia es infundada, en virtud de que está vinculada con el fondo del incidente materia de la presente resolución, esto es, de analizarla en este apartado, implicaría prejuzgar respecto del fondo de la solicitud de recuento realizada por los partidos políticos promoventes, porque precisamente uno de los aspectos a dilucidar en este incidente consiste en determinar si es conforme a Derecho o no solicitar un nuevo escrutinio y cómputo respecto de las casillas que ya fueron sujetas a recuento en sede administrativa electoral.

TERCERO. Requisitos de procedencia. Previamente al estudio de fondo del incidente, se estudia si se cumplen los requisitos esenciales y los especiales de procedibilidad del juicio de inconformidad, así como los elementos necesarios para la emisión de una sentencia de mérito.

1. Requisitos ordinarios.

1.1 Requisitos formales. El juicio de inconformidad al rubro indicado, fue promovido por escrito, el cual reúne los requisitos formales fundamentales, que establece el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque los promoventes precisan la denominación de la Coalición y partido político demandantes; identifican el acto impugnado; señalan a la autoridad responsable; narran los hechos en que se sustenta la impugnación; expresan conceptos de agravio, y asientan su nombre, firma autógrafa y calidad jurídica con la que promueven.

1.2 Oportunidad. El escrito para promover el juicio de inconformidad al rubro identificado, fue presentado oportunamente, toda vez que la sesión de cómputo distrital llevada a cabo por el 22 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, con cabecera en Naucalpan de Juárez, Estado de México, concluyó el cinco de julio de dos mil doce, sesión en la cual estuvieron presentes los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

En consecuencia, el plazo para promover el medio de impugnación, en términos de los artículos 7, párrafo 1, 8 párrafo 1, y 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, transcurrió del seis al nueve de julio de dos mil doce, por ser todos los días hábiles conforme a la ley, dado que el acto impugnado en el presente juicio está vinculado con el procedimiento electoral federal que se lleva a cabo.

Por tanto, si el escrito de demanda que dio origen al medio de impugnación que se analiza fue presentado ante la autoridad responsable el nueve de julio de dos mil doce, resulta evidente su oportunidad.

1.3 Legitimación. El juicio de inconformidad, al rubro indicado, fue promovido por parte legítima, de conformidad con lo establecido en el artículo 54, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que corresponde incoarlo a los partidos políticos y, en la especie, los demandantes son precisamente los partidos políticos nacionales denominados de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”.

Lo anterior por lo siguiente:

En primer lugar se debe distinguir entre la legitimación ad procesum o legitimación procesal, también conocida como legitimación activa y la legitimación ad causam o en la causa, toda vez que la primera constituye un presupuesto procesal, necesario para promover válidamente algún medio de impugnación, en tanto que la segunda es un requisito necesario para obtener un fallo favorable.

En este orden de ideas, se debe precisar que la legitimación procesal activa consiste en la aptitud o circunstancia especial que la ley otorga a una persona para ser parte, en calidad de demandante, en un juicio o proceso determinado, la cual deriva, por regla, de la existencia de un derecho sustantivo, atribuible al sujeto que acude, por sí mismo o por conducto de su representante, ante el órgano jurisdiccional competente, a exigir la satisfacción de una pretensión, circunstancia distinta será que le asista razón al demandante.

Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, identificada como tesis: 2ª./J. 75/97, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.”

Con relación a la legitimación en el proceso, Oskar Von Bülow, en su obra Excepciones y presupuestos procesales, página doscientas noventa y tres, afirma que no está permitido entablar una demanda por parte incapaz de actuar, o por medio de un representante no legitimado, al respecto también señala que el tribunal no tiene que esperar a que se acuse el defecto, sino aplicar de oficio, la norma de derecho procesal respectiva y examinar si el actor ha cumplido los requisitos para el inicio de la relación jurídica procesal y en su caso, al advertir el juez, que alguno de los presupuestos procesales no se cumple, debe decretar el desechamiento de la demanda.

Entendida así la legitimación activa, es claro que constituye un requisito indispensable, de procedibilidad o presupuesto procesal, para que se pueda iniciar un juicio o proceso; por tanto, la falta de esta legitimación torna improcedente el juicio o recurso, determinando la no admisión de la demanda respectiva o el sobreseimiento del juicio o recurso, si la demanda ya ha sido admitida.

Ahora bien, en la especie, de conformidad con lo establecido en el artículo 54, párrafo 1, inciso a), relacionado con el diverso numeral 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral tienen legitimación para la promoción del juicio de inconformidad:

Artículo 54

1. El juicio de inconformidad sólo podrá ser promovido por:

a) Los partidos políticos, y

[…]

Artículo 13

1. La presentación de los medios de impugnación corresponde a:

a) Los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos:

I. Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados;

[…]

Cabe destacar que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano sí están legitimados para promover el juicio de inconformidad debido a que, conforme a la regla, prevista en el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ese medio de impugnación puede ser promovido por “los partidos políticos”, por conducto de sus representantes.

Además como se ha precisado, los partidos de la Revolución Democrática,  del Trabajo y Movimiento Ciudadano son integrantes de la Coalición denominada “Movimiento Progresista”, por lo que considerarlos que carecen de legitimación ad causam para incoar el juicio de inconformidad, en razón de haber participado en coalición en el procedimiento electoral federal llevado a cabo para elegir, entre otros servidores de elección popular, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sería contrario a Derecho y a los criterios que ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal Electoral, consistente en que los partidos políticos pueden deducir acciones en defensa del interés público, denominadas por este órgano jurisdiccional especializado como acciones tuitivas de intereses difusos, como se advierte de múltiples sentencias, lo cual ha dado origen a las tesis de jurisprudencia consultables a fojas cuatrocientas cincuenta y cinco a cuatrocientas cincuenta y siete, y noventa y siete a noventa y ocho, respectivamente, de la “Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis  en materia electoral”, volumen 1 (uno), intitulado “Jurisprudencia”, con los rubros son los siguientes: “PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES”  y “ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR”.

Por tanto, en concepto de este órgano colegiado, es evidente que el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano sí tienen legitimación ad causam para promover el juicio de inconformidad identificado con la clave SUP-JIN-49/2012.

Lo anterior, debido a que el Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano son partidos políticos nacionales y forman partes integrantes de la Coalición “Movimiento Progresista”, por lo que tienen legitimación ad causam para promover el juicio de inconformidad identificado con la clave SUP-JIN-49/2012, por lo cual los representantes de los mencionados institutos políticos, al tener su personería acreditada ante la autoridad responsable, tal y como ese órgano lo manifiesta en su informe circunstanciado, es que los partidos de la Revolución Democrática,  del Trabajo y Movimiento Ciudadano no carecen de legitimación ad causam y tienen legitimación ad procesum como representantes de los aludidos institutos políticos.

1.4 Personería. Respecto de la personería en el juicio identificado con la clave SUP-JIN-49/2012, está acreditada en términos de lo resuelto en el considerando que antecede, aunado a que la autoridad responsable al rendir el informe circunstanciado les reconoció ese carácter.

1.5 Interés jurídico. En concepto de esta Sala Superior, los promoventes, integrantes de la Coalición citada, tienen interés jurídico para promover el juicio de inconformidad de mérito, dado que aducen que les irroga agravio la negativa del 22 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en diversas mesas directivas de casilla, dado que consideran que existe causa justificada para tal acto, con independencia de que le asista o no razón respecto del fondo de la controversia.

1.6 Definitividad y firmeza. De conformidad a lo previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también están satisfechos los aludidos requisitos, porque en la legislación electoral federal no está previsto medio de impugnación alguno, que se deba agotar previamente, por el cual la sentencia impugnada pudiera ser revocada, anulada o modificada; por tanto, es definitiva y firme, para la procedibilidad del juicio promovido, al rubro identificado.

2. Requisitos especiales de procedibilidad del juicio de inconformidad. Los requisitos especiales de procedibilidad, del juicio de inconformidad, también están satisfechos, como se expone a continuación.

2.1 Señalamiento de la elección que se controvierte. Los actores en su escrito de demanda precisan que la elección que controvierten es la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se cumple el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 52, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que desde su perspectiva se debió llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en diversas mesas directivas de casillas.

2.2 Mención individualizada del acta distrital controvertida. En el caso que se analiza, se cumple el requisito previsto en el artículo 52, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque los accionantes señalan que controvierten el acta de cómputo distrital del 22 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, con cabecera en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2.3 Mención individualizada de las mesas directivas de casilla cuya votación se controvierte. Con relación al requisito previsto en el inciso c), del citado artículo 52, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se debe señalar de forma particularizada las mesas directivas de casilla cuya votación recibida se controvierte. En el particular, los actores en su escrito de demanda expresan que controvierten 187 casillas las cuales particularizan, aduciendo formalmente causal de nulidad de la votación recibida en mesa directiva de casilla, de ahí que se cumpla la exigencia legal.

2.4 Señalamiento de error aritmético. Por cuanto hace al requisito previsto en el inciso d), párrafo 1, del artículo 52, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que los actores deben señalar, en caso de que se aduzca error aritmético, tal circunstancia, se actualiza en el particular ya que existe tal mención en la demanda, siendo que este requisito se debe entender tan sólo como una exigencia formal y no como el resultado del análisis de los conceptos de agravio propuestos por el demandante, en razón de que lo contrario implicaría entrar al estudio del fondo de la litis, antes de admitir la demanda y substanciar el juicio, lo cual sería contrario, no sólo, a la técnica procesal, sino también a los principios generales del Derecho Procesal, de ahí que se cumple con lo previsto en el citado artículo.

Por lo tanto, quedan acreditados los requisitos de procedencia del presente juicio de inconformidad.

CUARTO. Marco jurídico de la solicitud incidental de nuevo escrutinio y cómputo.

Para resolver la pretensión incidental planteada por la actora, relacionada con la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en diversas casillas, es menester tener presente, en primer lugar, el marco jurídico aplicable.

De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41 constitucional; 295 y 298, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que en observancia a los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que rigen los comicios, el nuevo escrutinio y cómputo en sede judicial, solamente procede cuando se exponen agravios dirigidos a evidenciar errores o inconsistencias evidentes relacionados, exclusivamente, con rubros fundamentales vinculados a votación, lo cual excluye la posibilidad de que se realice una nueva diligencia de escrutinio y cómputo por el simple hecho de que se expongan afirmaciones genéricas de que hubo irregularidades al recibir la votación o cuando se alegue discordancia entre datos relativos a boletas o entre datos de boletas frente a alguno de los rubros fundamentales referidos a votos, pues estos últimos diferendos no están relacionados con la votación y por ende no son aptos para vulnerar los principios que busca proteger el sistema jurídico.

Al respecto, el artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

De esos principios destaca el de certeza que, en términos generales, significa conocimiento seguro y claro de algo y que, en materia electoral en especial, se traduce en el deber que tienen todas las autoridades de actuar con apego a la realidad, para dotar de certidumbre a sus actuaciones.

El artículo 295 en relación con el 298 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece las reglas generales bajo las cuales debe realizarse el procedimiento del cómputo distrital de la votación recibida en el proceso electoral presidencial.

Conforme a dicha disposición, en primer lugar, deben separarse los paquetes que no tengan muestras de alteración exterior, de aquellos que presenten tal situación.

En el caso de los paquetes que no presenten muestras de alteración exterior, éstos se abrirán sólo para obtener de ellos, el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla.

En el orden numérico de las casillas del distrito electoral de que se trate, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo que se extrajo del expediente de casilla, con los resultados del acta que obre en poder del Presidente del Consejo Distrital.

Si de dicho cotejo se obtiene coincidencia en los resultados de tales actas, se asentará ese resultado en las formas establecidas para ese fin, esto es, la votación recibida en la casilla correspondiente.

Si los resultados de las actas señaladas no coinciden, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

En ese sentido, conforme a la legislación federal citada, el Consejo Distrital también deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, en los siguientes supuestos:

1.    Si se detectaren alteraciones evidentes en el acta que obra en poder del Presidente del Consejo Distrital o en la que obra en el expediente de casilla que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.

2.    Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obre en poder del Presidente del Consejo Distrital.

3.    Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar.

4.    Cuando todos los votos hayan sido emitidos a favor de un mismo partido.

5.    Cuando existan errores o inconsistencia evidentes en los distintos elementos de las actas.

En este último caso y por su especial trascendencia para resolver la petición de los promoventes en el presente incidente, es necesario precisar los alcances de lo que estipula el artículo 295, párrafo 1, inciso d), fracción I, del Código:

[…]

El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya solicitado;

[…]

Dicho precepto amerita interpretación para esclarecer sus alcances respecto de dos aspectos fundamentales: A. Significado de la frase …“errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas”…, para determinar a qué tipo de elementos y actas se refiere el legislador y B. Los casos en que procede el nuevo escrutinio y cómputo de forma oficiosa y a petición de parte, en el Consejo Distrital y en sede judicial.

Estos aspectos se abordarán, separadamente, a continuación:

A. Significado de la frase “errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas”.

Como se advierte, el precepto hace referencia a errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, sin especificar literalmente a qué elementos se refiere y qué tipo de actas, siendo que en éstas existen datos fundamentales y auxiliares, los primeros relacionados con votos y los segundos con boletas.

Sin embargo, a fin de dotar de significado a dicho enunciado, es menester realizar una interpretación funcional y sistemática que permita atender la intención del legislador y armonizar la disposición con el resto de las normas que integran el sistema jurídico regulador de los comicios.

Como se explicará, dicha disposición debe entenderse, en principio, en el sentido de que la frase distintos elementos de las actas, se refiere a los datos referidos a votos en las actas de escrutinio y cómputo de la Mesa Directiva de Casilla, pues en términos de los artículos 295 y 298 del código electoral federal, es el documento del que se extraen los datos para realizar el cómputo distrital.

Lo anterior es así, porque a pesar de que no se estipule expresamente en la norma, lo cierto es que el legislador distinguió  entre dos tipos de elementos, al prever la posibilidad de que los primeros pudieran corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.

En ese tenor, por el concepto de distintos elementos de las actas, que es la primera referencia legal citada en el precepto en cuestión, deben entenderse los que aparecen en las actas de escrutinio y cómputo, referidos a los datos que implican votación y que consisten en las cifras siguientes:

a) Personas que votaron. Dato integrado por los ciudadanos incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes de los partidos políticos o coaliciones registrados en la casilla y, en su caso, en el acta de electores en tránsito, tratándose de casillas especiales.

Lo anterior, porque este dato refleja el número de ciudadanos que acudieron a la casilla para expresar su voto y se trata por ende de un dato fundamental para saber cuántos sujetos ejercieron su derecho.

b) Boletas sacadas de la urna (votos). Representa la cantidad de boletas que fueron depositadas en las urnas y que, al momento del cómputo, se extrajeron de las mismas en presencia de los funcionarios de casilla y representantes partidistas.

c) Resultados de la votación. Suma de los votos correspondientes a todas las opciones políticas contendientes en la elección de que se trate, votos nulos y candidatos no registrados.

Para sostener lo anterior, se debe partir de que lo evidente es lo palpable a simple vista, verificable de manera inmediata, sin necesidad de hacer mayores operaciones intelectuales.

En ese sentido, por errores o inconsistencias evidentes en las actas de escrutinio y cómputo, a que se refiere el citado artículo 295, párrafo 1, inciso d), fracción I, del Código de la materia, debe entenderse cualquier anormalidad o desarmonía numérica (cuantitativa) que se advierta entre los datos asentados en las propias actas de escrutinio y cómputo, que por cuestión matemática deberían coincidir.

Cabe precisar que en el acta de escrutinio y cómputo se asientan diversos elementos, obtenidos de fuentes diversas y que para efectos prácticos se esquematizan a continuación:

Los datos numéricos previstos en dichas actas y que en condiciones ideales deben coincidir son los siguientes:

a) Total de personas que votaron, que es el dato total que incluye a los ciudadanos de la lista nominal, más aquellos que votaron, en su caso, con base en las sentencias del Tribunal Electoral, más los representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores en tránsito en casillas especiales;

b) Total de boletas sacadas de la urna (votos) y

c) Resultados de la votación.

En efecto, lo ideal es que se asienten en el acta los tres rubros, que armonicen perfectamente las cantidades numéricas de esos datos y que ello sea evidente a partir de una simple comparación, pues esa es la manera de constatar que las boletas depositadas en la urna por las personas que materialmente acudieron a la casilla, fueron contadas efectivamente para la opción política por la que manifestaron su adhesión y todo ello está plasmado en el mismo documento que es el acta de escrutinio y cómputo levantada por las autoridades de la mesa directiva de casilla.

Por tanto, cualquier omisión en el llenado de los rubros o en su caso cualquier diferencia entre estos tres datos fundamentales que no sea susceptible de aclararse o corregirse con los datos auxiliares de las actas de la casilla, es causa suficiente para que el Consejo Distrital tenga el deber oficioso de ordenar el nuevo escrutinio y cómputo respectivo.

En cambio, cuando la discrepancia numérica solamente exista entre datos auxiliares o de la comparación de éstos con alguno de los rubros fundamentales, no existe el deber oficioso del Consejo Distrital de realizar el nuevo escrutinio y cómputo, ya que en este caso, las inconsistencias o el error no son evidentes y es necesario que lo demuestren los interesados, pues es indispensable consultar diversa información de otras actas diferentes a la de escrutinio y cómputo, además de que por sí solas no afectan los datos de la votación y por ello pueden considerarse anomalías intrascendentes en rubros accesorios o auxiliares; de ahí que, en principio, mientras no exista petición de parte que justifique la apertura, es preferible para el Consejo Distrital preservar intacta la urna electoral y conservar el voto válidamente emitido.

Los datos accesorios o auxiliares tienen ese carácter, porque se refieren a cantidades de documentos en los que todavía no se plasma un sufragio, esto es, se trata de cifras que tienen que ver con la cantidad de folios de boletas recibidas por las autoridades de la Mesa Directiva de Casilla, las boletas sobrantes y las inutilizadas, las cuales, precisamente por no haberse entregado a cada ciudadano para que expresara su voluntad y la depositara en las urnas, no constituyen datos referidos propiamente a votos, de ahí el carácter de datos accesorios o auxiliares, al ser meramente instrumentales para el resultado de la elección.

Pues bien, el Consejo Distrital no debe ordenar de oficio un nuevo escrutinio y cómputo con base solamente en errores o inconsistencias derivadas de la comparación entre rubros auxiliares o entre éstos y uno solo de los rubros fundamentales, pues en este caso, tal como lo refiere el artículo 295, párrafo 1, inciso d), fracción I, del Código, es necesario que exista petición de parte, caso en el cual, el Consejo Distrital debe ponderar si las diferencias pueden aclararse o corregirse con los demás elementos de las actas, así como la magnitud de la diferencia numérica y valorar en cada caso si es necesario o no el nuevo escrutinio y cómputo, tomando en cuenta que solamente se trata de rubros auxiliares.

En efecto, si el órgano electoral encuentra alguna incongruencia entre los rubros auxiliares contenidos en el acta, en principio debe tener en cuenta que están a su alcance, de manera inmediata, ciertos documentos que se encuentran en el expediente de la casilla electoral, además del acta de escrutinio y cómputo en casilla, tales como el acta de jornada electoral y la lista nominal de electores.

Tales documentos constituyen una fuente de información, en la que los consejos distritales pueden apoyarse para determinar, si la falta de concordancia encontrada en el acta de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla puede ser aclarada o corregida.

El examen de dichos documentos puede conducir a:

a)    Que con la aclaración o corrección de algún rubro resulten congruentes todos los datos, o,

b)    Que la falta de concordancia subsista después de la verificación.

En la segunda de las posibilidades señaladas, si se constata la existencia de un error o inconsistencia evidente solamente en datos de rubros fundamentales, ello llevará a hacer un nuevo escrutinio y cómputo, para preservar la certeza de dicho acto.

En cambio, si la discrepancia es solamente entre rubros auxiliares, pero coinciden los fundamentales, no será necesario desahogar esa diligencia.

B. Los casos en que procede el nuevo escrutinio y cómputo de forma oficiosa y a petición de parte, en el Consejo Distrital y en sede judicial.

Como se señaló, el artículo 295, párrafo 1, inciso d), fracción I, del Código, establece:

[…]

El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya solicitado;

[…]

En este apartado, la cuestión consiste en desentrañar el alcance de la frase que alude a la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo realizado ante Consejo Distrital.

Una vez establecido que procede el nuevo escrutinio y cómputo oficioso en sede administrativa, siempre que el error o las inconsistencias se presenten en rubros fundamentales que no sean subsanables con los demás elementos de las actas, es preciso señalar que, la petición de parte para esa diligencia a que se refiere el numeral en estudio, solamente es necesaria cuando los representantes partidistas o de coalición lo piden con apoyo en discordancias numéricas presentadas entre datos auxiliares o entre éstos y alguno de los datos fundamentales.

Así, el Consejo Distrital debe realizar un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas cuando lo solicite algún representante de partido o de coalición, cuya solicitud se apoye en errores o inconsistencias relativas a boletas, pues en este caso, es menester que aporte elementos adicionales y suficientes para demostrar que existe alguna anormalidad que empañe el principio de certeza y que no es susceptible de evidenciarse con la sola consulta del acta de escrutinio y cómputo de la casilla respectiva.

Lo anterior significa que, en atención al principio de certeza, la única oportunidad que tienen los partidos y coaliciones de hacer valer discrepancias entre rubros auxiliares, es en sede administrativa, pues es ahí donde tienen a su disposición todos los documentos que son fuente originaria de información, con base en lo cual se justifica depurar cualquier diferencia entre los datos meramente accesorios o auxiliares.

Incluso, en caso de que en el juicio de inconformidad se alegue que se solicitó el nuevo escrutinio y cómputo ante la autoridad administrativa, por la sola discrepancia entre rubros auxiliares o de éstos frente a uno de los fundamentales y dicha autoridad no se pronunció o se negó a realizarla, el órgano jurisdiccional no estará en aptitud de realizar el nuevo escrutinio y cómputo, pues para ello, como ya se dijo, debe demostrarse el error o inconsistencia en los rubros fundamentales.

En esas condiciones, el nuevo escrutinio y cómputo solicitado en sede judicial, solamente procederá en caso de que en agravio específico de cada una de las casillas que se pretenden recontar, se demuestre que existen discrepancias entre datos fundamentales, esto es, de aquellos que reflejan votación y que no sean susceptibles de aclararse o corregirse con los demás elementos de las actas.

En suma, los Consejos Distritales estarán constreñidos a realizar de oficio un nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, cuando los errores o inconsistencias atribuidos se reflejen en votos, es decir, en las cifras relativas a los rubros de total de personas que votaron, que es la suma de los incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral[1], los representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores en tránsito en casillas especiales; boletas sacadas de la urna (votos), y los resultados de la votación, siempre y cuando no sean susceptibles de aclararse o corregirse con los demás elementos de las actas.

Automáticamente, en esos supuestos, los Consejos Distritales tienen obligación de revisarlos y advertirlos de oficio, en su caso, cuando se actualice; de no hacerlo, los partidos políticos podrán solicitar el incidente de nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, al promover el eventual juicio de inconformidad que hagan valer contra dicha actuación, aun en el caso de que no lo hubieran pedido o invocado en la sesión de cómputo ante el Consejo Distrital.

Lo anterior tiene sustento en que el objeto primordial del cómputo distrital es hacer la suma de los votos que correspondan a cada partido político o coalición en todas las casillas instaladas en el distrito, y precisamente, en el acta de cómputo distrital de cada elección.

La falta de concordancia entre los rubros fundamentales en las actas de escrutinio y cómputo de casilla afectaría dicha tarea primordial, pues ya no se tendría certeza de cuál de los datos es el correcto, de suerte que amerita que el propio Consejo Distrital verifique esa situación con el nuevo escrutinio y cómputo de la votación.

En efecto, debido a la reforma constitucional de dos mil siete y legal de dos mil ocho en materia electoral, se instituyó la posibilidad de llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en mesa directiva de casilla, no sólo en sede administrativa sino ahora también en sede jurisdiccional, con la intención de reforzar el principio de certeza.

En relación con lo sostenido, no está de más referir que esta Sala Superior ha sostenido consistentemente el criterio de que para la nulidad de la votación recibida en casilla se requiere, bajo ciertas modalidades, que alguno de los tres rubros fundamentales sean discordante con otros de ellos y que ello sea determinante para el resultado final de la votación recibida en la casilla.

Similar razón subyace en cuanto a la posibilidad del nuevo escrutinio y cómputo, en tanto que el principio de certeza en el nuevo escrutinio y cómputo es de carácter depurador respecto de votación y solamente en caso excepcional de discordancia numérica insuperable se justifica la anulación.

En efecto, en diversas sentencias, este órgano jurisdiccional ha sostenido que para el análisis de los elementos de la citada causal de nulidad, se deben comparar tres rubros fundamentales: a) total de personas que votaron; b) boletas extraídas de la urna (votos), y c) votación emitida y depositada en la urna[2]; asimismo, ha establecido que las boletas sobrantes sólo constituyen un elemento auxiliar que en determinados casos deberá ser tomado en cuenta.

El anterior criterio se plasmó en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 8/97, de rubro: ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.[3]

Con base en todo lo anterior, se concluye que en sede judicial, el nuevo escrutinio y cómputo por errores o inconsistencias en los elementos de las actas, solamente procede a petición específica de parte y en relación con rubros fundamentales referidos a votos recibidos en la casilla, siempre y cuando no sean susceptibles de aclararse o corregirse con los demás elementos de las actas.

Al respecto, en la parte que interesa, el artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales o locales de que conozcan las Salas del Tribunal Electoral, solamente procederá cuando el nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente, en los términos de lo dispuesto por el artículo 295, párrafo 2 y demás correlativos del Capítulo Tercero del Título Cuarto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para tal efecto, dicha disposición prevé que las Salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o aclaradas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos por las propias Salas sin necesidad de recontar los votos, lo que corrobora la interpretación ya mencionada, en el sentido de que existen básicamente dos tipos de datos en las actas, unos referidos a votos y otros referidos a datos auxiliares.

Todo lo anterior permite concluir que procederá el incidente de nuevo escrutinio y cómputo solicitado a esta Sala Superior, cuando se den los siguientes supuestos:

1. Se demuestre que se detectaron alteraciones evidentes en el acta que obraba en poder del Presidente del Consejo Distrital o en la que obraba en el expediente de casilla que generan duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla y el Consejo Distrital se negó a realizar el nuevo escrutinio y  cómputo.

2. Se demuestre en juicio que no existía el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obraba en poder del Presidente del Consejo Distrital (artículo 295, apartado 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

3. En el juicio de inconformidad se demuestre que, a pesar de existir errores o inconsistencias entre rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, el Consejo Distrital no realizó de oficio el nuevo escrutinio y cómputo.

En este caso es necesario que el Tribunal constate que existen diferencias insuperables en rubros fundamentales o datos en blanco, sin posibilidad de aclararlos o corregirlos con otros elementos de las actas.

4. Se demuestre que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar (artículo 295, párrafo 1, inciso d), fracción II del Código) y a pesar de ello el Consejo Distrital no realizó la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo.

5. Cuando se demuestre en juicio que todos los votos en una casilla se emitieron a favor de un mismo partido (artículo 295, párrafo 1, inciso d), fracción III del Código) y a pesar de ello no se realizó el nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa.

Por el contrario, no procederá la pretensión incidental de nuevo escrutinio y cómputo de las casillas, en los siguientes supuestos:

1. Cuando el Consejo Distrital ya  hubiere realizado el nuevo escrutinio y cómputo, observando las formalidades de ley.

2. Cuando el error o inconsistencia que se hace valer en el incidente se refiera a datos auxiliares comparados entre sí, o la comparación de rubros auxiliares relativos a boletas frente a uno de los rubros fundamentales referidos a votos.

3. Cuando se solicite el nuevo escrutinio y cómputo de casillas en cuyas actas coinciden plenamente los rubros fundamentales referidos a votos.

4. Cuando existan errores, inconsistencias o datos en blanco en rubros fundamentales referidos a votos, pero se pueden corregir o aclarar a partir de los demás elementos de las actas.

Con base en estas reglas derivadas de la interpretación de la legislación aplicable, se hará el estudio de la pretensión incidental de los promoventes.

QUINTO. Estudio de la cuestión incidental. Por razón de método, el estudio de las causas de solicitud de nuevo escrutinio y cómputo de la votación se harán en orden diferente al planteado por los promoventes.

Para el análisis de la presente cuestión incidental esta Sala Superior tiene a la vista para proveer lo relativo a la pretensión del nuevo escrutinio y computo la siguiente documentación:

1.     ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL RECUENTO PARCIAL DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL 22 DISTRITO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, de cada uno de los cuatro grupos de trabajo que se crearon para llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo parcial de la aludida elección.

2.     ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL REGISTRO DE VOTOS RESERVADOS DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA SU DEFINICIÓN E INTEGRACIÓN A LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES DEL DISTRITO ELECTORAL UNINOMINAL 22 DEL ESTADO DE MÉXICO.

3.     ACTAS DE JORNADA ELECTORAL correspondientes a las casillas sobre las cuales la parte actora solicita nuevo escrutinio y cómputo de la votación.

4.     ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN, correspondientes a las casillas sobre las cuales la parte actora solicita nuevo escrutinio y cómputo de la votación.

Las anteriores documentales obran agregadas al expediente electoral, correspondiente al 22 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mismo que se encuentra en el archivo jurisdiccional de esta Sala Superior, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafos 1, inciso a) y 4; relacionado con el diverso numeral 16, párrafos 1 y 2, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Apartado I. Previo al estudio de las causas de nuevo escrutinio y cómputo, hechas valer por los partidos políticos actores, integrantes de la coalición “Movimiento Progresista”, esta Sala Superior analizará lo relativo a las casillas que a continuación se enlistan, con independencia de la causa específica que se hace valer.

Al respecto, a juicio de esta Sala Superior, las causas por las que los partidos políticos actores solicitan la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la votación en las mismas resultan inatendibles, como se precisa a continuación.

La pretensión final de los partidos políticos actores, por lo que hace al presente incidente, consiste en que esta Sala Superior lleve a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de la votación de las mesas directivas de casilla citadas, aduciendo que la autoridad responsable, el Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, correspondiente al 22 distrito electoral federal, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, no llevó a cabo el recuento de la votación obtenida en los centros de votación antes precisados.

Sin embargo, de la revisión de las constancias de autos concretamente del ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL RECUENTO PARCIAL DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL 22 DISTRITO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, de cada uno de los grupos de trabajo que se crearon para llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo parcial de la aludida elección, así como el ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL REGISTRO DE VOTOS RESERVADOS DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA SU DEFINICIÓN E INTEGRACIÓN A LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES DEL DISTRITO ELECTORAL UNINOMINAL DEL 22  DEL ESTADO DE  MÉXICO, se advierte que el 22 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, ya llevó a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de la votación.

A continuación se señalan los grupos de trabajo en los que fueron objeto de recuento las casillas en estudio.

En consecuencia, dado que las casillas precisadas han sido objeto de nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa, es decir, en el Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, correspondiente al 22 Distrito Electoral Federal en el Estado de México, con cabecera en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y como ya se dijo, la pretensión de los enjuiciantes es que se lleve a cabo el “recuento” de esos centros de votación, es evidente que su pretensión resulta inatendible.

Apartado II. Los actores, integrantes de la Coalición multicitada, hacen valer como causa de recuento, en las casillas que se enlistan a continuación, que el número de boletas recibidas es distinto a la suma de boletas extraídas de la urna mas boletas sobrantes.

Como ya se ha señalado, los Consejos Distritales sólo están constreñidos a realizar de oficio un nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, cuando los errores o inconsistencias atribuidos deriven en términos de votos, es decir, en las cifras relativas a los rubros de ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores en tránsito en casillas especiales, boletas sacadas de la urna y los resultados de la votación.

En el mismo sentido, quedó precisado que el nuevo escrutinio y cómputo solicitado en sede judicial, solamente procederá en caso de que en agravio específico de cada una de las casillas que se pretenden recontar, se demuestre de manera eficiente que existen discrepancias entre datos fundamentales, esto es, de aquellos que reflejan votación.

En el caso concreto, la parte actora pretende evidenciar una supuesta inconsistencia a partir de la comparación de dos elementos accesorios (boletas sobrantes y recibidas) y un elemento fundamental boletas extraídas de las urnas.

Como se advierte, la parte actora no plantea un error evidente al comparar o analizar los rubros fundamentales que contiene el acta, sino que este se hace depender de una operación matemática, la cual tiene por objeto evidenciar una supuesta inconsistencia en rubros accesorios, los cuales como ya se dijo no es posible analizarlos en sede jurisdiccional, de ahí lo inatendible de la solicitud formulada por la parte actora.

Apartado III. Como se precisó en el Considerando Cuarto de esta sentencia, a juicio de esta Sala Superior para efecto de proceder a un nuevo escrutinio y cómputo, debe existir discrepancia entre dos o tres de los rubros fundamentales.

En este sentido, resultan infundadas las causas de recuento que hacen valer los partidos políticos señalados en donde manifiesta lo siguiente:

a)    Acta con datos ilegibles, falta de datos relevantes para el cómputo de la casilla y la ausencia del acta de escrutinio y cómputo.

Casillas cuyo argumento está relacionado con acta con datos ilegibles:

Casilla con falta de datos relevantes en el acta:

Casilla con la ausencia del acta de escrutinio y cómputo.

Al respecto, resultan  infundadas las causas de recuento que hacen valer los  partidos políticos actores, en razón de que las actas son legibles y los contienen datos relevantes que distinguen los tres rubros fundamentales así como los nombres de los representantes de los partidos políticos, así como se advierte la existencia  del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 2828 C1.

Es decir, contrariamente a lo afirmado por la parte actora, en relación con las casillas que se señalan, las actas de escrutinio y cómputo presentan los datos completos, y los mismos resultan legibles a simple vista, además de que respecto a la casilla 2828 C1 se advierte la existencia del acta de escrutinio y cómputo, tan es así que dicha constancia obra en autos.

Apartado IV. Los actores, integrantes  de la Coalición multicitada, hacen valer como causa de recuento, en las casillas que se enlistas a continuación:

a)    El número de boletas extraídas de la urna es distinto al total de ciudadanos que votaron

b)    El número de boletas extraídas de la urna es distinto al total de votos.

Son infundadas la causas de recuento hechas valer por la parte actora, porque en contra de lo que alega, del análisis de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se mencionan, no se advierte la existencia de ningún tipo de inconsistencia en rubros fundamentales.

A efecto de evidenciar lo anterior, a continuación se inserta una tabla, que contiene los siguientes datos: a) Número de casilla y tipo, b) Suma de los rubros 3 y 4 del acta -total de personas que votaron- c) Boletas de Presidente sacadas de las urnas c) Resultados de la votación de presidente “Total”, y d) La diferencia entre alguna de los tres rubros anteriores.

a)    El número de boletas extraídas de la urna es distinto al total de ciudadanos que votaron.