JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SUP-JIN-431/2025 Y ACUMULADOS

PONENTE: MAGISTRADO FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, seis de agosto de dos mil veinticinco.

Resolución que determina: a) la acumulación de las demandas presentadas por la parte actora, b) el desechamiento de la demanda SUP-JIN-432/2025 por preclusión del derecho de acción de la actora, c) revocar en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo INE/CG571/2025 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, d) revocar el acuerdo que declaró vacante el cargo; y e) vincula a la autoridad administrativa a entregarle la constancia de mayoría correspondiente.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1. Reforma judicial. El quince de septiembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el DOF, el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial. Entre otras cosas, éste estableció la elección por voto popular de todos los cargos del Poder Judicial de la Federación.

2. Inicio del PEE. El veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, el CG del INE emitió la declaratoria del inicio del PEE.

3. Jornada electoral. El uno de junio de dos mil veinticinco,[2] se llevó a cabo la jornada electoral del PEE.

4. Cómputos distritales. En su oportunidad se iniciaron los cómputos distritales de la elección de magistraturas de circuito.

5. Cómputo de la entidad federativa. En su oportunidad, el Consejo Local del INE en Ciudad de México llevó a cabo el cómputo correspondiente a la entidad federativa.

6. Acuerdo impugnado.[3] El veintiséis de junio, el CG del INE aprobó el acuerdo en el cual, en lo conducente, se realizó la sumatoria nacional de la elección de magistraturas y la asignación paritaria de cargos a las personas que obtuvieron el mayor número de votos para ocupar las posiciones de Magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito en el PEE.

7. Juicios de inconformidad. El veintinueve, treinta de junio, dos y cuatro de julio, las actoras presentaron demandas, respectivamente, para impugnar el acuerdo anterior.

8. Recepción y turno. En su oportunidad, la magistrada presidenta ordenó integrar los expedientes SUP-JIN-431/2025, SUP-JIN-432/2025, SUP-JIN-607/2025, SUP-JIN-679/2025 y SUP-JIN-772/2025 y turnarlos a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para la elaboración del proyecto respectivo.

9. Admisión, radicación y cierre de instrucción. Al no existir trámite pendiente, en su momento se radicaron y admitieron las demandas y, en su oportunidad, se declaró cerrada la instrucción.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de juicios de inconformidad promovidos por personas candidatas sobre la validez de una elección de personas magistradas de circuito, materia sobre la que este órgano jurisdiccional tiene competencia exclusiva.[4]

III. ACUMULACIÓN

Esta Sala Superior considera que dada la existencia de conexidad en la causa, debido a que los medios de impugnación fueron promovidos en contra del mismo acto y señalando a la misma autoridad responsable, en atención al principio de economía procesal y para evitar el dictado de sentencias contradictorias, es procedente la acumulación de los expedientes SUP-JIN-432/2025, SUP-JIN-607/2025, SUP-JIN-679/2025 y SUP-JIN-772/2025 al diverso SUP-JIN-431/2025, por ser éste el primero en recibirse ante esta Sala Superior, por lo que deberá glosarse una copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes acumulados.[5]

IV. TERCERA INTERESADA

Se reconoce el carácter de Claudia Patricia Peraza Espinosa como tercera interesada en el juicio SUP-JIN-679/2025, porque se actualizan los requisitos de procedencia previstos en el artículo 17, párrafo 4 de la Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

1. Forma. En el escrito consta el nombre de la compareciente, la firma autógrafa y la razón del interés en que funda su pretensión, el cual consiste, esencialmente, en que se desestimen los reclamos contenidos en la demanda en la que se pretenden revocar los acuerdos controvertidos y por ende, su designación como magistrada en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en Ciudad de México.

2. Oportunidad. Es oportuna la presentación del escrito, al haberse realizado dentro del plazo legal de setenta y dos horas establecido para comparecer, el cual transcurrió de las doce horas del tres de julio, a la misma hora del seis de julio.

3. Legitimación e interés jurídico. Están acreditados, ya que los planteamientos están dirigidos a que se confirmen los acuerdos impugnados, por lo que su interés es incompatible con la parte actora.

V. PRECLUSIÓN DEL JUICIO SUP-JIN-432/2025

a. Decisión

La demanda es improcedente, debido a que la parte actora agotó su derecho de acción con la presentación de la demanda que originó el diverso expediente SUP-JIN-431/2025.

b. Justificación

1. Marco normativo

Este órgano jurisdiccional ha sostenido el criterio relativo a que, en materia electoral, salvo en circunstancias y particularidades excepcionales, no procede la ampliación de la demanda o la presentación de un segundo escrito de impugnación si el derecho a controvertir ya ha sido ejercido.

Lo anterior ya que con la presentación de una primera demanda no se puede ejercer el derecho de acción, válida y eficazmente, por segunda o ulterior ocasión, mediante la presentación de otra u otras demandas.

Esto es así, porque la presentación de una demanda agota el derecho de acción, lo que hace que el interesado se encuentre impedido legalmente para promover, con un nuevo o segundo escrito, el mismo medio de impugnación, para controvertir el mismo acto reclamado y en contra del mismo sujeto de derecho demandado.

La razón subyacente para estimar que, una vez presentada la demanda para impugnar un determinado acto, el derecho de acción se encuentra agotado, es decir, una vez promovido un medio de impugnación, tendente a controvertir determinado acto, procedimiento o resolución, no es posible jurídicamente presentar una segunda demanda, cuando ésta contiene pretensiones idénticas, en contra del mismo órgano responsable, para controvertir el mismo acto, procedimiento o resolución.

Sobre estas bases, es válido concluir que la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso, y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados; así, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejercitarse nuevamente. [6]

Lo anterior, sirve de base a la conclusión consistente en que los medios de impugnación previstos en la Ley de Medios son improcedentes, entre otros supuestos, cuando precluye el derecho a promoverlos.

En ese sentido, el derecho de acción de los justiciables se agota en el momento en que se ejerce por primera vez, salvo los casos de excepción en que proceda la ampliación de la demanda por hechos nuevos o desconocidos para el impugnante.[7]

2. Contexto

Del análisis la demanda SUP-JIN-432/2025 se advierte que la pretensión de la actora consiste en que se revoque el acto impugnado para efecto de declarar válida la elección de candidata a magistrada en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicación en la que participó, y al haber quedado vacante el cargo por el que contendió y ser una candidatura elegible, se le sea reconocido el derecho de acceder al cargo.

Sin embargo, tal acto también fue controvertido por la actora en el juicio SUP-JIN-431/2025, presentado ante la responsable el veintiséis de junio a las dieciocho horas con treinta y nueve minutos, mientras que la demanda del juicio en que se actúa se presentó ante la responsable, el mismo día, pero a las dieciocho horas con cincuenta y dos minutos.

Además, del análisis comparativo de ambas demandas, se advierte que la actora expone idénticos hechos y motivos de disenso, por lo que no aporta algún elemento distinto en alguno de los escritos correspondientes.

En ese sentido, es claro que la actora agotó su derecho de acción, al haber presentado la demanda que originó la integración del expediente SUP-JIN-431/2025.

En consecuencia, se debe desechar por preclusión la demanda del juicio de inconformidad SUP-JIN-432/2025.

VI. PROCEDENCIA

a. Requisitos de procedencia

El medio de impugnación cumple con los requisitos de procedencia.

1. Formales. En las demandas de los juicios de inconformidad se: i) precisan las demandantes; ii) identifica el acto impugnado; iii) señala a la autoridad responsable; iv) narran los hechos en que se sustenta la impugnación; v) expresan agravios, y vi) asientan nombre, firma y calidad jurídica con la que se promueve.

2. Oportunidad. Las demandas se presentaron de forma oportuna, ya que el acuerdo impugnado fue aprobado el veintiséis de junio y publicado en la Gaceta electoral el uno de julio, por lo que el plazo de cuatro días para controvertir transcurrió del dos de julio al cinco de julio, computando todos los días como hábiles conforme a la ley, dado que la litis en el presente juicio está vinculada con el procedimiento electoral federal que se lleva a cabo.[8]

De ahí que, si las demandas fueron presentadas el veintinueve y treinta de junio, el dos y cuatro de julio, es evidente que fueron promovidas dentro de la temporalidad que establece la normativa electoral.

3. Interés jurídico y legitimación. Se satisfacen los requisitos, dado que las actoras acuden en su calidad de candidatas a Magistrada en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, para controvertir el acuerdo mediante el cual se declaró vacante el cargo por el cual contendieron.

4. Definitividad. Este requisito se considera colmado, ya que la Ley de Medios no prevé ningún otro recurso o juicio que deba ser agotado con anterioridad.

B. Requisitos especiales.[9] Se cumplen pues en las demandas se señala la elección que se impugna, siendo específicos en cuanto a que se objeta la declaración de validez de la elección de magistraturas de circuito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República.

VII. ESTUDIO DE FONDO

1.     Contexto

El acuerdo impugnado en lo conducente determinó que conforme al acuerdo INE/CG392/2025, la revisión de requisitos de elegibilidad debe realizarse previo a la entrega de constancias de mayoría y declaración de validez y únicamente para los casos en los que la candidatura tenga posibilidad de recibir una constancia de mayoría, ya que al condicionar la revisión hasta esa etapa evita la examinación innecesaria o prematura sobre aquellas candidaturas que no alcanzaron el umbral de votación requerido para una posible asignación del cargo.

Sin que lo anterior implicara la reapertura de un procedimiento de registro de candidaturas, ni la modificación de actos firmes, sino que obedece a una etapa distinta vinculada con la función del CG del INE de declarar la validez de las elecciones, asignar los cargos y expedir las constancias de mayoría.

Aunado al hecho de que el INE no fue responsable del procedimiento de verificación de requisitos al momento de registro, al ser una atribución de los Comités de Evaluación de los Poderes Públicos.

En razón de lo anterior, instauró una metodología empleada para hacer la verificación de los requisitos de elegibilidad, que tienen como finalidad garantizar que las personas electas no solo cumplieron con los requisitos constitucionales y legales establecidos para el cargo, sino que también tienen las condiciones mínimas de integridad, independencia, compromiso con los Derechos Humanos y respeto a los principios democráticos.

La referida metodología consistió en la verificación de la información documental proporcionada por los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión, así como la solicitada directamente a las personas electas, lo que incluyó el análisis de expedientes académicos, profesionales, declaraciones bajo protesta de decir verdad, comprobantes de experiencia jurídica y cualquier otro documento.

En lo tocante al requisito de elegibilidad de contar al día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en Derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado; la responsable señaló que se verificaría, entre otros, el Kardex o historial académico oficial de la candidatura, permitiendo verificar las calificaciones relacionadas con el cargo a ocupar.

Adujo que, al no existir una metodología previa para obtener el promedio de nueve puntos, propuso establecer criterios que permitan verificar que la persona candidata cuenta con el promedio general de ocho y nueve en las asignaturas afines a la especialidad jurídica elegida por las candidaturas.

En relación a los nueve puntos requeridos para la especialidad jurídica la metodología utilizada por el CG del INE fue la siguiente:

         Tomó en cuenta como mínimo las dos materias mejor calificadas del historial académico de las personas candidatas de cada especialidad que atienda el Tribunal Mixto por el que se contiende.

         Para el caso de las especialidades unitarias promedió como mínimo de tres a cinco de las asignaturas mejor calificadas del historial académico de las personas candidatas afines a la especialidad por las que contendieron. A excepción de los casos en los que no exista un mínimo de tres.

         El promedio de nueve puntos se obtiene sumando los valores y dividiendo la suma por el número de valores, lo cual podía ser subdividido en: a) revisión de materias sustantivas y adjetivas de la licenciatura; b) promedio general obtenido en los estudios de posgrado relacionados con su especialidad; c) promedio general obtenido en las materia de licenciatura y posgrados que siguen la línea de especialidad para la que aspiró, sin combinarse grados académicos; y d) promedio de calificaciones de la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, siempre que conformen una misma línea de especialización curricular, sin combinar materias de grados académicos.

         Tomando en cuenta el diseño académico de la licenciatura en Derecho y el nombre que la institución escolar le dé a las asignaturas, se consideraron aquellas que vayan en la misma línea de especialización.

         También se tomó en cuenta el promedio general en un posgrado siempre que se refiera de manera específica a la especialidad que se compitió.

         De la revisión de los expedientes, la responsable advirtió veinticuatro casos en los que las personas ganadoras pero que no cumplieron con el promedio mínimo requerido por la Constitución, de ocho y nueve puntos.

         En consecuencia, la responsable determinó que, al no cumplirse con los promedios de dichas candidaturas, declaró vacantes los cargos.

En lo tocante a la actora de los juicios SUP-JIN-607/2025 y SUP-JIN-679/2025, se advierte que la responsable determinó que no cumplía con el promedio de nueve puntos en la especialidad correspondiente.

Al respecto, en el anexo 2[10] del acuerdo impugnado, se advierte que la responsable, al momento de analizar las calificaciones de la actora, quien compitió para el cargo de magistrada de Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa especializada en Competencia Económica, tomó en cuenta para el cálculo de la calificación de nueve puntos las materias de Derecho Corporativo (ocho), Derecho Fiscal (ocho), Economía II (nueve), Derecho y Economía (nueve). Y al realizar el cálculo respectivo, consideró que la actora tuvo como cálculo final el de 8.50.

En ese sentido, el CG del INE determinó que la candidata incumplió con un requisito de elegibilidad establecido en la Constitución, razón por la cual la excluyó de la asignación al cargo.

Por otra parte, la responsable declaró vacante el cargo de magistrada en la especialidad administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones correspondiente al Distrito Judicial Electoral 1, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República e instruyó a la Secretaría Ejecutiva para avisar a esta Sala Superior respecto de la totalidad de candidaturas que resultaron inelegibles

2. Agravios

SUP-JIN-607/2025 y SUP-JIN-679/2025 (María Valdés Leal, candidata ganadora)

a)      Falta de atribuciones del CG del INE para reinterpretar los requisitos de elegibilidad previamente validados por los Comités de Evaluación

         El GG del INE no tiene atribución para reinterpretar, sustituir, reevaluar los requisitos de elegibilidad previamente dictaminados por los Comités Técnicos respectivos, situación que vulneró el principio de legalidad.

         El artículo 96 de la Constitución señala que los Comités de Evaluación tienen la función exclusiva de revisar los requisitos de elegibilidad.

         Invasión de esfera competencial de los Comités de Evaluación al desarrollar una metodología para evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, incluido el nueve de promedio en materias afines a la especialidad.

b)      Violación al principio de legalidad ante la falta de fundamentación y motivación para excluirla del acuerdo

         Indebidamente la responsable determinó no otorgarle la constancia de mayoría porque a su consideración no se cumplió con el requisito de nueve de promedio en las materias de la especialidad, por lo que se vulnera el principio de legalidad.

         Debieron de ser públicos antes de su aplicación y no de manera posterior al registro y día de la elección, los criterios y condiciones para ser elegible, ya que se le dejó en estado de incertidumbre jurídica.

         A pesar de haber resultado ganadora, sin notificación previa, el CG del INE aprobó el acuerdo en el que se determinó que no se cumplía con el promedio académico suficiente para ser elegible, sin señalar la metodología empleada, las materias consideradas y porqué su promedio resultó insuficiente.

         Si bien la responsable señaló la existencia de un dictamen técnico elaborado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, lo cierto es que no se le informó previamente, por lo que no tuvo oportunidad de defensa de emitir alguna aclaración o realizar manifestaciones al respecto.

         La imposición de un requisito transgrede sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica, legalidad y condiciones de igualdad.

         Ninguna sección del instrumento reglamentario establece un catálogo obligatorio de materias o la obligación de presentar un promedio de nueve en materias específicas.

         Revisar de nueva cuenta las calificaciones y promedios constituye una violación al principio de cosa juzgada.

         El INE omitió considerar diversas materias cursadas por la actora, que forman parte de las materias relacionadas con el cargo al que se postuló y que al haber sido excluidas impidieron que se acreditara el promedio mínimo de nueve (justicia constitucional, economía II, derecho y políticas públicas, y derecho y economía).

         La responsable no valoró de manera conjunta la naturaleza de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión que es un órgano que resuelve juicios de amparo y sus recursos, por lo que seleccionó de manera imprecisa las asignaturas relacionadas del cargo.

         No se tomaron en consideración las materias de Justicia Constitucional o Derecho y Políticas Públicas, en las cuales la actora obtuvo calificaciones de nueve y diez; y en su lugar valoró la asignatura de Derecho Fiscal, lo cual es incorrecto.

c)      Violación al derecho de ser votado

         Se vulneró el resultado expresado por la voluntad popular que le concedió la victoria, por lo que existe una clara violación derecho de participación política en su vertiente de ser votado.

         De igual forma se violenta su derecho a ser votado pues se le impide ejercicio efectivo de ocupar un cargo público.

SUP-JIN-431/2025 (Claudia Patricia Peraza Espinosa, candidata que quedó en segundo lugar)

a)      Falta de atribuciones del CG del INE para determinar las vacancias

         La actora señala que, aunque la autoridad no declaró expresamente la nulidad de la elección, al declarar vacantes los cargos y al no tomar en consideración a las demás candidaturas que sí cumplieron con los requisitos y participaron en la elección y tuvieron votación a su favor; implica tácitamente una nulidad para la cual el INE carece de competencia.

         Violación al principio de fundamentación y motivación, ya que el INE no tiene las atribuciones legales para determinar la invalidez o nulidad de una elección.

         La facultad de determinar la invalidez y, por ende, la nulidad de una elección recae exclusivamente en la Sala Superior del TEPJF a través de los medios de impugnación establecidos en la ley. 

         Al invocar una causal de nulidad y pretender aplicarla, la responsable se excedió en sus facultades, por lo que su determinación es contraria a derecho y debe ser revocada.

b)      Vulneración al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados

         Se intentó dejar sin efecto la elección sin que se demostrara alguna irregularidad que alterara el resultado, por lo que, en apego al principio de conservación, la votación válida emitida para las candidaturas elegibles debe ser respetada.

         La nulidad de una elección es una medida excepcional, aplicable solo si existen irregularidades determinantes que afecten el resultado.

         El artículo 98 de la Constitución permite que, si la candidatura con la mayor votación no puede asumir el cargo, las demás candidaturas con votación válida puedan ocuparlo en orden de prelación, es decir, que se crea una especie de "lista de reserva" para este tipo de elecciones, donde los candidatos que ocuparon el segundo lugar pueden constitucionalmente asumir el cargo si el primero está impedido.

         El CG del INE, al no tener la facultad para anular la elección y al no haber irregularidades probadas, la debió haber reconocido como la candidata elegible con la mayor votación y su derecho a ocupar el cargo.

c)      Inaplicación del artículo 77 TER de la Ley de Medios

         La actora solicita que la Sala Superior ejerza un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad sobre el artículo 77 ter, inciso c) de la Ley de Medios, con el fin de declarar su inaplicación en un caso concreto, pues sostiene que la responsable aplicó esta norma al declarar la vacancia de un cargo judicial debido a la inelegibilidad del candidato más votado, lo que, de facto, anuló la elección sin considerar que ella es elegible y obtuvo una votación válida.

SUP-JIN-722/2025 (Alejandra Martínez Gándara, candidata que quedó en tercer lugar)

a)      Violación a los principios de legalidad, certeza, representación efectiva y acceso al cargo derivado de la declaratoria de vacancia

         El acuerdo impugnado impide el nombramiento derivado del voto popular y altera el resultado del proceso electoral, sin agotar la revisión de las candidaturas subsiguientes en orden de prelación.

         Si bien obtuvo el tercer lugar, sí cumple con los requisitos legales constitucionales, por lo que le afecta de manera directa su derecho a ser votada y ocupar el cargo.

         Indebida fundamentación y motivación, además de generar incertidumbre sobre los efectos del sufragio y excluye indebidamente a personas elegibles.

         Ante el supuesto de inelegibilidad, la autoridad debía interpretar el marco normativo y evaluar la elegibilidad en orden de prelación de las demás personas antes de declarar la vacancia. 

3. Metodología

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará lo relacionado con las cuestiones competenciales, es decir, determinar si el CG del INE al emitir el acuerdo impugnado, transgredió sus facultades al establecer la metodología para analizar los requisitos de elegibilidad constitucionales y legales establecidos para el cargo, pues de resultar fundados traería como consecuencia la revocación total del Acuerdo controvertido.

De lo contrario, el resto de los planteamientos se estudiarán en un orden diverso al expresado por las partes actoras en sus demandas,[11]  empezando por lo relativo a si fue correcta o no la metodología establecida por la responsable para obtener el promedio de calificación de nueve puntos para la especialidad jurídica de las candidaturas y si en su caso fue debido o no que se declarara la vacancia del cargo por el que contendieron las actoras.

Posteriormente, se analizarán el resto de los conceptos de agravio; es decir, primero se analizarán los planteamientos que, de resultar fundados, lograrían que alguna de las partes actoras obtuviera su pretensión en la mayor medida.

4. Decisión

Se debe revocar el acuerdo impugnado el cual el CG del INE declaró la inelegibilidad de la promovente de los juicios SUP-JIN-607/2025 y SUP-JIN-679/2025, porque es criterio de esta Sala Superior que la valoración de las materias correspondientes a la especialidad es una cuestión técnica que corresponde a los Comités de Evaluación, quienes en su oportunidad valoraron el cumplimiento de este requisito, de conformidad con la metodología que establecieron en la convocatoria respectiva, sin que se justifique que en este momento el INE lleve a cabo una nueva revisión.

En consecuencia, también se revoca el acuerdo por el cual la autoridad administrativa declaró vacante el cargo por el que se postuló la actora y, en ese sentido, se vincula al CG del INE a entregarle la constancia de mayoría correspondiente.

A. Revisión de los requisitos de elegibilidad de personas juzgadoras

Marco normativo

La Constitución establece que las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación serán elegidas de manera libre, directa y secreta por el voto de la ciudadanía.[12]

Para ser electo magistrada o magistrado de Circuito, así como jueza o juez de Distrito, se necesita haber obtenido un promedio general de calificación en la licenciatura en derecho de cuando menos ocho puntos o su equivalente, y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

La postulación de las candidaturas le corresponde a los Poderes de la Unión, quienes son los encargados de establecer mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que acrediten los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes.[13]

El cumplimiento de tales requisitos será evaluado por los Comités de Evaluación que integren los Poderes de la Unión, mismos que estarán conformados por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica y cuya función será identificar a las personas que cuenten con los elementos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.[14]

Por otra parte, en lo que interesa al caso, en términos de la LGIPE,[15]se establecen los siguientes lineamientos:

         Cada Poder de la Unión instalará un Comité de Evaluación a través de los mecanismos que determinen dentro de los quince días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria general que emita el Senado de la República.

         Los Comités publicarán dentro de los quince días naturales posteriores a su integración las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, que contendrán lo siguiente:

o        La información pertinente contenida en la convocatoria general que publique el Senado de la República.

o        Las etapas, fechas y plazos aplicables al proceso de inscripción, evaluación y selección de postulaciones por el Comité.

o        Los mecanismos, formatos y otros medios de contacto para inscribirse en la convocatoria, así como para el seguimiento del proceso.

o        La metodología de evaluación de idoneidad de las personas aspirantes para el desempeño de los cargos de elección que correspondan por cada cargo y materia de especialización.

         Los Comités integrarán la lista de las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria y reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten, sin que puedan exigirse requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución.

         Acreditados los requisitos de las personas aspirantes, los Comités procederán a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada Comité para valorar su honestidad y buena fama pública.

Asimismo, del artículo tercero transitorio de la reforma a la LGIPE se establecen los siguientes lineamientos, con motivo de la reforma constitucional en materia de elección de personas juzgadoras, se pueden destacar los siguientes puntos:

         Los Comités de Evaluación verificarán que las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten, en los términos del párrafo cuarto del artículo 500, y publicarán el listado de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

         Los Comités de Evaluación calificarán la idoneidad de las personas elegibles en los términos del numeral cinco del artículo 500.

         Los Comités depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo por cada Poder atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género.

Al respecto, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo dispuso en su convocatoria que verificaría que las personas aspirantes reunieran lo requisitos constitucionales de elegibilidad y, en su oportunidad, publicaría el listado de las personas que cumplieran con los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 500 de la LGIPE.

B. Distinción entre requisitos de elegibilidad e idoneidad

Marco normativo

En el marco del proceso de elección de personas juzgadoras, mediante voto popular, es indispensable distinguir con claridad entre requisitos de elegibilidad y requisitos de idoneidad, dado que ambos tienen naturalezas, funciones y mecanismos de verificación distintos, así como autoridades competentes diferenciadas.

Los requisitos de elegibilidad son aquellos que la Constitución y las leyes establecen como condiciones objetivas, medibles y previamente determinadas para que una persona pueda contender por un cargo público.

Entre estos requisitos se encuentran la nacionalidad, la edad, la residencia, el no haber sido condenado por delito doloso, entre otros. Estos requisitos son verificables ex ante y su cumplimiento puede ser constatado por la autoridad electoral al momento de registrar candidaturas o calificar los resultados de una elección. En el caso de jueces y magistrados estos requisitos están previstos, por ejemplo, en los artículos 97 y 116 de la Constitución.

Por otra parte, los requisitos de idoneidad son de carácter cualitativo, técnico y valorativo. No se refieren simplemente a condiciones objetivas, sino a la evaluación de competencias, capacidades, méritos, trayectoria, formación y ética profesional de las personas aspirantes.

Su cumplimiento no es susceptible de verificarse a través de criterios mecánicos o registrales, sino que requiere procesos especializados de evaluación técnica y valorativa, como entrevistas análisis curricular exámenes o deliberación colegiada.

En el caso del sistema mexicano, el artículo 96 de la Constitución establece que corresponde a los comités de evaluación de los tres Poderes en la Unión, proponer las ternas de personas juzgadoras, asegurando que quienes las integran cuenten con la idoneidad requerida para desempeñar el cargo.

En particular en la fracción II, inciso b) del artículo constitucional en cita se dispuso lo siguiente:

“… b) Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, y…”

Como se advierte de manera nítida, la revisión de los aspectos técnicos para acreditar la idoneidad de las personas que serían postuladas para los diversos cargos el Poder Judicial de la Federación, corresponde de manera exclusiva a los comités de evaluación, por disposición expresa del Órgano Reformador de la Constitución.

Estos comités, por tanto, son los órganos facultados para verificar la idoneidad en los términos constitucionales no así el INE.

En efecto, el INE, en su calidad de autoridad encargada de organizar y calificar la elección, sólo puede revisar los requisitos de elegibilidad, pues son condiciones de legalidad objetiva y verificable que inciden en la validez formal de la candidatura.

Por tanto, no le corresponde evaluar la idoneidad de quienes hayan sido postulados, ya que dicha valoración fue realizada por el comité evaluador conforme a un procedimiento constitucionalmente previsto.

Cualquier intento por parte del INE de calificar o invalidar una candidatura con base en juicios subjetivos sobre la idoneidad, implicaría invadir atribuciones exclusivas del comité constitucionalmente facultado para ello y, por tanto, violar los principios de legalidad división de poderes y certeza electoral.

En conclusión, la función del INE se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, sin poder interferir ni reinterpretar las determinaciones sobre idoneidad adoptadas por los comités evaluadores de los tres Poderes de la Unión

C. Línea jurisprudencial de la Sala Superior respecto a la revisión de aspecto técnicos en procesos de selección

Marco normativo

Este órgano jurisdiccional ha considerado,[16] en procesos para la elección de consejerías del INE, que las respuestas de los reactivos que conforman el examen de conocimientos no pueden ser tuteladas a través de los medios de impugnación en materia electoral previstos para la tutela de los derechos políticos de la ciudadanía.

También ha reiterado que tratándose de aspectos técnicos relacionados con la metodología y evaluación de resultados de una determinada etapa del procedimiento de designación de personas funcionarias electorales, como las presidencias y consejerías electorales de los organismos públicos locales electorales, su revisión no puede realizarse en sede jurisdiccional, ya que este órgano carece de facultades para ello.[17]

En el caso particular del proceso de la elección de personas juzgadoras, esta Sala Superior en diversos precedentes ha señalado que los Comités de Evaluación cuentan con facultades discrecionales y que las autoridades electorales no pueden tener injerencia en aspectos técnicos.[18]

En concreto, al resolver el SUP-JDC-18/2025 y acumulados este órgano jurisdiccional sostuvo que el promedio de nueve debe obtenerse como media aritmética de todas las materias relacionadas con la especialidad y admite su acreditación con estudios de posgrado afines.

En ese precedente la Sala Superior recordó que el texto del artículo 97 constitucional “establece únicamente dos promedios que deben verificarse” (ocho y nueve puntos) y que cualquier fase adicional —aunque persiga un fin deseable— eleva artificialmente el estándar de elegibilidad y es inconstitucional.

D. Caso concreto

En el caso concreto las actoras señalan especialmente que el CG del INE invadió la esfera competencial de los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión pues desarrolló una metodología para evaluar el cumplimiento de requisitos que ya habían sido previamente dictaminados; además de que era a dichos Comités a los que les correspondía únicamente la revisión de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas.

Son sustancialmente fundados los agravios, porque la valoración de las materias correspondientes a la especialidad es una cuestión técnica que corresponde a los Comités de Evaluación, quienes en su oportunidad valoraron el cumplimiento de este requisito, de conformidad con la metodología que establecieron en la convocatoria respectiva, sin que se justifique que en este momento el CG del INE lleve a cabo una nueva revisión de estos.

En efecto, la Sala Superior ha sostenido que el CG del INE puede verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas en el momento de la asignación de cargos, sobre la base de los requisitos que la Constitución prevé.[19]

Sin embargo, la referida facultad no es absoluta, pues la autoridad administrativa carece de atribuciones para revisar requisitos cuya valoración fue delegada, por el Órgano Reformador de la Constitución, a un órgano técnico.

En el caso, los Comités de Evaluación ya habían valorado qué candidaturas cumplían con el requisito de contar con una calificación de nueve puntos o su equivalente en relación con la especialidad del cargo al que se postularon, sobre la base de las asignaturas que los propios comités consideraron afines a los cargos y a la especialización de cada una de las personas aspirantes.

Por tanto, al verificar nuevamente tal requisito con base en una metodología propia y creada con posterioridad a la jornada electoral, la autoridad responsable afecto los principios de: a) legalidad de reserva de ley que impide a la autoridad electoral adicionar requisitos para el goce y disfrute en materia de derechos fundamentales; y b) el principio de certeza y definitividad que exige que las reglas de participación estén fijadas antes de que la ciudadanía acuda a las urnas.

Bajo esta perspectiva, resulta necesario diferenciar las características respecto de cada promedio exigido por la Constitución:

         Promedio general de ocho puntos. La Constitución mandata que se obtenga tomando todas las calificaciones de la licenciatura en Derecho. Su verificación es puramente documental: basta constatar que el certificado de estudios o kárdex consigna un promedio global mínimo de ocho. Si el documento está ausente o la cifra es inferior, el defecto es objetivo, inmediato y evidente.

         Promedio de nueve puntos en materias afines. El mismo precepto constitucional fija el umbral, pero deja abierta la manera de integrarlo: indica que puede provenir de la licenciatura o de un posgrado y que debe referirse a las “materias relacionadas con el cargo”.

De manera que el Órgano Reformador de la Constitución exige una delimitación técnica previa: identificar qué asignaturas son efectivamente afines, decidir si se toman de la licenciatura, de un posgrado o de ambos y, entonces, promediar. Esa tarea de selección y correspondencia temática es la que fue delegada a los comités de evaluación, para calificar la elegibilidad con base en la documentación entregada por cada aspirante.

Una vez que el Comité declara cumplido el requisito y el listado se remite al Senado, el estándar constitucional queda agotado. Al tratarse de un juicio técnico-académico —no de una constatación mecánica—, cualquier nueva “revaloración” posterior implicaría, inevitablemente, crear parámetros propios (número de materias, pesos, inclusión o exclusión de grados) y, con ello, imponer mayores requisitos que el criterio constitucional.

En el caso, respecto del promedio de ocho, el INE se limitó a cotejar el certificado global y no aplicó regla adicional, pues como se indicó, se trata de un elemento objetivo, inmediato y evidente: basta constatar que el certificado global alcance la cifra mínima. Por ello, el INE puede descartar candidaturas cuando el defecto sea objetivo y evidente.

En contraste, valorar el promedio de nueve o su equivalente en la especialidad, exige determinar qué asignaturas son afines y qué grado académico respaldará la media; de ahí que el CG del INE haya creado filtros (número mínimo de materias, veto a mezclar grados) inexistentes en la Constitución o la LGIPE, valoración técnica que, en todo caso, es atribución de los comités de evaluación.

Esto se evidencia de la revisión del acuerdo que determinó la inelegibilidad de la promovente, en el cual la responsable indica que “no existía una metodología previa”, razón por la cual consideró necesario diseñar reglas nuevas (mínimo de dos asignaturas en tribunales mixtos, de tres a cinco en unitarios, prohibición de mezclar licenciatura y posgrado salvo usar un grado completo).

Lo anterior, en un ejercicio de una facultad que no le confirió el Órgano Reformador de la Constitución, pues este señaló expresamente en el artículo 96 que la valoración de los elementos técnicos les corresponde a los Comités de Evaluación.

Así, al aplicar esos criterios ex post, el CG del INE reabrió un requisito ya acreditado, remplazó la valoración experta de los comités y excluyó, sin fundamento, a candidaturas que habían resultado electas en las urnas.

En efecto, es criterio de esta Sala Superior que la valoración de las materias que forman parte de los promedios requeridos y la revisión de los historiales académicos son una cuestión técnica, cuya valoración corresponde de forma exclusiva a los Comités de Evaluación.[20]

En ese sentido, el CG del INE no contaba con atribuciones para valorar nuevamente el expediente académico de la actora de los juicios SUP-JIN-607/2025 y SUP-JIN-679/2025 a finde valorar si cumplía o no con el promedio de nueve en las materias relacionadas con su especialidad.

Al asumir una función que no le corresponde, el CG del INE se sustituyó indebidamente en el juicio técnico de los Comités de Evaluación, sin contar con una metodología propia y validada para realizar una valoración especializada.

Esto no desconoce la facultad del INE para revisar si las candidaturas cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad; sin embargo, se insiste, debemos distinguir entre aquellos requisitos objetivos que no requieren una valoración técnica (como podría ser la nacionalidad, residencia, edad) frente a los requisitos que, dadas sus particularidades, requieren una valoración especializada.

De manera que las atribuciones del INE no comprenden la revisión de elementos que ya fueron valorados por un órgano especializado mediante una metodología previamente establecida con base en criterios definidos en la propia convocatoria.

Permitir que una autoridad administrativa sustituya unilateralmente la determinación de un órgano técnico, rompe con la lógica del proceso de selección de candidaturas del Poder Judicial, pues este se compuso de un proceso complejo en el que intervinieron diversos órganos y, en concreto, los Comités de Evaluación en ejercicio de una facultad constitucionalmente reconocida, valoraron los perfiles técnicos de las candidaturas en ejercicio de una facultad discrecional.

Por tanto, al haberse pronunciado sobre una cuestión reservada a los Comités de Evaluación, el CG del INE incurrió en una extralimitación de facultades que resulta contraria al marco normativo aplicable, lo cual hace fundado el agravio planteado por la parte actora.

Para ilustrar cómo la metodología de selección de asignaturas determina el promedio final y, por ende, le elegibilidad de una candidatura, a continuación, se presenta un ejercicio comparativo, en el caso que nos ocupa.

El CG del INE calculó el promedio de la especialidad de la actora a partir de las siguientes materias:  Derecho Corporativo (ocho), Derecho Fiscal (ocho), Economía II (nueve), Derecho y Economía (nueve), operación que arrojó un resultado de 8.50, es decir, por debajo del umbral constitucional de nueve puntos. 

La selección de determinadas materias y la exclusión de otras inciden de forma determinante en el promedio obtenido: variar una sola asignatura puede traducirse en cumplir o no el requisito constitucional. Por ello, la falta de justificación técnica en la elección de las materias vuelve arbitrario el cálculo realizado por la autoridad.

En consecuencia, la exclusión infundada de asignaturas pertinentes revela un vicio en la metodología seguida por el CG del INE, pues altera sustancialmente el resultado y se aparta de los criterios aplicados previamente por el comité de evaluación.

Así, la conclusión de inelegibilidad carece de sustento pues se basa en una operación aritmética construida sobre una selección de materias carente de motivación técnica y ajena a la metodología especializada que el propio Órgano Reformador de la Constitución reservó a los Comités de Evaluación.

En consecuencia, al haber sido alcanzada la pretensión de la promovente de los juicios SUP-JIN-607/2025 y SUP-JIN-679/2025, es innecesario el análisis de los restantes motivos de inconformidad.

De ahí que resulte innecesario el estudio del resto de los conceptos de agravio, máxime si se toma en consideración que la pretensión de las actoras del SUP-JIN-431/2025 y del SUP-JIN-772/2025 era que, al haberse declarado la vacancia del cargo, le fuera otorgada la constancia de mayoría al estimar que cumplía con los requisitos de elegibilidad; y que se realizara el análisis de los perfiles en orden de prelación, respectivamente.

Por lo que operó automáticamente un cambio de situación jurídica evidente que deja sin materia los medios de impugnación intentado, al haberse perdido el propósito principal del sistema judicial de resolver su litigio.

VIII. CONCLUSIONES Y EFECTOS

Se determinan los siguientes efectos:

1. Se revoca el acuerdo INE/CG571/2025, mediante el cual el CG del INE determinó que María Valdés Leal resultó inelegible por no contar con una calificación de nueve puntos o su equivalente en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, respecto a las materias relacionadas con el cargo al que se postuló.

2. Se revoca el acuerdo INE/CG572/2025, por el cual el CG del INE determinó dejar vacante el cargo de magistrada en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en el Distrito Judicial Electoral 1, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República

3. Se vincula al CG del INE a entregar a la parte actora la constancia de mayoría correspondiente.

Por lo expuesto y fundado se

IX. RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan las demandas debiéndose agregar una copia de los puntos resolutivos de esta resolución a los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se desecha el juicio SUP-JIN-432/2025.

TERCERO. Se revoca en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado para los efectos precisados en la presente ejecutoria.

CUARTO. Se vincula al CG del INE para los efectos precisados en esta ejecutoria.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los votos en contra de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN EN LOS JUICIOS DE INCONFORMIDAD SUP-JIN-431/2025 Y ACUMULADOS[21] (FACULTAD DEL INE PARA REVISAR EL REQUISITO DE ELEGIBILIDAD, RELATIVO AL PROMEDIO DE 9 EN LAS MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)[22]

Emito el presente voto particular para expresar las razones por las que disiento del criterio mayoritario que determina revocar los acuerdos impugnados. En la sentencia aprobada se consideró que es criterio de esta Sala Superior que la valoración de las materias correspondientes a la especialidad es una cuestión técnica que corresponde a los Comités de Evaluación, sin que se justifique, según el criterio mayoritario, que el INE lleve a cabo una nueva revisión con motivo de la declaratoria de validez de la elección correspondiente.

A mi juicio, tal conclusión es abiertamente contraria a la línea jurisprudencial consolidada por esta Sala Superior que ha establecido la posibilidad de revisar los requisitos de elegibilidad en dos momentos distintos: primero, al momento de registrar las candidaturas y, luego, al momento de calificar la elección. A mi consideración, el contar con una calificación de al menos 9 en las materias de la especialidad del cargo para el que se contendió sí es un requisito constitucional de elegibilidad. Por lo tanto, el Consejo General del INE está facultado para revisar su cumplimiento con anterioridad a la asignación del cargo.

Para desarrollar las razones de mi voto, lo estructuro en tres apartados: el contexto del caso, el criterio mayoritario y las razones de mi disenso.

1. Contexto del caso

En el marco del proceso electoral extraordinario para renovar diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del INE, mediante los Acuerdos INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025, declaró la vacancia para ocupar un lugar en el Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, Distrito Judicial 1, al considerar que la candidata que obtuvo el mayor número de votos era inelegible, por no contar con un promedio general de calificación de cuanto menos 9 puntos (o su equivalente), en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Esto respecto de las materias relacionadas con el cargo al que se postuló.

La candidata que obtuvo el mayor número de votos en dicha elección presentó dos demandas (SUP-JIN-607/2025 y SUP-JIN-679/2025). En ellas reclamó que fue indebidamente declarada inelegible por el INE; ya que, evaluar la elegibilidad académica era una función exclusiva de los Comités de Evaluación y se ignoró la determinación del Comité de Evaluación que lo consideró elegible. Por estas razones, cuestionó la facultad del Consejo General del INE para llevar a cabo una valoración respecto al promedio en la especialidad.

Asimismo, una candidata que contendió por el mismo cargo y quedó en segundo lugar, presentó dos demandas (SUP-JIN-431/2025 y SUP-JIN-432 –son idénticas–). En ellas alegó que, el INE no tenía la facultad de determinar vacancias y que, en razón de ello, le debían asignar el cargo a ella. Por último, la candidata que quedó en tercer lugar también presentó una demanda (SUP-JIN-772/2025). Argumentó que, como la candidata que quedó en primer lugar fue declarada inelegible y la candidata que quedó en segundo lugar (quien fue postulada por el Poder Legislativo) fue declarada inelegible por el Comité del Poder Judicial, se ponía en duda la rigurosidad del Legislativo al evaluarla; por lo que, el cargo contenido se le debería asignar a ella.

2. Criterio mayoritario

En la sentencia aprobada, se resolvió i) desechar la demanda SUP-JIN-432/2025 por preclusión; ii) revocar el acuerdo del Consejo General del INE por el que determinó que la candidata a magistrado en materia Administrativa especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, Distrito Judicial 1, María Valdés Leal, resultó inelegible por no contar con un promedio general de calificación de cuando menos 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postuló, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado; iii) revocar el acuerdo que declaró vacante el cargo; iv) vincular a la referida autoridad administrativa a entregarle la constancia de mayoría correspondiente; y v) desechar las demás demandas por quedarse sin materia.

En la sentencia, se abordaron, en primer lugar, los agravios relacionados con las facultades del Consejo General del INE para llevar a cabo una valoración respecto al promedio en la especialidad.

La Sala Superior, por mayoría, concluyó que es criterio de esta Sala Superior que la valoración de las materias correspondientes a la especialidad es una cuestión técnica que corresponde a los Comités de Evaluación. Sus consideraciones fueron las siguientes:

●       Es indispensable distinguir con claridad entre requisitos de elegibilidad y requisitos de idoneidad. Los requisitos de elegibilidad son aquellos que la Constitución y las leyes establecen como condiciones objetivas, medibles y previamente determinadas para que una persona pueda contender por un cargo público. Entre estos requisitos se encuentran la nacionalidad, la edad, la residencia, el no haber sido condenado por un delito doloso, entre otros. Por otra parte, los requisitos de idoneidad son de carácter cualitativo, técnico y valorativo. Su cumplimiento no es susceptible de verificarse a través de criterios mecánicos o registrales, sino que requiere procesos especializados de evaluación técnica y valorativa, como entrevistas, el análisis curricular, los exámenes o la deliberación colegiada.

●       Del texto del artículo 96 constitucional, fracción II, inciso b),[23] se advierte que la revisión de los aspectos técnicos para acreditar la idoneidad de las personas que serían postuladas para los diversos cargos el Poder Judicial de la Federación, corresponde de manera exclusiva a los Comités de Evaluación. Estos Comités, por tanto, son los órganos facultados para verificar la idoneidad en los términos constitucionales, no así el INE.

●       El INE sólo puede revisar los requisitos de elegibilidad, pues son condiciones de legalidad objetivas y verificables. Por tanto, no le corresponde evaluar la idoneidad de quienes hayan sido postulados.

●       Esta Sala Superior en diversos precedentes ha señalado que los Comités de Evaluación cuentan con facultades discrecionales y que las autoridades electorales no pueden tener injerencia en aspectos técnicos[24].

●       En concreto, al resolver el SUP-JDC-18/2025 y acumulados este órgano jurisdiccional sostuvo que el promedio de 9 debe obtenerse como media aritmética de todas las materias relacionadas con la especialidad y admite su acreditación con estudios de posgrado afines. En ese precedente la Sala Superior recordó que el texto del artículo 97 constitucional “establece únicamente dos promedios que deben verificarse” (8 y 9 puntos) y que cualquier fase adicional —aunque persiga un fin deseable— eleva artificialmente el estándar de elegibilidad y es inconstitucional.

●       En el caso, es sustancialmente fundado el planteamiento de la parte actora, porque la valoración de las materias correspondientes a la especialidad es una cuestión técnica que corresponde a los Comités de Evaluación.

●       La Sala Superior ha sostenido que el Consejo General del INE puede verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas en el momento de la asignación de los cargos, sobre la base de los requisitos que la Constitución prevé[25]. Sin embargo, la referida facultad no es absoluta, pues la autoridad administrativa carece de atribuciones para revisar requisitos cuya valoración fue delegada, por el Órgano Reformador de la Constitución, a un órgano técnico.

●       Al verificar nuevamente tal requisito con base en una metodología propia y creada con posterioridad a la jornada electoral, la autoridad responsable afectó los principios de: i) la legalidad de reserva de ley –artículos 14 y 16 constitucionales– que impide a la autoridad electoral agregar requisitos para el goce y disfrute en materia de derechos fundamentales; y ii) el principio de certeza y definitividad que exige que las reglas de participación estén fijadas antes de que la ciudadanía acuda a las urnas.

●       Al tratarse de un juicio técnico-académico —no de una constatación mecánica—, cualquier nueva “revaloración” posterior implicaría, inevitablemente, crear parámetros propios (número de materias, pesos, inclusión o exclusión de grados) y, con ello, imponer mayores requisitos que el criterio constitucional.

●       En el caso, respecto del promedio de 8, el INE se limitó a cotejar el certificado global y no aplicó una regla adicional, pues como se indicó, se trata de un elemento objetivo. En contraste, valorar el promedio de 9 o su equivalente en la especialidad, exige determinar qué asignaturas son afines y qué grado académico respaldará la medida; de ahí que el INE haya creado filtros (número mínimo de materias, veto a mezclar grados) inexistentes en la Constitución o la LEGIPE, valoración técnica que, en todo caso, es atribución de los Comités de Evaluación.

●       Esto no desconoce la facultad del INE para revisar si las candidaturas cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad; sin embargo, se debe distinguir entre aquellos requisitos objetivos que no requieren una valoración técnica (como podría ser la nacionalidad, residencia, edad) frente a los requisitos que, dadas sus particularidades, requieren de una valoración especializada.

●       De manera que las atribuciones del INE no comprenden la revisión de elementos que ya fueron valorados por un órgano especializado mediante una metodología previamente establecida con base en criterios definidos en la propia convocatoria.

●       Por tanto, al haberse pronunciado sobre una cuestión reservada a los Comités de Evaluación, el INE incurrió en una extralimitación de facultades que resulta contraria al marco normativo aplicable, lo cual hace que el agravio planteado por la parte actora sea fundado.

Así, en la sentencia se concluyó que la conclusión de inelegibilidad carece de sustento, pues se basa en una operación aritmética construida sobre una selección de materias carente de motivación técnica y ajena a la metodología especializada que el propio constituyente reservó a los Comités de Evaluación.

Finalmente, al haber sido alcanzada la pretensión de la promovente de los SUP-JIN-607/2025 y SUP-JIN-679/2025, se consideró innecesario el análisis de los restantes motivos de inconformidad. También se dictó que era innecesario estudiar el resto de los conceptos de agravio de las otras demandas porque hubo un cambio de situación jurídica y se habían quedado sin materia.

3. Razones de disenso

3.1. La responsable fundó y motivó su facultad para revisar los requisitos de elegibilidad antes de asignar los cargos (Acuerdo INE/CG571/2025[26])

Discrepo del criterio mayoritario, que no es sostenible, porque, como adelanté, tal conclusión es contraria a la línea jurisprudencial de esta Sala Superior, que ha establecido la posibilidad de revisar los requisitos de elegibilidad en dos momentos; primero al momento de registrar las candidaturas y luego, al momento de la calificación de la elección. El requisito de 9 en las materias de la especialidad del cargo es un requisito constitucional de elegibilidad. Por tanto, el Consejo General del INE está facultado para revisar su cumplimiento con anterioridad a la asignación del cargo.

Enseguida desarrollo las razones que sustentan mi postura.

El Consejo General del INE señaló que en el Acuerdo INE/CG392/2025 se estableció que, una vez concluida la sumatoria nacional de los resultados, y con base en los listados de las candidaturas con mayor votación, se realizaría un análisis de elegibilidad respecto de aquellas personas que podrían ser asignadas a los cargos en disputa.

Asimismo, señaló que esa revisión no contraviene el principio de definitividad de las etapas del proceso electoral, porque obedece a una etapa distinta y posterior, vinculada a la función constitucional del INE de declarar la validez de las elecciones, asignar los cargos y expedir las constancias de mayoría, conforme a lo previsto en el artículo segundo transitorio, párrafo noveno del Decreto de reforma constitucional, publicado en el DOF, el 15 de septiembre de 2024, así como en los artículos 533, 534 y 535 de la LEGIPE.

También invocó la circunstancia excepcional de que el Instituto no fue responsable del procedimiento de la verificación de los requisitos al momento del registro, dado que dicha atribución fue ejercida por los Comités de Evaluación de los poderes públicos.

Refirió que la Sala Superior, en la Sentencia SUP-JE-171/2025 y acumulados[27], reconoció expresamente la facultad del Instituto para verificar los requisitos de elegibilidad en un segundo momento del proceso electoral, siempre que dicha verificación esté sujeta a parámetros objetivos y verificables que garanticen el principio de legalidad y certeza.

Sostuvo que este análisis posterior se encuentra sustentado en la Jurisprudencia 11/97 del TEPJF[28], la cual permite que los requisitos de elegibilidad se analicen también en la etapa final del proceso electoral, sin contravenir la definitividad de los actos previos.

Concluyó que su facultad de revisión de requisitos de elegibilidad antes de la asignación de los cargos ha sido reiterada por la Sala Superior en la Sentencia SUP-JDC-1950/2025[29] .

●       Revisión del requisito de elegibilidad relativo a haber obtenido 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado (considerandos 195 y 315 a 323 del Acuerdo INE/CG571/2025)

La autoridad responsable señaló que revisaría el kárdex o historial académico oficial de la persona candidata, como también verificaría que estuviese emitido por una institución de educación superior que esté reconocida por la autoridad educativa.

Precisó que, al no existir una metodología expresa y específica para determinar el promedio marcado en la Constitución de cuando menos 9 puntos en las materias relacionadas con la especialidad jurídica por la que se contendió, se propuso como metodología, en lo que al caso interesa, que para el caso de las especialidades unitarias se promediaría, como mínimo, de 3 a 5 de las asignaturas mejor calificadas del historial académico de las personas candidatas afines a la especialidad por la que se contiende, a excepción de aquellos casos en los que no exista el mínimo de tres.

Asimismo, señaló que la verificación del promedio de 9 puntos de la especialidad a la que se pretende también podía acreditarse observando el promedio general que consigne el documento relativo a un posgrado (especialidad, maestría o doctorado) que la persona candidata haya cursado, siempre que dicho posgrado se refiera de manera específica a la especialidad por la que se compitió (Considerando 363).

Otra opción para la determinación del promedio de 9 era tomar las calificaciones de la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, siempre que estas conformaran una misma línea de especialización curricular y no se combinaran entre sí.

●       Inelegibilidad de la actora (Anexo 2[30] INE-CG571/2025)

Con base en la metodología precisada en el apartado anterior, el Consejo General del INE concluyó que María Valdéz Leal no cumplió con el requisito de 9 en las materias de su especialidad.

Las materias consideradas para el cálculo de la calificación de 9 puntos o su equivalente en las materias en licenciatura, relacionadas con el cargo a magistrada de en materia Administrativa especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, son las siguientes:

●       Derecho corporativo (8)

●       Derecho Fiscal (8)

●       Derecho y Economía (9)

●       Economía II (9)

Con base en esas materias, el promedio del actor fue de 8.5, con lo que incumplió el requisito de 9.

La autoridad responsable precisó que la revisión documental se realizó atendiendo al expediente remitido al INE por el Senado de la República, formado con motivo de la candidatura y de los documentos presentados por la actora, en su momento aspirante, en términos del artículo 96, fracciones II y III, de la Constitución general.

En este orden de ideas, puede advertirse que la responsable sí fundó y motivó sus facultades para revisar los requisitos de elegibilidad, la metodología que estableció, así como por qué, en el caso concreto, el actor no cumplió con el requisito.

3.2. Fue correcta la fundamentación y motivación en que la responsable sustentó su facultad para revisar los requisitos de elegibilidad, de entre ellos el promedio de 9 en las materias relacionadas con el cargo para el que la candidatura contendió

El artículo 96, fracción IV, de la Constitución general establece expresamente que el INE está facultado para declarar la validez de la elección para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación, tal como se cita a continuación:

Artículo 96. Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda conforme al siguiente procedimiento:

[…]

IV. El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo. (Énfasis añadido).

Asimismo, el artículo 97, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución general, señala que:

Para ser electo Magistrada o Magistrado de Circuito, así como Jueza o Juez de Distrito, se necesita:

II. Contar el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de esta Constitución con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de Magistrada y Magistrado de Circuito deberá contar además con práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura; (énfasis añadido).

Por su parte, el artículo 533, numeral 1, de la LEGIPE establece que, una vez que el Consejo General del INE realice la sumatoria final, procederá a asignar los cargos por materia de especialización entre las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos, observando la paridad de género, y publicará los resultados de la elección. A su vez, el artículo 534 del mismo ordenamiento señala que el Consejo General entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y emitirá la declaración de validez de la elección respectiva.

Ahora bien, como se ha mencionado, es criterio jurisprudencial de esta Sala Superior que existen dos momentos en los que se puede cuestionar la elegibilidad de una persona. La primera, al momento del registro de la candidatura y, la segunda, al momento de la calificación de la elección. Al momento de la calificación de la elección pueden existir dos instancias: la primera, ante la autoridad electoral, y la segunda en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional[31].

La razón que justifica la posibilidad de un segundo momento para cuestionar la elegibilidad de una persona es que la elegibilidad se refiere a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron propuestos e incluso indispensables para el ejercicio del mismo. Por tanto, no basta que en el momento en que se realice el registro de una candidatura para contender en un proceso electoral se haga la calificación, sino que también resulta trascendente el examen que, de nueva cuenta, efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo final, antes de proceder a realizar la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de las cuestiones relativas a la elegibilidad de los candidatos que hayan resultado triunfadores en la contienda electoral[32].

Esta Sala Superior ha considerado que sólo de esta manera quedará garantizado que se estén cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, para que las personas ciudadanas que obtuvieron el mayor número de votos puedan desempeñar los cargos para los que fueron postuladas, situación cuya salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial[33].

En particular, este Tribunal Electoral ha considerado que los dos momentos de verificación de requisitos de elegibilidad aplican para el caso de la elección judicial, conforme a lo siguiente[34]:

a.     Primer momento: en la etapa de postulación de candidaturas ante los Comités de Evaluación;

b.     Segundo momento: en la etapa de asignación y/o calificación y declaración de validez.

En efecto, en la Sentencia SUP-JDC-1950/2025, esta Sala Superior distinguió esos 2 momentos y consideró que, respecto del segundo momento, con base en el marco normativo, el INE es la autoridad encargada de verificar los requisitos de elegibilidad, dado que estos estaban vigentes con anterioridad al inicio del proceso electoral extraordinario.

Esta Sala Superior consideró que el INE debe revisar los requisitos de elegibilidad, al momento de declarar la validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría a la candidatura que hubiera obtenido el triunfo, de conformidad con los artículos 312[35] y 321[36] aplicados de manera supletoria por disposición del diverso 496, todos de la LEGIPE[37].

Asimismo, en la sentencia del expediente SUP-JE-171/2025 y acumulados, esta Sala Superior realizó las siguientes consideraciones:

●       El Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución general, en materia de reforma del Poder Judicial, establece que el Consejo General del INE podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del Proceso Electoral Extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.

●       Dicho mandato constitucional le confiere al INE la facultad expresa para emitir los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario, entre ellos, para verificar los requisitos de elegibilidad. No se trata de una facultad derivada o inferida, sino de una competencia expresamente ordenada por el Órgano Reformador de la Constitución.

●       En materia electoral, la facultad reglamentaria no se limita a desarrollar o detallar las disposiciones de una ley secundaria, sino que puede también colmar los vacíos normativos cuando esto sea indispensable para hacer efectivas las disposiciones constitucionales, como es el caso de la verificación de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas a las personas juzgadoras.

En efecto, en la Sentencia SUP-JE-171/2025 se analizaron cuestionamientos a la competencia del INE para revisar nuevamente requisitos de elegibilidad, y esta Sala Superior sostuvo tajantemente que el Consejo General del INE sí puede llevar a cabo la revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad al momento de la asignación de cargos, dado que, no se desplaza su competencia por el hecho de que en la fase previa se haya realizado por los Comités de evaluación, dado que responden a la finalidad constitucional relevante de que las personas que asuman un cargo de elección popular de naturaleza judicial se ajusten a los requisitos de elegibilidad.

También de manera clara se estableció que la verificación de los requisitos de elegibilidad en distintas etapas es complementaria y atiende a finalidades coexistentes:

●       En la etapa de postulación responde a la condición jurídica necesaria para adquirir la candidatura al cargo de elección judicial.

●       Mientras que, en la etapa de asignación y/o calificación, la verificación de los requisitos de elegibilidad son precondición para obtener la constancia de mayoría y asumir el cargo público.

En conclusión, esta Sala Superior ha sostenido, de manera reiterada, que es posible revisar la elegibilidad de una candidatura en dos momentos: en la etapa de registro y al momento de calificar la elección. Tal criterio se ha considerado aplicable a la elección judicial. Esta Sala Superior, en los precedentes SUP-JE-171/2025 y SUP-JDC-1950/2025, reconoció que el Consejo General del INE está facultado para llevar a cabo la revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad al momento de la asignación de los cargos.

3.3. En la sentencia aprobada se desconoce la línea jurisprudencial de esta Sala Superior sobre los momentos para revisar los requisitos de elegibilidad, a partir de una distinción falaz, por artificiosa, entre requisitos de elegibilidad y requisitos de idoneidad

La mayoría desconoció la facultad del INE para revisar el requisito constitucional de elegibilidad, relativo a contar con promedio de 9 en las materias de la especialidad, a partir de la consideración de que se trata de una cuestión técnica, sobre la idoneidad de las candidaturas, que corresponde a los Comités de Evaluación.

●       Es incorrecto que el requisito de 9 en las materias de la especialidad sea un requisito de idoneidad

En la sentencia se pretende distinguir entre requisitos de elegibilidad e idoneidad, bajo el argumento de que los primeros son objetivos y los segundos cualitativos y técnicos; así, al requisito de 9 se le otorga el carácter de técnico, es decir, se le da tratamiento de un requisito de idoneidad.

Luego, se sostiene que del artículo 96 constitucional, fracción II, inciso b), se advierte que la revisión de los aspectos técnicos para acreditar la idoneidad de las personas que serían postuladas para los diversos cargos el Poder Judicial de la Federación, corresponde de manera exclusiva a los Comités de Evaluación.

El argumento mayoritario es inválido. La conclusión de la sentencia es incorrecta, porque parte de la premisa –igualmente incorrecta– de que el requisito de 9 en las materias de la especialidad es un requisito de idoneidad.

El artículo 96 constitucional, fracción II, inciso b), establece que cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que:

●       Recibirá los expedientes de las personas aspirantes;

●       Evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, e

●       Identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

En tales términos, puede advertirse, que los Comités de Evaluación sí tienen facultades para revisar requisitos de elegibilidad e idoneidad. Al respecto, en términos del artículo 15 de la Ley de Medios, se invoca como hecho notorio que durante los respectivos procesos de selección de las candidaturas hubo dos momentos claramente distinguibles:

●       Primero, el de la selección de las personas elegibles, que fueron aquellas que, a consideración de cada Comité, cumplieron con los requisitos constitucionales de elegibilidad, de entre ellos, el de haber obtenido 9 en las materias de la especialidad del cargo para el que se postularon. Sólo estas personas pasaron a la siguiente etapa, relativa a la valoración de lq idoneidad, la cual, en al menos dos Comités implicó la realización de entrevistas.

●       Luego, los Comités seleccionaron a las personas que, derivado del resultado de las entrevistas y de su buena fama pública, de entre otras cuestiones cualitativas, consideraron que resultaban idóneas.

Así, los Comités de Evaluación, al menos los relativos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo emitieron, primero, los listados de las personas elegibles y, luego, los listados de las personas idóneas. Así, resulta manifiesto que los Comités le dieron al requisito de 9 el tratamiento de un requisito de elegibilidad. Es decir, solo aquellas personas que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, de entre ellos, el promedio de 9, pasaron a entrevistas, en las cuales se calificó la idoneidad.

Esto se constata con la formulación del artículo 97, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución general, que señala que, “para ser electo” magistrada o magistrado de Circuito, se necesita haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

Por tanto, si el promedio de 9 es un requisito de elegibilidad, así como los Comités de Evaluación estuvieron facultados para verificar su cumplimiento en la etapa de postulación; ahora correspondía al Consejo General del INE el ejercicio de esa facultad, para la etapa de calificación.

Dado que no hay una metodología expresa en la Constitución para la verificación de este requisito, la responsable determinó su propia metodología. Al respecto, considero que, así como los Comités determinaron su metodología en sus convocatorias, así el INE estaba facultado para emitir su propia metodología en el acuerdo impugnado, de conformidad con el Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución general, en materia de reforma del Poder Judicial. Este Transitorio Segundo establece que el Consejo General del INE podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del Proceso Electoral Extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

●       La revisión del requisito de elegibilidad de 9 en las materias de especialidad, por parte del INE, no viola los principios de reserva de ley ni el de certeza y definitividad

En la sentencia aprobada se sostiene que, al verificar nuevamente tal requisito con base en una metodología propia y creada con posterioridad a la jornada electoral, la autoridad responsable afectó los principios de: i) legalidad de reserva de ley –artículos 14 y 16 constitucionales– que impide a la autoridad electoral adicionar requisitos para el goce y disfrute en materia de derechos fundamentales; y ii) el principio de certeza y definitividad que exige que las reglas de participación estén fijadas antes de que la ciudadanía acuda a las urnas.

Tales premisas también son incorrectas.

El Consejo General del INE no agregó requisitos. El requisito que revisó fue el relativo a haber obtenido 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, el cual ya estaba previsto en la Constitución. La revisión la realizó con base en la jurisprudencia de esta Sala Superior que le ha reconocido facultades para revisar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad en la etapa de calificación de la elección.

Dado que no hay una metodología expresa en la Constitución, en el ejercicio de su facultad reglamentaria, el CG del INE emitió su propia metodología para la verificación de este requisito, tal como, en su momento, lo hicieron los Comités de evaluación en la etapa de postulación, a través de sus convocatorias. Además, el Consejo General del INE para determinar su metodología se basó en las consideraciones que, en su momento, esta Sala Superior emitió, de entre otros, a través del precedente SUP-JDC-18/2025 en el que analizó el requisito de 9 en plenitud de jurisdicción.

Contrario a lo que se señala en la sentencia, la verificación de este requisito no se trata de un aspecto técnico; se refiere a la valoración de cuestiones totalmente relacionadas con el Derecho, pues consiste en juzgar si algún campo de conocimiento en el propio Derecho guarda relación, razonablemente, con el ejercicio del cargo de una persona juzgadora.

Si bien primero los Comités de Evaluación y, luego, el Consejo General del INE gozan de un alto margen de apreciación; como lo he sostenido previamente[38], el ejercicio de esa competencia puede válidamente estar sujeta a un juicio de razonabilidad, si alguna candidatura se considera agraviada. Así, esta Sala Superior podría analizar, caso por caso, a petición de parte agraviada, que las asignaturas que se incluyeron en el promedio por especialización fueran razonables frente al cargo al que aspira cada promovente.

En cuanto a que, según la sentencia aprobada, la responsable violó el principio de certeza y definitividad que exige que las reglas de participación estén fijadas antes de que la ciudadanía acuda a las urnas, tal señalamiento es incorrecto, porque el requisito de 9 ya estaba previsto en la Constitución antes de la jornada electoral. Si bien el INE emitió su propia metodología para cumplir con su obligación constitucional de revisar el requisito de elegibilidad en cuestión, tal actuación resulta conforme a Derecho; sin perjuicio de que su razonabilidad en determinados casos concretos pudiera ser cuestionada ante esta Sala Superior.

Tal como lo justificó la responsable en el acuerdo impugnado, la revisión que realizó no contraviene el principio de definitividad de las etapas del proceso electoral, porque obedece a una etapa distinta y posterior, vinculada a la función constitucional del INE de declarar la validez de las elecciones, asignar los cargos y expedir las constancias de mayoría.

3.4. Procedía computar el plazo para la promoción oportuna del juicio en términos del artículo 30, párrafo 2, de la Ley de Medios

Por último, vale la pena señalar que en la sentencia se sostuvo que las demandas se presentaron oportunamente porque los acuerdos impugnados se emitieron el 26 de junio y se publicaron en la Gaceta Electoral el 1 de julio, por lo que el plazo transcurrió del dos de julio al cinco de julio, y las demandas se presentaron los días 29 y 30 de junio, 2 y 4 de julio; por lo, evidentemente, se presentaron dentro del plazo legal de 4 días.

Sin embargo, tal como lo he sostenido en otros asuntos, en mi criterio, se debe computar el plazo a partir de la publicación de dichos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 30, párrafo 2, de la Ley de Medios, que señala que:

2. No requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación, los actos o resoluciones que, en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través del Diario Oficial de la Federación o los diarios o periódicos de circulación nacional o local, o en lugares públicos o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto y de las Salas del Tribunal Electoral.

En ese sentido, a mi juicio, si los acuerdos impugnados (INE/CG571/2025 e INE/CG571/2025) fueron aprobados el 26 de junio, y publicados en el DOF el 1.° de julio, surtieron efectos al día siguiente, por lo que el plazo para promover los presentes juicios transcurrió del 3 al 6 de julio, lo cual contrasta con lo expresado en la sentencia aprobada. Ello con independencia de que, de cualquier forma, las demandas referidas fueron presentadas de manera oportuna, por lo cual coincido en que se haya determinado colmado el requisito de procedencia sujeto a estudio.

4. Conclusión

Tal como lo he expuesto en este voto, se debió confirmar la facultad del INE para revisar la actualización del requisito de 9 en las materias de la especialidad, con base en las siguientes consideraciones:

●       La responsable sí fundó y motivó su facultad para revisar los requisitos de elegibilidad antes de asignar los cargos (Acuerdo INE/CG571/2025[39]).

●       Fue correcta la fundamentación y motivación en que la responsable sustentó su facultad para revisar los requisitos de elegibilidad, de entre ellos el promedio de 9 en las materias relacionadas con el cargo para el que contendió la candidatura.

●       La sentencia aprobada contradice frontalmente la línea jurisprudencial de esta Sala Superior sobre los momentos para revisar requisitos de elegibilidad a partir de una distinción falaz entre requisitos de elegibilidad y requisitos de idoneidad, ya que:

○       Es incorrecto que el requisito de 9 en las materias de la especialidad sea un requisito de idoneidad.

○       La revisión del requisito de elegibilidad de 9 en las materias de especialidad, por parte del INE, no viola los principios de reserva de ley ni el de certeza y definitividad.

En consecuencia, contrario a lo que concluyó la mayoría, es infundado el agravio relativo a la falta de facultades del INE para revisar el requisito de elegibilidad, relativo a haber obtenido promedio de 9 en las materias de la especialidad; por tanto, se debieron analizar los demás agravios planteados por la parte actora.

Por las razones expuestas, me aparto respetuosamente del criterio mayoritario y emito el presente voto particular.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Así como el diverso acuerdo 2/2023.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN LOS JUICIOS DE INCONFORMIDAD SUP-JIN-431/2025 Y ACUMULADOS[40]

Formulo el presente voto particular para detallar las razones por las que no comparto la decisión de la mayoría de afirmar que el Instituto Nacional Electoral carece de facultades para revisar que las candidaturas cumplan el requisito constitucional de contar con 9 de promedio en las materias relacionadas con el cargo al que se postularon.

Desde mi punto de vista, sí las tiene. Sin embargo, su ejercicio está sujeto a respetar los parámetros previstos por los Comités de Evaluación. Por ello, considero que la solución correcta en este caso era ordenarle que volviera a analizar la elegibilidad de la candidatura que declaró inelegible por incumplir ese requisito con base en éstos.

I. Contexto del caso. En este asunto, el Consejo General del INE declaró inelegible a María Valdez Leal, candidata actora y electa para el cargo a una de Magistrada en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicación, por no cumplir el requisito de tener una calificación de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postuló. Por ello, declaró la vacancia de dicho cargo.

La actora controvierte esa decisión ante esta Sala, alegando que el Consejo General del INE no tenía facultades para revisarlo y que, en todo caso, no se apegó a los parámetros que estableció el Comité de Evaluación del Poder Legislativo al hacerlo. Por otro lado, Claudia Patricia Peraza Espinoza, y Alejandra Martínez Gándara, candidatas que obtuvieron el segundo y terceros lugares, en la elección impugnada, impugnan la declaratoria de vacancia.

II. Decisión de la mayoría. La mayoría de la Sala decidió revocar la declaración de inelegibilidad y de la consecuente vacancia realizadas por el INE. Para llegar a esa conclusión, sostuvo que la autoridad electoral no puede revisar el requisito de promedio de 9 porque es una atribución que únicamente estaba conferida a los Comités de Evaluación.

III. Mi postura. Estimo que la decisión de la mayoría es equivocada. Para mí, el INE sí tiene atribuciones para revisar el requisito cuestionado antes de asignar los cargos. Sin embargo, no puede hacerlo con base en una metodología propia y discrecional, sino que debe apegarse a las directrices fijadas por el Comité de Evaluación postulante. Por ello, me parece claro que debimos ordenarle analizar, nuevamente y en un plazo razonable, el cumplimiento del requisito con base en éstas.

Es una cuestión de interés público que quien ejerza un cargo de elección popular efectivamente cumpla los requisitos previstos en el marco normativo para ello (o, en otras palabras, que quien no los cumpla, simplemente, no lo haga). Por eso, la legislación electoral establece que la asignación definitiva de un cargo está sujeta a la revisión de la elegibilidad de la candidatura a la que, en principio, le corresponde.[41] Esta Sala así lo ha reconocido desde hace más de 20 años.[42] Y el caso de las elecciones judiciales no ha sido la excepción: ha sostenido que la autoridad administrativa puede revisar todos los requisitos de elegibilidad en la etapa de asignación de cargos.[43]

Contar con 9 de promedio en las materias relacionadas con el cargo de la postulación en la licenciatura o posgrados es, en ese sentido, un requisito de elegibilidad: forma parte de una lista cerrada de condiciones que la Constitución[44] establece para poder acceder a una candidatura, tanto como tener nacionalidad mexicana o contar con título de licenciatura en Derecho. Por eso, me parece claro que no es un requisito de idoneidad.

De hecho, así ya lo había considerado la Sala este mismo año, al resolver diversos asuntos relacionados con la elegibilidad de aspirantes a candidaturas registradas ante al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación.[45]

Interpretando el marco normativo que prevé el diseño de los procesos electorales para renovar al Poder Judicial de la Federación, esta Sala ha sostenido que los Comités de Evaluación de cada Poder de la Unión son los entes institucionales facultados para determinar qué materias pueden ser consideradas para tener por cumplido el requisito de 9.[46] Esto no significa, sin embargo, que revisar su cumplimiento sólo les competa a ellos. No. Ese ejercicio sigue la misma lógica que tratándose de los demás requisitos: amerita una revisión por la autoridad administrativa antes de asignar un cargo. La pregunta es, entonces, con base en qué.

Creo que es claro que debe ser de acuerdo con los parámetros previstos por el Comité de Evaluación postulante. Esto es así porque fueron el presupuesto de análisis para decidir sobre la elegibilidad de las candidaturas que ellos mismos postularon. Esta decisión, por eso, goza de una presunción de validez que sólo puede ser derrotada con base en una demostración concreta. Y ésta sólo puede ser elaborada partiendo de ese modelo: verificar con las mismas bases sería la única forma de poder afirmar que una candidatura determinada, en realidad, no cumplió el requisito. Sería por demás ilógico aceptar que un análisis de elegibilidad sobre un requisito idéntico pueda estar apoyado en criterios completamente disímiles.

En ese sentido, la posibilidad de analizar el cumplimiento de este requisito, en ningún caso, sitúa al INE en una posición que le permita establecer una metodología de valoración discrecional.

Por lo anterior, disiento.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del poder judicial de la federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.