JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SUP-JIN-245/2024

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA[1]

RESPONSABLE: 07 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE CHIAPAS[2]

TERCERO INTERESADO: MORENA[3]

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

MAGISTRADA ENCARGADA DEL ENGROSE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIADO: ROCÍO ARRIAGA VALDÉS Y OMAR ESPINOZA HOYO

Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve confirmar el cómputo distrital relativo a la elección de titular de la Presidencia de la República respecto del proceso electoral federal 2023-2024, efectuado por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral[4] en el Estado de Chiapas; y

R E S U L T A N D O

I. Inicio del proceso electoral federal. El siete de septiembre del año pasado inició el proceso electoral federal para elegir, entre otros cargos, a la persona titular de la Presidencia de la República.

II. Jornada electoral. El dos de junio de dos mil veinticuatro[5] se realizó la jornada electoral correspondiente.

III. Cómputo distrital. En su oportunidad tuvo lugar la sesión de cómputo distrital; dicho cómputo, en el distrito impugnado en el presente juicio, atendiendo a la votación obtenida por las candidaturas postuladas, arrojó los resultados siguientes:

IV. Juicio de inconformidad. En desacuerdo con los resultados, el PRD presentó demanda de juicio de inconformidad para controvertir, entre otros aspectos, los resultados del cómputo de la elección presidencial, realizada por el consejo distrital responsable.

V. Turno a ponencia. Recibida la demanda, la Presidencia de esta Sala Superior acordó integrar el expediente al rubro citado y ordenó turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis.

VI. Escrito de tercero interesado. Morena compareció a juicio con el carácter de tercero interesado.

VII. Presentación y rechazo del proyecto. En sesión de la presente fecha, la Magistrada instructora sometió a consideración del Pleno de esta Sala Superior el proyecto de resolución que estimó procedente; empero, la Magistrada y los Magistrados determinaron, por mayoría de votos, rechazar la propuesta, designándose a la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso como encargada de elaborar el engrose respectivo, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior tiene competencia exclusiva para resolver el presente asunto, porque se trata de un juicio de inconformidad que se promueve contra resultados de un cómputo distrital de la elección de la persona titular de la Presidencia de la República. Lo anterior, con fundamento en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[6]; 164, 166, fracción II; y 169, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[7]; así como 50, párrafo 1, inciso a) y 53, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

SEGUNDO. Comparecencia del tercero interesado. El escrito de comparecencia presentado por la representación del partido político Morena cumple con los requisitos establecidos en el artículo 17, párrafo 4[8], de la LGSMIME, como enseguida se razona:

Requisitos formales. En el escrito de comparecencia se hace constar: 1. El nombre de la parte tercera interesada; 2. La razón del interés jurídico en que se fundan sus pretensiones concretas; 3. El nombre y la firma autógrafa de la persona que comparece como representante.

Oportunidad. El escrito se presentó dentro del plazo legal, que transcurrió de las doce horas del nueve de junio a las doce horas del doce de junio.  En consecuencia, si el escrito de comparecencia fue presentado ante el Consejo Distrital a las veintidós horas con veintiocho minutos del once de junio del presente año, se considera oportuno.

Interés jurídico y personería. Se cumplen estos requisitos porque el partido comparece por conducto de su representante suplente ante el Consejo Distrital; asimismo, cuenta con un interés incompatible con el de la parte actora y expone argumentos para justificar la legalidad del cómputo distrital impugnado.

Causas de improcedencia. El tercero interesado plantea la improcedencia del medio, al estimar que el actor: 1) Pretende impugnar más de una elección; 2) Impugna actos que no son definitivos y ni firmes; 3) La presentación de la demanda es extemporánea; y 4) Hace valer una causal genérica inaplicable a la elección presidencial.

Las tres primeras causales son infundadas, con base en los razonamientos en el siguiente considerado, respecto de la elección controvertida. Asimismo, es ineficaz el señalamiento respecto a que el partido actor hace valer una causal genérica no aplicable a la elección presidencial, ya que tal cuestión debe ser atendida en el estudio del fondo de esta sentencia.

TERCERO. Requisitos de procedencia[9].

Forma. La demanda precisa el acto impugnado, los hechos, los motivos de controversia y cuenta con firma autógrafa de quien se ostenta como representante del partido actor.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días, ya que, el cómputo distrital concluyó el seis de junio[10] y la demanda se presentó el ocho siguiente, por lo que resulta evidente su oportunidad[11].

Legitimación y personería. El PRD está legitimado para interponer el medio de impugnación, por ser un partido político nacional que contendió en la elección, cuyos resultados controvierte.[12] Asimismo, en el informe circunstanciado se reconoce la personería de quien comparece en su representación.

Definitividad. Se cumple, porque la Ley de Medios no establece algún medio de impugnación que deba agotarse previamente.

Requisitos especiales de procedencia[13].

Tipo de elección. El PRD precisa como acto reclamado los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría y Validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección.

Sin embargo, con independencia de la redacción empleada por el partido actor, lo cierto es que dirige únicamente su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de la Presidencia de la República, realizado por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, cuestión que corresponde a la materia de controversia del presente asunto, por ello, no se impugna más de una elección; ni supuestos actos que no sean definitivos ni firmes[14].

Casillas. En la demanda se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.

CUARTO. Precisiones previas al estudio de fondo.

Elementos comunes para analizar las causales de nulidad de votación recibida en casilla. El estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casillas se hará tomando en consideración que el elemento “determinante” deberá colmarse en cada uno de los supuestos jurídicos previstos en el artículo 75 de la Ley de Medios, en los que se encuentra expresamente señalado, así como en aquellos en que no se menciona, pero está implícito, de conformidad con el criterio contenido en la Jurisprudencia 13/2000, con rubro “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”[15], en que se precisa que el señalamiento expreso o implícito del elemento determinante repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante para el resultado de la votación; y en cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito significa que -por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de su prueba- existe la presunción iuris tantum de que la irregularidad es “determinante” para el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se actualizará la nulidad.

En adición, cabe precisar que para el análisis del elemento “determinante” de las irregularidades que se invoquen, se utilizará cualquiera de los dos criterios siguientes: a) Cuantitativo o aritmético; y b) Cualitativo[16]; y sin perder de vista “el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados”[17], al momento de analizar el elemento de lo “determinante”.

Lo anterior, de conformidad con los criterios contenidos en la Jurisprudencia 39/2002, con rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO", así como en la Jurisprudencia 9/98, con rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”, respectivamente.

2. Casillas impugnadas. La parte actora alega que se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, según el artículo 75, párrafo 1, de la Ley de Medios. Por lo anterior, los agravios serán estudiados agrupando las casillas que son materia de controversia conforme a la causal que en cada caso se invoca, en los siguientes términos:

QUINTO. Estudio de fondo. Análisis de las causales de nulidad de votación invocadas.

Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados legalmente (artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la LGSMIME).

Planteamientos de la parte actora.

En el escrito de impugnación, el PRD alega que en las casillas que enseguida se citan, indebidamente se da por válida la votación recibida, a pesar de que la recibieron personas que tienen su domicilio en un lugar diferente al que corresponde a las secciones electorales de la mesa directiva de casilla instalada por la autoridad electoral:

El agravio es inoperante, en atención a lo siguiente.

Marco jurídico. Conforme a lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que la votación se recibió por personas u órganos distintos a las facultadas conforme a la normativa electoral vigente.

Al respecto, los párrafos 1 y 2 del artículo 82 de la LGIPE disponen que las mesas directivas de casillas se deben conformar por una presidencia, dos secretarías, tres escrutadoras y tres suplentes generales; además, que para el caso de que concurran elecciones federales y locales en una entidad, adicionalmente contarán con una secretaría y una escrutadora.

Tales personas ciudadanas serán designadas en la fase preparatoria de la elección, mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 254 de la LGIPE; sin embargo, ante el hecho de que algunas de las personas designadas dejen de acudir el día de la jornada electoral, la propia normativa prevé el procedimiento que debe seguirse para sustituir a las ausentes a fin de que la mesa directiva se instale, funcione y reciba el voto del electorado.

En efecto, el artículo 274 de la LGIPE establece una serie de lineamientos a seguir para dar cabida a la sustitución de personas funcionarias que no se presenten el día de la jornada electoral, estableciendo procesos de corrimiento y suplencias con las personas designadas para tal efecto y, en todo caso, si ello fuera insuficiente, se prevé que los nombramientos recaigan en la ciudadanía que se encuentre formada en la casilla para emitir su voto, sin que tal designación pueda recaer en las representaciones partidistas ni en las de las candidaturas independientes.

De esta manera, si de las constancias que obran en el expediente se advierte que no hubo sustitución de personas funcionarias, o bien, que habiéndola se hizo según los parámetros y mecanismos establecidos en el numeral 274 de la LGIPE, la irregularidad alegada será infundada, pues salvo prueba en contrario, no constituye una transgresión grave y determinante para dar pie a la invalidez de la votación recibida en esa casilla.

En cambio, si se demuestra que la mesa directiva de casilla se integró por personas ajenas a la sección electoral respectiva, o bien, que sean representantes de partido, coaliciones, candidaturas independientes o cualquier otra forma de participación política, la irregularidad será grave y determinante, y por tanto suficiente para nulificar los votos que ahí se recibieron.

Caso concreto. Como se anticipó, el actor hace valer esta causal de nulidad respecto de las casillas enlistadas, sobre las que refiere que estuvieron indebidamente integradas, en los cargos que se precisaron previamente.

Empero, del análisis integral de la demanda se advierte que el PRD únicamente refiere a las casillas precisadas y a la función que supuestamente fue desempeñada indebidamente, sin que haya precisado el nombre de las personas que presuntamente se incorporaron indebidamente a las indicadas mesas directivas, sin dejar de lado que de su exposición se advierte que tales personas son ajenas a la sección en que fungieron como funcionarias de casilla, y que ni siquiera están inscritas en el listado nominal respectivo.

Respecto a ello, es importante señalar que al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, esta Sala Superior interrumpió la jurisprudencia 26/2016, de rubro NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO; ello, porque al revisar su contenido, concluyó que debía evitarse que a través de argumentos genéricos y sin sustento, los promoventes controvirtieran la validez de la votación recibida en casilla, lo que implicaba que la carga correspondiente a demostrar la actualización de dicha irregularidad se trasladaba hacia los órganos jurisdiccionales, cuando, en principio, corresponde a quien afirma su existencia.

En esencia se sostuvo que avalar ese tipo de argumentación podría traducirse en que las partes legitimadas afirmaran, de manera genérica, que todas las casillas de una elección se integraron por personas que no pertenecían a la sección electoral, y el tribunal respectivo tendría la obligación de:

a)      revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos;

b)      corroborar si esas personas aparecen en los encartes de la sección respectiva y, en su caso

c)      verificar si se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.

En ese sentido, sería suficiente una afirmación genérica para que, en todos los casos, la autoridad jurisdiccional tuviera que verificar oficiosamente la debida conformación de las casillas, cuando la carga probatoria y argumentativa recae en la parte impugnante.

Por ello, en dicho precedente, esta Sala Superior concluyó que era necesario que quien controvirtiera la validez de la votación por la causal en análisis debía, por lo menos, identificar la casilla y precisar el nombre completo de la persona considerada sin facultades para recibir la votación, con lo que se superó el criterio que exigía que también se proporcionara el cargo indebidamente asumido.

En tal orden de ideas, en la ejecutoria de mérito se desestimó el agravio respecto de las casillas en las que no se señaló el nombre de la persona cuestionada, precisamente por carecer de la información insuficientes para estudiar la causal.

En el caso, como ya se señaló, el PRD omite mencionar los nombres de las personas que, según su dicho, indebidamente se desempeñaron como integrantes de las casillas impugnadas, lo que, conforme al criterio asumido por esta Sala Superior al resolver, entre otros, el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, hace inoperante su alegación, pues el requisito faltante resulta indispensable para analizar la irregularidad invocada, relacionada con la indebida integración de las casillas cuestionadas.

Esto es, de conformidad con el referido precedente, a efecto de que, este órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar el estudio correspondiente de la causal de nulidad, resulta necesario que se identifique la casilla y el nombre del funcionariado, objeto de cuestionamiento, por lo que resulta insuficiente que sólo se haga referencia en la demanda, a la casilla y al funcionario atinente, pues no es posible realizar su identificación y, por consecuencia, si pertenece o no a la sección de la mesa directiva de casilla en la que presuntamente participó de forma indebida para derivar en una eventual nulidad de la votación recibida en casilla.

Por lo tanto, debido a que, en la especie, no identificó los nombres de las personas que, presuntamente, fungieron indebidamente como funcionarias de las mesas directivas de las casillas controvertidas, entonces no es posible emprender el estudio respectivo, lo que evidencia lo inoperante de los motivos de disenso, en torno a la causal de nulidad materia de análisis.

Causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso g) de la Ley de Medios. Por otra parte, el PRD plantea la nulidad de la votación recibida en la casilla 716 C2, porque considera que en ellas se permitió votar a una persona ciudadana sin contar con credencial para votar o sin que su nombre aparezca en el listado nominal correspondiente.

El agravio es inoperante, en atención a lo siguiente.

Marco jurídico. Conforme a lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso g) de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se permitió votar a personas que carecían de credencial para votar o que su nombre no apareciera en la lista nominal respectiva, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, excepción hecha de los casos de excepción previstos en la LGIPE así como en el artículo 85 de la propia Ley de Medios.

En ese sentido, para estar en aptitud de anular la votación por la causal en comento, es necesario que se acrediten los elementos siguientes:

a)     Se permita votar a una o más personas sin contar con credencial para votar, o bien, sin que su nombre aparezca en la lista nominal correspondiente a la casilla;

b)     Que dichas personas no se ubiquen dentro de alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Medios[18] y en la LGIPE[19]; y

c)     Que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación.

En este sentido, como ya se dijo, para que se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla por esta causal, se debe colmar cualquiera de las hipótesis señaladas en el inciso a), también como verificar que dichas personas no se encontraban en alguno de los supuestos de excepción previstos en la LGIPE o la Ley de Medios, y que el número de votos emitidos irregularmente sea mayor o igual a la diferencia entre el primer y segundo lugar de la votación recibida en casilla.

En el caso concreto, tal y como consta en el expediente en el que se actúa, el partido actor alega que se actualiza la causal de nulidad en estudio.

Caso concreto. Como se anticipó, el agravio resulta inoperante, pues atendiendo a que el PRD expresa en su demanda, para la casilla impugnada, que la persona electora ejerció su voto sin credencial para votar y/o sin aparecer en la lista nominal de electores o las listas adicionales, podría entonces considerarse que en ella, una persona votó de manera irregular, sobre todo si se considera que de ninguna parte de su demanda se advierte un señalamiento distinto o complementario a la tabla que inserta en su escrito inicial.

En ese sentido, y asumiendo sin conceder que su alegato consiste en que, dentro de la casilla impugnada, una persona votó de manera irregular, lo cierto es que ello no sería determinante para anular la votación respectiva, tal como se muestra enseguida:

En efecto, como puede apreciarse de la tabla anterior, la irregularidad invocada no sería determinante para anular la votación recibida en la casilla impugnada por el PRD, pues en dicho centro de votación, la diferencia entre la candidatura que obtuvo el primer y el segundo lugar es mayor al voto supuestamente emitido de manera irregular.

De ahí que, aun cuando el PRD tuviera razón en su alegato, ello, por sí mismo, sería insuficiente para revertir la validez de los sufragios captados en tal centro de votación, de ahí que sea infundado su planteamiento.

Violaciones sustanciales.

Agravios.

El recurrente solicita que se declare la nulidad de la votación recibida en todas las casillas que se instalaron durante la jornada electoral celebrada el dos de junio de esta anualidad para la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, al estimar que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 78, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Para sustentar su pretensión, aduce, en esencia, que la votación recibida en todas las mesas directivas de casilla instaladas el dos de junio, se encontró viciada desde antes del proceso electivo y durante el desarrollo del mismo, por la indebida intervención del Gobierno Federal dirigida a beneficiar la candidatura a la Presidencia de la República postulada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en contravención a los principios de certeza, equidad, objetividad, imparcialidad y neutralidad, transgrediendo el derecho de la ciudadanía a emitir su sufragio universal, libre, secreto y directo.

Al efecto, el actor refiere diversas determinaciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, así como sentencias de este órgano jurisdiccional en las que se determinó que el Ejecutivo Federal y otras personas del servicio público transgredieron diversas normas en materia de comunicación gubernamental, lo que estima el actor, generó un beneficio ilegal a la candidatura ganadora y los partidos políticos que la postularon.

En ese sentido, la actora aduce, esencialmente, que previo al inicio del proceso electivo, así como durante la preparación del proceso electoral y el desarrollo de las campañas, existieron irregularidades graves que afectaron la equidad de la elección, particularmente por la supuesta intervención de diversos servidores públicos del gobierno federal dirigida a favorecer la candidatura ganadora.

Análisis de los agravios.

Los agravios son inoperantes, toda vez que no se encuentran dirigidos a controvertir el cómputo distrital impugnado, ni se exponen razones o motivos tendentes a evidenciar la comisión de irregularidades acontecidas en el Distrito Electoral que no fueron reparables durante la jornada electoral y que hayan afectado la certeza de la votación recibida en las casillas instaladas en el Distrito Electoral cuyo cómputo se impugna.

En efecto, como se advierte de la síntesis de agravios previamente expuesta, los planteamientos de la parte actora están relacionadas con la causa de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, prevista en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la  Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y no con la materia del juicio de inconformidad que se resuelve, en el que se analiza la legalidad de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital combatido.

Lo anterior, de conformidad con lo que se explica a continuación.

Marco jurídico.

En términos de lo dispuesto en los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases establecidas en esa norma constitucional, en tanto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Constitución.

En el señalado artículo 99 constitucional, se dispone que la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de la persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones planteadas y formulará la declaración de validez de la elección y la de Presidencia Electa.

De tal manera que a esta Sala Superior corresponde realizar:

Ello, a partir de los resultados obtenidos en cada uno de los trescientos distritos electorales uninominales, o en su caso, de lo resuelto en los juicios que inconformidad que se hubieren promovido precisamente para cuestionar dichos cómputos, conforme a lo previsto en los artículos 225, párrafos 5 y 6, así como 317, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Atento a lo señalado, resulta evidente que esta Sala Superior es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación al que se le asignó la encomienda constitucional de resolver las impugnaciones, realizar el cómputo y, en su caso, declarar la validez de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la verificación del cumplimiento de los principios constitucionales en materia electoral a fin de dotar de certeza jurídica a todos los participantes en el proceso electoral.

Resulta pertinente mencionar que, con la finalidad de que se cumpla con esa función, y garantizar la congruencia del orden jurídico en razón con el momento y acto del proceso electoral que se considere que incumplió con los principios constitucionales de las elecciones, el Poder Legislativo federal dispuso en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que el juicio de inconformidad es el mecanismo jurídico para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales atinentes a la referida elección a la Presidencia de la República.

En ese sentido, en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), de la señalada ley adjetiva electoral, se prevé que, mediante el juicio de inconformidad, son impugnables en la elección de titular a la Presidencia de la República, los actos siguientes:

I.            Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en casillas, o por error aritmético; y

II.            Por nulidad de toda la elección.

En consonancia, en los artículos 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con lo señalado en el artículo 317, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los juicios de inconformidad promovidos en contra de los cómputos distritales de la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos deben presentarse ante el Consejo Distrital respectivo.

Cabe precisar que el medio de impugnación deberá presentarse dentro de los cuatro días siguientes a que concluya la práctica del cómputo distrital correspondiente, como se establece en el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 52, párrafo 5, de la Ley procesal electoral mencionada, cuando se impugne toda la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de inconformidad deberá presentarse ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en tanto que debe presentarse dentro de los cuatro días siguientes a que el Secretario Ejecutivo informe al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del resultado de las sumas de las actas de cómputo distrital de dicha elección, por (coalición) partido y candidato, conforme a lo previsto en el párrafo 2 del referido artículo 55, del ordenamiento jurídico de referencia.

Conforme a las reglas mencionadas, se tiene que los juicios de inconformidad que se promuevan en contra de los cómputos distritales, deben dirigirse a evidenciar la existencia de hechos irregulares acontecidos en el Distrito correspondiente, que hayan incidido en la votación distrital y que no fueran reparables durante la jornada comicial  o que hayan incidido en los resultados obtenidos en el cómputo correspondiente, precisamente porque se trata de un medio de impugnación previsto para analizar las presuntas irregularidades acontecidas en las casillas instaladas el día de la jornada electiva de la demarcación respectiva o durante el cómputo correspondiente.

Es de hacer énfasis en que, a través del juicio de inconformidad[20] mediante el que se impugne toda la elección presidencial es posible analizar las irregularidad que se planteen para cuestionar la validez de toda la elección, en el entendido que estas deberán estar dirigidas a evidenciar que se afectó la certeza de la votación y que resultaron determinantes para el resultado de la elección, pero no aquellas vinculadas con la pretensión de lograr la nulidad de la votación recibida en casillas o la corrección de algún error aritmético detectado en un cómputo distrital, ya que estos casos deben plantearse en el juicio de inconformidad en el que se cuestionen los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de que se trate.

Por tanto, acorde con el marco jurídico antes analizado, en el juicio de inconformidad mediante el que se impugnan los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, únicamente procede examinar las irregularidades vinculadas con la solicitud de nulidad de votación recibida en las casillas que de manera específica se identifiquen, o bien por error aritmético; quedando en consecuencia, vedada cualquier posibilidad jurídica de estudiar actos que se invoquen y que no guarden relación directa con los supuestos mencionados.

Tal situación no implica denegación de justicia, pues como ya ha quedado expuesto, es mediante el juicio de inconformidad dirigido a controvertir la elección de titular a la Presidencia de la República, en el que las partes inconformes tienen la posibilidad jurídica de alegar cualquier tipo de irregularidades que no guarden relación con la nulidad de la votación recibida en casillas o el error aritmético.

Caso concreto.

Conforme a la síntesis de agravios expuesta de manera previa, se evidencia que los planteamientos del partido político actor consisten, en esencia en que:

Ahora bien, como se adelantó, los agravios son inoperantes en razón de que, los planteamientos expuestos no satisfacen los supuestos que pueden ser materia de un juicio de inconformidad promovido en contra de un cómputo distrital de la elección a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos porque:

Así, dado que los planteamientos no se dirigen a evidenciar la existencia de irregularidades acontecidas en el distrito respectivo o la manera concreta en que incidieran en el cómputo correspondiente, sino que tienen por finalidad demostrar la supuesta existencia de irregularidades acontecidas antes del inicio del proceso electoral y durante la etapa de preparación de la elección, afirmando que incidieron en el resultado de toda la elección, resulta evidente que no podrían ser objeto de estudio en un medio de impugnación como el que se resuelve.

Lo anterior, porque la pretendida nulidad de elección de Presidencia de la República es una cuestión que debe plantearse en el juicio de inconformidad que se presente para impugnar toda la elección presidencial, y no en el juicio mediante el que se controvierten los resultados consignados en las actas de cómputo distrital en los términos descritos a lo largo del presente apartado, de ahí lo inoperante del agravio.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que ante esta Sala Superior se presentaron diversos juicios de inconformidad a través de los cuales se controvierte en su totalidad la elección presidencial y, en cuyos escritos impugnativos se hacen valer los planteamientos referidos con antelación.

De ahí que, el hecho de que en el presente juicio no se analicen dichos temas no podría generarse una denegación de justicia en perjuicio del partido actor, pues tales planteamientos serán motivo de análisis en los expedientes por los que se pretende la nulidad de la elección de la presidencia de la república.

En consecuencia, al resultar desestimarse los planteamientos formulados en vía de agravios, lo procedente es confirmar, en la materia de impugnación, el acto impugnado.

Por tanto, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirman los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Distrito Electoral Federal 07 en el Estado de Chiapas, en los términos precisados en la presente sentencia.

Notifíquese en términos de ley.

Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, integrante de la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral. Lo anterior de conformidad con lo acordado por el Pleno de este órgano jurisdiccional en sesión privada de dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ser la magistrada regional con mayor antigüedad en ese cargo y mayor antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. Con el voto parcial en contra de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis y del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR PARCIAL[21] QUE FORMULA LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD SUP-JIN-245/2024

Formulo el presente voto parcial en contra para explicar las razones por las que no comparto el estudio realizado en cuanto a la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso e) de la Ley de Medios.

Contexto del asunto

El PRD precisa como acto reclamado los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría y Validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección.

El PRD promovió juicio de inconformidad contra los resultados del cómputo de la elección presidencial en el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, en el que hizo valer, entre otras cuestiones, la causal de nulidad de votación recibida en casilla, por haberse recibido por personas distintas a las previstas legalmente.

Sentencia de la Sala Superior

En la sentencia, la mayoría de los integrantes de este órgano jurisdiccional consideró calificar como inoperantes los conceptos de agravio relativos a la causal de nulidad de votación recibida en casilla, por haberse recibido por personas distintas a las previstas legalmente.

Lo anterior, porque se consideró que el actor no aportó los elementos mínimos para su análisis, a saber, el nombre y apellido de la persona que, supuestamente, integró indebidamente la mesa directiva de casilla.

Al respecto, se razonó que ha sido criterio consistente de la Sala Superior[22] que existe la carga para la parte actora de señalar el o los nombres de las personas que, en su consideración, no cumplen con los requisitos para integrar válidamente la mesa directiva de casilla. Ello, para que el órgano jurisdiccional cuente con elementos mínimos necesarios para verificar si se actualiza o no la causal de nulidad.

Consideraciones del voto parcial en contra

No comparto que el estudio a la causal de nulidad planteada por el partido actor se le haya dado tratamiento de inoperancia, como se explica.

En primer lugar, esta Sala Superior es primera y única instancia del medio de impugnación y, por tanto, existe suplencia de la queja deficiente.

En segundo, porque el actor sí precisó la casilla y el cargo del funcionariado que, en su consideración, indebidamente integró la mesa directiva de casilla.

En ese sentido, al contar con estos dos elementos, la Sala Superior estaba en condiciones de verificar si se actualizaba o no la causal de nulidad alegada. Ello, porque el personal de este órgano jurisdiccional tiene acceso al Sistema de Información para las Elecciones Federales (SIEF), así como a la documentación de los paquetes electorales que fueron remitidos por los respectivos Consejos Distritales, relacionada con la elección de la presidencia de la República.

De ahí que al existir datos de identificación mínimos como la casilla y el cargo del funcionariado que indebidamente integró la casilla impugnada, resultaba viable analizar en sus méritos la irregularidad planteada, mediante el estudio de fondo, máxime que el partido tomó como base las incidencias reportadas en el Sistema de Información de la Jornada Electoral y, en el caso, con base en la documentación electoral existente en cada expediente era viable revisar si le asistía o no razón.[23]

Recepción de votación por personas u órganos distintos a los facultados

El partido actor reclama que se actualiza la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, por la causal dispuesta en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

Al respecto, el partido actor impugna las siguientes casillas:

Los agravios son infundados atendiendo a que los elementos que existen en el expediente resultan insuficientes para acreditar lo extremos exigidos por la legislación para actualizar la causal de nulidad que se invoca; con excepción de las casillas 95 Contigua 2 y 203 Básica 1, respecto de las cuales resulta fundado el motivo de agravio porque participaron como funcionarias de la mesa directiva de casilla una persona cuyo nombre no aparece en la Lista Nominal de Electores correspondiente a esa sección electoral. Lo anterior, con base en lo siguiente.

El artículo 81, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral dispone que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales y que, como autoridad electoral, tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del voto, garantizar el secreto del mismo y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

De acuerdo con el artículo 82, párrafo 1, del referido ordenamiento electoral, las mesas directivas de casilla se integrarán con una o un presidente, un secretario/a, dos escrutadores/as, y tres suplentes generales; mientras que el párrafo 2 del mismo artículo establece que en las elecciones concurrentes se instalarán mesas directivas de casilla únicas para ambos tipos de elección, las que se integrarán, además con una o un secretario y un escrutador/a adicionales.

Para el debido funcionamiento de las mesas directivas de casilla, la propia normativa contempla el procedimiento que deberá observarse a efecto de realizar las sustituciones necesarias, en caso de ausencia de algunos de los ciudadanos previamente insaculados por la autoridad comicial, el cual dispone, entre otras posibilidades: 1) La actuación de los funcionarios suplentes; 2) El corrimiento de funciones entre los integrantes previamente insaculados por la autoridad electoral e incluso, y 3) Que integren la mesa ciudadanos que, aun sin haber sido designados por la autoridad electoral, cuente con credencial para votar y se encuentren inscritos en la lista nominal de la sección correspondiente.[24]

Ahora bien, en caso de que existan irregularidades respecto de los ciudadanos que integraron la mesa, la Ley de Medios contempla como una de las causas de nulidad de la votación recibida en la casilla, el que la votación haya sido recibida por personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, siempre que las deficiencias sean graves y determinantes, es decir, resulten de tal magnitud que se genere duda fundada respecto de la observancia de los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en la recepción y cómputo de los sufragios.[25]

Así, este tribunal ha sostenido ciertas directrices relativas a las anomalías que pueden presentarse en la integración de los centros de votación, como las siguientes:

-          No son motivos para anular la votación el intercambio de funciones entre los ciudadanos originalmente designados, o que las ausencias de los funcionarios propietarios sean cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley, porque en todo caso los sufragios fueron recibidos por personas designadas por la autoridad electoral.[26]

-          La falta de firma en alguna de las actas de algún funcionario de la mesa no implica necesariamente su ausencia, sino que debe analizarse en su integridad el material probatorio.[27]

-          La participación de ciudadanos no designados por la autoridad electoral no implica que la votación haya sido recibida por personas no autorizadas, siempre que la sustitución haya obedecido a la ausencia de alguno de los ciudadanos originalmente designados,[28] que los ciudadanos sustitutos cuenten con credencial para votar, formen parte del listado nominal correspondiente, y que los sustitutos no hayan fungido como representantes de partidos o candidatos alguno.[29]

-          Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos.[30]

Una vez indicado lo anterior se procede al estudio correspondiente considerando que la precisión de la casilla y el cargo del funcionariado cuestionado permite dotar a este órgano jurisdiccional de elementos mínimos para el análisis de la controversia, en virtud de que los datos pueden advertirse de la documentación electoral.

Cabe precisar que el estudio se efectuó atendiendo el encarte, y obteniendo los datos de cualquiera de los documentos siguientes:[31] 1) Acta de jornada electoral; 2) Acta de escrutinio y cómputo, para verificar el nombre de la persona cuestionada que ocupó el cargo que identifica el Partido de la Revolución Democrática, 3) Hojas de Incidentes, 4) Listado Nominal, e incluso, 5) de la comprobación del apoyo por concepto de alimentación entregado a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla en la Jornada Electoral del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

Asimismo, podría darse el caso de que exista certificación de que no se encontró el acta de la jornada electoral correspondiente, circunstancia que por sí sola no imposibilita el análisis, en tanto que del acta de escrutinio y cómputo y/o hojas de incidentes, e incluso de la comprobación del apoyo por concepto de alimentación entregado a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla en la Jornada Electoral del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, se desprenden los nombres de las personas que integraron la mesa directiva de casilla, presumiéndose que, desde su instalación hasta la clausura y remisión del paquete, no hubo modificación en la composición de la casilla.

Caso concreto

Las personas ciudadanas ocuparon el cargo que les correspondía

Los agravios del partido actor son infundados, por lo que se refiere a las casillas 700 Contigua 2, 712 Básica 1, 712 Contigua 1 y 714 Contigua 2, poque las personas integrantes de la mesa directiva de la casilla que fueron impugnadas se desempeñaron en el cargo para el cual fueron sorteadas y designadas.

Corrimientos

En tales condiciones, no ha lugar a declarar la nulidad de votación con base en la causal invocada, respecto de las casillas 24 Contigua 2, 200 Contigua 2, 201 Contigua 1, 221 Extraordinaria 1, 224 Básica 1, 227 Básica 1, 229 Extraordinaria 1, 713 Extraordinaria 1, 715 Básica 1, 1492 Básica 1, 1510 Extraordinaria 2, 2124 Contigua 1, 2125 Contigua 1, y 2302 Contigua 2, al haberse tratado de corrimientos.

Los agravios son infundados, toda vez que, como se detalla en el cuadro precedente, al confrontar los datos que aparecen en la actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, con los nombres de integrantes de las mesas directivas de casilla publicados por la autoridad administrativa electoral, se advierte que, si bien existieron cambios en su conformación, estos se efectuaron debido a las ausencias que se cubrieron con un corrimiento de las personas designadas para ejercer otros cargos, de tal forma que esas personas sí se encontraban autorizadas para actuar como funcionarias de casilla.

Personas en el correspondiente Listado Nominal de Electores