JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SUP-JIN-148/2024

PARTE ACTORA: Partido de la Revolución democrática

AUTORIDAD RESPONSABLE: 03 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

MAGISTRADA ENCARGADA DEL ENGROSE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIADO: CAMELIA GASPAR MARTÍNEZ, LUCÍA RAFAELA MUERZA SIERRA Y JUAN ANTONIO GARZA GARCÍA

Ciudad de México, ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

Sentencia que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver el juicio de inconformidad identificado con la clave SUP-JIN-148/2024, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra del 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral,[1] en el estado de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez[2] para impugnar los resultados del cómputo relativo a la elección de titular a la Presidencia de la República respecto al proceso electoral federal 2023-2024.

ANTECEDENTES

I. Jornada electoral. El dos de junio de dos mil veinticuatro,[3] se llevó a cabo la jornada electoral federal, a fin de renovar diversos cargos de elección popular, entre ellos, a la Presidencia de la República.

II. Cómputo distrital. El seis de junio, el Consejo Distrital concluyó el cómputo distrital[4] de la señalada elección que arrojó los siguientes resultados:

III. Juicio de inconformidad. Inconforme con los resultados del cómputo distrital, el Partido de la Revolución Democrática[5] promovió juicio de inconformidad.

IV. Turno a ponencia. Recibida la demanda y constancias correspondientes, la Presidencia de esta Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-JIN-148/2024 y ordenó turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis.

V. Admisión y cierre. En su oportunidad, la Magistrada instructora admitió a trámite la demanda y declaró cerrada la instrucción, dejando el expediente en estado de dictar sentencia.

VI. Rechazo del proyecto y turno para engrose. El pleno de la Sala Superior rechazó, por mayoría de cuatro votos las consideraciones que sustentaron el proyecto propuesto por la magistrada ponente y se le encomendó la elaboración del engrose a la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Esta Sala Superior tiene competencia exclusiva para resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un juicio de inconformidad que se promueve contra resultados de un cómputo distrital de la elección del titular a la Presidencia de la República, con fundamento en los artículos 99, párrafo cuarto, fracciones II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[6]; 164, 166 fracción II, y 169, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[7]; así como el 50, párrafo 1, inciso a) y 53 párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[8]

SEGUNDO. Tercero interesado

Esta Sala Superior considera que tiene tal carácter el partido Morena,[9] quien compareció por conducto de su representante propietario ante el Consejo Distrital responsable[10] toda vez que cumplió los requisitos legales para ello:

1. Forma. Consta la denominación del partido que pretende se le reconozca como tercero interesado, así como de quien comparece en su representación; el interés jurídico y la pretensión concreta, contraria a la que expone el partido actor.

2. Oportunidad. El escrito se presentó dentro del plazo legal,[11] porque comenzó a transcurrir a las veinte horas con dieciocho minutos del diez de junio, concluyendo a la misma hora del trece siguiente.[12] En consecuencia, si el escrito de comparecencia fue presentado ante el Consejo Distrital a las veinte horas con doce minutos del inmediato doce, se considera oportuno.

3. Interés jurídico y personería. Se reconoce por tratarse de un interés incompatible con el de la parte actora; asimismo, expone argumentos y consideraciones para justificar la legalidad del cómputo distrital impugnado. De igual forma, se reconoce su personería en los términos precisados.

TERCERO. Causales de improcedencia. El tercero interesado hace valer las causales de improcedencia que se analizan en seguida:

a) Impugnación de más de una elección. En relación con el argumento de que el presente juicio debe desecharse por impugnarse más de una elección, se considera que no asiste la razón a MORENA, pues del escrito de demanda se advierte que la pretensión esencial del actor es cuestionar los resultados del acta de cómputo distrital de la elección presidencial.

Además, en la demanda no se exponen hechos y circunstancias que, en forma evidente, lleven a concluir que el actor pretende cuestionar las elecciones de diputaciones y senadurías.

b) Definitividad y firmeza. En cuanto a que se impugna un acto que no es definitivo ni firme, ya que la declaratoria de validez y la entrega de la constancia de mayoría le corresponde a esta Sala Superior, el argumento se estima infundado, ya que lo que el actor impugna no es la calificación de la elección, sino el resultado del cómputo distrital correspondiente, para lo cual no existe un medio de impugnación previo que pueda ser agotado antes de acudir a este órgano jurisdiccional.

c) Extemporaneidad. La citada causal de improcedencia resulta infundada, porque el cómputo distrital de la elección de la Presidencia de la República en el distrito 03 del Consejo Distrital del INE en el estado de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez, culminó el seis de junio, y la demanda del presente juicio se presentó el diez de junio siguiente, es decir, dentro de los cuatro días previstos para tal efecto.

d) Causal genérica. El compareciente señala que el actor pretende impugnar una causal que sólo es aplicable para diputaciones y senadurías, lo que genera su improcedencia. Ello, al invocar como causal, la prevista en el artículo 78, párrafo 1, de la Ley de Medios[13].

La causa es infundada, porque contrario a lo que señala MORENA, el hecho de que el referido precepto establezca que tal causal aplica sólo a diputaciones y senadurías, no implica que una elección presidencial no sea susceptible de pasar por un tamiz jurisdiccional para su análisis constitucional y legal, máxime que los artículos 50, párrafo 1, inciso a), fracción II y 52, párrafo 5, de la Ley adjetiva electoral prevé el supuesto de la causal genérica de nulidad de elección presidencial, por lo cual, la cita del diverso numeral debe interpretarse como un mero error que no afecta la procedencia del presente medio de impugnación.

CUARTO. Requisitos de procedencia

Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a) y 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

A. Requisitos generales.

1. Forma. La demanda precisa la elección impugnada, los hechos, los motivos de controversia y cuenta con firma autógrafa del representante del partido actor.

2. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días, ya que el cómputo distrital concluyó el seis de junio, y la demanda se presentó el diez siguiente, por lo que resulta evidente su oportunidad.[14]

3. Legitimación y personería. La parte actora está legitimada para interponer el medio de impugnación, por tratarse de un partido político nacional que contendió en la elección, cuyos resultados controvierte[15]. Asimismo, se reconoce su personería con base en el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.

4. Definitividad. Se cumple, porque la Ley de Medios no establece algún medio de impugnación que deba agotarse previamente.

B. Requisitos especiales de procedencia.

1. Señalamiento de la elección que se impugna. El partido actor precisa como acto reclamado los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría y Validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección.

Sin embargo, con independencia de la redacción empleada por el partido actor, lo cierto es que, el impugnante dirige únicamente su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de la Presidencia de la República, realizado por el 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, cuestión que corresponde a la materia de controversia del presente asunto, por ello, no se impugna más de una elección; ni supuestos actos que no sean definitivos ni firmes.[16]  

2. Mención individualizada del acta de cómputo distrital. En la demanda de juicio de inconformidad se precisa que la resolución que se impugna son los resultados consignados en el acta de cómputo correspondiente al distrito electoral federal 03 en el estado de Chihuahua.

3. La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas. En la demanda se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en casa caso.

Precisión de la controversia[17]

La parte actora alega que se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, según el artículo 75, párrafo 1, de la Ley de Medios. Por lo anterior, los agravios serán estudiados agrupando las casillas que son materia de controversia conforme a la causal que en cada caso se invoca, en los siguientes términos:

Atendiendo a lo anterior, lo que se debe determinar es si, conforme a las prescripciones constitucionales y legales, debe declararse la nulidad de la votación en las casillas impugnadas. De ser así, la Sala Superior recompondría el cómputo distrital total respectivo, y se pronunciaría sobre la validez de la elección.

Adicionalmente, el promovente señala que la elección se encontró viciada, por la indebida intervención del Gobierno Federal, la votación en todas las mesas directivas de casilla que se instalaron en la jornada electoral del proceso electoral concurrente 2023-2024, cuestión que será atendida en el apartado que corresponda.

QUINTO. Estudio de fondo.

I. Pretensión y planteamientos

La pretensión del partido promovente es que se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, al haberse actualizado algunos de los supuestos previstos en el artículo 75, párrafo 1 de la Ley de Medios.

Así mismo, expone diversas manifestaciones de manera genérica, en torno a que durante la jornada electoral se cometieron en forma generalizada violaciones sustanciales que fueron determinantes para el resultado de la elección, con la cual se pretende la nulidad de la elección de la Presidencia de la República.

II. Precisiones previas al estudio de fondo.

De la lectura del escrito de demanda, esta Sala Superior advierte que la parte actora expone agravios que pueden clasificarse en dos grupos:

a) Los que no están relacionados con la nulidad de votación recibida en casillas; y

b) Los encaminados a que se declare dicha nulidad, y como consecuencia, se modifiquen los resultados consignados en el acta de cómputo distrital controvertida, para la elección de titular a la Presidencia de la República.

En este orden de ideas, por cuestión de método, se procederá al estudio de los agravios que invoca la parte accionante, en orden diverso al que los plantea, sin que ello pueda implicarle algún perjuicio, atento a lo señalado en la Jurisprudencia 4/2000, de título “AGRAVIOS, SU EXÁMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”[18]

III. Elementos comunes para analizar las causales de nulidad de votación recibida en casilla.

El estudio a las causales de nulidad de votación recibida en casillas se hará tomando en consideración que el elemento “determinante” deberá colmarse en cada uno de los supuestos jurídicos previstos en el artículo 75 de la Ley de Medios, tanto en los que se encuentra expresamente señalado (incisos f, g, i, j, k) como en aquellos en que no se menciona, pero está implícito (incisos a, b, c, d, e y h).

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 13/2000 de rubro “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”.

La cual precisa que el señalamiento expreso o implícito del elemento determinante repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante para el resultado de la votación.

En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito significa que - por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de su prueba - existe la presunción iuris tantum de que la irregularidad es “determinante” para el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se actualizará la nulidad.

Para analizar el elemento determinancia, se utilizará cualquiera de los dos criterios siguientes:

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

Lo anterior, sin perder de vista “el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados”, al momento de analizar el elemento determinancia.

Sirven de sustento los criterios contenidos en las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO" y “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

El principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, se caracteriza por los aspectos fundamentales siguientes:

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

Así, dicho principio de conservación de los actos válidamente celebrados, parte de la base de que no cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación o elección.

Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad, para efectos de verificar si se actualiza o no la causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación con el elemento denominado determinante.

El criterio cuantitativo a aritmético se basa en factores numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que, de no presentarse la irregularidad, el partido o coalición que obtuvo el segundo lugar podría alcanzar el mayor número de votos.

El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los principios rectores de la materia, de ahí que si en autos del expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico tutelado en cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el elemento consistente en que la irregularidad sea determinante.

SEXTO. Análisis individual de las causales de nulidad de votación recibida en casilla.

En el presente apartado se procederá al examen de los agravios de la parte accionante, relacionados con su pretensión de lograr la nulidad de la votación recibida en diversas casillas y, derivado de ello, en su caso, modificar el acta de cómputo distrital de la elección de titular a la Presidencia de la República.

Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital. (inciso a, artículo 75 Ley de Medios)

El promovente aduce que la responsable, en franca violación a lo establecido en el artículo 276, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 75, numeral 1, inciso a), de la Ley de Medios, da como válida la votación recibida en Mesas Directivas de Casillas instaladas en un domicilio diferente al autorizado por la autoridad electoral, conforme al siguiente cuadro:

Al respecto, la responsable en su informe circunstanciado señaló que si bien no localizaron las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo relativas a la casilla 2832 Contigua 1, sí se localizó la Hoja de Incidentes correspondiente a la casilla de mérito, en donde, si bien se plasmaron incidentes suscitados durante el desarrollo de la Jornada Electoral, ninguno de ellos corresponde al planteamiento señalado por la parte actora, respecto a la instalación de la casilla en un lugar distinto al señalado por el 03 Consejo Distrital.

Con base en lo anterior, el agravio resulta infundado, ya que no se actualiza la causal de nulidad que pretende hacer valer, toda vez que la documental relativa a la Hoja de Incidentes[19] de la casilla impugnada no refiere que la casilla haya sido instalada en un domicilio distinto al aprobado por el órgano electoral facultado para ello, ya que los únicos incidentes que refieren es uno sucedido a las 7:30 horas relativo a la que “empezó tarde la instalación de la casilla por falta de personal” y otro a las 17:10 referente a que “una persona traía propaganda de Morena, que se le comentó que debía retirarse y que se molestó”, siendo los únicos incidentes registrados.

Así, al no existir elemento alguno aportado por el actor que acredite la causal de nulidad a que se refiere, y al no haberse registrado incidente alguno relacionado con dicha afirmación, debe tenerse por infundada la causal de nulidad invocada.

Recibir la votación personas u órganos distintos a los autorizados (Inciso e del artículo 75 Ley de Medios)

El partido actor reclama que se actualiza la nulidad de la votación recibida en las casillas que a continuación se enlistan por la causal dispuesta en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral. 

Al respecto, refiere lo siguiente:

Respecto de las mencionadas casillas, en la columna del lado derecho de la gráfica que se enlista en la demanda, solamente se insertan las palabras, indistintamente “PRESIDENTE/funcionario de la fila” “PRIMER SECRETARIO/funcionario de la fila”, o bien “SEGUNDO SECRETARIO/funcionario de la fila”, lo anterior, sin que se advierta el nombre de la persona que, se aduce, integró indebidamente la mesa directiva de casilla.

Refiere la parte actora que el domicilio de las personas que ocuparon algún cargo de presidente, de primera o segunda secretaría, no corresponde a la sección en que se encuentra instalada la casilla y, que dichas personas no se encuentran inscritas en el listado nominal.

Marco normativo

Conforme a lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que la votación se recibió por personas u órganos distintos a las facultadas conforme a la normativa electoral vigente.

Al respecto, los párrafos 1 y 2 del artículo 82 de la LGIPE disponen que las mesas directivas de casillas se deben conformar por una presidencia, dos secretarías, tres escrutadoras y tres suplentes generales; además, que para el caso de que concurran elecciones federales y locales en una entidad, adicionalmente contarán con una secretaría y una escrutadora.

Tales personas ciudadanas serán designadas en la fase preparatoria de la elección, mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 254 de la LGIPE; sin embargo, ante el hecho de que algunas de las personas designadas dejen de acudir el día de la jornada electoral, la propia normativa prevé el procedimiento que debe seguirse para sustituir a las ausentes a fin de que la mesa directiva se instale, funcione y reciba el voto del electorado.

En efecto, el artículo 274 de la LGIPE establece una serie de lineamientos a seguir para dar cabida a la sustitución de personas funcionarias que no se presenten el día de la jornada electoral, estableciendo procesos de corrimiento y suplencias con las personas designadas para tal efecto y, en todo caso, si ello fuera insuficiente, se prevé que los nombramientos recaigan en la ciudadanía que se encuentre formada en la casilla para emitir su voto, sin que tal designación pueda recaer en las representaciones partidistas ni en las de las candidaturas independientes.

De esta manera, si de las constancias que obran en el expediente se advierte que no hubo sustitución de personas funcionarias, o bien, que habiéndola se hizo según los parámetros y mecanismos establecidos en el numeral 274 de la LGIPE, la irregularidad alegada será infundada, pues salvo prueba en contrario, no constituye una transgresión grave y determinante para dar pie a la invalidez de la votación recibida en esa casilla.

En cambio, si se demuestra que la mesa directiva de casilla se integró por personas ajenas a la sección electoral respectiva, o bien, que sean representantes de partido, coaliciones, candidaturas independientes o cualquier otra forma de participación política, la irregularidad será grave y determinante, y por tanto suficiente para nulificar los votos que ahí se recibieron.

Lo mismo ocurrirá en el supuesto de que las mesas directivas de casilla no se integren con todo el funcionariado designado, con la salvedad de que, en este caso, se debe atender a las funciones que tiene encomendado el funcionario faltante, así como la plena colaboración de los demás integrantes, con la finalidad de determinar si existió certeza en la recepción del sufragio, en virtud de que resulta equiparable la ausencia de la presidencia de casilla y la de los escrutadores.

Análisis del caso.

Una vez precisado lo anterior, se procederá con el análisis de las casillas respecto de las cuales el partido actor refiere su nulidad al actualizarse la causal e) del aludido artículo 75 de la Ley de Medios.

Del estudio que esta Sala realiza a la demanda, se aprecia que, por lo que se refiere a las ochenta casillas cuestionadas, la parte actora aduce la sustitución indebida de ciento dieciocho  funcionarias y funcionarios con personas de la fila, cuyo domicilio no pertenece a la sección a que pertenecen dichas casillas; es decir, aduce que se permitió recibir la votación por personas no facultadas por ley; sin embargo, no menciona los nombres de las funcionarias y los funcionarios que, a su parecer, ocuparon los cargos de presidencia, primera y segunda secretaría, sin tener autorización en la ley.

Respecto a esto, es importante señalar que si bien la Sala Superior de este Tribunal, en el expediente SUP-REC-893/2018, estimó procedente interrumpir la jurisprudencia 26/2016 cuyo rubro era “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO”, analizando los precedentes que la conformaron, concluyó que se buscaba evitar que a través de argumentos genéricos y sin sustento se permitiera que los promoventes trasladaran a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

De otra forma, los accionantes podrían afirmar que todas las casillas de una elección se integraron por presidencias, secretarías y escrutadores que no pertenecían a la sección electoral, y el tribunal respectivo tendría la obligación de: a) revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos; b) corroborar si esas personas aparecen en los encartes de la sección respectiva y, en su caso, y, c) verificar si se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.

En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

Así, en dicha resolución concluyó como elementos mínimos la identificación de la casilla y el nombre completo de la persona considerada sin facultades para recibir la votación.

Asimismo, en la referida ejecutoria se determinó que, como mínima exigencia para que el órgano jurisdiccional estuviere en aptitud de analizar el planteamiento en vía de agravio, resultaba necesario que se proporcionara: a) la identificación de la casilla y, b) el nombre de la persona que indebidamente asumió alguna función en la mesa directiva de casilla.

Ello, superando el criterio que exigía que también se proporcionara un tercer elemento, consistente en mencionar el cargo indebidamente asumido.

Aunado a que, en el citado fallo se concluyó que “… para efecto de analizar si una persona participó indebidamente como funcionario de casilla, es suficiente contar con el número de la casilla cuestionada y el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente.”

En tal orden de ideas, en la ejecutoria de mérito se determinó que, en las casillas en las que no se señaló el nombre del funcionario cuestionado, se desestimó el estudio del agravio respectivo, debido a que, el hecho de no proporcionar el nombre se consideraba que se estaba en presencia de datos insuficientes para el estudio de la causal.

En el presente caso, según se advierte del escrito de demanda, como se ha señalado, la parte actora no menciona el nombre de ninguna de las ciento dieciocho número de personas que, a su parecer, ocuparon los cargos de presidencia, primera y segunda secretaría, sin tener autorización en la ley, lo que hace inoperante su alegación, pues acorde con los criterios antes señalados, tal requisito es indispensable para el análisis de la irregularidad aducida, relacionada con la debida integración de las casillas cuestionadas.

Esto es, de conformidad con el referido precedente, a efecto de que, este órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar el estudio correspondiente de la causal de nulidad, resulta necesario que se identifique la casilla y el nombre del funcionariado, objeto de cuestionamiento, por lo que resulta insuficiente que sólo se haga referencia en la demanda, a la casilla y al funcionario atinente, pues no es posible realizar su identificación y, por consecuencia, si pertenece o no a la sección de la mesa directiva de casilla en la que presuntamente participó de forma indebida para derivar en una eventual nulidad de la votación recibida en casilla.

Por lo tanto, debido a que, en la especie, no se identificó el nombre del funcionariado cuestionado, entonces no es posible emprender el estudio respectivo, lo que evidencia lo inoperante de los motivos de disenso, en torno a la causal de nulidad materia de análisis.

Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores (Inciso g artículo 75 Ley de Medios),

El partido promovente hace valer la citada causal de nulidad de votación respecto de las casillas 1379-B1, 1890-B1 y 2197-C1, aduciendo que, en cada una de ellas, una persona ejerció su voto sin credencial para votar con fotografía y/o sin aparecer en la lista nominal de electores.

El planteamiento es inoperante, atento a las consideraciones siguientes.

Marco normativo

El artículo 75, apartado 1, inciso g), de la Ley de Medios prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente:

) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta Ley.

En torno a la causal de nulidad, se debe tener presente que, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la LGIPE, para estar en aptitud de ejercer el derecho de voto, además de los requisitos que fija el artículo 34 de la Constitución Federal como lo es haber cumplido dieciocho años y tener un modo honesto de vivir, las ciudadanas y ciudadanos también deben estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar.

Así, la credencial para votar es un documento indispensable para ejercer el derecho al voto; y por lo mismo, las personas deben mostrarla al momento de acudir a la mesa directiva de casilla para que el secretario compruebe que su nombre figura en la lista nominal correspondiente; hecho lo anterior, el presidente puede entregar las boletas de las elecciones correspondientes, tal como lo indica la LGIPE, en los artículos 131, párrafo 2, 278, párrafo 1, y 279, párrafo 1.

Se distinguen los casos de excepción a los cuales remite la hipótesis de nulidad de votación, siendo precisamente las excepciones previstas en la LGIPE, artículos 85, 279, párrafo 5, y 284 y en la Ley de Medios, que comprenden:[20]

a) Los representantes de los partidos políticos, de coaliciones o de candidatos independientes, podrán votar ante la mesa directiva de casilla donde estén acreditados;

b) Los electores en tránsito que emiten su sufragio en las casillas especiales; y

c) Los electores que cuenten con resolución favorable emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que así lo determine.

De la interpretación de las anteriores disposiciones, se puede sostener que se tutela el principio de certeza, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, mismos que deben reflejar fielmente la voluntad de los ciudadanos, la cual podría verse viciada si se permitiera votar a electores que no cuenten con su credencial para votar o que teniéndola, no estén registrados en la lista nominal o que no se encuentren en los casos de excepción que marca la ley.

En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación en estudio, se deben acreditar los siguientes elementos esenciales:

a) Que se demuestre que en la casilla se permitió votar a personas sin derecho a ello; y

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

Para que se acredite el primer supuesto normativo es necesario que esté probado que hubo electores que emitieron su voto sin contar con su credencial para votar con fotografía o sin estar incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no estén comprendidos dentro de los casos de excepción antes referidos.

En lo que respecta al segundo elemento que integra la causal de nulidad de mérito, podrá estudiarse atendiendo al criterio cuantitativo o aritmético, o bien al cualitativo ya precisado en la presente ejecutoria.

De igual forma, para estar en condiciones de pronunciarse respecto de dicha causal, es necesario analizar el material probatorio que obra en autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y causal de nulidad que hace valer la parte actora.

Al respecto, cobra relevancia el siguiente material probatorio:

a) Actas de la jornada electoral;

b) Actas de escrutinio y cómputo en casilla;

c) Hojas de incidentes;

d) Actas circunstanciadas del recuento parcial y

e) Reportes del sistema de información de jornada electoral SIJE.[21]

Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Medios, artículos 14, apartado 4, incisos a) y b), y 16, apartado 2.

Además, podrán analizarse las documentales privadas y demás medios de convicción que aportaron las partes, de naturaleza distinta a las públicas, cuando tengan relación con las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto en la Ley de Medios, artículo 16, apartados 1 y 3.

Análisis del caso

Como fue referido, el PRD aduce que en las casillas 1379-B1, 1890-B1 y 2197-C1, las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla permitieron sufragar a personas sin credencial y/o sin que sus nombres aparecieran en la lista nominal de electores.

Al respecto, el actor refiere que, en las tres casillas “la persona electora ejerció su voto sin credencial para votar y/o sin aparecer en la lista nominal de electores o listas adicionales”

En este sentido, esta Sala Superior estima que dicha irregularidad no puede ser verificada en las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, las hojas de incidentes, así como de los reportes del sistema de información de la jornada electoral SIJE respecto a los incidentes presentados en casilla, ya que de su análisis no se desprende que en las casillas cuestionadas alguna persona efectivamente votó sin tener derecho a ello.

Si bien en la realidad pudo ocurrir tal irregularidad, lo cierto es que al no proporcionar el nombre de las personas que supuestamente emitieron su sufragio sin contar con credencial para votar o sin estar incluidas en las listas nominales de electores de las casillas correspondientes, entonces este órgano jurisdiccional se encuentra en imposibilidad de analizar tal irregularidad, por lo que tal alegación deviene inoperante.

Además, debe señalarse que, en las tres casillas, aun de acreditarse la citada irregularidad, no sería determinante. Tal y como se precisó, la normativa electoral exige que, para que una irregularidad sea determinante, los votos emitidos de forma irregular deben ser de una cantidad mayor o igual a la diferencia entre el primer y segundo lugar de votación recibida en casilla.

Esto no ocurre en las casillas impugnadas, tal y como se refleja a continuación:

De conformidad con los resultados asentados en el cuadro anterior, se advierte que, en todas y cada una de las casillas, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue superior al número de votos supuestamente irregulares. De ahí que, deviene inoperante el agravio en cuestión y, en consecuencia, debe confirmarse la validez de la votación respectiva.

Agravios relacionados con violaciones sustanciales.

En su demanda, el PRD solicita que se declare la nulidad de la votación recibida en todas las casillas que se instalaron durante la jornada electoral celebrada el dos de junio de esta anualidad para la elección de presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, al estimar que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 78, párrafo 1, de la Ley de Medios.

Para sustentar su pretensión, aduce, en esencia, lo siguiente:

a)    Que en el Distrito Electoral Federal cuyo cómputo se cuestiona se actualizó la causa de nulidad de referencia, dado que, durante la jornada electiva, se cometieron en forma generalizada, violaciones sustanciales, las que fueron determinantes para el resultado de la elección.

b)    Que la votación recibida en todas las mesas directivas de casilla instaladas el dos de junio, se encontró viciada desde antes del proceso electivo y durante el desarrollo del mismo, por la indebida intervención del Gobierno Federal dirigida a beneficiar la candidatura a la presidencia de la República postulada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en contravención a los principios de certeza, equidad, objetividad, imparcialidad y neutralidad, transgrediendo el derecho de la ciudadanía a emitir su sufragio universal, libre, secreto y directo.

Al efecto, el actor refiere diversas determinaciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, así como sentencias de este órgano jurisdiccional en las que se determinó que el Ejecutivo Federal y otras personas del servicio público transgredieron diversas normas en materia de comunicación gubernamental, lo que estima, generó un beneficio ilegal a la candidatura ganadora y los partidos políticos que la postularon.

Como se advierte, la parte actora aduce, esencialmente, que previo al inicio del proceso electivo, así como durante la preparación del proceso electoral y el desarrollo de las campañas, existieron irregularidades graves que afectaron la equidad de la elección, particularmente por la supuesta intervención de diversas personas servidoras públicas del gobierno federal dirigida a favorecer la candidatura ganadora.

Los agravios son inoperantes, toda vez que no se encuentran dirigidos a controvertir el cómputo distrital impugnado, ni se exponen razones o motivos tendentes a evidenciar la comisión de irregularidades acontecidas en el Distrito Electoral que no fueron reparables durante la jornada electoral y que hayan afectado la certeza de la votación recibida en las casillas instaladas en el Distrito Electoral cuyo cómputo se impugna.

En efecto, como se advierte de la síntesis de agravios previamente expuesta, los planteamientos de la parte actora están relacionados con la causa de nulidad de la elección presidencial de los Estados Unidos Mexicanos, prevista en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y no con la materia del juicio de inconformidad que se resuelve, en el que se analiza la legalidad de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital emitida por la responsable.

Lo anterior, de conformidad con lo que se explica a continuación.

Marco normativo

En términos de lo dispuesto en los artículos 41 y 99 de la CPEUM, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases establecidas en esa norma constitucional, en tanto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Constitución.

En el señalado artículo 99 constitucional, se dispone que la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de la persona titular de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones planteadas y formulará la declaración de validez de la elección y la de Presidencia Electa.

De tal manera que a esta Sala Superior corresponde realizar:

         cómputo final de la elección presidencial, con base en las actas de escrutinio y cómputo distrital relativas a esta elección, así como en las sentencias recaídas en los juicios de inconformidad que, en su caso, se hubiesen promovido en contra de los cómputos mencionados.

         La declaración de validez de la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, si se cumplen las formalidades del proceso electoral.

         La declaración de Presidenta o Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, previo análisis de si la candidatura que obtuvo el mayor número de votos reúne los requisitos de elegibilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Constitución Federal.

Ello, a partir de los resultados obtenidos en cada uno de los trescientos distritos electorales uninominales, o en su caso, de lo resuelto en los juicios que inconformidad que se hubieren promovido precisamente para cuestionar dichos cómputos, conforme a lo previsto en los artículos 225, párrafos 5 y 6, así como 317, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGIPE.

Atento a lo señalado, resulta evidente que esta Sala Superior es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación al que se le asignó la encomienda constitucional de resolver las impugnaciones, realizar el cómputo y, en su caso, declarar la validez de la elección de presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la verificación del cumplimiento de los principios constitucionales en materia electoral a fin de dotar de certeza jurídica a todos los participantes en el procedimiento electoral.

Resulta pertinente mencionar que, con la finalidad de que se cumpla con esa función, y garantizar la congruencia del orden jurídico en razón con el momento y acto del proceso electoral que se considere que incumplió con los principios constitucionales de las elecciones, el legislador federal dispuso en la Ley de Medios que el juicio de inconformidad es el mecanismo jurídico para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales atinentes a la referida elección a la presidencia de la República.

En ese sentido, en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), de la señalada ley adjetiva electoral, se prevé que, mediante el juicio de inconformidad, son impugnables en la elección de titular a la presidencia de la República, los actos siguientes:

I.            Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en casillas, o por error aritmético; y

II.            Por nulidad de toda la elección.

En consonancia, en los artículos 9, párrafo 1, de la Ley de Medios, en relación con lo señalado en el artículo 317, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGIPE, los juicios de inconformidad promovidos en contra de los cómputos distritales de la elección de presidencia de los Estados Unidos Mexicanos deben presentarse ante el Consejo Distrital respectivo.

Cabe precisar que el medio de impugnación deberá presentarse dentro de los cuatro días siguientes a que concluya la práctica del cómputo distrital correspondiente, como se establece en el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 52, párrafo 5, de la Ley procesal electoral mencionada, cuando se impugne toda la elección de presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de inconformidad deberá presentarse ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en tanto que debe presentarse dentro de los cuatro días siguientes a que el Secretario Ejecutivo informe al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del resultado de las sumas de las actas de cómputo distrital de dicha elección, por (coalición) partido y candidatura, conforme a lo previsto en el párrafo 2 del referido artículo 55, del ordenamiento jurídico de referencia.

Conforme a las reglas mencionadas, se tiene que los juicios de inconformidad que se promuevan en contra de los cómputos distritales, deben dirigirse a evidenciar la existencia de hechos irregulares acontecidos en el Distrito correspondiente, que hayan incidido en la votación distrital y que no fueran reparables durante la jornada comicial o que hayan incidido en los resultados obtenidos en el cómputo correspondiente, precisamente porque se trata de un medio de impugnación previsto para analizar las presuntas irregularidades acontecidas en las casillas instaladas el día de la jornada electiva de la demarcación respectiva o durante el cómputo correspondiente.

Es de hacer énfasis en que, a través del juicio de inconformidad[22] mediante el que se impugne toda la elección presidencial es posible analizar las irregularidades que se planteen para cuestionar la validez de toda la elección, en el entendido que estas deberán estar dirigidas a evidenciar que se afectó la certeza de la votación y que resultaron determinantes para el resultado de la elección, pero no aquellas vinculadas con la pretensión de lograr la nulidad de la votación recibida en casillas o la corrección de algún error aritmético detectado en un cómputo distrital, ya que estos casos deben plantearse en el juicio de inconformidad en el que se cuestionen los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de que se trate.

Por tanto, acorde con el marco jurídico antes analizado, en el juicio de inconformidad mediante el que se impugnan los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, únicamente procede examinar las irregularidades vinculadas con la solicitud de nulidad de votación recibida en las casillas que de manera específica se identifiquen, o bien por error aritmético; quedando en consecuencia, vedada cualquier posibilidad jurídica de estudiar actos que se invoquen y que no guarden relación directa con los supuestos mencionados.

Tal situación no implica denegación de justicia, pues como ya ha quedado expuesto, es mediante el juicio de inconformidad dirigido a controvertir la elección de titular a la presidencia de la República, en el que las partes inconformes tienen la posibilidad jurídica de alegar cualquier tipo de irregularidades que no guarden relación con la nulidad de la votación recibida en casillas o el error aritmético.

Análisis del caso.

Conforme con la síntesis de agravios expuesta de manera previa, se evidencia que los planteamientos del partido político actor consisten, en esencia en que:

         Solicita la nulidad de la votación recibida en todas las casillas instaladas para la elección a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo previsto en el artículo el artículo 78, numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, al estimar que acontecieron diversas violaciones sustanciales que afectaron la jornada electoral.

         Diversas personas servidoras públicas del Gobierno Federal intervinieron antes, y durante el proceso electoral, afectando los principios constitucionales de neutralidad, imparcialidad, certeza y objetividad.

         La intervención se dirigió a favorecer a la candidatura postulada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México a la presidencia de la República.

         Las irregularidades se acreditaron plenamente a partir de lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral y esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversos fallos.

Ahora bien, como se adelantó, los agravios son inoperantes en razón de que, los planteamientos expuestos no satisfacen los supuestos que pueden ser materia de un juicio de inconformidad promovido en contra de un cómputo distrital de la elección a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos porque:

         En el escrito de demanda se señala como acto impugnado el Cómputo Distrital, por lo que las irregularidades debían corresponder a los hechos y conductas acontecidas en la demarcación del Distrito o, en su defecto, que hayan incidido en el electorado respectivo, y no a hechos acontecidos en diverso lugar y dirigidos a evidenciar una supuesta afectación generalizada que incidió en la totalidad de la elección de la elección de la presidencia de la República.

         En ese sentido, no se plantea la presunta comisión de irregularidades acontecidas en el Distrito que hayan incidido particularmente, en la votación recibida en las casillas del propio distrito o en el cómputo respectivo.

         No se exponen argumentos concretos ni se aportaron pruebas para evidenciar que los supuestos hechos descritos influyeron en los electores del Distrito cuyo cómputo se cuestiona, sino que únicamente expone que la supuesta intervención de personas servidoras públicas federales afectó la certeza de la votación.

Así, dado que los planteamientos no se dirigen a evidenciar la existencia de irregularidades acontecidas en el distrito respectivo o la manera concreta en que incidieran en el cómputo correspondiente, sino que tienen por finalidad demostrar la supuesta existencia de irregularidades acontecidas antes del inicio del proceso electoral y durante la etapa de preparación de la elección, afirmando que incidieron en el resultado de toda la elección, resulta evidente que no podrían ser objeto de estudio en un medio de impugnación como el que se resuelve.

Lo anterior, porque la pretendida nulidad de elección de presidencia de la República es una cuestión que debe plantearse en el juicio de inconformidad que se presente para impugnar toda la elección presidencial, y no en el juicio mediante el que se controvierten los resultados consignados en las actas de cómputo distrital en los términos descritos a lo largo del presente apartado, de ahí lo inoperante del agravio.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que ante esta Sala Superior se presentaron diversos juicios de inconformidad a través de los cuales se controvierte en su totalidad la elección presidencial y, en cuyos escritos impugnativos se hacen valer los planteamientos referidos con antelación.

De ahí que, el hecho de que en el presente juicio no se analicen dichos temas no podría generarse una denegación de justicia en perjuicio del partido actor, pues tales planteamientos serán motivo de análisis en los expedientes por los que se pretende la nulidad de la elección de la presidencia de la República.

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia

Al resultar infundados e inoperantes los agravios de la parte actora respecto de las casillas impugnadas, lo procedente es confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el cómputo relativo a la elección para la Presidencia de la República, realizado por el 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el estado de Chihuahua.

Al haber quedado resuelto el juicio de inconformidad al rubro identificado, remítase copia certificada de esta sentencia al expediente que se tramita para efectuar el cómputo final y, en su caso, la declaración de validez y de presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos.[23]

Por lo antes expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO. Se confirman los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al distrito electoral federal 03 de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez, en términos del considerando último de esta sentencia.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, integrante de la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral.

Lo anterior de conformidad con lo acordado por el Pleno de este órgano jurisdiccional en sesión privada de dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ser la magistrada regional con mayor antigüedad en ese cargo y mayor antigüedad en el Poder Judicial de la Federación.

Con el voto particular parcial de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis y del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR PARCIAL[24] QUE FORMULA LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD SUP-JIN-148/2024.

Formulo el presente voto parcial en contra para explicar las razones por las cuales no comparto el estudio realizado por mis pares en cuanto a la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso e) de la Ley de Medios.

Contexto del asunto

El PRD promovió juicio de inconformidad contra los resultados del cómputo distrital relativo a la elección para la Presidencia de la República realizado por el 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez, en el que se hizo valer, entre otras cuestiones, la causal de nulidad de votación recibida en casilla, por haberse recibido por personas distintas a las previstas legalmente.

El asunto fue turnado a la ponencia a mi cargo por lo que propuse al pleno realizar el estudio de fondo correspondiente, esto es, analizar si en el caso se actualizaba la causal de nulidad en cita.

Sentencia de la Sala Superior

En la sentencia, mis pares determinaron calificar como inoperantes los agravios, al considerar que el partido actor no aportó los elementos necesarios para su análisis, tales como el nombre de la persona que supuestamente integró indebidamente la mesa directiva de casilla.

Consideraciones del voto parcial en contra

No comparto que el estudio a la causal de nulidad planteada por el PRD se le haya dado tratamiento de inoperancia, porque esta Sala Superior es primera y única instancia del medio de impugnación y, por tanto, existe suplencia de la queja deficiente.

A partir de ello, desde mi punto de vista, al existir elementos de identificación mínimos como la casilla y el cargo del funcionariado que indebidamente integró la casilla impugnada, así como las constancias de autos y que el partido tomó como base las incidencias reportadas en el Sistema de Información de la Jornada Electoral, en el presente caso, se debió analizarse en sus méritos la irregularidad planteada, mediante el estudio de fondo.

Ello, permitió instruir el asunto y tener los elementos de prueba necesarios para hacer el estudio respectivo, por lo que, como lo propuse al pleno, el estudio debió ser conforme a lo siguiente:

Recepción de votación por personas u órganos distintos a los facultados

El partido actor reclama que se actualiza la nulidad de la votación recibida en las casillas que a continuación se enlistan por la causal dispuesta en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral. 

Al respecto, refiere lo siguiente:

El agravio es  fundado por lo que hace a las casillas 1444 Básica 1, 1493 Básica 1, 1502 Básica 1 y 1999 Básica 1, toda vez que, en cada caso, participaron personas como funcionarias sin que de la Lista Nominal de Electores se advierta que corresponden a las secciones respectivas e  infundado respecto de las restantes casillas atendiendo a que los elementos que existen en el expediente resultan insuficientes para acreditar lo extremos exigidos por la legislación para actualizar la causal de nulidad que se invoca, lo anterior, con base en lo siguiente.

El artículo 81, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral dispone que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales y que, como autoridad electoral, tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del voto, garantizar el secreto del mismo y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

De acuerdo con el artículo 82, párrafo 1, del referido ordenamiento electoral, las mesas directivas de casilla se integrarán con una o un presidente, un secretario/a, dos escrutadores/as, y tres suplentes generales; mientras que el párrafo 2 del mismo artículo establece que en las elecciones concurrentes se instalarán mesas directivas de casilla únicas para ambos tipos de elección, las que se integrarán, además con una o un secretario y un escrutador/a adicionales.

Para el debido funcionamiento de las mesas directivas de casilla, la propia normativa contempla el procedimiento que deberá observarse a efecto de realizar las sustituciones necesarias, en caso de ausencia de algunos de los ciudadanos previamente insaculados por la autoridad comicial, el cual dispone, entre otras posibilidades: 1) La actuación de los funcionarios suplentes; 2) El corrimiento de funciones entre los integrantes previamente insaculados por la autoridad electoral e incluso, y 3) Que integren la mesa ciudadanos que, aun sin haber sido designados por la autoridad electoral, cuente con credencial para votar y se encuentren inscritos en la lista nominal de la sección correspondiente.[25]

Ahora bien, en caso de que existan irregularidades respecto de los ciudadanos que integraron la mesa, la Ley de Medios contempla como una de las causas de nulidad de la votación recibida en la casilla, el que la votación haya sido recibida por personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, siempre que las deficiencias sean graves y determinantes, es decir, resulten de tal magnitud que se genere duda respecto de la observancia a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en la recepción y cómputo de los sufragios.[26]

Así, este tribunal ha sostenido ciertas directrices relativas a las anomalías que pueden presentarse en la integración de los centros de votación, como las siguientes:

-          No son motivos para anular la votación el intercambio de funciones entre los ciudadanos originalmente designados, o que las ausencias de los funcionarios propietarios sean cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley, porque en todo caso los sufragios fueron recibidos por personas designadas por la autoridad electoral.[27]

-          La falta de firma en alguna de las actas de algún funcionario de la mesa no implica necesariamente su ausencia, sino que debe analizarse en su integridad el material probatorio.[28]

-          La participación de ciudadanos no designados por la autoridad electoral no implica que la votación haya sido recibida por personas no autorizadas, siempre que la sustitución haya obedecido a la ausencia de alguno de los ciudadanos originalmente designados,[29] que los ciudadanos sustitutos cuenten con credencial para votar, formen parte del listado nominal correspondiente, y que los sustitutos no hayan fungido como representantes de partidos o candidatos alguno.[30]

Una vez indicado lo anterior se procede al estudio correspondiente considerando que, en el caso, la precisión de la casilla y el cargo del funcionariado cuestionado en la demanda permite dotar a este órgano jurisdiccional de elementos mínimos para el análisis de la controversia, en virtud de que los datos pueden advertirse de la documentación electoral.

Cabe precisar que el estudio se realiza atendiendo el encarte, y obteniendo los datos de cualquiera de los documentos siguientes: 1) Acta de jornada electoral; 2) Acta de escrutinio y cómputo, para verificar el nombre de la persona cuestionada que ocupó el cargo que identifica el Partido de la Revolución Democrática; 3) Hojas de Incidentes, y 4) Listado Nominal.

Asimismo, podría darse el caso de que exista certificación de que no se encontró el acta de la jornada electoral correspondiente, circunstancia que por sí sola no imposibilita el análisis, en tanto que del acta de escrutinio y cómputo y/o hojas de incidentes se desprende los nombres de las personas que integraron la mesa directiva de casilla, presumiéndose que, desde su instalación hasta la clausura y remisión del paquete, no hubo modificación en la composición de la casilla.

2.1 Caso concreto

2.1.1. Casillas en las cuales ninguna persona ejerció el cargo impugnado.

El agravio relativo a que quien actuó como segundo secretario respectivamente en las casillas 1490 Básica 1 y 1498 Básica 1, no pertenece a la lista nominal de electores de la sección es infundado,  porque de las actas de escrutinio y cómputo, así como de sus respectivas actas de jornada electoral, se advierte que aparece en blanco el espacio correspondiente a dicho cargo; sin que el partido actor haya aportado elemento probatorio adicional alguno para acreditar su dicho en el sentido de la impugnación.

Sin que sea obstáculo a lo anterior lo señalado por la responsable en su informe circunstanciado en el que aduce que fungió una persona en el cargo cuestionado, porque el dicho no se encuentra sustentado con prueba alguna, ni tampoco expresa las razones o circunstancias por los cuales le consta que así fue y, como ya se señaló, del análisis realizado por esta Sala Superior a las pruebas antes mencionadas, se advierte que en las casillas en comento ese cargo no fue ejercido por ninguna persona, aunado a que el partido actor no aportó elemento probatorio adicional alguno para acreditar su dicho en el sentido de la impugnación.

Por lo que hace al caso de la casilla 2188 contigua 5 la autoridad responsable certificó que no encontró las actas de jornada, de escrutinio y cómputo, ni hoja de incidentes de la respectiva casilla, por lo que este órgano jurisdiccional está imposibilitado para verificar la existencia de los hechos impugnados, es decir, el nombre del funcionario que ejerció en el cargo señalado en el escrito de demanda, para, a partir de ello, estar en aptitud de analizar si fungió porque fue insaculado para ese cargo, hubo corrimiento de funcionarios, si pertenece a la lista nominal de la sección, o bien, si no se actualiza ninguno de estos supuestos y procede la nulidad de la votación recibida en la casilla.

En este contexto, ante la ausencia de pruebas y, toda vez que el partido actor no presentó alguna prueba adicional para acreditar su dicho, tales como las actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo, hojas de incidentes o algún escrito de protesta con acuse de recibo, que le son dadas al final de la jornada electoral, o alguna otra que pudiera ser idónea, de donde se desprenda que alguna persona distinta a las autorizadas fungió de manera indebida como funcionario de casilla, los agravios resultan inoperantes.

2.1.2. Personas designadas conforme al encarte

Al respecto, de conformidad con la tabla previamente establecida, el agravio del partido actor es infundado, ya que en el caso de las casillas 1510 Básica, 1583 Contigua 5, 1951 Básica, 1985 Básica, 2051 Básica y 2833 Básica, las personas integrantes de la mesa directiva de la casilla que fueron impugnadas se desempeñaron en el cargo para el cual fueron sorteadas y designadas.

En el caso específico de la casilla 2051 Básica, se impugnó también el cargo de segunda secretaria, siendo infundado el planteamiento toda vez que la ciudadana que desempeñó ese cargo se encuentra inscrita en la sección electoral correspondiente, lo cual está contemplado en la ley electoral para cubrir las ausencias que se presenten el día de la jornada electoral.

2.1.3. Corrimientos

De la tabla antes descrita se puede determinar que los agravios son infundados toda vez que al confrontar los datos que aparecen en la actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, con los nombres de los miembros de las mesas directivas de casilla publicados por la autoridad administrativa electoral, se advierte que si bien existieron cambios en su integración, éstos se efectuaron debido a las ausencias que se cubrieron con un corrimiento de las personas designadas para ejercer otros cargos en el encarte respectivo, de tal forma que esas personas sí se encontraban autorizadas para actuar como funcionarios de casilla.

En el caso particular de la casilla 1425 Contigua 4, se impugnó también el cargo de segunda secretaria, siendo infundado el planteamiento toda vez que la ciudadana que desempeñó ese cargo se encuentra inscrita en la sección electoral correspondiente, lo cual está contemplado en la ley electoral para cubrir las ausencias que se presenten el día de la jornada electoral.

2.1.4 Personas que aparecen en el correspondiente Listado Nominal de Electores