JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SUP-JIN-823/2025

PARTE ACTORA: LILIA ARELI ZAMORA COLMENARES

TERCERO INTERESADO: ULISES CAMACHO DÁVILA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIA: ROSALINDA MARTÍNEZ ZÁRATE

COLABORÓ: MICHELLE PUNZO SUAZO

Ciudad de México, a seis de agosto de dos mil veinticinco[1]

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca el Acuerdo INE/CG572/2025, en lo relativo a la asignación de una magistratura en Materia del Trabajo en el Distrito Judicial Electoral 01, en San Luis Potosí, que se impugna en este asunto en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.             

Esta determinación se sustenta en que: i) si bien la regla de alternancia de género surgió en el contexto de las elecciones ordinarias en la postulación de las listas de candidaturas por representación proporcional que presentan los partidos políticos, el modelo electoral de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación la combina con dos principios constitucionales: el sistema de mayoría de votos y el principio de paridad de género, ii) la responsable tenía el deber de garantizar el principio constitucional de paridad y privilegiar que las mujeres que obtuvieron mayor votación que los hombres fueran asignadas a un cargo, al contar con un mejor derecho acorde al respaldo de la ciudadanía y iii) no se puede aplicar la regla de alternancia de género en términos neutrales y sin asumir una perspectiva de género.

GLOSARIO

ASPECTOS GENERALES

(1)            Este asunto tiene su origen en la elección del Distrito Judicial 01 del IX Circuito, San Luis Potosí, en la que la actora contendió por uno de los dos cargos de magistratura en Materia del Trabajo, que fueron objeto de la elección del pasado 1.o de junio.

(2)            Conforme a la regla de alternancia prevista en los Criterios de paridad, uno de los cargos se asignó a la mujer con más votos y el otro al hombre con más votos. La actora se inconforma de esa determinación, porque es la segunda mujer con más votos, ya que obtuvo una cantidad mayor al número de votos que obtuvo el candidato hombre a quien se asignó el cargo.

(3)            Alega violación a los principios democrático y de paridad, así como discriminación, por lo que solicita se inaplique la regla de alternancia.

(4)            Por tanto, esta Sala Superior debe determinar, en primer lugar, si la demanda es procedente y, en su caso, analizar los agravios de la actora.

1.     ANTECEDENTES

(5)            Reforma judicial. El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial de la Federación, en la que, entre otros aspectos, se estableció que la elección de las personas juzgadoras se llevaría a cabo por medio del voto popular.

(6)            Acuerdo INE/CG65/2025. El 10 de febrero, el Consejo General del INE aprobó los criterios para garantizar el principio constitucional de paridad de género en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

(7)            Acuerdo INE/CG227/2025. El 21 de marzo, se aprobó el listado definitivo de las personas candidatas a las magistraturas de Circuito.

(8)            Jornada electoral. El 1.o de junio, se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente. A continuación, se muestra la boleta de la elección en la que participó la actora[3].

(9)            Sesión extraordinaria del Consejo General del INE. El 15 de junio, el Consejo General del INE inició su sesión extraordinaria urgente permanente, relativa al Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024- 2025. Durante esta sesión se tomaron varios recesos, por lo que la sesión se interrumpió y fue reanudada los días 16 de junio, 18 de junio y, finalmente, concluyó el 26 del mismo mes.

(10)        Publicación de los acuerdos en el DOF. El 1.o de julio, se publicaron en el DOF los Acuerdos INE/CG571/2025 y INE/CG572/2025, de los que deriva el acto impugnado. En el anexo 1 del Acuerdo INE/CG571/2025, es posible advertir los siguientes resultados relativos a la elección:

(11)        Juicio de inconformidad. El cuatro de julio, la actora presentó ante la Oficialía de Partes Común del INE el presente juicio de inconformidad para impugnar la sumatoria nacional de la elección de las personas magistradas de Circuito, así como la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de validez respecto de la elección de las magistraturas de Circuito en Materia del Trabajo del Distrito Judicial Electoral 01 en San Luis Potosí.

2.     TRÁMITE

(12)        Turno. Una vez recibido el asunto, la magistrada presidenta acordó integrar el expediente SUP-JIN-823/2025, y turnarlo a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para su trámite y sustanciación.

(13)        Trámite. En su momento, el magistrado instructor radicó el medio de impugnación en su ponencia, lo admitió y, una vez que consideró que el medio de impugnación se encontraba debidamente sustanciado, ordenó el cierre de instrucción respectivo y la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

3.     COMPETENCIA

(14)        Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, ya que se trata de un juicio de inconformidad relacionado con la elección de las magistraturas de Circuito del Poder Judicial de la Federación[5].

4.     PROCEDENCIA DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD

(15)        Forma. Se satisface este presupuesto, ya que la demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable y en ella consta: i) el nombre y la firma de quien promueve; ii) se señala el domicilio para oír y recibir notificaciones; iii) se identifica el acto impugnado y a la autoridad responsable; y iv) se señala la elección que se impugna.

(16)        Oportunidad. Los acuerdos impugnados (INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025) fueron aprobados el 26 de junio y publicados en el DOF el 1.o de julio; por tanto, si la demanda se presentó ante la responsable el 4 de julio, es evidente que se presentó oportunamente.

(17)        Interés Jurídico. La parte actora cuenta con interés jurídico para promover el presente medio de impugnación, ya que es una ciudadana que participó como candidata al cargo materia de la controversia y que cuestiona la designación de otra persona candidata al cargo de magistrada de Tribunal en Materia del Trabajo, del IX Circuito, San Luis Potosí, así como la entrega de la constancia de mayoría respectiva.

(18)        Legitimación. Se cumple con este requisito, puesto que la promovente acude por su propio derecho en su carácter de candidata en la elección impugnada.

(19)        Definitividad. El requisito en cuestión se considera colmado, en virtud de que no se prevé ningún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado previamente a la tramitación del presente juicio de inconformidad.

(20)        Elección impugnada. Este requisito especial se cumple, ya que la promovente señala que controvierte la declaración de validez de la elección de magistradas y magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito respecto de la elección de las magistraturas en Materia del Trabajo en el IX Circuito Judicial Electoral en San Luis Potosí, efectuada por el Consejo General.

(21)        Mención individualizada del acta de cómputo distrital o de entidad federativa que se impugna. La parte actora señala que impugna la sumatoria nacional de la elección de las personas magistradas efectuada por el Consejo General, así como la declaratoria de validez de la elección y la entrega de las constancias respectivas.

(22)        Mención individualizada de las casillas impugnadas y causal de nulidad. Dada la materia de esta controversia, dicho requisito resulta inaplicable al presente juicio, ya que la materia de la controversia se encuentra relacionada con la asignación de un candidato al cargo que la parte actora pretende obtener, como consecuencia de la aplicación de los Criterios de paridad.

5.     ESCRITO DE TERCERO INTERESADO

(23)        Esta Sala Superior considera que el escrito de tercería presentado por Ulises Camacho Dávila es procedente, conforme a las siguientes consideraciones:

(24)        Forma. En el escrito consta el nombre y la firma de quien presenta el escrito, la razón en la que funda su interés y su pretensión concreta.

(25)        Oportunidad. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Medios, las personas cuentan con un plazo de 72 horas para presentar un escrito de tercería, a partir de la publicación del medio de impugnación.

(26)        En el caso, de acuerdo con las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el medio de impugnación se publicó el 5 de julio a las 12:00 horas y el escrito de tercería se presentó el 8 de julio a las 11:32 horas.

(27)        Interés jurídico y legitimación. Se satisfacen los requisitos, ya que se cuestionan los acuerdos del INE por los que se otorga la constancia de mayoría al tercero interesado y se declara la validez de la elección.

6.     ESTUDIO DE FONDO

6.1. Planteamiento del caso

(28)        La controversia se originó en la elección del Distrito Judicial 01 del Circuito IX en San Luis Potosí, en la que la actora contendió en contra de una mujer y de cinco hombres por dos cargos de magistratura en Materia del Trabajo, la cual arrojó los siguientes resultados:

(29)        Así, en virtud de la metodología de asignación establecida en el Acuerdo INE/CG65/2025[7], se determinó asignar de manera alternada entre las mujeres y los hombres más votados en el Distrito Judicial Electoral en cuestión por especialidad, iniciando en todos los casos por una mujer.

(30)        En términos de paridad, el IX Circuito quedó integrado por 5 mujeres y 4 hombres, como sigue:

(31)        En consecuencia, el Consejo General del INE no se vio en la necesidad de hacer un ajuste adicional en el IX Circuito para cumplir con el principio de paridad.

6.2. Agravios de la parte actora

(32)        La pretensión de la actora es que se inaplique la regla de alternancia que prevén los Criterios de paridad, en la asignación de los 2 cargos de magistratura de Circuito en Materia del Trabajo que fueron objeto de la elección del 1.o de junio, en el Distrito Judicial Electoral Único del IX Circuito (SLP), de tal manera que, de los 2 cargos disponibles, uno permanezca asignado al primer lugar de mujeres (77,888 votos) y  el otro se le asigne a ella (segundo lugar de mujeres, con 65,214 votos), en lugar de quedar asignado al primer lugar de hombres (51,255).

(33)        Su causa de pedir consiste en los siguientes agravios:

a)     Vulneración a los principios de legitimidad democrática y paridad (flexible). El cargo se le debió asignar a ella, dado que obtuvo más votos que el candidato hombre a quien se le asignó. La constancia que se le entregó a Ulises Camacho Dávila representa un fraude a la ley y un desconocimiento de la fuente de legitimidad jurisdiccional, ya que no preserva la voluntad popular, puesto que la actora fue la segunda persona más votada en la elección. No obstante, se le otorgó la constancia de mayoría al candidato hombre, quien no fue tan respaldado por la ciudadanía como ella.

Existe una distorsión en la finalidad de la reforma que buscó legitimar al Poder Judicial, a través del voto popular.

b)     Vulneración al principio de igualdad. Las medidas afirmativas y su aplicación para el caso de las mujeres siempre deben ser en su beneficio, jamás en su perjuicio, porque ello conlleva a una discriminación. Con la entrega de la constancia de validez a un hombre que obtuvo menor votación se pierde la obligación de maximizar los derechos de las mujeres, por lo que existe una vulneración al principio de igualdad.

Solicita que se inaplique el Acuerdo INE/CG65/2025 por el que se determinan los Criterios de paridad, ya que es discriminatorio. Las medidas afirmativas y su aplicación deben ser en beneficio de las mujeres y jamás en su perjuicio, lo cual llevó a discriminación en su contra.

(34)        Ahora bien, el análisis de los agravios se hará de manera conjunta, bajo el criterio de que la forma en que se estudien no causa afectación, mientras que sean analizados todos[8].

6.3. Determinación de la Sala Superior

(35)        Esta Sala Superior considera —aplicando el principio de mayor beneficio—que el agravio de la actora relacionado con una vulneración al principio de paridad de género es fundado y suficiente para revocar los acuerdos impugnados, en la materia de la impugnación, ya que: i) si bien la regla de alternancia de género surgió en el contexto de las elecciones ordinarias en la postulación de las listas de candidaturas por representación proporcional que presentan los partidos políticos, el modelo electoral de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación la combina con dos principios constitucionales: el sistema de mayoría de votos y el principio de paridad de género, ii) la responsable tenía el deber de garantizar el principio constitucional de paridad y privilegiar que aquellas mujeres con mayor votación fueran asignadas a un cargo, al contar con un mejor derecho acorde al respaldo de la ciudadanía y iii) de los criterios de paridad se advierte que la alternancia es una regla implementada para asegurar el mayor acceso de mujeres a los cargos de la elección judicial, por lo que su aplicación no puede ser en términos neutrales y sin perspectiva de género.

6.3.1. El INE omitió considerar el principio de paridad y de representatividad democrática al momento de aplicar los Criterios de paridad

1.    Se conformarán dos listas, una de mujeres y otra de hombres, separados por especialidad en cada distrito judicial electoral, las cuales se ordenarán conforme al número de votos obtenidos, en orden descendente.

2.    La asignación se realizará de manera alternada entre las mujeres y los hombres más votados en el distrito judicial electoral por especialidad, iniciando en todos los casos por mujer.

3.    En los distritos judiciales electorales que consideren una sola vacante de determinada especialidad, podrá ser asignado inicialmente el hombre o la mujer con el mayor número de votos obtenidos, salvo en aquellos casos en los que se asigne un mayor número de hombres en los cargos que conforman el distrito judicial electoral. En este supuesto, el espacio será asignado a la mujer que hubiera obtenido el mayor número de votos en la especialidad correspondiente. Esta regla no se aplicará en el caso de que una mujer haya obtenido el mayor número de votos en la especialidad con una sola vacante dentro del circuito judicial.

4.    Una vez realizada la asignación de cargos en los distritos judiciales electorales, el INE verificará que se cumpla el principio de paridad de género en cada especialidad del circuito judicial. En aquellos casos en los que exista un mayor número de hombres en los cargos por especialidad que conforman el circuito electoral, se procederá a asignar a las mujeres que hubieran obtenido el mayor número de votos en proporción a los recibidos en su distrito judicial electoral hasta alcanzar la paridad en la especialidad del circuito electoral correspondiente.

5.    La distribución de mujeres y hombres electos por cada circuito y distrito judicial debe ser paritaria, en su vertiente horizontal, es decir, del total de especialidades de cada distrito, como de manera vertical, a saber, del total de vacantes de cada especialidad dentro del circuito judicial, a fin de que en la totalidad del circuito judicial se garantice la paridad de género.

6.    En ningún circuito o distrito judicial podrán resultar electos más hombres que mujeres, más allá de una diferencia de uno considerando los números nones; sin embargo, en el caso de que resulten electas más mujeres que hombres, sí podrá haber una distancia de más de uno, en cumplimiento al principio de paridad flexible.

a)    La conformación de una lista de mujeres y otra de hombres;

b)    Dichas listas estarían separadas por especialidad en cada distrito judicial electoral y se ordenarían conforme al número de votos obtenidos, en orden descendente.

c)    Posteriormente, se asignarían los cargos de manera alternada entre las mujeres y los hombres más votados en el distrito judicial electoral por especialidad; y

d)    En todos los casos, la asignación iniciaría por mujer.

(98)        Así, al resultar fundado y suficiente el agravio de la actora respecto a una indebida aplicación del principio de paridad de género, lo procedente es revocar el acuerdo controvertido, conforme a lo siguiente.

7.     EFECTOS

(99)        Al resultar fundado y suficiente el agravio de la actora y ante la irregularidad generada por la aplicación incorrecta del principio de paridad y del Acuerdo INE/CG65/2025, se revoca el acuerdo controvertido, en lo que fue materia de impugnación, para efectos de:

a)     Dejar insubsistente la asignación y constancia de mayoría y validez de Ulises Camacho Dávila como magistrado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito.

b)     Ordenar al INE que, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, le asigne el cargo a Lilia Areli Zamora Colmenares y le expida la constancia de mayoría respectiva.

8.     RESOLUTIVO

ÚNICO. Se revoca el Acuerdo para los efectos precisados en esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación pertinente.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron las magistraturas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los votos en contra de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR CONJUNTO QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS FELIPE DE LA MATA PIZAÑA Y FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD SUP-JIN-823/2025[37]

Respetuosamente, disentimos del sentido aprobado por la mayoría, porque en el caso estimamos que debe confirmarse la asignación de cargos realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior, toda vez que, por una parte, el principio de paridad de género se encuentra garantizado con la asignación de una mujer y un hombre para los cargos de magistraturas de circuito en materia de Trabajo en el 01 distrito judicial electoral del IX circuito, con lo cual se cumple la finalidad constitucional del 50%-50% entre los géneros, por lo que, consideramos que es innecesario un ajuste en la asignación para asignar a otra mujer.

Pues la asignación se realizó conforme a los criterios de paridad aprobados por el INE y validados por esta Sala Superior; por lo que es inexacto que se pretenda desconocer las reglas de asignación bajo una “lectura no neutral del principio de alternancia”.

GLOSARIO

1. ¿Cuál es el contexto del caso?

El veintiséis de junio de dos mil veinticinco[39], el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG/571/2025, por el que realizó la sumatoria nacional de la elección de magistraturas de circuito y realizó la asignación de tales cargos en el marco de la elección judicial del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

El INE consideró que, en términos de los criterios de asignación previstos en el acuerdo INE/CG65/2025, se debía elaborar un listado de mujeres candidatas y uno de hombres candidatos, ordenados de mayor a menor votación y, posteriormente asignar las magistraturas de forma alternada entre géneros atendiendo a las vacantes por especialidad en el Distrito Judicial Electoral, iniciando con la mujer más votada.

En lo que interesa, el Consejo General del INE generó los listados de candidaturas de mujeres y hombres para realizar la asignación de dos vacantes de magistraturas de circuito en materia de Trabajo, en el 01 distrito judicial electoral del IX circuito en San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

La autoridad responsable realizó la asignación de los cargos -dos magistraturas de circuito en materia de Trabajo- iniciando la asignación con la mujer más votada, de conformidad con los criterios para garantizar la paridad en el proceso electoral extraordinario 2024-2025.

Así, el Consejo General del INE asignó en las dos vacantes de magistraturas de circuito en materia de Trabajo a María Blanca Rita Sevilla Esper y Ulises Camacho Dávila, al ser la mujer y el hombre más votados.

Tal determinación fue controvertida ante esta Sala Superior por la segunda mujer más votada en dicha elección, al considerar que la asignación vulnera los principios de paridad y democrático en tanto que obtuvo más votos que la candidatura de hombre asignado en el cargo.

2. ¿Qué determinó la mayoría de la Sala Superior?

La sentencia aprobada por la mayoría determinó revocar el acuerdo impugnado al considerar que la regla de alternancia debe favorecer a las mujeres cuando éstas obtuvieron una mayor votación que los hombres, atendiendo a que es una regla cuyo objetivo es que se materialice de forma efectiva el principio de paridad, por lo que debe interpretarse y aplicarse para lograr un mayor beneficio para las mujeres.

Así, se estableció que la regla de alternancia no debe aplicarse en términos neutrales, sino que se deben cuestionar los efectos diferenciados de la norma y, en consecuencia, en el caso de que las mujeres por sí mismas alcancen lugares a través de un mayor número de votos, se les debe asignar el cargo.

3. ¿Cuáles son las razones del disenso?

Diferimos del criterio adoptado en la sentencia aprobada, al considerar que dicha interpretación resulta en una vulneración a los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio de los participantes de la contienda electoral, por lo que la asignación debe atender a las reglas previstas por el propio Instituto y convalidadas por la Sala Superior y en consecuencia, confirmar el acuerdo de asignación del INE en el caso concreto. 

A.  Modelo de asignación paritaria aprobado por el INE

Las reglas aprobadas por el INE en el acuerdo INE/CG65/2025 reglamentan lo previsto en el artículo 96 de la Constitución Federal, a fin de maximizar el principio de paridad de género. Dicho artículo constitucional señala que el INE llevará a cabo la asignación de los cargos, designando a las candidaturas más votadas, alternando las vacantes entre mujeres y hombres, iniciando por la candidatura de mujer.

A fin de maximizar el principio de paridad, el INE aprobó diversas reglas, entre las que se destacan:

i.                     Se generarán dos listas, una de hombres y una de mujeres;

ii.                   Se iniciará la asignación con una mujer, con independencia del resultado de la votación;

iii.                 La asignación se hará de forma alternada entre hombres y mujeres.

Con base en estas reglas, a nuestro parecer, se ponderaron dos principios: el de paridad de género y el principio democrático. Lo cual tiene las siguientes implicaciones:

Primero, que la votación recibida es útil para generar dos listas: una de mujeres y otra de hombres, por especialidad; lo que implica que exista una contienda diferenciada entre hombres y mujeres. En segundo lugar, la votación recibida es válida para observar el principio democrático, pero entre cada una de las listas; es decir, el principio democrático se observa al asignar a la mujer más votada entre ellas, y al hombre con más votación entre ellos.

En tercer lugar, una vez que generadas las listas por género, procede realizar la asignación de las vacantes, iniciando siempre por mujer y alternando la designación entre listas.

B.  Implicaciones del modelo de asignación paritaria

El modelo de asignación paritaria diseñado por el INE tiene implicaciones relevantes para la resolución del caso en concreto, pues se trató de un modelo fijo, integrado por diversos parámetros, a fin de maximizar el acceso de las mujeres a los cargos disponibles, con el que se armonizó el principio democrático con el principio de paridad de género.

Lo cual es relevante y tiene implicaciones sustanciales y estructurales, pues la Sala Superior ha definido que la reforma del 2019 conocida como “paridad en todo” implicó un cambio de paradigma que, a su vez, hemos denominado un “giro participativo en cuanto a la igualdad de género”.[40]

Este cambio de paradigma implica que el principio constitucional de paridad de género ya no se conciba como una política de uso temporal de acciones afirmativas, sino nos encontramos frente a una política paritaria permanente que requiere la adopción modelos que buscan mantener y preservar ese arreglo político.

Dichos modelos, si bien, pueden tener similitudes en realidad tienen una naturaleza distinta, pues se trata de arreglos diferenciados dirigidos a un grupo específico (mujeres), sin embargo, los modelos adoptados en política paritaria:

i)                    No son arreglos temporales -como lo son las acciones afirmativas-;[41]

ii)                 No se limitan a garantizar la igualdad de oportunidades -como lo es en las acciones afirmativas-;

iii)               Su objetivo no es remediar las injusticias históricas, sino garantizar la presencia permanente de mujeres, en términos equitativos, en los espacios de toma de decisión, a fin de garantizar una política paritaria; y

iv)               Los modelos paritarios no requieren una interpretación “no neutral” en su aplicación, puesto que dicha interpretación se utilizó en el diseño del modelo paritario.

A partir de lo cual, en la elección judicial federal se generó una contienda diferenciada entre géneros; y el INE reservó ciertos espacios para cada uno de los géneros.

Por lo que, en nuestro concepto, la aplicación estricta del modelo paritario no vulnera los criterios emitidos por la Sala Superior respecto de la aplicación e interpretación de las acciones afirmativas, porque no estamos propiamente ante una acción afirmativa que deba ser interpretada y aplicada buscando el mayor beneficio de las mujeres, sino que estamos frente a un modelo fijo de asignación de cargos enmarcado en los objetivos de una política paritaria.

Tampoco se omite la aplicación de la regla de alternancia desde una perspectiva no neutral. Incluso, el modelo definido por el INE no da lugar a que sea aplicable algún tipo de alternancia en la asignación.

Porque a pesar de que el propio INE señaló que la asignación de cargos se haría de forma alternada iniciando por una mujer, el hecho de que haya dos listas (una de hombres y una de mujeres) y que estemos ante una contienda diferenciada entre géneros, implica que materialmente no se observe la alternancia de género, sino que dicha alternancia ya fue integrada en el modelo diseñado por el INE, al garantizar que la asignación comience con una mujer, con independencia del resultado obtenido. 

Así, si bien es cierto que el texto constitucional refiere que el INE deberá llevar a cabo la asignación de los cargos, alternando entre hombres y mujeres, lo cierto es que al momento en que el INE reguló esta directriz y la transformó en un modelo fijo de asignación de cargos, el mandato de asignación alternada también se transformó, por lo que, en este momento, no estimamos válido incluirlo como una excepción para no asignar a las candidaturas de hombres en los espacios que previamente se reservaron para este género.

Con base en estas reglas, el INE generó un modelo fijo de asignación paritaria que, si bien, utilizó la votación recibida, esta fue útil para la generación de listas por género, mientras que la segunda fase del modelo de asignación consistió en designar las vacantes con base en las listas previamente generadas.

C. La aplicación del modelo de asignación fue correcta

Con la aplicación de este modelo de asignación se verifica la paridad de género, como se muestra a continuación:

Con lo que se cumple cabalmente la exigencia del principio constitucional de paridad, garantizando la igualdad entre mujeres y hombres, así como se promueve la participación política de las mujeres en cargos de elección popular.

Así, el mandato constitucional de asignar los cargos del poder judicial de forma alternada tiene como consecuencia material que se genere una doble contienda diferenciada por el género, ya que se trata de una elección en la que compiten mujeres contra mujeres y hombres contra hombres.

Por ende, la contienda diferenciada entre géneros que produjeron las reglas adoptadas por el INE y convalidadas por la Sala Superior, generan que no exista margen de interpretación distintas para incorporar otros criterios de asignación, pues estos se aplican cuando las mujeres y los hombres contienden en la misma elección y cuando las medidas implementadas para maximizar la paridad de género se tratan de acciones afirmativas.

En este sentido, como se ha señalado en el presente voto no estamos ante una acción afirmativa concreta, sino ante reglas paritarias cuyo objetivo es lograr una política paritaria a partir de una contienda diferenciada entre géneros, sin que ello vulnere algún criterio interpretativo respecto de la maximización de los Derechos de las mujeres para acceder a los cargos.

Además, consideramos que cualquier regla de ajuste debió emitirse antes de llevar a cabo la elección, puesto que, de no hacerlo, las candidaturas carecen de certeza respecto de si accederán a un cargo, aun obteniendo la mayoría de los votos, pues habría casos en que se otorgaría a una mujer para garantizar la paridad. De ahí que no resulte procedente hacer ajustes en este momento, pues no se encontraban previstas en las reglas previamente establecidas.

Por lo que sostenemos que la paridad no puede ser una variable que se aplique después de la jornada electoral, pues esto introduce una incertidumbre inaceptable en un proceso democrático.

Por último, tampoco coincidimos que las reglas de asignación se deban analizar desde una perspectiva no neutral, como se señala en la sentencia. La perspectiva no neutral implica un análisis a la luz de las estructuras que reproducen desigualdades, para advertir cómo una norma que es aparentemente neutral puede tener un resultado adverso hacia ciertos grupos vulnerables. La aplicación no neutral de las normas justifica tratos diferenciados en tanto que persisten esas desigualdades.

Sin embargo, esta lectura no neutral no puede justificar que se dejen de atender las disposiciones constitucionales y los criterios convalidados relativos a la asignación alternada de los cargos del poder judicial.

Es decir, recurrimos a una interpretación no neutral de la norma cuando esta permite cierto tipo de interpretación que pueda generar un impacto diferenciado en favor de un grupo en desventaja. No obstante, esta herramienta interpretativa no es apta para justificar un cambio en las reglas previstas en materia de paridad, modificando el modelo de designación de cargos, más aún cuando, como se desarrolló previamente, se trata de una doble contienda diferenciada por el género.

Además, como hemos sostenido la lectura no neutral y la perspectiva de género fueron integradas en el modelo de asignación paritaria que definió el INE. En efecto, en su diseño se incorporaron diversas medidas diferenciadas que buscaron -y lograron- maximizar el derecho de las mujeres al acceso de los cargos que se eligieron.

Con base en lo anterior, no compartimos que se deba realizar un ajuste adicional a la asignación de cargos de personas juzgadoras, porque la designación realizada conforme a los criterios emitidos por el INE garantiza la paridad de género, guarda proporcionalidad al respetar el derecho de acceso al cargo de las candidaturas que son encabezadas por hombres y dota de certeza y de seguridad jurídica a los participantes de la contienda electoral de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

De ahí que formulamos el presente voto particular.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.