ÍNDICE

GLOSARIO

1. ASPECTOS GENERALES

2. ANTECEDENTES

3. TRÁMITE

4. COMPETENCIA

5. ACUMULACIÓN

6. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD

7.ESTUDIO DE FONDO

8. EFECTOS

9. RESOLUTIVOS

      Marco normativo aplicable

(28)        El artículo 96 de la Constitución general establece que las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación serán electas por el voto libre, directo y secreto de la ciudadanía. Para el caso de las magistraturas de Circuito y de las personas juzgadoras de Distrito, la fracción IV, tercer párrafo, señala que la elección se realizará por Circuito Judicial.

(29)        Para instrumentar esa previsión constitucional, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG2362/2024, por el cual aprobó el marco geográfico electoral para el PEEPJF 2024-2025, a fin de determinar el ámbito territorial en el que se distribuiría la ciudadanía para participar en el referido proceso electoral.

(30)        Sobre este punto, el Consejo General del INE advirtió que la elección de magistraturas de Circuito y de las personas juzgadoras de Distrito presentaba dificultades adicionales a nivel de Circuito Judicial, ya que “las boletas electorales en algunas entidades tendrían un alto número de candidaturas, lo que no las haría funcionales para el electorado”[6]. Ante ello, estimó que era necesario armonizar o adaptar el marco geográfico electoral vigente.

(31)        Por ello, en ese acuerdo se establecieron, entre otros, los siguientes ajustes:

(32)        Ese acuerdo fue impugnado ante esta Sala Superior, pues se cuestionó la legalidad de subdividir algunos Circuitos. Sin embargo, esta Sala Superior[7] confirmó esa distribución, esencialmente, con base en lo siguiente:

(33)        Después, ese acuerdo fue modificado por el Consejo General del INE a través del diverso INE/CG62/2025, a efecto de redistribuir el número de personas electoras, para fortalecer el equilibrio poblacional entre los Distritos Judiciales Electorales que integran específicamente los referidos Circuitos Judiciales.

(34)        Este acuerdo modificatorio también fue impugnado y confirmado por esta Sala Superior,[8] al considerar que tuvo por objeto armonizar el marco geográfico electoral con un ajuste adicional para lograr un equilibrio práctico y operativo en su distribución, así como las materias de especialidad y la representatividad del electorado.

(35)        Así, en aquellos Circuitos que fueron divididos en dos o más Distritos Judiciales Electorales, se estableció desde entonces cuántos cargos y de qué especialidades habrían de disputarse en cada uno de esos Distritos.

(36)        Bajo este marco geográfico aprobado y confirmado por esta Sala Superior, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG65/2025, por el que determinó los criterios para garantizar el principio constitucional de paridad de género en la elección sujeta a estudio.

(37)        En lo que aquí interesa, estableció las reglas siguientes:

(38)        Como puede apreciarse, de las reglas de asignación para el caso de aquellos Circuitos que fueron divididos en dos o más Distritos Judiciales Electorales, se destaca lo siguiente:

a.     Al inicio, en cada Distrito Judicial Electoral se deben conformar dos listas por cada especialidad, una de hombres y otra de mujeres, ordenadas conforme al número de votos obtenidos, en orden decreciente.

b.     Los cargos electos en cada Distrito Judicial Electoral se deben asignar de manera alternada entre los hombres y mujeres más votados en ese Distrito, iniciando por mujer.

c.     Una vez realizada la asignación de los cargos en todos los Distritos Judiciales Electorales que conforman el Circuito, debe verificarse que se cumpla el principio de paridad de género en cada especialidad, así como en sus vertientes horizontal –del total de especialidades de cada Distrito– y vertical –del total de vacantes de cada especialidad en el Circuito–. En caso de que no se haya alcanzado la paridad, se prevén reglas de ajuste para realizar los ajustes correspondientes hasta que se logre.

(39)        De lo anterior, se observa que la configuración de la normatividad aplicable tanto a la organización geográfica de los comicios como a la asignación de los cargos, una vez celebrada la elección, tratándose de magistraturas de Circuito y de personas juzgadoras de Distrito en aquellos Circuitos que fueron divididos en dos o más Distritos Judiciales Electorales, se basó en elegir cierto número de cargos de diversas especialidades en cada Distrito Judicial Electoral y determinar que las candidaturas ganadoras fuesen las que hubiesen obtenido el mayor número de votos en el Distrito correspondiente, pudiéndose realizar ajustes solamente para cumplir el principio de paridad.

      Caso concreto

(40)        En el Primer Circuito (Ciudad de México), se eligieron un total de 32 magistraturas en Materia Administrativa, distribuidas en sus 11 Distritos Judiciales Electorales.

(41)        Las actoras fueron candidatas a una magistratura en esa materia en el Distrito Judicial Electoral 9, en el cual se eligieron 3 cargos de esa especialidad.

(42)        Tales cargos fueron asignados en este orden: a la mujer más votada, al hombre más votado y a la segunda mujer más votada, mientras que las actoras fueron la tercera y cuarta mujer más votadas.

(43)        Aunque reconocen tales hechos, sostienen que la asignación de cargos debió realizarse entre las candidaturas que alcanzaron el mayor número de votos en el Circuito, dejando de lado la división distrital aludida, con lo cual sí alcanzarían una magistratura en la especialidad por la que compitieron.

(44)        Esta Sala Superior considera que el agravio es infundado, porque no es viable realizar la asignación con base en los resultados obtenidos por Circuito Electoral, pues, como se evidenció en el apartado previo, la elección se diseñó a partir de la subdivisión de ciertos Circuitos (como el Primero) en Distritos Judiciales Electorales, los cuales tienen características distintas que hacen inviable su comparación en los términos solicitados por las actoras, como se explica enseguida.

(45)        Del análisis de las características del Primer Circuito, se destacan las siguientes diferencias entre sus 11 Distritos Judiciales Electorales:

a.     Cada uno de los Distritos Judiciales Electorales se componen de electorados diferentes. Dado que cada Distrito se ubica en un ámbito territorial distinto, el electorado tuvo diversas características (sociales, económicas, culturales, ideológicas, etcétera).

b.     Cada Distrito tiene un número de personas electoras diferente. El electorado de cada distrito fluctuó entre las 625,180 (Distrito 2) y las 826,729 (Distrito 11) personas[9].

c.     El número de vacantes a elegir varió en cada Distrito. En su momento, se determinaron el número y especialidades de los cargos que habrían de elegirse en cada Distrito. En lo que respecta a la Materia Administrativa, en el Distrito 2 se decidió que se elegirían 2 magistraturas y en los restantes a 3.

d.     Las candidaturas fueron distintas en cada Distrito. En cada Distrito contendieron candidaturas diferentes por los cargos que ahí se elegían, además de que el número de candidaturas de hombres y de mujeres también varió en cada Distrito.

e.     La proporción entre el número de vacantes y el de candidaturas fue distinta en cada distrito. Por ejemplo, en el Distrito 9, donde participaron las actoras, 5 mujeres y 11 hombres compitieron por tres cargos de magistratura en materia administrativa; en cambio, en el Distrito 5, dos cargos fueron disputados por 6 mujeres y 8 hombres.

f.       La cantidad de votos fue distinta en cada Distrito. Derivado de lo anterior, cada Distrito arrojó un número de votos distinto. En el Distrito 2 ascendió a 880,340 votos, en tanto que, por ejemplo, en el Distrito 1, a 1,085,192.

(46)        A partir de lo expuesto, queda evidenciado que las condiciones de competencia fueron distintas en cada Distrito Judicial Electoral, lo que hace inviable comparar de forma directa las votaciones obtenidas entre candidaturas de Distritos distintos en los términos que lo sugieren las actoras, de ahí lo infundado de su agravio.

(47)        Aunado a lo anterior, el planteamiento es inoperante, pues implicaría modificar el sistema de asignación de cargos durante la etapa de resultados y declaración de validez, dejando de lado las reglas previstas oportunamente para ello, lo cual es inviable, conforme se expone a continuación.

(48)        Cabe recordar que, en sesión celebrada el 10 de febrero de 2025, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG65/2025, por el cual emitió los criterios para garantizar el principio de paridad en la asignación de los cargos de las personas juzgadoras.

(49)        Aun cuando en ese acuerdo se previó, como se evidenció anteriormente, que los cargos electos en cada distrito se asignarían a las candidaturas que hubiesen obtenido más votos en los Distritos respectivos –sin realizar una sola lista por Circuito–, ese aspecto no fue cuestionado[10].

(50)        Posteriormente, una vez celebrada la jornada electoral y efectuados los cómputos correspondientes, el Consejo General del INE llevó a cabo la asignación de los cargos conforme a las reglas que había fijado en el citado Acuerdo INE/CG65/2025, aprobado en febrero del año en curso.

(51)        Las actoras se inconforman con ello, argumentando que la asignación de los cargos electos debió recaer en las candidaturas que hubiesen obtenido más votos en el Circuito, dejando de lado la subdivisión por Distritos Judiciales Electorales.

(52)        Al respecto, esta Sala Superior ha construido una robusta línea jurisprudencial respecto a que las acciones afirmativas deben implementarse con la anticipación debida, a efecto de que no se vulneren los principios de certeza y seguridad jurídica. Concretamente, en la Jurisprudencia 17/2024[11], se estableció lo siguiente:

(53)        En el mismo sentido, en el Recurso de Apelación SUP-RAP-385/2023[12], se sostuvo que las medidas afirmativas para garantizar el principio de paridad deben instrumentarse antes del inicio de los procesos electorales, o bien una vez iniciados, siempre que ello permita contar con un plazo razonable que no afecte las etapas del proceso.

(54)        En ese caso, relacionado con medidas afirmativas para garantizar la integración paritaria en la integración del Congreso de la Unión, esta Sala Superior consideró que el Consejo General del INE respetó el principio de certeza, al ejercer su facultad reglamentaria de forma oportuna y con el tiempo suficiente durante la etapa de preparación de la elección, pues aprobó la medida controvertida el 7 de diciembre de 2023, es decir, antes de la etapa de registro de las candidaturas y más de 6 meses antes de la jornada electoral. Al respecto, este Tribunal Electoral sostuvo la siguiente consideración:

      Marco normativo aplicable

(56)        La paridad de género constituye un principio constitucional y convencional que busca garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el acceso a cargos públicos y de toma de decisiones. Este principio está reconocido expresamente en los artículos 35 y 41 de la Constitución general, que establecen el derecho de la ciudadanía a ser votada en condiciones de paridad, así como la observación del principio de paridad de género en los cargos públicos[13].

(57)        Asimismo, encuentra sustento en diversos instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1 y 24)[14]; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, párrafo 1, y 3)[15]; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 1, 2, 4, párrafo 1, y 7)[16]; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículos 4, inciso j, 6, inciso a, 7, inciso c, y 8)[17]; así como en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos II y III)[18].

(58)        Ahora bien, las cuatro Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebradas en México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995), han configurado el papel de las mujeres como agente igualitario en la toma de decisiones.

(59)        También destaca que, en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (párrafos 1, 190 y 192) se señala la participación de las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones como uno de los objetivos estratégicos. Se exhorta a los gobiernos a que eliminen todos los obstáculos que dificultan la participación plena y en pie de igualdad de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, social, cultural y política, de modo que mujeres y hombres compartan el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional e internacional.

(60)        Recientemente, en lo que interesa, conviene destacar que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer lanzó el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro en el Palais des Nations de Ginebra la Recomendación General No. 40, que establece directrices clave para promover la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en todos los sistemas de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado.

(61)        En esta Recomendación se insta a los Estados Parte, a priorizar la paridad de género como norma universal para garantizar una toma de decisiones efectiva e inclusiva, abordando no sólo la participación numérica, sino también las condiciones que limitan el acceso de las mujeres a espacios de poder.

(62)        Sobre las obligaciones específicas para lograr una representación igualitaria, en el marco del derecho a presentarse en las elecciones, el Comité observa que el número de candidatas sigue viéndose limitado por cuestiones estructurales y que las candidatas siguen sufriendo una discriminación significativa en esta esfera.

(63)        Por ello, recomienda que los Estados parte aprueben leyes de paridad o fortalezcan las existentes, por ejemplo, alternando entre candidatas y candidatos en las elecciones, mediante listas que fomenten la paridad vertical y horizontal, y rechazando las listas que no cumplan los requisitos establecidos.

(64)        Respecto al derecho a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas, se advierte que es otra esfera en la que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas. De ahí que el Comité recomienda a los Estados Parte aspectos relevantes, de entre los que destacan los siguientes:

a.     Se aprueben leyes y adopten otras medidas para garantizar la paridad en los puestos de toma de decisiones a todos los niveles en la administración pública y el Poder Judicial, incluidos los sistemas de justicia locales, consuetudinarios e informales, e incluyan la capacidad de eliminar los estereotipos de género y realizar análisis de género e integrar la perspectiva de género en la formación y los exámenes relativos a dichos nombramientos.

b.     Se integren sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres, la igualdad de género y la capacidad de interpretar la ley desde una perspectiva de género en la formación inicial y la capacitación recurrente de jueces, fiscales, docentes y estudiantes de derecho, fuerzas de policía y otras fuerzas del orden y funcionarios públicos, con vistas a hacer frente a los sesgos y estereotipos de género y velar por que en la toma de decisiones judiciales y administrativas se dé respuesta a las cuestiones de género.

(65)        Finalmente, esta Sala Superior ha establecido criterios en diversas jurisprudencias, respecto del principio de paridad de género. Por ejemplo, en la Jurisprudencia 11/2018[19], este principio es un mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres.

(66)        De igual forma, la Jurisprudencia 10/2021[20] establece que la aplicación de reglas de ajuste con el objeto de lograr la integración paritaria entre géneros está justificada cuando se traduce en el acceso de un mayor número de mujeres.

(67)        En este mismo sentido, la Jurisprudencia 2/2021,[21] reconoce que el nombramiento de más mujeres que hombres en organismos públicos electorales es acorde a la interpretación del principio de paridad como un mandato de optimización flexible.

(68)        En esa lógica, destaca que este Tribunal electoral ha garantizado la paridad no sólo en la postulación de candidaturas[22], sino también en la conformación e integración de los órganos de decisión[23].

(69)        Asimismo, es relevante señalar que en lo que atañe a la alternancia y su interpretación para la conformación de órganos electos, este Tribunal ha sido enfático respecto a que la paridad implica el establecimiento de condiciones propicias para que el mayor número de mujeres integren los órganos de elección popular, por lo que, cualquier medida que se adopte debe interpretarse a favor de las mujeres, porque está dirigida al desmantelamiento de la exclusión y discriminación estructural de la que han sido objeto.

(70)        En esa lógica, el principio de alternancia, si bien robustece el deber de protección de los derechos humanos, específicamente el de igualdad sustantiva en el acceso a cargos públicos, de ninguna forma puede ser aplicado en perjuicio de las mujeres, dado que tiene como finalidad, precisamente la protección y garantía de sus derechos.

(71)        Por ende, por ejemplo, en casos en los que el propio orden de la lista de regidurías de representación proporcional ya garantizaba un mayor número de mujeres en dichos cargos, se determinó que era innecesario seguir una alternancia estricta en la asignación; pues una interpretación contraria, implicaría eliminar el propósito del mecanismo de alternancia, relativo a alcanzar la paridad sustantiva para que más mujeres accedan a cargos de elección[24].

(72)        Asimismo, en algunos casos en los que se determinó que una regla para instrumentar la paridad, –por ejemplo el encabezamiento de listas y su consecuencia, al seguir el orden alternado entre géneros en las asignaciones de regidurías de representación proporcional– no debía implicar la afectación a un mejor derecho de las mujeres que ocupen las primeras posiciones de la lista de representación proporcional, dado que no se debía interpretar el contenido de una norma para colocar a la paridad como un techo y no como un piso mínimo[25].

(73)        Ahora bien, en lo que atañe al deber de juzgar con perspectiva de género, es indispensable que, ante una problemática relacionada con la interpretación y la consecuente aplicabilidad de la norma, las personas juzgadoras evalúen su impacto diferenciado y cuestionen su neutralidad, a partir del derecho de igualdad, tal como se establece en la Jurisprudencia 1ª./J. 22/2016 (10ª.), de rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad. elementos para juzgar con perspectiva de género, así como en la Guía para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Electoral de la Red Mundial de Justicia Electoral[26].

(74)        Aspecto que también se enfatiza en la Guía para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Electoral de la Red Mundial de Justicia Electoral, en la cual se precisa que la norma debe leerse en clave de género, a fin de determinar si una norma aparentemente neutra tiene efectos diferenciados para hombres y mujeres y, a partir de ello, debe dimensionarse su alcance, sentido y aplicación, dando lugar a una reinterpretación, para incorporar a las mujeres en el discurso jurídico, o lo que Rebeca Cook[27] denominó como recaracterización del derecho.

(75)        En efecto, dicha autora expone que la recaracterización implica la interpretación de la norma jurídica y los derechos, de manera que incorporen a las mujeres en su justa realidad, dentro del discurso jurídico, en la medida que se amplía la base de interpretación de los derechos al igual que de cualquier institución jurídica, para comprender las condiciones particulares de un sector social[28].

(76)        Sobre tales premisas, es válido afirmar que la obligación de juzgar con perspectiva de género implica que se debe adoptar el criterio interpretativo que garantice el principio de igualdad, promueva la participación política de las mujeres y elimine cualquier discriminación histórica o estructural por razón de género, de modo tal que no se restrinja el efecto útil de la interpretación de dichas normas y su finalidad, en atención a que, de manera general, las disposiciones normativas sustantivas se encuentran formuladas en términos neutrales para ambos géneros.

(77)        Finalmente, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG65/2025[29], en el que determinó los criterios para garantizar el principio de paridad de los géneros en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

(78)        En dicho acuerdo, definió un criterio aplicable para la asignación de cargos de magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito en las fases siguientes:

(79)        Tales criterios fueron confirmados, en la materia de impugnación, por esta Sala Superior en el SUP-JDC-1284/2025 y acumulados y, por tanto, fueron aplicados por la responsable para la asignación de cargos, acorde al principio de paridad.

      Caso concreto

(80)        En el caso, Ximena Jiménez García (actora en el expediente SUP-JIN-821/2025) alega que la responsable, al asignar los cargos correspondientes, aplicó en su perjuicio una regla de alternancia de género, con lo cual le otorgó a una magistratura a un candidato que obtuvo menos votos con ella en su Distrito.

(81)        En el Anexo 1 del Acuerdo INE/CG571/2025, se advierte que la responsable llevó a cabo los siguientes pasos para realizar la asignación impugnada:

(82)        Dado que el Primer Circuito está dividido en once Distritos Judiciales Electorales y se eligió un total de 104 magistraturas, distribuidas entre siete distintas especialidades, realizó la asignación en los siguientes términos:

a.     Identificó el número de votos por candidaturas y especialidad en cada Distrito.

b.     Luego, procedió a obtener una lista de mujeres y una lista de hombres por especialidad, ordenadas de manera descendente, de acuerdo al número de votos obtenidos.

c.     Enseguida, procedió a asignar los 104 cargos disponibles, comenzando con la mujer más votada y, así sucesivamente, en lo referente a las especialidades con un número de vacantes mayor a dos, así como en las relativas a una sola vacante. Por lo que hace a la asignación de magistraturas en materia administrativa, correspondiente al Distrito Judicial Electoral 9, quedó de la manera siguiente:

(83)        Así, dado que en el Circuito Judicial resultaron electas 56 mujeres y 38 hombres, además de que hubo 10 vacantes, la responsable consideró que la aplicación del principio constitucional de paridad de género se había cumplido.

(84)        Como se evidenció anteriormente, el Consejo General del INE aplicó los puntos 1 y 2 del criterio 2 en los siguientes términos:

(85)        Así se aplicaron los criterios, de acuerdo, pretendidamente, con el artículo 96 de la Constitución general se establece expresamente que el INE “entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres”.

(86)        Eso lo reconoció el Consejo General del INE en el acuerdo mediante el cual instrumentó dicha regla, puesto que precisó que se debía garantizar la observancia del principio de paridad en cumplimiento de sus atribuciones.

(87)        Bajo la lógica de los acuerdos del Consejo General del INE, la alternancia en la elección judicial es una regla que tiene su origen en la materialización del principio de paridad en forma efectiva, esto es, que las mujeres accedan efectivamente a los cargos de elección, lo que se traduce en disminuir la brecha que ha prevalecido entre mujeres y hombres en el Poder Judicial de la Federación[30].

(88)        Si bien la regla de alternancia de género surgió en el contexto de las elecciones ordinarias en la postulación de las listas de candidaturas por representación proporcional que presentan los partidos políticos, el modelo electoral de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación la combina con dos principios constitucionales: el sistema de mayoría de votos y el principio de paridad de género.

(89)        Este sistema electoral, desde la Constitución, pretende armonizar el principio de mayoría relativa y el principio de alternancia, este último como una derivación o manifestación del principio constitucional de paridad. La propia normativa constitucional debe interpretarse en clave no neutral y bajo una perspectiva de género, de tal forma que, por un lado, se garantice efectivamente el principio de paridad y, a la vez, el principio democrático, para que las mujeres que obtuvieron una mayor votación accedan, en condiciones de igualdad sustantiva, a la judicatura federal.

(90)        En efecto, el artículo 94 de la Constitución general dispone expresamente que en la integración de los órganos jurisdiccionales debe observarse el principio de paridad de género. De igual forma, la fracción IV, del artículo 96, prevé que se entregarán las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre hombres y mujeres4.  

(91)        Por un lado, la Constitución general reconoce el principio democrático de mayoría como regla general de acceso a los cargos públicos, que garantiza que el resultado de la elección refleje la voluntad libre y directa del electorado, como expresión del derecho al sufragio activo. Por otro lado, también contempla el principio de paridad de género, lo que implica no sólo asegurar que las mujeres accedan a los cargos judiciales en proporción igualitaria, sino también garantizar que las condiciones estructurales de la contienda no les resulten desventajosas. Este mandato tiene un carácter transversal y opera como parámetro de validez constitucional de todas las disposiciones aplicables al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial.  

(92)        Las disposiciones contenidas en los artículos 94 y 96 de la Constitución no deben leerse de forma aislada ni asistemáticamente, sino como un conjunto normativo coherente que integra el principio democrático, el mandato de paridad y la alternancia de género, dando lugar a un sistema de asignación de cargos que reconoce la mayoría de votos como punto de partida, pero que también compensa desigualdades históricas mediante reglas de distribución equitativas, orientadas al cumplimiento efectivo de los derechos políticos de las mujeres. 

(93)        Esta regla es sólo un medio para alcanzar la paridad que no debe restringir la participación de las mujeres cuando se encuentran en una mejor posición, por lo tanto, por lo que no resulta válido aplicarla de forma estricta o neutral cuando, por orden de prelación, existen condiciones que justifican un beneficio para las mujeres, como lo es un mayor número de votos.

(94)        Por ello, la aplicación de dicha regla debía seguir ese parámetro, puesto que, según el marco normativo expuesto, el principio de paridad como mandato constitucional trasciende la forma en la que se debe interpretar cualquier acción afirmativa.

(95)        En consecuencia, esta Sala Superior considera que le asiste la razón a la promovente, ya que el Consejo General del INE pasó por alto que la regla de alternancia prevista en el Acuerdo INE/CG65/2025 debía favorecer a las mujeres cuando ellas tuviesen mayor votación que los hombres, como ocurre en el caso concreto.

(96)        Ello, de ninguna manera constituye una transgresión al mandato constitucional, establecido en el artículo décimo primero transitorio del Decreto constitucional en materia de reforma del Poder Judicial, que señala puntualmente que: “Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial…”, porque no se deja de observar la normativa constitucional, sino se atiende a la propia previsión, según la cual esta Sala Superior debe interpretar en forma no neutral y maximizar la la alternancia de género y sus fines, acorde al artículo 96, fracción IV, en relación con el artículo 35, fracción II, ambos de la Constitución federal.

(97)        De esa suerte, las disposiciones que incorporan un mandato de género –postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género– aunque no incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio[31]. De lo contrario, existe el riesgo de una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales que podría restringir el principio de su efecto útil, dado que las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, aun cuando existan las condiciones y argumentos que justifiquen un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto[32].

(98)        Es importante recordar que las reglas o medidas para garantizar la paridad se construyeron a partir de la lucha de las mujeres para acceder a espacios de los que por mucho tiempo fueron excluidas. Es decir, las medidas para garantizar la paridad de género –como lo es la regla de alternancia– existen dado el contexto generalizado de discriminación estructural hacia las mujeres, incluso institucionalizada, en el acceso a cargos públicos y, que una de las finalidades y objetivos del mandato constitucional de paridad de género es precisamente hacer frente a esta situación histórica.

(99)        Este escenario de exclusión también se presenta en la Judicatura federal, ya que con base en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2024, publicado por el INEGI, el Consejo de la Judicatura Federal contó con 927 personas magistradas, 187 mujeres (20%), 626 hombres (68%) y 114 vacantes. En el caso de las personas juzgadoras se encontró que 287 eran mujeres (37%), 460 hombres (60%) y 23 vacantes.[33]

(100)     Esta interpretación guarda plena armonía con la recomendación que hace la CEDAW a los Estados Parte, sobre el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas, que se desarrolla ampliamente en el marco de referencia, en el sentido de que debe existir una integración sistemática de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la capacidad de interpretar la ley, desde una perspectiva de género, con vistas a erradicar las brechas de género que, en el caso concreto, han oprimido a las mujeres en los cargos clave del Poder Judicial de la Federación.

(101)     Por tal razón, cuando se trate de aplicar o interpretar una norma que tenga como fin u objetivo materializar el principio de paridad, resulta indispensable la obligación de observar en todo momento la perspectiva de género para que se garantice la mayor participación de las mujeres en la vida pública.

(102)     Cuestión que la responsable soslayó, dado que aplicó la regla de alternancia en términos neutrales, sin cuestionar los efectos diferenciados de la norma, a partir del derecho de igualdad.

(103)     Esto es así, porque en el caso inadvirtió que la alternancia aplicada sin perspectiva de género dio como resultado un efecto contrario al principio de paridad; es decir, que mujeres con una mayor votación que los hombres fueran excluidas de la asignación de los cargos, pese a que ello es contrario a su propia génesis y objetivo, que es materializar la mayor participación en la vida pública de las mujeres.

(104)     Para esquematizar el escenario de candidaturas votadas que consideró la responsable, se presenta una tabla con las listas de candidatas y candidatos y sus respectivas votaciones en el distrito electoral 9, en la especialidad (materia administrativa) por la que contendieron:

(105)     De lo anterior se desprende que las tres candidaturas más votadas correspondieron a mujeres, mientras que el hombre con mayor votación en el Distrito ocupó el quinto lugar general. Como consecuencia, al aplicarse la regla de alternancia para los tres cargos en disputa, ese candidato –a pesar de haber obtenido una votación inferior– resultó beneficiado con una magistratura, en detrimento de la tercera mujer más votada.

(106)     Esto es contrario a la finalidad que persigue la paridad de género que, ahora que las candidatas mujeres resultan mejor favorecidas en la votación –una lucha que ha sido marcada por su subrepresentación en los cargos de poder estratégicos, al enfrentar obstáculos histórico-estructurales que han impedido su triunfo en las urnas–, no les sean asignados cargos para ejercer la labor jurisdiccional que legítimamente han ganado; máxime que el principio constitucional en este nuevo proceso de renovación del PJF busca un posicionamiento sólido y real de un mayor número de mujeres.

(107)     Esa consideración encuentra sustento en un aspecto que se enfatiza en la Guía para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Electoral de la Red Mundial de Justicia Electoral, que señala que cualquier medida que se adopte en beneficio de las mujeres conlleva una interpretación en clave de género para visualizar cualquier efecto diferenciado entre las mujeres y los hombres.

(108)     Sobre tales premisas, la asignación aquí controvertida es contraria al principio de paridad, porque inadvierte que hay una mujer con mejor derecho que el hombre asignado por haber obtenido una mayor votación; esto es, si la alternancia es una medida –constitucional– que garantiza el acceso a las mujeres, pero ellas por sí mismas alcanzan lugares a través de un mayor número de votos, resulta incuestionable que no se les debe privar de ese triunfo, pretendiendo justificarlo en la aplicación de un criterio de paridad que resulta restrictivo para las mujeres. De lo contrario, se trastocaría el fin último de la normativa que busca asegurar la paridad como un principio constitucional, el cual materializa la lucha de las mujeres para acceder a cargos de poder, quienes debido a la subrepresentación histórica-estructural inicialmente no lograban triunfos electorales en las urnas, razón por la que se propició la implementación de medidas afirmativas a su favor, tales como la alternancia, que ahora ha generado que logren ese triunfo en votos, por lo que no se deben generar obstáculos que les impidan acceder a los cargos que legítimamente han ganado.

(109)     En efecto, como se advierte, Ximena Jiménez García obtuvo 32,774 votos, mientras que Carlos Gregorio Garcia Rivera obtuvo 24,038 votos, es decir, el hombre asignado al cargo obtuvo 8,906 menos votos que la parte actora.

(110)     En esa lógica, es válido afirmar que la autoridad electoral estaba obligada a aplicar las reglas de asignación con perspectiva de género, para advertir que una aplicación neutral de la regla de alternancia daría como resultado un efecto diferenciado en perjuicio de las mujeres, ya que, aunque obtuvieran un triunfo electoral al superar a los hombres en votación –objetivo que se pretende alcanzar con todas las medidas de género– no se les asignaría un cargo.

(111)     Ahora bien, debe señalarse que este criterio, no se contrapone con el pronunciamiento previo de esta Sala Superior[34] sobre la validez de los criterios de paridad emitidos por el CG del INE –al resolver el SUP-JDC-1284/2025 y acumulados– en el que se consideró que su implementación era acorde a lo constitucionalmente previsto, dado que el artículo 94 señala que en la integración de los órganos jurisdiccionales debe observarse el principio de paridad de género, mientras que la fracción IV del artículo 96 constitucional establece que el INE efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres[35].

(112)     En específico, sobre la regla de alternancia, se determinó que tanto ésta, como el resto de las reglas para garantizar la paridad de género en los cargos judiciales, constituyen una manifestación del cumplimiento de un mandato constitucional expreso. Además, eran proporcionales y razonables, porque garantizaban: i) una representación equilibrada de ambos géneros; ii) el principio de paridad flexible, que permite que resulten electas más mujeres que hombres, pero no a la inversa; y iii) el principio paridad aplicado a la integración global de los órganos judiciales y no de manera aislada; y iv) que las reglas (incluso en los cargos con una sola vacante) no determinaran automáticamente que el cargo sería asignado a una mujer; sino que eran contingentes y dependían de la composición general resultante en el Circuito o Distrito Judicial.

(113)     Sin embargo, en ese precedente, la validez de determinó, en la materia de la impugnación, de cara a los agravios expuestos, mediante los cuales diversos candidatos hombres argumentaban que había una posible afectación a sus derechos, porque, desde su óptica, aunque alcanzaran el triunfo no les serían asignados todos cargos, dado que la regla de alternancia beneficiaría a las mujeres.

(114)     En ese orden de ideas, como se determinó en dicho precedente los criterios son válidos y se justifican en la necesidad de implementar medidas que garanticen la paridad en la integración del Poder Judicial; sin embargo, su aplicación no debe ser neutral y sin perspectiva de género, a fin de tutelar que se consiga el fin de la norma, que es garantizar el mayor acceso de las mujeres a los cargos de elección.

(115)     Así, la autoridad electoral estaba obligada a advertir el efecto diferenciado de la medida en perjuicio de las mujeres y proveer para que aquellas mujeres con un mayor número de votos no fueran privadas indebidamente del cargo para el fueron elegidas por la ciudadanía.

(116)     Aunado a que se conseguiría que los dos cargos por asignar correspondan al género femenino, aspecto que es acorde al logro de la paridad en su dimensión cualitativa, en la que se busca maximizar la representación del género femenino, desde la perspectiva de que la paridad es un piso mínimo y no techo.

(117)     Maxime que la interpretación de las reglas en favor de las mujeres está contenida en los propios criterios de paridad, al prever, por ejemplo, excepciones en los casos de especialidad con una sola vacante en la que restringe que se aplique un ajuste cuando una mujer haya obtenido el mayor número de votos, o bien, cuando se establece que la excepción a la regla de que puede existir una diferencia mayor a uno, cuando resulten electas más mujeres que hombres[36].

(118)     Por último, debe señalarse que este criterio no sólo es acorde a la amplia gama de precedentes[37] en los que se ha privilegiado que las reglas que tengan como fin materializar la paridad no sean interpretadas ni aplicadas en perjuicio de las mujeres; sino también abona a la obligación de este Tribunal Electoral de dar cumplimiento a recomendaciones internacionales que exigen que se interprete con perspectiva de género, al ser la infrarrepresentación de la mujeres una constante en la vida pública, además de que se juzgue con perspectiva de género[38].

1. Decisión de la mayoría

2. Tesis del voto

3. Motivos de disenso

4. Conclusión