JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SUP-JIN-214/2025 Y ACUMULADO

PARTE ACTORA: ALINA DEL CARMEN NETTEL BARRERA Y OTRO[1]

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO[2]

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO[3]

Ciudad de México, a treinta de julio de dos mil veinticinco[4].

S E N T E N C I A

Que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de confirmar, en la materia de impugnación, los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa de dicha elección, emitidos por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro, en el marco de la Elección Extraordinaria a cargos del Poder Judicial de la Federación 2025[5].

I. A N T E C E D E N T E S

De los escritos presentados por las partes actoras y de las constancias de los expedientes, se advierten los hechos siguientes:

1. Jornada electoral. En el contexto de la reforma constitucional en materia del poder judicial y el proceso electoral extraordinario para elegir cargos de diversos tribunales del Poder Judicial de la Federación mediante voto directo de la ciudadanía, el uno de junio, se llevó a cabo la jornada electoral, en el cual, las partes actoras contendieron, respectivamente, por una magistratura de circuito en materia Administrativa y Civil, para el Vigésimo Segundo Circuito Judicial con cabecera en Querétaro.

2. Cómputos de entidad federativa. El doce de junio, el Consejo Local del INE en Querétaro realizó el cómputo de circuito de entidad federativa de la elección de magistraturas de Circuito, arrojando en lo que interesa los resultados siguientes:

3. Juicios de inconformidad. El dieciséis de junio, inconformes con los resultados del cómputo correspondiente a la entidad federativa de la elección en las que participaron, las partes actoras presentaron sendas demandas de juicio de inconformidad ante la responsable, quien, en su oportunidad, remitió los medios de impugnación a esta Sala Superior.

4. Registros y turnos. Recibidas las constancias en este órgano jurisdiccional, la Magistrada Presidenta acordó integrar los expedientes respectivos con los números SUP-JIN-214/2025 y SUP-JIN-215/2025 y turnarlos a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

5. Apertura de incidente de nuevo escrutinio y cómputo. El veintiuno de julio la Magistrada Instructora ordenó la apertura del incidente respectivo, derivado de la solicitud de recuento de la parte actora del juicio SUP-JIN-215/2025, mismo que fue declarado improcedente el veintidós de julio posterior.

6. Radicaciones, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad la Magistrada Instructora radicó los medios de impugnación en su ponencia; los admitió y ordenó el cierre de instrucción al no existir diligencias pendientes por realizar.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, porque se trata de juicios de inconformidad que se promueven contra el resultado de los cómputos de entidad federativa de la elección de magistraturas de circuito, en el marco del actual proceso electoral extraordinario para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, materia sobre la que este órgano jurisdiccional tiene competencia exclusiva.[6]

SEGUNDA. Acumulación. Este órgano jurisdiccional federal determina que procede la acumulación de los juicios de inconformidad que ahora se resuelven, porque de los escritos de demanda se advierte que señalan a la misma autoridad responsable, así como idénticos actos impugnados que guardan relación con la misma elección de magistraturas de circuito, por tanto, existe conexidad en la causa.

En ese orden de ideas, con la finalidad de evitar la emisión de sentencias contradictorias, se acumula el juicio SUP-JIN-215/2025 al diverso SUP-JIN-214/2025, por ser éste el primero que se registró en el índice de esta Sala Superior.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 180, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios; y 79 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

TERCERA. Requisitos generales y especiales. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a) y 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

A. Requisitos generales.

1. Forma. Las demandas se presentaron a través de la plataforma de juicio en línea ante la autoridad señalada como responsable; consta el nombre de las partes actoras, firman de manera personal mediante firma electrónica; se identifica con precisión el acto impugnado y los motivos de reclamo, así como la autoridad responsable; se enuncian los hechos y agravios que dicha determinación les causa, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

2. Legitimación e interés jurídico. Las partes actoras cumplen con los referidos requisitos, en tanto que se trata de dos personas que promueven por su propio derecho y en su calidad de candidatas a una Magistratura en las materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro.

3. Oportunidad. Las demandas mediante las cuales se promueven los juicios de inconformidad se presentaron en tiempo, pues, según se advierte del acta de cómputo de circuito judicial de la elección de magistraturas de circuito, la misma finalizó el doce de junio, por lo cual, el plazo para impugnar transcurrió del trece de junio al dieciséis posterior.

De tal manera que, si ambas demandas se presentaron el último día señalado, es evidente su oportunidad.

4. Definitividad. Al respecto, dicho requisito se tiene por satisfecho, pues en los presentes juicios no es necesario agotar ninguna cadena impugnativa, ya que el juicio de inconformidad procede directamente ante esta Sala Superior para cuestionar los resultados del acta de cómputo de entidad federativa de la elección de personas juzgadoras.

B. Requisitos especiales. Los escritos de demanda mediante los que se promueven los presentes juicio de inconformidad satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la Ley de Medios, como se ve a continuación.

a) Señalamiento de la elección que se impugna. Este requisito se reúne, porque las partes actoras señalan en forma concreta que la elección que impugnan es la de Magistraturas en materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro.

b) Mención individualizada del acta de cómputo. En la demanda de juicio de inconformidad se precisa que la resolución que se impugna son los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa relativos a la elección de Magistraturas de Circuito referida.

c) La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque para cada una de ellas. Este requisito se cumple en este juicio, toda vez que las partes actoras, de manera conjunta, identificaron ochenta y siete (87) casillas, cuya votación controvierten, por considerar que, en ellas, entre otros aspectos, se actualizaron diversas causas de nulidad de votación, previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley del Medios.

CUARTA. Precisiones previas al estudio de fondo. De la lectura de los escritos de demanda, esta Sala Superior advierte que las partes promoventes exponen agravios que pueden clasificarse en dos grupos:

a) Los que están relacionados con la negativa u omisión de llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la votación en sede administrativa; y

b) Los encaminados a obtener la nulidad de la votación recibida en casillas, y como consecuencia, se modifiquen los resultados consignados en el acta de cómputo estatal controvertida, para la elección de magistratura de circuito.

En este orden de ideas, por cuestión de método, se procederá al estudio de los agravios en el orden enlistado, sin que ello pueda implicarle algún perjuicio, atento a lo señalado en la Jurisprudencia 4/2000, de título “AGRAVIOS, SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.[7]

QUINTA. Estudio de fondo.

5.1. Pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa.

Las partes actoras de ambos juicios se quejan de que la autoridad administrativa electoral debió ordenar el nuevo escrutinio y cómputo del total de las casillas, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 311, apartado 1, inciso d) fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[8], para el recuento en sede distrital.

Asimismo, señalan que, dado que, en los artículos de la referida Ley atinentes a la elección de personas juzgadoras del PJF, no se advierte que se prevea un procedimiento para el recuento de votos, se actualiza una omisión legislativa al respecto.

Además, sostienen que no se realizó ninguna adecuación en dicha ley electoral para regular, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, el recuento total o parcial de votos.

Al respecto, estiman que resulta procedente el recuento total de los votos emitidos en la totalidad de las casillas, porque en Querétaro, se anuló una cantidad de votos porcentualmente mayor que en otros Estados; personas observadoras detectaron irregularidades como anotación de números en las boletas; la cantidad de votos nulos fue mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar; la diferencia entre el ganador y el perdedor de la contienda fue menor a un punto porcentual y, existieron inconsistencias entre el cómputo distrital y el cómputo de casillas; de allí que señalen que negar el recuento en sede administrativa atenta contra la certeza de la elección.

Decisión

Esta Sala Superior estima que es no les asiste la razón a las partes actoras porque es improcedente la solicitud de recuento de votos en sede administrativa pretendida.

Lo anterior, porque ni constitucional, ni legalmente, se previó ningún mecanismo o procedimiento para realizar, en sede administrativa, un nuevo cómputo o recuento de votos total o parcialmente, lo que es congruente con la intención del poder constituyente en materia de reforma al PJF.

En efecto, en el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma constitucional de quince de septiembre de dos mil veinticuatro, se dispuso que el INE efectuaría, entre otras actividades, los cómputos de la elección relativa todos los cargos de personas juzgadoras del PJF que fueran sometidos a elección.

Por su parte, los artículos 503, numeral 1, 504, numeral 1, fracciones II y V, 531 y 532 de la LGIPE corrobra dicho mandato constitucional y precisa que será por conducto de los consejos distritales la manera en que se llevará a cabo el cómputo de las boletas o las actas que contengan las votaciones de las elecciones de personas juzgadoras, y concluidos los cómputos de cada elección emitirán a cada candidatura ganadora una constancia de resultados que contendrá los votos obtenidos y una vez computada la totalidad de las elecciones, con el auxilio de los consejos locales, se remitirán al Consejo General para realizar la sumatoria por tipo de elección; disponiéndose que éste emitirá los lineamientos que regulen esta etapa.

En ese sentido, como se puede apreciar, dentro de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, no existe, a parte del cómputo distrital, de entidad federativa y nacional, la posibilidad de realizar un recuento de votos en sede administrativa por alguna razón o causa específica.

Cabe destacar que, contrario a lo alegado por las partes actoras, la reforma constitucional más reciente no estableció que el INE realizara un nuevo escrutinio y cómputo de la elección de los diversos cargos del PJF; pues la LGIPE —reformada el catorce de octubre de dos mil veinticuatro—  incluyó disposiciones sobre la elección de personas juzgadoras del PJF, aunque únicamente prevé los cómputos de los distintos tipos de elección, sin contemplar mecanismos para un recuento de votos ni causales específicas para su realización en sede administrativa, de ahí que sea claro que no se impuso al legislador ordinario el deber de regular la figura.

Adicionalmente, no resulta procedente aplicar supletoriamente la figura del recuento de votos prevista para otras elecciones, ya que la supletoriedad establecida en los transitorios de la reforma constitucional de 2024 sólo opera en tanto se adecuaban las leyes como lo es la LGIPE, y no puede utilizarse para aplicar disposiciones que contradigan los principios específicos de la nueva normativa.

De ahí que, dado que el constituyente permanente únicamente facultó al INE para realizar los cómputos de la elección de cargos del PJF, no es válida una interpretación analógica o extensiva que introduzca figuras no previstas, como el recuento, sin desvirtuar el mandato constitucional expreso

Tal interpretación es congruente con precedentes en los que esta Sala Superior ha desestimado planteamientos en los que se pretendía que se garantizara el derecho a tener representantes en las casillas y consejos distritales para la realización del escrutinio y cómputo[9], así como en los que se buscaba incorporar elementos adicionales en las boletas electorales[10], en donde se privilegió la literalidad de lo establecido en las normas constitucionales y legales aplicables, para negar la incorporación de figuras o elementos ajenos a lo allí previsto expresamente.

En este tenor, al no existir ningún mandato constitucional dirigido al legislador para que regulara la figura del recuento total o parcial, en sede administrativa, es que no podría existir alguna omisión legislativa como lo sugieren las partes actoras[11]

Aunado a ello, el juicio de inconformidad no es el medio adecuado para impugnar una omisión legislativa, ya que, conforme a la Ley de Medios, solo es procedente para controvertir los resultados asentados en las actas de cómputo estatal y examinar irregularidades específicas, como nulidad de votación en casillas identificadas o errores aritméticos. Por tanto, no es jurídicamente viable utilizar este juicio para abordar cuestiones ajenas a esos supuestos, como una presunta omisión legislativa.

Similar criterio se sostuvo al resolver los juicios SUP-JE-240/2025 y acumulado, así como SUP-JIN-234/2025.

De ahí que sus planteamientos resulten infundados.

5.2. Nulidad de votación recibida en casillas.

5.2.1. Elementos comunes para analizar las causales de nulidad de votación recibida en casilla.

El artículo 71, párrafo 1, de la Ley de Medios establece que las nulidades, como en otras elecciones, podrán afectar los resultados del cómputo de las elecciones de personas integrantes del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, el análisis de una elección destinada a la integración del Poder Judicial de la Federación exige a la autoridad jurisdiccional atender con especial cuidado los elementos que configuran la constitucionalidad, legalidad y validez de la votación recibida en las mesas directivas de casilla, debido a que la naturaleza de dichos cargos difiere de aquellos que integran los poderes ejecutivo y legislativo federal.

Entre las particularidades que difieren de una elección concerniente a los restantes Poderes de la Unión, a modo de ejemplo se encuentran: el uso de boletas diferenciadas por cargo judicial, lo que implica un modelo de votación más complejo para la ciudadanía y a su vez una valoración más delicada al momento de verificar la voluntad ciudadana al realizar del conteo de los sufragios, así como el hecho de que el cómputo de votos se realizó directamente en sede de los consejos distritales de la autoridad administrativa electoral, en lugar del escrutinio tradicional llevado a cabo en la propia casilla. Todo lo anterior configura una dinámica operativa singular, que debe considerarse al momento de evaluar la regularidad de la votación.

En este contexto, cualquier irregularidad en la recepción o procesamiento del voto debe valorarse no sólo a la luz de las causales legales de nulidad, sino también en función de las condiciones operativas particulares e inherentes a la naturaleza del presente proceso electoral y del objetivo institucional que persiguen dichos comicios, esto es, garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de legalidad, certeza y claridad, y que la integración de los órganos judiciales se realice con plena legitimidad democrática.

En consecuencia, el análisis de la validez de la votación realizada en casilla debe considerar tanto el cumplimiento de las normas aplicables como la posible afectación al principio de representatividad judicial y la capacidad del diseño procedimental para salvaguardar la voluntad ciudadana, atendiendo siempre a los estándares reforzados de legalidad y escrutinio que impone un proceso electoral de esta índole.

Por consiguiente, el estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casillas se hará tomando en consideración que el elemento “determinante” deberá colmarse en cada uno de los supuestos jurídicos previstos en el artículo 75 de la Ley de Medios, tanto en los que se encuentra expresamente señalado (incisos f, g, i, j y k) como en aquellos en que no se menciona, pero está implícito (incisos a, b, c, d, e y h).

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 13/2000 de rubro “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”, la cual precisa que el señalamiento expreso o implícito del elemento determinante repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante para el resultado de la votación.

En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito significa que - por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de su prueba - existe la presunción iuris tantum de que la irregularidad es “determinante” para el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se actualizará la nulidad.

Para analizar el elemento determinancia, se utilizará cualquiera de los dos criterios siguientes:

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

Lo anterior, sin perder de vista “el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados”, al momento de analizar el elemento determinancia.

Sirven de sustento los criterios contenidos en las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO" y “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

El principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, se caracteriza por los aspectos fundamentales siguientes:

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de las personas electoras que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por órganos electorales, como lo son las mesas directivas de casilla —el cual no es especializado ni profesional —, ni por los Consejos Distritales o Locales; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

Así, dicho principio de conservación de los actos válidamente celebrados, parte de la base de que no cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación o elección.

Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad, a fin de verificar si se actualiza o no la causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación con el elemento denominado determinante.

El criterio cuantitativo o aritmético se basa en factores numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por las candidaturas que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva. También se aplica si hay más de un cargo disponible y la diferencia de votos permita que quien quedó en segundo o tercer lugar alcance una posición. En ambos casos, la irregularidad debe tener un impacto suficiente para que, quien obtuvo menos votos, pueda superar a quien está en el lugar inmediato superior de entre aquellos que hayan alcanzado un cargo.

El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los principios rectores de la materia, de ahí que si en autos del expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico tutelado en cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el elemento consistente en que la irregularidad sea determinante.

5.2.2. Mención individualizada de las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como la causal que se invoca para cada una de ellas.

En el presente apartado se procederá al examen de los agravios de las partes accionantes, relacionados con su pretensión de lograr la nulidad de la votación recibida en diversas casillas y, derivado de ello, en su caso, modificar el acta de cómputo de entidad federativa de la elección de la Magistratura en materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro.

Cabe precisar que si bien las partes actoras no identifican las causales específicas por la que piden la anulación, de sus demandas se advierte lo siguiente.

SUP-JIN-214/2025

En el caso del juicio SUP-JIN-214/2025 se controvierten cuarenta casillas, de las cuales la parte actora pide que se anule su votación por actualizarse las causales de nulidad previstas en el artículo 75, párrafo 1 de la Ley del Medios, que pueden encuadrarse según se muestra:

SUP-JIN-215/2025

Asimismo, la parte promovente del juicio de inconformidad SUP-JIN-215/2025 controvierte ochenta y siete casillas, de las cuales pide que se anule su votación por actualizarse las causales de nulidad previstas en el artículo 75, párrafo 1 de la Ley del Medios, según se muestra:

SEXTA. Análisis de las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Como se vio en el apartado anterior de esta sentencia, las partes actoras alegan, respectivamente, la actualización de diversas causales de nulidad contenidas en el artículo 75, párrafo 1, incisos d), e), g), i), j) y k) de la Ley de Medios, las cuales se analizarán siguiendo ese orden.

6.1. Causal d): Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

La parte actora del juicio de inconformidad SUP-JIN-215/2025 hace valer la siguiente causal de nulidad por las razones que se transcriben.

A juicio de esta Sala Superior el agravio deviene inoperante como se explica a continuación.

a) Marco jurídico

El artículo 75, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios prevé que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se recibió la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

Con ello se pretende tutelar el bien jurídico consistente en la certeza respecto al parámetro temporal en el que tendrán lugar los siguientes actos: el ejercicio del sufragio por parte de las y los electores; la recepción de la votación por parte de las personas funcionarias de casilla; y la vigilancia que, sobre el desarrollo de los comicios, sea ejercida por parte de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes.

En efecto, el artículo 273, párrafo 2, de la LGIPE prevé que el primer domingo de junio del año de la elección, a las siete horas con treinta minutos, las personas que presiden las mesas directivas de casilla, las secretarías y quienes fungen como personas escrutadoras (propietarias) deben presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla.

También dispone que, acto seguido, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.

Por su parte, el artículo 277, párrafo 1, de la LGIPE dispone que una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, la persona que preside la mesa anunciará el inicio de la votación.

Por otra parte, el artículo 208, párrafo 2, de la LGIPE establece que la etapa de la jornada electoral se inicia a las ocho horas del primer domingo de junio, y concluye con la clausura de la casilla que, de acuerdo con el artículo 285, párrafo 1, es a las dieciocho horas.

Luego entonces, de esas disposiciones se tiene que, ordinariamente, la fecha de la elección se da entre las ocho y dieciocho horas del día de la jornada electoral.

Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla se debe considerar actualizada cuando se cumplan los siguientes elementos configurativos:

a) Se impidió el ejercicio del voto activo a ciudadanos que tenían derecho a emitirlo.

b) No hubo causa justificada para ello.

c) Tal irregularidad fue determinante para el resultado de la casilla.

Ahora bien, para que la recepción de votación en fecha diversa a la establecida en la ley sea determinante, se requiere que los votos recibidos en forma irregular sean suficientes para cambiar el resultado de la votación, conforme a la tendencia del voto en cada casilla; ya que el simple retraso en la instalación de la casilla o la recepción de voto con anterioridad o posterioridad a la hora límite, con causa justificada, no necesariamente resulta determinante para una elección.

b) Caso concreto

La parte actora menciona que en la casilla 70 B no se cumplió con el horario establecido para ello, pues el centro de votación cerró a las 17:00 horas y las personas funcionarias de casilla se retiraron.

En el caso de la casilla impugnada no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, toda vez que el actor no señaló en su demanda, de manera específica, los rubros necesarios para el estudio de esta causal de nulidad.

En términos de lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución federal, la Sala Superior de este Tribunal sólo podrá declarar la nulidad de una elección por las causales que, expresamente, se establezcan en las leyes.

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las causales que ahí se mencionan.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, se impone a los promoventes la carga procesal de explicitar en la demanda, de manera clara, los hechos en que se basa la impugnación, los agravios ocasionados con el acto o resolución que se reclame, y los preceptos presuntamente violados.

De igual manera, en el inciso f) del referido artículo se establece que la parte actora debe ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo para la presentación del medio de impugnación; mencionar, en su caso, las que se habrá de aportar dentro de dicho plazo.

Conforme con lo expuesto, un requisito que debe contener la demanda, además de la mención de las casillas que la parte accionante impugna, es la expresión, en forma clara y precisa, de las razones por las cuales se actualiza la causal de nulidad que invoca. En el presente caso, la parte promovente solo aduce o se limita señalar que el centro de votación cerró a las 17:00 horas, sin presentar medio de prueba alguno del que se advierta dicha situación.

Aunado a ello, para plantear la casual de nulidad relativa a que la votación fue recibida fuera de los plazos establecidos en la ley, la parte accionante  además de señalar la hora en que cerró el día de la jornada electoral,  debe establecer los razonamientos o causas que la llevan a afirmar que tales irregularidades son determinantes para el resultado de la elección, para el efecto de que esta Sala  Superior realice el estudio de las mismas y esté en aptitud de determinar si le asistía o no la razón.

En el presente caso, como se dijo, la parte enjuiciante se limita a señalar que el centro de votación cerró a las 17:00 horas, es decir, no desarrolla el agravio correspondiente.

Por otra parte, debió aportar elementos para acreditar la razón por la cual la irregularidad alegada resultaba determinante para el resultado final de la elección, para lo que no resulta suficiente precisar la casilla impugnada, sino que debió identificar y precisar las inconsistencias que pudieran resultar relevantes y determinantes en la elección llevada a cabo en el centro de votación correspondiente puesto que, para que este órgano jurisdiccional pudiera analizar la causal invocada, es un requisito esencial que se realice la confronta de los datos inconsistentes en la hora en que dio inicio la recepción de la votación y la hora en que cerró el día de la jornada electoral.

Conforme con lo expuesto, es a la parte promovente a quien le correspondía cumplir con la carga procesal de mencionar, de manera particularizada, las inconsistencias que considerara que se presentaron en el cierre el día de la jornada electoral en la casilla cuya votación solicita que se anule y aportar pruebas para corroborar su dicho, por lo que, al no haberlo hecho así, el agravio se considera inoperante.

6.2. Causal e): recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la legislación electoral.

Por otra parte, la parte actora del expediente SUP-JIN-215/2025 controvierte la votación recibida en las casillas que a continuación se enlistan por las razones que se señalan, respecto de la referida causal.

Para esta Sala Superior, los agravios resultan inoperantes conforme se explica a continuación.

a) Marco jurídico

Conforme a lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los facultados conforme a la normativa electoral vigente.

Al respecto, el artículo 82, párrafo 1, de la LGIPE, dispone que las mesas directivas de casillas se deben conformar por una persona presidenta, una secretaria, dos escrutadoras y tres suplentes generales y, para el caso que concurran dos procesos electorales, el mismo dispositivo prevé la adición de una persona secretaria y una escrutadora.

Dichas personas son designadas en la etapa preparatoria de la elección mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 254 de la Ley General citada, sin embargo, ante el hecho de que estas no acudan el día de la jornada electoral, la propia normativa prevé el procedimiento que debe seguirse para sustituir al funcionariado de casilla ausente a fin de que ésta se instale, funcione y reciba el voto de las personas electoras.

En efecto, el párrafo 3 del artículo 274 de la LGIPE dispone que toda sustitución del funcionariado debe recaer en personas electoras que se encuentren formada en la casilla para emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en las y los representantes de los partidos políticos.

Ahora bien, para el caso de las elecciones correspondientes a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, el artículo 513, párrafos 1 y 2, de la LGIPE, establece que la integración, ubicación y designación de las personas integrantes de las mesas directivas de casillas para la recepción de la votación, así como la capacitación de las personas funcionarias de casilla, se realizará en los términos dispuestos en dicha Ley y de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, además de que dicha autoridad diseñará para cada tipo de elección una estrategia diferenciada para integrar las mesas directivas de casilla que considere el tipo y número de cargos a elegir en cada circuito judicial o circunscripción plurinominal. Estrategia que podrá considerar personas secretarias y escrutadoras adicionales, su incorporación a la mesa directiva durante la jornada electoral o a su conclusión.

Por su parte, el acuerdo INE/CG57/2025 por el que, entre otras cosas, se aprobó el modelo de casilla seccional para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, y el modelo de casilla seccional única para las elecciones concurrentes —confirmado por esta Sala Superior mediante sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-1240/2025 y acumulado—, se razonó la necesidad de usar espacios idóneos para la operación de las casillas seccionales, buscando que dichos espacios brindaran mayor funcionalidad en el desarrollo de la votación y previendo que el modelo dispusiera de las actividades a realizar por cada una de las personas designadas como funcionariado de las mesas directivas, desde la preparación e instalación del mobiliario y equipo hasta el traslado de los paquetes electorales a los órganos electorales competentes.

Consideró que las actividades a realizar por el funcionariado de las mesas directivas se basarían en una distribución y división de trabajo, jerarquización, plena colaboración; lo anterior, al establecerse que es atribución de las presidencias de estas asumir las actividades propias y distribuir las demás actividades entre los funcionarios presentes, teniendo como principio básico el de jerarquización.

Así, el modelo propuso aprovechar al funcionariado de mesa directiva, en específico a las y los escrutadores, para que, luego de concluir sus actividades a los que fueron designadas para la elección correspondiente, apoyen en las actividades inherentes a su cargo, en las actividades pendientes de conclusión; de esta manera las actividades de la mesa directiva concluirían con prontitud.

A su vez, contempló dos escenarios para casillas seccionales, de acuerdo con lo siguiente: 

• Escenario I, aplicable a las entidades que celebren elecciones solo del ámbito federal.

• Escenario II, aplicable a las entidades en las que sean concurrentes con las elecciones del ámbito local.

Asimismo, cada Casilla Seccional se integraría con una sola Mesa Directiva de Casilla; el número de personas funcionarias respecto de cada mesa se actualizaría de acuerdo con cada Escenario y a partir de rangos, determinados por la cantidad de personas electoras que atenderían la casilla. Es así como se contaría con la participación de la ciudadanía, permitiendo una reducción razonable y óptima de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla, de ahí que la aplicación de los Rangos para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla se sujetaría a los Escenarios I y II aprobados en el Modelo de Casilla Seccional.

Establecido tales parámetros, la causal de nulidad en comento se tiene por acreditada si se demuestra que la mesa directiva de casilla se integró por personas que no fueron previamente designadas y además que no están incluidas en el listado nominal de la sección.

Lo mismo ocurrirá en el supuesto de que las mesas directivas de casilla no se integren con todo el funcionariado designado, con la salvedad de que, en este caso, se debe atender a las funciones que tiene encomendado el funcionariado faltante, así como la plena colaboración de los demás integrantes, con la finalidad de determinar si existió certeza en la recepción del sufragio, en virtud de que resulta equiparable la ausencia de la presidencia de casilla y la de los escrutadores.

b) Caso concreto

Del análisis que esta Sala realiza a la demanda, se aprecia que, por lo que refiere a las treinta y seis casillas cuestionadas (7 B, 61 C, 76 B, 79 B, 79 C, 86B , 171 C, 571 B, 571 C, 574 B, 583 B, 586 C1, 598 C2, 601 B, 602 B, 611 B, 611 C1, 620 B, 624 C2, 624 C3, 633 B, 634 C1, 635 B, 637 B, 659 C, 660 B, 672 B, 806 B, 811 B, 815 B, 815 C2, 911 C2, 929 C1, 969 B, 975 B y 997 B), la parte actora aduce la sustitución indebida de funcionarias y funcionarios, toda vez que no se presentó diverso personal de mesa directiva; lo cual implicaría que se permitió recibir la votación a personas no facultadas por ley; sin embargo, no menciona los nombres de las funcionarias y los funcionarios que, presuntamente, ocuparon indebidamente dichos cargos, sin tener autorización en la ley.

Respecto a esto, es importante señalar que si bien la Sala Superior de este Tribunal, en el expediente SUP-REC-893/2018, estimó procedente interrumpir la jurisprudencia 26/2016 cuyo rubro era “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO”, analizando los precedentes que la conformaron, concluyó que se buscaba evitar que a través de argumentos genéricos y sin sustento se permitiera que los promoventes trasladaran a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

De otra forma, los accionantes podrían afirmar que todas las casillas de una elección se integraron por presidencias, secretarías y escrutadores que no pertenecían a la sección electoral, y el tribunal respectivo tendría la obligación de: a) revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos; b) corroborar si esas personas aparecen en los encartes de la sección respectiva y, en su caso, y, c) verificar si se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.

En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

Así, en dicha resolución se determinaron como elementos mínimos la identificación de la casilla y el nombre completo de la persona considerada sin facultades para recibir la votación.

Esto es, en la referida ejecutoria se determinó que, como mínima exigencia para que el órgano jurisdiccional estuviere en aptitud de analizar el planteamiento en vía de agravio, resultaba necesario que se proporcionara: a) la identificación de la casilla y, b) el nombre de la persona que indebidamente asumió alguna función en la mesa directiva de casilla.

Ello, superando el criterio que exigía que también se proporcionara un tercer elemento, consistente en mencionar el cargo indebidamente asumido.

Aunado a que, en el citado fallo se concluyó que “… para efecto de analizar si una persona participó indebidamente como funcionario de casilla, es suficiente contar con el número de la casilla cuestionada y el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente.”

En tal orden de ideas, en la ejecutoria de mérito se determinó que, en las casillas en las que no se señaló el nombre del funcionariado cuestionado, se desestimó el estudio del agravio respectivo, debido a que, con el hecho de no proporcionar el nombre se consideraba que se estaba en presencia de datos insuficientes para el estudio de la causal.

Dicho de otra forma, de conformidad con el referido precedente, a efecto de que, este órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar el estudio correspondiente de la causal de nulidad, resulta necesario que se identifique la casilla y el nombre del funcionariado, objeto de cuestionamiento, por lo que resulta insuficiente que sólo se haga referencia en la demanda, a la casilla y al cargo del funcionariado, pues no es posible realizar su identificación y, por consecuencia, si pertenece o no a la sección de la mesa directiva de casilla en la que presuntamente participó de forma indebida para derivar en una eventual nulidad de la votación recibida en casilla.

En el presente caso, según se advierte del escrito de demanda, la parte actora no menciona los nombres del funcionariado de las casillas que, a su parecer, ocupó diversos cargos en la mesa directiva de casilla ante la ausencia de quienes fueron designados para ello, lo que hace inoperante su alegación, pues acorde con los criterios antes señalados, tal requisito es indispensable para el análisis de la irregularidad aducida, relacionada con la indebida integración de las casillas cuestionadas.

Lo mismo sucede respecto de las casillas 672 B y 974 C, ya que los datos que proporciona la parte actora son insuficientes para que esta autoridad jurisdiccional corrobore la veracidad de su dicho, aunado a que no señala datos de identificación de las personas que presuntamente abandonaron sus labores, ni los cargos que éstas ostentaban, a fin de demostrar que el hecho de que se retiraran de manera anticipada de la mesa, traería aparejada la nulidad de la votación recibida, como tampoco presenta pruebas que acrediten tales irregularidades.

De manera similar se realiza la calificación, por lo que ve a la casilla 929 B en la que señala que ésta funcionó con cuatro integrantes, ya que no indica qué cargos tenían las personas que conformaron la mesa receptora de votación, por lo que, al no aportar elementos suficientes, esta Sala Superior no puede analizar si la casilla estuvo debidamente integrada o no.

Por lo tanto, debido a que, en la especie, no se identificó el nombre del funcionariado cuestionado ni se aportaron los elementos y pruebas suficientes, entonces no es posible emprender el estudio de la causal invocada, lo que evidencia lo inoperante de los motivos de disenso, en torno a la causal de nulidad materia de análisis.

Ahora bien, por lo que ve a los planteamientos relativos a que en las casillas 247 B y 567 B, las personas funcionarias no portaban gafete o identificación que les acreditara como tales, se estiman inoperantes, toda vez que aún de asistirle la razón a la parte accionante, ello no es motivo suficiente para anular la votación recibida, pues para ello se requiere que se demuestre que dicha falta afectó la validez de la elección, es decir, resulta necesario que quien impugna señale no solo la casilla, sino que aporte datos suficientes para identificar a la persona o personas que presuntamente incumplieron con los requisitos para fungir como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, así como que brinde elementos a fin de acreditar su dicho.

En ese tenor, la sola ausencia de identificación no es una razón suficiente per se para anular, de manera automática, una casilla, sino que es preciso probar que esa falta de identificación afectó la legalidad de la votación recibida porque quienes la recibieron no estaban facultados para ello, lo que en el caso no acontece. De ahí que el argumento resulte insuficiente para que la parte actora alcance su pretensión de que este órgano jurisdiccional anule la votación recibida en ambas casillas.

Por otra parte, resultan inoperantes por contradictorios los argumentos por los que se señala que, en las casillas 571 B y 571 C1 no se presentó el personal de casilla y éstas funcionaron solas, toda vez que la parte actora señaló que, en esas mismas casillas, se realizó sustitución de funcionariado, por lo que ella misma reconoce que no operaron sin personal, de ahí la inoperancia.

6.3. Causal g): Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Enseguida, se analizan las irregularidades hechas valer por la parte actora del juicio SUP-JIN-215/2025, respecto de la causal g), prevista en el artículo 75, párrafo 1 de la Ley de Medios, que a continuación se reproducen.

Los agravios son inoperantes en atención a lo siguiente.

a) Marco jurídico

Conforme a lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso g) de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se permitió votar a personas que carecían de credencial para votar o que su nombre no apareciera en la lista nominal respectiva, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, excepción hecha de los casos de excepción previstos en la LGIPE así como en el artículo 85 de la propia Ley de Medios.

En ese sentido, para estar en aptitud de anular la votación por la causal en comento, es necesario que se acrediten los elementos siguientes:

a)     Se permita votar a una o más personas sin contar con credencial para votar, o bien, sin que su nombre aparezca en la lista nominal correspondiente a la casilla;

b)     Que dichas personas no se ubiquen dentro de alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Medios[12] y en la LGIPE[13]; y

c)     Que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación.

En consecuencia, como ya se dijo, para que se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla por esta causal, se debe colmar cualquiera de las hipótesis señaladas en el inciso a), también como verificar que dichas personas no se encontraban en alguno de los supuestos de excepción previstos en la LGIPE o la Ley de Medios, y que el número de votos emitidos irregularmente sea mayor o igual a la diferencia entre el primer y segundo lugar de la votación recibida en casilla.

b) Caso concreto

En el caso, la parte actora alega que se actualiza la causal de nulidad en estudio en tres casillas, sin embargo, como se adelantó, sus agravios resultan inoperantes, toda vez que, la parte actora no señala los nombres de las personas a las que presuntamente se les permitió emitir su voto indebidamente.

Lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de verificar si dichas personas se encontraban en la lista nominal de electores y contaban o no con su credencial para votar con fotografía.

Aunado a lo anterior, asumiendo sin conceder que le asistiera la razón y en cada una de las casillas impugnadas una persona votó de manera irregular, lo cierto es que ello no sería determinante para anular la votación respectiva, tal como se explica a continuación.

En el caso de la casilla 153 B, se tiene que el primer lugar de los candidatos hombres obtuvo ciento diecisiete votos, mientras que el segundo lugar, obtuvo noventa y ocho, es decir, aún de anularse el voto que reclama la parte actora no sería determinante para obtener un cambio de ganador en esa casilla.

Además, se advierte que la parte promovente obtuvo cincuenta y ocho votos, de ahí que aun de asistirle la razón, seguiría existiendo una diferencia de cincuenta y ocho votos con el primer lugar.

Respecto de la casilla 804 B, del acta correspondiente se advierte que el primer lugar de las candidaturas de hombres obtuvo ochenta y nueve sufragios, mientras que el segundo lugar ochenta y cinco, es decir, existe una diferencia de cuatro votos, por lo que, aun de asistirle la razón a la parte actora, ello no sería suficiente para que se diera un cambio de ganador.

Aunado a ello, la parte actora obtuvo cincuenta y dos votos, por lo que la diferencia con el primer lugar es de treinta y siete sufragios, por lo que la anulación de un solo voto no sería suficiente para beneficiarle.

Por lo que ve a la casilla 809 C2, los agravios resultan inoperantes toda vez que, de la revisión de las actas de casillas del circuito judicial 22 así como del encarte correspondiente al Estado de Querétaro, se advierte que esa mesa de recepción de votación no fue contemplada, de ahí que, ante su inexistencia, no sea posible estudiar los planteamientos de la parte actora.

Como puede apreciarse de lo anterior, la irregularidad invocada no sería determinante para anular la votación recibida en las casillas impugnadas por la parte actora, pues en cada uno de los centros de votación, la diferencia entre el primer y segundo lugar es mayor al voto presuntamente emitido de manera irregular.

En ese sentido, aun cuando la parte actora tuviera razón en su alegato, ello por sí mismo sería insuficiente para revertir la validez de los sufragios captados en tales centros de votación, de ahí la inoperancia de sus planteamientos.

6.4. Causal i): ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

La parte actora del juicio de inconformidad SUP-JIN-214/2025 refiere que existieron las irregularidades siguientes: