México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil seis.

V I S T O S para resolver los autos del juicio de inconformidad identificado con la clave SUP-JIN-308/2006, promovido por la coalición “Por el Bien de Todos”, por conducto de su representante, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Distrito Electoral Federal 2 del Estado de Campeche, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. El seis de octubre de dos mil cinco dio inicio el proceso electoral para renovar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para el periodo 2006-2012.

SEGUNDO. El dos de julio de dos mil seis se llevó a cabo la jornada electoral.

TERCERO. El cinco siguiente tuvo lugar la sesión del Consejo Distrital 2 de Instituto Federal Electoral en el Estado de Campeche, en la que se realizó el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Los resultados consignados en el acta son:

CUARTO. En contra de los referidos resultados de acta de cómputo distrital, el nueve de julio del año en curso, la coalición Por el Bien de Todos promovió juicio de inconformidad, a través de su representante acreditado ante el Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Campeche, Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández.

En la demanda respectiva se invocó la nulidad de la votación recibida en setenta y cinco casillas, sobre la base de que se actualiza la causa de nulidad, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, la nulidad de la votación recibida en setenta y nueve casillas, por la causa prevista en el inciso f) del propio precepto, consistente en haber mediado error o dolo en la computación de votos, conforme al siguiente cuadro:

La demanda se divide en cuatro apartados. En el primero subyace la existencia clara de dos pretensiones, un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas impugnadas y, por otro, la nulidad de la votación recibida en esas mismas casillas. Además, se solicita el recuento total de la votación emitida en la jornada electoral.

En el apartado segundo se encuentra un capítulo denominado validez de la elección, donde se solicita que no se declare la validez de la elección presidencial, por irregularidades cometidas a lo largo del proceso electoral, que provocaron inequidad en la contienda.

Asimismo, en la demanda se pide la acumulación de todos los juicios de inconformidad promovidos para impugnar los resultados de las actas de cómputo distritales efectuadas por los consejos distritales en relación con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. El catorce de julio de dos mil seis fue recibida en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la demanda de juicio de inconformidad remitida por la autoridad responsable, el informe circunstanciado y las constancias atinentes al trámite que se dio a la demanda y a la publicación de ese escrito inicial.

SEXTO. En la propia fecha, por acuerdo de Presidencia, se turnó el expediente al Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en el artículo 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SÉPTIMO. Por acuerdo de Sala, de treinta y uno de julio, se ordenó la formación del incidente de previo y especial pronunciamiento, para resolver la pretensión de recuento de casillas determinadas, por razones específicas, correspondientes al Distrito 2, en el Estado de Campeche.

En sesión pública de cinco de agosto del año dos mil seis, se emitió sentencia interlocutoria, en el cual se ordenó nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en sesenta y cuatro casillas.

En cuanto se recibió el acta circunstanciada de la diligencia del recuento, la Sala dispuso remitirla al magistrado ponente, para que elaborara el proyecto de sentencia definitiva, con base en los resultados ahí obtenidos y las demás constancias de los autos.

OCTAVO. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil seis se admitió la demanda, se integró el expediente y se declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción II, 189, fracción I, inciso a), 199, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 53, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de la impugnación de los resultados consignados en un acta de cómputo distrital, de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que debe resolverse ante esta Sala Superior, en única instancia.

SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo, se analiza si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales y los especiales de procedibilidad del juicio de inconformidad, así como los elementos necesarios para la emisión de una sentencia de mérito.

A. Se cumplen los requisitos esenciales previstos por el artículo 9, párrafo 1 y 52, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la demanda fue presentada en tiempo y forma ante la autoridad responsable, y en ella se satisfacen las exigencias formales para su presentación, previstas en los preceptos citados, como son, el nombre de la actora, el domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto impugnado y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y agravios que causa el acto o resolución impugnados; el asentamiento del nombre y de la firma autógrafa del promovente; la posible conexidad del juicio con otras impugnaciones y, además, se hacen valer como causas de nulidad de votación, varias de las previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la ley en cita, en distintas casillas instaladas en el Distrito Electoral Federal 2 del Estado de Campeche.

B. El juicio de inconformidad es promovido por parte legítima, pues conforme con el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo a los partidos políticos y, en la especie, quien promueve es la coalición Por el Bien de Todos, integrada por Convergencia, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo.

Asimismo, la coalición tiene interés jurídico para promover el presente juicio, pues participó en la elección de referencia y aduce distintas irregularidades que, en su concepto, afectan la validez de la votación recibida en las casillas del Distrito Electoral Federal 3 en el Estado de Querétaro, así como a la elección en general, y este medio de impugnación es el medio idóneo para reparar esa pretendida conculcación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

C. El juicio fue promovido por conducto de representante con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en los artículos artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del ordenamiento antes invocado y 59, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que José Ascensión Martínez Hernández es el representante propietario de la coalición mencionada ante el órgano electoral responsable, tal como se expresa en el informe circunstanciado rendido por el propio órgano.

D. La demanda fue presentada oportunamente, ya que el plazo de cuatro días establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, comprende del seis al nueve de julio de dos mil seis, y la demanda se presentó en esta última fecha.

E. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los juicios de inconformidad en contra de los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos deberán resolverse, a más tardar el treinta y uno de agosto del año de la elección; por tanto es material y legalmente factible la reparación de la conculcación aducida, con anterioridad a esa fecha.

El estudio de los requisitos esenciales y los especiales de procedibilidad del presente juicio de inconformidad patentiza lo inatendible de las causas de improcedencia aducidas, tanto por la autoridad responsable como por el tercero interesado Partido Acción Nacional.

Debe puntualizarse que en el escrito por el que comparece al presente juicio, el tercero interesado formula alegaciones que califica como causas de improcedencia; sin embargo, su lectura permite advertir que, en realidad, se trata de manifestaciones en torno al fondo del asunto, de ahí que esas cuestiones no sean examinadas en el presente considerando.

Asimismo, tanto en el informe circunstanciado como en el escrito de tercero interesado se alega la improcedencia del presente juicio, sobre la base de que el escrito de protesta se presentó extemporáneamente.

Esta manifestación será analizada en fondo de la cuestión planteada a fin de establecer la eficacia del escrito de protesta. De ahí que no sea examinada en el presente considerando.

TERCERO. El veintiuno de julio, se recibió en esta Sala Superior un escrito con su respectivo anexo, otro el veintiocho siguiente, con un anexo, otro más junto con sus anexos el veintinueve del mismo mes y, el último, el diecisiete de agosto, todos suscritos por Javier Arriaga Sánchez, quien se ostenta como autorizado del Partido Acción Nacional en términos del escrito de tercero interesado; mediante los cuales ofreció diversas pruebas documentales y realizó alegatos relacionados a las causas de improcedencia del juicio de inconformidad hechas valer por el mencionado partido.

No se tienen ofrecidas las pruebas ni formulados los alegatos, por lo siguiente.

De conformidad con el artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son partes en el procedimiento de los medios de impugnación el actor, la autoridad responsable y el tercero interesado. Este último es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el apartado segundo del referido artículo 12 se prevé que el tercero interesado será aquél que presente un escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello.

Del expediente se advierte que Javier Arriaga Sánchez fue autorizado por el Partido Acción Nacional para oír y recibir todo tipo de notificaciones, citas y documentos, lo cual es acorde con lo previsto en el inciso b) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, de esa autorización para oír y recibir notificaciones en nombre del tercero interesado no resulta una representación para otros fines, pues en la mencionada ley, a diferencia de otros ordenamientos, como por ejemplo la Ley de Amparo, no existe una autorización para fines de representación en juicio, porque si bien se admite que las personas morales promuevan a través de sus representantes, éstos son quienes cuentan con facultades de representación en lo personal y acreditan su personería dentro del medio impugnativo de que se trate, lo cual no sucede en este caso.

No obsta a lo anterior, que en el último de los escritos, Javier Arriaga Sánchez se ostenta con la calidad de autorizado en el expediente y Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, pues además de no acreditar dicho nombramiento, del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional y de los Estatutos del referido partido político no aparece que tal director tenga facultades para representar al partido político.

No pasa inadvertido el contenido de la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior: “AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO DE TAL REQUERIMIENTO”, consultable en la página 37 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Sin embargo, ahí se precisó que dicha facultad para desahogar requerimientos no extiende a otros sujetos la representación de los partidos políticos, sino únicamente determina con mayor exactitud la relación existente entre representante legitimado y la persona autorizada por éste, respecto de actos de poca trascendencia, como cuando se cumple con una formalidad ad probationem y el objeto del requerimiento no necesita de conocimientos específicos y profundos del negocio, todo lo cual definitivamente no es aplicable a este caso donde se pretendió ofrecer pruebas y alegar respecto a la procedencia del juicio.

Por otro lado, la petición de la actora de acumular este juicio con otros promovidos por ella, se declaró improcedente en el acuerdo emitido por esta Sala Superior, el treinta y uno de julio del año dos mil seis, en el expediente SUP-JIN-212/2006.

CUARTO. Las casillas identificadas con los números 231 C3, 289 C1, 440 C1 y 523 C1 no serán objeto de estudio en el presente juicio, en virtud de que está demostrado que las citadas casillas no existen en el Distrito Electoral Federal 2 del Estado de Campeche.

Esto es así porque, por un lado, en el informe circunstanciado la autoridad responsable no incluye esas casillas al hacer referencia a las impugnadas en el distrito mencionado y, por otro, está demostrado con los documentos que dicha autoridad envió a esta Sala Superior, que tales casillas no existen en el distrito. Dichos documentos tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, la responsable remitió a esta Sala Superior copia certificada del encarte definitivo, que también puede verse en la página web del Instituto Federal Electoral. En este concentrado de las listas de publicación de casillas en el que consta la ubicación de las casillas su integración y las secciones que forman el Distrito Electoral Federal 2 del Estado de Campeche, se observa que las citadas casillas no están anotadas.

La adminiculación de estos elementos produce la convicción de que en el Distrito Electoral Federal 2 en el Estado de Campeche, no se instalaron las casillas 231 C3, 289 C1, 440 C1 y 523 C1.

Lo relatado evidencia que no existe posibilidad de hacer algún pronunciamiento sobre la pretensión de la nulidad de votación recibida en las casillas que han quedado identificadas, pues no fueron instaladas en el Distrito Electoral Federal 2 del Estado de Campeche. De ahí que los argumentos de la actora sean inatendibles.

QUINTO. En este considerando se hará referencia a dieciocho casillas, respecto de las que la coalición actora no presentó escrito de protesta y en la demanda se impugna la votación recibida en ellas, por la causa de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en la recepción de la votación por personas no autorizadas por la ley.

Los agravios expresados por la coalición actora, relativos a la causa de nulidad de la votación recibida en las casillas que ha quedado identificadas en el cuadro que antecede, no admiten ser materia de examen, por Sala Superior, con fundamento en el artículo 51, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por ende, los argumentos formulados al respecto son inoperantes.

Se aclara, que la actora presentó en tiempo un escrito parcial de protesta ante el consejo distrital, antes de que iniciara la sesión de cómputo. No obstante, en dicho escrito no están incluidas entre otras, las casillas anotadas en el cuadro que antecede.

Por tal motivo se afirma que la Coalición Por el Bien de Todos omitió presentar escrito de protesta de las casillas 203 B, 211 B, 211 C1, 227 B, 237 B, 252 B, 255 B, 259 C1, 278 E2, 290 B, 299 C1, 317 C1, 331 C3, 333 C1, 341 B, 343 B, 350 C1 y 488 B, correspondientes al distrito electoral federal 2, en el Estado de Campeche, cuya votación pretende sea declarada nula.

El artículo 51, párrafo 2, del mencionado ordenamiento establece como requisito específico de procedibilidad del juicio de inconformidad, la presentación de escrito de protesta en caso de que se hagan valer la causal de nulidad de la votación recibida en casilla, previstas por el artículo 75 de la propia ley, con excepción de la causa de nulidad establecida en el inciso b) del propio precepto, consistente en la entrega extemporánea, sin causa justificada, de los paquetes electorales al consejo distrital correspondiente.

En la especie, con relación a las casillas precisadas, la Coalición Por el Bien de Todos invoca como causas de nulidad: la sustitución indebida de funcionarios de la mesa directiva de casilla; es decir, la actora esgrime la causa de nulidad, prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esto es, dicha coalición se refiere a una causa de nulidad, cuyo estudio requiere la previa acreditación de que se realizó la protesta mencionada, por lo que la demandante tiene la carga de demostrar, que presentó los respectivos escritos de protesta ante las mesas directivas de las casillas cuyo cómputo de votos impugna, o en su defecto, ante el correspondiente consejo distrital antes de que iniciara la sesión del cómputo distrital, según lo dispone el artículo 51, párrafo 4, del citado ordenamiento.

En autos del presente expediente, no existe constancia de que la Coalición Por el Bien de Todos haya presentado los escritos de protesta referidos, con relación a las casillas que han quedado identificadas.

Además, al examinar de las copias certificadas de cada una de las actas de escrutinio y cómputo de la elección presidencial, pertenecientes a tales casillas, en el rubro concerniente al número de escritos de protesta presentados por los partidos políticos contendientes en dicha elección, se aprecia que los recuadros atinentes aparecen en blanco, circunstancia que permite advertir que no se hizo valer escrito de protesta alguno, ante las respectivas mesas directivas de casilla, por parte de los representantes de la coalición actora acreditados para ello, en conformidad a lo previsto por el artículo 200, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En términos del artículo 14, párrafo 4, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dichas copias certificadas se tratan de actas oficiales y, por lo tanto, de documentales públicas a las cuales debe concederse pleno valor probatorio, de acuerdo al artículo 16, párrafo 2, de la propia ley.

De igual modo, en el acta de la sesión de cómputo distrital, cuya copia certificada se encuentra agregada a autos, tampoco se advierte que la coalición actora haya presentado tales escritos ante el Consejo Distrital 2 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Campeche, por cuanto hace a las casillas ya identificadas en este considerando.

Dicha acta constituye también una documental pública, con pleno valor probatorio, en términos del artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La omisión de la actora en el cumplimiento de la carga mencionada fue destacada por la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, en donde se dijo que la enjuiciante no cumplió con el citado requisito específico de procedibilidad, pues se abstuvo de presentar los referidos escritos de protesta, respecto de las casillas ya mencionadas.

Este señalamiento de la responsable, no fue desvirtuado por la actora.

Por lo tanto, es evidente que en el presente caso la Coalición Por el Bien de Todos no cumplió con el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 51, párrafo 2, de la citada ley de medios; en consecuencia, esta autoridad jurisdiccional está impedida para entrar al estudio de fondo de lo atinente a las pretendidas irregularidades acontecidas en las referidas casillas, durante la jornada electoral. De ahí lo inatendible de los agravios formulados al respecto.

SEXTO. Los restantes agravios expresados por la coalición Por el Bien de Todos versan sobre dos temas:

A) la pretensión de que no sea declarada la validez de la elección y,

B) la pretensión de nulidad de votación recibida en casillas ubicadas en el Distrito Electoral Federal 2 de Campeche, por la actualización de causas de nulidad específicas que, en concepto de la demandante, se surten en el presente caso.

En este considerando se hará referencia a la pretensión mencionada en el inciso A).

Se hace pertinente la aclaración de que los motivos de inconformidad referentes a la validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no admiten ser materia de estudio en el presente juicio.

Debe tenerse en cuenta que el presente medio de impugnación es un juicio de inconformidad, previsto y regulado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 49 a 60 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), de la ley citada, los actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos son, únicamente, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas.

Estos resultados son susceptibles de impugnación por dos motivos: nulidad de la votación recibida en una o varias casillas y error aritmético.

De acuerdo con lo anterior, en el juicio de inconformidad no es factible el estudio de un acto distinto de los cómputos distritales de la elección, e incluso éstos sólo pueden combatirse, mediante la alegación de alguna de las causas de nulidad contenidas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o bien, por error aritmético.

Por esta razón, la pretensión, los argumentos conducentes y los medios de prueba ofrecidos para la finalidad en estudio, sólo pueden ser materia de la calificación de la elección.

SÉPTIMO. En este considerando serán analizados los planteamientos inherentes al segundo tema, identificados en el inciso B), relacionados con la distinta causa de nulidad de votación recibida en casilla, a error en la computación de votos.

La actora produce argumentos relacionados con la actualización de la causa de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el inciso e) del artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en recepción de la votación, por personas distintas a las legalmente facultadas por la ley.

Algunos planteamientos son inatendibles y otros fundados.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé en su artículo 193 el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, el cual consiste en lo siguiente:

1. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el mes de enero del año de la elección sorteará un mes del calendario, que junto con el que sigue en su orden serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

2. Del primero al veinte de marzo de años de la elección, las Juntas Distritales Ejecutivas procederán a insacular, de las listas nominales de electores, a un diez por ciento de ciudadanos por cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta.

3. Las Juntas Distritales Ejecutivas impartirán un curso de capacitación a los ciudadanos sorteados, harán una evaluación objetiva para seleccionar a los que resulten aptos, para lo cual, se preferirá a los de mayor escolaridad.

4. El Consejo Distrital procederá a una segunda insaculación, que se realizará de la forma siguiente:

a) Se sorteará una letra del alfabeto y, conforme a la misma y al apellido paterno, serán seleccionados los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

b) Entre el dieciséis de abril y doce de mayo, las Juntas Distritales harán una relación de ciudadanos que hayan asistido a la capacitación correspondiente y que no tengan impedimento para desempeñar el cargo conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De esta relación, los Consejos Distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas, a más tardar el catorce de mayo.

c) A más tardar el quince de mayo, las Juntas Distritales integrarán las mesas directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados y determinarán las funciones (propietarios y suplentes) que cada uno desempeñará en la casilla (en función de su escolaridad).

El dieciséis de mayo del año de la elección, a más tardar, las juntas distritales harán la publicación de las listas de los miembros de las mesas directivas de casilla, lo que comunicarán a los consejos distritales que correspondan.

Los consejos distritales notificarán personalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su nombramiento y les tomarán protesta.

En el título tercero “De la jornada electoral”, capítulo primero “De la instalación y apertura de casillas”, en los artículos 212, 213 y 214 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se regula lo siguiente:

Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, la cual contendrá los datos siguientes: el lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación; el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla; el número de boletas recibidas para cada elección; si las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios representantes de partido y electores para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado, a la vista de los representantes de los partidos políticos; una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere y, en su caso,  la causa por la que se cambió la ubicación de la casilla. También se levantarán las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las casillas.

La instalación de las casillas iniciará a las ocho horas del día de la elección, y se realizará por el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casilla. En ningún caso se podrán instalar las casillas antes de las ocho horas.

En caso de que la casilla no se instale a las 8:15 horas conforme a lo establecido en los párrafos precedentes, se procederá de la manera siguiente:

Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos con los propietarios y suplentes que estén presentes, y en ausencia de éstos, con los electores que se encuentren en la casilla.

Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario éste asumirá las funciones de presidente de casilla y procederá a integrarla en los términos anteriores.

Si no estuviera el presidente y el secretario, pero sí alguno de los escrutadores, éste asumirá funciones de presidente y procederá integrar la casilla.

Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente y los otros de secretario y escrutador, y se integrará la casilla con electores presentes.

Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para su instalación.

Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal que el instituto haya designado, a las diez horas del día de la jornada, los representantes de los partidos políticos ante la casilla correspondiente designarán, por mayoría de votos, de entre los electores de la sección electoral presentes, a los funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva.

En este último supuesto, se requerirá la presencia de un juez o notario público, quien deberá acudir y dar fe de los hechos; en caso de que no asista, bastará con la expresión de conformidad por parte de los representantes de los partidos políticos, para designar a los miembros de la casilla.

En cualquiera de los supuestos mencionados, con excepción de la hipótesis en la que la instalación de la casilla se lleve a cabo por los funcionarios suplentes, los nombramientos deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto y que correspondan a la sección de que se trate (artículo 120 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) en ningún caso los representantes de los partidos políticos podrán ser nombrados como funcionarios de casilla. 

Sentado lo anterior, procede el estudio de los agravios relacionados con cada una de las casillas en las que se alega que personas no autorizadas por la ley fungieron como funcionarios. Para facilitar este estudio, se presenta un cuadro esquemático, con los nombres de los funcionarios elegidos por el consejo distrital; de aquellos que actuaron el día de la jornada electoral en dichas casillas, y el señalamiento respecto al conocimiento de cargos y, en su caso, si los electores que integraron la mesa directiva sin encontrarse en la lista de los funcionarios elegidos por el consejo distrital se encontraban o no en la lista nominal de la sección.

Los datos que se presentan en el cuadro, se obtuvieron de los originales o de las copias certificadas de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral (encarte) y de las listas nominales de electores de las secciones correspondientes, las cuales obran en el expediente en que se actúa o en el que se ha formado con motivo del cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que esta Sala Superior llevará a cabo o en algunos casos del informe enviado por el Instituto Federal Electoral, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por proveído de veintidós de agosto del presente año.

Todos estos documentos tienen carácter público en términos de los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), así como 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En conformidad con los datos asentados en la tabla, no ha lugar a tener por acreditada la causa de nulidad invocada con relación a las casillas 202 B, 202 C2, 206 C2, 213 B, 213 C1, 214 B, 216 C1, 218 B, 218 C1, 219 B, 226 B, 230 C5, 239 B, 250 C1, 251 B, 251 C1, 252 C1, 253 B, 253 C1, 256 B, 262 B, 262 C1, 275 B, 280 C1, 282 B, 282 C1, 283 B, 283 C1, 291 B, 291 C1, 295 B, 297 B, 298 C1, 307 B, 312 C1, 313 C1, 314 B, 314 C1, 324 B, 324 C1, 334 B, 336 B, 339 B, 340 B, 343 C1, 344 B, 358 B, 474 B, 484 B  y 490 B.

El artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral regula la causa de nulidad de votación, consistente en que la recepción de la votación se haga por personas u órganos distintos a los facultados por esa codificación legal.

En la especie, al confrontar los datos que aparecen en el encarte con los datos que aparecen en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, se evidencia que en la mayoría de los casos los funcionarios que actuaron durante los comicios son los mismos que fueron designados por la autoridad electoral, para ejercer los respectivos cargos en calidad de propietarios; consecuentemente, dicha identidad implica que no se presentaron cambios y que, por tanto, las citadas personas se encontraban autorizadas para ocupar los cargos que desempeñaron.

De esta manera las conductas reguladas en la fracción citada no se presentaron, y por ello, no se actualiza la causa de nulidad invocada.

En otros casos, aunque los funcionarios propietarios no ocuparon los cargos que les habían sido designados en el encarte, ello se debió a la inasistencia de algún funcionario de la mesa directiva de casilla, lo cual motivó que se recorrieran los cargos entre los propietarios presentes y, por ende, si bien es cierto, que en el encarte no aparecen con dicho cargo, también es cierto, que los ciudadanos que actuaron fueron insaculados y preparados para fungir como suplentes, ya que en el encarte aparecen con esa calidad.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, si a las ocho horas quince minutos del día de la jornada electoral algunos de los funcionarios propietarios no se han presentado, entonces se hará el corrimiento respectivo de cargos entre los que estén presentes y se habilitará a los suplentes para ocupar los cargos faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla. Ello es así porque, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, el sentido que se debe dar a esta disposición no debe ser limitativo, porque, como se ve, la ley permite incluso, que la casilla se integre con cualquiera de los ciudadanos que se encuentren en la casilla, siempre y cuando se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección que les corresponda y porque es preferible, que los ciudadanos que fueron capacitados como suplentes, sean los que después del corrimiento ocupen los lugares faltantes, ya que hay una posibilidad mayor de que desempeñen mejor las funciones que les son encomendadas.

En consecuencia, deben tenerse como correctamente integradas las mesas directivas de las casillas referidas que se encuentran en el supuesto indicado; de ahí que no se surta la causa de nulidad invocada.

En algunos otros casos las personas que integraron la mesa directiva de casilla, no estaban designados por la autoridad administrativa electoral, pues su nombre no aparece en el encarte respectivo; pero esta situación no significa que dicha personas estén impedidas para ejercer el cargo que desempeñaron, en virtud de que se trata de ciudadanos cuyo nombre figura en la lista nominal de electores con fotografía, correspondiente a la sección de la casilla en la que actuó como funcionario durante la jornada electoral, como se deja precisado e el cuadro que antecede.

Si en la especie, los respectivos funcionarios propietarios y suplentes no estuvieron presentes para integrar la mesa directiva de casilla, es claro que en ese caso se surtió la hipótesis legal en la que se permite designar a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes, nombrando para el ejercicio de los cargos de la mesa directiva referida a los electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, de acuerdo con lo previsto por el artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por tanto, si el elector nombrado para el desempeño del cargo de funcionario de mesa directiva, se encontraba en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de la casilla impugnada, es evidente que en los casos en que se da el supuesto indicado no se puede considerar que la votación se recibió por persona no autorizada por la ley, ya que finalmente se trata de un ciudadano que llegó al ejercicio del cargo, una vez que se cumplió con el procedimiento que la ley establece y, por tanto, se encuentra debidamente autorizado para ese efecto, con lo cual se garantizó el respeto a los principios de certeza y legalidad.

Por esta razón, no puede considerarse que en estos casos esté actualizada la causa de nulidad invocada.             

En otros casos, se observa la ausencia de un escrutador, pero esa circunstancia tampoco da lugar a considerar que la votación recibida en tal casilla sea inválida. Esta Sala Superior ha considerado reiteradamente, que la falta de uno de los escrutadores no perjudica trascendentalmente la recepción de la votación de la casilla, toda vez que durante el desarrollo de la jornada electoral, por regla general, la función de los escrutadores es limitada, ya que tienen como atribuciones contar el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores, contar la cantidad de boletas extraída de la urna, contar el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, así como los votos que sean nulos y auxiliar al presidente o secretario en las actividades que les encomienden.

Por tanto, las actividades de los escrutadores son de auxilio y no de naturaleza sustantiva, en virtud de que ante la ausencia de un escrutador se puede encomendar la labor de auxilio al secretario o al otro escrutador, supervisados por el presidente, sin que ello constituya una irregularidad trascendente que obstaculice el correcto desempeño de los funcionarios que integran la mesa directiva de casilla.

Sirve de apoyo la tesis relevante S3EL023/2001, publicada en las páginas 593 y 594 de la Compilación Oficial de “Jurisprudencia y Tesis Relevantes1997-2005”, tomo Tesis Relevantes, cuyo rubro y texto son:

“FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN. La ausencia del presidente de casilla, de uno de los escrutadores o de ambos, genera situaciones distintas respecto a la validez de la votación. En efecto, el que la ley prevea la conformación de las mesas directivas de una casilla con cuatro personas, es por considerar seguramente que éstas son las necesarias para realizar normalmente las labores que se requieren en el desarrollo de la jornada electoral en una casilla, sin necesidad de aplicar esfuerzo especial o extraordinario. Para su adecuado funcionamiento se acogieron al principio de la división de trabajo y de jerarquización de funcionarios, al primero para evitar la concurrencia de dos o más personas en una labor concreta, y optimizar el rendimiento de todos, y la jerarquización para evitar la confrontación entre los mismos funcionarios; pero a la vez se estableció el principio de plena colaboración entre los integrantes, en el sentido de que los escrutadores auxiliarán a los demás funcionarios, y que el secretario auxiliará al presidente; todo esto, además del mutuo control que ejercen unos frente a los demás. Empero, puede sostenerse razonablemente que el legislador no estableció el número de funcionarios citados con base en la máxima posibilidad de desempeño de todos y cada uno de los directivos, sino que dejó un margen para adaptarse a las modalidades y circunstancias de cada caso, de modo que de ser necesario pudieran realizar una actividad un poco mayor. Sobre esta base, la Sala Superior ha considerado que la falta de uno de los escrutadores no perjudica trascendentalmente la recepción de la votación de la casilla, sino que sólo origina que los demás se vean requeridos a hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, manteniendo las ventajas de la división del trabajo y elevando la mutua colaboración, sin perjuicio de la labor de control. Pero también ha considerado que tal criterio ya no es sostenible cuando faltan los dos escrutadores, porque esto llevaría a multiplicar excesivamente las funciones de los dos funcionarios que quedan, lo que ocasionaría mermas en la eficiencia de su desempeño, y se reduciría la eficacia de la vigilancia entre los funcionarios. Estos criterios no son aplicables al caso en que falte el presidente, pues no tiene la misma repercusión que la de un escrutador, dadas las funciones especiales que tiene, pero tampoco resulta comparable con la falta de dos escrutadores, por lo que se le debe dar un tratamiento diferente”.

De acuerdo con lo precisado, la ausencia de un escrutador no actualiza la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque las funciones que le corresponden al escrutador, al ser de carácter auxiliar, pueden ser realizadas por los demás integrantes de la mesa directiva de casilla.

En esa virtud, es claro que no procede declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas en el que actuó un escrutador solamente.

Por cuanto hace a la casilla 230 C5, cabe mencionar que la actora no demuestra la actualización de la causa de nulidad en estudio, porque si bien es cierto que tanto en el acta de jornada electoral como en la de escrutinio y cómputo, no están las firmas, en el primer caso, de tres funcionarios y, en el segundo de dos, esta circunstancia es insuficente para estimar que estuvieron ausentes, sobre todo que no haya algún otro elemento de prueba que conduzca a estimar tal ausencia. Lo anterior tiene apoyo en las tesis de jurisprudencia S3ELJ01/2001 y S3ELJ17/2002, publicada respectivamente en las páginas 10 y 11, 13 y 14 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia 1997-2005 (Tomo Jurisprudencia) de esta Sala Superior, que dicen:

“ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (Legislación de Durango y similares). El hecho conocido de que en el acta de escrutinio y cómputo no esté asentada la firma de algún funcionario de la casilla es insuficiente, por sí solo, para demostrar presuncionalmente, que dicho funcionario no estuvo presente durante la jornada electoral y que, por tanto, la votación fue recibida por personas u organismos distintos a los facultados por la ley para tal fin. Se afirma lo anterior al tener en cuenta que, para elaborar una presunción humana es necesario que se parta de un hecho conocido y que de él se derive como consecuencia única, fácil, ordinaria, sencilla y natural, el pretendido hecho desconocido. En esta virtud, si bien en términos del artículo 232 del Código Estatal Electoral de Durango, los funcionarios y representantes que actúan en la casilla deben firmar las actas que se levanten en dicha casilla, el hecho de que el acta de escrutinio y cómputo no esté firmada por algún funcionario, no lleva a concluir necesariamente que fue porque dicho funcionario no estuvo presente durante la jornada electoral, ya que de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, existen un sinnúmero de causas, por las que el acta mencionada pudo no ser firmada, por ejemplo, un simple olvido, la negativa a firmarla o la falsa creencia de que la firma ya había sido asentada, ante la multitud de papeles que deben firmarse, etcétera. Entonces, la falta de firma de un acta no tiene como causa única y ordinaria, la de que el funcionario haya estado ausente. En ocasiones, contribuye a evitar la elaboración de la pretendida presunción, la circunstancia de que existan otras actas electorales inherentes a la propia casilla en las que sí consta la firma del funcionario que omitió signar el acta de escrutinio y cómputo en cuestión.

ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA. Si en el acta de la jornada electoral, en la parte correspondiente a los nombres y firmas de los integrantes de la mesa directiva de casilla, únicamente se observa el nombre y firma de ciertos funcionarios, faltando algún otro, esa sola omisión no implica necesariamente que no estuvo presente este último, toda vez que el acta de la jornada electoral de casilla contiene el apartado de instalación de casilla, el de cierre de votación y el de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, lo que revela que tal documento es un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, de lo que se puede concluir válidamente que la ausencia de firma en la parte relativa del acta se debió a una simple omisión de dicho funcionario integrante de la casilla, pero que por sí sola no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en esa casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta y en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y firma de dicho funcionario”.

Por lo contrario en las casillas 212 B y 239 C1, se recibió la votación sin la presencia de los dos escrutadores que prevé la ley.

Este órgano jurisdiccional ha sustentado el criterio de que la ausencia total de los escrutadores durante la fase de recepción de la votación, da motivo para establecer que la mesa no se integró conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo al cual la mesa directiva de casilla se integra con un  presidente, un secretario y dos escrutadores.

Este criterio es visible en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 32/2002 consultable en la Compilación Oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, a fojas 117 y 118, que a la letra dice:

“ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. Cuando de las constancias que obran en autos se acredita fehacientemente que, ante la ausencia de los dos escrutadores, el presidente de la mesa directiva de casilla no designó a las personas que fungirían en dichos cargos, en términos del artículo 213, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que además, la mesa directiva de casilla funcionó durante la fase de recepción de la votación con la mitad de los funcionarios que la debieron haber integrado, debe concluirse que lo anterior es razón suficiente para considerar que el referido organismo electoral no se integró debidamente y, consecuentemente, se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

En la casillas indicadas las correspondientes actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo permiten observar, que los apartados relativos a los escrutadores se encuentran en blanco, es decir, no presentan nombres ni firmas; además no existen otros de elementos de prueba que proporcionen indicios, de que esos cargos fueron cubiertos por las personas autorizadas por la autoridad administrativa electoral, o bien, por ciudadanos que siendo de la sección se encontraban en las correspondientes casillas.

En consecuencia es posible determinar que ante la ausencia de estos datos, en esas casillas no hubo personas que fungieran con los cargos de escrutadores.

Entonces se concluye, que fue indebida la integración de las mesas directivas que corresponden a esas casillas, y ha lugar a declarar la nulidad de la votación que en ellas se recibió.

OCTAVO. En seguida la causa de nulidad objeto de estudio será la de error o dolo en la computación de los votos. El estudio se hará con relación tanto a las casillas que fueron objeto del recuento ordenado en la interlocutoria emitida en este asunto, como las que no fueron objeto de tal recuento.

Con independencia de las casillas que fueron objeto de la apertura de paquetes para el recuento de votos, se aclara que, habrá casillas en las que se exige escrito de protesta, porque el error se hace depender de lo acontecido en las actas de escrutinio y cómputo, en tanto que respecto de otras no se exigirá dicho escrito, pues la impugnación descansa sobre la base del cómputo distrital, el cual es un acto posterior al día de la jornada electoral y, si se tiene presente, que el escrito de protesta es un requisito de procedibilidad para hacer valer irregularidades que ocurrieron el día de la jornada electoral, es lógico y evidente que, en términos del artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es innecesario dicho escrito de protesta cuando se impugnan actos posteriores al día de la jornada electoral, más aun si se tiene en cuenta que esta sala ordenó la apertura de paquetes electorales para su recuento en cuarenta y cuatro casillas.

De manera previa, en este considerando se examinará todo lo relativo al tema del recuento de votos y, posteriormente, por cuestión de método, se examinarán, en su caso, las casillas en las que proceda estudiar la causa de nulidad indicada, sobre la base de los resultados que arroje el referido examen del recuento de votos.

Mediante sentencia interlocutoria de cinco de agosto de dos mil seis, esta Sala Superior ordenó al Presidente del Consejo Distrital 2 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, que llevara a cabo, con la dirección de un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, diligencia en que se efectuara el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en sesenta y cuadro.

Dicha orden se cumplió del nueve al doce de agosto de dos mil seis, porque la diligencia se efectuó en las instalaciones del referido consejo distrital, bajo la dirección del Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche Julia Ramírez Alvarado, comisionado por el Consejo de la Judicatura Federal, con el auxilio del Presidente y del Secretario del Consejo Distrital 2 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Campeche, y la presencia de los partidos políticos y coaliciones que asistieron.

Los resultados que se obtienen con la información contenida en esa acta circunstanciada son los siguientes: