JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SUP-JIN-684/2025

PARTE ACTORA: HÉCTOR MARTÍN RUIZ PALMA[1]

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[2]

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIA: CLAUDIA MARISOL LÓPEZ ALCÁNTARA

COLABORÓ: FERNANDA NICOLE PLASCENCIA CALDERÓN.

Ciudad de México, a seis de agosto de dos mil veinticinco.[3]

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[4] emite sentencia por la que: 1) escinde el juicio respecto de los planteamientos relacionados con magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;[5] 2) sobresee parcialmente, por falta de interés jurídico, lo relativo a la nulidad de las elecciones de integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, de las salas regionales del Tribunal Electoral y de los juzgados de distrito, todos del Poder Judicial de la Federación; y 3) confirma, en lo que fue materia de impugnación, los acuerdos INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025, respecto de la elección de magistrado de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango, en la que participó el actor.

                                        ANTECEDENTES

1. Jornada electoral. El uno de junio, se llevó a cabo la elección de diversos cargos judiciales federales.

2. Acuerdos impugnados. En diversas fechas de junio, el Consejo General del INE aprobó los acuerdos[6] por los que realizó la sumatoria nacional, declaratoria de validez, constancias de mayoría y asignación de los cargos que integran la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, así como los tribunales colegiados y juzgados de distrito.

3. Medio de impugnación. El treinta de junio, el actor presentó demanda ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Durango, con el objeto de controvertir los acuerdos precisados con anterioridad.

4. Tercerías. El tres y cuatro de julio, personas candidatas a integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y de Tribunal Colegiado de Circuito, respectivamente, presentaron escritos de tercería.

5. Turno y radicación. Recibidas las constancias, la presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-JIN-684/2025; así como, turnarlo a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, donde se radicó.

6. Notificación del acuerdo de la Suprema Corte. El catorce de julio, la Suprema Corte notificó a esta Sala Superior, el acuerdo emitido por la ministra presidenta en el asunto varios 1453/2025, informando que, en sesión privada de ocho de julio, el Pleno determinó que a dicho órgano jurisdiccional no le corresponde conocer de los asuntos relacionados con las magistraturas electorales regionales.

7. Admisión y cierre de instrucción. En su momento, la Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda y cerró la instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

Primera. Competencia. La Sala Superior es competente para conocer y resolver en relación con los acuerdos[7] por los que el Consejo General del INE aprobó la sumatoria nacional, declaratoria de validez, constancias de mayoría y asignación de los cargos de los integrantes de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de las salas regionales de este Tribunal Electoral,[8] tribunales colegiados y juzgados de distrito,[9] al ser su competencia exclusiva.

En cuanto a los planteamientos formulados respecto de la impugnación de la elección de las magistraturas de la Sala Superior, la competencia se surte a favor de la Suprema Corte, como se indica a continuación.

Segunda. Escisión y remisión a la SCJN. Esta Sala Superior escinde el juicio de inconformidad, en lo correspondiente a los argumentos por los que se controvierte la elección de magistraturas de la Sala Superior,[10] respecto de las cuales la competencia exclusiva se surte en favor de la Suprema Corte.

A. Explicación jurídica

La lectura integral de los artículos 41, párrafo tercero, Base VI, y 116, párrafo segundo, Base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[11] así como 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,[12] revela que la jurisdicción electoral se conforma por medios de impugnación en los ámbitos estatal y federal.

Asimismo, conforme a lo previsto en los artículos 17 de la Constitución federal, así como 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Por lo que hace al sistema de justicia electoral, los artículos 41, párrafo tercero, base VI, y 99, párrafo cuarto, de la Constitución federal establecen que, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación.

Para el funcionamiento de dicho sistema también se prevé que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación funciona en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales,[13] cuya competencia se determina por la propia Constitución general y las leyes aplicables.[14]

A partir de la reforma constitucional y legal en materia del Poder Judicial de la Federación, publicada en el DOF, el pasado quince de septiembre, se establecieron nuevas disposiciones competenciales dentro del sistema de medios de impugnación en materia electoral; particularmente, respecto de las impugnaciones relacionadas con los resultados y la validez de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal.

Al respecto, el artículo 96, fracción IV,[15] de la Constitución prevé que el Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. Conforme la disposición constitucional en cita, el Instituto también declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, instancias que resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.

En consonancia con esta previsión, el artículo 99,[16] párrafo cuarto, fracción I, constitucional, acotó la competencia del Tribunal Electoral para conocer de las controversias relacionadas con la elección de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistradas y magistrados de Circuito y de las personas juzgadoras de Distrito.

En misma sintonía, se advierte que el penúltimo párrafo del segundo artículo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado quince de septiembre, se reguló que el Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones a más tardar el 28 de agosto de 2025.

Así, de la lectura integral de los artículos 96, fracción IV, de la Constitución federal; 17, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica y 53, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, se advierte que la Suprema Corte es la competente para resolver los juicios de inconformidad promovidos en contra de la elección de integrantes de esta Sala Superior.

De ahí que la Suprema Corte sea la autoridad con competencia exclusiva para conocer los planteamientos respecto a la elección de las magistraturas de esta Sala Superior.

B. Caso concreto

El actor combate los diversos acuerdos del Consejo General del INE por los que realizó la sumatoria nacional, declaratoria de validez, constancias de mayoría y asignación de los cargos que integran a la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito.

Por lo tanto, como se precisó en el marco jurídico de este apartado, la competencia para conocer estos planteamientos es la siguiente:

a)     Esta Sala Superior debe conocer y resolver lo relativo a los planteamientos vinculados con la elección de integrantes de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, las salas regionales de este Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito.

b)     La Suprema Corte debe conocer y resolver lo relativo a los planteamientos vinculados con la elección de magistraturas de esta Sala Superior.

En consecuencia, 1) se escinde la demanda, a efecto de que sea la Suprema Corte quien se pronuncie sobre los planteamientos encaminados a combatir la validez de la elección de magistraturas de esta Sala Superior, por lo que 2) se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional para que, hechas las anotaciones y actuaciones correspondientes, 3) remita a la Suprema Corte, copia certificada de la demanda escindida, así como todas las promociones que se presenten y estén relacionadas con la materia de impugnación que le fue remitida.

Tercera. Improcedencia. Con independencia de que se actualice otra causal de improcedencia, la Sala Superior sobresee, por falta de interés jurídico, lo relativo a la nulidad de las elecciones de integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, de las salas regionales del Tribunal Electoral y de juzgados de distrito, conforme se expone a continuación.

A. Explicación jurídica

La Ley de Medios es clara al establecer diversas causales de improcedencia de los medios de impugnación, como es el caso de la falta de interés jurídico por parte de la persona promovente[17] -dicha porción normativa debe ser interpretada de manera concatenada con lo ordenado en el artículo 11, párrafo 1, inciso c), de ese ordenamiento legal, que contempla que se debe sobreseer en el medio de impugnación cuando habiendo sido admitido, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia-.

Lo anterior, porque el interés jurídico es un presupuesto procesal, el cual asegura la viabilidad del sistema de administración de justicia a efecto de que solo lo puedan activar aquellas personas que estén ante una afectación a sus derechos.[18]

Al respecto, se debe tomar en cuenta que el interés jurídico se tendrá por satisfecho cuando el acto o resolución impugnado, repercute de manera clara y suficiente en los derechos subjetivos de quien acude al proceso, de esta manera, demostrando que la afectación del derecho del que aduce ser titular es ilegal, se le podría restituir en el goce de la prerrogativa vulnerada o bien, se hará factible su ejercicio.[19]

B. Caso concreto

El actor, candidato a magistrado de circuito, controvierte la validez de las elecciones de integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, de las salas regionales del Tribunal Electoral y de los juzgados de distrito.

En consecuencia, si pretende la nulidad de dichas elecciones, la controversia se circunscribe a los supuestos normativos previstos en el artículo 50, párrafo 1, incisos a), fracción II e inciso f) de la Ley de Medios.

Situación que lleva a considerar que el promovente carece de interés jurídico para realizar dicho planteamiento, porque el artículo 54, párrafo 3, de la Ley de Medios, es clara al establecer que los juicios de inconformidad relacionados con la elección de personas juzgadoras federales deberán presentarse por las personas candidatas interesadas, lo cual, en el caso no acontece.

Además, que tampoco cuenta con un interés legítimo para representar a la ciudadanía, ello, porque la jurisprudencia 11/2022,[20] aplicable por analogía para cualquier acto vinculado directa o indirectamente con un proceso electoral, en términos generales, señala que ésta no cuenta con interés jurídico o legítimo para controvertir los actos correspondientes a la etapa de organización, desarrollo y cómputo de la votación de una elección, salvo que su interés derive de una afectación real y directa de sus derechos político-electorales.

En consecuencia, si el actor no se encuentra en el supuesto de persona candidata en tales cargos y tampoco tiene interés legítimo, la demanda se sobresee parcialmente, por falta de interés jurídico, en lo relativo a la nulidad de las elecciones de integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, de las salas regionales del Tribunal Electoral y de juzgados de distrito.

Cuarta. Precisión de la litis. Derivado de lo anterior, así como de que el asunto tiene origen en la demanda que presentó un candidato al cargo de magistrado de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango, para una mayor precisión de la litis planteada, es necesario establecer que sus agravios se analizaran respecto de tal elección.

En efecto, si bien el actor señala que el juicio está encaminado a combatir la nulidad de todo el proceso electivo por causas graves y generalizadas de las seis elecciones, como ya se precisó, únicamente cuenta con interés jurídico respecto de la elección en la que participó, por tanto, se concluye que, la pretensión del enjuiciante consiste en controvertir, como también lo señala, los acuerdos INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025, por los que el Consejo General aprobó la sumatoria nacional, declaratoria de validez, constancias de mayoría y asignación de los cargos de magistraturas de tribunales circuito, respecto a la elección de magistrado de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango.

Quinta. Escritos de terceros interesados. Independientemente que pudiera advertirse alguna otra causal de improcedencia de los escritos de terceros interesados, se advierte que éstos carecen de interés jurídico para comparecer, porque su pretensión radica, en esencia, en que se confirmen los acuerdos mediante los cuales, se realizó la sumatoria nacional, declaratoria de validez, constancias de mayoría y asignación de diversos cargos a los que participaron.

Sin embargo, como se desarrolló en el apartado de precisión del acto impugnado, en el presente juicio de inconformidad sólo se analizarán los acuerdos del Consejo General del INE, en los que, entre otras cuestiones, se declaró la validez de la elección de magistraturas de tribunales colegiados de circuito, respecto de la elección en la que participó el actor.

En ese sentido, en el caso no hay posibilidad de afectación alguna a los derechos previamente obtenidos por Julio Antonio Gómez Rodríguez -candidato a una magistratura de circuito en materia administrativa del distrito judicial electoral dos, en el circuito judicial décimo sexto, en el Estado de Guanajuato-, Eduardo Santillán Pérez -candidato a ministro de la Suprema Corte-, e Indira Isabel García Pérez y Rufino H León Tovar -candidatos a magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial-, porque la materia de análisis no implica una posible modificación a los acuerdos impugnados respecto de sus candidaturas, inclusive, en el caso de quien comparece en calidad de candidato a magistrado de tribunal colegiado de circuito, toda vez que contendió para una magistratura en diversa materia y distrito judicial.

De ahí que, al no haber alguna pretensión incompatible con la del actor o una posible afectación a sus derechos adquiridos, no se acredita el interés jurídico de los terceros interesados y, por ende, no son procedentes sus escritos, ya que no cumplen con el requisito previsto en el primer párrafo, fracción c), del artículo12, de la Ley de Medios.[21]

Sexta. Causales de improcedencia. Son infundadas e inatendibles las causales de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, conforme lo siguiente.

1. Inviabilidad de efectos. La responsable argumenta que la demanda es improcedente, al ser inviables los efectos pretendidos por el promovente, en el sentido que no existe una disposición que permita sustituir la candidatura ganadora, aún en caso de declararse su inelegibilidad; sin embargo, de una lectura integral de la demanda, no se advierte tal pretensión de la parte actora, por tanto, dicha causal deviene en infundada.

2. Impugnación de más de una elección. La autoridad señala que la demanda es improcedente, porque se pretende impugnar más de una elección, conforme a lo establecido en el artículo 10, numeral 1, inciso e) de la Ley de Medios.

Al respecto, se estima también infundada la causal de improcedencia alegada, toda vez que, resulta aplicable el criterio sostenido en la tesis jurisprudencial 6/2002,[22] en el cual se precisa que si del análisis integral del escrito de demanda es posible inferir la elección que controvierte el impugnante, debe entrarse a su estudio.

3 y 4. Falta de legitimación e interés jurídico. La responsable alega falta de legitimación e interés jurídico del actor para cuestionar elecciones ajenas a las que participó, planteamientos que resultan inatendibles derivado de lo resuelto en los apartados que anteceden, es decir, de la escisión y del desechamiento de los medios de impugnación respecto de determinados actos.

Séptima. Requisitos de procedencia[23]

1. Forma. La demanda precisa la elección impugnada, los hechos, los motivos de controversia y cuenta con firma autógrafa del promovente.

2. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho, porque los acuerdos impugnados tuvieron lugar el veintiséis de junio, mientras que la demanda se presentó el treinta siguiente. Por tanto, el juicio de inconformidad resulta oportuno, toda vez que su promoción ocurrió dentro de los cuatro días posteriores de la emisión de los actos controvertidos.[24]

3. Legitimación e interés jurídico. La parte actora cuenta con legitimación e interés jurídico, porque comparece como candidato a una magistratura de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango, a fin de impugnar actos relacionados con la elección de magistrados de circuito.

4. Definitividad. Se cumple, porque la Ley de Medios no establece algún medio de impugnación que deba agotarse previamente.

Por cuanto hace a los requisitos especiales de procedencia del juicio de inconformidad[25] también se encuentran satisfechos, porque:

a) El inconforme señala la elección que controvierte y manifiesta que impugna, entre otros actos, la declaratoria de validez y entrega de constancias correspondientes;

b) Controvierte los acuerdos del Consejo General por los que se realizó la sumatoria nacional, la asignación de cargos, la declaratoria de validez y entrega de constancias de mayoría de la elección en que participó como candidato a una magistratura de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango;

c) No se requiere el señalamiento de casillas individualizadas, al no solicitar la declaratoria de nulidad de alguna de ellas;

d) Tampoco hace valer errores aritméticos por los que estime que los resultados consignados en las actas de cómputo sean indebidos; y

e) Su impugnación no guarda conexidad con otra elección.

Octava. Pruebas aportadas por el actor. En el escrito de demanda el actor aporta las siguientes pruebas:

Novena. Determinación. Esta Sala Superior determina confirmar, en lo que fue materia de impugnación, los acuerdos INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025, respecto de la elección de magistrado de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango, en la que participó el actor, ante lo inoperante de sus agravios.

Lo anterior, ya que no evidencia ni aporta elementos probatorios que sostengan que las supuestas irregularidades hayan tenido un impacto directo en la elección de la magistratura en la que participó.

9.1 Marco normativo sobre la inoperancia de los agravios. Esta Sala Superior ha sostenido que los conceptos de agravio deben estar encaminados a controvertir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en cuenta al resolver.

Al respecto, es criterio de este órgano jurisdiccional que en los medios de impugnación, las personas demandantes no se encuentran obligadas a desarrollar los conceptos de agravio bajo una formalidad o solemnidad específica, ya que basta con la expresión clara de la causa de pedir, precisando la afectación que le genera el acto, resolución u omisión que controvierte y los motivos que originaron esa afectación[26] o un principio de agravio en el que se confronte lo considerado en el acto impugnado.

Sin embargo, lo anterior no exime a las y los demandantes de plantear las razones con base en las cuales buscan controvertir las consideraciones que estimen contrarias a Derecho.

En este sentido, se ha considerado[27] que en la formulación de los conceptos de agravio se deben expresar claramente las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad u órgano partidista responsables.

Lo anterior, a fin de cumplir que la carga impuesta a quien promueve un medio de impugnación que implica que los argumentos expuestos en la demanda constituyan una secuela lógica, concatenada y coherente para controvertir, de forma frontal, eficaz y real, los argumentos de la resolución controvertida.

Por ende, al expresar cada concepto de agravio, la parte actora debe exponer los argumentos que considere pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, así los conceptos de agravio que no cumplan tales requisitos serán inoperantes, lo cual ocurre principalmente cuando: 1) No controvierten, en sus puntos esenciales, las consideraciones que sustentan el acto o resolución impugnado;[28] 2) Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente los expresados en el medio de impugnación local;[29] 3) Se formulan conceptos de agravio que no fueron del conocimiento de la autoridad responsable –novedosos–, de suerte que no tuvo la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al respecto;[30] 4) Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir,[31] y 5) Se enderecen conceptos de agravio, que pretendan controvertir un acto o resolución definitivo y firme.

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los conceptos de agravio es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque los argumentos no tendrían eficacia alguna para anular, revocar o modificar la sentencia impugnada.[32]

9.2 Caso concreto. El actor se registró y participó como candidato al cargo de magistrado de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango. Para esa elección y distrito judicial, estuvieron en contienda cuatro vacantes judiciales correspondientes a la especialidad mixta.[33]

Celebrada la jornada electoral, el Consejo Distrital y Local del INE en Durango realizaron los cómputos correspondientes y remitieron sus resultados al Consejo General del INE para que éste realizara la sumatoria nacional, asignación de cargos, declaratoria de validez y entrega de constancias de mayoría correspondientes.

Al respecto, el Consejo General del INE emitió los acuerdos INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025, mediante los cuales, realizó la sumatoria nacional de la elección de las personas magistradas y la asignación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos, en forma paritaria, y que ocuparán tales cargos; así como, la declaración de validez de esa elección y las constancias de mayoría a las candidaturas que resultaron ganadoras.

Derivado del procedimiento aplicado para la asignación de las personas magistradas de circuito conforme a los principios de mayoría de votos y paridad de género, del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango, se asignaron tales cargos de la siguiente forma:

Inconforme, el actor presentó demanda de juicio de inconformidad, alegando que el proceso electoral no puede ser declarado válido y, en consecuencia, no pueden otorgarse las constancias de mayoría y asignarse los correspondientes cargos, al estar viciado desde su inicio hasta su conclusión, aduciendo como violaciones las siguientes:

-          Omisión de realizar un análisis contextual e integral por parte de la autoridad responsable, al no tomar en cuenta el contexto específico ni los hechos relevantes que rodearon el proceso electoral, destacadamente, desde los vicios de origen de la reforma, la cual estima es una regresión institucional disfrazada de participación ciudadana, en virtud de:

A.     La idea de cambiar la Constitución para elegir a personas juzgadoras a voluntad de una persona, el expresidente de la República.

B.     La imposición de la reforma por quienes utilizaron artimañas fraudulentas para conseguir una mayoría calificada, así como la improvisación constitucional ante una aprobación inusual del Decreto.

C.     La vulneración al principio de sufragio universal, al excluir a personas privadas de su libertad sin sentencia y a mexicanos en el extranjero.

D.     La vulneración a la autonomía e independencia judicial, así como a la división de poderes, al someter la justicia a la popularidad.

-          Vulneración reiterada, sistemática y grave a los principios constitucionales que deben observarse en todo proceso, en perjuicio de la integridad electoral, lo que si hubiera observado la responsable habría concluido la nulidad, conforme lo siguiente:

A.     Vulneración a la legalidad, certeza y transparencia en la elección de candidaturas por parte de los comités designados por los poderes de la Unión, ante lo ilegítimo de sus procesos.

B.     Vulneración al voto informado y razonado, ante la complejidad de la información para el electorado.

C.     Vulneración a la equidad y uso indebido de recursos públicos por la intervención de altos funcionarios públicos.

D.     Vulneración al voto libre, derivado de la presión e inducción al voto por la elaboración y distribución masiva de acordeones (incluso en veda electora), a fin de beneficiar a un grupo de personas candidatas, ya fueron quienes recibieron la mayor votación. Aunado a que se puede presumir fueron pagados con recursos públicos, los cuales se les deben contabilizar a los candidatos.

Destacando lo indebido de que la responsable no considerara tales elementos cuando contaba con los insumos necesarios al recibir diversas quejas, perdiéndose la autonomía e independencia judicial con la intromisión partidista de MORENA.

E.     Falta de representación de las personas candidatas ante los órganos electorales.

F.      Vulneración a los principios de certeza y transparencia, porque no se inutilizaron las boletas sobrantes al término de la jornada electoral.

G.    Vulneración a los principios de certeza, transparencia y acceso a la justicia por falta de acceso directo y oportuno a la documentación electoral generada durante la jornada.

H.     Vulneración a los principios de certeza y transparencia, porque los votos no se contaron en las casillas.

I.        Vulneración al principio de igualdad del sufragio, también formulado como el principio de una persona un voto, ante la distribución desigual de la representación.

J.      La falta de legitimidad de la elección, ante el rechazo de la ciudadanía.

-          El actor solicita se time en cuenta el informe preliminar de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos.

Como puede observarse, el actor dirige sus agravios a sostener diversas irregularidades que, en su concepto, dan lugar a la nulidad de las elecciones del Poder Judicial de la Federación y ponen de relieve la existencia de hechos transgresores de principios y normas constitucionales y convencionales.

Sin embargo, para esta Sala Superior los agravios resultan inoperantes, porque se advierte que el actor no acredita, con los planteamientos y elementos que aporta, irregularidades graves y determinantes que encuentren un impacto real en la elección de las magistraturas de circuito en especialidad mixta del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango, en la que participó.

Al respecto, es dable destacar que acorde al criterio jurisprudencial de esta Sala Superior, los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas solo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, aunado a que para calificar si se trata de indicios simples o de mayor grado de convicción, la persona juzgadora debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto.[34]

Ahora bien, con independencia del valor probatorio indiciario que corresponde a los elementos de convicción ofrecidos por la parte actora y que ello condujera a tener por acreditada, en tal circunstancia: 1) la posición o precepción del entonces presidente de la República respecto de la actividad general de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y sus remuneraciones; 2) la pretensión de que en la elecciones federales de dos mil veinticuatro, el partido del gobierno obtuviera una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, con la finalidad de aprobar diversas reformas constitucionales; 3) que el INE aprobó ciertas medidas cautelares vinculando al entonces presidente de la República de abstenerse de intervenir en las elecciones de dos mil veinticuatro, en las cuales, en lo que interesa, se renovaron a las diputaciones y senadurías federales; y 4) el proceso de reforma constitucional y legal en materia del Poder Judicial de la Federación, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como, por el mínimo requerido de los congresos de las entidades y el respaldo a la referida reforma por la presidenta de la República; la inoperancia de tales motivos de agravio deriva de que dichos hechos no son pertinentes para acreditar infracciones que permitan emitir una sentencia estimatoria de la pretensión del demandante.

Así, el actor expone una serie de argumentos genéricos que se encaminan a evidenciar, entre otras cuestiones, inconsistencias en el proceso electoral que se llevó a cabo en dos mil veinticuatro (para elegir, entre otros cargos, a las diputaciones y senadurías federales); la conformación de mayorías calificadas en el Congreso de la Unión; la reforma constitucional en materia de personas juzgadoras, así como su implementación, para llegar a los resultados obtenidos el pasado uno de junio en que se eligieron por voto popular a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, como se expuso, incluso la acreditación de tales hechos no es relevante para tener por probada la existencia de infracciones respecto de la elección que se controvierte –la de magistrado de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango–.

Por otra parte, para el caso es relevante que, esta Sala Superior ha definido una serie de criterios para delimitar la nulidad de la elección, con la previsión de que las irregularidades o violaciones que se hagan valer tengan el carácter de determinante, bajo factores cualitativos y cuantitativos,[35] pero, en todos los casos, es necesario establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección particularmente controvertida, lo que en el presente caso no es dable determinar a partir de los elementos expuestos por el actor.

Al respecto, el actor sostiene que, la autoridad responsable, al determinar la validez de la elección del proceso electoral respecto de las personas juzgadoras, pasa por alto que, en todo momento se utilizaron diversos “acordeones” o guías de votación, los cuales fueron personalizados en cada entidad federativa, lo cual, de forma continua y sistemática, generó la indebida compra, coacción e inducción al voto en favor de ciertas personas candidatas.

Adicionalmente, sostiene que se genera la presunción fundada de que fueron realizados, contratados, pagados y distribuidos con financiamiento público, proveniente de los gobiernos Federal y locales, cuyos titulares emanan de los partidos políticos de Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano.

No obstante, esta Sala Superior advierte que el actor no evidencia ni aporta elementos probatorios que sostengan que tal irregularidad haya tenido un impacto directo en la elección de las magistraturas de circuito en especialidad mixta del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango.

El principal elemento probatorio que exhibe el actor es una nota periodística del medio de comunicación “Animal Político”, la cual se titula “Elección judicial: campañas concluyen con reparto masivo de acordeones a favor de Morena”.

Dicha nota periodística expone un contexto generalizado en el país y, en específico, se centra en la supuesta distribución de “acordeones” en un inmueble de la Ciudad de México, además, entre otras cuestiones, refiere el hecho de que usuarios de redes sociales que viven en la Ciudad de México reportaron haberlos recibido, lo cual, no es exclusivo de dicha entidad, ya que ”también sucedió en estados como Chihuahua, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz”.

Por otra parte, el actor también señala como pruebas las notas periodísticas de “Animal Político”, titulada “Tiempo muerto, acarreo, acordeones y media hora por voto: 13 horas como funcionaria de casilla en la elección judicial, Crónica de la elección judicial, desde la mirada de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla” y la nota periodística de “La Silla Rota”, titulada “Denuncian a trabajadores de V. Carranza y gobierno por repartir acordeones el día de la elección”, así como el video publicado en la red social “X”, con la frase “Repartidores de acordeones para la elección del Poder Judicial, con los candidatos favoritos de @Claudiashein, preguntan hasta cuándo les van a pagar [en la Alcaldía Azcapotzalco]”.

De lo expuesto, esta Sala Superior advierte la generalidad de las supuestas irregularidades formuladas por el actor, respecto de acontecimientos en todo el país, o bien, en la Ciudad de México,[36] las cuales, en momento alguno, son direccionadas a la entidad federativa de Durango y, mucho menos, a la elección de magistraturas en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en ese estado, que ahora se pretende anular.

Asimismo, si bien el actor sostiene que la autoridad, previo a la declaración de validez de la elección debió de pronunciarse de manera clara y precisa, respecto del monto y origen de los recursos económicos utilizados para la elaboración, contratación y distribución de los acordeones, lo cierto es que, esta Sala Superior ha reiterado que para que se decrete la nulidad de una elección, es necesario demostrar y probar en el juicio la existencia de elementos objetivos que acrediten las violaciones graves, sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso electoral, cuestión que no acontece en este caso.[37]

De igual manera, entre otras cuestiones, el actor sostiene que prueba de las diversas irregularidades que argumenta es que el INE detectó e identificó al menos 818 casillas con resultados inverosímiles, matemáticamente imposibles o con irregularidades manifiestas, sin embargo, en su caso, tampoco demuestran un impacto en la entidad federativa en donde éste participó (al tratarse de Michoacán, Chiapas y Guerrero).

Por último, esta Sala Superior no encuentra un sustento probatorio suficiente para decretar la nulidad de la elección, con motivo de la comisión sistemática y reiterada de violaciones graves y determinantes a los principios constitucionales y convencionales.

Ello, pues la presunta omisión de la responsable al tener una supuesta visión incompleta, fragmentada y meramente formal del proceso electoral y su falta de valoración adecuada, por sí misma, no resulta suficiente para que en sede jurisdiccional se declare la nulidad de la elección cuestionada.

Hay que precisar que esta Sala Superior ha sostenido que la prueba contextual, prueba de contexto o análisis contextual, constituye una metodología de análisis integral de hechos complejos que las autoridades jurisdiccionales deben considerar ante la posible dificultad probatoria derivada de situaciones de riesgo o afectación grave a los derechos político-electorales, cuya acreditación no requiere de un estándar estricto, sino de una valoración general de las circunstancias en las cuales se sitúan los hechos específicos base de la pretensión de las partes y que permiten generar inferencias válidas sobre situaciones extraordinarias; así como flexibilizar o redistribuir cargas probatorias, atendiendo al riesgo razonable en la producción u obtención de los medios de prueba en tales circunstancias.[38]

Sin embargo, en el presente asunto no se evidencia alguna dificultad probatoria por parte del actor, aunado a que, en todo caso, la mera alegación genérica es insuficiente para acreditar cualquier irregularidad o violación determinante en un proceso electoral, ya que no es posible que las personas justiciables aduzcan de manera automática o irreflexiva ciertos hechos o elementos contextuales y pretendan con ello acreditar la nulidad de una elección.[39]

En consecuencia, el actor no evidencia ni aporta elementos probatorios que sostengan que las supuestas irregularidades que argumenta hayan tenido un impacto directo en la elección de las magistraturas en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango, por lo cual, esta Sala Superior confirma, en lo que es materia de impugnación, los acuerdos controvertidos.

Por las consideraciones anteriores, se

RESUELVE

PRIMERO. Se escinde la demanda a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de los planteamientos relacionados con la elección de magistraturas de esta Sala Superior, por lo que la Secretaría General de Acuerdos deberá proceder conforme a lo indicado en esta sentencia.

SEGUNDO. Se sobresee parcialmente la demanda por lo que hace a los planteamientos vinculados con la elección de integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, de las salas regionales de este Tribunal Electoral y de juzgados de distrito.

TERCERO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, los acuerdos INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025, respecto de la elección de magistrado de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango.

NOTIFÍQUESE conforme corresponda.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto razonado y voto particular parcial conjunto de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Asimismo, en el acuerdo 2/2023.

VOTO RAZONADO Y PARTICULAR PARCIAL QUE FORMULAN LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS[40] Y EL MAGISTRADO REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD SUP-JIN-684/2025

I. Introducción; II. Contexto de la controversia; III. Consideraciones de la sentencia; IV. Razones del voto razonado; y, V. Razones del voto particular parcial

I. Introducción. Emitimos este voto razonado para explicar las razones por las cuales, en la sentencia elaborada por la magistrada Janine M. Otálora Malassis, se asume competencia para conocer el juicio promovido para impugnar, entre otras, la elección de magistraturas electorales regionales, a pesar de que, nuestro criterio en dicho tema es que la competencia se actualizaba en favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.[41]

Adicionalmente, emitimos voto particular parcial para explicar los motivos, por los cuales no coincidimos con la decisión de la mayoría consistente en omitir dar vista al INE por presuntas conductas infractoras que señaló el actor en su demanda, consistentes en el supuesto uso masivo de acordeones impresos y no elaborados por cada uno de los votantes.

II. Contexto de la controversia. El actor, candidato al cargo de magistrado de tribunal colegiado en especialidad mixta del distrito judicial 1, del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en Durango, controvierte los acuerdos INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025, mediante los cuales, realizó la sumatoria nacional de la elección de las personas magistradas y la asignación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos, en forma paritaria, y que ocuparán tales cargos; así como, la declaración de validez de esa elección y las constancias de mayoría a las candidaturas que resultaron ganadoras.

Así, alega que el proceso electoral no puede ser declarado válido y, en consecuencia, no pueden otorgarse las constancias de mayoría y asignarse los correspondientes cargos, al estar viciado desde su inicio hasta su conclusión, aduciendo como violaciones, la omisión de realizar un análisis contextual e integral por parte de la autoridad responsable y la vulneración reiterada, sistemática y grave a los principios constitucionales que deben observarse en todo proceso.

Asimismo, señala que el supuesto uso masivo de acordeones impresos y no elaborados por cada uno de los votantes representa un financiamiento privado ilícito que generó inequidad manifiesta en la contienda.

III. Consideraciones de la sentencia. Entre otras cuestiones, se determinó asumir competencia por lo que hace a la elección de magistraturas electorales regionales y, respecto de la vista al INE que la magistrada Janine M. Otálora Malassis propuso en el proyecto que presentó al Pleno, la mayoría de nuestros pares estimaron que no era procedente.

IV. Razones de nuestro voto razonado. Desde nuestro punto de vista –como quedó manifestado en la sesión pública de este órgano jurisdiccional, celebrada el nueve de julio– la SCJN es la autoridad competente para resolver los medios de impugnación promovidos contra la elección de magistraturas regionales del Tribunal Electoral, por dos razones fundamentales.

La primera, porque la Constitución general en los artículos 96, fracción IV, y 99, fracción I, es clara al reservar a la SCJN el conocimiento y resolución de las impugnaciones de las magistraturas electorales, tanto de Sala Superior como de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

De la lectura de la disposición contenida en el artículo 96, fracción IV, se concluye que la Constitución general no distingue entre magistraturas de la Sala Superior y las salas regionales, porque se limita a indicar, sin salvedad alguna, magistraturas electorales. Esta disposición también está contemplada en el segundo artículo transitorio, penúltimo párrafo, del decreto de reformas constitucionales en materia del poder judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre de 2024.

Por tanto, en este caso el texto constitucional permite tener una norma jurídica cuyos contornos son claros y precisos en relación con la competencia de autoridades. Así, cuando la Constitución general establece competencias de las autoridades, el nivel de escrutinio del órgano de control constitucional debe ser estricto para respetar la organización estatal establecida en ella.

En virtud de lo anterior, ya que el precepto constitucional prevé que la SCJN es competente para conocer de las impugnaciones relacionadas con magistraturas electorales, consideramos que establece con claridad y precisión los contornos de la situación de hecho y de derecho que pretende regular, así como sus consecuencias.

Así, al tratarse de una norma relacionada con el diseño y estructura del Estado, la interpretación que debe darse al texto constitucional está limitada por el mismo texto, a fin de salvaguardar la vigencia de la Constitución. Al respecto, este criterio aplica para los órganos como el judicial, en función de lo que Klaus Stern denomina “principio de confianza recíproca”, a partir del cual resultan contrarias a la Constitución aquellas determinaciones de autoridad que se aparten de lo razonablemente esperado, porque los órganos del Estado deben comportarse entre sí de tal manera que puedan ejercitar su competencia constitucional de manera responsable y concienzuda.

Y, la segunda, porque lo previsto en el artículo 53, párrafo inciso c) en relación con el 50 de la Ley de Medios respecto a la competencia de la Sala Superior para conocer de los juicios de inconformidad respecto a magistraturas electorales de las salas regionales no cuenta con base constitucional.

Lo anterior, porque como se precisó, la Constitución general excluyó de la competencia de este Tribunal Electoral los medios de impugnación relacionados con la elección de magistraturas electorales, es decir, tanto las adscritas a la Sala Superior como a las salas regionales.

En ese sentido, ya que la Constitución general reservó, de forma exclusiva, a la SCJN la competencia para conocer de las impugnaciones de magistraturas electorales, más allá de la jerarquía normativa con la que cuenta el texto constitucional como base en el ordenamiento jurídico mexicano, el legislador no estaba habilitado para desconocer ese mandato.

En primer lugar, porque el artículo décimo primero del decreto de reforma constitucional en materia del poder judicial[42] obliga a todos los órganos del Estado mexicano, y no únicamente a los órganos jurisdiccionales, a constreñirse a la aplicación de las disposiciones constitucionales que respete la fidelidad de lo explícita o literalmente previsto, lo cual supone descartar interpretaciones extensivas, por analogía o, peor aún, aquellas que conduzcan a resultados incompatibles con lo previsto en la literalidad.

En la medida en que la prohibición es de carácter general, comprende igualmente la actividad legislativa, por lo que, en el ejercicio de sus funciones, el Congreso de la Unión se encuentra impedido de desarrollar disposiciones legislativas que se aparten de lo expresamente contemplado en las previsiones del decreto en cuestión.

Por tanto, lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución, que admite la posibilidad de prever facultades del Tribunal Electoral adicionales a las previstas en el dispositivo constitucional mencionado, no puede servir de base para contrariar lo establecido en el decreto citado, especialmente si, en el mismo se ha reservado, cierta competencia como propia y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En segundo término, porque la Constitución general no consideró adecuado que el Tribunal Electoral conociera de asuntos relacionados con la elección de magistraturas electorales, a fin de garantizar el dictado de resoluciones imparciales. En otras palabras, la Constitución ponderó que, más que atender al régimen específico de incompatibilidades e impedimentos mediante los cuales se procura que quien juzga no se encuentre en una posición o situación que dificulte o enerve de alguna forma la rectitud de criterio, a fin de que únicamente imperen las razones jurídicas, era necesario evitar todo tipo de situación que pueda generar la percepción de parcialidad, o incluso, de eventual independencia para quienes resulten electos. Se trata, por tanto, de una garantía para la imparcialidad en la resolución de ese tipo de controversias, así como para la independencia de quienes desempeñarán la función electoral.

V. Razones de nuestro voto particular parcial. En nuestro concepto, tal y como la magistrada ponente lo propuso inicialmente, procedía dar vista al INE, conforme a lo siguiente:

La parte actora señala en su demanda que el supuesto uso masivo de acordeones impresos y no elaborados por cada uno de los votantes representa un financiamiento privado ilícito que generó inequidad manifiesta en la contienda.

Al respecto, debe decirse que el INE determinó, entre otros plazos,[43] el veintiocho de julio para emitir las resoluciones de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los periodos de campaña de los procesos electorales extraordinarios 2024-2025 del Poder Judicial Federal y locales.

Así, se tiene que a la fecha el INE ha concluido el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos de las personas candidatas a juzgadoras, y ya determinó si incurrieron en alguna infracción o si aquellas se apegaron a los límites de gastos aprobados por el Consejo General, conforme a sus atribuciones de fiscalización.

Ahora bien, es importante destacar que mediante acuerdo INE/CG535/2025 el Consejo General del INE presumió la existencia de una estrategia de elaboración y distribución de dicha propaganda, determinando que:

a.     Los acordeones son propaganda electoral

b.     Prohibió su emisión y distribución durante campaña.

c.      Prohibió su emisión y distribución durante la veda electoral y el día de la jornada.

Esta decisión fue confirmada por la Sala Superior en el recurso de revisión SUP-REP-179/2025, lo cual implica que, jurídicamente se reconoció la existencia de los acordeones por lo que no son inferencias de la parte actora.

En ese sentido, respecto al caso del presunto uso y distribución de acordeones alegado por la parte actora, estimamos que el INE se encuentra en posibilidad de allegarse de los elementos de prueba indispensables para estar en condiciones de iniciar el o los procedimientos administrativos que correspondan, en cuanto a que tienen por objeto vigilar el origen y destino de los recursos utilizados por las personas candidatas por sí o a través de terceros por el posible beneficio que reporten.

Lo anterior, porque el Instituto a través de sus órganos competentes, cuenta con un ámbito de facultades a fin de iniciar la investigación de los hechos denunciados, ya sea mediante la presentación de una queja o denuncia, o de manera oficiosa cuando se presuma la existencia de una transgresión al orden jurídico.

En ese orden de ideas, consideramos que, este órgano jurisdiccional debía ordenar dar vista al INE con la demanda para que en el ámbito las mencionadas facultades de investigación, a través de sus órganos competentes, realice las diligencias que considere necesarias para esclarecer los hechos denunciados y, en su caso, determinar la responsabilidad administrativa que corresponda.

Por las razones expuestas, emitimos el presente voto razonado y voto particular parcial.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.