JUICIO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: SUP-JIN-288/2006.

ACTOR: COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL 01, CON CABECERA EN CAMPECHE, EN EL ESTADO DE CAMPECHE.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA.

México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil seis.

V I S T O, para resolver, el juicio de inconformidad SUP-JIN-288/2006, promovido por la Coalición Por el Bien de Todos contra el resultado del cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Consejo Distrital 01, con cabecera en Campeche, Campeche, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Acto electoral impugnado. El dos de julio del año en curso, se celebró la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El cinco siguiente, se llevó a cabo la sesión del Consejo Distrital 01, con cabecera en Campeche, Campeche, para realizar el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y en el acta se anotaron los siguientes resultados:

SEGUNDO. Juicio de inconformidad. El nueve de julio, la Coalición Por el Bien de Todos, representada por Luis Felipe Abreu Montaño, promovió juicio de inconformidad contra el mencionado cómputo, donde planteó las siguientes pretensiones esenciales:

A) El nuevo escrutinio y cómputo de la votación de algunas casillas, y en su caso, la nulidad de la votación recibida en las casillas que se precisan enseguida, por las causales que se indica.

B) Que no se haga la declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.

Acumulación. También en dicha demanda, solicita su acumulación al juicio de inconformidad promovido contra el cómputo del Consejo Distrital 15, con cabecera en la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal.

TERCERO. El catorce de julio, se recibió en esta sala Superior la demanda y demás constancias remitidas por la responsable, junto con su informe circunstanciado, y el diecinueve siguiente el juicio fue turnado al magistrado electoral Leonel Castillo González, para los efectos legales correspondientes.

CUARTO. Substanciación. A partir del veintiuno de julio, se recibieron en esta Sala Superior diversos escritos con documentos anexos, suscritos por Javier Arriaga Sánchez, como autorizado del Partido Acción Nacional en términos del escrito de tercero interesado. En estos ofreció pruebas documentales y realizó alegatos relacionados a las causas de improcedencia del juicio de inconformidad hechas valer por el mencionado partido.

No se tienen por ofrecidas las pruebas ni formulados los alegatos, por lo siguiente.

De conformidad con el artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son partes en el procedimiento de los medios de impugnación el actor, la autoridad responsable y el tercero interesado. Este último es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el apartado segundo del referido artículo 12 se prevé que el tercero interesado será aquél que presente un escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello.

Del expediente se advierte que Javier Arriaga Sánchez fue autorizado por el Partido Acción Nacional para oír y recibir todo tipo de notificaciones, citas y documentos, lo cual es acorde con lo previsto en el inciso b) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, de esa autorización para oír y recibir notificaciones en nombre del tercero interesado no resulta una representación para otros fines, pues en la mencionada ley, a diferencia de otros ordenamientos, como por ejemplo la Ley de Amparo, no existe una autorización para fines de representación en juicio, porque si bien se admite que las personas morales promuevan a través de sus representantes, estos son quienes cuentan con facultades de representación en lo personal y acreditan su personería dentro del medio impugnativo de que se trate, lo cual no sucede en este caso.

No obsta a lo anterior, que en los últimos escritos Javier Arriaga Sánchez se ostentara con la calidad de autorizado en el expediente y Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, pues además de no acreditar dicho nombramiento, del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional y de los Estatutos del referido partido político no aparece que tal director tenga facultades para representar al partido político. 

No pasa desapercibido el contenido de la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior: “AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO DE TAL REQUERIMIENTO”, consultable en la página 37 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Sin embargo, ahí se precisó que dicha facultad para desahogar requerimientos no extiende a otros sujetos la representación de los partidos políticos, sino únicamente determina con mayor exactitud la relación existente entre representante legitimado y la persona autorizada por éste, respecto de actos de poca trascendencia, como cuando se cumple con una formalidad ad probationem y el objeto del requerimiento no necesita de conocimientos específicos y profundos del negocio, todo lo cual definitivamente no es aplicable a este caso donde se pretendió ofrecer pruebas y alegar respecto a la procedencia del juicio.

El veintitrés de julio, el Magistrado instructor radicó el expediente, y a efecto de contar con mayores elementos para resolver, entre otras cuestiones, requirió a la autoridad responsable la remisión de las listas nominales de electores, utilizadas el día de la jornada electoral, en determinadas casillas.

En cumplimiento al acuerdo citado, el Presidente del Consejo Distrital remitió el original de los listados nominales utilizados el día de la jornada electoral.

El veintinueve de julio, el magistrado instructor admitió a trámite la demanda.

El treinta y uno de julio, el magistrado instructor requirió a la actora para que proporcionara los mecanismos necesarios para el desahogo de una prueba técnica ofrecida de su parte, ante la imposibilidad de hacerlo con los elementos a disposición de la Sala Superior.

En respuesta a lo anterior, el uno de agosto se recibió un escrito firmado por uno de los autorizados para oír notificaciones a nombre de la actora, mediante el cual indicó que solicitó una copia de los discos ópticos ofrecidos como prueba y los haría llegar a esta Sala, lo que en efecto realizó posteriormente.

El dos de agosto, el magistrado instructor dio vista a la coalición actora por la falta de escrito de protesta respecto de casillas determinadas.

Uno de los autorizados para oír y recibir notificaciones a favor de la Coalición Por el Bien de Todos, realizó diversas manifestaciones respecto al escrito de protesta faltante, las cuales se tuvieron por formuladas para los efectos legales conducentes.

Incidente de nuevo escrutinio y cómputo. Por acuerdo colegiado de treinta y uno de julio esta Sala Superior, se ordenó formar incidente de previo y especial pronunciamiento, con la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de la votación de casillas determinadas, por razones específicas, relativas a inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo.

El cinco de agosto, se dictó interlocutoria en el incidente, donde se ordenó nuevo escrutinio y cómputo en ciento seis casillas.

El recuento se llevó a cabo, y su respuesta se recibió en este expediente.

El dieciocho y diecinueve de agosto, el magistrado instructor requirió sendos informes al consejo distrital responsable, los cuales fueron oportunamente cumplidos.

El diecinueve de agosto, Jaime Miguel Castañeda Salas, autorizado de la coalición actora para oír y recibir notificaciones, presentó escrito y anexos mediante los cuales formuló alegatos.

No se tienen por formulados los alegatos, porque de conformidad con el artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son partes en el procedimiento de los medios de impugnación el actor, la autoridad responsable y el tercero interesado. Este último es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el apartado segundo del referido artículo 12 se prevé que el tercero interesado será aquél que presente un escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello.

Jaime Miguel Castañeda Salas se ostenta como autorizado por la coalición Por el Bien de Todos para oír y recibir todo tipo de notificaciones, citas y documentos, lo cual es acorde con lo previsto en el inciso b) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, de esa autorización para oír y recibir notificaciones en nombre del tercero interesado no resulta una representación para otros fines, pues en la mencionada ley, no existe una autorización para fines de representación en juicio, porque si bien se admite que las personas morales promuevan a través de sus representantes, estos son quienes cuentan con facultades de representación en lo personal y acreditan su personería dentro del medio impugnativo de que se trate, lo cual no sucede en este caso.

No obsta a lo anterior, que exhibiera conjuntamente con su escrito, una copia del acuse de recibo de la solicitud de su acreditación como representante suplente ante diversos Consejos Distritales, incluido el responsable en este juicio, toda vez que ese documento, al ser una copia simple, resulta insuficiente para demostrar la aludida representación.

Finalmente, el veintisiete de agosto, el magistrado declaró cerrada la instrucción y el asunto quedó en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción II, y 189 fracción I inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 53, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de inconformidad, promovido por una coalición contra el resultado de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consignado en el acta de un Consejo Distrital Electoral, primordialmente, por nulidad de la votación recibida en varias casillas.

SEGUNDO. Presupuestos procesales y requisitos especiales de la demanda.

Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, y consta el nombre y firma autógrafa del promovente, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios estimados pertinentes.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 55, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el acta de cómputo distrital se levantó el cinco de julio del año en curso, y la demanda se recibió el nueve del mismo mes.

Legitimación y personería. El juicio de inconformidad se promovió por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la referida ley adjetiva, porque fue incoado por una coalición de partidos políticos, a través de quien tiene personería para hacerlo, pues se trata de su representante acreditado ante el órgano electoral responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, apartado 1, inciso a), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el artículo 52, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral también están satisfechos, porque en la demanda se advierte que se precisa la elección y el cómputo distrital que se impugna, se individualizan las casillas cuya nulidad de votación se pretende, se especifica la causa de nulidad, y se acompañaron algunos escritos de protesta presentados ante la responsable, previamente al inicio de la sesión de cómputo distrital.

TERCERO. Improcedencia.

El Partido Acción Nacional, como tercero interesado, argumentó lo siguiente:

1. Falta de mención de hechos, agravios, preceptos violados y ofrecimiento de pruebas en la demanda.

Es infundada la alegación, porque de la lectura de la demanda se advierte la satisfacción de los requisitos supuestamente omitidos. Adicionalmente, la falta de pruebas, de conformidad con el apartado 3 del artículo 9, en relación con el 10, 11 y 19 apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no conduce al desechamiento del medio impugnativo.

2. Deficiencia en la formulación de agravios, identidad de los motivos de inconformidad planteados en diversos juicios y frivolidad de la demanda.

El alegato es inatendible, pues esos planteamientos se hacen depender de la notoria inoperancia o insuficiencia de los agravios formulados y de su falta de demostración. Esto, porque de conformidad con el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sólo es requisito de procedencia la expresión de agravios, lo cual, como se dijo, está satisfecho. Además, es jurídicamente inadmisible, para efectos de procedencia, desestimar a priori el contenido sustancial de los agravios expresados o calificarlos en la forma pretendida por el tercero, y estimar insuficientes las pruebas para acreditarlos, pues sería prejuzgar sobre el fondo de la controversia. Tampoco se demuestra que los agravios de este juicio sean idénticos a los de otros, como para estimar siquiera la posibilidad de analizar la trascendencia de ese aspecto para la procedencia de este medio impugnativo.

3. Esta clase de juicio sólo procede para impugnar nulidad de votación recibida en casilla por causales específicas y no para pretender la nulidad de la elección.

Es inatendible, porque en la demanda se solicita la nulidad de la votación recibida en una casillas por instalarse en lugar distinto al autorizado, diez por haberse recibido la votación por personas distintas de las autorizadas y veintiséis más por error en el cómputo, lo cual es suficiente para justificar la procedencia de dicho juicio, independientemente de lo que llegue a estimarse en el fondo respecto de cada uno de los agravios formulados, incluido desde luego el relativo a la invalidez de la elección.

4. Falta de interés jurídico, generada por formular pretensiones contradictorias, pues por una parte se pretende la nulidad específica de casillas y, por otra, la invalidez de la elección.

No asiste razón al tercero. Esto, porque, como se dijo, con la impugnación de casillas por causales de nulidad de votación específicas se satisface el interés jurídico para acudir a esta vía y el resto de los planteamientos, en su caso, deberán atenderse al analizar el fondo del asunto.

5. La pretensión de desestimar este juicio por considerar que no procede acumularlo a otros juicios.

Es infundada la causa pues, de conformidad con el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la decisión de decretar la acumulación de juicios es una potestad del órgano jurisdiccional, meramente instrumental, para su resolución pronta y expedita, así como para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, pero bajo ningún supuesto conduce a la improcedencia de algún medio impugnativo.

CUARTO. Petición de acumulación. La petición de la actora de acumular este juicio con otros promovidos por ella, se declaró improcedente en el acuerdo emitido por esta Sala Superior, el treinta y uno de julio de dos mil seis, en el expediente SUP-JIN-212/2006.

QUINTO. La actora también formula la pretensión de que no se declare la validez de la elección presidencial ni la de Presidente electo, si no se realiza el recuento total de la votación emitida en dicha elección.

Esta situación no se encuentra dentro de las que pueden ser objeto del juicio de inconformidad, como se demostrará a continuación.

En el artículo 50, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establece que, respecto de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de inconformidad solamente procede cuando se impugnan, destacadamente, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas.

El objeto del juicio, cuando se reclama un cómputo distrital de elección presidencial, se encuentra constreñido a lo siguiente:

a) Por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas individualizadas, por las causas que establece el artículo 75 de la ley en cita.

b) Por error aritmético en las operaciones realizadas para llegar al resultado del computo distrital impugnado.

 Consecuentemente, este medio de impugnación no se encuentra contemplado para ventilar cuestiones relativas a la declaración de validez de la elección presidencial y declaración de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, que corresponde también a esta Sala Superior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 174 apartado 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 186, fracción II y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, la pretensión, los argumentos conducentes y los medios de prueba ofrecidos para la finalidad en estudio, sólo pueden ser materia de la calificación de la elección referida.

SEXTO. Esta consideración se ocupará del estudio de las causas de nulidad hechas valer por la coalición impugnante, pero exclusivamente respecto de las casillas en las cuales no se ordenó nuevo escrutinio y cómputo en la interlocutoria emitida en este expediente.

Con la finalidad de facilitar el estudio y comprensión del objeto de este juicio, en lugar de transcribir los agravios y proceder después a su examen, se resumirá cada motivo de impugnación, e inmediatamente se le dará respuesta.

Al estudiar los agravios sobre una misma causa de nulidad, se procurará su clasificación en grupos homogéneos, por sus características o por la respuesta común que les pueda corresponder, a fin de evitar reiteraciones.

A. Casillas inexistentes.

En este grupo se encuentran las casillas 170 54(sic) y la 69 Contigua 6. La primera, porque en la sección 170 del distrito 01 de Campeche sólo existe una casilla Básica. La segunda, porque en la sección 69 sólo hay una casilla Básica y una Contigua. Se descarta la posibilidad de un error de escritura, pues las únicas casillas existentes en las secciones mencionadas también están impugnadas en este mismo juicio.

B. Casillas sin protesta.

Tocante a las siguientes ocho casillas: 12 Contigua 1, 15 Contigua 1, 26 Básica, 56 Contigua 1, 63 Contigua 1, 151 Básica, 179 Básica y 410 Básica, no se demostró la presentación del escrito de protesta.

El artículo 51, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece, como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, la presentación del escrito de protesta, cuando se hagan valer causales de nulidad previstas en el artículo 75 del propio ordenamiento, con excepción de la señalada en el inciso b), apartado 1.

El apartado 4 de este artículo establece que el escrito de protesta debe presentarse ante la mesa directiva de casilla, al término del escrutinio y cómputo, o ante el Consejo Distrital correspondiente, antes del inicio de la sesión de los cómputos distritales.

En el caso, en el escrito de protesta anexo a la demanda presentada por el actor no se incluyeron las diez casillas mencionadas, por lo cual se le dio vista a la coalición actora, por tres días, para que manifestara lo conveniente para su interés. El cinco de agosto, el representante de la coalición actora presentó un escrito, con diversas manifestaciones, pero no demostró haber presentado otros escritos de protesta.

En tales condiciones, como el actor no cumplió con la carga de presentar el escrito de protesta correspondiente a la casilla referida, a pesar de que los hechos invocados tienen vinculación con causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley invocada distintas a la excepcionada, los argumentos expresados como base de las pretensiones de nulidad no pueden ser jurídicamente objeto de estudio, por lo que a esas mesas de votación se refiere.

C. Agravios sin causa de pedir.

1. En los antecedentes de la demanda se afirma lo siguiente: a) durante la instalación de las mesas directivas de casillas existieron sustituciones ilegales; b) hubo casillas que se instalaron, injustificadamente, después de las ocho horas; c) expulsión de representantes de la coalición Por el Bien de Todos; d) el cómputo fue realizado por los asistentes electorales, quienes impidieron hacerlo a los escrutadores; e) los paquetes electorales fueron remitidos por personas no autorizadas y fuera de los plazos legales, y f) existió error aritmético en las actas de escrutinio y cómputo.

Salvo por los hechos relacionados con error en el cómputo y recepción de votos por personas u órganos distintos de los autorizados que se analizan por separado, el resto de las aseveraciones anteriores son inoperantes.

Esto, porque si bien tales afirmaciones genéricas pudieran relacionarse a diversas causas de nulidad de votación, lo cierto es que no se relacionan con alguna casilla en particular, lo cual impide conocer cuáles son las que se impugnan por dichas causas, con lo que se incumple con la carga impuesta en el artículo 52, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Además, dicha omisión impide identificar cuáles son los hechos que constituyen la causa de pedir y conocer en qué consistieron las invocadas irregularidades, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar correspondientes, lo cual conduce a su desestimación.

D. Funcionarios distintos.

2. El actor aduce la causal de nulidad de votación recibida en casillas, prevista en el inciso e) del apartado 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de las siguientes casillas:

Considera que la mesa directiva de esas casillas no se integró debidamente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 118, 119, 120, 193 y 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues fungieron como funcionarios personas que no aparecen en la publicación oficial y, en la mayoría de los casos, no se puede constatar si esas personas aparecen en el listado nominal correspondiente a la sección en la que actuaron como integrantes de mesa de casilla ni constancias del modo en que fueron designados. Además, implícitamente refiere que faltó un escrutador en cada casilla, porque sólo menciona los nombres del Presidente, Secretario y un escrutador de cada casilla impugnada. Por todo lo anterior, estima vulnerados los fines y valores protegidos con las funciones encomendadas legalmente a ese órgano electoral y la certeza en el resultado de la votación recibida en esas condiciones irregulares. Cita en su apoyo distintos criterios relevantes o jurisprudenciales de esta Sala Superior (páginas 5 a 24 de la demanda).

Para estar en aptitud de estudiar adecuadamente la solicitud de nulidad de votación de las restantes casillas se toman en cuenta las constancias siguientes: a) actas de la jornada electoral, b) actas de escrutinio y cómputo, las cuales junto con las anteriores obran en el expediente para el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que obra en esta Sala Superior, c) hojas de incidentes, d) listado certificado de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla para las elecciones federales del 2 de julio del 2006, e) cuadernillos de listados nominales correspondientes a las casillas impugnadas, y f) informe rendido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral sobre la situación registral de diversos ciudadanos. Dichas documentales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 En estos documentos constan los siguientes datos relevantes:

 D.1. Funcionarios pertenecientes a la sección y previamente designados.

 Es infundado el agravio.

 Como se constató en el cuadro, los ciudadanos que recibieron la votación, en las casillas enlistadas, fueron designados por la autoridad electoral, como propietarios o suplentes en la casilla, o pertenecientes a la sección en que actuaron.

 No pasa inadvertido que en la casilla 34 Contigua 1, el nombre del segundo escrutador Víctor J. Aviles Paat, no corresponde al de Víctor Joaquín Avilez Paat, que apareció en el encarte; como tampoco que en la casilla 99 Contigua 1 fungió como primer escrutador William E. Cab Ku, mientras en el encarte aparece como William Eduardo Cab Ku. Empero, las diferencias observadas no son suficientes para acreditar que se trate de personas distintas, porque la diferencia de J. y Joaquín, y E. y Eduardo, se ajustan más al hábito de algunas personas de abreviar con la letra inicial su segundo nombre, que a arrojar elementos tendientes a distinguir entre dos personas. En consecuencia, si la carga de la prueba correspondió a la actora, este gravamen procesal no quedó satisfecho, ante lo cual se desestima su pretensión de nulidad.

 Tocante a la casilla 114 Contigua 1, la ciudadana designada presidenta de la mesa directiva fue Gladiola Candelaria Cahuich Chable, en tanto que en las actas de casilla se asentó el nombre de Gladiola Guadalupe Cahuich Chable. Empero, la diferencia en el segundo nombre, frente a la coincidencia en los otros tres elementos: primer nombre y los dos apellidos, arroja más indicios para establecer la relación de identidad de las expresiones en una sola persona, que a considerarlas referidas a personas distintas, y como la carga probatoria corresponde a la actora, al no haberse satisfecho procede desestimar su pretensión.

D.2. Ciudadanos designados en la jornada electoral y pertenecientes a la sección.

Como se ve, las sustituciones hechas en las casillas del cuadro, se llevaron a cabo con ciudadanos correspondientes a la sección en que actuaron.

 No pasa inadvertido que en la referida casilla 52 Contigua 1, no aparece nombre ni firma en el espacio de segundo escrutador, de las actas de escrutinio y cómputo, de la de jornada electoral, así como de la hoja de incidentes, lo cual podría ser indicativo de su ausencia. Sin embargo, de estimarla demostrada, dicha circunstancia no conduce a la invalidez de la votación recibida en la casilla respectiva, como lo estableció esta Sala Superior en la tesis relevante “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DE PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”, consultable en la página 593 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.

 Asimismo, respecto a la casilla 83 Contigua 1, en las actas de casilla aparece como segunda escrutadora Aracely del R. Ortiz Moguer, mientras en el listado nominal sólo aparece Aracely del Rosario Ortiz Moguer, Sin embargo esto basta para acreditar que se trata de una misma persona, y antes bien la inicial R., según hábito de algunas personas podría estar empleada en lugar del nombre Rosario, por lo que la actora no cumplió con la carga procesal de probar que se trata de personas distintas.

 Finalmente, en lo que hace a casilla 87 Básica, del cuadro anterior se advierte que se integró tanto con ciudadanos provenientes de la fila, como con capacitados y designados, por lo que, en atención a los argumentos esgrimidos se estima que su incorporación en vía excepcional no es motivo suficiente para decretar la nulidad planteada.

Respecto de todas las casillas analizadas por esta causa debe considerarse además que la mesa directiva de una casilla se forma con los vecinos de una sección, cuya circunscripción territorial es muy pequeña, lo que da pauta a que fácilmente se conozcan los habitantes de ella, por razones de vecindad, y no obstante esto los ciudadanos designados fueron admitidos por los demás miembros de la mesa directiva, sin ninguna incidencia o protesta, a pesar de que asistieron a esa casilla representantes de los partidos políticos Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, así como de las coaliciones Alianza por México y Por el Bien de Todos, esta última, actora en el juicio.

Asimismo, tanto la anterior diferencia en los nombres como el hecho de no hacer constar en las actas de casilla la forma de designación de la suplente y el corrimiento del resto de los integrantes de la mesa directiva en sustitución de los designados originalmente en los términos de los artículos 193 y 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es insuficiente para acreditar irregularidades en su designación, al no existir elementos que condujeran a considerar racionalmente que los nombrados de inicio se presentaron en la casilla y fueron rechazados para poner a los que fungieron, pues no hay incidentes ni protestas sobre este punto. Además debe considerarse que los ciudadanos que reciben la votación no son profesionales en la materia, sino ciudadanos que se insaculan de la misma sección, fungen como autoridad sólo ese día y reciben una capacitación de unas cuantas horas, que en lo general resulta suficiente, pero puede dar lugar al olvido de ciertas cuestione, especialmente cuando se trata de formalidades, que en su formación interna le pudieron resultar innecesarias.

E. Error o dolo.

3. El actor aduce la causal de nulidad de votación recibida en casillas, prevista en el inciso f) del apartado 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por considerar que en las casillas impugnadas existió error en el cómputo, con lo cual se violó el principio de certeza en la elección y la efectividad de los sufragios emitidos, ya que no se respeta el procedimiento para el cómputo previsto en los artículos 227, y 229 al 232 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cual afecta a la coalición actora por ser corresponsable de la vigilancia y desarrollo de la jornada electoral y de que los ciudadanos accedan al poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. El error en el cómputo de las casillas impugnadas por esta causa es determinante para el resultado final de la votación, por el reducido margen entre los dos primeros lugares de la elección de Presidente de la República y porque de haberse computado debidamente hubieran arrojado una mayoría de votos favorable a la actora. Citan en su apoyo una tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior.

Los hechos invocados para pretender la nulidad, son diferencias derivadas de comparar los distintos rubros de las actas de escrutinio y cómputo de casilla. En la demanda se precisan datos para cada una de las ciento treinta y ocho casillas impugnadas por esta causa. (páginas 25 a 72 de la demanda).

También aduce esta misma causa de nulidad respecto de cincuenta y tres casillas. El argumento común al anterior grupo de casillas estriba en que existe una diferencia entre el número de boletas asentado en el acta de la jornada electoral con los acuses de recibo firmados por los presidentes de cada casilla para recibir el material electoral (páginas 77 a 81 de la demanda).

Con base en los mismos hechos de la causal mencionada afirma que se actualiza la diversa causa de nulidad prevista en el inciso k) del apartado 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Del total de ciento noventa y una casillas impugnadas por esta causa, deben excluirse dos inexistentes, cinco no protestadas y ciento seis que fueron enviadas a recuento en la interlocutoria de este juicio, por lo que en este apartado serán analizadas setenta y ocho casillas.

Para el examen de este grupo de casillas se tomarán en cuenta los siguientes medios de prueba: a) las actas de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, que se encuentran resguardadas en esta Sala Superior, dentro del expediente formado con motivo de la declaratoria de validez y de Presidente electo, por lo cual constituyen un hecho notorio, b) encarte de ubicación de casillas e integración de mesas directivas correspondientes al distrito impugnado, publicado por el Instituto Federal Electoral, y c) informe remitido por el Consejo Distrital responsable, respecto a datos requeridos para analizar la causal en cuestión. Dichas constancias tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

E.1. Casillas impugnadas simultáneamente por error e irregularidades graves, basadas en los mismos hechos.

Esta característica resulta común a todas las casillas referidas en este apartado y conduce a la desestimación del agravio correspondiente, por ser inoperante.

Esto, porque de conformidad con el sistema de nulidades previsto en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, existen diversos supuestos que conducen a anular la votación recibida en casillas determinadas y una hipótesis final, la prevista en el inciso k), referida a causas genéricas que pudieran afectar la validez de la votación, pero esta hipótesis que se encuentra redactada en términos generales, pues habla de la existencia de irregularidades graves sin precisar conductas, resulta desplazada cuando se actualiza cualquier otra de los supuestos normativos específicamente regulados, esto en aplicación del principio básico para resolver antinomias consistente en que la regla especial deroga a la general.

Por ende, la causa de pedir de una causal específica de nulidad no puede considerarse al mismo tiempo como base para la diversa causa de nulidad referida, pues se excluyen mutuamente. Además, en el caso sólo existe causa de pedir relativa al error en el cómputo, mas no de otras irregularidades.

E.2. Casillas sin errores.

* Los datos resaltados en negrita fueron actualizados con las listas nominales utilizadas el día de la jornada electoral.

De lo anterior se aprecia que en las casillas relacionadas no existen inconsistencias, por lo que es infundado el agravio relativo a la existencia de error.

E.3. Casillas concordantes en los rubros fundamentales.