JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SUP-JIN-233/2025 Y ACUMULADOS

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, trece de agosto de dos mil veinticinco. 

Sentencia que con motivo de las demandas presentadas por Benjamín Ciprián Hernández y otras candidaturas: a) desecha la demanda del SUP-JIN-766/2025 por preclusión, b) modifica los resultados por nulidad de la votación recibida en diversas casillas; c) confirma la validez de la elección, así como la inelegibilidad de un candidato electo, y d) se deja sin efectos la vacancia, por lo que se vincula al INE a otorgar constancia de mayoría al segundo lugar de la elección de magistrado de Circuito en materia administrativa del distrito judicial electoral 05, en la Ciudad de México.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

I. Procedimiento electoral extraordinario

1. Inicio. El veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro inició el PEE. Para el caso que nos ocupa, interesa la elección de magistraturas de Circuito en materia administrativa en el Distrito Judicial 05, de la Ciudad de México.

2. Jornada. El uno de junio[2] se realizó la jornada electoral. Para el distrito judicial 07, del Primer Circuito, se eligieron tres magistraturas en materia administrativa.

3. Cómputo de entidad. El doce de junio, el Consejo Local realizó el cómputo de entidad respecto de la elección en comento los resultados fueron los siguientes:

4. Sumatoria nacional, asignación, validez de la elección y constancias de mayoría. El veintiséis de junio, el INE aprobó los acuerdos por los que, respecto de la elección de magistraturas de Circuito, emitió: a) la sumatoria nacional y la asignación de las personas que ocuparán los cargos[3], y b) la declaración de validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras[4].

II. Juicios de inconformidad.

1. Demandas. Los actores presentaron escritos de demanda, conforme a lo siguiente:

2. Turno. Una vez recibidas las constancias, la presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar y turnar los expedientes a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

3. Cuaderno incidental. El diecinueve de julio, con motivo de la solicitud de recuento de votos formulada por el actor en el SUP-JIN-233/2025, el Pleno de la Sala Superior declaró improcedente la solicitud de incidente de nuevo escrutinio y cómputo.

4. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor admitió las demandas respectivas y, al considerar que no había diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción, ordenando la elaboración del proyecto de sentencia.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente[5] para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, porque se trata de juicios de inconformidad en el que diversas candidaturas controvierten los resultados obtenidos en una elección de magistraturas de Circuito, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para renovar diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.

III. ACUMULACIÓN

Procede acumular los medios de impugnación al existir conexidad en la causa, toda vez que se controvierten actos relacionados con los resultados de la elección de magistraturas de circuito en especialidad administrativa del 05 distrito judicial electoral en la Ciudad de México.

En consecuencia, los expedientes precisados en la tabla anterior se deben acumular al SUP-JIN-233/2025 por ser el primero que se recibió.

Por lo anterior, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia, a los autos de los expedientes acumulados.

IV. IMPROCEDENCIA DEL SUP-JIN-766/2025

Contexto jurídico

Esta Sala Superior ha considerado[6] que el derecho a impugnar sólo puede ejercerse en el plazo legal, en una sola ocasión en contra del mismo acto.

Por eso, la presentación de una demanda para combatir una decisión específica agota el derecho de acción y, por tanto, una segunda demanda, idéntica o sustancialmente similar, promovida por la misma parte actora contra el mismo acto deviene improcedente[7] salvo que ésta sea presentada oportunamente y se aduzcan agravios distintos[8].

Caso concreto

Se debe desechar de plano la demanda que motivó la integración del expediente SUP-JIN-766/2025, porque la actora señala que controvierte los acuerdos de sumatoria y validez de la elección, lo cierto es que cuestiona los resultados del acta de cómputo estatal, lo cual ya fue controvertido por la actora en el diverso SUP-JIN-368/2025.

En el caso, de la revisión integral de las demandas, se advierte que se trata de los mismos agravios referentes a la nulidad de votación recibida en casillas, por tanto, la parte actora agotó su derecho de impugnación, en consecuencia, procede desechar la demanda del juicio SUP-JIN-766/2025.

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

La responsable aduce la siguiente causal de improcedencia: 

Falta de definitividad y firmeza (SUP-JIN-233/2025)

Planteamiento. El acto no es definitivo, porque la actora debió controvertir la sumatoria final, entrega de constancias de mayoría y la declaración de validez del Consejo General del INE.

Determinación. Es infundada, porque la nulidad de votación recibida en casilla se debe plantear a partir de la impugnación del cómputo de entidad federativa.

En efecto, la Ley de Medios establece en el artículo 50, párrafo 1, inciso f), fracción I, que en la elección de las personas magistradas de Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación, así como de las personas juzgadoras de los Juzgados de Distrito, son actos impugnables, a través del juicio de inconformidad, entre otros, los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad federativa.[9]

Por ello, los cómputos de entidades federativas son impugnables a través del juicio de inconformidad, por lo cual se desestima la causal de improcedencia.

VI. PRESUPUESTOS PROCESALES

Las demandas cumplen los requisitos ordinarios y especiales para dictar una sentencia de fondo.

A. Requisitos ordinarios[10]

1. Formales. En las demandas se señala: i) el nombre del actor; ii) el acto impugnado; iii) señalan la autoridad responsable; iv) narran los hechos en que se sustenta la impugnación; v) expresan agravios; y, vi) se asientan nombre, firma autógrafa y calidad jurídica con la que se promueve.

2. Oportunidad.  Los escritos fueron presentados de la siguiente forma:

De lo anterior se advierte que, todos los juicios se presentaron en el plazo legal de cuatro días[13] para promover el medio de impugnación.

3. Legitimación. Las partes actoras tienen legitimación, por tratarse de candidaturas que controvierten actos relacionados con la elección de magistradas y magistrados de circuito en materia administrativa en el 05 distrito judicial electoral de la Ciudad de México.

4. Interés jurídico.  Las partes actoras tienen interés jurídico para promover los juicios de inconformidad, porque fueron candidaturas en la elección controvertida y aducen que existen diversas irregularidades. 

B. Requisitos especiales[14]. Los requisitos especiales de procedibilidad, del juicio de inconformidad también están satisfechos, como se expone a continuación:

1. Precisión de la elección que se controvierte. Los actores precisan que impugnan la elección de magistraturas de circuito en materia administrativa del distrito judicial electoral 05, en la Ciudad de México.

2. Individualización de acta de cómputo. En su caso, se cumple, pues la parte promovente señala que controvierte el resultado contenido en el acta de cómputo de entidad federativa en la Ciudad de México para la elección de magistradas y magistrados de circuito.

3. Señalamiento de casillas. En su caso, el actor en su escrito de demanda señala un error en el cómputo de ciento sesenta y cuatro casillas.

VII. ANÁLISIS DE AGRAVIOS CONTRA EL CÓMPUTO ESTATAL

Contexto. Los actores son candidaturas a magistrados de circuito en materia administrativa del 05 distrito judicial en la Ciudad de México. De conformidad con el acta de cómputo de entidad, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Inconformes con los resultados del acta de cómputo de entidad, los actores presentaron demandas de juicio de inconformidad, conforme a lo siguiente:

A. Haber mediado error o dolo en el cómputo (SUP-JIN-368/2025)

1. Agravio

La actora cuestiona la validez de la votación recibida en 28 (veintiocho) casillas, que se precisarán en cuadros subsecuentes, porque desde su perspectiva se actualiza la causal de nulidad de error y dolo en el cómputo de los votos, prevista en el artículo 75, inciso f), de la Ley de Medios, porque alega que no hay coincidencia del número de personas que votaron con las boletas extraídas de la urna y ello corresponde a una irregularidad que trasciende en el resultado de la votación recibida en esas casillas.

2. Decisión

Son fundados los argumentos respecto a nueve casillas, porque se acredita error determinante, pero infundado por lo que hace a las otras diecinueve casillas porque no existen las discrepancias señaladas por la actora o en los casos de ausencia de datos, pueden ser subsanados con otra documentación electoral.

3. Justificación

a. Base normativa

La Ley de Medios[15]  prevé como supuesto de nulidad que exista error o dolo en el cómputo de los votos, para lo cual se requiere acreditar dos elementos: a) error o dolo en el cómputo de la votación y b) que la irregularidad sea determinante.

Sobre el particular, es criterio[16] que, para decidir sobre la actualización de esta causa de nulidad, es necesario que se identifiquen los rubros fundamentales en los que afirma existen discrepancias, y que a través de su confronta, se adviertan las inconsistencias.

En ese sentido, cabe advertir que el dolo en el cómputo de los votos debe ser debidamente probado.

Por otra parte, esta Sala Superior ha sostenido el criterio[17] relativo a que el error en el cómputo de los votos se acredita cuando en los rubros fundamentales, que sean precisamente señalados en el escrito de demanda, existan irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo.

Los mencionados rubros pueden ser: 1) la suma del total de personas que votaron; 2) total de boletas sacadas de las urnas, y 3) el total de los resultados de la votación.

Tales rubros se consideran fundamentales, porque están estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que si existe discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en el cómputo de los votos.

Importa señalar que en la elección judicial es necesario precisar algunos aspectos metodológicos para el análisis de la causal de error y dolo:

Es posible que existan más votos que personas que votaron: el propio diseño de la boleta implicó que cada persona electora emitiera el sufragio por diversas opciones, de tal forma que no resulta factible que el número de sufragios corresponda con el número de personas que acudieron a votar.

Así, en el caso concreto, el diseño de la boleta para elegir a las magistraturas en el Distrito Judicial 05 del Primer Circuito en donde contendió la actora, las personas electoras podían votar hasta por siete candidaturas, lo que válidamente permitiría que se recibiera un mayor número de votos que la cantidad de personas que acudieron a votar, sin que ello constituya por sí mismo, alguna irregularidad constitutiva de error o dolo en la votación.

Cómputo de votos en elección judicial. En el actual proceso electoral federal extraordinario de las personas juzgadoras, esta Sala Superior validó[18] que el escrutinio y cómputo de la votación obtenida por cada candidatura se realice en la sede distrital y no en las mesas directivas.

En ese sentido, la información sobre: a) las personas que votaron; b) las boletas extraídas de la urna y c) los votos computados se encuentran en documentación electoral diversa.

A diferencia de otros procesos electorales, las personas ciudadanas de las mesas directivas de casilla únicamente realizarían la clasificación y conteo de las boletas por tipo de elección y lo anotarían en el Acta de Jornada Electoral que se levantaría sobre el desarrollo de la jornada electoral, en la que también se consignaría la cantidad de boletas recibidas y el total de personas que votaron.

Mientras que el escrutinio y cómputo de cada uno de los votos emitidos en las casillas seccionales instaladas, y la generación de las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, quedaron a cargo de los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales, de entidad federativa, circunscripción plurinominal y nacionales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del poder judicial de la federación 2024-2025, aprobados por el Consejo General del INE, mediante el acuerdo INE/CG210/2025.

Importa señalar que en las elecciones de renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se han considerado como rubros fundamentales: rubro1) la suma del total de las personas que votaron en la casilla; rubro 2) el total de boletas sacadas de las urnas, y rubro 3) el total de los resultados de la votación.

Es decir, en tales elecciones lo ordinario es que existiera coincidencia entre esos tres rubros que se asentaban en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo que se generaban en la mesa directiva de casilla.

Sin embargo, la elección de personas juzgadoras tuvo una lógica distinta. En principio, la forma de votar fue distinta, ya que con una boleta la ciudadanía podía votar por distintos cargos.

Otra diferencia sustancial es que el escrutinio y cómputo de los votos se realizó en la sede de los Consejos Distritales del INE y no en las mesas receptoras de la votación. Por tanto, a los funcionarios de las casillas correspondientes únicamente podían asentar en el acta de jornada electoral dos datos, la suma del total de las personas que votaron en la casilla (rubro1) y el total de boletas sacadas de las urnas (rubro 2).

Mientras que el acta de escrutinio y cómputo que se generó en el Consejo Distrital, en la cual los funcionarios electorales asentaron el número de las boletas que contenían los paquetes electorales por tipo de elección, los votos que obtuvo cada candidatura, los votos nulos, así como los recuadros no utilizados.

En el contexto descrito, el análisis de la causal de nulidad de votación por error y dolo en el cómputo debe hacerse bajo una nueva lógica, y adaptando lo que se deba adaptar. Por tanto, para efectos del análisis de esta causal de nulidad de casilla, se consideran como rubros fundamentales los siguientes:

1) Total de personas que votaron.  Tomando en cuenta la que se asentó en el acta de jornada electoral.[19] Este dato permite saber el número de electores que se identificaron debidamente ante la MDCS y cumplieron los requisitos establecidos en la ley para recibir sus respectivas boletas (por tipo de elección) y emitir su voto. Para obtener este dato la MDCS debía contabilizar el número de sellos con la palabra “voto” en la lista nominal de electores.

2) Boletas sacadas de la urna. Tomando en cuenta el dato que se asentó en el acta de jornada electoral. Este rubro permite tener certeza de que el número de boletas extraídas de la urna coincide con el con el total de personas que votaron. La coincidencia se explica porque si cada elector recibió una boleta por tipo de elección, lo óptimo sería que introdujera en la urna única todas las boletas que recibió.

3) Total de boletas recibidas en el Consejo Distrital. El cual forma parte del acta de escrutinio y cómputo. Para esta Sala Superior se considera un rubro fundamental, porque es una garantía de que el número de boletas que la MDCS extrajo de la urna y anotó en el acta de jornada electoral es el mismo número de boletas que recibió el Consejo Distrital en la bolsa correspondiente.

Así, la coincidencia numérica entre estos tres rubros permite dar certeza de que los votos que se contaron en los Consejos Distritales corresponden a los emitidos en las boletas extraídas de las urnas por los funcionarios de la mesa directiva y, a su vez, que coincide con el número de electores que acudieron a votar conforme a la lista nominal de electores.

Determinancia. Uno de los requisitos esenciales para la nulidad de la votación recibida en una casilla es la determinancia. Para actualizar ese requisito, de manera ordinaria, se requiere que la irregularidad resulte aritméticamente igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por primer y segundo lugar de la votación.

En la elección judicial, el requisito de determinancia admite un análisis diferente, porque no hay solamente primer o segundo lugar, sino que se trata de mejores votaciones.

En ese sentido, cuando una persona que está en tercer lugar aspire a llegar a segundo, para el análisis de determinancia se debe tomar como valor comparativo la diferencia precisamente entre segundo y tercero, porque si se tomara en cuenta la diferencia entre primero y segundo como se ha hecho de manera ordinaria en otro tipo de elecciones se estaría desnaturalizando el objeto de controversia. 

b. Caso concreto

Para acreditar la supuesta discrepancia en rubros fundamentales, el actor toma en consideración la información contenida en actas de jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo en sede distrital.

De las actas de jornada electoral la actora destaca la información asentada en los espacios “12”[20] y “13”[21], en las que los funcionarios de las mesas directivas de casilla debieron asentar, respectivamente, (rubro 1) el total de las personas con la marca “votó” en la lista nominal y (rubro 2) el total de boletas sacadas de las urnas.

Esos dos datos son contrastados con información del acta de escrutinio y cómputo en sede distrital correspondiente al (rubro 3) dato del “Total de votos que se encuentran en la(s) bolsa(s) correspondiente(s)”[22].

En ese contexto, el actor sostiene que se actualiza la causa de error y dolo por dos razones: a) datos en blanco en eso rubros fundamentales y b) discrepancias concretas en esos rubros. A partir de esos dos tipos de “errores” el actor plantea que la diferencia en los rubros fundamentales es mayor a la diferencia entre el segundo y tercer lugar, por lo que pretende la nulidad de la votación recibida en veintiocho casillas.

Para el análisis de los agravios que interesan, esta Sala Superior tiene a la vista la siguiente documentación:

1.- El acta de cómputo de circuito judicial de la elección de magistradas y magistrados de circuito, del distrito judicial 5, correspondiente al circuito judicial de la Ciudad de México.

2.- Actas de jornada electoral correspondientes a las casillas sobre las cuales la parte actora solicita la nulidad de la votación recibida en casilla.

3.- Actas de escrutinio y cómputo de la votación, en sede distrital, correspondientes a las casillas sobre las cuales la parte actora solicita la nulidad de la votación.

4.- Copia certificada de las listas nominales con la marca “votó”, correspondientes a las casillas cuya votación se solicita anular.[23]

Casillas con rubros fundamentales coincidentes.

Enseguida se listan las casillas en las que, contrario a lo afirmado por el actor, no existe discrepancia entre los rubros “boletas -votos- sacadas de la urna” y “total de ciudadanos que votaron”.

Es importante señalar que en aquellos casos en los que el actor alegó que los rubros estaban en blanco, se pudo subsanar el dato con la revisión de la lista nominal correspondiente o en la propia acta de jornada se advertía el dato.

Como se puede advertir de la tabla que antecede, el rubro correspondiente a personas que votaron conforme a la lista nominal de electores o acta de jornada electoral es coincidente con el de boletas-“votos”- sacadas de la urna del AEC, por lo que resulta infundado el agravio.

Es importante precisar que, en este caso, aunque existan rubros en blanco en las AJE o exista certificación de su inexistencia, fue posible recurrir a la lista  nominal de electores y verificar el número de personas que votaron el día de la jornada electoral.

Casillas con diferencia, pero obedecen a una situación justificable.

De las casillas antes insertas, esta Sala Superior considera que se debe desestimar la causal, porque la diferencia obedece a una o dos boletas faltantes, lo cual puede derivar de que la persona que sufragó tal vez se llevó la boleta consigo y no la depositó en la urna correspondiente. Similar criterio fue sostenido al resolver el SUP-JIN-201/2025.

Pero, aunque se considerara que la discrepancia en número negativo debe ser analizada para efecto de nulidad de la votación recibida en casilla, resulta que no es determinante tal como se muestra en el cuadro previamente señalado.

Es importante señalar que el hecho de que el apartado de “boletas sacadas de la urna” se encuentre en blanco no implica que la urna se haya encontrado vacía al momento de su apertura,  lo único que se hace patente, es que, por olvido o cualquier otro imponderable, se omitió anotar la cantidad contada, y como se trata de un dato que se obtiene exclusivamente en ese momento y sólo se anota en el acta correspondiente, cuando esto no se hace se vuelve irrecuperable en cualquier otra instancia o ante cualquier autoridad.

Sin embargo, la simple falta de anotación no constituye evidencia de un mal manejo de la votación emitida por los electores, sino que requiere de un análisis con los diversos rubros[27] para que en todo caso se analice la causal tomando en cuenta la determinancia. 

Lo anterior, porque esta Sala Superior estima que la omisión por parte de los funcionarios de casilla de asentar el dato respectivo de las boletas extraídas de la urna o asentarlo de manera completa, no puede castigarse con la nulidad de los votos recibidos en esa casilla, sobre todo, si existe coincidencia entre los otros dos rubros fundamentales:  el total de personas que votaron, de acuerdo con el acta de jornada electoral y las boletas o votos que se recibieron en las bolsas ante el Consejo Distrital, así como el rubro auxiliar de la lista nominal utilizada el día de la jornada electoral.

Casillas con diferencia en los rubros fundamentales confrontados, pero con resultados no determinantes.

En la siguiente tabla se muestran aquellas casillas en las que los rubros fundamentales cuya discrepancia se alega, no coinciden entre sí, pero tal diferencia de votos es menor a la diferencia de votos obtenida por las candidaturas que ocupan segundo y tercer lugar en la casilla.

Al respecto, debe precisarse que la sola discrepancia de votos en los rubros fundamentales no genera en automático una gravedad que lleve a la nulidad de la votación recibida en casilla.

La gravedad de la irregularidad debe ser de tal magnitud, características o calidad que, en forma razonable, haga dubitable la votación; es decir, debe afectar la certeza o certidumbre sobre la misma.

En ese estado de cosas, cuando la diferencia entre los rubros fundamentales no es igual o mayor a la diferencia más alta de votos que obtuvieron los candidatos que ocupan el segundo y tercer lugar, la discrepancia de votos no es determinante para anular la votación recibida en esa casilla.

Es importante recordar que para el caso de la elección judicial: existe la posibilidad que dos personas con mejor votación obtengan un cargo, como en el caso concreto que se elegirán dos mujeres magistradas en materia administrativa, por lo que es necesario para justificar la anulación de votación de una casilla, que  aritméticamente la irregularidad detectada sea igual o mayor a la diferencia de votos entre segundo y tercer lugar, porque en el caso concreto la personas que obtuvo el tercer lugar pretende alcanzar el segundo lugar de votación.

Hecha la precisión, la nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección.

En ese contexto, si bien en las siguientes casillas existe una discrepancia entre los rubros fundamentales, no procede la nulidad de su votación porque, la mayor diferencia entre ellos es inferior a la existente entre el primero y segundo lugares o el segundo y el tercero, por lo que el error en el cómputo no es determinante para el resultado de la votación, como se aprecia en la tabla siguiente.

Es importante precisar que en caso de que exista discrepancia entre los datos asentados en el AJE, se preferirá el dato obtenido de la lista nominal de electores, porque es un rubro auxiliar verificado por el personal jurídico de esta Sala Superior.

Como se ha descrito en el cuadro que antecede, en seis casillas existe discrepancia entre la información asentada en las personas que votaron y las boletas extraídas de la urna, sin embargo, esas irregularidades no resultan determinantes para la votación recibida en cada una de esas casillas, por lo que los alegatos son infundados.

Casillas con diferencia determinante en los rubros fundamentales.

Esta Sala Superior considera que en las casillas 650-B, 2002-B, 2012-B, 2056-C, 2420-B, 2443-B, 2499-B, 2667-C1 y 2882-B correspondientes al distrito judicial electoral 05, del Primer Circuito en la Ciudad de México se actualizan errores en rubros fundamentales que pueden trascender al cómputo de los votos y es determinante para el resultado de la votación, como se aprecia en la tabla siguiente.

Del análisis de los rubros fundamentales de las casillas antes referidas, se advierte una discrepancia que no encuentra una explicación razonable que las justifique, pues hay una diferencia entre los rubros fundamentales que es mayor que la diferencia entre el tercer y segundo lugar, de manera que debe decretarse la nulidad de la votación recibida en esas casillas.

Hay diferencia entre el número de personas que votaron y las boletas computadas en el consejo distrital, en un número mayor a las diferencias entre el primer y segundo, así como entre el segundo y tercer lugar.

La existencia de más o menos boletas computadas por el consejo distrital constituyen discrepancias que se reflejan en el cuadro, porque la diferencia de boletas (que contienen los votos) es mayor a la diferencia de votos entre los primeros lugares, por lo que se actualizan los dos elementos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla; por tanto, es fundado el agravio aducido.

Conclusión.  En consecuencia, se anula la votación recibida en las casillas 650-B, 2002-B, 2012-B, 2056-C, 2420-B, 2443-B, 2499-B, 2667-C1 y 2882-B, por actualizarse la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios.

B. Recibir la votación personas distintas (SUP-JIN-368/2025)

1. Agravio

La actora plantea la nulidad de 92 casillas, toda vez que señala que en algunas no se encontró el acta de jornada electoral, en otras las personas señaladas no aparecen en el encarte y, finalmente, otras personas de las que su domicilio corresponde a una sección electoral diferente e independiente a las que componen a la mesa directiva de casilla o que no se encontraban inscritas en el listado nominal de la mesa de casilla.

2. Decisión

Es fundado el agravio respecto de dos casillas porque se advierte que las integraron personas que no fueron previamente designadas por la autoridad electoral ni pertenecían a la sección electoral de la casilla cuestionada.

De las restantes casillas se consideran infundados los agravios porque no se actualizó ni hay pruebas de hubiera habido una indebida integración de personas funcionarias.

3. Justificación

a. Marco normativo

El artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y con contabilización de los sufragios.

Con base en lo anterior, deberá anularse la votación recibida en casilla por esta causal cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

         Se acredite que la persona cuya actuación se controvierte no pertenece a la sección electoral de la casilla respectiva.[30]

         Sí el número de integrantes ausentes de la mesa directiva complicó sus funciones de manera que se mermara la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

         Cuando participen en labores de partidos o candidatos independientes.[31].

Tomando ello en consideración, no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

         Ante la omisión presentar en las actas de la casilla en la causa que, en su caso, motivó la sustitución de funcionarios de casilla[32].

         Si existe intercambio de puestos entre las o los ciudadanos originalmente designados[33].

         En caso de que no se respete la prelación de Ley cuando las ausencias de las personas funcionarias propietarias son cubiertas por los suplentes[34].

         Si la votación es recibida por personas que pertenecen a la sección de la casilla, aunque no hubieran sido designadas originalmente para fungir como funcionarias[35].

         En el caso de falta de firmas de funcionarios en las actas.

         Si los nombres de las personas funcionarias fueron capturados de manera errónea en las actas correspondientes[36].

         Sí aún en el caso de que la mesa directiva de casilla no se integrara con la totalidad de funcionarias y funcionarios, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectarán las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación, considerando que la ausencia de una persona funcionaria[37] o de los escrutadores[38] no genera la nulidad de la votación recibida.

Sobre todo, atendiendo al “principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados,”[39] que se caracteriza porque la nulidad de la votación recibida en alguna casilla o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección.

Así los resultados de la votación, cómputo o elección no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla.

Máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

b. Caso concreto

Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que la causa de nulidad invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir entre las personas que fueron designadas previamente por el Consejo Distrital para fungir como funcionarias de casilla el día de la jornada electoral; los datos asentados en el acta de jornada electoral; el encarte respectivo y, en su caso, las personas que se encuentran en las listas nominales de la sección correspondiente.

Los datos referidos se obtuvieron de los documentos siguientes: 1) Encarte, en el que aparece la integración y el lugar en que se ubican la mesa de casilla cuya votación se impugna, 2) actas de jornada electoral; y 3) listas nominales de la sección correspondiente. Lo anterior se justifica con el razonamiento siguiente:

Para el análisis de este agravio, aparece anexo a esta ejecutoria, los cuadros en los que se identifica cada casilla, los nombres de las personas cuestionadas por la actora, las funcionarias que aparecen en el encarte y el nombre de aquellas que actuaron el día de la jornada electoral, según el acta de jornada electoral, así como la determinación de esta Sala Superior.

Así, derivado de ese análisis individual por casilla, esta Sala Superior llegó a las siguientes conclusiones.

i) Casilla en las que hay identidad entre la persona cuestionada con la que aparece en el encarte y en el acta de jornada electoral.

Por cuanto hace a las casillas 589-B1, 562-B1, 591-C1, 2055-B1 y 2487-B1 la causal de nulidad es infundada porque se advierte que las personas funcionarias de casilla cuya actuación se controvierte, son las mismas que fueron insaculadas por la autoridad electoral para ese efecto, tal como se desprende del encarte correspondiente. 

De ahí que, al haber correspondencia entre la información establecida en el encarte con el acta de jornada electoral, es que no le asiste razón a la actora sobre que recibió la votación personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral.

 ii) Ausencias cubiertas por personas funcionarias designadas por el INE.

En cuanto a las casillas 563-B1, 2380-B1, 2353-B1, 2747-B1, 2647-B1, 2055-B1 y 2268-B1 la causal de nulidad es infundada porque las ausencias de las personas funcionarias propietarias fueron cubiertas por otras previamente insaculadas, designadas y capacitadas por el Consejo distrital[40].

iii) Casillas en las que las personas cuestionadas pertenecen a la sección electoral

Ahora bien, por cuanto hace a las casillas 564-B1, 673-B1,1976-B1, 1982-B1, 2010-B1, 2745-B1, 2885-C1, 2658-B1, 2039-B1, 2306-B1, 2744-B1, 5564-B1, 518-B1, 610-B1, 2885-B1, 590-B1, 2048-B1, 2374-B1, 1972-B1, 1983-B1, 2246-B1, 2342-B1, 1979-B1, 640-B1, 2248-B1, 2249-C1, 2445-B1, 2654-B1, 2488-B1, 2525-B1, 2541-B1, 2665-C1, 2754-C1, 2757-B1, 543 B1, 581-B1, 631-B1, 1993-B1, 2003-B1, 2249-B1, 2415-B1, 2527-B1, 2656-B1, 2662-C2, 2668-B1, 591-B1, 1981-B1, 2043-B1, 2047-B1, 2269-B1, 2386-B1, 2407-B1, 2648-B1, 2747-B1, 607-B1, 2020-B1, 2505-B1, 2657-C1, 2038-B1, 2404B1, 2357-B1, 2489-B1, 2543-B1, 2648-C1, 653-B1, 657-B1, 2027-B1, 2028-B1, 2263-B1, 2350-B1, 2526-B1, 2635-B1, 2650-C1, 2666-C1, 2056-C1, la causal de nulidad es infundada, pues si bien la votación fue recibida por personas que no fueron originalmente designadas para esa tarea, lo cierto es que están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla[41].

De ahí que se desestime el alegato de la actora, porque al pertenecer a la sección electoral de la casilla no incurren en una indebida integración, pues debido a la ausencia de personas funcionarias autorizadas la Ley Electoral permite que las mesas directivas se integren incluso con personas de la fila, siempre y cuando pertenezcan a la sección electoral de la casilla.

iv. Casilla en la que es ilegible el nombre de la persona cuestionada en el acta de jornada

En la casilla 2666-B1 el nombre de quien fungió como 3º escrutadora es ilegible en el acta de jornada electoral.

No obstante, contrario a lo que estima la actora, la ilegibilidad del nombre de modo alguno implica una indebida integración de la mesa directiva de casilla, ya que este órgano jurisdiccional ha sostenido que cuando en las actas existen apartados en blanco, ilegibles o discordantes, se debe recurrir a todos los elementos posibles para advertir si se trata de un lapsus cálami (error mecánico que se comete al escribir).

En el caso, de la revisión a la hoja de incidentes se observa que no hay reporte alguno sin que la actora aporte mayor información que ponga en duda el funcionamiento de la mesa directiva.

Por lo que, bajo el al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, la votación recibida en casilla siempre debe privilegiarse y no por errores que obedezcan a descuidos anular la voluntad de los electores al momento de sufragar.

v. Casillas en las que hay indicios de que se trata de la misma persona

En los casos de las casillas 607-B1, 2020-B1, 2647-B1, 2268-B1, 2489-B1, 2648-C1, 2635-B1 se desprende que si bien la persona cuestionada aparece en la lista nominal, se advierten diferencias menores en el nombre completo, sin embargo, se observa que prácticamente son coincidentes por lo que el error puede deberse a lapsus calami o errores al escribir, de ahí que se desestime la causal de nulidad.

vi. Casillas en las que la persona cuestionada no se encontró en el acta

De las casillas 2249-B1 y 2249-C2 la actora cuestiona a las personas escrutadoras 4º y 5º, respectivamente.

Del análisis del acta de jornada electoral se advierte que en el caso de la 4º escrutadora de la casilla 2249-B1 aparece el nombre de Luis Diego sin firma y en el encarte no se señala a ninguna persona para ese cargo.

En el caso de la casilla 2249-C2 si bien la actora señala un nombre que a su decir indebidamente fungió como 5º escrutador del encarte ni del acta se desprende que hubiera integrado la casilla.

Además, en ninguno de los casos hay elementos que permitan concluir que las casillas fueron integradas por dichas personas, ya que el primer supuesto a acreditar en el análisis de indebida integración de casilla, es que la persona impugnada haya fungido el día de la jornada, lo cual en este caso no está comprobado.

vii. Casillas en la que se actualiza la causal de nulidad

Esta Sala Superior considera que es fundado por lo que hace a la indebida integración de las casillas 2461-B1 y 2650-C1, respecto de los ciudadanos que fungieron como 3º y 4º escrutador, respectivamente, ya que no aparecen en el listado nominal.

Ello es así, porque conforme la Ley Electoral[42], para que los ciudadanos estén facultados para recibir la votación el día de la jornada electoral, deben estar inscritos en la lista nominal correspondiente a la sección electoral en que participan.

En el caso, los ciudadanos que fungieron como 3º y 4º escrutadores en las casillas mencionadas no cumplen el requisito previsto en el artículo 274, párrafo 1, inciso d), de la Ley Electoral, dado que no está inscrita en la lista nominal de la sección electoral correspondiente.

Atendiendo a lo anterior resulta claro que existe una indebida integración en la mesa directiva de casilla, caso en el cual la votación se debe declarar nula al haber sido recibida por personas no autorizadas por la ley[43].

Por lo anterior, lo conducente es declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 2461-B1 y 2650-C1.

C. Existir irregularidades graves y no reparables durante la jornada electoral (SUP-JIN-368/2025)

1. Agravio

La actora plantea que se actualiza la causal del artículo 75, numeral 1, inciso k), referente a irregularidades graves, debido a que las actas de la jornada electoral de 19 casillas presentan diversas omisiones o falta de datos que generan falta de certeza y constituyen irregularidades graves.  Las omisiones por las que solicita la nulidad, las agrupa en las siguientes temáticas:

o        Ausencia de actas

o        Incidentes relevantes

o        Inconsistencias graves en diversos rubros de las actas de jornada

2. Decisión

Se desestima el agravio porque las deficiencias señaladas en las actas de jornada electoral, si bien representan omisiones en el llenado de ciertos rubros, no actualizan irregularidades graves ni determinantes que comprometan la certeza de la votación, ni tampoco cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la Ley de Medios.

3.   Justificación

a.   Marco normativo

El artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la Ley de Medios, establece:

ARTICULO 75.

1.     La votación recibida en casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

(…)

k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Como se advierte, los elementos que componen esta causal son los siguientes:

i.            Que existan irregularidades graves;

ii.            Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, es decir, que trasciende al resultado de la votación y no es posible corregirla durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo.

iii.            Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación. Este elemento se refiere a la notoriedad que debe tener la irregularidad, la cual debe ser de tal magnitud que ponga en duda la certeza de la votación emitida en determinada casilla, y,

iv.            Que sean determinantes para el resultado de la votación, bajo un criterio cuantitativo o aritmético, o bien, un criterio cualitativo. El criterio cuantitativo se basa en que las irregularidades sean iguales o superiores a la diferencia de la votación obtenida entre el 1° (primer) y 2° (segundo) lugar de votación en la casilla correspondiente. Mientras que el elemento cualitativo es que se ponga en duda la certeza.[44]

Respecto a las irregularidades graves plenamente acreditadas, debemos decir que irregularidad es cualquier acto, hecho u omisión que contravenga las disposiciones que regulen el desarrollo de la jornada electoral y no encuadren en alguna de las hipótesis de nulidad previstas en los incisos a) al j) del artículo 75, párrafo 1, de la Ley de Medios.

Entonces, para que una irregularidad sea de tal magnitud que implique la nulidad de la votación de casilla, es requisito necesario que no pueda actualizar otra hipótesis de nulidad.

Por ello -al menos en principio- toda conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la función electoral podrá ser tachada de irregular, por lo que esta causal genérica de nulidad de votación -al no hacer referencia a alguna irregularidad en particular, a diferencia de las causales de nulidad específicas- da margen de valoración al tribunal.

En esencia, se actualiza cuando se presentan irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con los hechos que puedan llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad identificadas en los incisos que preceden.[45]

Es importante señalar, que, para acreditar la causal de nulidad en estudio, es indispensable que se reúnan todos los requisitos establecidos, pues solo entonces se podrá decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, ya que no cualquier tipo de irregularidad trae como consecuencia la sanción mencionada.

b. Caso concreto

Del análisis de los planteamientos hechos valer por la parte actora, quien sostiene que debe decretarse la nulidad de la votación recibida en diversas casillas con fundamento en el artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la Ley de Medios, esta Sala Superior considera que no se actualiza la causal, por las razones que a continuación se exponen.

El texto del inciso k) exige claramente que las irregularidades invocadas no actualicen ninguna de las causales específicas de nulidad previstas en los incisos a) al j).

En el caso concreto, la ausencia del acta de jornada electoral, o errores u omisiones en su llenado, pueden encuadrar en otras causales específicas, como la prevista en los incisos e) recibir votación personas u órganos distintos a los facultados, f) dolo o error en el cómputo o j) impedir el ejercicio del derecho de voto.

En esas condiciones, los planteamientos de la actora no permiten ser analizados en la causal de nulidad del inciso k), de la Ley de Medios, pues no se actualiza el primer elemento para ello, que es acreditar irregularidades graves y que no encuadren en otra hipótesis de nulidad.

Entonces, las omisiones planteadas están inmersas en los supuestos de otras causas de nulidad. Por lo que, en todo caso, se realiza el análisis en las temáticas propuestas por la actora en su demanda, bajo otros supuestos específicos de nulidad de casillas.

La actora sostiene que en diecinueve casillas hubo omisiones como la falta de acta de jornada electoral o la ausencia de datos en diversos rubros del acta de jornada electoral.

Algunas de las casillas que menciona la actora en su demanda, fueron examinadas en esta ejecutoria, por las causales de los incisos e) recibir votación personas u órganos distintos a los facultados y f) dolo o error en el cómputo, por lo que aquellas en las que se haya declarado la nulidad no serán objeto de estudio.

En suma, al no acreditarse irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables, evidentes ni determinantes, y dado que los hechos podrían analizarse bajo otras causales específicas, es improcedente la invocación de la causal genérica del inciso k).

A continuación, se procede examinar si lo que plantea la actora, actualiza otra causal de nulidad específica.

o       Ausencia de actas

En primer lugar, la actora señala que las casillas 2036-B y la 2752-B1 no se encontró el acta de la jornada electoral, lo cual genera incertidumbre porque se desconoce si existieron o no incidencias, quiénes fueron las personas que recibieron la votación y si pertenecían o no a la sección electoral, cuántas boletas se extrajeron de las urnas y cuántos votos correspondieron a las magistraturas, siendo que la diferencia entre el 2º y 3º lugar, son 17 votos.

Esta Sala Superior considera es inoperante que el agravio, ya que como se explicó cuando se analizaron estas casillas por recibir votación por persona distinta, cuando falte el acta de jornada electoral deben existir pruebas, al menos indiciarias, de que no estuvieron presentes las y los funcionarios de casilla, y no inferirse a partir de la inexistencia del acta de la jornada electoral o algún otro documento.

Si bien, de las constancias de autos se desprende que no se encontró el acta de la jornada electoral de las casillas mencionadas, de forma alguna hace presumir que las personas integrantes de casilla no pertenezcan a la sección electoral, o que no se pudiera saber le número de votos para las magistraturas o cuántas boletas se extrajeron.

Lo anterior, porque se cuenta con el acta de escrutinio y cómputo que indica el total de votos y los recibidos por cada candidatura.

Aunado a que no hay algún incidente o elemento probatorio que señale una irregularidad, por el contrario, hay otras pruebas que pueden dar certeza respecto a los resultados de la votación. 

Así, la casilla 2036-B1 no reportó algún incidente de acuerdo a la hoja respectiva, y de la casilla 2752-B aunque dentro del paquete electoral no se encontrara la hoja, tampoco conlleva a la nulidad porque lo relevante era que la actora aportara pruebas o señalara hechos irregulares, sin que ello ocurriera.

o       Incidentes relevantes

Señala que la casilla 2540-B1 se cerró a las 2:45 pm según la hoja de incidentes, aun cuando el acta de escrutinio y cómputo menciona que se cerró a las 6:30 pm, lo que, desde su perspectiva, genera incertidumbre.

Carece de razón la actora, porque la hoja de incidentes de la casilla no menciona que hubiera un cierre anticipado de la casilla, la única información que se observa es la hora del inicio del uso de cada grupo de blocks de boletas, así como los folios iniciales y finales.

Por su parte, el acta de jornada electoral indica que la votación terminó a las 6:00 pm y en el rubro de si se presentaron incidentes, se marcó que NO; de ahí que no tenga razón la actora.

o       Irregularidades graves, no reparables y determinantes

Sostiene que se presentaron irregularidades graves y determinantes que generan incertidumbre, debido a que en el acta de la jornada electoral se encuentran vacíos diversos datos, en las siguientes casillas.

En este agravio la actora nos señala que en diferentes casillas, las actas de la jornada carecen de algunos de los siguientes datos:

         Número de boletas recibidas para magistraturas de circuito.

         Folios de las boletas recibidas.

         Especificar si estuvieron o no vacías las urnas y a la vista de todas las personas.

         Hora en que se inició la votación.

         Hora en que terminó la votación ni el motivo.

         Si existieron o no incidentes

         Número total de personas que votaron.

         Total de boletas sacadas de las urnas.

         No señala por conducto de quién se entregó el paquete electoral ni la hora de la clausura de la casilla.

         No tiene firmas ni nombres de las personas que integraron las casillas.  (lo que se contrapone con que fue el presidente quien entregó el paquete electoral si ni siquiera estuvo en el cierre y clausura de la casilla). Ambos elementos de manera conjunta afectan gravemente la certeza de la etapa de cierre de la votación.

Sin embargo, se considera que la promovente parte de la premisa errónea de que la omisión de los datos señalados conlleva una nulidad de la votación, sin considerar que hay otros elementos para corroborar datos como son el acta de escrutinio y cómputo para verificar el total de personas que votaron o boletas extraídas de las urnas, así como las listas nominales para confirmar quiénes votaron.

Además, la actora pasa por alto que es razonable que haya omisiones y discrepancias en las actas, porque al margen de que se trató de una elección inédita y compleja por el número de cargos a elegir, puede haber errores en el llenado de los documentos, sobre todo si se considera que es la propia ciudadanía quienes realizan estas labores y no son expertos.

De modo que, el acta de jornada electoral tiene como fin dejar constancia del desarrollo del día de la elección, pero no es el único documento con valor probatorio ni tampoco tiene mayor jerarquía sobre otras actas, como la de escrutinio y cómputo, que es la base directa del resultado de la votación.

Por tanto, no se trata de omisiones irreparables, sino de deficiencias formales que no comprometen la validez sustantiva de la votación.

Además, debe prevalecer el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, el cual impone al juzgador electoral el deber de privilegiar la eficacia del voto de la ciudadanía y evitar la anulación de la voluntad popular salvo que se acredite de forma plena una irregularidad grave, no reparable y determinante.

Aunado a que la parte actora se limita a señalar los vacíos de información en ciertos rubros, pero no aporta ninguna otra prueba, ni documental ni testimonial, que permita acreditar que esos vacíos reflejan un vicio estructural, un fraude o una desviación grave del procedimiento electoral.

Es decir, la falta de esos datos en las actas es insuficiente para demostrar una irregularidad grave que ponga en duda la certeza de la votación recibida, máxime que la actora omitió aportar algún otro elemento de prueba que demostrara plenamente alguna causa de nulidad. 

Por todo lo antes expuesto y razonado, lo alegado por la actora deviene infundado, al no configurarse los extremos necesarios para la actualización de la causal de nulidad prevista en el artículo 75 párrafo 1 inciso k) de la citada ley de la materia, ni se advierten elementos que justifiquen la actualización de alguna otra.

D. Error en cómputo de votos[46] (SUP-JIN-233/2025)

1. Agravio. El actor sostiene que en ciento sesenta y cuatro casillas se presentó una discrepancia entre el número de votos computados en favor de candidaturas de mujeres a magistraturas de circuito en materia administrativa y el número de personas votantes registradas en las actas.

Afirma que tal diferencia constituye un error en el cómputo que afecta la validez de la votación recibida en esas casillas, y en términos generales, afirma que tal situación vicia toda la elección. 

2. Decisión. El agravio es inoperante, porque el actor parte de una premisa incorrecta, porque el diseño de la elección de personas juzgadoras permite el voto múltiple, por lo que es posible jurídicamente que existan más votos que personas que votaron.

3. Justificación.

La Constitución y la Ley Electoral[47] establecen un nuevo paradigma respecto a que la renovación de los integrantes del poder judicial se llevará a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, por el sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía.

En el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia de elección de personas juzgadoras se estableció que la ciudadanía podría votar hasta por cinco mujeres candidatas y cinco hombres candidatos a magistraturas de circuito y juzgadores de distrito (un total de diez).

Una de las principales características de la elección de personas juzgadoras, es que la ciudadanía podía elegir más de una candidatura en cada boleta electoral (voto múltiple), considerando en su decisión aspectos como el número de cargos a elegir, el sexo de las personas candidatas, así como el poder la unión postulante.

En ese contexto, la actora parte de la premisa incorrecta de que los votos emitidos en las casillas debieran coincidir con las personas que acudieron a votar el día de la jornada electoral, siendo que el propio diseño de la boleta en las elecciones judiciales implicó que cada persona electora emitiera el sufragio por diversas opciones, de tal forma que no resulta factible que el número de sufragios corresponda con el número de personas que acudieron a votar.[48]

Así, en la especie, el diseño de la boleta para elegir a las magistraturas en  donde contendió la actora, las personas electoras podían votar hasta por siete candidaturas, lo que originó que se recibiera un mayor número de votos que la cantidad de personas que acudieron a votar, sin que ello constituya por sí mismo, alguna irregularidad constitutiva de error o dolo en la votación.

En consecuencia, el agravio es inoperante, porque no se refiere a error o dolo en cómputo de votos, sino que lo que cuestiona es que existan más votos que personas que votaron.

VIII. INELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO

A. Incumplimiento del promedio de 8 o su equivalente en licenciatura (SUP-JIN-426/2025)

1. Agravio

El actor combate la declaratoria de inelegibilidad del actor para ocupar la magistratura en la que resultó electo por mayoría de votos, pues sostiene que el INE carece de facultades para realizar una segunda revisión de los requisitos de elegibilidad y revocar las determinaciones de los Comités de Evaluación, las cuales son actos definitivos y firmes.

Alega que es incorrecto que la autoridad decida reinterpretar y establecer nuevos criterios que cuestionen y retiren la idoneidad ya aprobada por el Comité de Evaluación, el cual no hizo mención al promedio exigido.

El INE fue contradictorio porque el acuerdo impugnado en el anexo 2 dice que sí cumple con el promedio y en el anexo 3 no.

Que en la revisión que realizó el INE no se le requirió en algún momento presentar documentación para acreditar la idoneidad, siendo que omitió valorar el certificado de estudios de especialidad y maestría que presentó a fin de cumplimentar el expediente académico.

Aunado a que plantea que la Sala Superior en el SUP-JDC-18/2025 determinó que el 8 de promedio podía acreditarse con la especialidad o posgrado y defiende que esa debe ser la interpretación a seguir pues es conforme al principio pro persona, porque lo contrario resultaría incluso discriminatorio.

2. Decisión

Carece de razón el actor, ya que: i) el INE tiene facultades para verificar el cumplimiento del promedio de 8 o su equivalente en licenciatura; y ii) es inoperante argumentar que pueda adoptarse una interpretación distinta respecto del cumplimiento del requisito constitucional de tener 8 de promedio.

3. Justificación

a. Marco normativo

La Constitución establece que las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación serán elegidas de manera libre, directa y secreta por el voto de la ciudadanía.[49]

Para ser electo magistrada o magistrado de Circuito, así como jueza o juez de Distrito, se necesita haber obtenido un promedio general de calificación en la licenciatura en derecho de cuando menos ocho puntos o su equivalente, y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

La postulación de las candidaturas le corresponde a los Poderes de la Unión, quienes son los encargados de establecer mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que acrediten los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes.[50]

El cumplimiento de tales requisitos será evaluado por los Comités de Evaluación que integren los Poderes de la Unión, mismos que estarán conformados por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica y cuya función será identificar a las personas que cuenten con los elementos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.[51]

Por otra parte, en lo que interesa al caso, en términos de la LGIPE,[52]se establecen los siguientes lineamientos:

         Cada Poder de la Unión instalará un Comité de Evaluación a través de los mecanismos que determinen dentro de los quince días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria general que emita el Senado de la República.

         Los Comités publicarán dentro de los quince días naturales posteriores a su integración las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, que contendrán lo siguiente:

o        La información pertinente contenida en la convocatoria general que publique el Senado de la República.

o        Las etapas, fechas y plazos aplicables al proceso de inscripción, evaluación y selección de postulaciones por el Comité.

o        Los mecanismos, formatos y otros medios de contacto para inscribirse en la convocatoria, así como para el seguimiento del proceso.

o        La metodología de evaluación de idoneidad de las personas aspirantes para el desempeño de los cargos de elección que correspondan por cada cargo y materia de especialización.

         Los Comités integrarán la lista de las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria y reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten, sin que puedan exigirse requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución.

         Acreditados los requisitos de las personas aspirantes, los Comités procederán a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada Comité para valorar su honestidad y buena fama pública.

Asimismo, del artículo tercero transitorio de la reforma a la LGIPE se establecen los siguientes lineamientos, con motivo de la reforma constitucional en materia de elección de personas juzgadoras, se pueden destacar los siguientes puntos:

         Los Comités de Evaluación verificarán que las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten, en los términos del párrafo cuarto del artículo 500, y publicarán el listado de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

         Los Comités de Evaluación calificarán la idoneidad de las personas elegibles en los términos del numeral cinco del artículo 500.

         Los Comités depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo por cada Poder atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género.

Al respecto, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo establece en la Base Primera de la Convocatoria emitida por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para participar en la evaluación y selección de postulaciones de la elección judicial extraordinaria, se establece:

PRIMERA. Cargos a elegir, requisitos, documentos para acreditarlos y ámbito territorial electivo.(…)

c.     Requisitos y documentos de acreditación (…)

II. Para ser electa persona Magistradas y Magistrados de Tribunal Colegiado de Circuito o Magistradas y Magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación, así como Juezas o Jueces de Distrito, se deberán reunir los requisitos que establecen los artículos 96 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Para acreditar estos requisitos, las personas aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

(…)

d)    Certificado de estudios o de historial académico de licenciatura y, en su caso, estudios de posgrado, en los que se puedan apreciar las calificaciones obtenidas por grado y materia.

En la base segunda se precisaron las fechas y plazos del proceso de elección de personas juzgadoras, la primera etapa del procedimiento, relativa al plazo para que las personas interesadas se registren e inscriban para participar.

La segunda etapa del procedimiento correspondía a la acreditación de elegibilidad, por lo que, verificaría que las personas aspirantes que reunieran los requisitos de elegibilidad y que, por tanto, podían continuar a la siguiente etapa del procedimiento.

b. Caso concreto

El actor plantea que el INE no podía alterar las decisiones adoptadas por los Comités de Evaluación, pero al ser la autoridad encargada de organizar y calificar la elección puede revisar el cumplimiento del requisito de tener un promedio general de cuando menos ocho puntos o su equivalente, para ser electo en una magistratura de Circuito o un juzgado de Distrito, previsto en el artículo 97, fracción II, sin que su revisión de manera exclusiva a los Comités de Evaluación. [53]

En el caso, en la hoja de revisión del cumplimiento de los requisitos se señala que el actor tiene 7.97 de promedio, con base en la revisión del certificado de estudio de licenciatura o superiores, o historial académico que acredite un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente.

Entonces, no se aplicó una metodología específica para determinar que el actor incumplió con el requisito de elegibilidad del 8 de promedio, sino que se limitó a verificar que el promovente hubiera acreditado cumplir o no con dicho requisito, lo que implicó una revisión meramente mecánica.

En la especie, el actor no niega el incumplimiento del promedio de 8 incluso lo que solicita es una interpretación pro persona para que se le tome en cuenta el promedio de otros grados académicos, lo cual resulta inoperante, debido a que se trata del cumplimiento de un requisito constitucional que debido al rango de la norma tiene calidad suprema, lo que impide que pueda quedar sin efectos, o bien, modularse su cumplimiento.[54]

Lo anterior porque acorde a lo que ha determinado esta Sala Superior, se relaciona con un requisito considerado adecuado por el Órgano Reformador de la Constitución para garantizar, a partir de elementos objetivos, las capacidades técnico-jurídicas de los aspirantes a ser ministras o ministros de la Corte, es decir, su aplicación se relaciona con el cumplimiento de cualidades exigidas constitucionalmente a las personas electas para el cargo, sin que pudiera resultar discriminatorio, porque la disposición que impone el requisito referido es de jerarquía constitucional.[55]

Así, contrario a lo que adujo el actor, la postura de esta Sala Superior es que dicho requisito no puede ser colmado bajo otro parámetro numérico o por otro grado académico. 

También, es ineficaz el argumento de que el INE fue incongruente ya que en la hoja de revisión del cumplimiento de los requisitos indicó que cumplió con el promedio y luego en el dictamen técnico sobre la verificación de los requisitos de elegibilidad lo consideró inelegible por incumplir el promedio general.

Lo anterior porque claramente se observa en la hoja elaborada por el INE, respecto a los requisitos a verificar, que su promedio fue de 7.97, si bien en la hoja de revisión que aparece en el anexo respectivo no se señala que incumplió el requisito, sí se advierte cuál fue el promedio obtenido.

Por lo cual, en el acuerdo impugnado se establece que la candidatura del actor incumple con el promedio de 8 en la licenciatura, entonces se trató de un error en las hojas de revisión elaboradas por el INE, que no constituyen el acuerdo principal, sino sirven para corroborar que es correcta la decisión de declararlo inelegible. 

De ahí que deba prevalecer la decisión del INE.

B. Asignar la vacancia al segundo lugar más votado (SUP-JIN-764/2025)

1. Agravio

El actor señala que fue incorrecto que el INE diera vista a la Sala Superior con la declaratoria de vacancia del ganador electo que obtuvo el mayor número de votos, porque lo que procedía era que ocupara la vacante el segundo lugar en la elección.

Bajo su óptica, la vacancia en materia electoral conduce a una nueva elección lo que tendría como consecuencia que el órgano jurisdiccional carezca de titular, lo que generaría erogaciones adicionales, contrarias al principio de austeridad.

A su decir, la solución sería asignar el cargo al segundo lugar, que es el actor quien lo obtuvo.

2. Decisión

Es fundado el planteamiento del actor porque la interpretación de la normativa electoral conduce a determinar que ante la inelegibilidad de una candidatura ganadora debe asumir el cargo la siguiente persona en votación, en aplicación del artículo 98, de la Constitución.

3. Justificación

El Consejo General del INE determinó que en el caso de las candidaturas que resultaron inelegibles, se consideraron vacantes y dio aviso a esta Sala Superior, con base en el inciso c), párrafo 1, del Artículo 77 Ter, de la Ley de Medios. El cual establece lo siguiente:

Artículo 77

1. Son causales de nulidad de una elección de senadores en una entidad federativa, cualquiera de las siguientes:

(…)

c) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría fueren inelegibles. En este caso, la nulidad afectará a la elección únicamente por lo que hace a la fórmula o fórmulas de candidatos que resultaren inelegibles.

Es decir, la norma en la que se basó el INE hace referencia a la nulidad de la elección, derivado de la inelegibilidad de la candidatura electa.

No obstante, dicha previsión normativa se debe interpretar a la luz de lo que prevé el artículo 98[56] de la Constitución sobre la manera en la cual se cubren vacantes en los distintos cargos del Poder Judicial de la Federación, cuando sus titulares ya fueron electos.

Entonces, se considera que lo correcto es realizar una interpretación conforme de lo previsto en el numeral 77 Ter, párrafo 1, inciso c) de la Ley de Medios, a fin de no restringir el ejercicio de los derechos del actor y de la ciudadanía que acudió a votar, armonizándolo con lo establecido en el artículo 98, primer párrafo, de la Constitución general.

Esta Sala Superior considera que las candidaturas que obtienen el segundo lugar son relevantes jurídicamente ante casos extraordinarios.

La Constitución general establece un criterio general que, ante una situación excepcional o extraordinaria como lo es la inelegibilidad de la candidatura ganadora, la persona que haya obtenido el segundo lugar en la votación debe recibir la constancia de mayoría.

Por lo que, asiste razón al actor, respecto a que es aplicable el referido artículo 98, primer párrafo, de la Constitución porque la norma constitucional protege la voluntad del electorado, así como los derechos político-electorales de aquellas personas que contendieron y cumplieron con los requisitos, al cubrir las ausencias en caso de vacancias.

Así las cosas, debe entenderse que el artículo 77 Ter, párrafo 1, inciso c) de la Ley de Medios, sólo se refiere a la nulidad de la elección de la persona declarada inelegible, sin extender sus efectos más allá y anular los resultados de toda la votación.

Sin que tal interpretación transgreda el principio democrático al voto ciudadano y su autenticidad, pues el propio Órgano Reformador de la Constitución estableció una regla-principio que informa al sistema, en cuanto a que los segundos lugares tienen una relevancia jurídica en la elección de personas juzgadoras.

Considerar lo contrario implicaría que, ante supuestos como los previstos en el artículo 98, primer párrafo de la Constitución, se alejara que no puede acceder al cargo la segunda persona más votada en la elección, porque ello no fue lo que la ciudadanía pretendió al momento de emitir el sufragio; sin embargo, al margen de ello, lo relevante es que una norma de más alto nivel jerárquico establece un método para solventar una situación extraordinaria.

De ahí que le asista razón al actor en cuanto a que la vacancia genera inconvenientes como es la falta de titulares de los órganos jurisdiccionales, o bien que se integraran por personas en funciones, lo que también buscaba evitar la reforma.

Además, esta interpretación reduce la posibilidad de que órganos encargados de impartir justicia se encuentren incompletos o integrados por personas juzgadoras en funciones, lo que se pretendió cubrir con la reforma judicial.

Por tanto, se deja sin efecto la declaratoria de vacancia decretada por el INE con motivo de la inelegibilidad que se analizó en este caso concreto. 

Ahora bien, toda vez que el actor es el segundo lugar más votado después del candidato considerado inelegible debe acceder al cargo.

Lo anterior porque en el distrito judicial 07, del Primer Circuito, en el que se disputaban 3 magistraturas de Circuito en materia administrativa, conforme al principio de alternancia de género, la primera asignación se realizó a una mujer y el siguiente lugar le correspondió al candidato inelegible, por lo que él, al haber ocupado el segundo lugar con mayor número de votos, le corresponde la siguiente asignación, como se observa a continuación.[57]

En ese sentido, al haber alcanzado su pretensión es innecesario el estudio de los restantes agravios porque no podría traerle un mayor beneficio al actor. efectuar un análisis de los demás agravios que hace valer la promovente, en tanto que el que se analizó le generó el mayor beneficio y ha alcanzado su pretensión.

IX. OMISIÓN DE APLICAR ACCIÓN AFIRMATIVA (SUP-JIN-493/2025)

1. Agravio

El actor sostiene que la asignación de cargos es indebida, porque el INE debió aplicar en su favor una acción afirmativa debido a que se autoadscribe como persona LGBTTTIQ+.

El enjuiciante sostiene que la responsable ha sido omisa en responder una petición que formuló el trece de junio precisamente respecto a la implementación de acción afirmativa para personas de la diversidad sexual.

2. Decisión

Es inoperante el agravio toda vez que esta Sala Superior ya ha establecido que, para el presente proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras, no se implementaron acciones afirmativas en favor de algún grupo en situación de vulnerabilidad. También, es infundado que el INE hubiera sido omiso en atender su solicitud, ya que fue precisamente en el acuerdo controvertido que dio respuesta a su petición.

3. Justificación

Si bien es cierto que el artículo 1° constitucional prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, no existe una disposición similar a la prevista en el artículo 94 constitucional que ordene expresamente la implementación de acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, incluida la comunidad LGBTTTIQ+, en la integración del Poder Judicial.

También es verdad que, respecto a los grupos en situación de vulnerabilidad la Sala Superior ha reconocido en diversos precedentes[58], que si bien no existe un mandato expreso que obligue al legislador a implementar una acción afirmativa específica, las autoridades sí están obligadas a garantizar el principio de igualdad y no discriminación.

Sin embargo, para este proceso electoral extraordinario esta Sala Superior[59] ha señalado en múltiples precedentes que, en principio, corresponde al legislador establecer el diseño normativo específico de las acciones afirmativas en atención a las particularidades de cada proceso electoral y en ejercicio de su libertad de configuración legislativa.

Por lo que, aunque existe un deber general de garantizar la igualdad sustantiva, no hay un deber específico de implementar un tipo concreto de acción afirmativa para garantizar la representación de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, estando dicha implementación sujeta a las facultades configurativas del legislador o de las autoridades administrativas electorales dentro del ámbito de sus competencias.

En el caso, al tratarse de un proceso electoral extraordinario con características particulares, no resultaba obligatorio para el INE implementar acciones afirmativas adicionales a las que expresamente le mandata la Constitución.

De ahí que, esta Sala Superior concluye que no existe obligación constitucional de implementar acciones afirmativas específicas para la comunidad de la diversidad sexual en la asignación de cargos del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente resulta infundado el agravio del actor respecto a que la autoridad responsable fue omisa en contestar su petición respecto a la aplicación de una acción afirmativa, porque en el acuerdo controvertido la autoridad se refirió de manera expresa a la petición del actor en el sentido que en la etapa de asignación de cargos, el INE no puede adoptar una acción afirmativa ya que hacerlo de ese modo implicaría establecer condiciones diferenciadas con el resto de las personas candidatas contendientes.

El INE se basó precisamente en un precedente en el que esta Sala Superior había concluido que no existía esa obligación de implementar tales medidas en la elección de las personas juzgadoras.

Por tanto, no existía deber constitucional ni legal alguno, para que el INE implementara alguna acción afirmativa a favor de la comunidad en la asignación de cargos en la elección del poder judicial.

X. RECOMPOSICIÓN

Una vez que se han analizado los conceptos de agravio y atendiendo a que se ha determinado la nulidad de la votación recibida en cinco casillas, es necesario hacer la recomposición del cómputo.

Cuestión previa

Es importante reiterar que la litis en el juicio que se resuelve está vinculada única y exclusivamente con la elección de magistraturas de Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa.

Por tanto, la recomposición del cómputo afectará exclusivamente a esa elección y no a otras materias como la civil, laboral, penal y del trabajo.

Importa señalar que la nulidad de la votación solamente afecta a la elección en cita, con base en la jurisprudencia 34/2009 NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. LA SENTENCIA QUE LA DECLARA SÓLO DEBE AFECTAR A LA ELECCIÓN IMPUGNADA.

Recomposición del cómputo ante el CG del INE

En primer lugar, se debe precisar que el CG del INE declaró diversas casillas como “inviables”, determinando que la votación ahí depositada no sería tomada en cuenta.[60]

En este sentido, la responsable determinó que la votación declarada inviable únicamente correspondió a la casilla 619 especial.[61]

Luego, el CG del INE restó la votación inviable que obtuvieron las candidaturas a las magistraturas en materia administrativa a la votación total consignada en el acta de cómputo de entidad federativa.[62]

Por tanto, se tomará como votación final la determinada por el CG del INE después de descontar los votos inviables.

Votación anulada en sede jurisdiccional

Conforme a las consideraciones de esta ejecutoria, se declaró la nulidad de la votación recibida en cinco casillas, con relación a la elección de magistraturas en materia administrativa, siendo la siguiente:

Recomposición del cómputo de entidad en sede jurisdiccional

Finalmente, la votación anulada por esta Sala Superior se debe restar a la votación recompuesta por el CG del INE, quedando de la siguiente forma:

Al descontar los votos anulados, se advierte que el segundo lugar en el caso de las mujeres es Guadalupe Mayra Meza Andraca y el tercer lugar sigue correspondiendo a Lorena Durán Chávez, por lo que el ajuste de votación no produce cambio en esas dos posiciones.

En consecuencia, ante la recomposición del cómputo de entidad correspondiente a la circunscripción 4, circuito judicial Ciudad de México, distrito judicial 5, de la elección de magistrada y magistrados de circuito en materia administrativa, se debe dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para todos los efectos legales procedentes.

XI. EFECTOS DE LA SENTENCIA

i) Se modifican los resultados del cómputo, en atención a la recomposición.

ii) Dado que no hubo cambio de posiciones, luego de la modificación de los resultados del cómputo, lo procedente es confirmar la validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría respectivas.

iii) Se deja sin efecto la vacancia decretada por el INE.

iv) Se vincula al CG del INE expedir la constancia de mayoría a Benjamín Ciprián Hernández como magistrado de Circuito en materia administrativa, del distrito judicial 05, del Primer Circuito. Se precisa que al no haber alguna prueba que haga cuestionar la elegibilidad del candidato, hay una presunción del cumplimiento de los requisitos derivado de que los tres Comités de Evaluación consideraron que acreditaba los requisitos exigidos.

Por lo expuesto y fundado se emiten los siguientes:

XII. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumulan las demandas.

SEGUNDO. Se desecha la demanda del SUP-JIN-766/2025.

TERCERO. Se modifican los resultados impugnados en los términos de la ejecutoria.

CUARTO. Se confirma la validez de la elección impugnada.

QUINTO. Se revoca la vacancia decretada por el INE.

SEXTO. Se vincula al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en esta sentencia.

Notifíquese como en derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido y, en su caso, devuélvase la documentación atinente.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron, las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los votos parcialmente en contra de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y con el voto concurrente de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Ante el secretario general de acuerdos quien autoriza y da fe de que la presente resolución se firma de manera electrónica.

ANEXO. Análisis de las casillas cuestionadas por indebida integración

i.                    Casillas sin actas

De autos se advierte que no se encontraron las actas de jornada electoral en las casillas 2036-B1 y 2752-B1, sin embargo, esa irregularidad no se estima de tal gravedad que ponga en duda la certeza de la votación ni que sea determinante para el resultado de ésta.

Esto es así, porque la votación recibida en la casilla en estudio, es similar a los resultados de la votación en cuanto a las dos mujeres candidatas más votadas, como se observa de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, lo cual destruye el indicio que podría generar la falta de las actas indicadas, como se pone de manifiesto con la tabla siguiente:

Así, la sola falta de las actas indicadas es insuficiente para demostrar plenamente que esa irregularidad sea de tal gravedad que ponga en duda la certeza de la votación ahí recibida ni que sea determinante para el resultado de ésta.

Lo anterior se ve robustecido porque no se reportaron incidencias, aun cuando en la casilla 2752-B1 no se encontró hoja de incidente, no hay algún indicio de que se hubiera presentado una irregularidad.

Por otro lado, respecto a que en la casilla 1980-B1 aparezca en blanco el apartado correspondiente a las firmas de las personas funcionarias, tampoco implica que no hayan integrado la mesa directiva, porque pudo deberse a una omisión, un descuido en el llenado, sobre todo porque no hay reporte de incidentes sobre esto ni prueba indiciaria que acredite que la votación fue recibida por personas distintas a las designadas.

Así, ante la ausencia de elementos que demuestren lo contrario, la falta de firmas no tiene, por sí sola, la entidad suficiente para presumir la inasistencia total de la mesa y, en consecuencia, invalidar la votación recibida.

ii.                  Personas funcionarias que no aparecen en el encarte

iii.                Personas que no pertenecen a la lista nominal de la sección electoral

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.